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La educación es un derecho fundamental garantizado por la Constitución de 1992, y Paraguay ha hecho esfuerzos para reducir la brecha de género en la educación. Las políticas educativas buscan promover la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres.

Aunque ha habido avances, persisten desafíos en términos de acceso igualitario a la educación de calidad, especialmente para niñas en comunidades rurales e indígenas.

Nombres integrantes del equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Paraguay ha adoptado varias leyes y políticas para proteger los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo el acceso a la atención prenatal, la educación sobre salud reproductiva y la atención en casos de violencia sexual.

Aunque existen marcos legales que apoyan los derechos reproductivos, la implementación y acceso a estos servicios sigue siendo desigual, especialmente en áreas rurales.

Los derechos reproductivos han sido un proceso continuo, especialmente desde los años 2000, con políticas y programas dirigidos a mejorar la salud reproductiva de las mujeres.

Nombres integrantes del equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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 Equipo 3: Ana Monserrat Aguilar López, Karla Nataly Gutiérrez Espejo, Aislin Danahe Hernández García 

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Bélgica expresa 25 compromisos para la acción, en políticas externas e internas. Bélgica aprobará una nueva estrategia de género destinada a su cooperación para el desarrollo. A nivel nacional, todos los niveles gubernamentales adoptarán, implementarán y evaluarán leyes o métodos de incorporación de las cuestiones del género. Es más, se está elaborando un sexto plan de acción nacional para combatir la violencia de género en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica.

La política de cooperación belga está basada en 3 principios clave por lo que se refiere a Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos: Un enfoque basado en los derechos humanos Un enfoque incluyente y positivo de la sexualidad y de la reproducción humana el derecho a la salud y a la atención sanitaria para todos.

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La Ley de Igualdad Salarial de 2015 en Paraguay asegura que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por trabajo de igual valor, un paso importante hacia la igualdad de género en el ámbito laboral.

Esta ley contribuyó a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque la implementación aún enfrenta desafíos debido a factores culturales y estructurales en el país.

Nombres integrantes del equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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En el año 2000, Paraguay aprobó la Ley 1.600, que establece medidas de protección para las mujeres víctimas La ley mejoró la protección legal para las mujeres, aumentando la conciencia pública sobre la violencia doméstica y proporcionando herramientas legales para abordar este problema.

Nombres integrantes del equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Las mujeres paraguayas obtuvieron el derecho al voto en 1961, bastante más tarde que en muchos otros países de América Latina. Este derecho fue una victoria significativa en la lucha por la igualdad de género en el país.

Aunque tardío, el sufragio femenino permitió a las mujeres paraguayas empezar a participar en la política y tomar parte en las decisiones que afectaban a sus vidas, marcando el inicio de una participación más activa en la sociedad.

Nombres integrantes del equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en conceder el derecho al voto a las mujeres, marcando un hito en la lucha por el sufragio femenino.

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Ley de Protección contra la Violencia Doméstica (2015): Esta ley fue un avance importante en la protección de las mujeres contra la violencia en el hogar.

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La participación laboral femenina comenzó a aumentar notablemente en la década de 1960, especialmente con las reformas y el impulso del desarrollo económico durante el gobierno de Gamal Abdel Nasser.

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Las mujeres tienen derecho a recibir educación en todos los niveles. El acceso a la educación para las mujeres en Egipto comenzó a mejorar significativamente en el siglo XX. La educación primaria se hizo obligatoria para todos los niños, incluidas las niñas, en la década de 1950. Sin embargo, las mujeres comenzaron a tener acceso más equitativo a la educación secundaria y superior a partir de las reformas educativas de la década de 1970 y 1980. Gracias a esto la tasa de alfabetización entre mujeres ha mejorado.

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2008: Igualdad de derechos salariales.

Descripción: Ley que asegura la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Importancia: Promueve la equidad económica.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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2020: Reconocimiento de la violencia obstétrica

Descripción: Reconocimiento legal de la violencia obstétrica como una forma de violencia de género.

Importancia: Protección de los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud reproductiva.

Equipo 7: Christan, Claudia y Dagoberto.

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2012: Despenalización del aborto

Descripción: Legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Importancia: Amplió los derechos de las mujeres sobre la autonomía de sus cuerpos.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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1958: Ley de pensión para las madres solteras

Descripción: Establece una pensión para las madres solteras.

Importancia: Proporciona un apoyo económico crucial para las mujeres solteras con hijos.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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1946: Derecho al trabajo sin discriminación

Descripción: Inclusión en la Constitución de la prohibición de la discriminación laboral basada en género.

Importancia: Fomentó la igualdad en el ámbito laboral.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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1913: Derecho al divorcio por la sola voluntad de la mujer.

Descripción: Primera ley en América Latina que permite a una mujer solicitar el divorcio sin necesidad de justificarlo.

Importancia: Marcó un avance en la autonomía de las mujeres en el ámbito familiar.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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1932: Derecho al voto.

Descripción: Las mujeres obtuvieron el derecho al voto.

Importancia: Permitió la participación política de las mujeres.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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El País REW: A 80 años del voto femenino en Uruguay

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2017: Derecho a la igualdad salarial.

Descripción: La ley para la transparencia salarial busca cerrar la brecha salarial de género.

Importancia: Promueve la equidad económica entre géneros.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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En 2015, Brasil aprobó la Ley sobre el Feminicidio, en la que se definen las características de este delito: violencia doméstica e intrafamiliar.

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El Pacto Nacional 2008-2011 (protección de los derechos sexuales y reproductivos, combate a la explotación sexual y al tráfico de mujeres y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres en situación de prisión)

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1980: Ley contra la discriminación laboral

Descripción: Protección legal contra la discriminación laboral basada en el género.

Importancia: Promovió la igualdad en el ámbito laboral.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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2002: Ley contra la Violencia Doméstica

Descripción: Se implementaron medidas para proteger a las mujeres de la violencia doméstica.

Importancia: Mejoró la protección legal y el apoyo a las víctimas.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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La Constitución de 1988 incluye la igualdad de derechos y deberes de los hombres y mujeres

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Francesca Viola fue la primea mujer que se negó aceptar el "matrimonio reparador" y llevo a juicio al hombre que la rapto y violo

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1981: Abolición contra el matrimonio reparador

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1981: Abolición contra el matrimonio reparador

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El violador se podría casar con su víctima para evitar el asesinato por venganza o el castigo ante la ley. Esto era porque consideraban que el matrimonio restauraba el honor de la mujer y de su familia ya que la perdida de la virginidad fuera del matrimonio era una deshonra.

INTERNATIONAL HORIZONS. (12 de junio de 2023). DERECHOS DE LA MUJER EN ITALIA. https://international-horizons.com/derechos-de-la-mujer-en-italia?lang=es

Equipo 10:

Eli Jamin Ortiz Domínguez

Ivan Muñoz Cholula

Oscar Daniel Acosta González

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Ley de igualdad de género y antidiscriminación (2020) El proyecto de ley antidiscriminación fue propuesto el 29 de junio de 2020 por el Partido de la Justicia, al que se sumaron algunos legisladores y legisladoras más. Esta es la séptima vez que se presenta ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra la discriminación, la primera desde 2006. En las ocasiones anteriores, la inclusión de disposiciones que prohibían la discriminación de las personas LGBTI fue especialmente polémica.

Esta Ley es crucial porque proporciona una base legal sólida para la protección contra la discriminación, promueve la igualdad de derechos para todas las personas y apoya un entorno más inclusivo y respetuoso. Su importancia radica en su capacidad para avanzar en la lucha por la igualdad y mejorar la calidad de vida de aquellos que históricamente han enfrentado discriminación y exclusión.

Equipo 17

Modesto Velazquez Cota

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Aunque la Constitución de Corea del Sur prohíbe la discriminación, siguen existiendo formas institucionalizadas que afectan a las personas LGBTI

El legislador Park Joo-min, del Partido Democrático de Corea (partido gobernante), ha introducido hoy en la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra la discriminación, lo que significa que actualmente se debaten en el Parlamento varios proyectos legislativos sobre este asunto. De ser aceptados, las propuestas legislativas se fusionarán en un solo proyecto de ley que sería aprobado como ley general contra la discriminación y abarcará todas las áreas de la sociedad surcoreana, incluidas las personas LGBTI.

La Asamblea Nacional ha rechazado numerosos proyectos de ley propuestos en los últimos 14 años, incluidas recomendaciones del gobierno y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea. Esta es la décima vez, desde 2007, que se presenta ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur una propuesta legislativa contra la discriminación.

Suki Chung, encargada de campañas sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional, indicó que:

"La introducción de este proyecto de ley contra la discriminación, combinada con los proyectos legislativos existentes al respecto, representa una oportunidad histórica para que Corea del Sur le diga por fin al mundo que no se van a seguir tolerando las violaciones del derecho a la igualdad en ninguna parte de la sociedad"

Protestas en Corea del Sur. Foto: Difusión

Casos de discriminación

En este país, las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo continúan estando penalizadas en las fuerzas armadas, a pesar de que no están prohibidas para la población general. Casi todos los hombres hacen el servicio militar y pasan al menos 18 meses en un entorno en el que la estigmatización o incluso la violencia contra las personas LGBTI están institucionalizadas. El artículo 92-6 del Código Penal Militar del país califica las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo de "acoso sexual". Cualquier persona que viole esta ley podría ser condenada a hasta dos años de cárcel.

A raíz de la pandemia de la Covid-19, los medios de comunicación y la población en general vincularon de forma discriminatoria e infundada la propagación del virus a la orientación sexual o la identidad de género.

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Corea del Sur: Presentan histórico proyecto de ley contra la discriminación de personas LGBTI

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Aunque la Constitución de Corea del Sur prohíbe la discriminación, siguen existiendo formas institucionalizadas que afectan a las personas LGBTI

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Las mujeres pueden abortar libre y gratuitamente en cualquier clínica hasta el cuarto mes del embarazo, se le conoce también como “ley 194”.

INTERNATIONAL HORIZONS. (12 de junio de 2023). DERECHOS DE LA MUJER EN ITALIA. https://international-horizons.com/derechos-de-la-mujer-en-italia?lang=es

Equipo 10:

Eli Jamin Ortiz Domínguez

Ivan Muñoz Cholula

Oscar Daniel Acosta González

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En 2006 la Ley Maria da Penha reconoce el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y considera este tipo de agresión como un atentado a los derechos de las mujeres.

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En 1946, el derecho y la obligación de votar se extendieron a todas las mujeres.

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En 1910 creación del Partido Republicano Feminista para movilizar a las mujeres en la lucha por el sufragio

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Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (Ley 243)

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Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (Ley 243)

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Año: 2012 (28 de mayo)

Derecho: ejercicio pleno de sus derechos políticos

Debido a que las mujeres que participaban en la política sufrían (y sufren) violencia se decidió poner en marcha esta ley que tiene como objetivo prevenir, atender y sancionar actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres lo cual permite que las mujeres candidatas, electas o designadas tengan acceso a una atención y protección del ejercicio de sus derechos políticos.

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Convenios: 100 (ratificado en el año 1973), 111 (ratificado en 1977), 156 (ratificado en 1998).

Estos convenios, aunque son de ámbito internacional son tomados como leyes para el gobierno de Bolivia. Se mencionan aspectos como el que las mujeres deben percibir el mismo salario de los hombres por el mismo trabajo, que las personas no deben ser discriminadas en el empleo u ocupación por motivos de cualquier tipo (raza, color, sexo, etc.) y reconocen las responsabilidades familiares. Si bien la mayoría no son exclusivos de las mujeres, son de importancia porque a diferencia de otras leyes se contempla a este grupo, reconociendo su participación en el ámbito laboral.

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Año: 2009

Artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Bolivia

Se menciona que las mujeres tienen derecho a una maternidad segura, con una visión y práctica intercultural. En teoría, su impacto radica en que las mujeres tendrán asistencia en los periodos natales y posnatales.

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Año: 2013 (9 de marzo)

Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348)

La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien.

Además, esta ley contempla la prevención, protección y sanción, estableciendo la máxima pena de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto en casos de feminicidio, de esta manera se anula el delito de homicidio por emoción violenta que era el atenuante que anteponían los agresores para reducir el castigo en los casos de feminicidio, por otra parte, de acuerdo a la nueva norma se establecen 17 tipos de violencia.  Cabe mencionar que esta ley contempla más aspectos para proteger a las mujeres de la violencia que la antecesora que fue la Ley N° 1674.

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Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en Bolivia

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Año: 1952

Derecho: Derecho de las mujeres al voto

Si bien, las mujeres bolivianas pudieron votar y ser elegidas desde 1947, fue esta 1952 que se otorgó el sufragio universal.

Su impacto radica en que, hasta ese momento, a las mujeres se la había privado no solo de derechos civiles y políticos, sino de cualquier tipo por lo que el reconocimiento del derecho al voto femenino marcó un hito histórico en la lucha por la igualdad de género en el ámbito político.

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2015: aprobación de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas. La Ley para la Prohibición de Todo Acto de Violencia contra Personas (VAPP) representa un hito significativo en la lucha contra la violencia de género en Nigeria. Esta legislación integral busca erradicar todas las formas de violencia, tanto en el ámbito público como privado, y establece un marco legal sólido para proteger a las víctimas.

La Ley VAPP es un instrumento clave para fortalecer los derechos humanos y mejorar la justicia social en Nigeria. Su importancia radica en su capacidad para ofrecer una protección integral a las víctimas, promover cambios en la cultura y las actitudes sociales, y asegurar un marco legal que respalde la lucha contra la violencia de género.

