# data[].attributes.attachment_link.title
Protección de datos para centros educativos - Ayuda RGPD & LOPD

# data[].attributes.body
Leyes que regulan la protección de la imagen del menor

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Advierto que este será un artículo muy extenso, quizá demasiado, pero la materia no es sencilla, y temo quedarme parco en explicaciones.

Empezaré contándoles una anécdota. Hace bastantes años, una cliente del despacho que tiene un estudio de fotografía me consultó si podía tener problemas porque había realizado la típica fotografía de clase en un centro escolar y una madre se había quejado de que ella no había dado su consentimiento para que su hija saliera en dicha fotografía.

Aquella problemática se resolvió de buenas maneras, pero generó en la cliente una gran inquietud, tanta que no quiso hacer más fotografías de grupo, salvo que los padres o tutores autorizaran expresamente que sus hijos fueran fotografiados, pero ¿realmente es necesario el consentimiento expreso y previo de los padres o tutores para la realización de fotografías de clase o de grupo en un centro escolar?. La respuesta más rápida y sencilla sería un sí, pero -al amparo de la jurisprudencia- me atrevo a decir que NO, salvo que se incurra en intromisión ilegítima o se atente contra el honor y la dignidad del menor.

Los que tenemos cierta edad, guardamos con cariño aquellas fotografías de las diferentes clases y ningún padre o madre se alarmaba, por entonces, porque se captara la imagen de su hijo o hija. Bien es cierto que en los años 80 no existían las redes sociales ni el WhatsApp, ni nada parecido, y que la fotografía de la clase solía quedar guardada en un cajón o en el álbum familiar, en el mejor de los casos.

No quiero resultar cansino, pero si queremos tener una opinión fundada en Derecho, irremediablemente, tenemos que acudir a la normativa y a la jurisprudencia.

En primer lugar, cabe mencionar la Carta Europea de los Derechos del Niño, publicada en el D.O.C.E. nº C-241 de 21 de septiembre de 1992, que dispone lo siguiente: "Todo niño tiene derecho a ser protegido contra la utilización de su imagen de forma lesiva para su dignidad" y "todo niño tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales contra su honor".

A su vez, la Constitución española en su artículo 39 apartado 4 dispone: "Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

La protección reforzada de los menores ha sido reconocida por la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia, en el sentido de que, si bien todas las personas tenemos derecho a ser respetados en el ámbito de nuestro honor, intimidad y propia imagen, los menores lo tienen de manera especial, precisamente por la nota de desvalimiento que les define, por tratarse de personas en formación que son extremadamente vulnerables a los ataques de terceros. Ahora bien, la normativa establece matices.

El artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen dispone: "El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil". El artículo 162.1 del Código Civil establece que: "Los padres que ostenten la patria protestad tienen la representación legal de sus hijos menores no emancipados" exceptuando: "Los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo, de acuerdo con las Leyes y con sus condiciones de madurez, pueda realizar por sí mismo".

Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) en su artículo 7 apartado 1 con relación al "consentimiento de los menores de edad" establece lo siguiente: "El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años". Se exceptúan aquellos casos en los que la ley exija la "asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento" (por ejemplo, para abrir adquirir un inmueble no basta el consentimiento de un mayor de catorce años, pues la ley exige que sea mayor de edad, de forma que serán los padres o tutores quienes otorguen el consentimiento en su lugar, supliendo de este modo su falta de capacidad para contratar).

Respecto al concepto de "intromisiones ilegítimas" la Ley Orgánica 1/1982 establece en su artículo 7.5 que, entre otras, tendrán tal consideración los casos de "captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2" y "la utilización del nombre, de la voz, o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga" según lo dispuesto en el referido artículo 7 apartado 6.

Cuando se capta la imagen de un menor y se difunde en un medio de comunicación, y por analogía en Internet, el Tribunal Constitucional en su Sentencia 158/2009, de 29 de junio, dispuso que para que "la captación, reproducción o publicación por fotografía de la imagen de un menor en un medio de comunicación no tenga la consideración de intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen será necesario el consentimiento previo y expreso del menor si tuviere suficiente edad y madurez para prestarlo o el de sus progenitores o representantes legales, si bien el consentimiento será ineficaz para excluir la lesión del derecho a la propia imagen del menor si la utilización de su imagen en los medios de comunicación puede implicar menoscabo de su honra o reputación o ser contraria a sus intereses".

