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El Título I de la Constitución del Perú protege los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, destacando la importancia de la familia y la protección de grupos vulnerables. Afirma que la persona es el fin supremo del Estado, estableciendo una base para una convivencia social justa y respetuosa.

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Titulo I Capitulo I - Constitucion Politica del Peru

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Huancayo: mujer quemó mano de su menor hija como castigo por robarle 120 soles

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En Huancayo, una mujer fue denunciada por quemar la mano derecha de su menor hija como castigo por robarle 120 soles. En el hospital, los médicos señalaron que las lesiones son de segundo grado.

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El nivel socioeconómico y las condiciones climáticas afectan el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. - Crédito: MiBolsillo/Facebook

En un reporte reciente, la Defensoría del Pueblo destacó que 46 mil 81 niños, niñas y adolescentes han abandonado el nivel primario en escuelas del Perú entre 2022 y 2023. Factores como embarazos tempranos, violencia física y violencia sexual se identificaron entre las causas principales de esta alarmante cifra, tras una supervisión en 7.506 colegios públicos de la nación.

La investigación realizada por dicha entidad, que data del último martes 30 de abril y que fue compartida por Peru21, revela un panorama preocupante en el sistema educativo peruano.

El nivel socioeconómico y las condiciones climáticas afectan el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. - Crédito: MiBolsillo/Facebook

De acuerdo al reporte de la Defensoría, 38 mil 759 estudiantes peruanos y 7.322 alumnos extranjeros dejaron de asistir a clases desde el 2022 hasta el 2023. De acuerdo con la institución, esta situación no solo interrumpe la formación académica de los afectados, sino que también les priva de oportunidades de crecimiento personal y profesional.

En conversación con el mencionado medio, Renzo Deza, adjunto del Derecho de la Educación de dicho ente, subrayó la importancia de abordar estos casos para evitar que los jóvenes pierdan sus proyectos de vida debido a la deserción escolar.

El Ministerio de la Mujer dio cuenta de los casos atendidos por los centros de emergencia hasta noviembre del 2023. - Crédito: Infobae

El informe también detalla que 574 niñas y adolescentes pausaron sus estudios durante la gestación y, aunque 462 de ellas lograron retomar su educación, 112 no regresaron a las aulas. Por otro lado, se identificaron 958 niños y adolescentes como víctimas de abuso sexual y 2.762 estudiantes que sufrieron violencia física.

Adicionalmente, 4.801 escolares enfrentaron maltrato psicológico. Uno de los hallazgos más preocupantes fue la falta de iniciativas de prevención de violencia en los planes de gestión de los directores de las instituciones educativas supervisadas.

De acuerdo a Unicef, el 92% de víctimas menores de 18 años que reportaron algún tipo de violencia sexual son mujeres. - Crédito: composición Infobae

Dicha información se complementa con lo reportado por el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar ( Siseve), iniciativa del Ministerio de Educación ( Minedu), cuando reveló que, en marzo de 2024, al iniciar el año escolar, se contabilizaron 556 denuncias de violencia escolar en Perú.

Este número representa una cifra alarmante que pone en evidencia la creciente preocupación por la seguridad y el bienestar de los estudiantes en las instituciones educativas.

El desglose de los tipos de violencia ingresados en la plataforma muestra un panorama preocupante: 156 casos de violencia física, 110 de violencia psicológica y 52 de violencia sexual. Estos números subrayan la urgente necesidad de implementar medidas de prevención y respuesta más efectivas dentro del ámbito escolar para proteger a los menores de edad de estas agresiones.

En otra problemática, desde el inicio del año 2024, Perú ha experimentado un significativo aumento en los incidentes de acoso escolar, los cuales han alcanzado un total de 237 confirmados, según el portal Siseve.

Año escolar en Ica inicia el 19 de marzo, adelantado por petición ministerial. - Crédito Andina

La Línea Síseve, con el número 0800-76888, es gratuita y permitirá reportar cualquier caso de manera confidencial a nivel nacional. Recuerda que la atención telefónica es de lunes a viernes de 8.00 a.m. a 8.00 p.m., además de que brinda respuesta en español y en quechua.