Equipo 17

Modesto Velazquez

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Este resumen detalla el proceso de promoción colaborativo llevado a cabo por CARE y nuestros socios de campaña en apoyo de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas (VAPP) en el estado de Yobe en Nigeria. Las mujeres del noreste de Nigeria estarán mejor protegidas contra la violencia de género como resultado de esta nueva ley.

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Informe de defensa de Nigeria: Mejores protecciones contra la violencia de género - CARE

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Este resumen detalla el proceso de promoción colaborativo llevado a cabo por CARE y nuestros socios de campaña en apoyo de la aprobación de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas (VAPP) en el estado de Yobe en Nigeria.

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En este año se aprueba la Ley de la Penalización de la Violencia Contra las Mujeres, con esto se materializa una vistoria más en la licha de las mujeres para la igualdad de género.

Rodríguez Sáenz, E. (2003). Historia de las mujeres en Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

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1953 Las primeras legisladoras de Costa Rica

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Derivado de la lucha que se realizó por las mujeres para poder votar, también se lanzaron candidaturas de mujeres para las elecciones, siendo Ana Rosa Chacón González una de las electas y que marcaron un antes y despues en la política de este país.

Rodríguez Sáenz, E. (2003). Historia de las mujeres en Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

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Angela Acuña Braun y Carmen Lyra lideran al lucha para estipular el voto electoral de las mujeres.

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En 1949 después de la guerra civil en Costa Rica se estipula, gracias a la lucha de muchas mujeres lideradas por Angela y Carmen, que las mujeres votarán en las elecciones de 1953.

Rodríguez Sáenz, E. (2003). Historia de las mujeres en Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica.

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2003: Ley contra la Mutilación Genital Femenina. Es crucial implementar medidas legislativas y otras acciones para prohibir prácticas tradicionales nocivas para las niñas, como la mutilación genital femenina, y asegurar que los responsables de estos actos enfrenten la justicia. Además, es necesario intensificar las campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a los autores de estas prácticas, sus familias, líderes tradicionales y religiosos, y el público en general, con el objetivo de fomentar un cambio en las actitudes tradicionales. También se debe continuar ofreciendo capacitación a quienes practican la mutilación genital femenina para ayudarles a encontrar alternativas de ingresos. Por último, se deben enfocar los esfuerzos en erradicar esta práctica en las regiones donde aún se lleva a cabo como norma general.

Equipo 17

Modesto Velazquez

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C. Junio, 2015.

El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la mutilación genital femenina, una práctica que se cree afecta alrededor de 19,9 millones de niñas y mujeres en el país. Los expertos esperan que la medida tenga un efecto dominó en otros estados africanos donde la práctica es frecuente.

La Ley prohíbe la circuncisión femenina o mutilación genital y la expulsión forzada del hogar. También prohíbe el abandono de cónyuge, hijos y otros familiares a cargo y sin sustento y otras prácticas tradicionales nocivas vinculadas a la violencia de género.

Esta legislación histórica está siendo aclamada como un paso importante para el país más poblado de África, pero también los expertos esperan que tenga un efecto multiplicador potencial sobre los otros 26 países africanos que tienen poblaciones significativas las mujeres sometidad a la práctica.
Un ejemplo para toda África
La decisión de Nigeria de prohibir la mutilación genital femenina (MGF) envía "una poderosa señal no sólo dentro de Nigeria, sino a toda África", según J. Peter Pham, director del Centro de África en el Consejo del Atlántico. "Nigeria, sólo por el gran tamaño de su población, tiene el mayor número absoluto de casos de MGF en el mundo", dijo. Agregó que el proyecto de ley ahora penaliza efectivamente un porcentaje significativo de la MGF en el continente africano. "No se puede sobrestimar el impacto de cualquier decisión de Nigeria en el continente"

Se estima que más de 125 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de MGF, y la mayoría se concentra en 29 países, la mayoría, excepto dos, en África, según un estudio de 2013 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La MGF, también conocida como o circuncisión femenina, es un procedimiento en el cual la totalidad o la mayor parte de los genitales externos femeninos son removidos o alterados quirúrgicamente por razones no médicas. El procedimiento no ha documentado beneficios para la salud y se considera una violación de los derechos humanos de las niñas y mujeres por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de los esfuerzos internacionales para derrotar a la práctica, la MGF tiene altas tasas de prevalencia, con más del 95% en países como Somalia, Guinea, Djibouti y Egipto. En Nigeria, que tiene una población de 175 millones, la prevalencia nacional se estima en alrededor de 27%,

La prevalencia continuada del procedimiento es el resultado de factores culturales y sociales profundamente arraigadas. Esto ha supuesto un reto tanto para lor organismos de salud y activistas de derechos humanos internacionales como para los agentes nacionales y locales que han tratado de poner fin a la MGF.
La comunidad debe involucrarse.
Los activistas han advertido de que si bien la ley es un enorme paso en la eliminación de la MGF, no va a cambiar las altas tasas de prevalencia del procedimiento en Nigeria - o el resto del continente - de un día para otro. Por mucho que la legislación envía un mensaje claro y proporciona a activistas un marco legal para sus accione y para pedir cuentas al gobierno al respecto, la criminalización de la práctica todavía tiene sus limitaciones, de acuerdo con Stella Mukasa, directora de género, violencia y derechos en el Centro Internacional para la Investigación sobre la Mujer.

"A pesar de las garantías jurídicas son un paso importante para poner fin a la MGF, que no son suficientes para eliminarlo", escribió en un comentario para el diario británico The Guardian. "Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas requiere una inversión, no sólo leyes escritas en los libros de estatutos. Es por esto que tenemos que destacar la participación de la comunidad, con miras al cambio de las normas sociales, como un componente crítico de la erradicación de la MGF ".

El reto de cambiar las normas sociales se ha subrayado en el caso de otros países africanos como Egipto, donde la prevalencia de la MGF se reveló aproximadamente en un 92% entre las mujeres casadas, a pesar de la práctica está prohibida desde 2008.

Más de la mitad de las mujeres encuestadas por el gobierno egipcio dijeron que seguían estando a favor de la MGF porque lo vieron como estar en conformidad con sus tradiciones culturales.

Fuente: https://vrdelafuente.wordpress.com/2015/05/28/mutilacion-genital-femenina-2/

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Nigeria aprueba Ley que criminaliza la Mutilación Genital Femenina. | CoPPA

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C. Junio, 2015. El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, firmó un proyecto de ley que tipifica como delito la mutilación genital femenina, una práctica ...

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1958: Derecho al trabajo sin la autorización del esposo

Descripción: Las mujeres casadas ya no necesitaban el permiso de sus esposos para trabajar.

Importancia: Aumentó la autonomía económica de las mujeres.

Equipo 7 : Christian, Claudia y Dagoberto.

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24 de febrero de 1932 - Primer país en América Latina en obtener el Derecho al Voto de la mujer (únicamente mujeres mayores de 21 años y alfabetizadas).

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1997: Ley de Derechos de la Mujer a la Herencia En algunos estados de Nigeria, se han promulgado leyes que permiten a las mujeres heredar propiedades, desafiando las prácticas tradicionales que las excluían de la herencia. En Benin City, un tribunal de apelación en Enugu ha reconocido recientemente el derecho de las mujeres a heredar

Equipo 17

Modesto Velazquez

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A landmark Supreme Court judgement has reset the age old inheritance laws in Igbo land by giving women of Igbo origin and culture, the right to inherit properties from their Fathers.

According to the Supreme Court, the tradition which has been practiced from time immemorial in Igbo land, is discriminatory against the girl child and is in direct conflict with provisions of the 1999 Constitution.

The Judgement was delivered on a case filed by Mrs. Lois Chituru Ukeje, widow of Lazarus Ogbonna Ukeje, and her son Enyinnaya Lazarus Ukeje against Ms. Gladys Ada Ukeje, the daughter of the deceased.

Gladys had taken the wife of the deceased and her son before a Lagos High Court, seeking to be included among the administration of the estate of the deceased who died in 1981 on the grounds that she was his daughter. The trial Judge ruled in favour of the plaintiff, saying she was eligible to partake in the estate of her father despite being a woman.

See Also: "Science Has Been Mixed With Politics" - Nigerian Gov't Backs Trump's Claim On Coronavirus

Not satisfied, Mrs. Ukeje appealed the Judgement before the Appeal Court which also upheld it before going before the Supreme Court.

In its judgement, the Supreme Court affirmed the decision of the Court of Appeal, saying it was right in disregarding the Igbo native law and custom on inheritance that excludes female children from inheriting their father's property.

Reading the lead judgement, Justice Bode Rhodes-Vivour said; "No matter the circumstances of the birth of a female child, such a child is entitled to an inheritance from her late father's estate. Consequently, the Igbo customary law, which disentitles a female child from partaking in the sharing of her deceased father's estate is breach of Section 42(1) and (2) of the Constitution, a fundamental rights provision guaranteed to every Nigerian.
"The said discriminatory customary law is void as it conflicts with Section 42(1) and (2) of the Constitution. In the light of all that I have been saying, the appeal is dismissed. In the spirit of reconciliation, parties are to bear their own costs."
The other Justices on the case, Justice Walter Samuel Nkanu Onnonghen, Justice Clara Bata Ogunbiyi, Justice Kumai Bayang Aka'ahs and Justice John Inyang Okoro all agreed with the lead judgement.

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Supreme Court Delivers Landmark Judgement on Igbo Inheritance Laws

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A landmark Supreme Court judgement has reset the age old inheritance laws in Igbo land by giving women of Igbo origin and culture, the right to inherit properties from their Fathers.

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Grundgesetz 49, Reichstagufer, Berlín, Alemania

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Grundgesetz 49, Reichstagufer, Berlín, Alemania

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Grundgesetz 49, Reichstagufer, Berlín, Alemania

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1949: Igualdad ante la ley

Descripción: Con la promulgación de la Ley Básica, se estableció la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Importancia: Fundamento jurídico para la protección de los derechos de las mujeres.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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1918: Derecho al voto femenino

Descripción: Las mujeres obtuvieron el derecho al voto tras la Revolución de Noviembre de 1918.

Importancia: Marcó un avance significativo en la participación política de las mujeres.

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto.

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Alemania (1919-2018).

La emancipación de las mujeres en Alemania. Video que abarca desde 1919 hasta 2018... ¡No te lo puedes perder!

Equipo 7: Christian, Claudia y Dagoberto

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La emancipación de las mujeres en Alemania I ¿Recuerdas cómo fue?

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2010 - Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo

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2010 - Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo

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En 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria de Embarazo, y en 2022 el gobierno ha aprobado su modificación con mayores garantías para el acceso efectivo al aborto, incluidas las jóvenes de 16 y 17 años.

Nayelly Adriana Rodríguez Ostos.

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Legislación consolidadaEste texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
La consolidación consiste en integrar en un solo texto, sin valor oficial, las modificaciones, correcciones y derogaciones de carácter expreso que una norma ha tenido desde su origen, con el objetivo de facilitar el acceso al Derecho vigente. Para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial.

Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 01/03/2023"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

PREÁMBULO

I

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información.

La protección de este ámbito de autonomía personal tiene una singular significación para las mujeres, para quienes el embarazo y la maternidad son hechos que afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos. La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar". Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que "los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia". En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, establece la obligación de los Estados Partes de respetar "el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener [...] a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiada para su edad y a que se provean los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos", así como a que "mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás".

La presente Ley pretende adecuar nuestro marco normativo al consenso de la comunidad internacional en esta materia, mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva. La Ley parte de la convicción, avalada por el mejor conocimiento científico, de que una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia haya sido avalada por la evidencia científica, en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.

La Ley aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Introduce en nuestro ordenamiento las definiciones de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, salud sexual y salud reproductiva y prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo. Establece, asimismo, una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo fuera del Código Penal que, siguiendo la pauta más extendida en los países de nuestro entorno político y cultural, busca garantizar y proteger adecuadamente los derechos e intereses en presencia, de la mujer y de la vida prenatal.

II

El primer deber del legislador es adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular, procurando siempre que la innovación normativa genere certeza y seguridad en las personas a quienes se destina, pues la libertad sólo encuentra refugio en el suelo firme de la claridad y precisión de la Ley. Ese es el espíritu que inspira la nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problema social de los abortos clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres en relación con la maternidad, despenalizó ciertos supuestos de aborto. La reforma del Código Penal supuso un avance al posibilitar el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro cuando concurriera alguna de las indicaciones legalmente previstas: grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la embarazada, cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o cuando se presumiera la existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. A lo largo de estos años, sin embargo, la aplicación de la ley ha generado incertidumbres y prácticas que han afectado a la seguridad jurídica, con consecuencias tanto para la garantía de los derechos de las mujeres como para la eficaz protección del bien jurídico penalmente tutelado y que, en contra del fin de la norma, eventualmente han podido poner en dificultades a los profesionales sanitarios de quienes precisamente depende la vigilancia de la seguridad médica en las intervenciones de interrupción del embarazo.

La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 20 de marzo de 2007 en la que se afirma, por un lado, que "en este tipo de situaciones las previsiones legales deben, en primer lugar y ante todo, asegurar la claridad de la posición jurídica de la mujer embarazada" y, por otro lado, que "una vez que el legislador decide permitir el aborto, no debe estructurar su marco legal de modo que se limiten las posibilidades reales de obtenerlo".

En una sociedad libre, pluralista y abierta, corresponde al legislador, dentro del marco de opciones que la Constitución deja abierto, desarrollar los derechos fundamentales de acuerdo con los valores dominantes y las necesidades de cada momento histórico. La experiencia acumulada en la aplicación del marco legal vigente, el avance del reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres tanto en el ámbito público como en su vida privada, así como la tendencia normativa imperante en los países de nuestro entorno, abogan por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo presidida por la claridad en donde queden adecuadamente garantizadas tanto la autonomía de las mujeres, como la eficaz protección de la vida prenatal como bien jurídico. Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1607/2008, de 16 abril, reafirmó el derecho de todo ser humano, y en particular de las mujeres, al respeto de su integridad física y a la libre disposición de su cuerpo y en ese contexto, a que la decisión última de recurrir o no a un aborto corresponda a la mujer interesada y, en consecuencia, ha invitado a los Estados miembros a despenalizar el aborto dentro de unos plazos de gestación razonables.