Son muchas las sentencias en las que se condena la captación y difusión de imágenes de menores sin el consentimiento previo y expreso de sus progenitores o tutores, salvo que sean mayores de catorce años y hubiesen dado su consentimiento previamente, o que se acredite la supremacía de un interés público en la difusión de dichas imágenes, o que no se incurra en intromisión ilegítima.

Podría señalar varios ejemplos, pero les pondré uno en el que el demandado fue condenado por la difusión de la imagen de un grupo de menores de edad en una conocida red social.

El caso fue resuelto por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en Sentencia de fecha 2 de enero de 2013 (Rec. 577/2011): El demandado "colgó" en su muro de Facebook, accesible para cualquier usuario de la red social, un vídeo de 1:51 minutos de duración, en el que se aprecia la conversación mantenida en el Zoológico de la Casa de Campo de Madrid entre un adulto (el demandado) y un grupo de cinco niños con uniformes escolares de entre 7 y 8 años, que miran a la cámara y cuyo rostro resulta identificable. El vídeo parece de lo más inocente pero el tribunal condenó al demandado y lo hizo "no apreciándose ni habiéndose tampoco alegado por el recurrente circunstancias de entidad que justifiquen la supremacía de un interés público en la difusión de las imágenes de los menores".

En otros casos la difusión de las imágenes de un menor, sin el consentimiento expreso de sus progenitores o representantes legales, no son condenadas y voy a contarles dos ejemplos:

El primero fue resuelto por la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia 34/2018 de 22 de enero de 2018 (Rec. 1232/2016): Se difunde la imagen de un menor vestido con el equipo deportivo de su club en una fotografía colectiva del equipo de hockey hierba masculino en su condición de campeón de la Copa Cataluña, sin mención de su nombre o de cualquier dato que permitiese su identificación. La imagen de grupo se difunde en la web del club, en el boletín informativo "El Drac" y en el Diario de Tarrasa de 30 de noviembre de 2013. El padre del menor presenta demanda por intromisión en el derecho al honor y a la propia imagen. El tribunal resuelve -con sentido común- que la publicación de la imagen del menor, vestido con los colores de su club, en una fotografía colectiva, sin mención de su nombre o de cualquier dato que permitiese su identificación, con el resto de jugadores y entrenadores del equipo, igualmente anónimos, no daña ni su honor ni su imagen ni le causa sufrimiento o padecimiento alguno, más bien al contrario, pues el Tribunal entiende que lo que "resultaría perjudicial para el menor, para su autoestima, estabilidad emocional y desarrollo integral, habría sido apartarlo de la fotografía del equipo en el que ha participado y a cuya victoria ha contribuido, negándole el reconocimiento público que sus compañeros de equipo sí recibirían". En consecuencia, el tribunal desestima íntegramente la demanda del padre y le impone las costas causadas en primera y segunda instancia.

El segundo caso lo resolvió el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, en su Sentencia 207/2017 de 30 de marzo de 2017 (Rec. 1744/2016): La demanda la formula la madre de una menor de dieciséis años y tiene su origen en la aparición en el diario "Montañés de Cantabria" del día 3 de diciembre de 2013 de una noticia bajo el siguiente titular: "Alumnos cántabros empeoran levemente en los resultados del informe PISA". La noticia se ilustraba con una fotografía de diversos jóvenes en actitud de estudio, siendo la hija de la demandante la que ocupaba la imagen central, pero no se identifica a ningún menor con su nombre y apellidos ni al centro escolar. El Tribunal Supremo falló en contra de la demandante y resolvió que: "La imagen de varias alumnas enriquece el contenido de la información que el periódico dirige a la opinión pública sobre la situación en la enseñanza en la Comunidad. No puede censurarse la reproducción de una imagen de forma neutral o inocua en un periódico que ni vulnera el superior interés de la menor. Por consiguiente, no ha existido vulneración del derecho de imagen de la menor". No solo desestima el recurso de casación, sino que condena a la madre a pagar las costas de instancia, apelación y casación. De ahí que antes de formular cualquier demanda uno deba sopesar la posibilidad de perder el pleito, pues en derecho todo es interpretable y, en consecuencia, cabe la posibilidad de ser condenado en costas.

