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Tenemos derecho a que se respete nuestro honor en Internet y en las redes sociales.

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Pelaez Ruiz Abogados. Abogados Penalistas y Abogados de Divorcios. Abogados Divorcio.

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Hace unos días viendo una publicación, a través de un foro se hacían comentarios por un usuario bajo un seudónimo anónimo, que revestían cierto carácter acusatorio y ofensivo y que vulneraban a todas luces, no sólo el derecho al honor de la persona que exponía la cuestión sino también su derecho a la intimidad, comentarios que incidían en aspectos de su vida personal y que creaban una situación perjudicial para el sujeto, tanto en su esfera privada como en la profesional. A la vista de las dudas que puede generar este tipo de situaciones, merece la pena trasladar la cuestión al plano jurídico e intentar dar una respuesta ofreciendo posibles alternativas a adoptar ante un eventual ataque de nuestra persona en espacios públicos abiertos a comentarios, y más aún, cuando se efectúan en el anonimato por usuarios de Internet.

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar se consagra como derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución Española, reconociéndose al mismo tiempo, el derecho a la libertad de expresión y de información en su artículo 20, si bien, este último precepto establece como límite del primero el respeto a la persona. La jurisprudencia constitucional ha venido señalando que cuando el ejercicio del derecho de expresión e información afecte a otros, deberá ponderarse si la conducta del agente queda justificada por hallarse dentro del ámbito permitido, pues en caso contrario, se estaría vulnerando el derecho al honor y a la intimidad que asiste al sujeto.

Resulta complicado desde el punto de vista jurídico, obtener una definición de "honor", no obstante, a pesar de no existir la misma en el ordenamiento jurídico, podrá acudirse a fin de subsanar esa laguna, al propio Diccionario de la Real Academia Española, el cual asocia el concepto de honor a la buena reputación de la persona.

Realizar opiniones en foros, redes sociales o páginas Webs por los usuarios puede chocar frontalmente con el honor y la intimidad de la persona. Cuando el comentario lo realiza un determinado sujeto, identificado con nombre y apellidos, no se plantean grandes problemas, pues dejando al margen la ponderación señalada en párrafos anteriores y la posible vulneración de los derechos fundamentales, conocemos quien es la persona responsable de la intromisión ilegítima, sin embargo, sí que resulta más complicado exigir responsabilidad si se actúa bajo "Nicks" o nombres falsos, pues en ese caso no podremos señalar directamente al actor de los hechos.

El artículo 16 de la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información dispone que "los prestadores de un servicio de intermediación no serán responsables de la información almacenada a petición del destinatario siempre que:

No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información facilitada es ilícita o de que lesiona bienes o derecho de un tercero.

Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos.

Ello implica, que sólo se activaría el mecanismo de responsabilidad si una vez publicado el comentario y alertado el foro o Web del carácter difamatorio, injurioso u ofensivo, no se adoptasen por éste las medidas oportunas para censurar el mismo, y ello sin olvidar, que en un foro o red social la publicación de la opinión es automática y sin filtros previos, y en páginas webs es el administrador quién acepta, abre y publica, lo que significa que el lapso temporal para exigir una actuación diligente será diferente en uno y otro caso.

A la vista de lo anterior, parece claro que si el administrador no extrema las precauciones y ejerce un mayor control sobre las opiniones y comentarios alojados, podrá exigírsele responsabilidad en virtud de lo dispuesto en la propia Ley de Servicio de la Sociedad de la Información, la cual reconoce en su articulado que "los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, personal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico".

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Derecho al honor en Internet - Pelaez Ruiz Abogados. Abogados Penalistas y Abogados de Divorcios. Abogados Divorcio.

