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El artículo 123, fundamento constitucional de la legislación

laboral nacional, no hace distinción alguna entre el trabajo de

nacionales y extranjeros, sino que por el contrario, expresamente dispone la igualdad de condiciones y circunstancias de trabajo.

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La fracción VII del apartado A del artículo 123 establece que

‘‘Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en

cuenta sexo ni nacionalidad’’.

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Establece, entre otras cosas, la prohibición de los extranjeros de servir

en el ejército, en las fuerzas de policía o de seguridad pública.

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El último párrafo de este artículo señala: ‘‘Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para nuestros Derechos toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano’’.

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La facultad para que un extranjero pueda dedicarse a alguna

actividad productiva, remunerada o no, depende estrictamente

de su calidad migratoria, la cual le permite desempeñar sólo de-

terminadas actividades.

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Los extranjeros sólo podrán dedicarse a las actividades expresamente autorizadas por la Secretaría, y cuando así proceda o se estime necesario, se señalará en la autorización correspondiente

el lugar de su residencia.

Para que un extranjero pueda ejercer otras actividades, además de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, requiere permiso de la Secretaría de Gobernación.

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Para proporcionar ocupación a un extranjero, los interesados

deberán cerciorarse de que las condiciones de su calidad migratoria le permiten desarrollar las actividades de que se trate; en caso contrario, se abstendrá de contratar sus servicios.

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Quienes tengan a su servicio o bajo su dependencia económica a extranjeros, están obligados a informar a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días, sobre cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que éstos se encuentren sujetos.