Hoy en día, la gestión de la propia imagen es tremendamente complicada, porque cualquiera puede con la cámara de un teléfono móvil captar nuestra imagen y difundirla por Internet sin nuestro consentimiento, y es inevitable, pero en el caso de los menores hay que ser cautos para proteger su imagen. Por ello siempre se ha de actuar con sentido común, y también con cordura porque los extremos no son buenos y, al final, corremos el riesgo de estigmatizar al menor, convirtiéndolo en el "rarito" o la "rarita" de la clase que nunca salió en las fotografías de grupo por una sobreprotección de sus progenitores.

Así lo expuesto, en el caso que comenté al inicio, no creo indispensable recabar el consentimiento expreso y previo de los progenitores para captar una fotografía de grupo por un profesional en un centro escolar si los menores no se identifican con su nombre y apellidos, si se confunden entre iguales y si la imagen no atenta contra su derecho al honor e intimidad. Que no se crea indispensable, recabar el consentimiento expreso de los progenitores para realizar dichas fotografías, no impide que éstos puedan manifestar su deseo de que su hijo o hija no salga en las fotografías del centro escolar, pero una cosa es esto y otra, muy distinta, es pedir que todos los padres den su consentimiento previo y escrito para hacer una simple fotografía de grupo. Que se puede pedir el consentimiento, si eso tranquiliza al profesional y al centro escolar, pero resulta excesivo y, sin duda alguna, desproporcionado.

Obviamente, sin el consentimiento expreso de los progenitores, el centro escolar no hará un uso comercial de las imágenes de grupo, es decir, no podrá emplearla, por ejemplo, para promocionarse en su intención de captar nuevos alumnos en una campaña publicitaria. No obstante, según la Agencia Española de Protección de Datos, podrá publicar dichas imágenes en la web corporativa, aunque no tenga el consentimiento previo de los padres o tutores, si píxela la cara de los menores para proteger su identidad.

En todo caso, según el artículo 92 de la LOPDGDD, los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información. Cuando dicha publicación o difusión fuera a tener lugar a través de servicios de redes sociales o servicios equivalentes deberán contar con el consentimiento del menor (mayor de catorce años para que sea válido) o sus representantes legales.

Me voy a detener en este punto para realizar ciertas aclaraciones en relación a las actividades realizados por, o en, los centros escolares o educativos:

Con ocasión de la celebración de actos escolares o de eventos en centros educativos en los que los alumnos y profesores son los protagonistas, tanto por los familiares como por el propio centro se toman fotografías y se graban vídeos en los que se recogen sus imágenes. Esto da lugar a que se planteen muchas dudas sobre quién y cómo se pueden captar las imágenes, qué requisitos se han de cumplir, con qué finalidad y a quién se pueden comunicar.

Si la grabación la realiza el centro escolar con fines educativos, como trabajos escolares o evaluaciones, el centro está legitimado para dicho tratamiento, sin necesidad de recabar el consentimiento de los alumnos o de sus padres o tutores.

Cuando la grabación de las imágenes no se corresponda con dicha función educativa, se necesitará contar con el consentimiento previo de los interesados, a quienes se habrá tenido que informar con anterioridad de la finalidad de la grabación, en especial de si las imágenes van a estar accesibles de manera indiscriminada o limitada a la comunidad escolar.

Por otra parte, es muy frecuente que los padres y familiares de alumnos tomen fotografías y graben vídeos en eventos festivos, conmemorativos, deportivos o de otra índole, en los que participan los alumnos. Si las imágenes captadas quedan reservadas al ámbito privado, familiar y de amistad, no hay problema; pero si las imágenes se difunden fuera de esos ámbitos, por ejemplo, mediante su publicación en las redes sociales o a través de WhatsApp, quien transmita las imágenes o videos, sin el consentimiento de los interesados, asume la responsabilidad de tal acción frente a éstos por los daños y perjuicios que se les pudieren causar.

Cierto es que los centros educativos -al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- tienen autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar normas de organización y funcionamiento del centro, en base a las cuales, pueden prohibir o limitar que las familias graben los eventos escolares.