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Hace unos días viendo una publicación, a través de un foro se hacían comentarios por un usuario bajo un seudónimo anónimo, que revestían cierto carácter acusatorio y ofensivo y que vulneraban a todas luces, no sólo el derecho al honor de la persona que exponía la cuestión sino también su derecho a la intimidad, comentarios que incidían en aspectos de su vida personal y que creaban una situación perjudicial para el sujeto, tanto en su esfera privada como en la profesional.

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Es más que probable que hayáis oído alguna vez eso del "derecho al olvido" sobre todo cuando se habla de Google. Aun en el caso de que nunca lo hayáis oído, si os preguntaran qué es, posiblemente la respuesta intuitiva que os vendría a la cabeza seguro que sería algo así como: "el derecho que todos tenemos a que nos olviden, ¿no?". Pues aunque no se trata de un derecho pensado para aspirantes a ermitaño, más o menos algo de eso sí tiene el derecho al olvido. Veamos de qué se trata:

¿Qué es eso del "derecho al olvido"?

El derecho al olvido se podría definir como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen (*), o que podría considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no sirve a los fines para los que fue recabada y publicada.

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el "derecho al olvido hace referencia al derecho que tiene un ciudadano a impedir la difusión de información personal a través de Internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa". También indica la AEPD que este derecho incluye la posibilidad de limitar la difusión de datos personales, incluso cuando la publicación original sea legítima, cuando refiere que "La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas". Vamos, más o menos, lo que estábamos diciendo.

¿Y qué es el "Habeas Data"?

Digamos que es una adaptación al mundo digital de una de las técnicas de protección del derecho a la libertad personal, la institución del " Habeas Corpus ". El procedimiento de Habeas Corpus sirve para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes y cuerpos de seguridad de un estado a la hora de realizar un arresto o una detención. El detenido comparece ante el Juez, expone sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad de dicha detención.

Así pues, a alguien se le ocurrió acuñar el término "Habeas Data", para referirse derecho de control del individuo sobre sus datos o información personal, además de la exclusión de toda injerencia en su vida privada.

Supongo que se acuñó tal expresión, porque "mola" desde un punto de vista técnico-jurídico, pero considero que valdría cualquier otro término como libertad del control de datos o algo así. En definitiva se traslada el concepto de control de la libertad personal (Habeas Corpus) al concepto de control de la libertad de datos informáticos (Habeas Data).

Obviamente, el derecho al olvido está muy relacionado con el Habeas Data, en tanto que suprimir, borrar o eliminar contenidos o datos personales que existen en la red supone un claro control del individuo de sus datos e información personal.

Google y el derecho al olvido

Está claro que el boom de la reivindicación de ese derecho al olvido viene de la mano de los buscadores como Google, porque basta teclear el nombre de alguien para que aparezca información relativa a esa persona que en algunos casos puede atentar contra el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del individuo y en definitiva vulnerar el derecho a la protección de datos. Es la inmediatez en la obtención de esa información la que ha provocado que salten las alarmas. Nadie se preocupaba demasiado cuando su nombre aparecía vinculado a impagos de impuestos en los Edictos publicados en los tablones de las distintas administraciones públicas. Pero, claro, a ver quién se leía eso y transcurridos los plazos correspondientes, esos edictos se sustituían por otros más recientes, por obvias razones de falta de espacio.

Esto, como es lógico, no ocurre con los buscadores como Google, que exploran Internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de la información que se publica en la Red. El gestor de un motor de búsqueda recoge tales datos, los extrae, registra y organiza en sus programas de indexación y los conserva en sus servidores, facilitando el acceso a los usuarios de tales buscadores en forma de listas de resultado.

Colisión del derecho de información con el derecho a la protección de datos personales

Puede esgrimirse frente al derecho a la protección de datos personales (y por ende al honor, intimidad y propia imagen), el derecho fundamental del derecho a la información.

