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Según esta ley, los tipos de violencia son:

Violencia física: Se puede expresar a través de toda clase de golpes, empujones, bofetadas, patadas, quemaduras o ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos.

Violencia psicológica: Toda clase de insultos, humillaciones, chantajes, descalificaciones, celos extremos o intentos de control son una manifestación de este tipo de violencia.

Violencia sexual: Incluye manoseos, acoso, relaciones sexuales u otro acto de tipo sexual en contra de la voluntad.

Violencia económica: Hace referencia a las limitaciones y controles para el uso del dinero, el incumplimiento de obligaciones económicas con los hijos e hijas, el control abusivo de las finanzas, etc.

Violencia patrimonial: La destrucción de instrumentos de trabajo, las restricciones para el uso de pertenencias y la retención de documentos personales son manifestaciones de este tipo de violencia.

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Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Derechos que deben ser efectivos tanto para todas las mujeres dentro del territorio nacional e internacional.

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Derechos de las víctimas de Violencia. Reglamentado por el Decreto Nacional 4796 de 2011. Toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, además de los contemplados en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 15 de la Ley 360 de 1997, tiene derecho a:

a) Recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de la calidad.

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia.

Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública.

c) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes;

d) Dar su consentimiento informado para los exámenes medico-Iegales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de ambos sexos para la atención de víctimas de violencia.

e) Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva;

f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia;

g) Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico para ellas y sus hijos e hijas.

h) Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas;

i) La verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia;

j) La estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta ley.

k) A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

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La acción de tutela es un mecanismo constitucional en Colombia que busca la protección de los derechos fundamentales de las personas.

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Consiste en un recurso judicial que permite a cualquier persona solicitar la protección de sus derechos ante un juez, cuando considera que estos han sido vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad, o incluso de particulares en ciertos casos.

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La acción de tutela se articula principalmente con el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo establece el derecho de cualquier persona a presentar una acción de tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados, ya sea por la acción u omisión de una autoridad o de particulares.

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Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

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La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

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Establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluidos el laboral y el social. También menciona la importancia de la protección de la maternidad y la necesidad de garantizar la plena participación de las mujeres en la vida política, económica y cultural.

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Reconoce los derechos de los niños, pero también establece que es deber del Estado proteger a las mujeres y a los menores contra toda forma de violencia. Este artículo implica la responsabilidad del Estado en la prevención y sanción de la violencia de género y feminicidios.

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Talleres de sensibilización, redes de apoyo.

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Talleres de sensibilización, redes de apoyo.

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Organizar talleres y charlas en comunidades más vulnerables para educar sobre los derechos de las mujeres y se sientan protegidas por las distintas leyer y artículos que las protegen.

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Lanzar campañas a traves de redes sociales y medios locales donde se pueda visibilizar esta problematica.