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Análisis sobre el enriquecimiento ilícito de particulares, en el caso del desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015

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Análisis sobre el enriquecimiento ilícito de particulares, en el caso del desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué en 2015

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Manuel Guillermo Ovalle Angarita, ingeniero civil, fue condenado por enriquecimiento ilícito debido a su participación en un esquema de sobornos para favorecer la adjudicación de contratos de consultoría para los Juegos Nacionales de 2015.

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En 2013 y 2014, Ovalle Angarita participó en la adjudicación directa de un contrato relacionado con los estudios y diseños para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios del Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la Calle 42 en Ibagué.

Como contraprestación por su intermediación y gestiones con la Alcaldía, recibió 100 millones de pesos provenientes de sobornos (dádivas) por un contrato adjudicado a dedo.

El caso fue parte de un esquema de corrupción más amplio relacionado con el desfalco de los recursos destinados a los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales.

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El esquema involucraba a varios actores, como Wilmer Manchola Cano, quien facilitó el pago de dádivas, y Orlando Arciniegas Lagos, un asesor cercano a la Alcaldía de Ibagué. Este entramado demuestra que la corrupción es sistemática y no un acto aislado de un individuo.

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¿Cuál fue el impacto económico y social?

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¿Cuál fue el impacto económico y social?

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Este caso no solo implicó el desvío de recursos públicos destinados al desarrollo deportivo, sino que también afectó la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Los fondos desviados, que debían haberse destinado a la mejora de infraestructura deportiva, terminaron beneficiando a particulares. Esto refleja cómo la falta de transparencia y la colusión entre funcionarios y contratistas obstaculizan el progreso social y económico.

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Confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Ibagué el 21 de abril de 2023.

Condena: 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito de particulares.

Multa: 200 millones de pesos.

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Violación de los principios éticos de la ingeniería:

Honestidad: Faltó a su compromiso de actuar con integridad y transparencia en el ejercicio profesional.

Responsabilidad social: Los actos de corrupción afectaron directamente al orden económico y social, causando pérdidas económicas y un daño irreparable a la comunidad.

Compromiso profesional: Al recibir sobornos, usó su posición como ingeniero para favorecer intereses personales, traicionando la confianza pública.

Proceso Ético Disciplinario (PED): Según Nemeth (2016), el PED sanciona las faltas al Código de Ética o el ejercicio incorrecto de la profesión en perjuicio de la sociedad.

Procedimientos aplicables:

1. La denuncia pudo haberse originado en medios de comunicación.

2. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) podría haber intervenido para evaluar la apertura de pliegos.

3. De encontrarse responsable, Ovalle Angarita podría enfrentar la cancelación de su matrícula profesional.

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Como ingenieros, somos responsables de construir no solo infraestructura, sino también confianza y progreso. Cada decisión ética fortalece nuestra profesión; cada acto corrupto la debilita

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Como ingenieros, somos responsables de construir no solo infraestructura, sino también confianza y progreso. Cada decisión ética fortalece nuestra profesión; cada acto corrupto la debilita