Si la publicación de datos personales no resulta necesaria para que la información mantenga el carácter noticiable y la relevancia pública a la que se refiere la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, dicha publicación resultará contraria al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Cometí un delito en el pasado y quiero rehacer mi vida

Este sería el caso de alguien, que podría ser cualquiera, que por una u otra razón cometió un delito en el pasado, por el que cumplió la pena que un juez le impuso y que habiendo transcurrido el tiempo por el que prescriben los antecedentes penales desde el cumplimiento de la pena(6 meses para las penas leves, 2 años para penas menos graves que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes, 3 años para el resto de penas menos graves y 5 años para penas graves), sigue apareciendo su nombre vinculado a ese lamentable acontecimiento mediante un enlace a un artículo de prensa digital. ¿Cómo podría esa persona obtener un empleo por ejemplo si al teclear su nombre en Google aparece la noticia de la comisión de un delito? ¿Debe esa persona estar "marcada" para siempre? No sería justo, ¿cierto?

Soy consciente de que la casuística es amplia, y daría para un largo debate.

Colgué unas fotos de borrachera y aparezco en Google

El que más y el que menos alguna vez se ha pegado una juerga, que puede habérsele ido de las manos y quizá antes sólo se enteraban tus progenitores en el momento de llegar a casa; sin embargo ahora, todos sabemos que siempre hay un móvil con cámara que capta imágenes de caras desencajadas por el efecto de bebidas espirituosas o "haciendo un calvo", que luego se publican. ¿Creéis necesario que Google esté obligado a dejar de indexar esas imágenes? ¿O tenemos que contemplar el calvo de una persona siempre que pongamos su nombre en el buscador? Posiblemente al responsable de recursos humanos de turno le haga gracia ver este tipo de fotografías.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra Google

Al hilo de lo que comentamos, el pasado 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la, ya por otra parte famosa, sentencia contra Google en materia de protección de datos personales, considerando que ese buscador (y en definitiva a todos) realizan labores de tratamiento de datos.

El camino hasta obtener tal resolución fue largo, porque el procedimiento lo inició el 5 de marzo de 2010, D. Mario Costeja Fernández, que presentó ante la AEPD una reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., contra Google Spain y Google Inc., alegando que cuando introducía su nombre en el motor de búsqueda de Google, obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia, del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, en las que aparecía un anuncio de una subasta de inmuebles a causa de un embargo por deudas a la Seguridad Social. Dicho embargo, en el momento de la reclamación, al parecer, estaba totalmente solventado, careciendo por tanto de relevancia dicha información.

Mediante esta reclamación, el Sr. Costeja González solicitaba que se exigiese a La Vanguardia eliminar o modificar la publicación para que no apareciesen sus datos personales. Solicitaba también que se exigiese a Google Spain o a Google Inc. que eliminaran u ocultaran sus datos personales para que dejaran de incluirse en sus resultados de búsqueda y dejaran de estar ligados a los enlaces de La Vanguardia.

La AEPD desestimó la reclamación contra la Vanguardia, pues la publicación había tenido lugar de forma legal por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En cambio, se estimó la reclamación dirigida contra Google Spain y Google Inc., interponiendo estas compañías sendos recursos contra dicha resolución ante la Audiencia Nacional, que decidió acumularlos, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales que resuelven en la Sentencia sobre la indexación de datos en Internet relativos a una persona. Las respuestas del Tribunal de Luxemburgo vincularán a todos los Estados miembros.

En dicha sentencia se declara por el TJUE lo siguiente:

Basándose en la redacción del artículo 2, letras b) y d), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, interpreta que la actividad de un motor de búsqueda de recoger información publicada o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de "tratamiento de datos personales", cuando esa información contiene datos personales, considerándolo "responsable de dicho tratamiento".

Para respetar los derechos de los artículos 12, letra b) y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46, el gestor de un motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, vínculos a páginas web, publicadas por terceros y que contienen información relativa a esta persona, también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o simultáneamente de estas páginas web, y, en su caso, aunque la publicación en dichas páginas sea en sí misma lícita.

