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La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.

El Estado es uno e indivisible

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.

Este artículo se refiere a la descripción de los principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado peruano, como se establece en la Constitución del Perú. Vamos a desglosarlo:

1. Democrática: Significa que el poder emana del pueblo y se ejerce en su nombre. En una democracia, los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas.

2. Social: Implica que el Estado peruano tiene un compromiso con la justicia social, buscando garantizar el bienestar y los derechos de todos sus ciudadanos. Esto puede incluir políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, promover la igualdad de oportunidades y proteger los derechos laborales.

3. Independiente y soberana: Esto se refiere a la capacidad del Estado peruano para tomar decisiones y actuar de manera autónoma, sin interferencia externa. La independencia y la soberanía son principios fundamentales en el derecho internacional y aseguran que un país tenga el derecho de determinar su propio destino sin presiones externas indebidas.

4. Estado uno e indivisible: Esto significa que el territorio del Perú es una unidad única e indivisible. No se reconoce la posibilidad de secesión o división del país.

5. Gobierno unitario, representativo y descentralizado: El gobierno peruano se organiza de manera que haya una autoridad central (unitaria) que representa al conjunto del país, pero también se establece una descentralización que permite una mayor autonomía a las regiones y localidades. Esto busca asegurar una gestión más eficiente y cercana a las necesidades específicas de cada área geográfica y cultural.

6. Principio de la separación de poderes: Se refiere a la división del poder del Estado en tres ramas independientes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esta separación busca evitar la concentración de poder en una sola entidad y garantizar el equilibrio y la supervisión mutua entre los diferentes órganos del Estado.

La importancia de estos principios radica en que establecen las bases fundamentales sobre las cuales se organiza y opera el Estado peruano. Proporcionan un marco legal y político que garantiza la estabilidad, la justicia y el funcionamiento democrático de la sociedad peruana. Además, reflejan los valores y las aspiraciones del pueblo peruano en cuanto a la forma en que desean ser gobernados y organizados como nación.

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Artículo 52.
La idea principal del articulo es que la nacionalidad peruana se otorga a quienes nacen en Perú, a los nacidos en el extranjero de padres peruanos registrados correctamente, y a aquellos que adquieren la nacionalidad por naturalización o por opción y residen en el país.

Es esencial porque define quiénes son ciudadanos peruanos, sus derechos y responsabilidades, y su pertenencia a la comunidad nacional, lo que influye en su acceso a servicios, beneficios y participación en la vida democrática del país.

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Artículo 53.

La ley define cómo se puede obtener o recuperar la nacionalidad, y destaca que la nacionalidad peruana solo se pierde mediante renuncia expresa ante una autoridad peruana.

Este principio es crucial para preservar la identidad nacional y los derechos de los ciudadanos peruanos al definir claramente las reglas para adquirir, recuperar o perder la nacionalidad, lo que garantiza estabilidad y claridad en las políticas migratorias y ciudadanas del país.

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El drama de los peruanos en el extranjero que luchan por recuperar su nacionalidad

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Diferentes países en el mundo impiden que un ciudadano tenga dos nacionalidades. Noruega era uno de ellos, por lo que María Teresa Gonzáles-Otoya Arrese tuvo que renunciar a ser peruana para poder seguir trabajando. Ahora, pese a la reforma en el país nórdico, una traba burocrática le impide volver a ser legalmente peruana.

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Artículo 54.

La idea principal es que el territorio del Estado, que incluye su suelo, subsuelo, dominio marítimo y espacio aéreo, es inalienable e inviolable. El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre su dominio marítimo y espacio aéreo, respetando las libertades de comunicación internacional según la ley y los tratados ratificados.

La importancia radica en establecer la soberanía y los límites del Estado sobre su territorio, asegurando la protección de sus recursos y derechos jurisdiccionales, así como facilitando la regulación de actividades dentro de estas áreas de acuerdo con las normas internacionales y los tratados ratificados.

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Sumilla: Los hijos de peruanos deben tener siempre el mismo derecho a ser considerados "peruanos por nacimiento", indistintamente del hecho fortuito de haber nacido dentro o fuera del territorio nacional.

Según la Constitución Política vigente, la nacionalidad es un derecho fundamental de todos. Nadie puede ser despojado de su nacionalidad, que no se pierde salvo por renuncia expresa. Y aún en caso de renuncia expresa, un peruano puede siempre recuperar su nacionalidad.

La nacionalidad peruana se puede adquirir por nacimiento, o por naturalización u opción. Por nacimiento, cuando uno ha nacido en el territorio nacional, tal como figura en el artículo 52 de la Constitución, y es lo que se conoce como "derecho del suelo" o , en latín. Por naturalización u opción, en cambio, cuando uno es extranjero y cumple con ciertos requisitos, entre los cuales destaca tener residencia en el Perú.

Nótese que en el primer supuesto la nacionalidad peruana se genera en el momento mismo de nacer y por el mismo hecho del nacimiento. No es, pues, que uno nace en territorio peruano y acto seguido se vuelve peruano, como si se tratara de dos hechos sucesivos en el tiempo. Se trata de un solo hecho, el nacimiento, y quien nace en el territorio peruano es peruano, indistintamente de la nacionalidad de sus progenitores, sean estos peruanos o extranjeros.

Agrega el mismo artículo 52 de la Constitución que "también lo son -peruanos por nacimiento- los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos", que es lo que se conoce como "derecho de la sangre" o Ius sanguinis, en latín. Y habida cuenta que el elemento fundamental del Estado es la Nación y que la nacionalidad no es sino la pertenencia a ésta, resulta obvio y evidente que la filiación es el medio natural de la transmisión de dicha pertenencia, es decir de la nacionalidad.

