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https://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n32/n32a2.pdf

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https://definicion.de/acoso/

https://theconversation.com/anger-aggression-and-violence-it-matters-that-we-know-the-difference-82918

https://kdlawgroup.com/blog/2020/08/how-can-i-tell-the-difference-between-psychological-and-emotional-abuse/

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https://www.healthline.com/health/what-is-the-difference-between-violence-and-abuse

https://www.phoenixaustralia.org/disaster-hub/wp-content/uploads/2022/06/Distinguishing-between-anger-aggression-and-violence.pdf#:~:text=Aggression%20is%20generally%20considered%20a,injury%20as%20its%20primary%20goal.

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/983/767

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https://www.saferworld-global.org/resources/news-and-analysis/post/55-facing-up-to-the-complex-reality-of-gender-based-violence

https://kdlawgroup.com/blog/2020/08/how-can-i-tell-the-difference-between-psychological-and-emotional-abuse/

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722013000300004#:~:text=Con%20estas%20premisas%2C%20entonces%2C%20la,de%20los%20individuos%20o%20grupos

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https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia

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https://neopraxis.mx/conoce-los-tipos-de-violencia-que-existen/

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

http://www.cdheg.org/unidaddegenero/tipo/Tipos_y_Modalidades_de_Violencia

https://www.ctcadv.org/espanol/aprender

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https://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf

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https://www.inegi.org.mx/tablerosestadisticos/vcmm/

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https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

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https://www.unicef.org/uruguay/crianza/etapa-escolar/cuales-son-las-consecuencias-de-la-violencia-en-la-crianza

https://violenceagainstchildren.un.org/es/content/salud-mental#:~:text=Entre%20las%20consecuencias%20de%20la,la%20alimentaci%C3%B3n%2C%20y%20el%20suicidio.

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Existen múltiples consecuencias de la violencia, las cuales tienen efectos intergeneracionales inmediatos y de corto plazo. Las consecuencias y costos de la violencia tienen impactos a nivel individual (para los sobrevivientes, perpetradores y otros afectados por la violencia) así como al interior de la familia, comunidad y la sociedad en general, lo que resulta en costos a nivel nacional.

Costos y Consecuencias a nivel individual y comunitario

La violencia contra mujeres y niñas acarrea costos -más allá del sufrimiento no visible y del impacto en su calidad de vida y bienestar- que incluyen aquellos costos que el sobreviviente y su familia deben asumir a nivel de salud (física o mental), trabajo y finanzas, así como el efecto que ello tiene en los niños. Se agrega a ello una selección de diez causas y factores de riesgo de discapacidad y muerte para mujeres entre las edades de 15 y 44, la violación y violencia doméstica consideradas con una incidencia superior al cáncer, accidentes de tránsito, la guerra y la malaria (Banco Mundial, 1994). Como ejemplos de tales costos y consecuencias tenemos:

Lesiones inmediatas como fracturas y hemorragias así como enfermedades físicas de larga duración (por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nerviosos central, dolor crónico);

enfermedades mentales como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio;

problemas sexuales y reproductivos como infecciones por transmisión sexual (incluyendo el VIH) y otras enfermedades crónicas; disfunciones sexuales; embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud materna y la salud fetal (especialmente en casos de abuso durante el embarazo)

abuso de sustancias (incluyendo alcohol);

habilidades deficientes para el funcionamiento social, aislamiento social y marginación.

muerte de mujeres y de sus hijos (producto de negligencia, lesiones, riesgos asociados al embarazo, homicidio, suicidio y /o HIV y asociados al SIDA)

pérdida de días laborales, baja productividad y bajos ingresos

reducción o pérdida total de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política; y

desembolsos (a nivel individual, familiar y del presupuesto público) para sufragar servicios médicos, judiciales, sociales y de protección.

