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España responderá ante la ONU sobre la violencia institucional que ejerce la Justicia contra las madres y sus hijos

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España responderá ante la ONU sobre la violencia institucional que ejerce la Justicia contra las madres y sus hijos

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España defenderá este martes ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) los avances producidos en materia de derechos hacia las mujeres. Se trata de la novena vez que nuestro país reporta sobre las acciones llevadas a cabo por el Estado para cumplir con los mandamientos de este máximo órgano de derechos humanos de las mujeres. En esta ocasión, los 23 expertos que forman la Convención (22 mujeres y un hombre elegidos por su conocimiento sobre los derechos de la mujer) tienen sobre la mesa al menos cinco informes enviados por organizaciones de la sociedad civil que denuncian cómo España ejerce violencia institucional sobre las mujeres a traves del sistema judicial, especialmente cuando lo que se denuncia es la violencia de género y la violencia sexual intrafamiliar que sufren sus hijos e hijas por parte de los padres.

Este tipo de documentación se conoce como informes sombra y es un mecanismo previsto en la Convención para que organizaciones o personas particulares puedan denunciar o hacer llegar a los expertos de la CEDAW las violaciones de derechos en que incurren los Estados miembros, para que puedan ser tenidos en cuenta en su interacción con los Gobiernos o en las recomendaciones finales que emiten a los Estados tras cada período de sesiones.

Según alertan varias expertas en derecho internacional consultadas por este periódico, es la primera vez que tantos informes apuntan a fallos en el sistema de protección de las mujeres y sus hijos en el sistema judicial. Estos fallos son definidos como una forma de "violencia institucional" al ser ejercida por el propio Estado por acción u omisión y, por ello, revisten una especial gravedad.

Cinco de los informes hablan de violencia del Estado

Los representante de la CEDAW tienen sobre la mesa un informe titulado M adres protectoras, enviado por una veintena de mujeres que denuncian cómo la justicia las ha discriminado y criminalizado tras denunciar la violencia sexual de los padres hacia sus hijos. El informe contiene, anonimizadas, las vicisitudes de estas mujeres, que en su mayoría han acabado sin la custodia de sus hijos e hijas tras años de litigios. En el informe a la Comisión denuncian estar siendo discriminadas por proteger a sus hijos de la violencia sexual y explican que esta discriminación "se encuentra basada en estereotipos de género que presentan a las madres como manipuladoras de sus hijas e hijos para dañar a los padres".

En una reunión informal con las organizaciones no gubernamentales previa a la sesión de este martes con los representantes del Gobierno Español, los miembros de la Comisión han podido escuchar de viva voz a algunas de las representantes que denuncian la inacción del Estado ante estas discriminaciones. Así lo hizo Isabel Martínez Hervás en representación de la Red de Madres Protectoras, que en su breve alocución (cada representante tenía asignados dos minutos), afirmó que tras denunciar los abusos sexuales paternos hacia sus hijos "se nos ha aplicado el Síndrome de Alienación Parental (SAP), que constituye un patrón estructural de estereotipos de género, vulneración de derechos a la infancia, incluidos el derecho a ser escuchados de forma adecuada y del interés superior del menor".

Martínez pidió a los miembros de la CEDAW que exija al Gobierno español "la puesta en marcha de un comité de investigación independiente que estudie las causas e identifique a los responsables". Esta madre afirmó durante su presentación que, a pesar de las numerosas amonestaciones que Naciones Unidas ha hecho a nuestro país, los estereotipos de género siguen aplicándose de manera sistemática en el sistema de justicia y muchos de estos casos no son investigados ni castigados.

No ha sido la única. En nombre de la organización Alanna, que presentó también un informe sombra por la vulneración de derechos de hijas e hijos y de sus madres al denunciar abusos sexuales intrafamiliares, María Sevilla tomó la palabra de forma telemática. La que fuera presidenta de Infancia Libre explicó a los miembros del Comité de la CEDAW que, a pesar de los cambios legales, "no ha habido cambios efectivos". Según denunció esta madre, la Justicia sigue obligando a los hijos víctimas de violencia sexual intrafamiliar a seguir teniendo relaciones con sus padres. María Sevilla solicitó que se exija a España que estos casos sean juzgados en tribunales especializados en violencia de género.

La Plataforma CEDAW Informe Sombra, formada por más de 130 organizaciones feministas, también hace referencia en su escrito a la violencia institucional y al desamparo judicial que sufren las madres y sus hijos. El documento denuncia la persecución judicial que sufren estas mujeres, haciendo mención especial al caso de la veintena de madres criminalizadas por la supuesta investigación policial sobre Infancia Libre (archivada por la Fiscalía de Madrid).