En la lógica de este supuesto, al igual que en el anterior, la nacionalidad tampoco se agrega a la persona que acaba de nacer. Muy por el contrario, esa persona nace con la nacionalidad de sus progenitores porque tiene la misma sangre que ellos, mediante la cual le transmiten así su nacionalidad. Como en el primer supuesto, la nacionalidad es inherente al acto mismo del nacimiento y no un acto distinto y posterior a éste.
El problema de los peruanos nacidos en el exterior
Pero el artículo 52 de la Constitución adolece de un pequeño defecto, pues su segunda proposición termina con la frase siguiente: "inscritos en el registro correspondiente durante su minoría de edad", lo que significa que la condición de "peruano por nacimiento", que la hija o hijo de un peruano o peruana han recibido a través de la sangre de sus progenitores al momento de nacer, se puede perder irremediablemente si el menor en cuestión no fue inscrito en el Consulado del Perú de la ciudad donde nació, es decir por una mera omisión administrativa.

En aplicación de dicha disposición constitucional, se puede dar el caso -lo que de hecho sucede con no poca frecuencia- que el hijo de un extranjero que ha nacido en el territorio nacional tenga la nacionalidad peruana -y sea considerado, además, "peruano por nacimiento"- mientras que el hijo de un peruano nacido en el exterior no la pueda tener porque no llegó a ser inscrito en el Consulado peruano correspondiente durante su minoría de edad y se vea en la obligación de adquirirla "por opción", como si fuera extranjero.

Más aún, ese hijo de extranjero, que es considerado "peruano por nacimiento" por haber nacido en el territorio nacional, puede vivir toda su vida fuera del Perú, no tener ningún vínculo o arraigo con el Perú y seguir siendo considerado "peruano por nacimiento", mientras que el hijo de un peruano nacido en el exterior y que no fue inscrito en el Consulado correspondiente puede vivir toda su vida en el Perú y no llegar a ser considerado nunca "peruano por nacimiento", no obstante sentirse totalmente peruano y, de hecho, serlo.

O puede suceder también que un peruano tenga dos hijos en el extranjero pero solo inscribe a uno en el Consulado pero no al otro, de manera que el primero es considerado "peruano por nacimiento" mientras que el otro, si quiere ser peruano, tendría que hacer sus trámites en el Perú para adquirir la nacionalidad peruana como si fuera extranjero. Y siendo ambos hijos de peruanos, el segundo nunca podrá tener los mismos derechos que el primero -su propio hermano y en su propia patria- ya que algunos puestos públicos están reservados únicamente para "peruanos por nacimiento". Este es un claro caso de violación del principio constitucional de igualdad ante la ley.

Pero hay un problema adicional que puede afectar negativamente a hijos de peruanos que nacen en países que solo reconocen el principio de Ius sanguinis pero no aquel de . En tales países, si el hijo de peruanos no es inscrito en el Consulado correspondiente, simplemente no tendrá ninguna nacionalidad, ni la peruana porque tendría que residir en el Perú para adquirirla "por opción", como si fuera extranjero, ni aquella de su lugar de nacimiento por no ser hijo de nativos de dicho país. En una palabra, podría volverse así un apátrida.

¿Es todo esto razonable y justo? ¿Está esta disposición constitucional en armonía con el conjunto de disposiciones constitucionales? ¿Es esto constitucional a pesar de estar estipulado textualmente en la Constitución? El sentido común y la lógica más elemental sugieren una respuesta negativa, que no se trataría sino de una situación que puede generar efectos absurda y perversamente discriminatorios. Veamos.
Los defectos del artículo 52 de la Constitución
Razonable no podría ser, bajo ningún aspecto, desde el momento que un derecho fundamental e inherente a la persona por nacer junto con ella, cual es la nacionalidad, y que es consagrado no solo en el artículo 2 de la Constitución sino también en el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pueda ser eliminado por el simple hecho que los padres del menor no cumplieron -por una diversidad de motivos- con inscribirlo en el Consulado correspondiente. Es decir, por una simple omisión administrativa.

Justo, aún menos, puesto que se penaliza a una persona por algo de lo cual no podía tener conocimiento alguno durante su minoría de edad debido a dicha condición y que, por la misma razón, no estaba en sus facultades hacer. No podría ser, pues, justo, bajo ningún punto de vista, que una persona que nació en un hogar legítimamente peruano, pero fuera del territorio nacional, pierda su condición de "peruano por nacimiento" -que sí tuvo mientras fue menor de edad, aunque sin poder acreditarlo- por algo que sus padres dejaron de hacer o no pudieron hacer en su momento.

Por otro lado, hay una clara violación al derecho constitucional de igualdad ante la ley, toda vez que la única diferencia entre los hijos de peruanos nacidos en el Perú y los hijos de peruanos nacidos en el extranjero pero no inscritos en el Consulado correspondiente es la circunstancia fortuita de no haber nacido en el territorio nacional. A ningún peruano nacido de padres peruanos en el territorio nacional se le quita la nacionalidad por el mero hecho de no tramitar a tiempo la inscripción de su nacimiento el Registro de Estado Civil.

Finalmente, no debemos olvidar que, según el artículo 53 de la Constitución, "la nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante autoridad peruana". Dicho de otro modo, la renuncia "expresa" de la nacionalidad implica, necesariamente, un acto de voluntad que debe ser también "expreso" de parte del ciudadano que desea dejar de ser peruano. Es el propio interesado el único que puede manifestar su voluntad de renunciar a la nacionalidad peruana.

Y sin embargo, los hijos de padres peruanos nacidos en el exterior -y no inscritos en el Consulado correspondiente- se ven confrontados ante un hecho irremediable que equivale en la práctica a una "renuncia expresa" a la nacionalidad peruana por el solo hecho de una omisión administrativa de parte de sus padres y de la cual no tienen absolutamente ninguna responsabilidad. En este caso, el derecho a la nacionalidad peruana se pierde en clara violación del artículo 53 de la Constitución.
La solución al problema
Pero la solución es, en realidad, bastante más sencilla de lo que se podría pensar. Se trataría simplemente de eliminar del artículo 52 de la Constitución la frase "durante su minoría de edad" del final de la segunda proposición del citado artículo constitucional, de manera que todos los hijos de peruanos nacidos en el extranjero tendrían toda su vida para ejercer y acreditar su condición de "peruanos por nacimiento", además de evitar caer -en caso de nacer en ciertos países- en una situación de apatridia.