A su vez, si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual "brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas". De necesitarlo, puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular. El MIMP recuerda a la población que esta atención se otorga durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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Alerta por deserción escolar: Más de 46 mil niños no van al colegio, advierte la Defensoría

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El informe detalla que 574 niñas y adolescentes tuvieron que pausar sus estudios debido a un embarazo y, aunque 462 de ellas lograron retomar su educación, 112 no regresaron

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El Título II de la Constitución del Perú define la organización del Estado como democrático y soberano, y regula la defensa, política exterior y desarrollo, protegiendo los derechos de la nación y sus ciudadanos.

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Del Estado, la Nación y el Territorio | Constitución 1993  | Audiolibro

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A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

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Lima, 24 de abril de 2024. Con la escalada de los conflictos y el cercano colapso del derecho internacional, el mundo está recogiendo una cosecha de consecuencias terribles, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de la presentación de su Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, donde evalúa la situación de los derechos humanos en 155 países.

En su análisis de Perú, el informe da cuenta que, en un contexto de crisis social y política, las autoridades debilitaron instituciones públicas, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, lo cual ha puesto en peligro el acceso de toda la población a la justicia y al ejercicio de sus derechos humanos. En este contexto, ante la muerte de 50 personas, víctimas de la represión estatal de las protestas de 2022 y 2023, aún no se han asignado responsabilidades y no se vislumbra un camino llano hacia la justicia.

"El 2023 fue un año de graves retrocesos para los derechos humanos en Perú. Vemos con gran preocupación que la respuesta a las violaciones de derechos humanos en diferentes ámbitos es la impunidad. Esta situación se agrava con el permanente debilitamiento de instituciones claves para el acceso a la justicia", sostuvo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

En esta línea, la liberación de Alberto Fujimori vulneró el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos de las que el expresidente fue declarado responsable. Esta decisión, que fue en desacato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sentado un peligroso precedente para el acceso de las víctimas a la justicia.

El informe subraya también la creciente violencia que enfrentan las y los defensores de la tierra, territorio y medioambiente en Perú, quienes protegen bosques, ríos y ecosistemas en escenarios de expansión de actividades ilegales e ilícitas en el territorio nacional. Solo en 2023 cuatro defensores fueron asesinados en el país ante la ausencia de medidas de protección integrales.

Por otro lado, los alarmantes niveles de violencia contra las mujeres y niñas se mantienen en el país, y pese a que en 2023 se registraron 170 feminicidios y 1 354 partos de niñas y adolescentes menores de 15 años, cuatro de ellas menores de 11 años, se registró un retroceso en las políticas para promover la igualdad de género y se debilitaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

"En lugar de enfrentar la violencia machista de forma estructural, asistimos al desmantelamiento de toda política que busque reconocerla y combatirla. Los discursos antiderechos se multiplican, incluso desde el propio Estado peruano que, en lugar de proteger a las mujeres y niñas, y garantizar sus derechos, se convierte en cómplice de esta violencia al avalar retrocesos, como debilitar la educación sexual integral o eliminar el lenguaje inclusivo", señaló Navarro.

Este escenario de impunidad y crecimiento de discursos antiderechos puede reforzar la violencia y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBI en diferentes ámbitos: solo en 2023 las organizaciones peruanas de personas trans denunciaron el asesinato de ocho personas transgénero que pueden considerarse delitos de odio. Pese a ello, no existe aún un registro oficial de este tipo de crímenes.

El informe de Amnistía Internacional presenta un crudo examen de la traición a los principios de derechos humanos perpetrada por los líderes e instituciones globales actuales. Así, frente a la multiplicación de los conflictos, las acciones de muchos Estados poderosos han perjudicado aún más la credibilidad del multilateralismo y han menoscabado el orden global basado en normas que se estableció por primera vez en 1945.