(Heise, et al., 1999; Heise, L. y García-Moreno, C, 2002; Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)

Más allá de las consecuencias directas y a corto plazo, los niños que son testigos de la violencia tienen más probabilidades de presentar problemas emocionales y de conducta, un deficiente desempeño escolar así como están en riesgo de cometer o experimentar violencia en el futuro. Empresarios y empleadores pueden incurrir en pérdidas financieras debido a las ausencias trabajadores sobrevivientes de la violencia que presentan secuelas en su salud que les impiden trabajar; al encarcelamiento de perpetradores; y los gastos relacionados a las medidas adicionales de seguridad que puedan necesitarse en el lugar de trabajo. (Asamblea General, 2006; Walby, 2004; TC-TAT, 2008; Bott et al., 2005)

La desigualdad y la violencia de género obstaculizan los esfuerzos de los países por reducir la pobreza. Las mujeres y las niñas constituyen la mitad del capital humano disponible para reducir la pobreza y conseguir el desarrollo. Sin embargo, la violencia basada en el género socava sus derechos fundamentales, la estabilidad social y la seguridad, la salud pública, las oportunidades de formación y de empleo de las mujeres, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de los niños y las comunidades, elementos todos ellos fundamentales para alcanzar los ODM.

La violencia contra las mujeres reduce la productividad y agota los presupuestos públicos. La violencia contra las mujeres supone enormes costes directos e indirectos para las supervivientes, los empleadores y el sector público por lo que se refiere a los gastos en materia de sanidad, policía, servicios jurídicos y otros gastos relacionados, así como en términos de pérdidas salariales y de productividad. Según un estudio efectuado en la India, una mujer pierde, de media, un mínimo de cinco días de trabajo remunerados por cada incidente de violencia a manos de su pareja, mientras que en Uganda, aproximadamente el 9% de los incidentes violentos ocurridos obligaron a las mujeres a perder tiempo de trabajo remunerado equivalente a unos 11 días al año. Se calcula que los costes anuales de la violencia a manos de la pareja ascendieron a 5.800 millones de dólares en los Estados Unidos y 1.160 millones en Canadá. En Australia, la violencia ejercida contra mujeres y niños comporta un coste estimado de 11.380 millones de dólares anuales. En Fiji, el coste estimado anual fue de 135,8 millones de dólares o el 7% del Producto Interior Bruto en 2002. Sólo la violencia doméstica tiene un coste aproximado de 32.900 millones de dólares en Inglaterra y Gales.

Los costes y las consecuencias de la violencia contra las mujeres duran generaciones. Los niños, tanto chicos como chicas, que han presenciado o sufrido violencia basada en el género, tienen más probabilidades de llegar a ser víctimas o maltratadores al crecer. Por ejemplo, diversas encuestas realizadas en Costa Rica, República Checa, Filipinas, Polonia y Suiza revelaron que los chicos que habían visto al padre emplear la violencia contra la madre tenían el triple de probabilidades de usar la violencia contra su pareja en un futuro. Los niños que son testigos de violencia doméstica corren un mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión, baja autoestima y un deficiente rendimiento escolar, entre otros problemas que dañan su bienestar y desarrollo personal. En Nicaragua, el 63% de los hijos de madres que han sufrido abusos tuvieron que repetir un curso escolar y abandonaron los estudios, de media, 4 años antes que otros niños.

La violencia sexual priva a las chicas de recibir educación. La violencia escolar limita las oportunidades y los logros educativos de las chicas. En un estudio llevado a cabo en Etiopía, el 23% de las chicas afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales o violaciones de camino al colegio o al regresar a casa. En Ecuador, las adolescentes que denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela identificaron a maestros como los responsables en el 37% de los casos. En Sudáfrica, el 33% de las violaciones de chicas denunciadas fueron cometidas por un maestro. Muchas chicas se cambiaron de escuela o la abandonaron como consecuencia de las represalias sufridas tras denunciar la violación.