Tal fue la solución planteada por la congresista Luz Salgado Rubianes, de Fuerza Popular, a mediados de setiembre de 2016 en su proyecto de ley de reforma constitucional 402/2016-CR, con lo cual se hubiese resuelto el predicamento de tantos hijas e hijos de peruanos que no pueden tener la nacionalidad peruana "por nacimiento" simplemente por descuido o desconocimiento -entre otros posibles motivos- de sus progenitores.
El dictamen de la Comisión de Constitución
La congresista Salgado, siendo aún Presidenta del Congreso, visitó brevemente la Comisión de Constitución, durante su sesión del día 2 de mayo de 2017, para presentar su proyecto de reforma constitucional, que debía ser examinado formalmente en la sesión siguiente. En dicha ocasión, hubo solo una pregunta y tres expresiones de adhesión de parte de los congresistas asistentes.

En su sesión del 9 de mayo de 2017, la Comisión de Constitución abordó formalmente el tema y, en lugar de acoger una solución tan sencilla como acertada, su Presidente presentó un predictamen en que, confundiendo el derecho a la nacionalidad "por nacimiento" tanto con el derecho a la nacionalidad a secas como con el derecho a acceder a ciertos cargos públicos electivos -cuya postulación sí exige ser "peruano por nacimiento"- se proponía "fijar como límite la edad a partir de la cual se puede acceder al más alto cargo público representativo de alcance nacional; es decir, el de Presidente de la República, treinta y cinco años".

En dicha sesión, curiosamente, no hubo ningún debate y el citado predictamen, que modificaba la propuesta de la congresista Salgado con el agregado: "hasta los treinta y cinco años de edad, conforme a ley", fue aprobado por nueve votos y una abstención.

El debate y votación en el Pleno del Congreso

En la sesión del Pleno del día 24 de agosto de 2017, sin embargo, la propuesta sustitutoria de la Comisión de Constitución sí suscitó un debate, del cual emergió un consenso claro sobre la conveniencia de eliminar el plazo de los 35 años, pero quedó cual apéndice la frase "conforme a ley". Esta última no solo es innecesaria, sino que involucra además un riesgo en tanto deja abierta la posibilidad de que el derecho fundamental a la nacionalidad pueda verse ulteriormente sujeto a limitaciones por la vía legal.

Uno de los principales argumentos esgrimidos en contra del proyecto de la congresista Salgado en el Pleno era que, si no se ponía un plazo para la inscripción consular, un peruano radicado desde muchos años en el exterior podía regresar al Perú y pretender ser candidato a la Presidencia de la República o aspirar a otro cargo público alto que exige que el aspirante sea "peruano por nacimiento".

Este argumento es tan ingenuo como perverso, toda vez que también podría darse el caso del hijo de "extranjeros" que, por el mero hecho fortuito de haber nacido en el territorio nacional, tendría el derecho constitucional de ser considerado "peruano por nacimiento" y, por eso mismo, de postular a la primera magistratura del Perú, aun cuando no tenga vinculación de ningún tipo con nuestro país.

La propuesta de la congresista Salgado, con la modificación señalada, fue finalmente aprobada en el Pleno por 102 votos, cinco en contra (Acción Popular) y una abstención (Frente Amplio); y deberá ser ratificada en la legislatura siguiente por una votación de dos tercios del número legal de congresistas para que surta sus efectos modificatorios en el texto constitucional, de conformidad con los procedimientos de reforma constitucional previstos en el artículo 206 de la Constitución vigente.

El problema de fondo es que los hijos de peruanos nacidos en el exterior pierden, por el simple hecho de no haber sido inscritos en el Consulado correspondiente, no sólo el derecho a ser considerados legalmente peruanos sino, por añadidura, "peruanos por nacimiento", a diferencia de aquellos hijos de peruanos nacidos también en el exterior que sí fueron inscritos en el Consulado más cercano a su lugar de nacimiento.

La eliminación del plazo de inscripción del nacimiento en el Consulado correspondiente de los hijos de madre o padre peruanos en el exterior es la manera más sencilla y acertada para resolver el predicamento de muchos "peruanos" que se han visto privados de su nacionalidad por una mera omisión administrativa de la cual no tienen ninguna responsabilidad y constituye un acto de justicia elemental que debe ser apoyado sin reserva.

Todo hijo o hija de peruano o peruana tienen un derecho innato a la nacionalidad peruana "por nacimiento", que se origina en el hecho mismo de nacer con la sangre de sus progenitores peruanos (Ius sanguinis) e indistintamente del hecho fortuito de haber nacido dentro o fuera del territorio nacional. Dicho de otro modo, los hijos de los peruanos que nacen en el exterior no adquieren la nacionalidad peruana, sino que nacen con ella.

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El derecho a la nacionalidad peruana de los hijos de peruanos nacidos en el exterior

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Sumilla: Los hijos de peruanos deben tener siempre el mismo derecho a ser considerados "peruanos por nacimiento", indistintamente del hecho fortuito de haber nacido dentro o fuera del territorio nacional. Según la Constitución Política vigente, la nacionalidad es un derecho fundamental de todos.

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Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior.

Este artículo se refiere a los deberes primordiales que el Estado peruano tiene hacia sus ciudadanos y su territorio, según lo establecido en la Constitución del país. Vamos a analizarlo:

1. Defender la soberanía nacional: Esto implica proteger la independencia política y territorial del país frente a cualquier amenaza externa. El Estado tiene la responsabilidad de salvaguardar la integridad y la autonomía del Perú como nación.

2. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos: El Estado debe asegurar que todos los ciudadanos tengan sus derechos humanos protegidos y respetados. Esto incluye derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y la participación política, entre otros.

3. Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad: El Estado tiene la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público dentro del país, protegiendo a los ciudadanos de amenazas como la delincuencia, el terrorismo, los desastres naturales y otras emergencias.

4. Promover el bienestar general basado en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación: Esto implica que el Estado debe trabajar para garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los ciudadanos, asegurando el acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y empleo, así como promover un desarrollo económico sostenible y equilibrado en todas las regiones del país.

5. Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración latinoamericana: El Estado peruano debe gestionar sus fronteras de manera efectiva, estableciendo políticas que protejan los intereses nacionales y promuevan la integración con los países vecinos, especialmente en el contexto latinoamericano. Esto incluye fomentar la cooperación regional en áreas como el comercio, la seguridad y el desarrollo económico y social.

La importancia de estos deberes radica en que establecen las responsabilidades fundamentales del Estado hacia su población y su territorio. Garantizan la protección de los derechos y la seguridad de los ciudadanos, así como el fomento del bienestar y el desarrollo nacional. Además, promueven la integración regional y la cooperación internacional, contribuyendo así a la estabilidad y el progreso del país en el contexto global.

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El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la constitución y las leyes establecen.

Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye rebelión o sedición.

Este artículo establece un principio fundamental en la organización política del Estado peruano: el poder emana del pueblo y es ejercido por sus representantes, pero dentro de los límites y responsabilidades establecidos por la Constitución y las leyes del país.

1. Poder emanado del pueblo: Este principio subraya que la autoridad del Estado no proviene de una fuente externa o divina, sino del propio pueblo. Es decir, los ciudadanos son los titulares del poder soberano y tienen la capacidad de elegir a sus representantes y participar en la toma de decisiones políticas a través de mecanismos democráticos.

2. Limitaciones y responsabilidades establecidas por la Constitución y las leyes: Aunque el pueblo es la fuente del poder estatal, este poder está sujeto a restricciones y obligaciones establecidas por la Constitución y las leyes del país. Esto implica que el ejercicio del poder debe realizarse dentro de un marco legal y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

3. Prohibición de arrogarse el ejercicio del poder: El artículo también establece que ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede tomar el poder por la fuerza o sin el respaldo legítimo del pueblo. Hacerlo constituye rebelión o sedición, es decir, una acción ilegal que atenta contra el orden constitucional y la estabilidad del Estado.

La importancia de este artículo radica en que consolida los principios democráticos y el estado de derecho en el sistema político peruano. Afirma la soberanía popular como base del gobierno legítimo y establece límites claros al ejercicio del poder, evitando así la arbitrariedad y garantizando la estabilidad institucional. Además, protege contra posibles intentos de usurpación del poder por parte de grupos o individuos que no cuenten con el respaldo democrático del pueblo.

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Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes.

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas.

Este artículo establece dos puntos fundamentales en relación con la legitimidad del gobierno y la actuación de quienes ocupan funciones públicas en el marco del orden constitucional:

1. Desobediencia a un gobierno usurpador: Se refiere a que ningún ciudadano está obligado a obedecer a un gobierno que haya llegado al poder de manera ilegítima, es decir, mediante un golpe de estado o cualquier otro medio que viole la Constitución y las leyes del país. Esto significa que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de rechazar y resistir activamente a cualquier gobierno que haya usurpado el poder de manera ilegal.

2. Derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional: Este punto establece que la población civil tiene el derecho de rebelarse y tomar medidas para defender el orden constitucional cuando este se ve amenazado por un gobierno usurpador o por cualquier individuo o grupo que actúe en violación de la Constitución y las leyes. La insurgencia puede manifestarse de diversas formas, como protestas pacíficas, desobediencia civil o incluso resistencia armada en situaciones extremas.

La importancia de este artículo radica en su contribución a la preservación de la democracia y el estado de derecho. Al afirmar que nadie está obligado a obedecer a un gobierno ilegítimo y al reconocer el derecho de la población a insurgir en defensa del orden constitucional, se establece un mecanismo de salvaguarda contra la tiranía y el abuso de poder. Además, al declarar nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, se busca evitar que dichas acciones tengan validez legal y se protege la integridad de las instituciones democráticas. En resumen, este artículo fortalece los principios de legalidad, legitimidad y participación ciudadana en el sistema político.

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La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley. El estado está exonerado del pago de gastos judiciales.

Este artículo establece dos aspectos importantes relacionados con la representación legal del Estado y sus obligaciones financieras en el ámbito judicial:

1. Responsabilidad de los Procuradores Públicos en la defensa de los intereses del Estado: Los Procuradores Públicos son funcionarios encargados de representar legalmente al Estado en asuntos judiciales. Su función principal es defender los intereses y derechos del Estado en procesos legales, ya sea en demandas interpuestas contra el Estado o en acciones que el Estado decida emprender para proteger sus intereses. Este artículo afirma que la responsabilidad de representar al Estado en los tribunales recae en estos procuradores, quienes actúan conforme a lo que establece la ley.

2. Exoneración del pago de gastos judiciales por parte del Estado: Esta parte del artículo establece que el Estado está exento de pagar los gastos judiciales. Esto significa que, en los procesos legales en los que el Estado esté involucrado, no está obligado a cubrir los costos relacionados con el proceso, como tasas judiciales, honorarios de abogados, costos de peritaje, entre otros. Esta exoneración tiene como objetivo aliviar la carga financiera sobre el Estado y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.

La importancia de este artículo radica en garantizar que el Estado pueda defender sus intereses de manera efectiva en los tribunales y que no se vea obstaculizado por cuestiones financieras. Al designar a los Procuradores Públicos como responsables de esta tarea y eximir al Estado del pago de gastos judiciales, se asegura que el Estado cuente con la representación legal adecuada y se promueve la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Esto contribuye a fortalecer el estado de derecho y a garantizar la protección de los intereses del Estado en el ámbito judicial.

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"LA LEY ACTUAL NOS BRINDA LA POSIBILIDAD QUE LAS RESOLUCIONES QUE APRUEBAN LOS PAGOS DE COSTAS Y COSTOS EN PERÚ SE HAN CONVERTIDO EN TÍTULOS EJECUTABLES, Y PUEDEN SER EJECUTADOS SUBSECUENTEMENTE ANTE EL PODER JUDICIAL POR MEDIO DE UN PROCEDIMIENTO RÁPIDO"

En esta oportunidad nos corresponde pronunciarnos sobre la concesión de las costas y costos en Perú por parte de la administración a la parte vencedora en los procedimientos de infracción por uso indebido de marcas registradas.