Además se establece que se tendrá que examinar, en particular, si el interesado tiene derecho a que la información en cuestión relativa a su persona ya no esté, en la situación actual, vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a partir de su nombre.

¿Qué ha hecho Google tras la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014?

Parece que Google ha reaccionado tras dictarse la sentencia de 13 de mayo de 2014 por el TJUE, pero bueno, no sé si será suficiente.

De momento ha publicado una página en sus FAQ's (preguntas frecuentes) en la que se responde a la pregunta ¿Cómo está implementando Google la reciente sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el derecho al olvido?, afirmando que se encuentran trabajando a contrarreloj para cumplirla, y que se trata de un proceso complicado, pues necesitan evaluar cada solicitud de forma individual. ¿Será esto posible? ¿Examinarán realmente caso por caso?

Nos indican además, que para realizar la solicitud de eliminación hay que rellenar un formulario web, advirtiéndonos que puede que el trámite tarde un tiempo, pues ya han recibido muchas solicitudes. Hay fuentes que hablan de que han recibido en torno a 150.000 solicitudes desde la publicación de la Sentencia.

Así que en teoría, una vez recibida la solicitud por Google, evaluará si efectivamente se trata de información obsoleta de la persona del solicitante y si es lesiva a sus intereses, ponderando si existe un interés público en lo que respecta a la información que permanece en los resultados de búsqueda, decidiendo de forma unilateral si deja de indexar esa información.

Así que al final, es Google el que decide. No existe otro mecanismo que no sea acudir a las autoridades de cada país en materia de protección de datos o a los tribunales.

¿Sería conveniente exigirle a Google que articulara los mecanismos necesarios para no indexar datos personales?

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EL DERECHO AL OLVIDO Y GOOGLE - El Abogado Digital

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Es más que probable que hayáis oído alguna vez eso del "derecho al olvido" sobre todo cuando se habla de Google. Aun en el caso de que nunca lo hayáis oído, si os preguntaran qué es, posiblemente la respuesta intuitiva que os vendría a la cabeza seguro que sería algo así como: "el derecho que todos tenemos a que nos olviden, ¿no?".

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El derecho al olvido en Internet en España

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El derecho al olvido en Internet en España

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En la legislación española no hay una regulación concreta del derecho al olvido.
por parte de la doctrina se ha usado dicho termino pero en base a otros derechos recogidos  en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, o en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995.  esos derechos son: derecho de cancelación
y el derecho de sicionio, derechos que deben conjugarse con la libertad de expresión.
Se trabaja en un Reglamento general de protección de datos en el que sí se recogería expresamente el derecho al olvido en su artículo 17.

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Ramón Sampedro cuenta sus razones para pedir su derecho a morir dignamente.

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El primer caso de eutanasia en España.

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En Madrid existió una Casa del Pecado Mortal. Se trataba de un caserón situado en la desaparecida calle del Rosal, cerca de la Gran Vía, que hacía las funciones de hospital de maternidad para mujeres solteras que se habían quedado embarazadas y que querían dar a luz discretamente. Aquellas mujeres permanecían en "la Casa" durante el periodo de gestación en régimen de clausura y cubiertas por un velo en todo momento. Esta institución dependía de la Hermandad del Santo Celo de la Salvación de las Almas, algunos de cuyos miembros formaban parte de la pintoresca Ronda del Pecado Mortal.

Su funcionamiento era el siguiente: al caer la noche, unos cuantos cofrades marchaban en sonora procesión -a grito pelado y haciendo sonar carracas y cencerros- por las calles donde había burdeles, increpando a sus "clientes" sobre lo inapropiado de su comportamiento. Como se ve, lo de los escraches viene de lejos. Hoy les llamaríamos frikis; y, la verdad, un poquito hay que serlo para hacer lo que algunos hacían -y hacen- en defensa de sus principios. Sin embargo, y con independencia de las formas, no hay fondo que valga más la pena que la defensa del derecho a la vida y la dignidad de ésta en todo momento, incluso cuando se empieza a apagar.