La violencia daña la salud reproductiva, la salud materna y la del niño. La violencia basada en el género limita considerablemente la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos reproductivos, con graves consecuencias para la salud sexual y reproductiva. Una de cada cuatro mujeres padece violencia física o sexual durante el embarazo. Esto aumenta la probabilidad de que se produzcan abortos y muertes de neonatos, partos prematuros y de que nazcan niños con poco peso. Entre el 23% y el 53% de las mujeres que sufren abusos físicos a manos de su pareja durante el embarazo reciben patadas o puñetazos en el abdomen. La violencia limita el acceso de las mujeres a la planificación familiar, que puede llegar a reducir la mortalidad materna entre un 20% y un 35% al disminuir la exposición de las mujeres a riesgos de salud relacionados con el embarazo. Las mujeres que son víctimas de la violencia suelen tener más hijos de lo que ellas mismas desearían. Esto no sólo demuestra el poco control que tienen sobre las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sino que también reduce los posibles beneficios demográficos de la salud reproductiva, que, según se calcula, disminuyen la pobreza en un 14%. Existen diversas prácticas lesivas que pueden dañar la salud maternoinfantil. El matrimonio infantil, que da lugar a embarazos precoces y no deseados, plantea riesgos que suponen una amenaza para la vida de las adolescentes: las complicaciones relacionadas con el embarazo son la principal causa de mortalidad de chicas de entre 15 y 19 años en todo el mundo. La mutilación genital femenina o ablación aumenta el riesgo de que se produzcan obstrucciones y complicaciones durante el parto, muertes de neonatos, hemorragias postparto, infecciones y muerte de la madre.

La violencia alimenta la pandemia del VIH /SIDA. La violencia limita la capacidad de la mujer de protegerse frente al VIH, y las mujeres que viven con el VIH o el SIDA a menudo son víctimas de abusos y estigmatización. Las jóvenes corren un riesgo muy alto de sufrir violencia relacionada tanto con el VIH como con el género: representan aproximadamente el 60% del total de 5,5 millones de jóvenes que viven en el mundo con VIH/SIDA. Las mujeres ya tienen entre dos y cuatro veces más probabilidades que los hombres de infectarse con el VIH durante las relaciones sexuales, y este riesgo se ve incrementado por el sexo forzado o las violaciones de que son víctimas y el consiguiente uso limitado del preservativo y los daños físicos derivados. En los Estados Unidos, el 11,8% de las nuevas infecciones de VIH entre mujeres mayores de 20 años registradas el año pasado se atribuyó a la violencia ejercida por la pareja. Diversos estudios realizados en Tanzania, Rwanda y Sudáfrica permiten concluir que las mujeres que han experimentado violencia a manos de su pareja tienen más probabilidades de contraer el VIH que las que no la han sufrido. Hasta el 14,6% de las mujeres del África subsahariana y el sureste asiático afirmaron que, cuando hicieron pública su condición de seropositivas, sufríeron la violencia de su pareja, y el temor a esta violencia constituye una barrera para que una mujer haga pública su condición y acceda a una asistencia adecuada.

La vida es peligrosa para las mujeres y niñas que viven en barrios de tugurios. Las mujeres que viven en zonas urbanas pobres corren un elevado riesgo de sufrir violencia física y psicológica, y tienen el doble de posibilidades que los hombres de ser víctimas de la violencia, sobre todo en los países en desarrollo. En São Paulo (Brasil), una mujer es atacada cada 15 segundos.

Otros estudios revelan que:

En Chile, las pérdidas económicas de las mujeres como resultado de la violencia doméstica cuestan US$1.56 billones o más que el 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en 1996, y en Nicaragua llegan a US$29.5 millones o 1.6 por ciento del PBI nacional en 1997. (Morrison y Orlando, 1999)

En Uganda, el costo anual por tratamiento hospitalario de mujeres por lesiones asociadas a la violencia dentro de la pareja es US$1.2 millón. (Centro Internacional de Investigación sobre Mujeres -ICRW, 2009)

En Moroco, la violencia dentro de la pareja cuesta anualmente al sistema de justicia US$6.7 millones. (ICRW, 2009)