Esta terminología es utilizada en los procedimientos administrativos en virtud de la aplicación supletoria de la normativa Procesal Civil debido a lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, que señala literalmente:

a)PRIMERA.-
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

Costas y costos en Perú según el código Procesal Civil

Artículo 410.- Costas
Las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso.

Artículo 411.- Costos
Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial.

En este caso entiéndase que las referencias al Poder Judicial (palabra "judiciales") es referencia a la administración, v.g. en el caso de "tasas judiciales", debe entenderse "tasas administrativas" y así sucesivamente.

Por otro lado, en cuanto a lo señalado en el artículo 411, debe tenerse en cuenta que no es de aplicación lo relativo al porcentaje destinado al Colegio de Abogados de la localidad donde se ha llevado el procedimiento debido a que para la defensa en procedimientos administrativos ante el INDECOPI no es obligatoria la asesoría por parte de abogados (aunque sí es recomendable dada la especialización de los temas que se ventilan en la referida institución).

Definición útil de costas y costos

Con este marco jurídico podemos efectuar una definición útil para el propósito de la presente exposición. Por costos se entiende todo lo que ha costado el procedimiento (honorarios, gastos operativos, etc.), mientras que las costas la constituyen las tasas administrativas y otros gastos similares realizados dentro del procedimiento.

La legislación actual contempla la posibilidad de que las resoluciones que aprueban liquidaciones de costas y costos se conviertan en títulos ejecutivos, es decir, que puedan ser ejecutadas posteriormente ante el Poder Judicial mediante un proceso que es relativamente rápido en comparación con el resto de procesos judiciales (aproximadamente 5 meses).

Por este motivo debe tenerse especial cuidado en adjuntar la documentación que de cuenta de la forma más detallada posible de la existencia y valor de los conceptos costas y costos en Perú, ya que ello va a dar lugar a un título que será fácilmente ejecutable ante el Poder Judicial, pudiendo garantizarse, en consecuencia, con las medidas cautelares que la ley procesal contempla.

Nos interesa referirnos a dos precedentes que ha expedido la Administración con relación a estos temas. En una resolución se aprobó una liquidación de US $8,202.00 por concepto de costos y S/. 727.25 por concepto de costas (Res. N.º 1957-2012/CSD-INDECOPI). En otra se aprobó una liquidación de US$ 1,668.75 por concepto de costos y S/. 367.50 por concepto de costas (Res. N.º 1951-2012/CSD-INDECOPI).

¿Como efectuar el cobro?

Una sugerencia valiosa para el caso en que se necesite efectuar el cobro de las costas y costos es tener la contabilidad debidamente organizada para que se pueda contar con toda la información que requiere la Administración para tener por acreditados las costas y costas que se pretende recuperar.

En caso de tributos que se hayan pagado de manera fraccionada, debe adjuntarse la documentación correspondiente e informar de los motivos del fraccionamiento a la Administración para que pueda acreditarse el requisito contemplado en el artículo 418 del Código Procesal Civil, que señala a la letra:

Artículo 418.- Procedencia de los costos-
Para hacer efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados, el juez aprobará el monto.

Este es otro requisito que se debe tener en cuenta para efectuar la liquidación de costas y costos, ya que claramente evita que cualquiera pueda inventar costas fantasmas, sin que haya habido pago real de honorarios.

Conclusión

En suma, la liquidación de costas y costos es un instrumento muy útil para aquellos usuarios que han incurrido en gastos elevados para reclamar la protección de sus derechos de propiedad intelectual, permitiendo el reembolso de aquellos gastos que no se hubiesen generado si es que los eventuales infractores respectaran los derechos concedidos por la administración.

Por consiguiente, es necesario reconocer el valor de estas herramientas que nos brinda el D.L. Nº 1075, actual ley de propiedad intelectual peruana, a los empresarios titulares de marcas, al permitir que se pueda recobrar lo gastado en la protección de los derechos de propiedad intelectual mediante una vía que asegurará la ejecución judicial de la resolución aprobatoria respectiva, con todas las ventajas en cuanto a posibilidad de recobro se refiere que ella trae consigo, especialmente la posibilidad de embargar o secuestrar bienes de los infractores, en caso no paguen en efectivo lo adeudado.

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TUO del Código Procesal Civil actualizado al mes de marzo de 2022.

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Costas y Costos en procedimientos de infracción en Perú

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Caso de concesión de las costas y costos en Perú en los procedimientos de infracción. ESTUDIO DELION Solidez - Experiencia - Éxito

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Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley.

Este artículo establece el reconocimiento oficial de varios idiomas en el Perú, así como el compromiso de proteger y promover la diversidad lingüística del país. Aquí está su explicación y su importancia:

1. Idiomas oficiales: El artículo menciona que el castellano es el idioma oficial de Perú. Esto significa que el castellano es el idioma utilizado en la administración pública, en los documentos oficiales, en la educación formal y en la comunicación oficial del gobierno.

2. Reconocimiento de otros idiomas: Además del castellano, el artículo reconoce que en las zonas donde predominen, también son oficiales el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes. Esto significa que estas lenguas también tienen un estatus oficial en esas áreas específicas, lo que implica que tienen el derecho de ser utilizadas en la administración pública, la educación y otros ámbitos oficiales en esas regiones donde son predominantes.

3. Importancia de la diversidad lingüística: Este artículo es importante porque reconoce y respeta la diversidad lingüística y cultural del Perú. La existencia de múltiples idiomas oficiales refleja la riqueza cultural del país y promueve la inclusión de todas las comunidades lingüísticas en la vida pública y en el acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica.

4. Protección de los derechos lingüísticos: Al reconocer oficialmente otras lenguas además del castellano, se protegen los derechos lingüísticos de las comunidades que hablan estas lenguas. Esto incluye el derecho a recibir servicios públicos en su lengua materna, el derecho a la educación en su idioma y el derecho a preservar y promover su propia cultura y tradiciones lingüísticas.