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En África, por ejemplo, se ven muchos más ninos que en Europa, y el trato que se dispensa a los ancianos es infinitamente más respetuoso que aquí

El primer y el tercer mundo tienen modos diferentes de resolver un mismo "problema": qué hacer con los "no deseados" y los que ya "no sirven". En África, por ejemplo, se ven muchos más ninos que en Europa, y el trato que se dispensa a los ancianos es infinitamente más respetuoso que aquí. Se les quiere en su justa medida, como es de ley, en lugar de aparcarles a su suerte en una triste residencia. Los ninos, por su parte, llevan una vida bien distinta a los de Occidente. Algunos van a la escuela, aunque la mayoría trabaja en lo que puede. Casi todos, sin embargo, socializan entre ellos, juegan y son felices. No hay más que verles la cara; y la de un nino es incapaz de mentir.

Pero allí, al igual que en resto del mundo, también existen lugares para aquellos que o bien son abandonados conscientemente o bien se han quedado sin nadie. Las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta acogen a ninos con síndrome de Down, minusválidos, con parálisis cerebral o simplemente dejados en su puerta porque no eran "deseados".

En Etiopía tuve la suerte de conocer a uno de ellos; Kalamu, se llamaba. Paralítico cerebral, anclado a una silla de ruedas y sin apenas poder hablar, sus piernas y brazos eran palillitos. Tenía dolores, y eso se le notaba. Pero también tenía algo muy especial por dentro, que se mostraba hacia fuera en forma de una de las expresiones más bonitas que recuerdo. Es imposible no querer a alguien así. Y como a él, a tantos y tantos otros en la misma situación, en cualquier parte del mundo.

Probablemente, en un ámbito progresista Kalamu habría quedado en un "problema resuelto" con eso que llaman "interrupción voluntaria del embarazo"

Hoy ya no está en Etiopía, sino con la Madre Teresa. Subió a reunirse con ella hará cosa de un año, cuando sus fuerzas dijeron "basta". Kalamu irradió su magia gracias a haber nacido en Etiopía. Mejor dicho, gracia a haber nacido, a secas. Probablemente, en un ámbito progresista se habría quedado en un "problema resuelto" con eso que llaman "interrupción voluntaria del embarazo".

Es un claro ejemplo de la perversión a que nos puede llevar el lenguaje, como la de tildar de "derecho" a lo que no es sino el asesinato de un ser humano en pequeño. Todos merecemos la pena. Todos. Merecemos vivir, independientemente de cómo vengamos al mundo. Por fortuna, la teoría del superhombre de Nietzsche y su degeneración nazi según la cual sólo los más "puros" han de permanecer ya está superada ¿O no? Y qué tremendo contrasentido, que los que apoyan el aborto lo hacen gracias que en su momento nacieron, sin que nadie "interrumpiera" el embarazo de sus madres.

Comentarios

Comentarios

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Derecho a una vida digna de principio a fin

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En Madrid existió una Casa del Pecado Mortal. Se trataba de un caserón situado en la desaparecida calle del Rosal, cerca de la Gran Vía, que hacía las funciones de hospital de maternidad para mujeres solteras que se habían quedado embarazadas y que querían dar a luz discretamente.