En Nueva Zelanda, la violencia contra mujeres y niñas cuesta anualmente por lo menos 1.2 billones de dólares neozelandeses (Snively, 1994)

En Macedonia la violencia doméstica cuesta anualmente US$1.38 millones (como ocurrió en 2006). (Gancheva, et. al., 2006)

A lo largo de Europa, el costo anual de la violencia de pareja oscila entre €106 millones en Finlandia, (Heiskanen, et. al., 2001 citado en Hagemann-White, C., et al. 2006) US$142.2 millones en los Países Bajos, (Korf, et. al., 1997, citado en Waters, et. al., 2004) US$290 millones en Suiza, (Yodanis y Godenzi, 1999 citado en Duvvury, et. al., 2004) y los US$19.81 billones en Suecia. (Enval y Erikssen, 2004)

Puede ver los referencias aquí

Recursos adicionales:

Los altos costos de la violencia de pareja para los Hogares y Comunidades. (ICRW y UNFPA, 2009). Disponible en Inglés.

El tratamiento de la violencia contra las mujeres y el logro de los Objetivos del Milenio (WHO, 2005). Disponible en Inglés.

Estimación de los costos e impactos de la violencia dentro de relaciones íntimas en países de desarrollo. Una guía de recursos metodológicos. (ICRW, 2009). Disponible en Inglés.

Los costos e impactos de la violencia basada en género en países en desarrollo: Estudio metodológico y Nuevos Hallazgos (Banco Mundial, 2004). Disponible en Inglés.

Las dimensiones económicas de la violencia interpersonal. (WHO, 2004). Disponible en Inglés.

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poner fin a la violencia contra las mujeres

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poner fin a la violencia contra las niñas

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El Centro Virtual de Conocimiento para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas es un recurso de programación basado en pruebas con módulos de aprendizaje por etapas y herramientas diseñadas para guiar a responsables de políticas, ejecutores de programas y otros responsables en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de iniciativas para prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas.

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https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=14011

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Manual de Evaluación de Riesgo de Violencia

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Manual de Evaluación de Riesgo de Violencia

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Es frecuente hablar de los problemas generados por la violencia en numerosos foros, como por ejemplo los medios de comunicación, las tertulias, los ambientes políticos, las universidades, las asociaciones de víctimas y, sobre todo, entre los profesionales que tratan tanto con las víctimas como con los agresores y las autoridades responsables de la prevención de la violencia. Por lo general estas conversaciones tienen un tono pesimista y exigente. Pesimista porque cada suceso violento, como un atentado terrorista, un feminicidio o cualquier noticia de abusos sexuales a menores, nos parece un paso atrás en los logros alcanzados de bienestar y una vida social pacífica. Consideramos la violencia algo intolerable, a eliminar, aunque la realidad parece resistirse a todas las acciones preventivas. Afortunadamente la sociedad es exigente, cada vez más intolerante con la violencia, y ya hay una gran unanimidad en el rechazo de este fenómeno.

De repente, o casi, en distintos entornos profesionales aquí en España (y en cierto sentido esto es extensible a muchos países latinoamericanos) se ha introducido la valoración del riesgo de violencia como una práctica más. Las demandas de prevención de la violencia han llegado en forma de alud, interpelando a los profesionales, a quienes se les reclama que su acción sea realmente efectiva, que evite la violencia y, sobre todo, la repetición de los hechos violentos cometidos por agresores ya identificados. Lo que hace un tiempo era solamente una exigencia, más o menos explícita, de predecir la violencia cometida por personas con trastornos mentales graves o circunscrita a entornos penitenciarios, se ha desbordado, extendiéndose a muchos otros profesionales que tan solo unos pocos años antes ni se lo hubiesen imaginado. Solo hace falta analizar lo que ha representado en los últimos 15 años la generalización de la lucha contra la violencia de género en cuanto a la variedad de profesionales implicados en ella ( Muñoz-Vicente y López-Ossorio, 2016).