En resumen, este artículo es importante porque afirma el compromiso del Estado peruano con la diversidad cultural y lingüística, y garantiza el respeto y la protección de los derechos lingüísticos de todas las comunidades en el país.

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La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco.

Son símbolos de la Patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, blanco y rojo, el escudo y el himno nacional establecidos por ley.

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Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.

Este artículo establece la relación entre el Estado peruano y la Iglesia Católica, así como el respeto y la colaboración con otras confesiones religiosas. Aquí se explica su significado y su importancia:

1. Reconocimiento de la importancia histórica, cultural y moral de la Iglesia Católica: El artículo reconoce el papel significativo que la Iglesia Católica ha desempeñado en la formación histórica, cultural y moral del Perú. Esto implica que el Estado reconoce la influencia y la contribución de la Iglesia Católica en la sociedad peruana a lo largo del tiempo, tanto en aspectos culturales como en la formación de valores morales y éticos.

2. Colaboración entre el Estado y la Iglesia Católica: El Estado peruano se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en áreas donde su intervención pueda beneficiar a la sociedad. Esta colaboración puede manifestarse en diversas formas, como en la promoción de programas sociales, la preservación del patrimonio cultural religioso o la participación en actividades de carácter educativo o asistencial.

3. Respeto a otras confesiones religiosas: Además de reconocer la importancia de la Iglesia Católica, el artículo también establece que el Estado respeta otras confesiones religiosas. Esto significa que el Estado reconoce la diversidad religiosa de la sociedad peruana y garantiza la libertad de culto y la igualdad de derechos para todas las confesiones religiosas presentes en el país.

4. Posibilidad de colaboración con otras confesiones religiosas: El artículo también abre la posibilidad de establecer formas de colaboración entre el Estado y otras confesiones religiosas diferentes a la Iglesia Católica. Esto implica que el Estado puede trabajar en conjunto con otras comunidades religiosas en áreas de interés común, siempre respetando los principios de laicidad y pluralismo religioso.

La importancia de este artículo radica en promover la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad religiosa en el Perú. Reconoce el papel histórico y cultural de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo garantiza la igualdad de derechos para todas las confesiones religiosas y fomenta la colaboración entre el Estado y las diferentes comunidades religiosas en beneficio de la sociedad.

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La constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. La publicidad es esencia, para la vigencia de toda norma del Estado.

Este artículo establece el principio de jerarquía normativa en el ordenamiento jurídico del Perú y enfatiza la importancia de la publicidad en la vigencia de las normas estatales. Aquí se explica su significado y su importancia:

1. Prevalencia de la Constitución: El artículo establece que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre todas las demás normas legales. Esto significa que cualquier ley, decreto u otra normativa debe estar en consonancia con lo dispuesto en la Constitución. La Constitución es la base sobre la cual se fundamenta todo el sistema jurídico del país y establece los principios fundamentales sobre los cuales se organiza el Estado y se garantizan los derechos de los ciudadanos.

2. Jerarquía de las leyes: Además de la Constitución, el artículo establece que las leyes ocupan una posición superior a las normas de inferior jerarquía, como los reglamentos o las resoluciones administrativas. Esto implica que las leyes son vinculantes y obligatorias para todos los ciudadanos y autoridades, y que cualquier norma de rango inferior que contradiga una ley es nula en la medida de esa contradicción.

3. Publicidad como esencia para la vigencia de las normas: El artículo destaca la importancia de la publicidad para la vigencia de las normas estatales. Esto significa que las normas deben ser conocidas por la población en general para que puedan ser cumplidas y respetadas. La publicidad garantiza la transparencia y la legalidad en la aplicación de las normas y permite que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones.

La importancia de este artículo radica en establecer un marco jurídico claro y coherente, donde la Constitución ocupa el lugar más alto en la jerarquía normativa y donde se reconoce la importancia de la publicidad para la validez y eficacia de las normas estatales. Esto asegura la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la legitimidad de las acciones del Estado, promoviendo así el estado de derecho y la democracia en el país.

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Carbonel Almerco, Julieta Sofía

Cotrina Espinoza, Maricarmen

Leon Norabuena, Juana Laura

Meza Lujan, Rafael

Romani Tafur, Natalia Xiomara

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En este articulo el Presidente actúa como Jefe del Estado y simboliza la nación, asegurando que sea una figura representativa del país. Para ser elegido, es necesario ser peruano por nacimiento, tener al menos 35 años de edad al momento de la postulación y tener plenos derechos de sufragio. Estos requisitos buscan garantizar que el presidente tenga una conexión profunda con el país y la madurez necesaria para liderar.

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El Artículo 111 establece que el Presidente de la República y dos vicepresidentes son elegidos mediante sufragio directo, requiriéndose más de la mitad de los votos para ganar. Si ningún candidato logra esta mayoría absoluta en la primera vuelta, se organiza una segunda elección entre los dos candidatos con más votos. Los votos nulos y en blanco no se cuentan en el total. Este sistema busca asegurar que el Presidente tenga un fuerte respaldo popular y refuerza la legitimidad y estabilidad del gobierno.

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Este artículo establece que el período de mandato del Presidente es de cinco años y prohíbe la reelección inmediata. Un ex presidente debe esperar al menos un período constitucional completo antes de poder postularse nuevamente, bajo las mismas condiciones iniciales. Esto ayuda a evitar la concentración prolongada de poder en una sola persona y promueve la renovación política.

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Este artículo especifica las circunstancias bajo las cuales la Presidencia de la República se declara vacante: muerte del Presidente, incapacidad permanente moral o física declarada por el Congreso, renuncia aceptada por el Congreso, ausencia del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo establecido, y destitución tras ser sancionado por infracciones graves. Estas condiciones ayudan a mantener la integridad y la funcionalidad del cargo presidencial, asegurando que solo individuos capaces y autorizados ocupen la posición.