La Agencia Española de Protección de Datos -como Autoridad de control- se ha pronunciado al respecto del tratamiento de las imágenes de los menores en varias guías sectoriales y resoluciones. Comentaré una entre muchas (R/01082/2013, de 23 de julio de 2013, Nº PS/00733/2012):

La Asociación Projusticia para Damnificados por Decisiones Judiciales publicó en YouTube dos grabaciones de video con imágenes y voz de la denunciante y de sus hijos menores, captadas sin su conocimiento, y por tanto, sin su consentimiento. Por ello, se impuso una multa de 2.000 € por infracción grave y la obligación de indemnizar a los perjudicados con 1.000 € atendiendo a la especial protección que requiere la imagen de los menores de edad por ser un colectivo de especial vulnerabilidad.

En cualquier caso, la publicación de la imagen de una persona identificada o identificable en una revista, en un sitio web o en redes sociales constituye un tratamiento de datos personales que tiene que contar con el consentimiento previo del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos personales que han sido publicados provienen de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial previa entre el titular de los datos publicados y el responsable del tratamiento que resulte necesaria para el mantenimiento de dicha relación.

Para terminar un consejo para todos: hagan un uso responsable de las imágenes, propias y ajenas, y no se olviden que, desde el momento mismo que se comparte una imagen en redes sociales o por mensajería instantánea, se pierde el control de dicha imagen PARA SIEMPRE, y que ésta puede ser fácilmente alterada, modificada y desvirtuada. Podrán defender su derecho al honor y a la propia imagen ante los tribunales, y seguramente ganen el pleito si han dañado estos derechos, que tienen la consideración de fundamentales, pero recuerden que siempre "es mejor prevenir que curar".

Sé que este artículo es demasiado extenso, y pido disculpas por no saber resumirlo mejor, pero espero que, al menos, si han llegado hasta aquí, les haya resultado interesante.

# data[].attributes.attachment_link.title
El tratamiento de la imagen de los menores de edad. Análisis en profundidad | Protección Data

# data[].attributes.attachment_link.description
Advierto que este será un artículo muy extenso, quizá demasiado, pero la materia no es sencilla, y temo quedarme parco en explicaciones. Empezaré contándoles una anécdota.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Durante todo este periodo de confinamiento en casa, con los centros educativos cerrados y con la puesta en marcha de planes de Educación on line, la mayor parte de los profesores ha tenido que ponerse al día con las nuevas tecnologías, descargándose programas y aplicaciones de videollamadas e implementando nuevos proyectos metodológicos para poder enseñar a distancia. Precisamente, la rapidez y la imprevisión con la que se ha desarrollado esta situación ha hecho que surjan muchas dudas sobre la precaución y los riesgos a la hora de utilizar estas herramientas.

Durante este tiempo, son muy frecuentes preguntas de los docentes como ¿puedo grabar la videconferencia con Zoom?, ¿puedo hacer una foto de esa videoconferencia mientras estoy hablando con mis alumnos?, ¿puedo publicarlo después en la web del colegio o en las redes sociales?, ¿debo contar siempre con el consentimiento de los padres antes de publicar alguna imagen de los alumnos?

Agustín González Ibáñez, abogado y miembro de la Comisión de Menores de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), asegura que hay que partir de dos obligaciones básicas que tienen los centros educativos: "en primer lugar, tratar los datos de los menores de edad como correspondientes a un grupo vulnerable y especialmente protegido, conforme a la normativa vigente; y en segundo lugar, informar a los alumnos y a todo el personal del centro de la política de protección de datos". Él considera "muy importante homogeneizar en todo el centro educativo el conocimiento en protección de datos para que el cumplimiento sea más fluido".

Agustín González participó hace unas semanas en unas Jornadas de teleeducación y privacidad de los menores conectados organizadas por la APEP. Junto a él, intervino Mario de la Peña, también abogado y miembro de la Comisión de Menores de la organización, que hizo hincapié en la importancia de la figura del delegado de protección: "Es una de la principales novedades del nuevo reglamento de protección de datos que entró en vigor en mayo 2018, y cualquier centro educativo tiene que realizar un informe que acredite por qué es necesario el delegado".