Las demandas sociales de prevención de la violencia han producido un efecto de innovación técnica y de incorporación a la práctica profesional de nuevos procedimientos preventivos. ¿En qué se ha avanzado profesionalmente? En muchas cosas que podemos resumir brevemente. La tecnología de valoración del riesgo de violencia es un conjunto de procedimientos que ayudan a la toma de decisiones de los profesionales en todas y cada una de sus intervenciones en las que el pronóstico futuro sea relevante tanto porque así se explicite como si no. Por ejemplo, un policía que debe intervenir después de recibir una denuncia de violencia de género o una psiquiatra que debe reubicar un paciente atendiendo a la posible conducta violenta del mismo. También un trabajador social que tiene que gestionar una medida de libertad vigilada de un joven infractor, el equipo de tratamiento de un centro penitenciario que ha de emitir un informe de libertad condicional de un recluso, una psicóloga forense que ha de valorar las secuelas de los malos tratos en una mujer víctima de la violencia de género. Todos estos son ejemplos de la variedad de situaciones en las que a los profesionales se les requiere elaborar pronósticos para prevenir la violencia. Las decisiones de los profesionales siempre comportan estimar, directa o indirectamente, qué podría pasar en el futuro inmediato con el caso en el que están actuando.

El mensaje central de la tecnología de la evaluación del riesgo de violencia ya ha calado en el campo de muchos profesionales, entre ellos los operadores jurídicos. Este mensaje no es otro que distinguir y clasificar los riesgos en cuatro niveles: bajo, medio, alto o extremo. Esta categorización tiene como finalidad esencial poder gestionar esos riesgos de forma adecuada. Era lógico que se produjese esta innovación entre los profesionales que tratan la violencia, porque esto es ya habitual en muchos otros campos (meteorología, sismología, salud pública, riesgo de incendios, etc.) donde la prevención es la guía de actuación. Lo primero que han de hacer los profesionales es identificar el riesgo del tipo de suceso que quieren prevenir. Ahora casi ningún profesional que se precie de hacer bien su trabajo, sea del gremio que sea, olvida pronosticar el futuro en clave de riesgos categorizados.

Incorporar la valoración del riesgo entre las competencias profesionales es un avance importante que requiere conocer sus técnicas particulares y disponer de las habilidades para realizar estos pronósticos. Para esta de cualquier profesional que se enfrente a la prevención de la violencia, el Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia que analizamos en esta reseña será de enorme utilidad. Quien quiera saber todo lo que envuelve a la práctica profesional, los fundamentos técnicos y los recursos disponibles, encontrará en este Manual la oferta actual de guías, protocolos y otros instrumentos de valoración de riesgo útiles para prevenir cualquier tipo de violencia.

La evaluación del riesgo de violencia es un procedimiento técnico para estimar la probabilidad de aparición futura de conducta violenta atendiendo a los condicionantes pasados, presentes y futuros. Consiste en seleccionar información relevante y significativa para cada caso particular, a fin de conocer las condiciones que pueden aumentar o disminuir el riesgo de violencia. Para estimar eficientemente la probabilidad de que una persona se comporte de manera violenta en un futuro deben tenerse en cuenta diversos elementos, como por ejemplo el tipo de conducta a predecir, los factores de riesgo específicos, las tasas de prevalencia, los escenarios de riesgo y, sobre todo, el intervalo temporal del pronóstico ( Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Atendiendo a estas variables, no sólo se alcanza una estimación de la probabilidad de ocurrencia de violencia en el futuro, sino también la identificación de los focos de la intervención y las orientaciones para diseñar el plan de tratamiento y seguimiento ( Arbach-Lucioni et al., 2015).