En la concreción del modelo legal, se ha considerado de manera especialmente atenta la doctrina constitucional derivada de las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia. Así, en la sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de fondo, enunció sin embargo, algunos principios que han sido respaldados por la jurisprudencia posterior y que aquí se toman como punto de partida. Una de esas afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el deber del legislador de "ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos" (STC 53/1985). Pues si bien "los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución" esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional (STC 116/1999). La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada.

La ponderación que el legislador realiza ha tenido en cuenta la doctrina de la STC 53/1985 y atiende a los cambios cualitativos de la vida en formación que tienen lugar durante el embarazo, estableciendo, de este modo, una concordancia práctica de los derechos y bienes concurrentes a través de un modelo de tutela gradual a lo largo de la gestación.

La presente Ley reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada. El legislador ha considerado razonable, de acuerdo con las indicaciones de las personas expertas y el análisis del derecho comparado, dejar un plazo de 14 semanas en el que se garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo, sin interferencia de terceros, lo que la STC 53/1985 denomina "autodeterminación consciente", dado que la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante, no ofrece una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer, valor amparado en el artículo 10.1 de la Constitución.

La experiencia ha demostrado que la protección de la vida prenatal es más eficaz a través de políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad. Por ello, la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella. La mujer adoptará su decisión tras haber sido informada de todas las prestaciones, ayudas y derechos a los que puede acceder si desea continuar con el embarazo, de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales derivadas de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, así como de la posibilidad de recibir asesoramiento antes y después de la intervención. La Ley dispone un plazo de reflexión de al menos tres días y, además de exigir la claridad y objetividad de la información, impone condiciones para que ésta se ofrezca en un ámbito y de un modo exento de presión para la mujer.

En el desarrollo de la gestación, "tiene -como ha afirmado la STC 53/1985- una especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre". El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Es hasta este momento cuando la Ley permite la interrupción del embarazo siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones: "que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada", o "que exista riesgo de graves anomalías en el feto". Estos supuestos de interrupción voluntaria del embarazo de carácter médico se regulan con las debidas garantías a fin de acreditar con la mayor seguridad posible la concurrencia de la indicación. A diferencia de la regulación vigente, se establece un límite temporal cierto en la aplicación de la llamada indicación terapéutica, de modo que en caso de existir riesgo para la vida o salud de la mujer más allá de la vigésimo segunda semana de gestación, lo adecuado será la práctica de un parto inducido, con lo que el derecho a la vida e integridad física de la mujer y el interés en la protección de la vida en formación se armonizan plenamente.

Más allá de la vigésimo segunda semana, la ley configura dos supuestos excepcionales de interrupción del embarazo. El primero se refiere a aquellos casos en que "se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida", en que decae la premisa que hace de la vida prenatal un bien jurídico protegido en tanto que proyección del artículo 15 de la Constitución (STC 212/1996). El segundo supuesto se circunscribe a los casos en que "se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico". Su comprobación se ha deferido al juicio experto de profesionales médicos conformado de acuerdo con la evidencia científica del momento.

La Ley establece además un conjunto de garantías relativas al acceso efectivo a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo y a la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. Con estas previsiones legales se pretende dar solución a los problemas a que había dado lugar el actual marco regulador tanto de desigualdades territoriales en el acceso a la prestación como de vulneración de la intimidad. Así, se encomienda a la Alta Inspección velar por la efectiva igualdad en el ejercicio de los derechos y el acceso a las prestaciones reconocidas en esta Ley.

Asimismo se recoge la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que será articulado en un desarrollo futuro de la Ley.

Se ha dado nueva redacción al artículo 145 del Código Penal con el fin de limitar la pena impuesta a la mujer que consiente o se practica un aborto fuera de los casos permitidos por la ley eliminando la previsión de pena privativa de libertad, por un lado y, por otro, para precisar la imposición de las penas en sus mitades superiores en determinados supuestos. Asimismo se introduce un nuevo artículo 145 bis, a fin de incorporar la penalidad correspondiente de las conductas de quienes practican una interrupción del embarazo dentro de los casos contemplados por la ley, pero sin cumplir los requisitos exigidos en ella.

Finalmente, se ha modificado la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente con el fin de que la prestación del consentimiento para la práctica de una interrupción voluntaria del embarazo se sujete al régimen general previsto en esta Ley y eliminar la excepcionalidad establecida en este caso.

III

La Ley se estructura en un Título preliminar, dos Títulos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones, los principios inspiradores de la ley y proclama los derechos que garantiza.

El Título Primero, bajo la rúbrica "De la salud sexual y reproductiva, se articula en cuatro capítulos. En el capítulo I se fijan los objetivos de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva. El capítulo II contiene las medidas en el ámbito sanitario y el capítulo III se refiere a las relativas al ámbito educativo. El capítulo IV tiene como objeto la previsión de la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instrumento de colaboración de las distintas administraciones públicas para el adecuado desarrollo de las políticas públicas en esta materia.

En el Título Segundo se regulan las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y las garantías en el acceso a la prestación.

La disposición adicional primera mandata que la Alta Inspección verifique el cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley.

La disposición adicional segunda impone al Gobierno la evaluación del coste económico de los servicios y prestaciones incluidos en la Ley así como la adopción de medidas previstas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, la disposición adicional tercera se refiere al acceso a los métodos anticonceptivos y su inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

La disposición derogatoria deroga el artículo 417 bis del Código Penal introducido en el Código Penal de 1973 por la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, y cuya vigencia fue mantenida por el Código Penal de 1995.

La disposición final primera da nueva redacción al artículo 145 del Código Penal e introduce un nuevo artículo 145 bis, y la disposición final segunda modifica el apartado cuarto del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Finalmente, las restantes disposiciones finales se refieren al carácter orgánico de la ley, la habilitación al Gobierno para su desarrollo reglamentario, el ámbito territorial de aplicación de la Ley y la entrada en vigor que se fija en cuatro meses desde su publicación, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para su plena aplicación.

[Bloque 2: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

[Bloque 4: #a2]

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de lo dispuesto en esta ley orgánica, se entenderá por:

1. Salud: El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

2. Salud sexual: El estado general de bienestar físico, mental y social, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad de las personas. Es también un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la población, así como para garantizar el derecho a la salud y los derechos sexuales.

3. Salud reproductiva: El estado general de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con la reproducción. Es también un enfoque integral para analizar y responder a las necesidades de la población, así como para garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos.

4. Salud durante la menstruación: El estado integral de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia, en relación con el ciclo menstrual. Por gestión menstrual se entenderá la manera en que las mujeres deciden abordar su ciclo menstrual, pudiendo servirse para tal gestión de diversos productos menstruales, tales como compresas, tampones, copas menstruales y artículos similares.

5. Intervenciones ginecológicas y obstétricas adecuadas: Aquellas que promueven y protegen la salud física y psíquica de las mujeres en el marco de la atención a la salud sexual y reproductiva, en particular, evitando las intervenciones innecesarias.

6. Menstruación incapacitante secundaria: Situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada.

7. Violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo: Todo acto basado en la discriminación por motivos de género que atente contra la integridad o la libre elección de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, su libre decisión sobre la maternidad, su espaciamiento y oportunidad.

8. Esterilización forzosa: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la práctica de una intervención quirúrgica que tenga por objeto o por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado o sin su entendimiento del procedimiento.

9. Anticoncepción forzosa: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la intervención médica por cualquier vía, también medicamentosa, que tenga análogas consecuencias a la esterilización forzosa.

10. Aborto forzoso: Forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo que consiste en la práctica de un aborto a una mujer sin su consentimiento previo e informado, a excepción de los casos a los que se refiere el artículo 9.2.b) de la Ley 41/2002, de 14 noviembre.

Se modifica por el art. único.2 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 12: #a5-4]

Artículo 5 quater. Medidas de distribución de productos de gestión menstrual.

1. Los centros educativos garantizarán el acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las situaciones en que resulte necesario y a través de los cauces que establezcan para ello.

2. Se garantizará, asimismo, el acceso gratuito de dichos productos a mujeres en riesgo de exclusión, en los centros que ofrecen servicios sociales, así como en los centros y otros lugares donde permanezcan personas privadas de libertad.

3. La entrega de productos de gestión menstrual respetará las elecciones de las personas usuarias. Los productos se encontrarán disponibles sin necesidad de mediación alguna, garantizando la protección de la identidad y la confidencialidad.

4. Los organismos públicos previstos en este artículo optarán de forma preferente y progresiva por los productos de gestión menstrual sostenibles, orgánicos, ecológicos, de rápida descomposición, reutilizables y libres de químicos, con el fin de causar el menor impacto posible al medio ambiente y en la salud de las mujeres y otras personas destinatarias.

5. Las anteriores medidas se adoptarán de forma progresiva en las dependencias de organismos públicos previstos en este artículo.

6. Se prohíbe la venta de los productos menstruales que sean entregados por las administraciones públicas en las entidades mencionadas y se promoverá su uso racional.

Se añade por el art. único.6 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Texto añadido, publicado el 01/03/2023, en vigor a partir del 02/03/2023.

[Bloque 17: #a7]

Artículo 7. Atención a la salud sexual.

Los servicios públicos garantizarán:

a) El derecho a la libertad, la autonomía personal y el reconocimiento de las distintas opciones y orientaciones sexuales.

b) El enfoque antidiscriminatorio e interseccional en todas sus prácticas, a fin de valorar y abordar de forma integral las circunstancias relativas a la edad, sexo, identidad de género, origen nacional, lengua, étnico o racial, situación administrativa de extranjería, discapacidad y situación económica de las personas.

c) La calidad de los servicios de atención a la salud integral y, en especial, de la promoción e implementación de estándares de atención basados en el mejor y más actualizado conocimiento científico disponible respecto de la salud sexual en todas las fases del ciclo vital y sobre los derechos sexuales.

d) La información y el acceso a anticonceptivos de última generación, regulares y de urgencia, definitivos y reversibles, cuya eficacia sea avalada por la evidencia científica.

e) El fortalecimiento de la prevención y el tratamiento de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual, con especial atención al virus de la inmunodeficiencia humana (en adelante, VIH) y virus del papiloma humano (en adelante, VPH), y énfasis en la población joven.

f) La implementación y fortalecimiento de servicios públicos de proximidad y en todos los niveles de la atención sanitaria, especializados en salud sexual y conformados por equipos multidisciplinares.

Se modifica por el art. único.7 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 22: #a8]

Artículo 8. Formación de profesionales de la salud.

1. La formación de profesionales de la salud se abordará con perspectiva igualitaria entre mujeres y hombres, integral de derechos humanos e interseccional e incluirá:

a) La incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en los programas curriculares de las carreras con competencias en dichos ámbitos.

b) La incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación, con los conocimientos más avanzados, en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.

c) La salud sexual y reproductiva en los programas de formación continuada a lo largo del desempeño de la carrera profesional en las áreas de la salud.

d) La realidad y las necesidades de los grupos o sectores sociales más vulnerables, como el de las personas con discapacidad.

Se modifica por el art. único.7 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 24: #a9]

Artículo 9. Formación sobre salud sexual y reproductiva en el sistema educativo.

1. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias contemplarán la formación en salud sexual y reproductiva, como parte del desarrollo integral de la personalidad, de la formación en valores, con base en la dignidad de la persona, y con un enfoque interseccional, que contribuya a:

a) La promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad, y diversidad, desde la óptica del placer, el deseo, la libertad y el respeto, con especial atención a la prevención de la violencia de género y la violencia sexual.

b) El reconocimiento de la diversidad sexual.

c) El desarrollo armónico de la sexualidad en cada etapa del ciclo vital, con especial atención a la adolescencia y juventud.

d) La prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, especialmente del VIH y del VPH, visibilizando la realidad de las personas VIH+/SIDA, desde el surgimiento del VIH hasta la actualidad, haciendo hincapié en sus necesidades y propuestas para superar la discriminación y olvido en el que viven.

e) La prevención de embarazos no deseados.

2. La educación afectivo-sexual, en todas sus dimensiones, forma parte del currículo durante toda la educación obligatoria, y será impartida por personal que habrá recibido la formación adecuada para ello, en consonancia con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación.

Se modifica por el art. único.8 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 32: #a11]

Artículo 11. Elaboración de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva.

1. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta ley orgánica, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobará la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales, así como con el informe favorable de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Corresponde al Ministerio de Sanidad su planificación, coordinación, desarrollo y evaluación, garantizándose la participación de los departamentos ministeriales cuyas actuaciones incidan especialmente en materia de salud sexual y reproductiva, y en particular del Ministerio de Igualdad; de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía; así como de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados.

2. La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud, con énfasis en la salud sexual y la salud reproductiva, y estará integrada por medidas en el ámbito de la educación, la formación y la investigación, la interrupción voluntaria del embarazo y las violencias contra las mujeres en estos ámbitos.

3. En el marco de la Estrategia se desarrollará un plan operativo que aborde de manera específica el diagnóstico precoz, el diagnóstico y el tratamiento y abordaje integral, con perspectiva de género, de las patologías relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

4. La Estrategia establecerá mecanismos de evaluación internos y externos de la consecución de sus objetivos. La evaluación interna será bienal y realizada por una Comisión destinada expresamente a estas tareas de evaluación, formada por representantes del Comité Técnico y del Comité Institucional de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva.