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"Ha llegado el momento, el que tanto deseabas": Ángel ayuda a su mujer enferma a morir

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La muerte de María José Carrasco, enferma desde hace más de 30 años de esclerosis múltiple, después que su marido, Ángel Hernández, le facilitara la medicación definitiva para culminar su propósito, pone sobre la mesa otra vez -en este caso de manera dramática- el espinoso asunto de la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido. 21 años después de la muerte de Ramón Sampedro, los implicados también han grabado el proceso, en el que Hernández ayuda a su mujer a morir tras haberle suministrado una sustancia letal. Esta vez, sin embargo, no se trata como entonces de exculpar a quienes cooperaron en el deseo del enfermo, sino de asumir a conciencia las consecuencias penales previstas en el artículo 143 del Código Penal, en un afán de reivindicar el derecho a un suicidio asistido cuando una persona como María José así lo pida. Hernández, aunque liberado horas después, ha sido el primer detenido en España por esta razón, mientras la propuesta de ley orgánica impulsada por el PSOE sigue un trámite parlamentario plagado de obstáculos a la espera de una nueva legislatura que permita, como ha prometido Pedro Sánchez, regular la eutanasia de una vez por todas.

No se trata solo de despenalizar la eutanasia, sino de regular un proceso entendido como derecho individual incorporado a las prestaciones sanitarias, con una propuesta restrictiva en las prevenciones, pero, al mismo tiempo, más amplia que otras legislaciones similares en los supuestos. Las encuestas coinciden que más del 80% de la población está de acuerdo con la regulación. Es urgente que la nueva legislatura ponga todo el empeño en que sea así.

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La muerte de María José Carrasco, enferma desde hace más de 30 años de esclerosis múltiple, después que su marido, Ángel Hernández, le facilitara la medicación definitiva para culminar su propósito, pone sobre la mesa otra vez -en este caso de manera dramática- el espinoso asunto de la despenalización de la...

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¿Derecho a una vida digna o a una muerte digna?

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La despenalización de la eutanasia vuelve a centrar el debate mediático después de que se haya conocido el caso de Ángel Hernández y de María José Carrasco, tal y como lo hizo hace menos de un año, cuando el vecino Portugal se convirtió en el foco de atención al debatir en su Parlamento si finalmente daba el paso para convertirse en el cuarto país de Europa en despenalizar la muerte asistida. La respuesta de los representantes lusos fue 'no', manteniendo así una postura similar a la que hasta el momento tiene España, dónde a pesar de que la eutanasia ha sido un tema de debate recurrente en los últimos años, sigue estando penalizada.

De hecho, Ángel Hernández, el hombre que ayudó hace solo unos días a morir a su mujer enferma de esclerosis múltiple y después de que ella se lo hubiese pedido expresamente en diversas ocasiones, podría enfrentarse a una pena de de prisión y además, uno de los principales temores de la defensa en este momento, es que el caso pase a considerarse como violencia de género y sea juzgado en un tribunal especializado en la materia. Su caso, que está siendo muy mediático, ha provocado que el derecho a la muerte digna vuelva a estar sobre la palestra en España. ¿Pero cuál es la situación de la eutanasia en el resto del mundo? ¿Y concretamente, cómo se regula en España?

En nuestro país el Parlament de Cataluña propuso el pasado mayo al Congreso una ley para despenalizar la eutanasia. El texto en concreto -que contaba con el respaldo de Junts pel Sí, Partido Socialista Catalán, CatComú y la CUP, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP- proponía únicamente modificar el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, para que pudiesen quedar exentos de responsabilidad los que ayudan a morir "de manera segura, pacífica y sin dolor" a una persona que lo pida de forma "libre, expresa e inequívoca". Este artículo prevenía varios escenarios:

Penas de cuatro a ocho años de cárcel para los que "induzcan al suicidio" de otra persona.

Penas de dos a cinco años de cárcel a los que cooperen "con actos necesarios al suicidio de una persona".

Penas de seis a diez años de cárcel en caso de que esta cooperación llegue al punto de "ejecutar la muerte".

Penas inferiores en uno o dos grados a los señalados en los dos apartados anteriores para los que cooperen de forma activa con "actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad permanente y difícil de soportar".

Paloma Esteban

Finalmente el Congreso admitió a trámite esta la proposición de ley de la eutanasia, que pasó a estar impulsada por el PSOE y apoyada por la mayoría del Congreso. Sin embargo, el final de la legislatura y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril paralizaron el trámite sin que la proposición hubiese entrado siquiera en fase de ponencia.

