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"Cual fue el efecto de la Pandemia de Covid-19; en las carceles argentinas" 

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"Cual fue el efecto de la Pandemia de Covid-19; en las carceles argentinas" 

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El reclamo de los reclusos de varias carceles, se manifestaron; luego de que la Justicia liberara; a algunos presos por delitos de corrupcion; caso Amado Boudou, Luis D Elia; entre otros. La excusa del avance del coronavirus, los internos pidieron trato igualitario, y mas medidas de bio-seguridad.

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Devoto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el penal donde se vivió la mayor tensión.

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Celulares en las cárceles: los presos tendrán permitido comunicarse por WhatsApp pero no podrán usar las redes sociales

Tras la autorización de la Justicia, se estableció un protocolo de utilización de dispositivos móviles en los penales bonaerenses que fue remitido a todas las unidades penitenciarias y que tendrá validez hasta que culmine la cuarentena obligatoria

Este lunes, el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos a los presos de los penales de la provincia de Buenos Aires hasta que finalice el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno nacional para minimizar la propagación del coronavirus.
La razón fue posibilitar la continuidad de los vínculos de los internos con sus familias y amigos, ya que mientras perdure la cuarentena las visitas de sus seres queridos permanecerán suspendidas. El Servicio Penitenciario Bonaerense, por su parte, ya había permitido el ingreso de mercadería y productos de limpieza ante las protestas en penales como la Unidad N°54 de Florencio Varela y Batán.

Conforme a la resolución, la Subsecretaría de Política Criminal Dirección Provincial contra el Delito Complejo estableció un protocolo para que el SPB lo implemente en las 57 cárceles -con 45 mil internos- que están a su cargo.
Según se informó, las autoridades del SPB registrarán las marcas, los modelos, el número de identificación internacional de equipo móvil (IMEI) y el número de tarjeta de módulo de identificación de abonado (chip o tarjeta SIM) de los dispositivos.

Cada teléfono, ordenador portátil o tablet se registrará con el nombre del recluso, que será el responsable de todas las comunicaciones que se realicen desde cada uno de ellos. La paradoja a vigilar es obvia: usar el teléfono para comunicarse con sus familias o para cometer delitos tras las rejas.

Los presos podrán solicitar el artefacto electrónico por escrito a un allegado que podrá acercarlo a la dependencia que corresponda. En tanto que para el caso de quienes ya lo poseen en prisión, podrán regularizar su tenencia y utilización.
El protocolo establece condiciones para las comunicaciones mediante teléfono celular: estas pueden a efectuarse a cualquier hora del día, aunque solo podrán realizarse en los recintos de alojamiento. De tal modo, está prohibida la utilización de dispositivos móviles en los pabellones, pasillos, espacios educativos, laborales y cualquier ámbito que no sea de alojamiento.
“Las personas privadas de la libertad que cuenten con teléfonos celulares podrán utilizar también las líneas de telefonía fija del establecimiento penitenciario. En ningún caso el SPB se hará cargo del costo de las comunicaciones”, se agrega en el documento.
Los dispositivos móviles no podrán contar con memoria extraíble y ante un eventual extravío o robo, el recluso responsable deberá denunciar de inmediato esta circunstancia a la autoridad penitenciaria.
A quien infrinja este reglamento se le incautará el artefacto, a la vez que se labrarán las actuaciones administrativas y/o denuncia penal correspondientes.

El SPB advirtió que “el acceso a internet a través de cualquiera de los dispositivos tecnológicos autorizados deberá limitarse estrictamente a contenidos que guarden relación con los objetivos de este protocolo”, es decir facilitar el contacto con familiares y afectos como el acceso a información relativa a la situación procesal de cada uno, y, por último, el desarrollo educativo y cultural.
A partir de estas condiciones, se prohibió el uso de redes sociales, con excepción de la aplicación WhatsApp.
“Si la persona detenida estuviera procesada o condenada por hechos cometidos a través de redes sociales o mediante el uso de dispositivos telefónicos, la autoridad penitenciaria podrá inhabilitarle la cámara al dispositivo móvil del que resulte responsable o establecer condiciones de uso específicas para el caso en concreto”, indica el reglamento.
Las decisión judicial de permitir el uso de celulares contó con el aval de las autoridades penitenciarias de cada penal. Incluso algunos de ellos señalaron que si bien es algo que no está permitido en las cárceles, desde la declaración de la emergencia sanitaria esos controles se relajaron y el resultado fue que bajaron los conflictos que se generaron en el marco de la emergencia sanitaria.

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Celulares en las cárceles

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Celulares para los internos, al estar restringidas las visitas de familiares.

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Presos con celulares: qué dice la ley

No tienen permitido el uso de dispositivos móviles aunque en algunas provincias la situación es distinta. Tras la viralización del video del penal mendocino Almafuerte, en el que se ve a algunos presos torturando y filmando a otro recluso de 25 años que cumple una condena por abuso sexual, el uso de los celulares en las cárceles se convirtió en el eje de la polémica.

En ese sentido, la normativa exige a los reclusos no tener elementos electrónicos no autorizados, como lo son los teléfonos celulares. Asimismo, los familiares de los internos no pueden ingresar equipos móviles o elementos de comunicación personal o los destinados al almacenamiento, captación o reproducción de imágenes, sonidos o textos.