En un conflicto que definió 2023 y que no da signos de remitir, los indicios de crímenes de guerra continúan acumulándose mientras el gobierno israelí se burla del derecho internacional en Gaza. Tras el terrible ataque de Hamás y otros grupos armados del 7 de octubre, las autoridades israelíes respondieron con bombardeos aéreos implacables contra zonas civiles pobladas, que aniquilaron a menudo a familias enteras; obligaron a desplazarse a casi 1,9 millones de personas palestinas, y, a pesar del aumento de la hambruna en Gaza, restringieron el acceso a una ayuda humanitaria que se necesitaba desesperadamente.

El informe de Amnistía Internacional pone de relieve el uso descarado que ha hecho Estados Unidos de su derecho de veto para paralizar durante meses la aprobación de una muy necesaria resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de un alto el fuego, mientras continúa armando a Israel con municiones que se han utilizado para cometer actos que probablemente constituyan crímenes de guerra. También destaca lo grotesco que resulta el doble rasero de países europeos como Reino Unido y Alemania, dadas sus fundadas protestas contra crímenes de guerra de Rusia y Hamás, a la vez que apoyan las acciones de las autoridades israelíes y estadounidenses en este conflicto.

"La desconcertante falta de medidas de la comunidad internacional para impedir que se mate a miles de personas civiles -un porcentaje terriblemente alto de ellas, niños y niñas- en la Franja de Gaza ocupada pone claramente de manifiesto que las mismas instituciones establecidas para proteger a la población civil y hacer valer los derechos humanos no cumplen ya su función. Lo sucedido en 2023 confirma que muchos Estados poderosos están apartándose de los valores fundacionales de humanidad y universalidad proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos", manifestó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

En el informe se documenta también la flagrante infracción de las normas establecidas cometida por las fuerzas rusas durante su persistente invasión a gran escala de Ucrania. Se ponen de relieve los ataques indiscriminados contra zonas civiles densamente pobladas, así como contra infraestructuras de exportación de cereales y energía, y el uso de la tortura y otros malos tratos contra prisioneros de guerra. Todo ello se suma a la enorme contaminación ambiental generada por actos como la destrucción aparentemente deliberada de la presa de Kajovka, que, según la opinión general, fue cometida por las fuerzas rusas.

"En este complejo escenario, el derecho a la protesta es clave para poner luz sobre los abusos de los líderes mundiales. Y pese a los obstáculos, hemos visto a la gente movilizarse en todo el mundo en manifestaciones, enviando cartas y firmando peticiones, dejando muy claro que quieren que se garanticen los derechos humanos. Le corresponde a los gobiernos escuchar a la ciudadanía", dijo Marina Navarro.

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Estado peruano da la espalda a víctimas de violaciones de derechos humanos

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Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

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El Título III de la Constitución del Perú establece una economía social de mercado, donde el Estado garantiza la libertad económica e interviene para asegurar equidad y desarrollo sostenible.

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El Título I de la Constitución Política del Perú, titulado "De la Persona y la Sociedad", es uno de los pilares fundamentales del marco jurídico peruano. Este título abarca desde el artículo 1 hasta el artículo 42 y se centra en la protección de la persona humana, estableciendo los derechos y deberes fundamentales que orientan la convivencia en sociedad.

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Como resultado de las acciones de fiscalización realizadas por el Conadis, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, la institución reportó que, en el 2023, solo nueve entidades públicas a nivel nacional han logrado cumplir con la cuota laboral del 5 % de personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973).

Luego de fiscalizar a un total de 143 entidades públicas, en los tres niveles de gobierno, el Conadis informó que, en total, 1106 personas con discapacidad han sido contratadas durante el año pasado. El 42 % pertenece al régimen CAS, el 34 % al Dec. Leg. 276, y el 22 % al Dec. Leg. 728. No obstante, solo nueve instituciones cumplen con la cuota exigida por Ley.

De este modo, las entidades que cumplen con la cuota de empleo son: la Municipalidad Provincial de Ascope, en La Libertad, con el 6.82% (6 personas); Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, en Tumbes, con el 6.45% (12 personas); Municipalidad Distrital de San Luis, en Lima Provincias, con el 5.68 % (5 personas); y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el 5.49 % (48 personas).