Entre los informes presentados ante la CEDAW figura también uno elaborado por varias investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid y del grupo Antígona, ligado a la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grupo de expertas presentaron recientemente un informe encargado por el Ministerio de Igualdad que refleja cómo el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una práctica ampliamente extendida en el sistema de justicia español, hasta el punto de ser considerado como un "patrón" de comportamiento en la Justicia.

Entre sus hallazgos destacan que en el 86% de los casos en los que se aplica SAP, éstos acaban archivados en los juzgados, sin siquiera ser investigados. Estas investigadoras denuncian ante el Comité que España "no está implementando de manera adecuada la CEDAW ni tomando en cuenta las recomendaciones generales del Comité CEDAW, en particular la Nº 35, así como que no está actuando con debida diligencia en estos casos".

Numerosas advertencias de Naciones Unidas

La ONU ha advertido en numerosas ocasiones a nuestro país sobre la utilización de los estereotipos de género en la Justicia. En los dos últimos años la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias ha enviado hasta cinco comunicaciones a España preocupada por el uso del SAP en los juzgados e interesándose por la situación de madres concretas y sus hijos e hijas.

Esta relatoría, ha llegado a afirmar que en España parece existir un "patrón estructural" en la justicia que "desprotege a los niños y discrimina a las mujeres". Recientemente esta relatora ha realizado un informe sobre el uso del SAP en el mundo, en el que incluye a nuestro país.

En el año 2014 el Comité de la CEDAW condenó a nuestro país por el caso de Ángeles González Carreño, una madre que había interpuesto más de 50 denuncias para que se prohibiera que su hija tuviera visitas no vigiladas con su padre. En una de ellas, el progenitor asesinó a su hija y luego se suicidó. La CEDAW entendió que el Estado había fallado en la protección de esta madre y su hija y emitió una dura recomendación que instaba a España a reconocer su responsabilidad en el asesinato de esta niña, que indemnizara a la madre y que acometiera profundas reformas para garantizar que todos los operadores judiciales se formaran en perspectiva de género. La CEDAW entonces exigió a nuestro país que hiciera todo lo necesario para acabar con los estereotipos sexistas en la justicia.

Tal como explica a Público Gema Fernández, abogada de la organización Women's Link que llevó este caso contra España, nuestro país acabó cumpliendo a duras penas parte de las observaciones de la CEDAW. González tuvo que litigar aún cuatro años más después de que la CEDAW el diera la razón, hasta que en 2018 Tribunal Supremo decretó que el Estado debía indemnizar a esta madre por negligencias en su actuación.

"Sin embargo, casi diez años después, España no ha puesto en marcha muchas de las recomendaciones de la CEDAW hizo este caso. No abrió una investigación para esclarecer los hechos y fallos y tampoco puso en marcha un sistema de formación de jueces y operadores judiciales, tal como se le exigió. Sigue sin existir un buen programa de formación hacia los operadores judiciales y una perspectiva de infancia en la Justicia", afirma Fernández.

Esta jurista considera clave que se esté hablando de violencia institucional y considera que dada la cantidad y contundencia de los informes presentados ante la CEDAW, ésta preguntará a España sobre este particular cuando nuestro país presente este martes su informe de logros y los expertos incluirán recomendaciones al respecto en sus observaciones finales.

Para la jurista Tania Sordo, experta en derecho internacional de las mujeres, existe una diferencia clave entre el caso de González Carreño y los informes que han presentado las organizaciones en esta ocasión ante la CEDAW. "En el caso de Ángela se habló de pedir responsabilidades al Estado, pero hasta ahora no se había visto de forma tan masiva e importante que se introduzca el término de violencia institucional y esto es un cambio importante que los miembros del CEDAW no pasarán por alto", afirma.

Mucho ruido, pocas nueces

España acude a la cita con la ONU con una amplia representación, que preside la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia hacia la mujer, Ángela Rodríguez. La comitiva incluye a un gran número de representantes del Ministerio de Igualdad, de Justicia, de Interior, de Asuntos Exteriores, de Sanidad y de Asuntos Sociales.

La amplia representación, sin embargo, contrasta con el escueto informe elaborado por nuestro país, que ocupa 42 páginas y en el que el Gobierno se ha acogido a la fórmula conocida como procedimiento simplificado, que consiste en responder sólo a algunas preguntas formuladas por los miembros del Comité. Este dato ha levantado indignación entre algunas organizaciones, que han pedido a la CEDAW que reprenda a España por la escueta labor. Otro dato curioso es que España estaba llamada a presentar su informe en 2020 y lo hizo en 2022 y desde entonces ha pedido varias prórrogas para presentarse ante los expertos de la ONU.