La evaluación externa, que también será bienal, se realizará a cargo de una Comisión diferente a los Comités Técnico e Institucional de la Estrategia o sus representantes designados para la evaluación interna, debiendo garantizar, en cualquier caso, la inclusión de la perspectiva de género en su metodología evaluativa.

Tanto en la Comisión de evaluación externa, como en ambos Comités de la Estrategia, se garantizará la representación de la institución responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad.

5. En el marco de la Estrategia, se desarrollará un plan operativo sobre la atención sanitaria al parto normal que aborde de manera específica el impulso de los objetivos, recomendaciones y estándares propuestos contenidos en dicha Estrategia.

Se modifica por el art. único.9 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 33: #a1-7]

Artículo 11 bis. Investigación, recopilación y producción de datos.

1. La investigación en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos se garantizará a través de políticas públicas con enfoque de género e interseccional que permitan obtener la mejor, más amplia y actualizada información científica respecto de la salud sexual, la salud reproductiva, la salud durante la menstruación y la salud durante la menopausia y el climaterio en cada etapa correspondiente del ciclo vital.

2. Las administraciones públicas llevarán a cabo y apoyarán la realización de estudios, encuestas y trabajos de investigación sobre las temáticas reguladas por esta ley orgánica, así como aquellos otros que, integrando la perspectiva de género e interseccional, las tengan en cuenta, a fin de obtener y producir el mejor y más actualizado conocimiento que sea posible en el ámbito de la salud, los derechos sexuales y reproductivos. Se promoverá la recogida de datos y la elaboración de estudios sobre las infecciones de transmisión sexual, con la finalidad de analizar su prevalencia y guiar las medidas para su prevención y tratamiento. Asimismo, se promoverán los estudios sobre la crisis de reproducción y sus impactos sociales.

3. Se promoverá y garantizará la investigación que permita obtener la mejor, más amplia y actualizada información acerca de la menstruación y la salud durante la menstruación en las diferentes fases del ciclo vital de las mujeres, con un enfoque relativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan al ciclo menstrual y los efectos que sobre este producen los distintos fármacos.

4. En la elaboración de las políticas públicas y en la realización de estudios, encuestas y trabajos de investigación se dará cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

5. Los objetivos de la investigación serán buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos y realidades, elaborar recomendaciones y propuestas de acción, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios y reformular planteamientos en relación con la promoción, protección y respeto de los derechos consagrados en esta ley orgánica.

Se añade por el art. único.9 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Redactado conforme a la corrección de errores publicada en el BOE núm. 64, de 16 de marzo de 2023. Ref. BOE-A-2023-6886

Texto añadido, publicado el 01/03/2023, en vigor a partir del 02/03/2023.

[Bloque 34: #tii]

TÍTULO II

De la interrupción voluntaria del embarazo

[Bloque 35: #ci-2]

CAPÍTULO I

Condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo

[Bloque 36: #a12]

Artículo 12. Garantía de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.

[Bloque 37: #a13]

Artículo 13. Requisitos comunes.

Son requisitos necesarios de la interrupción voluntaria del embarazo:

a) Que se practique por un médico especialista, preferiblemente en obstetricia y ginecología o bajo su dirección.

b) Que se lleve a cabo en centro sanitario público o en un centro privado acreditado.

c) Que se realice con el consentimiento expreso informado y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Podrá prescindirse del consentimiento expreso en el supuesto previsto en el artículo 9.2.b) de la referida ley. En el supuesto de mujeres con medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se atenderá a lo dispuesto en el artículo 9.7 de la misma ley.

Se modifica por el art. único.10 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Se suprime el apartado 4 por el art. 1 de la Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre. Ref. BOE-A-2015-10141.

[Bloque 40: #a15]

Artículo 15. Interrupción por causas médicas.

Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.

b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.

c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

[Bloque 41: #a16]

Artículo 16. Comité clínico.

1. El Comité clínico al que se refiere el artículo anterior estará formado por un equipo pluridisciplinar integrado por dos integrantes del personal médico especialistas en ginecología y obstetricia o expertos en diagnóstico prenatal y un pediatra. La mujer podrá elegir uno de estos especialistas. Ninguno de los miembros del Comité podrá formar parte del Registro de objetores de la interrupción voluntaria del embarazo ni haber formado parte en los últimos tres años.

2. Confirmado el diagnóstico por el Comité, la mujer decidirá sobre la intervención.

3. En cada Comunidad Autónoma habrá, al menos, un Comité clínico en un centro de la red sanitaria pública. Los miembros, titulares y suplentes, designados por las autoridades sanitarias competentes, lo serán por un plazo no inferior a un año. La designación deberá hacerse pública en los diarios oficiales de las respectivas comunidades autónomas.

4. Las especificidades del funcionamiento del Comité clínico se determinarán reglamentariamente.

Se modifica por el art. único.13 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 43: #cii-2]

CAPÍTULO II

Garantías en el acceso a la prestación

[Bloque 46: #a19]

Artículo 19. Medidas para garantizar la prestación sanitaria pública.

1. Con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo, las administraciones sanitarias competentes garantizarán los contenidos básicos de esta prestación que el Gobierno determine, oído el Consejo Interterritorial de Salud. Se garantizará a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan.

2. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, según lo establecido en el artículo 18. Los centros sanitarios en los que se lleve a cabo esta prestación proporcionarán el método quirúrgico y farmacológico, de acuerdo a los requisitos sanitarios de cada uno de los métodos.

3. Los poderes públicos garantizarán, de acuerdo con un reparto geográfico adecuado, accesible y en número suficiente, lo previsto en el artículo 18, en consonancia con lo previsto en el artículo 19 bis.

4. La usuaria del Sistema Nacional de Salud podrá recurrir en vía jurisdiccional, mediante el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el caso de que el Comité clínico no confirmase el diagnóstico a que alude la letra c) del artículo 15 y la usuaria considerase que concurren los motivos expresados en el referido apartado.

5. Si, excepcionalmente, la administración pública sanitaria no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación. En este supuesto, las autoridades competentes de las comunidades autónomas o del Estado asumirán también los gastos devengados por la mujer, hasta el límite que éstas determinen.

6. Por su especial sujeción a plazos, la interrupción voluntaria del embarazo será considerada siempre un procedimiento sanitario de urgencia.

Se modifica por el art. único.17 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 49: #a20]

Artículo 20. Protección del derecho a la intimidad, a la confidencialidad y a la protección de datos.

1. Los centros públicos y privados que presten cualquier tipo de asistencia sanitaria en relación con la salud sexual y reproductiva, y, en particular, la interrupción voluntaria del embarazo, garantizarán el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de las pacientes en el tratamiento de sus datos de carácter personal.

2. De manera general, el tratamiento de datos de carácter personal y sanitario, así como el ejercicio de los derechos de la paciente, se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016; a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

3. Los centros prestadores del servicio deberán contar con sistemas de custodia activa y diligente de las historias clínicas de las pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo conforme a la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.

Se modifica por el art. único.20 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 50: #a21]

Artículo 21. Tratamiento de datos.

1. En el momento de la solicitud de información sobre la interrupción voluntaria del embarazo, los centros, sin proceder al tratamiento de dato alguno, habrán de informar a la solicitante que los datos identificativos de las pacientes a las que efectivamente se les realice la prestación serán objeto de codificación y separados de los datos de carácter clínico asistencial relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo.

2. Los centros que presten la interrupción voluntaria del embarazo establecerán mecanismos apropiados de automatización y codificación de los datos de identificación de las pacientes atendidas, en los términos previstos en esta Ley.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, se considerarán datos identificativos de la paciente su nombre, apellidos, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente, así como cualquier dato que revele su identidad física o genética.

3. En el momento de la primera recogida de datos de la paciente, se le asignará un código que será utilizado para identificarla en todo el proceso.

4. Los centros sustituirán los datos identificativos de la paciente por el código asignado en cualquier información contenida en la historia clínica que guarde relación con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, de forma que no pueda producirse con carácter general, el acceso a dicha información.

5. Las informaciones relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo deberán ser conservadas en la historia clínica de tal forma que su mera visualización no sea posible salvo por el personal que participe en la práctica de la prestación, sin perjuicio de los accesos a los que se refiere el artículo siguiente.

[Bloque 51: #a22]

Artículo 22. Acceso y cesión de datos de carácter personal.

1. Únicamente será posible el acceso a los datos de la historia clínica asociados a los que identifican a la paciente, sin su consentimiento, en los casos previstos en las disposiciones legales reguladoras de los derechos y obligaciones en materia de documentación clínica.

Cuando el acceso fuera solicitado por otro profesional sanitario a fin de prestar la adecuada asistencia sanitaria de la paciente, aquél se limitará a los datos estricta y exclusivamente necesarios para la adecuada asistencia, quedando constancia de la realización del acceso.

En los demás supuestos amparados por la ley, el acceso se realizará mediante autorización expresa del órgano competente en la que se motivarán de forma detallada las causas que la justifican, quedando en todo caso limitado a los datos estricta y exclusivamente necesarios.

2. El informe de alta, las certificaciones médicas y cualquier otra documentación relacionada con la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo que sea necesaria a cualquier efecto, será entregada exclusivamente a la paciente o persona autorizada por ella. Esta documentación respetará el derecho de la paciente a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal recogido en este Capítulo.

3. No será posible el tratamiento de la información por el centro sanitario para actividades de publicidad o prospección comercial. No podrá recabarse el consentimiento de la paciente para el tratamiento de los datos para estas actividades.

[Bloque 52: #a23]

Artículo 23. Supresión de datos.

1. Los centros que hayan procedido a una interrupción voluntaria de embarazo deberán suprimir de oficio la totalidad de los datos de la paciente que consten en sus registros administrativos una vez transcurridos cinco años desde la fecha de alta de la intervención. No obstante, la documentación clínica podrá conservarse cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, en cuyo caso se procederá a la supresión de todos los datos identificativos de la paciente y del código que se le hubiera asignado como consecuencia de lo dispuesto en los artículos anteriores.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio del ejercicio por la paciente de su derecho de supresión, en los términos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Se modifica por el art. único.21 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 55: #a2-2]

Artículo 24. Responsabilidad institucional.

1. Las administraciones públicas se abstendrán de realizar cualquier acto que vulnere los derechos sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica y se asegurarán de que autoridades, personal funcionario, agentes e instituciones estatales y autonómicas, así como los demás actores que actúen en nombre de las anteriores se comporten de acuerdo con esta obligación.

2. Las administraciones públicas competentes garantizarán el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley orgánica y, especialmente, velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente. Las intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica.

3. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, tomarán las medidas integrales y eficaces para prevenir, proteger, investigar, sancionar, erradicar y reparar las vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Se añade por el art. único.22 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Texto añadido, publicado el 01/03/2023, en vigor a partir del 02/03/2023.

[Bloque 56: #a2-3]

Artículo 25. Sensibilización e información.

1. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la adopción de campañas y acciones informativas, accesibles a todas las mujeres tomando en cuenta su situación, que incluyan información sobre sus derechos, y los recursos disponibles en caso de ver vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos.

2. Las campañas se realizarán de manera que sean accesibles al conjunto de la población, tomando en consideración circunstancias tales como la edad, la discapacidad, el idioma, la ruralidad o la eventual residencia en el extranjero de nacionales españolas.

3. Sin perjuicio de lo previsto en otras normas, las administraciones públicas competentes, en todos los centros sanitarios, incluidos los servicios previstos en el artículo 5 sexies, pondrán en marcha medidas de información y asistencia a quienes vean vulnerados sus derechos sexuales y reproductivos, lo que comprenderá la orientación para el resarcimiento integral de los daños y perjuicios. Las mujeres atendidas deberán ser informadas de la existencia de estos servicios de asistencia.

Se añade por el art. único.22 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Texto añadido, publicado el 01/03/2023, en vigor a partir del 02/03/2023.

[Bloque 62: #a3-2]

Artículo 30. Políticas públicas y protocolos.

1. En la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva se contemplará un apartado de prevención, detección e intervención integral para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico.

2. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con implicación del Observatorio de Salud de las Mujeres, aprobará un protocolo común de actuaciones para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico, que contemplará las medidas necesarias para que el sector sanitario contribuya a garantizar los derechos sexuales y reproductivos en este ámbito.

3. Tomando como marco el protocolo común, las comunidades autónomas promoverán que los centros sanitarios adopten protocolos específicos para la prevención de praxis profesionales contrarias a lo establecido en este Capítulo, asesoren a las mujeres sobre sus derechos y habiliten cauces para las reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido afectadas por estas conductas.

Se añade por el art. único.22 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

Texto añadido, publicado el 01/03/2023, en vigor a partir del 02/03/2023.

[Bloque 67: #daprimera]

Disposición adicional primera. De las funciones de la Alta Inspección.

1. El Estado ejercerá la Alta Inspección como función de garantía y verificación del cumplimiento efectivo de los derechos y prestaciones reconocidas en esta ley orgánica en todo el Sistema Nacional de Salud.

2. Para la formulación de propuestas de mejora en equidad y accesibilidad de las prestaciones y con el fin de verificar la aplicación efectiva de los derechos y prestaciones reconocidas en esta ley orgánica en todo el Sistema Nacional de Salud, el Gobierno elaborará un informe anual de situación, sobre la base de los datos presentados por las comunidades autónomas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

3. En la memoria anual sobre el funcionamiento del sistema, regulada en el artículo 78 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, y que la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud deberá presentar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su debate, se incluirá un análisis específico sobre la implementación de esta ley orgánica.

4. Para el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección, el Gobierno adoptará las disposiciones reglamentarias procedentes en el marco de esta ley orgánica.

Se modifica por el art. único.23 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 68: #dasegunda]

Disposición adicional segunda. Evaluación de costes y adopción de medidas.