Así lo establece el inciso C del artículo 18 del Decreto 18/97 y el F del artículo 22 del Decreto 1136/97 con el que el gobierno de Carlos Saúl Menem reglamentó ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad nº 24.660.

Además, ese inciso del artículo 18 también establece que se trata de una “infracción grave”.

En relación a las sanciones para ese tipo de faltas y según el artículo 19 del Decreto 18/97, establece: “permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta quince días ininterrumpidos; permanencia en su alojamiento individual o en celda cuyas condiciones no agraven ilegítimamente la detención, hasta siete fines de semana sucesivos o alternados; traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso; traslado a otro establecimiento”.

Las reglamentaciones no son las mismas en cada uno de los servicios penitenciarios provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Penitenciarios emitió una Resolución en septiembre de 2017 en la que reguló el uso de celulares.
La normativa avalada por el gobierno del socialista Miguel Lifschitz estableció como “regla general” que “estarán prohibidos los celulares”, pero no para todos los reclusos.
Se estableció entonces que hay “excepciones” para los detenidos (procesados o condenados) que tengan un expediente de “buena conducta” y “no sean considerados de alta peligrosidad” para la población.
En el caso de Río Negro, a partir de enero de este año, se reglamentó el uso de los celulares en las cárceles: hasta dos horas por día y sin acceso a Internet. El Ministerio de Seguridad de esa provincia había anunciado el plan para que los detenidos tengan una acceso muy limitado a los dispositivos móviles.
De acuerdo a las autoridades de Seguridad, los presos utilizan desde las redes sociales hasta las cámaras de fotos para delinquir desde sus celdas, cuestión que motivó a lanzar la nueva normativa.

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Qué dice el acuerdo que firmaron los presos y el Gobierno para levantar el motín de Devoto

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Qué dice el acuerdo que firmaron los presos y el Gobierno para levantar el motín de Devoto

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El viernes, la cárcel de Villa Devoto se vio trazada por un violento motín que iniciaron los internos del penal a raíz de una serie de reclamos que querían hacer llegar a las autoridades. Tras 9 horas de distintos escenarios violentos en los que hubo peleas, incendios y violencia hacia los guardiacárceles, representantes del Gobierno y delegados que representaron a los presos firmaron un acuerdo que dio fin al revuelo y trajo la paz nuevamente a los pabellones.

“En la mesa de diálogo señalada se tratarán los siguientes puntos”, establece el documento. Y enumera: la implementación de acordadas dictadas por la Cámara Federal de Casación y la Cámara Nacional de Casación; la ley de cupo; compensaciones y conmutaciones de penas; extranjeros con domicilio en la República Argentina; informes médicos realizados por forenses; tratamiento de los diferentes tipos de métodos alternativos para el cumplimiento de la pena, “principalmente los grupos de riesgo y cercanos al cumplimiento de la pena”. Este último punto es esencialmente el que arrastra la furia actual de los privados de la libertad y que motivó el motín de este viernes.

Según los internos, fue el contagio de un penitenciario, confirmada por autoridades del Servicio Penitenciario, lo que derivó en el aislamiento de detenidos que luego les sirvió como excusa para llevar adelante acciones extremas, en medio de una ola judicial de pedidos de excarcelación. Las protestas durante las últimas semanas fueron más leves, con ruidos y mensajes por WhatsApp. Pero este viernes los presos subieron un peldaño en la escalada. Fue tras un motín en la Unidad N°23 de Florencio Varela, donde murió un preso de un tiro.

El motín comenzó en la mañana del viernes en la planta uno, con narcos y detenidos que estudian en el sistema universitario del penal, hubo fuego, incendios y posteriormente otros reclusos se sumaron. Los guardias del Servicio Penitenciario Federal no pudieron contenerlos y como consecuencia del motín, 11 penitenciarios resultaron heridos con quemaduras leves. No obstante, fuentes del SPF celebraron que el motín haya terminado sin represión ni heridos graves.

Martín Mena, el secretario de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y una de las firmas representativas del Gobierno, se comprometió ante los delegados de los pabellones “a no realizar traslados de internos cuyo origen sean los hechos ocurridos en el día de la fecha y cualquier otro motivo que pueda interpretarse como represalia a los hechos acaecidos”.

“El acta es para que termine todo hoy, se presenten jueces federales y no haya traslados ni represión”, confirmó a Infobae. La idea es que el sábado se avance en una revisión de los casos que podrían obtener la prisión domiciliaria mientras dure la pandemia. Se trata de los internos que tienen prisión preventiva, los que gozan de salidas transitorias o libertad asistida, o personas con problemas de salud preexistentes al Covid-19 y los que están muy próximos a obtener la libertad.

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ULTIMAS NOTICIAS SOBRE LA CRISIS CARCELARIA ARGENTINA 

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ULTIMAS NOTICIAS SOBRE LA CRISIS CARCELARIA ARGENTINA 

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La Corte bonaerense revocó la liberación masiva de presos y los jueces deberán analizar cada caso en particular

El tribunal eligió la palabra “re-encauzar” a la hora de admitir el recurso contra la decisión de Casación. Cuáles fueron los argumentos del fallo y cuáles las pautas que fijó para hacer lugar a los pedidos