Lo que no está penado en España es una especie de eutanasia pasiva, regulada por la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, que establece que el paciente tiene derecho "a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles", así como a "negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley".

Holanda, Luxemburgo y Bélgica: eutanasia, legal

Son los únicos tres países en los que la eutanasia está legalizada. Holanda fue el primero, en 2001, después de haber comenzado a regularla en 1993. El Gobierno neerlandés no considera delito punible la práctica de la eutanasia siempre que se ajuste a los requisitos previstos por ley, y solo a petición del paciente, no de sus familiares. Los menores también pueden estar sujetos a la eutanasia, que pueden solicitar ellos mismos a partir de los 12 años, aunque necesitan el consentimiento parental hasta los 16. Los menores hasta 18 años no necesitan consentimiento de los progenitores, pero en este caso los padres deben estar implicados en el proceso de toma de la decisión.

David Morales. La Haya

Bélgica prevé la eutanasia desde 2002 y desde 2014, también en menores de edad. Además, en el corazón de Europa la legislación prevé dos vías para la misma: para pacientes conscientes y para inconscientes. En el primero de los casos, es imprescindible que el solicitante de la eutanasia cumpla estos requisitos: que sea mayor de edad o menor con consentimiento paterno; que la petición se haya hecho de forma voluntaria, informada y reiterada; que su situación médica no prevea ninguna mejora; que se le hayan comunicado sus copciones; y que el médico que la vaya a practicar haya consultado a otro especialista.

Para enfermos que no se encuentren en fase terminal, el médico también tiene que pedir una segunda opinión y el periodo de reflexión entre la solicitud del paciente y el acto de la eutanasia debe ser superior a un mes. En el segundo caso, para pacientes no conscientes, éstos deben ser adultos o que hayan sido declarados con estatus de adulto; que se encuentre en una situación médica irreversible, ya sea por enfermedad o por accidente; que el doctor haya consultado a otro especialista;

En Luxemburgo, por su parte, la legislación también permite la eutanasia y el suicidio asistido desde 2009, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: estar consciente en el momento de la solicitud; no haber sido declarado como incapacitado para tomar decisiones; haber tomado la decisión sin presión externa; encontrarse en una situación médica sin perspectiva de mejora provocada por un accidente o una enfermedad y sufrir esta situación física o psicológica de modo constante e insoportable.

¿Qué pasa con Suiza?

El caso suizo llegó al foco mediático en las últimas semanas, con el caso del científico David Godall, de 104 años, que viajó a Suiza desde Australia para morir. En el país helvético el Código Penal prohíbe el suicidio asistido por "motivos egoístas", y también causar la muerte de una persona por "motivos encomiables, en particular, por compasión hacia el paciente". No obstante, el suicidio asistido por razones no egoístas no está específicamente regulado, por lo que, por omisión, se practica.

En Suiza, los pacientes deben suicidarse por su propia mano; es decir, ningún médico puede suministrar una inyección letal sin que ésto implique un procedimiento penal en su contra. Además, deben estar consistentemente seguros de que no quieren seguir viviendo y, por supuesto, no haber sido influidos en su decisión. En este caso existen una serie de asociaciones que facilitan la muerte asistida: Exit -a la que Godall recurrió para morir-, Dignitas, Ex International o Lifecircle.

Estados Unidos: legal en seis estados

En Estados Unidos es legal el suicidio asistido por legislación en cinco estados -Oregón, Vermont, Washington, Colorado y el Distrito de Columbia (DC)-, y en un sexto -Montana- por orden judicial. Esto no quiere decir que la eutanasia sea legal, ya que son conceptos diferentes. El método para llevarlo a cabo es distinto en cada uno de los estados, pero en todos implica la prescripción de un médico titulado, aprobada por el estado en el que resida el paciente.