El Gobierno evaluará el coste económico de los servicios y prestaciones públicas incluidas en la Ley adoptando, en su caso, las medidas necesarias de conformidad a lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

[Bloque 71: #ddunica]

Disposición derogatoria única. Derogación del artículo 417 bis del Código Penal.

Queda derogado el artículo 417 bis del Texto Refundido del Código Penal publicado por el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio.

[Bloque 73: #dfsegunda]

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica.

El apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, tendrá la siguiente redacción:

"4. La práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación."

[Bloque 74: #dftercera]

Disposición final tercera. Carácter orgánico.

Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 81 de la Constitución.

Los preceptos contenidos en el título preliminar, el título I, el capítulo II del título II, el título III, las disposiciones adicionales y las disposiciones finales segunda, cuarta, quinta y sexta no tienen carácter orgánico.

Se modifica por el art. único.26 de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero. Ref. BOE-A-2023-5364

[Bloque 75: #dfcuaa]

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

El Gobierno adoptará las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

En tanto no entre en vigor el desarrollo reglamentario referido, mantienen su vigencia las disposiciones reglamentarias vigentes sobre la materia que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

[Bloque 76: #dfquinta]

Disposición final quinta. Ámbito territorial de aplicación de la Ley.

Sin perjuicio de las correspondientes competencias autonómicas, el marco de aplicación de la presente Ley lo será en todo el territorio del Estado.

Corresponderá a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestación contenida en la red sanitaria pública, o vinculada a la misma, en la Comunidad Autónoma de residencia de la mujer embarazada, siempre que así lo solicite la embarazada.

[Bloque 77: #dfsexta]

Disposición final sexta. Entrada en vigor.

La Ley entrará en vigor en el plazo de cuatro meses a partir del día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

[Bloque 78: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 3 de marzo de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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BOE-A-2010-3514 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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BOE-A-2010-3514 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

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2004 - Ley Integral contra la Violencia de Género 

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2004 - Ley Integral contra la Violencia de Género 

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Los movimientos feministas desempeñaron un papel crucial en la lucha por la igualdad. Organizaciones y colectivos feministas llevaron a cabo manifestaciones, campañas de concienciación y presionaron al gobierno para que tomara medidas concretas contra la desigualdad y la violencia de género. Estas movilizaciones, especialmente a partir de los años 90, fueron esenciales para visibilizar la problemática y exigir cambios legislativos.

Nayelly Adriana Rodríguez Ostos

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Las reformas del nuevo sistema comenzaron un poco antes de la muerte de Franco y continuaron tras la vuelta a un sistema democrático, durante la Transición.

En este momento, se vivió un proceso gradual en la recuperación de distintos derechos y la obtención de otros como lo fue el derecho al divorcio.

Nayelly Adriana Rodríguez Ostos.

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Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas

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Ley del Divorcio de 1981: una conquista del movimiento feminista

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El 1 de octubre de 1931, el Congreso aprobó por 161 votos a favor y 121 en contra el derecho al voto para las mujeres. Esta fue una victoria histórica y permitió que las mujeres votaran por primera vez en las elecciones generales de 1933.

Nayelly Adriana Rodríguez Ostos.

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Ley contra la violencia doméstica

País: Suecia

Año: 1998

En 1998, Suecia implementó una ley clave para proteger a las mujeres contra la violencia doméstica y brindar asistencia a las víctimas, estableciendo un modelo efectivo en defensa de los derechos humanos.

Comparando diferentes enfoques, notamos que algunas leyes contra la violencia de género, como la de Venezuela, Puerto Rico y Costa Rica, son principalmente programáticas y carecen de exigibilidad jurídica. En cambio, leyes como la sueca, la italiana y la austríaca no solo establecen medidas concretas, sino que también se apartan de los códigos generales para garantizar una protección más efectiva. La efectividad de estas leyes varía según su capacidad para aplicarse y traducirse en acciones concretas. (Alcubilla, 2001).

Alcubilla, E. A. (2001). Sobre la violencia doméstica. Cuadernos de Derecho Público.

Equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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euronews reporter - En Suecia también hay violencia doméstica

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Derecho al Aborto en Suecia

País: Suecia

Año: 1974

En 1974, Suecia legalizó el aborto hasta las 18 semanas de embarazo, un hito clave para la autonomía reproductiva y el bienestar de las mujeres. Este avance se dio en un contexto de cambio social, donde más mujeres comenzaron a trabajar y ganar independencia. Entre 1960 y 1975, la participación femenina en la fuerza laboral aumentó significativamente, lo que aceleró la emancipación de la mujer sueca. La legalización del aborto, junto con la introducción de la píldora anticonceptiva en 1964, fueron factores cruciales en este proceso de transformación social.

Equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Seminarium om aborträtten - Seminario sobre el derecho al aborto

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Equipo 2. Juan Brian Suárez Ramos

1995: Se creó la unidad de derechos humanos en competencia a todo el territorio de Colombia, pero la unidad ha recibido amenazas como consecuencia de su labor y el Estado no adopta las medidas especiales necesarias (ONU, p. 131). Además, el gobierno no estaba cumpliendo su obligación de garantizar que continuaran las actividades a favor de los derechos humanos en el país, debido a la falta de protección de los defensores de esos derechos, la poca investigación de las denuncias y ataques y el número mucho menor de enjuiciamientos de sus autores. Esta situación se calificó de «mucha palabrería y ninguna acción concreta». (ONU, p. 132).

1996: Se dicta una ley para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.

1998: Se realiza el avance logrado en las elecciones parlamentarias, pero en su práctica la representación es muy escasa y mínima.

2000: Se realiza el programa y las políticas de la Red de Solidaridad Social en general contemplan la necesidad de centrarse en el diseño y la ejecución de planes y de medidas desde una perspectiva coherente, tanto demográfica como territorial, compatible con la diversidad social y territorial del desplazamiento interno.

2001: Se estableció la Comisión de Derechos humanos, donde se estableció un centro de coordinación para que se ocupara de las cuestiones relacionadas con el género y, en particular, para que prestara asistencia utilizando esta perspectiva en el análisis, la evaluación y presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos y el seguimiento de casos, en colaboración con todas las secciones de la Oficina y otros coordinadores. Este material se distribuyó a las organizaciones de mujeres de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y otras ciudades. Próximamente se publicará también una nota descriptiva sobre los derechos de la mujer. (p. 149).

2002: Se estableció el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. El Comité recomienda que se adopten medidas para exigir el cumplimiento de la ley y se sancione a los que incurren en estas prácticas discriminatorias. El Comité reitera que debe ponerse a la mujer al corriente de sus derechos mediante una mayor divulgación de las leyes que la protegen como trabajadora.

2006: La Corte Constitucional despenalizaran el aborto en tres casos: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer está en peligro; cuando el embarazo es resultado de violación o incesto; o cuando una malformación fetal hace inviable la vida fuera del útero.

2016: Se firmo el acuerdo de paz de guerrilla de las FARC-EP convertirse el primero en el mundo en incorporar un enfoque de género con medidas para resarcir el daño sufrido por mujeres y personas LGBT+

2020: Las mujeres tienen cargos de elección popular a nivel territorial, Departamentales las mujeres representan el 17,5%, Concejos Municipales: 17,9%, Gobernaciones: 6,3%.

2022: Las colombianas siguen liderando debates para lograr que se apruebe su acceso a derechos y se respete su capacidad de decisión. En febrero de este año, después de años de insistir, el movimiento Causa Justa logró que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en el país hasta la semana 24 de gestación.

Referencias:

Derechos de la mujer. ONU. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2021/07/Derechos_de_la_Mujer.pdf

Derechos de la mujer. ONU. https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2021/07/Derechos_de_la_Mujer.pdf

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Equipo 2. Juan Brian Suárez Ramos

1967: La trayectoria de acciones a favor de la mujer en Canadá se remonta a comienzos del año 1967, año en el que el Primer Ministro Lester B. Pearson constituyó una Comisión Real sobre la Condición de la Mujer”The Royal Commissión on the Status of Women”.

En la comisión se resalto los criterios y principios de:

-        Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

-        Igualdad en la práctica, así como en principio.

-        Igualdad de oportunidades para todos.

-        Igualdad al compartir responsabilidades, así como privilegios y prerrogativas (p. 10)

1970: La comisión presentó ante el parlamento las recomendaciones del informe donde obstaculizaban la entrada de mujeres en ciertos empleos e instituciones (p. 11).

1973: Se crea el Comité de Acción Nacional sobre la Condición de la mujer la mayor organización feminista de Canadá con más de 700 grupos afiliados. (p. 11).

1995 – 2000: Se creo el Plan Federal para la igualdad de Género donde hombres y mujeres deben implicarse en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa, lo que lograría repercusiones positivas para ambos (p. 12).

2004: El 67% de las mujeres trabajadoras trabajaban en los campos de la enseñanza, enfermería y otras profesiones relacionadas con las ciencias de la salud, en la función pública y el sector privado como oficinistas y administrativas y en el sector de servicios y ventas (p. 16).

2006: El primer ministro anuncio una serie de recortes presupuestarios a la Agencia para la Condición de la Mujer y el cierre de 12 de las 16 direcciones regionales de la Agencia, medida que causó gran descontento (desconcierto) y alarma en muchos sectores de la sociedad y en especial entre los grupos y asociaciones de mujeres. Ante estos acontecimientos, parece importante que la sociedad canadiense se mantenga alerta para evitar que los logros conseguidos en el camino a la igualdad de género en Canadá no se pierdan, sobre todo sabiendo que el ritmo de mejoras en algunos campos se ha desacelerado (p. 18).

2015: El gobierno canadiense anunció una investigación nacional, lo que sugiere un nuevo reconocimiento de la crisis.

La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, agradeció el reconocimiento del Gobierno canadiense sobre "las violaciones de derechos humanos complejas, multidimensionales e interdependientes que las mujeres y niñas indígenas enfrentan, y que habitualmente las excluye de disfrutar de los derechos que de otro modo son garantizados a los ciudadanos”.

2023: En junio, el gobierno de Quebec presentó el Proyecto de Ley 32, que exigía a las instituciones de salud y servicios sociales adoptar un “enfoque de seguridad cultural” en relación con los pueblos indígenas, pero no reconocía la existencia de racismo y discriminación sistémicos

El relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas instó a Canadá a que abordara la “epidemia” de violencia contra las mujeres indígenas, señalando el aumento del número de mujeres y niñas indígenas asesinadas y desaparecidas y la alta incidencia de explotación y agresiones sexuales que sufrían las mujeres, niñas y personas LGBTQ+ indígenas en las inmediaciones de las obras de construcción de gasoductos y oleoductos.

Referencias:

Amnistía internacional. (s.f.). Canadá 2023 Los derechos humanos en Canadá Amnistía Internacional (amnesty.org)

Canadá debe abordar las causas fundamentales de la violencia extrema y discriminación contra las mujeres indígenas – Expertos. Canadá debe abordar las causas fundamentales de la violencia extrema y discriminación contra las mujeres indígenas – Expertos (oas.org)

Situación de las mujeres y políticas de igualdad. https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/revista_ais/109/9.pdf

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Ley de igualdad de género

País: Suecia

Año: 1979

En 1979, Suecia aprobó la Ley de Igualdad de Género, una legislación pionera que prohíbe la discriminación por motivos de género en el lugar de trabajo. Esta ley fortaleció significativamente los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, promoviendo un entorno más equitativo y combatiendo la discriminación de género.

Ese año, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se adoptó internacionalmente, estableciendo la obligación de los Estados de tomar medidas necesarias para lograr la igualdad fáctica entre mujeres y hombres. Estos dos hitos de 1979 representan avances cruciales en la lucha por la igualdad de género, marcando el camino hacia sociedades más justas y equitativas. (Quispe, 2020)

Quispe Ojeda, A. G. (2020). Política Exterior Feminista Sueca: Análisis de su surgimiento y propuesta para fortalecer la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú en materia de igualdad de género.

Equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Suecia y la equidad de género - Foro Global

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Derecho a la igualdad salarial

País: Suecia

Año: 1960

En la década de 1960, Suecia implementó leyes para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, reduciendo la brecha de género en el mercado laboral. Al mismo tiempo, los sindicatos apoyaron una inmigración de trabajadores reglamentada, pero en la actualidad han adoptado una postura más restrictiva, especialmente contra los contratistas de la UE con trabajadores mal remunerados. Aunque han sido activos en la campaña contra el partido Demócratas de Suecia, el impacto ha sido limitado. La tensión actual en Suecia refleja un desafío entre mantener los logros del Estado de Bienestar y enfrentar las crecientes preocupaciones por la inmigración y los recursos públicos. (Therborn, G. 2019)

Therborn, G. (2019). El fin del sueño socialdemócrata en Suecia. Nueva Sociedad, (281), 86-103.

Equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Gumi, Gyeongsang del Norte, Corea del Sur

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Gumi, Gyeongsang del Norte, Corea del Sur

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Gumi, Gyeongsang del Norte, Corea del Sur

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Derecho al aborto (2019-2021) En 2019, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur dictaminó que la prohibición del aborto era inconstitucional. En 2021, el aborto fue parcialmente despenalizado, permitiendo a las mujeres interrumpir el embarazo dentro de ciertas circunstancias.

Los jueces dijeron que las mujeres y las niñas deberían tener de plazo hasta 22 semanas de embarazo para tener “tiempo suficiente para tomar y llevar a cabo una decisión holística”.

Modesto Velazquez Cota

Equipo 17

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El aborto fue despenalizado en Corea del Sur por orden judicial en 2021, y millones de mujeres respiraron aliviadas.