Desde 2005, cuando se publicaron en castellano el HCR-20, el SVR-20 y el SARA, hasta hoy, se han producido muchas iniciativas en España que han favorecido el desarrollo de la tecnología de la valoración del riesgo de violencia y su introducción en el mundo profesional. Destacan, además de las aportaciones propias de los grupos de investigación universitarios (de la Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Valencia), las realizadas por otras instituciones que muy pronto se comprometieron con estas innovaciones. Así el Ministerio del Interior del Gobierno de España impulsó el proyecto VIOGEN, que contiene unas herramientas nuevas, el VPR y el VPER, de uso generalizado por parte de los cuerpos policiales para prevenir la violencia de género. La policía del País Vasco desarrolló en Euskadi el EPV-R, un protocolo pionero en la valoración policial del riesgo de violencia contra la pareja. El Circuito de Barcelona contra la Violencia de Género construyó el RVD-BCN para que todos sus profesionales que se ocupan de la prevención de la violencia de género dispusiesen de una herramienta ágil y válida en el cribado del riesgo de violencia contra la mujer ejercida por sus parejas y exparejas varones. Simultáneamente la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña adaptó el SAVRY para su uso en el campo de la Justicia Juvenil y desarrolló, en colaboración con el GEAV de la Universidad de Barcelona, el RisCanvi, un protocolo de valoración del riesgo de violencia específico para el entorno penitenciario. También han surgido otras iniciativas, como la adaptación del ERASOR por parte de la consultora Justa Mesura de Barcelona. Hay que destacar la importancia también de la publicación, por parte de TEA Ediciones, de la PCL-R. Así, en menos de quince años se ha pasado de una situación en la cual la disponibilidad de instrumentos de valoración del riesgo de violencia era inexistente, a estar en unas condiciones similares a las de muchos otros países del entorno occidental avanzado ( Arbach-Lucioni y Andrés-Pueyo, 2016). Esta disponibilidad de instrumentos en español ha facilitado el contacto y el intercambio masivo con los profesionales de Latinoamérica que, si bien tenían sus propias iniciativas, como las desarrolladas con tanto éxito por Folino y León en Argentina, Brasil y Ecuador ( Singh, Condemarín y Folino, 2013), se han combinado a la perfección con las surgidas en España en estos años.

Es cierto que, a pesar de estos avances, la mayoría de las "evaluaciones" del riesgo de violencia, incluso cuando se hacen explícitamente-como en los informes forenses o los informes penitenciarios-siguen estando basadas en el juicio clínico de los profesionales. La tradición clínico-forense de las peritaciones y la aplicación de los programas de tratamiento para poblaciones en riesgo de realizar comportamientos violentos predomina entre los profesionales que, debido a la formación recibida, no utilizan todavía los nuevos protocolos o guías de valoración de riesgo de forma habitual. Creemos que es cuestión de tiempo que, para mejorar la eficacia de su trabajo y garantizar la trasparencia de sus decisiones pronósticas, vayan incorporando a su quehacer profesional guías y protocolos de valoración de riesgo (actuariales o de juicio clínico estructurado), si bien estos cambios son lentos y requieren tiempo. El único inconveniente proviene de las demandas sociales de mejora en la prevención de la violencia que, como vemos a diario en el caso de la violencia de género, son muy exigentes para con el trabajo de los profesionales implicados, ya sean policías, psicólogos o jueces. Para con la violencia se reclaman soluciones urgentes y eficaces, y las técnicas de valoración del riesgo, sin ser una "bala de plata" para resolver este complejo problema, mejoran de forma sustancial la eficacia de las intervenciones que tanto se demandan.

Hace unos meses, con mi colega Karin Arbach ( Arbach-Lucioni y Andrés-Pueyo, 2016), preparé un trabajo, publicado en un libro editado en inglés por Jay Singh y Sheena Fazel en el que recogíamos la realidad y desarrollo actual de la práctica profesional de la valoración del riesgo de violencia en España. En 2014-2015 se realizó una encuesta internacional-en el marco del proyecto Iris (International Risk Survey)- para conocer la realidad de la práctica profesional de la valoración del riesgo de violencia por parte de los distintos profesionales que la realizan. Esta vez se incluyó también a los países de habla hispana, por lo que tenemos una primera imagen de esta situación. La conclusión por lo que respecta a la situación en España nos indica que, de manera similar al resto del mundo, en contextos profesionales encabezan la lista de instrumentos la PCL-R de Robert Hare, seguido del HCR-20. Ambos están disponibles en versiones adaptadas en español. Recientemente se ha traducido, adaptado y distribuido la nueva versión del HCR-20, la V3, en cuya traducción y adaptación colaboró el autor de este manual, que analizamos y presentamos en esta reseña.