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Este artículo indica que el ejercicio de la Presidencia puede suspenderse en dos casos: cuando el Presidente está temporalmente incapacitado, según lo determine el Congreso, y cuando está siendo sometido a un proceso judicial según el artículo 117 de la Constitución. Estas medidas se toman para garantizar la estabilidad y legalidad en el gobierno en situaciones de incapacidad temporal o procesos legales pendientes

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Este artículo establece la línea de sucesión presidencial en caso de impedimento temporal o permanente del Presidente de la República:

1. Impedimento temporal: El Primer Vicepresidente asume las funciones presidenciales, seguido por el Segundo Vicepresidente si el primero no está disponible.

2. Impedimento permanente: El Presidente del Congreso asume interinamente la presidencia y convoca a elecciones para elegir un nuevo Presidente.

Esta disposición es crucial para garantizar la continuidad y estabilidad del gobierno en situaciones de emergencia o vacancia presidencial.

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El artículo 116 establece que el Presidente de la República presta juramento y asume su cargo ante el Congreso el 28 de julio del año en que se lleva a cabo la elección presidencial. Esto significa que la investidura oficial del Presidente ocurre en una fecha específica y ante el órgano legislativo del país. Esta disposición es importante porque marca el inicio formal del mandato presidencial y simboliza la transición de poder de manera institucionalizada.

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El artículo 117 establece las únicas circunstancias en las que el Presidente puede ser acusado durante su mandato, incluyendo traición a la Patria, interferencia en elecciones y obstaculización del funcionamiento de órganos electorales y del Congreso. Estas restricciones protegen la estabilidad política y evitan acusaciones injustificadas contra el Presidente durante su período.

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El artículo 118 enumera las responsabilidades y poderes del Presidente de la República. Su importancia radica en que establece las funciones esenciales del jefe de Estado y gobierno, delineando claramente sus atribuciones y obligaciones para dirigir el país. Algunas de las responsabilidades clave incluyen representar al Estado, dirigir la política general del gobierno, convocar elecciones, dirigir la política exterior, administrar la hacienda pública, declarar la guerra y firmar la paz, y ejercer medidas extraordinarias en situaciones económicas y financieras. Este artículo es crucial para definir el alcance y la autoridad del Presidente, garantizando así el funcionamiento efectivo del gobierno y la administración del país.

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El artículo 194 establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, con autonomía en asuntos de su competencia. Define la estructura de gobierno local, con el Concejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador, y la Alcaldía como órgano ejecutivo. Además, regula la elección de alcaldes y regidores, su mandato y la renuncia para postular a otros cargos. Es crucial porque garantiza la autonomía y funcionamiento efectivo de las municipalidades, así como la transparencia en los procesos electorales locales.

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El artículo 195 es importante porque define las competencias y responsabilidades de los gobiernos locales en el Perú. Establece que estos promueven el desarrollo económico local y prestan servicios públicos en coordinación con las políticas nacionales y regionales. Entre sus competencias destacan la aprobación de su organización interna y presupuesto, la elaboración de un plan de desarrollo local en consulta con la sociedad civil, la administración de sus bienes y rentas, la creación de tributos locales, la gestión de servicios públicos locales, la planificación urbana y rural, el fomento de inversiones y el desarrollo de actividades en áreas como educación, salud, vivienda, medio ambiente, transporte, turismo y cultura. Este artículo garantiza la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales para responder a las necesidades específicas de sus comunidades.

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El artículo 196 es crucial porque define los bienes y rentas de las municipalidades en el Perú. Estos incluyen sus propios bienes, los tributos y tasas que les son asignados por ley, así como los ingresos generados por concesiones y servicios. Además, menciona la asignación de recursos específicos del Fondo de Compensación Municipal y del canon, así como transferencias específicas del presupuesto. Esta disposición es esencial porque garantiza a las municipalidades los recursos necesarios para cumplir con sus funciones y responsabilidades en el ámbito local, asegurando así el desarrollo y bienestar de las comunidades que representan.

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El artículo 197 destaca la importancia de las municipalidades en promover la participación ciudadana en el desarrollo local y en brindar servicios de seguridad ciudadana en cooperación con la Policía Nacional del Perú. Esta disposición subraya el papel fundamental de las municipalidades como facilitadoras del involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones locales y en la mejora de su entorno. Además, resalta su responsabilidad en la garantía de la seguridad ciudadana, colaborando con las fuerzas policiales para mantener el orden y la protección de los residentes. En resumen, este artículo enfatiza el compromiso de las municipalidades con el bienestar y la participación activa de los ciudadanos, así como con la seguridad y el orden en sus jurisdicciones.

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El artículo 198 es importante porque establece el régimen especial para la Capital de la República y las municipalidades de frontera en Perú. Destaca que la Capital no forma parte de ninguna región y tiene un tratamiento especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, señala que la Municipalidad Metropolitana de Lima opera dentro de la provincia de Lima. Esta disposición reconoce la singularidad de la Capital y de las municipalidades ubicadas en zonas fronterizas, asegurando un marco legal adecuado para su funcionamiento y desarrollo.

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El artículo 199 es crucial porque establece los procesos de fiscalización y rendición de cuentas de los gobiernos regionales y locales en Perú. Se asegura que estos gobiernos sean supervisados por sus propios órganos de fiscalización, así como por la Contraloría General de la República. Además, se enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la formulación de presupuestos y en la rendición de cuentas anual, garantizando transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.

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La descentralización es un proceso permanente que busca el desarrollo integral del país.

Su objetivo es distribuir el poder y las responsabilidades a nivel regional y local.

La descentralización permite una mayor participación ciudadana y una gestión más eficiente de los recursos públicos.

Por ejemplo imaginemos un municipio que toma decisiones sobre la construcción de infraestructura local, como parques y escuelas, en lugar de depender exclusivamente del gobierno central.

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Artículo 189 - Derechos Fundamentales de la Persona:

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Artículo 189 - Derechos Fundamentales de la Persona:

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Defensa de la persona humana y respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado2.

Garantiza derechos como la vida, identidad, integridad moral y física, igualdad ante la ley, libertad de conciencia y religión, y libertades de información y expresión.

Establece que el concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorezca.

Pongamos como ejemplo uque na persona puede expresar libremente sus opiniones en medios de comunicación sin temor a represalias. Además, el acceso a la información pública es un derecho fundamental.