Además, recordó que "si la dirección decide hacer un cambio en la forma de impartir docencia o cambiar las aplicaciones que los profesores utilizan, el delegado de protección de datos debe estar presente en la toma de decisiones".

Otro de los temas que suele dar problemas en los centros educativos es el tratamiento de imágenes en redes sociales. Según Agustín González, "hay que tener mucho cuidado con las imágenes que utilizamos, ya que debemos ponderar la finalidad ". De esa forma, si la finalidad es difundir el centro educativo, hay que velar siempre por los intereses del menor, evitar primeros planos, respetar su privacidad...

El abogado advierte de que "por más que tengamos el consentimiento de la familia, hay que ponderar siempre los intereses del menor a la hora de publicar imágenes en redes sociales con la finalidad de difundir el centro". De la Peña también insiste en valorar la necesidad de subir las fotos a las redes sociales, y por supuesto, revisar antes el reglamento interno del centro. "Debemos tener establecido qué personas o profesores pueden usar esas fotos y a qué redes sociales pueden subirlas", señala.

Respecto al consentimiento, en España se puede ejercitar a partir de los 14 años, es decir, a esa edad los menores ya pueden gestionar sus imágenes en las redes sociales y también pueden tomar decisiones sobre el tratamiento de sus imágenes. De hecho, la mayoría de las redes sociales permiten que los mayores de 14 años ya puedan abrirse perfiles, porque si no serían los padres o tutores los que tendrían que autorizarlo.

De la Peña recuerda que "uno de los puntos de la ley orgánica de protección jurídica del menor indica que los padres, igual que los docentes, tienen la obligación a proteger la intimidad y la propia imagen de sus hijos". Por eso recomienda que pensemos que "cuando publicamos una imagen en una web o en una red social, después no vamos a poder controlar dónde va esa imagen ni qué se hace con ell a".

Desde su punto de vista, "lo idóneo es tener una red interna en el colegio para poder publicar esas imágenes, porque de la otra forma puede generarse una huella digital cuya expansión es muy difícil de controlar".

# data[].attributes.attachment_link.title
La protección de la imagen del menor debe prevalecer en la enseñanza a distancia - Magisnet

# data[].attributes.attachment_link.description
Durante todo este periodo de confinamiento en casa, con los centros educativos cerrados y con la puesta en marcha de planes de Educación on line, la mayor parte de los profesores ha tenido que ponerse al día con las nuevas tecnologías, descargándose programas y aplicaciones de videollamadas e implementando nuevos proyectos metodológicos para poder enseñar a distancia.

# data[].attributes.headline
Guía de Protección de datos en centros educativos 

# data[].attributes.subject
Guía de Protección de datos en centros educativos 

# data[].attributes.headline
Consecuanecias del mal uso de la imagen del alumnado

# data[].attributes.subject
Consecuanecias del mal uso de la imagen del alumnado

# data[].attributes.body
El tratamiento inadecuado de la imagen del alumnado puede conllevar fuertes sanciones al colegio, además de ser susceptible de acarrear la apertura de un expediente disciplinario al trabajador que no haya obrado con la debida diligencia. Las sanciones que son tipificadas como de carácter leve, dependiendo del contexto en el que se produzca la acción, oscilan entre los 600 y los 60.000 Euros, subiendo hasta los 600.000 Euros en el caso de sanciones de tipo muy grave. En las resoluciones publicadas por la AEPD se pueden consultar diversas multas impuestas a centros escolares por infracciones relacionadas con el tratamiento de imágenes, especialmente en el caso de menores de edad.

# data[].attributes.body
Si contamos con autorización, podemos compartir las imágenes o vídeos con el resto de familias de un grupo, las de todo el centro, o publicarlas en redes sociales y sitios web del colegio. Aquí cabe diferenciar entre la autorización para compartir las imágenes del alumnado con otras familias del centro (para lo que debemos asegurar que se comprueba la identidad de las personas que acceden, por ejemplo con usuario y contraseña), y la autorización más amplia que permite la publicación de imágenes del alumnado en Internet.

# data[].attributes.headline
Permiso para uso de fotografías en los centros

# data[].attributes.subject
Permiso para uso de fotografías en los centros

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
Grupo Atico34 | Protección de datos Madrid