Las condiciones también son diferentes en cada estado: en casi todos los casos el que practica la muerte asistida tiene que hacerlo de forma voluntaria. En DC, por ejemplo, para obtener la medicación se necesitan dos peticiones verbales por parte del paciente, separadas por un espacio temporal de 15 días. Además, hay que presentar un texto escrito, firmado y con fecha, antes de realizar la segunda solicitud verbal y al menos 48 horas antes de que se le dispense un medicamento.

Uruguay: ley del 'buen morir'

En 2014 Uruguay aprobó la Ley 18.473 de Voluntad Anticipada, que permite a todo mayor de edad y psíquicamente apto oponerse "a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos", siempre de forma voluntaria, consciente y libre, a no ser que afecte o pueda afectar a la salud de terceras personas. Desde el Gobierno uruguayo señalan que esta legislación no debe confundirse con la legalización de la eutanasia, ya que se trata de conceptos diferentes.

La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, recuerda que no debe ser confundida con eutanasia porque ésta implica acelerar el proceso de muerte de una persona, algo a lo que se opone la legislación vigente. Con la ley uruguaya se opta por dejar que la enfermedad siga su curso natural sin aplicar tratamientos que muchas veces son agresivos. En este sentido, la ministra precisa que la voluntad anticipada no implica dejar de calmar a la persona ni dejar de atenderla, porque la legislación prevé que todos los pacientes reciban cuidados paliativos. El objetivo central es evitar el "encarnizamiento terapéutico".

Japón, India y su 'muerte con dignidad'

En Japón no existen leyes ni directrices oficiales especiales sobre la eutanasia. Sin embargo, en los últimos años sí se ha diseñado una línea para seguir sobre la muerte con dignidad -el concepto de ' songenshi'-, que proporciona algunas normas del proceso de cuidados en fase terminal. Japón fue el primer país asiático en contar con jurisprudencia favorable a la eutanasia pasiva, que implica, no obstante, algunos requisitos indispensables: que el paciente sufra un dolor físico intolerable; que no existan medios posibles para mitigar el sufrimiento del paciente; que su muerte sea inminente y que haya una manifestación libre del paciente acerca de su voluntad de morir.

El pasado mes de marzo, el Tribunal Supremo de India reconoció el derecho a morir con dignidad como un derecho fundamental, al aprobar la eutanasia pasiva. Si bien sigue siendo ilegal la eutanasia activa, la muerte o suicidio asistido fue aceptada después del debate generado a propósito del caso de Aruna Shanbaug, una enfermera de un hospital de Bombay que permaneció en coma durante 42 años después de haber sido violada y estrangulada. Shanbaug, que falleció en 2015 a causa de una neumonía, sufrió daños cerebrales y quedó paralítica tras la agresión, cometida en 1973 por un guardia del centro médico. El concepto de eutanasia pasiva queda definido aquí como un proceso en el que se permite la muerte de un paciente al retirarle su tratamiento.

Asistencia a la muerte en Canadá

En febrero de 2015, el Tribunal Supremo de Canadá decidió modificar el Código Penal con el objetivo de satisfacer la carta de derechos y libertades del país. Así, en junio de 2016 publicó una nueva legislación que prevé exenciones en los delitos de homicidio culposo, atribuidos a aquellos que ayuden al suicidio, con el fin de permitir a médicos y enfermeros prestar asistencia en el proceso de muerte, entre otros aspectos.

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¿Es legal la eutanasia en España? Así está regulada la muerte asistida en el mundo

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La despenalización de la eutanasia vuelve a centrar el debate mediático después de que se haya conocido el caso de Ángel Hernández y de María José Carrasco , tal y como lo hizo hace menos de un año, cuando el vecino Portugal se convirtió en el foco de atención al debatir en su Parlamento si finalmente daba el paso para convertirse en el cuarto país de Europa en despenalizar la muerte asistida.