Asimismo, continúan en la lista la Municipalidad Provincial de Pataz, en La Libertad, con el 5.48% (8 personas); Municipalidad Provincial de Chincheros, en Apurímac, con el 5.48 % (4 personas); Gobierno Regional de Loreto, con el 5.24 % (52 personas); Gobierno Regional de Piura, con el 5.15% (31 personas); y, finalmente, la Municipalidad Provincial de Tumbes, con el 5 % (34 personas).

Cabe precisar que, dichas cifras se calcularon en base al total de personal que cada entidad maneja.

Por otro lado, de las 134 entidades restantes, 111 tienen registrada la contratación de personas con discapacidad; sin embargo, no alcanzan la cuota del 5 %; mientras que las otras 23 instituciones no contrataron a personas con discapacidad durante el 2023, según la información reportada al Conadis.

En esa línea, el Conadis dio a conocer que, para completar la cuota de empleo correspondiente en las 134 entidades mencionadas, se debería contratar a un total de 3468 personas con discapacidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 29973, " las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%".

"Las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo digno, en igualdad de condiciones y oportunidades que las demás. Desde el Conadis, seguiremos realizando esfuerzos denodados para fiscalizar el cumplimiento de esta obligación en los tres niveles de gobierno, en defensa, precisamente, de sus derechos", manifestó la presidenta del Conadis, Sandra Piro Marcos.

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En el 2023, solo nueve entidades públicas cumplieron con la cuota laboral de personas con discapacidad

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Como resultado de las acciones de fiscalización realizadas por el Conadis, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, la institución reportó que, en el 2023, solo nueve entidades públicas a nivel nacional han logrado cumplir con la cuota laboral del 5 % de personas... #gobpe

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Inversiones extranjeras directas cayeron un 2% a nivel global en 2023

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En Estados Unidos, la primera economía mundial, la bajada fue del 5%, lo que se explica en parte por una reducción considerable de las operaciones de adquisición y fusión transfronteriza.

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El Título IV de la Constitución del Perú organiza el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asegurando un equilibrio de poderes y una interacción efectiva para proteger la democracia y el estado de derecho.

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TITULO IV DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CAPITULO I: PODER LEGISLATIVO | Lelia Pari Alvarez

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El Título IV de la Constitución Política del Perú, titulado "Estructura del Estado", establece las bases fundamentales para la organización y funcionamiento del Estado peruano. Este título, que abarca desde el artículo 90 hasta el artículo 199, define cómo se distribuyen las competencias y responsabilidades entre los principales poderes del Estado: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. También se incluyen disposiciones sobre órganos constitucionales autónomos.

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¿Qué es el Estado en el Perú?

Es la capacidad para organizar a la población y el territorio hacia el logro del bien común. Actualmente, todas y todos estamos de acuerdo en que el Estado debe velar por crear condiciones mínimas para el desarrollo de las personas; es por eso que nuestra Constitución define el Estado peruano como democrático y social.

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El Título V de la Constitución Política del Perú, "De garantías constitucionales", establece mecanismos para proteger los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la constitución. Incluye procedimientos para la defensa de los derechos ciudadanos y la independencia del poder judicial, así como recursos legales para enfrentar violaciones a estos derechos.

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El Título V de la Constitución Política del Perú, "De garantías constitucionales", establece mecanismos para proteger los derechos fundamentales y asegurar el respeto a la constitución. Incluye procedimientos para la defensa de los derechos ciudadanos y la independencia del poder judicial, así como recursos legales para enfrentar violaciones a estos derechos.

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Garantías Constitucionales: ¿Qué son y para qué sirven? (PERÚ)

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Congreso Noticias | 📣#CongresoTVDigital | Te presentamos el resumen de las actividades parlamentarias del día en #CongresoNoticias. 📺 | By Congreso de la República del PerúFacebook

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📣#CongresoTVDigital | Te presentamos el resumen de las actividades parlamentarias del día en #CongresoNoticias. 📺

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El juez supremo Ricardo Brousset Salas señaló que en las zonas declaradas en Estado de Emergencia se mantienen las acciones de garantías constitucionales ante el Poder Judicial en defensa de cualquier ciudadano que se considere afectado en sus derechos por el exceso o abuso de las facultades excepcionales otorgadas a las fuerzas del orden.