Se trata del noveno informe periódico de nuestro país desde que en 1983 ratificara la CEDAW. Los estados están llamados a hacer informes cada siete años.

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España responderá ante la ONU sobre la violencia institucional que ejerce la Justicia contra las madres y sus hijos

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Cinco de los informes presentados por la sociedad civil al comité de la CEDAW denuncian la responsabilidad del Estado en la discriminación que sufren madres y menores en el sistema judicial.

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Escena sobre violencia institucional de la película "Solo mía" (2001)

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Escena sobre violencia institucional de la película "Solo mía" (2001)

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NOTICIA: Cómo España ejerce violencia institucional sobre las mujeres a través del sistema judicial

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NOTICIA: Cómo España ejerce violencia institucional sobre las mujeres a través del sistema judicial

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El Ministerio de Igualdad se ha marcado como una de sus metas para el año próximo analizar y entender la violencia institucional que sufren las mujeres en el sistema de Justicia cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos, y definir medidas para ponerle coto. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, lo avanzó este lunes afirmando que "esta delegación ya ha incluido en el Plan de mejora del conocimiento para 2022 una labor específica de estudio de las consecuencias del Síndrome de Alienación Parental u otros síndromes sin base científica que están haciendo tanto daño a las mujeres, y de sus consecuencias en cuanto al posible maltrato institucional".

Se trata de un compromiso adquirido por el Ministerio de Igualdad tras reunirse a principios de diciembre con un amplio número de madres que han sufrido este tipo de violencia en el sistema de justicia. La denominada Plataforma de Madres Protectoras ha contabilizado más de 400 casos de mujeres que han pasado por una experiencia similar en el sistema de Justicia. En la cita, a la que acudieron madres llegadas desde distintos puntos de España, participaron también juristas, abogadas y expertas en violencia de género.

Esta reunión tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, sólo una semana antes de que un grupo de expertos de las Naciones Unidas hiciera público un duro comunicado afirmando que nuestro país "tiene que hacer más" para proteger a los menores en el sistema de justicia y para no discriminar a las mujeres. En el comunicado exigían a España que los tribunales " superen los prejuicios contra las mujeres" y apliquen "un enfoque centrado en los niños y de género".
"Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos", afirmaban ocho expertos de diversas relatorías de las Naciones Unidas.

Fuentes de la Relatoría contra la violencia hacia al mujer de esta institución, una de las firmantes del comunicado, explicaron posteriormente a este periódico que es alarmante el número de denuncias que han recibido de madres de nuestro país (más de 30 desde 2019) relatando una actuación similar en la Justicia española. Unas cifras que " indican que existe un patrón estructural", sobre el que la ONU ya pidió explicaciones en varias ocasiones a nuestro país.

Se trata de madres que denuncian el maltrato institucional que sufren tanto ellas como sus hijos e hijas por parte del sistema judicial cuando denuncian violencia de género o abusos sexuales por parte de sus parejas hacia sus hijos e hijas. Muchas de estas mujeres acaban perdiendo la custodia de los menores y siendo victimizadas por el sistema judicial, que las acusa de dañar las relaciones paterno filiales. En numerosos casos, la Justicia acaba entregando la custodia de los menores a los padres denunciados y separando a las madres de sus hijos e hijas, prohibiéndoles el contacto con ellos u obligándolas a verles en un punto de encuentro vigilado. Así es como el sistema de Justicia español aplica el denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), un trastorno no reconocido por ningua institución médica o psiquiátrica, a pesar de que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva años advirtiendo de que no puede utilizarse. Para intentar frenarlo, la aplicación del SAP ha sido prohibida de manera expresa en la Ley contra la violencia en la infancia.

"Hemos recibido con mucha preocupación el informe de las Relatorías Especiales de derechos humanos y de violencia contra la mujer de Naciones Unidas, identificando incluso un patrón de actuación, de reacción, en el ámbito de la Justicia de las madres que denuncian abusos, sean sexuales o físicos", reconoció Victoria Rosell. Y afirmó también que para un Estado, reconocer la violencia institucional "es un paso adelante histórico y valiente que necesita un análisis sosegado y riguroso, pero también autocrítico en cuanto al funcionamiento de, entre otros, el poder judicial".

