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El Derecho Informático en la República Dominicana ha experimentado una evolución significativa en las últimas dos décadas, tratando de ponerse a la par de los avances tecnológicos y los estándares internacionales. Si bien cuenta con un marco legal robusto en áreas clave, aún enfrenta desafíos importantes en cuanto a implementación, cultura de cumplimiento y actualización normativa.

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La base del derecho digital dominicano se sustenta en varias leyes fundamentales:

a) Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos Personales (2013)

Ámbito que regula: Esta es la ley central de privacidad y protección de datos del país. Se inspira en gran medida en la Directiva Europea 95/46/CE (predecesora del GDPR).

b) Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (2007)

Ámbito que regula: Esta ley tipifica una variedad de delitos informáticos, siendo el primer cuerpo legal en el país en hacerlo de manera comprehensiva.

c) Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales (2002)

Ámbito que regula: Esta ley, pionera en la región, da validez jurídica a las transacciones electrónicas.

d) Otras Leyes Relevantes

Ley No. 65-23 de Extinción de Dominio (2023): Incluye activos digitales (como criptomonedas) dentro del alcance de los bienes susceptibles de ser extinguidos.

Ley No. 139-14 de Propiedad Industrial (2014): Protege la propiedad intelectual en el entorno digital.

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Sanciones:

Protección de Datos (Ley 172-13): La SIPD puede imponer multas que van desde 10 hasta 20,000 salarios mínimos del sector público, además de órdenes de cesación del tratamiento.

Delitos Informáticos (Ley 53-07): Las penas incluyen prisión (de 3 meses a 10 años, dependiendo del delito) y multas.

Jurisprudencia: La jurisprudencia en materia digital aún se está desarrollando. Los casos más comunes están relacionados con delitos de estafa y fraude informático (phishing, suplantación de identidad). Los tribunales han admitido correos electrónicos y mensajes como prueba válida, amparados en la Ley 53-07 y 126-02.

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1. Justa Janeth Triminio

2. Karla Dessire Murillo

3. Oscar Javier Midence

4. Rosa Dilia Ordoñez

5. Sulmy Ortez Maldonado

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Casos en emblemáticos en República Dominicana 

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Casos en emblemáticos en República Dominicana 

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Multa de la SIPD a una Empresa de Telecomunicaciones (2021): Una de las sanciones más sonadas fue impuesta a una operadora de telecomunicaciones por realizar llamadas de marketing no solicitadas (telemarketing) sin el consentimiento previo de los usuarios, violando la Ley 172-13.

Operación "Cacatúa" (2020): Una investigación conjunta de la Procuraduría General y el Departamento de Estado de EE.UU. que desarticuló una red dedicada a estafas masivas (scam) y phishing desde la República Dominicana. Fue un caso emblemático de la aplicación de la Ley 53-07 contra el cibercrimen organizado.

Intervención de la SIPD a Partidos Políticos (2020): La Superintendencia inició auditorías a los partidos políticos para verificar el cumplimiento de la ley de protección de datos en el manejo de los padrones de adherentes y simpatizantes, un área de alto riesgo para la privacidad.

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Algunos innovaciones en República Dominicana 

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Algunos innovaciones en República Dominicana 

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Gobierno Electrónico: La Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), ahora transformada en la Agencia de Gobierno Electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), ha impulsado portales como portal.gob.do para centralizar trámites gubernamentales.

Identidad Digital: El proyecto "Cédula Digital" es el más destacado. Es una identificación oficial emitida por la Junta Central Electoral (JCE) con un chip que permite autenticación fuerte y la posibilidad de realizar firmas digitales avanzadas, sentando las bases para una identidad digital soberana.

Votación Online: No existe el voto en línea para elecciones nacionales. Sin embargo, la JCE ha modernizado el padrón electoral y el sistema de escrutinio (voto automatizado con boleta física), pero el acto de votar sigue siendo presencial.

LegalTech e IA en la Justicia: El Poder Judicial ha implementado sistemas de gestión procesal electrónica (e-Filing) en algunos distritos judiciales, permitiendo la presentación de demandas y notificaciones en línea. El uso de IA es incipiente y se limita principalmente a proyectos piloto o herramientas de consulta jurisprudencial.

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Brechas Legales: La rápida evolución de la tecnología deja vacíos. No existe una regulación específica para criptoactivos, blockchain (más allá de la firma digital) o Inteligencia Artificial.

Problemas de Implementación: Capacidad Institucional: La SIPD y las autoridades judiciales y policiales necesitan constante capacitación y recursos para investigar delitos complejos (ciberterrorismo, criptodelincuencia).

Cultura de Cumplimiento: Falta una cultura generalizada de protección de datos tanto en el sector público como en las pequeñas y medianas empresas.