En abril de 2019, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur había dictaminado que convertir el aborto en un delito penal era inconstitucional y ordenó al poder legislativo que revisara las leyes para finales de 2020. Los jueces dijeron que las mujeres y las niñas deberían tener de plazo hasta 22 semanas de embarazo para tener "tiempo suficiente para tomar y llevar a cabo una decisión holística".

Antes de la decisión, el aborto era ilegal desde 1953. Las embarazadas que se sometían a un aborto se arriesgaban a una pena de prisión de hasta un año, o a una multa de hasta 2 millones de wones (1.850 dólares). El personal sanitario que practicaba abortos se enfrentaba a penas de hasta dos años de prisión. Las únicas excepciones a la prohibición eran los casos de violación o incesto, los embarazos que pudieran poner en peligro la salud de la mujer, o las situaciones en las que la mujer o su cónyuge padecieran determinadas enfermedades hereditarias o transmisibles. Las mujeres casadas necesitaban el permiso de su cónyuge para someterse al procedimiento.

Las leyes rara vez se aplicaban, y en la práctica los abortos estaban ampliamente disponibles. Pero las leyes crearon un sentimiento de miedo y estigma en torno al aborto. Impedían que los profesionales sanitarios y sus pacientes hablaran abiertamente de sus experiencias, compartieran información y se apoyaran mutuamente.

El caso que impulsó al tribunal a actuar formaba parte de un esfuerzo de años de una amplia coalición que incluía a feministas, proveedores de atención sanitaria, defensores de los derechos de las personas con discapacidad, abogados, activistas juveniles y grupos religiosos. El grupo buscó y obtuvo un amplio apoyo para la reforma, en forma de escritos de amicus (amigo del tribunal) que apoyaban el caso, incluido uno de un ministerio del gobierno. Human Rights Watch también intervino.

Pero no todo ha sido un camino de rosas desde la sentencia. En 2020, el gobierno propuso una legislación que habría reformado parcialmente la ley, pero la Asamblea Nacional no actuó. El 1 de enero de 2021, en virtud de la orden judicial, el aborto quedó oficialmente despenalizado. Aun así, la situación es confusa, ya que hay poca claridad sobre cómo, cuándo y dónde se puede obtener un aborto.

Hay que hacer más. El gobierno debe apoyar las leyes y adoptar políticas que garanticen el acceso al aborto, emitir orientaciones para los profesionales de la salud y proporcionar información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, al público.

El nuevo concepto de Corea del Sur hacia el derecho al aborto es un testimonio de los numerosos activistas que presionaron por el cambio durante muchos años.

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El derecho constitucional al aborto en Corea del Sur

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Abortion was decriminalized in South Korea by court order in 2021, and millions of women breathed sighs of relief.

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Derecho al voto femenino en Suecia

País: Suecia

Año: 1921

Descripción: En 1921, Suecia otorgó a las mujeres el derecho al voto, un avance significativo impulsado por la mentalidad progresista del país. Este logro permitió a las mujeres participar activamente en la vida política, influir en las políticas públicas, y ocupar cargos políticos. La inclusión de las mujeres en el proceso electoral fue un paso crucial hacia la igualdad de género, acelerando reformas en áreas clave como la educación y la salud, y promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad sueca. (Garza, 2016)

Garza-Guerra, M. T. (2016). El derecho al sufragio de la mujer. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM, 26(2), 43-59.

Equipo 08:

Castro Teco Mercedes

Tadeo Bolaños Paulina

Tamariz Brito Salvador

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Embajada de Suecia en Guatemala/Sveriges ambassad i Guatemala

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¿Sabes cuándo pudieron votar por primera vez las mujeres en Suecia?
En cuanto a los derechos de voto de las mujeres, la primera vez que pudieron votar... | By Embajada de Suecia en Guatemala/Sveriges ambassad i GuatemalaFacebook

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¿Sabes cuándo pudieron votar por primera vez las mujeres en Suecia?
En cuanto a los derechos de voto de las mujeres, la primera vez que pudieron votar...

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Distrito de David, Provincia de Chiriquí, Panamá

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En 1999, la Ley de Equidad de Género estableció medidas para garantizar igualdad de oportunidades y eliminar la discriminación en diferentes ámbitos, contribuyendo a un entorno más justo para las mujeres.

Equipo 15

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¿Por qué hay que luchar por la equidad de género? La exvicepresidenta de Panamá responde

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La Ley 38 de 2001 introdujo protecciones para las mujeres víctimas de violencia doméstica, ofreciendo apoyo legal y psicológico, y marcando un paso importante en la lucha contra la violencia de género.

Equipo 15

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Panamá ha establecido un marco jurídico exhaustivo para abordar la violencia de género, pero el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica sigue siendo un reto.

En 2022, el Ministerio Público registró 17,658 denuncias por casos de violencia doméstica, según cifras disponibles en su sitio web. Ese mismo año se formularon cargos en 3,635 casos. Mientras, en el Órgano Judicial se dictó sentencia en 678 casos por este delito. Hay que hacer la salvedad de que los casos que se denuncian no se resuelven en el mismo año.

Si se retrocede un año, a 2021, se pueden encontrar cifras similares. Ese año se presentaron 17,422 denuncias y se formuló imputación en 3,429 casos. En tanto, se llegó a sentencias en 437 expedientes por violencia doméstica. Ese año la tasa de formulación de imputaciones en relación con las denuncias iniciales fue de aproximadamente 19.7%. El porcentaje de casos con sentencia en relación con las denuncias iniciales fue de alrededor del 2.5%.

Al igual que en el año 2022, en 2021 el número de denuncias iniciales por violencia doméstica fue muy superior al de las sentencias. Esto sugiere que hay desafíos en el sistema de justicia panameño en términos de llevar los casos de violencia doméstica hasta una resolución legal.

En la Ley 38 de 2001 que reforma y adiciona articulos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones se define la violencia doméstica como un patrón de comportamiento en el cual alguien, cercano a la víctima, utiliza la fuerza física, violencia sexual, intimidación o persecución. También se incluye la violencia patrimonial y psicológica.

La violencia doméstica está en la categoría de delitos contra el Orden jurídico familiar y el estado civil. Dentro de esa área que incluye la bigamia, el maltrato a los menores de edad y el maltrato a los adultos mayores; las denuncias por violencia doméstica rondan el 80% del total, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público.

'No sabía que eso era violencia'

En un principio las víctimas ignoran que lo son. Hay conductas que se han normalizado en los hogares: Los gritos, las burlas y las humillaciones. Pero, también los celos, el control de lo que se viste o a dónde se va y con quién.

Ayudar a las mujeres a identificar y comprender los diferentes tipos de violencia es fundamental, explica Yaravy Almanza, psicóloga y directora del Centro de Atención Integral, CAI, del Ministerio de la Mujer en la ciudad de Panamá.

El CAI exhibe en una de sus salas "el violentómetro", un gráfico que clasifica diferentes comportamientos en una relación de pareja en función de su nivel de agresividad, con el objetivo de ayudar a las personas a reconocer si están en una relación potencialmente peligrosa y fomentar la denuncia o la búsqueda de ayuda. Muchas mujeres que ven ese gráfico por primera vez dicen: "no sabía que yo estaba siendo víctima de violencia".

Cada día entre 6 y 12 mujeres se acercan al CAI de ciudad de Panamá para recibir asesoría sobre violencia doméstica. El Ministerio de la Mujer tiene 17 de estos centros en el país, que cuentan con psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas.

Almanza, quien tiene tres décadas trabajando con mujeres víctimas de violencia, explica que muchas de las que llegan al CAI exponen su caso buscando orientación o para que alguien hablé con su pareja violenta, con la esperanza de que esta cambie. No tienen idea de que lo que hace su esposo es violencia y eso es un delito, explica la psicóloga.

Un estudio realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en España, en 2019, reveló que las mujeres españolas tardan en promedio 8 años y 8 meses para denunciar a su agresor. Los resultados de la investigación mostraron que el momento de quiebre que impulsa a una víctima de violencia de género a denunciar está ligado al grave daño psicológico que ha experimentado (un 54%), al daño causado por la última agresión (un 41%), y al momento en que los hijos/as son conscientes de la violencia doméstica (un 30 %).

En el laberinto de la denuncia

Alessandra Chena, directora de Protección de los Derechos de la Mujer en la Defensoría del Pueblo confirma que la mayoría de las consultas que llegan a su oficina son por violencia doméstica. Ellas ofrecen apoyo en situaciones judiciales, proporcionando acompañamiento durante el proceso, coordinan con autoridades, como la fiscalía, para que la víctima presente su denuncia.

La falta de conocimiento sobre los derechos en situaciones de violencia de género, especialmente entre poblaciones vulnerables como los migrantes, es evidente.

Aunque el Ministerio Público e instituciones como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo tienen en su página web información sobre dónde denunciar, y existen sitios como Violencia Doméstica - TuPista.org, las personas que buscan orientación recurren primero a fuentes no oficiales, como activistas o personas que conocen del tema. Esta es una forma de minimizar el riesgo de vergüenza o de juzgamiento que puede recibir quien denuncia estos delitos.

Siria Martínez es una trabajadora social que suele recibir ese tipo de consultas. Las personas no saben por dónde empezar y en su experiencia es muy común que si van a denunciar se encuentren con funcionarios o autoridades que no tienen una perspectiva de género y que ponen por delante sus propios prejuicios y creencias, incluso religiosas, sobre lo que debe ser una relación de pareja o el papel que la mujer debe cumplir en ella.

Muchos funcionarios insinúan a las víctimas que lo mejor es no denunciar porque después le van a poner presa a la pareja que, además, es el padre de sus hijos. En este tipo de delitos hay un vínculo emocional muy fuerte.

La revictimización es un problema que muchas víctimas encuentran durante el proceso de denuncia. La duda sobre su veracidad y la culpa que se les atribuye, tanto por parte de funcionarios como de su comunidad, hace que las víctimas sientan que son juzgadas y señaladas.

El Ministerio Público tiene entre sus materiales de educación un panfleto que describe la importancia de la perspectiva de género en la justicia: "el objetivo de la equidad o igualdad de género es ofrecer a todas las personas, independientemente de su género, las mismas condiciones, oportunidades y tratamientos, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada una para garantizar el acceso de las personas a sus derechos".

Denunciar y desistir

Según la legislación panameña actual, el delito de violencia doméstica no está entre los que admiten desistimiento. La principal razón es la protección de la víctima, quien puede sentirse presionada por el agresor para retirar la denuncia. Esto puede ponerla en grave peligro y continuar siendo víctima de abuso. Ya que los casos de violencia doméstica no son un asunto privado, se espera que mantener el proceso legal en marcha, incluso si la víctima desea retirar la denuncia, puede disuadir al agresor de cometer futuros actos de violencia y enviar un mensaje claro de que la violencia doméstica no será tolerada.

Pero hay muchas maneras que las personas encuentran para desistir. No atienden las llamadas del fiscal o dejan de asistir a las citas. Múltiples veces la exfiscal Maruquel Castroverde, autora de libros como El Femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género, se encontró con víctimas que le decían, no puedo ir porque no tengo para el pasaje o para la comida. Y en muchos casos los fiscales le ofrecían comida o dinero para el pasaje, que suele ser recolectado entre los funcionarios. Pero no es una medida sostenible.

"Quién las puede culpar, el tiempo que se toma para avanzar en una investigación es largo. Muy largo. Y las mujeres que llegan tienen que enfrentar retos increíbles", cuenta Castroverde.

Para avanzar con el proceso deben asistir a diferentes citas. Además de conseguir el dinero, deben encontrar con quién dejar a sus hijos. Para las que trabajan requieren solicitar permisos para ausentarse y asistir a las diligencias y para muchas es una situación incómoda de explicar. A la hora de ir a un juicio deben estar en la misma sala con el agresor y eso es muy intimidante para algunas víctimas.

La fiscal Lorenza Gutiérrez de la Sección de delitos contra la vida y la integridad del Ministerio Público señala la importancia de la participación activa de la víctima en el proceso porque es esencial para recopilar evidencia y llevar el caso ante un juez. "En ocasiones, nos enfrentamos a retos significativos cuando las víctimas, a pesar de presentar una denuncia inicial, pueden retirarse del proceso, lo que complica la prosecución legal".

Esta desvinculación del proceso ocurre a pesar de la insistencia del Ministerio Público. Gutierrez expone de casos en que prácticamente se obliga a la víctima a venir. En esa situación ella ve una manifestación del ciclo de la violencia y que para muchas personas es difícil, emocionalmente, seguir un proceso contra alguien que es el padre de sus hijos y de quien estuvo enamorada.

Las víctimas pasan por un desgaste emocional que es difícil de entender desde afuera, dice la abogada Joyce Araujo. Para Araujo, la ausencia de juzgados especializados en violencia doméstica, dificulta el proceso judicial para las víctimas. En Panamá no existen juzgados especializados en violencia contra la mujer, confirmó, mediante un cuestionario, el Órgano Judicial. La entidad explicó que estos procesos ingresan al sistema penal acusatorio (SPA), que en fase de investigación e intermedia lo tramitan los jueces de garantías, y si pasa a la fase de juicio oral lo ve en Tribunal de Juicio cada oficina judicial.
Los acuerdos de pena
Una figura de la justicia que se ha incrementado en los últimos años es la del acuerdo de pena, un medio alterno para la solución de los conflictos. En el sistema penal panameño los acuerdos de pena permiten que un acusado admita su culpabilidad a cambio de una pena reducida. Acuerdo de Pena, regulado en el artículo 220 del Código Procesal Penal.

La ex fiscal Maruquel Castroverde reconoce que las personas al ver a un acusado libre piensan que no se hizo justicia. Pero aclara que los acusados tienen que reconocer su culpabilidad y esto queda en su prontuario. Para las víctimas puede significar una resolución más rápida de los casos.