Justicia e Interior no reman en la misma dirección

Este reconocimiento no será tarea fácil. No solo por la complejidad de una iniciativa pionera, sino porque además, dos grandes ministerios implicados, Justicia e Interior, no parecen remar en la misma dirección.

El pasado jueves ambos ministerios votaron en contra del informe preceptivo sobre el III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres 2022-2025 presentado por el Instituto de las Mujeres y que el Ministerio de Igualdad espera aprobar en Consejo de Ministros en el primer trimestre del año. El motivo de la discrepancia es un párrafo que denuncia expresamente la violencia institucional que sufren las mujeres en la Justicia, ejemplificándola con dos casos concretos: el de Juana Rivas y el de Irune Costumero. Este último, es uno de los casos específicos por el que la Relatora contra la violencia hacia la mujer de Naciones Unidas pidió a España explicaciones, por el uso del falso SAP.

Desde Interior se opusieron a la inclusión del párrafo por entender que contenía "una mención en términos genéricos a la violencia institucional y al Poder Judicial en relación a algunos procesos judiciales concretos, que este ministerio no puede compartir".

Según la agencia Europa Press, el ministerio de Justicia también señaló que ese contenido podría ser contraproducente para las víctimas, que es arriesgado hablar de violencia institucional cuando "es un término sin definir" y que este tipo de declaración puede tener un "efecto disuasorio".

Si bien ninguna ley estatal incluye una definición expresa de lo que es "violencia institucional", este tipo de violencias ejercidas por el Estado están desde hace años ampliamente reconocidas en diversos tratados de derechos humanos sobre la mujer que han sido firmados y ratificados por nuestro país.

Su definición se usó por primera vez en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer de Naciones Unidas, que ya en 1993 afirmaba que el Estado no puede perpetrar ni tolerar la violencia contra las mujeres.

También el Convenio contra todas las formas de discriminación hacia la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) exige a los estados abstenerse de cometer cualquier acto o práctica de discriminación por parte de las autoridades e instituciones. Más recientemente el Convenio de Estambul, un documento clave del Consejo de Europa, que fue ratificado por España en 2014, afirma que los Estados se deben abstener de cometer cualquier acto de violencia contra las mujeres y se asegurarán de que las autoridades, los funcionarios, los agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del Estado se comporten de acuerdo con esta obligación. Este convenio también obliga a los Estado a tomar "las medidas legislativas y otras necesarias para actuar con la diligencia debida para prevenir, investigar, castigar y conceder una indemnización por los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio cometidos por actores no estatales".

Nuestro país no ha traspasado este mandato a ninguna ley de carácter nacional, pero sí ha habido algunas comunidades autónomas que lo han hecho. Es el caso de Castilla La-Mancha y de Catalunya, en la que se prohibe expresamente el uso del Síndrome de Alienación Parental y se incluye el concepto de "diligencia debida".

Algunos países latinoamericanos han sido pioneros en incluir y prohibir este tipo de violencias ejercidas por el estado, como el caso de México en 2006 o la ley Argentina de 2009, y que han sentado las bases, incluso, de lo que se entiende por violencia de género institucional. La ley mexicana en su artículo 18, por ejemplo, afirma que "son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia". La ley Argentina amplía esos actores a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

Para la jurista Tania Sordo, experta en violencia de género y derecho
internacional, "si en un caso de violencias machistas el Estado no responde y reproduce estas violencias, las estaría perpetrando o tolerando, por lo que podríamos hablar de violencia institucional".

Victoria Rosell considera que para acabar con la violencia institucional hacia las mujeres en el sistema judicial es "esencial dar una formación especializada, en la que no sólo se escuche el Poder Judicial a sí mismo o el Ministerio Fiscal a sí mismo, y en este sentido va el convenio suscrito con el Centro de Estudios Jurídicos y la propuesta ya confeccionada con un programa al Consejo General del Poder Judicial para que escuchen a psicólogas, a expertas, a sociólogas y a víctimas en cada uno de los cursos de formación y especialización, sin los cuales queremos que no se tenga acceso a estas decisiones judiciales".

Rosell reconoce que no es un proceso que pueda llevarse a término a corto plazo. "Pero escuchando a estas mujeres y especialistas, en especial el informe de la Relatora, creemos que es nuestro deber abordarlo".

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El Gobierno, dividido a la hora de reconocer la violencia institucional contra las mujeres en el sistema de Justicia

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La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Vicky Rosell, confirma que el Ministerio de Igualdad realizará un informe para analizar las violencias ejercidas por el propio Estado, una afirmación que los ministerios de Pilar Llop y Fernando Grande Marlaska ven con malos ojos.

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Definiciones de violencia institucional