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Presenta algunos criterios para decidir cuál mecanismo es el más adecuado en función de la problemática:

Tipo de derecho afectado: Si es un derecho fundamental individual o colectivo.

Urgencia del caso: En casos urgentes, la tutela suele ser el mecanismo preferido.

Entidad responsable: Determina si es una entidad pública o una entidad privada la que afecta el derecho.

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Sirve para exigir el cumplimiento de leyes o actos administrativos que una autoridad haya omitido. Esta acción se interpone cuando una entidad pública no cumple con sus funciones o compromisos.

Esta acción está contemplada en el artículo 87 de la Constitución Política y su desarrollo legal se encuentra en la ley 393 de 1997.

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Esta acción está destinada a la protección de derechos e intereses colectivos, como el medio ambiente, la seguridad y la salubridad pública. Las acciones populares buscan prevenir daños a la colectividad y asegurar el bienestar general.

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

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Este mecanismo permite a los ciudadanos solicitar información o una acción específica a una entidad pública o privada que preste servicios de interés general. Es un derecho fundamental en Colombia y se utiliza cuando se necesita respuesta o información en casos donde se requiere la intervención de autoridades.

El derecho de petición es un derecho que permite a las personas presentar peticiones respetuosas a las autoridades para solicitar una intervención o poner en conocimiento ciertos hechos. Este derecho se puede ejercer de manera individual o colectiva

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Es el mecanismo más utilizado en Colombia para la protección de derechos fundamentales que han sido vulnerados o están en riesgo. La tutela permite que cualquier ciudadano solicite la intervención de un juez para garantizar sus derechos.

La acción de tutela se utiliza principalmente cuando no hay otros medios judiciales disponibles y puede aplicarse en casos urgentes o cuando hay una violación inminente de derechos como la salud, la vida, o la integridad personal.