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El Fistrap de Perú registró numerosos casos de explotación laboral infantil en los últimos años (2022-2023). En estas se puede destacar el trabajo forzoso y la esclavitud como las más recurrentes, con un total de 39 y 4 casos respectivamente. Los lugares con mayor incidencia de estos delitos son distritos de menores recursos como Callao y Loreto.

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La explotación de niños tiene varias formas y el madrinazgo es otra de ellas. Esta se basa en en capturar niñas de bajos recursos y desprotegidas por su familia para luego ser llevadas a la casa del secuestrador. Su labor en este lugar sería realizar las mismas tareas que hace una ama de casa.

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La mendicidad consiste en utilizar niños para que vendan dulces por las calles. Este trabajo forzoso es de los que más se evidencian especialmente en nuestra capital, incluso en los barrios o distritos más ricos. Puede tener origen en distintas dificultades de una familia como por ejemplo, bajos recursos y usan al niño para que consiga dinero, o sino alquilan al niño para que un grupo se beneficie de la venta de los dulces. Finalmente, termina perjudicando al desarrollo integral del pequeño, debido a que se le deniega el derecho a estudiar y se le expone a los peligros de la calle.

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La modalidad de damas de compañía consiste en que menores vayan a bares con hombres a consumir bebidas alcohólicas. Por cada bebida consumida, la victima cobra una parte del precio de esta. Acá el peligro es que tomen alcohol, y esten expuestos a ser explotados sexualmente.

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Garantizar un futuro prometedor para los niños y adolescentes peruanos implica la lucha contra el trabajo infantil, que no solo viola sus derechos y afecta su bienestar, sino que también perpetúa la desigualdad y la pobreza. Es de suma importancia que eliminar el trabajo infantil se convierta en una prioridad y que se implementen medidas efectivas para proteger a los niños y garantizar su crecimiento en un entorno seguro con acceso a una educación adecuada.

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La ratificación del convenio n° 189 de la OIT sobre trabajo doméstico es importante, ya que más de 450,000 personas en Perú trabajan en el hogar y la mayoría son mujeres que enfrentan condiciones de desigualdad y discriminación. La ratificación busca mejorar los derechos de las trabajadoras del hogar, que a menudo están expuestas al abuso y la explotación. El Estado peruano se ha comprometido a adecuar su legislación para cumplir con los nuevos estándares internacionales, especialmente en poblaciones vulnerables como niños y trabajadores migrantes.

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A pesar de la reducción del trabajo infantil en los últimos seis años, el problema persiste, especialmente en áreas menos urbanizadas del país. Se ha implementado una Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que involucra a instituciones públicas en objetivos clave, como reducir la pobreza de familias con menores en riesgo y mejorar la educación y protección de los niños.

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Este acuerdo destaca derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad sindical, la erradicación del trabajo forzoso, del trabajo infantil y de la discriminación en el empleo, para aquellos que desempeñan labores remuneradas y subordinadas en hogares. Además, reconoce ventajas como la formalización de contratos y la posibilidad de acceder a la seguridad social, prestando especial atención a la protección de los derechos de los menores y de los trabajadores migrantes.