Las exigencias sociales a los profesionales de la prevención de la violencia y la responsabilidad de éstos no solamente han potenciado la incorporación de estas técnicas a la tarea diaria de gestionar el riesgo de violencia, sino que han requerido un rigor y una transparencia elevada en la tarea técnica de elaboración de estos pronósticos. Para ello los profesionales necesitan formación y entrenamiento que les permita avanzar en el uso adecuado de las técnicas de valoración del riesgo, para lo cual la verdad es que no hay muchos recursos. Desgraciadamente, como pasa en tantas ocasiones, formación, experimentación y uso profesional se hacen simultáneamente. Sin embargo, la formación es indispensable. Hoy hay algunos recursos formativos que están al alcance de la mano de muchos profesionales, entre los cuales destacan numerosos artículos en inglés y algunos en castellano que se ocupan de este tema, los seminarios intensivos presenciales o por medio de internet (webinars), talleres en el contexto de los congresos especializados, documentos en internet, etc. No obstante, los libros siguen ocupando un espacio imprescindible para la formación y el avance en el conocimiento que los profesionales requieren para desarrollar sus servicios con calidad. Hasta ahora no había ningún texto monográfico, simple, ágil, práctico y bien escrito en castellano para estos profesionales. El Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia de Ismael Loinaz viene a cubrir este vacío y permitirá una generalización de los conocimientos y las habilidades profesionales de enorme trascendencia.

Este Manual se estructura en tres partes y un anexo, además de las referencias-unas seiscientas muy bien seleccionadas, actualísimas, con la inclusión de las de producción nacional-y un índice analítico que incluye a los autores mencionados en el texto. Estas tres partes abarcan 13 capítulos que se ocupan de repasar la actualidad de la valoración del riesgo de violencia, tanto desde un punto de vista histórico como metodológico, procedimental y aplicado, con especial énfasis en la aproximación analítica que he mencionado en los párrafos anteriores.

En la primera parte se analizan, a lo largo de dos capítulos, los temas esenciales del origen y desarrollo de la tecnología de la valoración del riesgo de violencia: los enfermos mentales y los delincuentes violentos. En la segunda parte, en seis capítulos, se exponen los fundamentos de la valoración del riesgo y una detallada descripción de cómo se fue configurando la técnica del juicio clínico estructurado y las diferentes guías de valoración del riesgo de violencia, para exponer después la cuestión de los factores de riesgo, los conceptos claves de la valoración del riesgo y el procedimiento de aplicación práctica de esta tecnología predictiva. En este último capítulo es donde se describe la práctica fundamental de aplicación a todos los instrumentos, el denominador común de utilidad de las técnicas de valoración del riesgo para los profesionales. La tercera parte, en otros seis capítulos, presenta un descriptivo "catálogo" de los protocolos y las guías de valoración del riesgo de violencia de utilidad internacional, adaptados (casi todos ellos) al español. Lo que hace unos quince años era una lista de apenas una docena de instrumentos y guías ahora se ha convertido en un extenso-y útil-listado de más de treinta y cinco protocolos y guías para valorar el riesgo de violencia.