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Artículo 190 - Derecho a la Seguridad Social:

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Artículo 190 - Derecho a la Seguridad Social:

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El Estado determina la política nacional de salud y es responsable de diseñarla y supervisar su aplicación.

Busca garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud para todos los ciudadanos.

La seguridad social abarca no solo la salud, sino también otros aspectos como la pensión, seguro de desempleo y prestaciones sociales.

Pongamos como ejemplo que un ciudadano tiene acceso a atención médica gratuita en un centro de salud local y puede acceder a programas de pensiones para su jubilación.

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Artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única.

El número de congresistas es de ciento treinta. El Congreso de la República se elige por un período de cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la Presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a congresistas. Los candidatos a vicepresidentes pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso.

Para ser elegido congresista, se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido veinticinco años y gozar de derecho de sufragio.

La idea principal del artículo establece que el Poder Legislativo en Perú reside en un Congreso de una sola cámara con 130 congresistas. Detalla las condiciones para ser congresista, como ser peruano de nacimiento y tener al menos 25 años. Es importante porque define la estructura y funcionamiento del órgano legislativo, garantizando un sistema democrático y representativo en el país.

Artículo 91. No pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado al cargo seis (6) meses antes de la elección:

1. Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el Defensor del Pueblo.

3. El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

4. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad, y

5. Los demás casos que la Constitución prevé.

El artículo establece las restricciones para ser elegido como miembro del Parlamento Nacional en Perú, prohibiendo a ciertos funcionarios ocupar simultáneamente cargos en otros organismos del Estado. Es importante para garantizar la separación de poderes y mantener la imparcialidad en el sistema político del país.

Artículo 92. La función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso.

El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional.

El artículo establece que los congresistas deben dedicarse a tiempo completo a sus funciones y prohíbe que ocupen otros cargos o trabajen en empresas con contratos estatales o concesiones durante su mandato, salvo excepciones autorizadas. Busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la gestión pública.

Artículo 93. Los congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación.

El artículo establece que los congresistas representan a la Nación, tienen inmunidad por sus opiniones y votos en el ejercicio de sus funciones, y solo pueden ser procesados por delitos comunes cometidos durante su mandato, siendo competencia de la Corte Suprema de Justicia. Garantiza la independencia legislativa y establece un marco jurídico para su responsabilidad penal.

Artículo 94. El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley; elige a sus representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones; establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía;sanciona su presupuesto; nombra y remueve a sus funcionarios y empleados, y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley.

El artículo establece que el Congreso de Perú tiene la autonomía para elaborar su reglamento, elegir representantes en comisiones, gestionar su economía, sancionar su presupuesto, y nombrar y remover a sus funcionarios. Garantiza la capacidad del Congreso para organizar y gestionar su funcionamiento interno de manera independiente.

Artículo 95. El mandato legislativo es irrenunciable.

Las sanciones disciplinarias que impone el Congreso a los representantes y que implican suspensión de funciones no pueden exceder de ciento veinte días de legislatura.

El artículo establece que el mandato legislativo en Perú es irrenunciable y limita las sanciones disciplinarias del Congreso a un máximo de ciento veinte días de legislatura. Garantiza estabilidad en la representación parlamentaria y protege los derechos de los congresistas.

Artículo 96. Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios.

El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley.

El artículo otorga a los representantes del Congreso el derecho de solicitar informes a diversas entidades estatales, y establece que estas solicitudes deben hacerse por escrito. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental, al permitir un mayor control y supervisión por parte del Congreso.

Artículo 97. El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial.

Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.

El artículo permite al Congreso iniciar investigaciones sobre asuntos de interés público, con facultades para requerir comparecencias e información relevante. Esto fortalece el control y supervisión del Congreso sobre el gobierno y promueve la transparencia y rendición de cuentas, aunque sus conclusiones no son vinculantes para los órganos judiciales.

Artículo 98. El Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.

Es importante porque clarifica el protocolo y los límites en el uso de las fuerzas de seguridad en relación con el Congreso, garantizando la separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo.

Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado: a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas.

El artículo otorga a la Comisión Permanente la facultad de acusar ante el Congreso a diversas autoridades por infracción a la Constitución o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, hasta cinco años después de haber cesado en ellas. Esto fortalece el control y la rendición de cuentas sobre las altas autoridades del Estado.

Articulo 100

Consiste en el poder que tiene el congreso sobre un acusado político.

Es importante para poder delimitar específicamente la participación del congreso.

Artículo 101

Consiste en la designación de los miembros de la comisión permanente del congreso.

Es importante ya que se designa puestos de suma importancia en el.poder legislativo.

Articulo 102

Consiste en las atribuciones que hace el congreso.

Es importante ya que se especifican las principales atribuciones del congreso.

Articulo 103

Consiste que cada ley es irrevocable pero se puede derogar por otra ley.

Es importante porque hace que la constitución no apamra el abuso del derecho.

Articulo 104

Consiste en que el congreso puede delegar al poder ejecutivo la facultad de legislar.

Es importante ya que permite al poder ejecutivo legislar en situación de crisis.

Articulo 105

Consiste en que ningún proyecto de ley puede sancionarse sin antes haber sido aprobado.

Es importante para no excluir leyes en proceso que puedan ayudar o repercutir en funcionarios políticos o en el país.

Articulo 106

Consiste en que las leyes orgánicas regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del estado.

Es importantes para regular el funcionamiento de las entidades del estado.

Articulo 107

Consiste en que el presidente y los congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de nuevas leyes.

Es importante ya que da la facilidad a los funcionarios de formar nuevas leyes.

Articulo 108

Consiste en que el presidente debe promulgarse en un plazo máximo de 15 días.

Es importante para hacer seguimiento al presidente.

Artículo 109

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación oficial.

Es importante porque así define desde cuando se debe cumplir una ley nueva.

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#Congreso aprobó dictamen que regula la #política salarial para los auxiliares de #educación.

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¿Cómo funcionan las elecciones al Congreso en el Perú?