La participación de las víctimas en los acuerdos de pena es limitada. Algunas abogadas señalan que sí tienen voz, pero otras dicen que no, que el acuerdo se hace entre el fiscal, el imputado y su abogado defensor. Para los fiscales es una forma de obtener un resultado, antes de tener que pasar años litigando y arriesgarse a perder el caso.

En 2022, según el informe anual del Órgano Judicial, el Departamento de Asesoría Legal Gratuita Para las Víctimas del Delito de este órgano del Estado contaba con 72 defensores. Ese año ingresaron 11,100 casos, es decir que el índice de carga laboral fue de 154. Del total de casos 7,679 eran de mujeres, con un número elevado en lo que se llama delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, dentro de los que se incluye la violencia doméstica.

Para un equipo de profesionales saturado de trabajo también es un desafío atender las necesidades de justicia de la ciudadanía.

Reconocer la violencia, proporcionar orientación clara y comprensible, recopilar y analizar estadísticas precisas sobre la violencia de género es esencial para comprender la magnitud del problema y las áreas que requieren atención. La capacitación de los profesionales y la mejora de los sistemas de información son elementos clave para cerrar la brecha entre la denuncia y la sentencia, coinciden los entrevistados.
Esta Investigación es parte de la serie Persisten los desafíos en el acceso a la justicia por violencia de género del programa de investigación periodística Becas Justicia Hoy de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. La siguiente entrega será el 1 de diciembre.

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Violencia doméstica: la brecha entre denunciar y obtener justicia | Ellas

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Panamá ha establecido un marco jurídico exhaustivo para abordar la violencia de género, pero el acceso efectivo a la justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica sigue siendo un reto....

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Panamá se une al convenio 190 de la OIT mediante la Ley 321 del 29 de agosto de 2022, comprometiéndose a brindar protección a todas las personas trabajadoras contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

Equipo 15

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Imagen: National Geographic

Por: Marina Pérez De Cárdenas, Abogada, Directora Ejecutiva de FUNDAMORGAN.
"Panamá ratifica el Convenio 190 contra violencia y acoso"." Protección contra la violencia y acoso en el mundo laboral". "Panamá adopta convenio de la OIT sobre eliminación de violencia y acoso laboral".
Muchos títulos como estos inundaron los medios de comunicación en el 2022 cuando Panamá finalmente aprobó el Convenio 190 contra la violencia y acoso, 2019, lo que es sin duda una oportunidad histórica para realmente establecer medidas que protejan a todas las personas trabajadoras del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Pero... ¿y ahora qué?

El convenio 190 firmado por Panama y mediante Ley 321 de 29 de agosto de 2022, es una norma internacional diseñada para brindar protección a todas las personas trabajadoras contra la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, incluyendo a trabajadores, a personas en formación, pasantes, voluntarios, empleadores o individuos que ejercen autoridad.

La firma de este Convenio es especialmente importante en una sociedad en la que aún persiste la normalización de la violencia y la discriminación basada en estereotipos sociales, culturales y de género y que afectan particularmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad como las personas con discapacidad, personas afrodescendientes, población indígena, población LGBTIQ+, personas en movilidad humana y además, las mujeres, quienes viven de forma desproporcionada las conductas descritas como violencia y acoso ya que están más expuestas, especialmente si le agregamos otros factores como que vivan en pobreza, o que pertenezcan a alguna población que ha sido tradicionalmente excluida y discriminada como las previamente citadas.

El C190 incluye una serie de acciones que nos obliga a revisar nuestra normativa y políticas internas, ya que, aunque reconocemos los esfuerzos del Estado con la Ley 82 de 2013 y las Ley 7 de 2018, aún vemos importantes retos en cuanto a su ejecución. El Convenio 190 establece claramente en su artículo 4 las obligaciones que el Estado debe llevar a cabo para pasar de la teoría a la acción:

1. a) prohibir legalmente la violencia y el acoso;

2. b) velar por que las políticas pertinentes aborden la violencia y el acoso;

3. c) adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso;

4. d) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes;

5. e) velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo;

6. f) prever sanciones;

7. g) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible, según proceda, y

8. h) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.

Esto quiere decir que las leyes que tenemos en torno a este tema, merecen ser revisadas para realmente cumplir con estas disposiciones internacionales, que soberanamente hemos ratificado y que ahora, hay que hacer realidad desde la práctica, ya que aunque tenemos falta de estadísticas claras, existen miles de personas que viven acoso y hostigamiento y estas, o no se atreven a interponer una denuncia o al intentar interponerla quedan en desprotección por la falta de mecanismos y competencias claras que deben tener las instituciones y que estas desconocen.

También necesitamos que la ciudadanía en general pueda comprender mejor qué es acoso y hostigamiento, que el Convenio 190 define en su Artículo 1, así:

Artículo 1: la expresión "violencia y acoso" en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género, designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual.

Para ello, se deben crear estrategias de identificación, atención y prevención adecuadas para que todas las personas comprendan las dimensiones de estos términos, cómo identificar si lo están experimentando y qué mecanismos para la presentación de quejas y recursos, tienen para protegerse. En ese mismo sentido, se debe realizar un esfuerzo importante en campañas públicas de sensibilización y comunicación sobre los efectos de estos comportamientos y prácticas, así como las sanciones efectivas a aplicarse para que exista la confianza de las personas trabajadoras en acudir a las autoridades cuando esto sea necesario. La generación de información estadística y datos confiables debe empezarse con carácter de urgencia, pues nos dará un panorama más claro sobre cómo las distintas poblaciones perciben y sufren la violencia y acoso en el trabajo, lo que será de gran utilidad a la hora de crear las estrategias de sensibilización y prevención.

La responsabilidad también es de cada uno de nosotros. Crear y garantizar entornos seguros de trabajo no solo es una obligación del Estado. Todos y todas estamos llamados a respetar los derechos humanos de todas las personas y es nuestro deber hacerlo una realidad mediante prácticas diarias sencillas que incluyen, por ejemplo,

no hacer bromas o comentarios sexistas, machistas ni racistas;

no hacer comentarios basados en las características de otras personas como raza, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación económica, afiliación política, religión, aspecto físico.

tratar al otro con respeto y dignidad;

evitar juzgar y comentar sobre el cuerpo de otra persona;

no realizar tocamientos ni acercamientos de carácter sexual;

Si la persona ya ha expresado que no tiene interés en tener otra relación que no sea laboral, cesar los intentos de inmediato.

En este Día Internacional de la Mujer, reflexionamos sobre las aquellas situaciones que continúan poniéndonos en desventaja, nos dañan y son obstáculos para nuestro bienestar y el desarrollo de nuestro potencial, tales como la violencia y acoso en el lugar de trabajo por razón de género.

Vivir una vida libre de violencia en el trabajo, es un derecho que todas las personas tenemos, y es una obligación conjunta de los Estados, las empresas y todas las personas en hacerlo realidad.
Redes sociales: @fundamorganpa

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Marco legal sobre igualdad de género en Panamá

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Imagen: National Geographic Por: Marina Pérez De Cárdenas, Abogada, Directora Ejecutiva de FUNDAMORGAN. "Panamá ratifica el Convenio 190 contra violencia y acoso"." Protección contra la violencia y acoso en el mundo laboral". "Panamá adopta convenio de la OIT sobre eliminación de violencia y acoso laboral".

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Desde 2012 se han llevado a cabo una serie de reformas en Panamá encaminadas a la paridad de género, primero la Ley 54 de 2012 que estableció que el 50% de las personas postuladas en las elecciones primarias debían ser mujeres, sin embargo, de no cumplirse, se acepta que sean hombre los que completen la lista de candidatos.

Equipo 15

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¿Cómo fomentar la paridad de género? El caso de Panamá en reducir la brecha entre hombres y mujeres

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El 6 de mayo de 1945 las mujeres en Panamá pudieron ir a las urnas sin ningún impedimento ejerciendo el derecho al sufragio universal y como candidatas a elección popular. Cabe mencionar que en 1941, se dio por primera vez el voto femenino en elecciones municipales, pero con varias restricciones.

https://up-rid.up.ac.pa/2920/

Equipo 15

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Gracias a la lucha por el sufragio, en 1946 en PanamÃ¡ se establece el derecho al voto a las mujeres y a ser elegidas sin restricciones y participar plenamente en la vida polÃtica del paÃs. Sin embargo, muy pocas mujeres han sido electas para ocupar cargos polÃticos.

En 1997 se impulsÃ³ una reforma al CÃ³digo electoral donde se estableciÃ³ la cuota del 30% de candidaturas de mujeres a puestos de elecciÃ³n que los partidos polÃticos debÃan garantizar en sus elecciones internas (Ley 22/1997). Esa era la participaciÃ³n femenina en los paÃses de desarrollados.

En 2002 reformas siguientes incluyen la obligatoriedad por parte del Estado de apoyar la participaciÃ³n polÃtica de las mujeres y el financiamiento para su formaciÃ³n polÃtica. En el aÃ±o 2006 se aÃ±adieron cambios que incluyeron obligaciones de los partidos polÃticos para asegurar la participaciÃ³n de al menos un 30% de mujeres y el financiamiento post electoral.

En otras reformas del CÃ³digo Electoral aprobadas (Ley 54 de 2012) se estableciÃ³ que el 50% de las personas postuladas en las elecciones primarias debÃan ser mujeres, atribuyendo a las SecretarÃas de la Mujer de los partidos polÃticos la responsabilidad de firmar las listas de postulaciones. Sin embargo, se aÃ±adÃa, que, en caso de no existir este porcentaje de participaciÃ³n de mujeres en las estructuras partidarias, podÃan ser ocupados por hombres.

En las reformas del CÃ³digo Electoral 2017, se logran algunos avances como la aprobaciÃ³n de la paridad de gÃ©nero en las elecciones primarias y generales, asÃ como la sanciÃ³n de no ser aceptada la lista de candidaturas si el partido no cumpliera con la exigencia de la paridad, sin embargo, se mantiene la vÃ¡lvula de escape mencionada. Finalmente, en las reformas aprobadas y presentadas en 2022, se incluye el principio de Paridad (en las elecciones generales y primarias, asÃ como en las convenciones de los partidos polÃticos) pero se mantiene la vÃ¡lvula de escape y no se incluyen sanciones a los partidos polÃticos.

Estamos en vÃsperas de las elecciones de 2024. Menos del 10% de las candidaturas en general corresponde a mujeres. Solo dos mujeres son candidatas, mientras seis hombres aspiran a la presidencia de la repÃºblica. No es fÃ¡cil para las mujeres abstraerse de lo que la sociedad espera de ellas, es decir que tengan como prioridad a la familia y que posterguen sus agendas personales. Son las relaciones de gÃ©nero que marcan oportunidades diferentes para hombres y mujeres, desde antes de nacer, cuando se elige el rosado para las niÃ±as y el celeste para los varones.

La mayorÃa de las mujeres que llegan a la primera fila han tenido que elegir entre la familia o triunfar en su carrera. Algunas han entrado en la vida profesional y/o polÃtica al enviudar, y es entonces cuando han obtenido el Ã©xito. Tenemos que cambiar esta realidad, la paradoja es que para ello hay que acceder al poder polÃtico.
La autora es doctora y Directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de PanamÃ¡ La responsabilidad de las opiniones expresadas y la publicaciÃ³n de los artÃculos, estudios y otras colaboraciones firmadas, corresponde exclusivamente a sus autores, y no la posiciÃ³nÂ delÂ medio.

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Universidad de PanamÃ¡ UpInforma Diario Digital

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Gracias a la lucha por el sufragio, en 1946 en PanamÃ¡ se establece el derecho al voto a las mujeres y a ser elegidas sin restricciones y participar plenamente en la vida polÃ­tica del paÃ­s. Sin embargo, muy pocas mujeres han sido electas para ocupar cargos polÃ­ticos.

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Ley de Protección de las Mujeres contra la Violencia Doméstica, fue aprobada el 16 de septiembre de 2009 y su objetivo es prevenir, combatir la violencia doméstica y proteger a las víctimas, estableciendo que la violencia doméstica no se limita a la violencia física, sino también otro tipo de violencia como la psicológica, sexual, económica y social. Esta ley es parte de un marco más extenso que contiene otros instrumentos legislativos y compromisos internacionales, como el Convenio de Estambul, dirigido a combatir la violencia contra las mujeres.

Impacto: Responsabilizar de manera penal a cualquier agresor y esto provoque una disminución en la impunidad y fomentar un enfoque más estricto hacia la violencia de género (Marques, 2021).

Equipo #16 Concepción Valenzuela & Shaday Valdez

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La ley que en Nueva Zelandia protege a las víctimas de violencia doméstica en sus espacios de trabajo

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La ley que en Nueva Zelandia protege a las víctimas de violencia doméstica en sus espacios de trabajo

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Promulgada en 2018, tiene como objetivo mejorar la protección jurídica de quienes han sufrido agresiones físicas o psicológicas. Entre los derechos que garantiza esta legislación, se encuentra la prohibición de discriminación y la flexibilización del formato de trabajo, sobre todo cuando hay que atender niñas, niños y adolescentes. Referencia: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). La ley que en Nueva Zelandia protege a las víctimas de violencia doméstica en sus espacios de trabajo - Programa Asia Pacifico. Observatorio Asiapacifico. https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/ley-proteccion-violencia-domestica-nz

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Creación de la ley en igualdad salarial en 1972

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Creación de la ley en igualdad salarial en 1972

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En Nueva Zelanda fue creado bajo el mandato del Primer Ministro Norman Kirk, líder del Partido Laborista. La ley fue impulsada por el Ministro de Trabajo, Hugh Watt, en un esfuerzo por eliminar la discriminación salarial de género y garantizar que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo.