En la actualidad, se dispone a escala internacional de unas 150 herramientas, guías y/o protocolos para evaluar el riesgo de violencia, siguiendo la técnica del juicio clínico estructurado ( Andrés-Pueyo y Echeburúa, 2010). Estos instrumentos son diferentes según atendamos a los tipos de violencia, a las poblaciones a valorar o a los entornos profesionales en que se aplican. Así, existen protocolos para valorar el riesgo de violencia física en prisiones, instituciones psiquiátricas y en otros centros de internamiento para adultos (HCR-20, START, OASys, LSI-R, COMPAS...), para jóvenes (SAVRY, IGI-J, SAPROF-YV...), para valorar el riesgo de violencia sexual (SVR-20, RSVP, J-SOAP, ERASOR...), para valorar el riesgo de violencia contra la pareja o doméstica en cualquier entorno profesional (SARA, ODARA, B-SAFER, EPV-R, RVD-BCN, SAM, DASH...), también para violencia en el contexto laboral (WRA-20, WAVR-21...), para casos de violencia radical y terrorista (VERA-2, TRAP-18...) y otros protocolos muy especializados, como son los propios para poblaciones de mujeres internadas (FAM) o los casos de crímenes de honor (PATRIARCH). Prácticamente todos ellos están descritos y referenciados en este Manual de I. Loinaz que venimos analizando.

El autor, al que conozco y aprecio personal y profesionalmente, tiene la formación, la vocación y el talento suficiente para ser garantía de la calidad del libro que comentamos. Ha estudiado Psicología en la Universidad del País Vasco, alcanzando el grado de doctor teniendo como director de tesis a uno de los mejores expertos en este campo, el profesor E. Echeburúa, académico destacado por su gran experiencia en el campo de la Psicología Clínica y pionero en nuestro país en el estudio de los problemas de la violencia doméstica, de pareja y similares. Ismael Loinaz amplió sus estudios con la Licenciatura de Criminología en la Universidad de Barcelona, donde realizó además una primera formación especializada en la aplicación de estos procedimientos. Más tarde amplió sus competencias directamente con los pioneros de estas técnicas en la Universidad Simon Fraser, en Canadá. El autor no es solamente un académico-al que le toca vivir los malos tiempos de la Universidad española-sino que mantiene un continuo contacto con el mundo profesional. Ha trabajado en proyectos conjuntos con la policía del País Vasco, con profesionales penitenciarios y de otros ámbitos, como son los servicios sociales y sanitarios que se ocupan de la gestión directa de los problemas que genera la violencia. Como es natural, su actividad académica y profesional está bien sustentada en la actividad investigadora, que desarrolla en los últimos años en el GEAV de la Universidad de Barcelona. Este libro es un buen ejemplo de su labor y crecimiento profesional que, estoy seguro, constituirá un gran recurso formativo para los estudiantes avanzados y para los profesionales en su afán por prevenir la violencia allí donde ejerzan su labor técnica.

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Manual de evaluación del riesgo de violencia. Metodología y ámbitos de aplicación. Ismael Loinaz. Editorial Pirámide. Madrid. 253 pp. Año 2017 | Anuario de Psicología Jurídica

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Es frecuente hablar de los problemas generados por la violencia en numerosos foros, como por ejemplo los medios de comunicación, las

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La UPGPG ha diseñado​ el Violentómetro, un material gráfico y didáctico en forma de regla que consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia que se encuentran ocultas en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden o desconocen.

Es una herramienta útil que permite estar alerta, capacitado/a y atento/a para detectar y atender este tipo de prácticas y no solamente es de gran beneficio para las instituciones educativas, sino también para los ámbitos familiar y laboral.

Se divide en tres escalas o niveles de diferentes colores y, a cada uno, una situación de alerta o foco rojo.

Las manifestaciones de violencia que se muestran en el material no son necesariamente consecutivas, sino que pueden ser experimentadas de manera intercalada.

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Portal Web del Instituto Politecnico Nacional, donde puedes encontrar la informacion como: comunicados y noticias del día, la oferta Educativa de Nivel Medio Superior, Nivel Superior y Posgrado.

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https://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=1155

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https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/6046/6952

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http://cedoc.inmujeres.gob.mx/PAIMEF/TAB/tab07.pdf

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