El magistrado precisó que los jueces constitucionales mantienen intactas las facultades que les otorga el Código Procesal Constitucional para dictar las medidas provisionales previstas en favor de los ciudadanos afectados.

En ese sentido, explicó que entre las garantías constitucionales con que cuenta la población se encuentra la presentación de hábeas corpus, recursos de amparo; entre otros.

En esa misma línea, señaló que las garantías constitucionales forman parte de los mecanismos legales que cuenta el Poder Judicial y que le permite ejercer un control de las acciones desplegadas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el Estado de Emergencia.

ESTADO DE EMERGENCIA DE BAJA INTENSIDAD

Sin embargo, el magistrado calificó de baja intensidad el Estado de Emergencia decretado por el Poder Ejecutivo debido a que este ha sido impuesto solo en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, en Lima; así como en determinados distritos de Piura.

Recordó, asimismo, que los Estados de Emergencia decretados en gestiones anteriores incluían toques de queda o restricciones en los órganos de justicia, medidas que no han sido incluidas en esta oportunidad.

"En algunos momentos de nuestra historia han habido Estados de Emergencia con toques de queda y con restricciones de los órganos de justicia pero en este caso no. Por lo cual, estamos hablando de un Estado de Emergencia de baja intensidad", estimó.

Respecto a los derechos que se restringen, el magistrado explicó que se encuentra la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la reunión y a la libertad de tránsito.

"En caso la ciudadanía no cumpla con algunas de estas restricciones dentro de la hora establecida, el Poder Judicial puede ordenar la detención de la persona por un plazo de 24 horas para descartar que la reunión no fue realizada con un fin delictivo", detalló.

FUERZAS ARMADAS VAN DE APOYO

Por último, aclaró que la Policía Nacional es el encargado de las detenciones en el Estado de Emergencia y que las Fuerzas Armadas van de apoyo, por lo cual descartó que exista una militarización.

"La policía es la que realiza las operaciones y las fuerzas armadas van de apoyo para las intervenciones, detenciones, allanamientos pero siempre bajo la dirección de la Policía Nacional. No hay desvío de competencia, las Fuerzas Armadas van de apoyo como tema de seguridad", dijo.

Lima, 3 de octubre del 2023

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A través de acciones de garantías constitucionales, Poder Judicial garantiza defensa de los ciudadanos en Estado de Emergencia

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El juez supremo Ricardo Brousset Salas señaló que en las zonas declaradas en Estado de Emergencia se mantienen las acciones de garantías constitucionales ante el Poder Judicial en defensa de cualquier ciudadano que se considere afectado en sus derechos por el exceso o abuso de... #gobpe

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El Título V de la Constitución Política del Perú, titulado "De garantías constitucionales", aborda los mecanismos y procedimientos destinados a proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este título se encuentra en el capítulo VIII de la Constitución y contiene varias secciones clave

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El Título V de la Constitución Política del Perú, titulado "De garantías constitucionales", aborda los mecanismos y procedimientos destinados a proteger y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este título se encuentra en el capítulo VIII de la Constitución y contiene varias secciones clave

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El Título VI de la Constitución Política del Perú, "De la Reforma de la Constitución", establece los procedimientos para modificar la Carta Magna. Este título asegura que las reformas se realicen de manera ordenada y con respaldo democrático, equilibrando la estabilidad constitucional con la adaptación a las necesidades sociales del país.

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¿Qué dice el título VI de la Constitución Politica del Perú?

- Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum.

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Congreso rechaza comunicado del Ministerio Público y pide a fiscales dejar la “politización”

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A través de un comunicado, el Parlamento recordó que existen los mecanismos constitucionales para impugnar leyes en caso no sean del agrado de un sector, por lo que rechazaron “que se pretenda incitar a la población a actuar contra el orden democrático”

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TÍTULO VI, REFORMA CONSTITUCIONAL—FLOR  VILLANUEVA BARRETO