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Fue un conjunto de derechos que se les dieron a las mujeres relacionados con la familia y el matrimonio, como el aumento de la edad mínima para casarse restricciones en la poligamia, y facilidades para la mujer en el divorcio, esto dio una mayor protección y toma de decisión de las mujeres en el ámbito familiar.

equipo #20

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El parlamento de Nueva Zelanda aprobó por unanimidad un proyecto de ley de enmienda de igualdad salarial que garantiza que los trabajadores no reciban un salario menor debido a su género.

"La primera ministra Jacinda Ardern prometió enmendar la legislación existente cuando fue elegida en 2017.

En 2017, dijimos que arreglaríamos la legislación destinada a abordar las desigualdades históricas en los salarios de las mujeres. Hoy lo hemos hecho", escribió Ardern en Instagram.El proyecto de ley cumple nuestra promesa de crear una Aotearoa (Nueva Zelanda) más equitativa" facilitando que los empleados presenten un reclamo de equidad salarial y fomentando la mediación colaborativa antes de que los problemas lleguen a los tribunales. A todos los que nos llevaron a este punto, por todos los años de arduo trabajo, gracias". Referencia: Sánchez, E., Keck, M., & Gralki, P. (2020, 28 julio). Nueva Zelanda aprueba proyecto de ley para garantizar la equidad salarial entre hombres y mujeres. Global Citizen. https://www.globalcitizen.org/es/content/new-zealand-equal-pay-amendment-bill/

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Irán, Derecho a la educación (1960-1970)

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Irán, Derecho a la educación (1960-1970)

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Entre los años 60´s y 70´s, a las mujeres se les permitió acceder a la educación superior, lo que llevo a ampliar los puntos de vista en sectores donde predominaban los hombres.

equipo #20

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Irán, Derecho a votar y ser votadas   (1963)

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Irán, Derecho a votar y ser votadas   (1963)

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Las mujeres obtienen el derecho a votar y ser votadas para cargos políticos, lo cual llevo a mayor participación de la mujer en la política del país.

equipo #20

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1999: Ley de Igualdad de Género y Prohibición de la Discriminación en Nigeria: La Constitución de 1999 de Nigeria prohíbe la discriminación por motivos de género, su importancia para las mujeres radica en que proporciona una base legal para la lucha por la igualdad de género y reducir la discriminación de que son objeto. No obstante, la brecha de género de Nigeria (que mide la participación en la economía, mundo laboral cualificado, política, acceso a la educación y esperanza de vida), se ha ido incrementando con el paso de los años; pese a la legislación y las constantes recomendaciones de la CEDAW (2008, 2017).  Para 2023, dicha brecha era del 63.7%, siendo una de las mayores del planeta (Datosmacro, 2023).

Los puntos clave para entender el poco avance que ha tenido la aplicación plena de esta ley son entre otras: la persistencia de actitudes patriarcales y los estereotipos femeninos que discriminan y subordinan a las nigerianas.  La diversidad cultural y religiosa del país que provoca extremismo violento y sigue perpetuando normas y prácticas nocivas que denigran, violentan y trasgreden los derechos humanos fundamentales de las mujeres. La baja injerencia entre la Asamblea Nacional y las Estatales en materia de reformas estructurales, de 2008 a 2017 solo 2 de los 36 Estados habían aprobado leyes sobre política de género. Las contradicciones e incoherencias dentro y entre la Constitución, Legislaciones Estatales y los Códigos Penales, así como la aplicación de un sistema jurídico tripartita (el derecho estatutario, el de usos y costumbres “consuetudinario” y la sharía “ley religiosa islámica”) que resultan en gran medida discriminatorios contra la mujer y se contraponen a lo que establece la Ley de igualdad de género y la no discriminación de 1999. (ONU: CEDAW, 2008, 2017).

Equipo 17

Silvia Villa Villa

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1979: Derecho a la educación en Nigeria: Desde la independencia, ha habido esfuerzos continuos para mejorar el acceso de las niñas y mujeres a la educación. Pero no fue hasta la Constitución de 1979 que este derecho fue reconocido oficialmente, planteando que el gobierno lucharía para erradicar el analfabetismo “siempre que resulte posible”, proporcionado programas gratuitos de alfabetización, educación primaria gratuita, obligatoria y universal, así como educación secundaria y universitaria gratuita (ONU-CEDAW, 1997). El ganar este derecho es importante porque facilita reducir la brecha educativa de las mujeres Nigeriana.

Pero, a pesar de la rápida expansión del sistema educativo y que diversas políticas y programas han buscado aumentar la matrícula femenina en las escuelas, existe una implementación desigual. Ante los altos índices de pobreza, la mayoría de las familias priorizan la educación de los hijos varones dejando a las niñas sin escolarizar. Los estereotipos sexuales permean en la sociedad nigeriana y los altos índices de matrimonio infantil limitan el acceso de las mujeres a la educación superior. En 2018 casi la mitad de las mujeres nigerianas eran analfabetas (47.34%), índice que se incrementa de forma considerable para las mujeres que habitan en zonas rurales del noroeste. Otra aspecto que reduce la asistencia de las mujeres a la escuela, es la presencia de la milicia terrorista BoKo Haram de origen islámico, que entre 2014 y 2018 habría raptado al menos 2,000 mujeres y niñas cristianas; para ser forzadas a casarse con sus secuestradores y renegar de su fe, o resignarse a ser usarlas como niñas bomba, el caso más sonado fue el de las 276 niñas de Chibok en 2014 (ONU-CEDAW, 1996; ACNUR, 2018). Organizaciones internacionales como Plan Internacional España (2018), están realizando labores como “Profesores a domicilio” para llevar educación a niñas y niños que han sufrido por la violencia en el noroeste del país.

Equipo 17

Silvia Villa Villa

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Después de la II Guerra Mundial, las mujeres pasan a formar parte activa del mercado de trabajo pero de manera generalizada, sin embargo los sindicatos estaban formados por hombre. Las personas contratantes consideraban a las mujeres trabajadoras de menor categoría. En este contexto surgen movimientos feministas, con gran poder político en toda Europa, ahí  el modelo tradicional de familia cambia, las mujeres acceden de manera normal y mayoritaria al mercado laboral y nacen las leyes que prohíben toda discriminación por razón de sexo en el trabajo. Cabe reseñar que en 1899 un grupo de mujeres con formación académica fundaron la organización Marta con el principal propósito de conseguir  un avance económico y cultural de las familias, a través de la cooperación de las mujeres.

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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Breve descripción e impacto: Se aprueba la ley de Igualdad de género que promueve la igualdad en el empleo y busca eliminar la discriminación basada en el género, el 1987 se reforma para fortalecer las medidas contra la discriminación y mejorar las oportunidades para mujeres en el trabajo, en 1995 Finlandia adopta una política nacional de igualdad  de género y se crea el Ministerio de Igualdad  de género para supervisar y promover políticas relacionadas con la igualdad, en 2001 se introduce una legislación que exige que todas las políticas gubernamentales consideren el impacto de igualdad de género, 2014 se implementan reformas a la ley de igualdad de género para abordad cuestiones como la violencia doméstica y el acoso sexual, fortaleciendo las políticas para equilibrar la vida laboral y familiar, en 2020 el gobierno finlandés presenta un nuevo plan para la igualdad de género con enfoque a eliminar la brecha salarial y garantizar una mayor representación femenina en posiciones de liderazgo.

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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1958: Derecho al voto y a ser elegidas en Nigeria: Las mujeres en Nigeria obtuvieron el derecho al voto y a ser elegidas para puestos políticos en 1958, aunque la implementación completa de este derecho no se dio de manera uniforme en todo el país hasta la independencia en 1960. En la realidad, un gran porcentaje de mujeres de la región norte del país (mayormente regida por la ley patriarcal sharía islámica), fueron privadas de este derecho hasta que fue claramente estipulado que “aplicaba por igual a hombres y mujeres”, en la Constitución de 1979.

Esta medida fue de gran importancia para las nigerianas, porque les permitió un mayor acceso (aunque moderado) para ocupar puestos de decisión política en el Gabinete, para 1997 ya habían incursionado poco más de un centenar de nigerianas como Comisionadas de Estado, directoras generales, Gobernadoras Adjuntas, Vicecancilleres y secretarias de gobierno de Estados (ONU-CEDAW, 1997, p. 29-30). Sin embargo, para 2023 había muchos retrocesos de la participación de mujeres en la política. Representando solo el 7.33% de la cámara baja del parlamento y el 5.83% en la cámara alta. El Parlamento, predominantemente masculino, se ha opuesto de forma sistemática a la aprobación de proyectos de ley destinados a aumentar la acción afirmativa de las nigerianas. Las mujeres políticas y votantes, limitadas a participar en actos políticos por sus conyugues, son constantemente violentadas lo que, aunado a los altos costos de las campañas, ha generado gran apatía de las mujeres por participar en la política del país (Zage y Ephraim, 2023).

Equipo 17

Silvia Villa Villa

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A pesar de que Nigeria es el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes, y una población femenina del 49,46% según el Banco Mundial, la representación de la mujer en la política sigue siendo alarmantemente baja.

Aunque las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres a votar y presentarse a las elecciones, estos derechos no se han traducido en una representación suficiente de la mujer en la política nigeriana. Según el informe del Índice de Igualdad de Género y Gobernabilidad 2022, las mujeres nigerianas ocupan solo ocho de los 109 escaños de la cámara baja del Parlamento y 21 de los 360 escaños de la cámara alta. La Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) informó que aproximadamente 44 millones de mujeres, es decir, el 48% de los votantes registrados, participaron en las elecciones de 2023. Sin embargo, los resultados y los desafortunados incidentes que se produjeron durante las elecciones generales de 2023 destacan las dificultades y obstáculos que enfrentan las mujeres votantes y candidatas.

Prejuicios machistas en el Parlamento

Los prejuicios del Parlamento nigeriano contra la igualdad de género y la discriminación positiva frustran el progreso. Su Parlamento, predominantemente masculino, se ha opuesto sistemáticamente a la legislación que pretende conceder igualdad de derechos a la mujer, han votado contra varios proyectos de ley destinados a implementar la acción afirmativa para la mujer. En este tuit, el Parlamento nigeriano se retracta de su decisión sobre algunos proyectos de ley de igualdad de género:

Breaking:
Constitution Review:@HouseNGR rescinds decisons on three women-related bills for re-consideration. They are the bills on citizenship, indigenship and 35% affirmative action for women.

- House of Reps NGR (@HouseNGR) March 8, 2022

Última hora:
Revisión de la Constitución: la Cámara de Representares anula decisiones sobre tres proyectos de ley relacionados con la mujer para que se reconsideren. Se trata de los proyectos de ley sobre la ciudadanía, la indigencia y el 35% de acción afirmativa para la mujer.

En respuesta a estas decisiones, mujeres de todo el país salieron a la calle a protestar e instaron a la Asamblea Nacional a reconsiderar estos proyectos de ley.

Ataques frecuentes a mujeres

La prevalencia de la intimidación, el acoso, el ciberacoso y las agresiones físicas a las mujeres políticas, y a las votantes, es un obstáculo clave para el avance de la participación política femenina. Hajia Gambo Sawaba, la política más encarcelada en la historia de Nigeria, fue azotada públicamente, la afeitaron con una botella rota y fue encarcelada 16 veces.

Durante las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional de 2023 en Nigeria, varias mujeres -tanto votantes como dirigentes políticas- se convirtieron en blanco de violencia. Por ejemplo, la honorable Na'anyil Magdalene Dakogol, aspirante por el Congreso de Todos los Progresistas (APC, por su nombre en inglés) en la circunscripción del estado de Qua'an Pan South, en Plateau, fue secuestrada el día de las elecciones primarias de su partido. En otro incidente, matones políticos agredieron a una mujer que portaban botellas mientras esperaba en la fila para votar en un colegio electoral de la zona de Surulere, en el estado de Lagos. En otro incidente, una mujer tuvo que huir de su casa por los ataques que sufrió en su pueblo. Las experiencias traumáticas de estas y otras mujeres han provocado una pérdida de interés por el voto y el compromiso político.

Creencias culturales y sociales

Sheba Kura, exdirigente política femenina del Congreso para el Cambio Progresista (CPC) en el estado Kaduna, al norte de Nigeria, declaró a Global Voices en entrevista telefónica que las obligaciones conyugales suelen restringir la participación activa de la mujer en política, ya que muchas reuniones políticas se celebran a altas horas de la noche, entre otros problemas:

I probably wouldn't be a politician if I was married. Sometimes, political meetings are scheduled for 11:00 p.m. or 12:00 a.m. For married women, some of their husbands won't allow that. Also, when it's time for campaigns, they will use women to campaign for them but after they win, they will dump women. When you go to polling units, a lot of voters are women but when it comes to working with women or giving women appointments after elections, they don't want to work with us.

Probablemente, no sería política si estuviera casada. A veces, las reuniones políticas se programan a las 11 de la noche o a la medianoche. Para las mujeres casadas, algunos maridos no lo permiten. Además, cuando llega la campañas, utilizan a las mujeres para que hagan campaña, pero cuando ganan, se deshacen de ellas. Cuando vas a los colegios electorales, muchos votantes son mujeres, pero cuando se trata de trabajar con ellas o de darles cargos después de las elecciones, no quieren trabajar con nosotras.

Mientras hablaba de las barreras que enfrentan las mujeres políticas en un espacio de Twitter titulado "Candidatas políticas con SPPG" el 13 de agosto de 2022, Khadijah Abdullahi-Iya, candidata a la gobernación por la Gran Alianza de Todos los Progresistas (APGA, por su nombre en inglés) en el estado de Níger, afirmó:

One of my sisters-in-law told me that the (opposing) APC gubernatorial candidate is like my husband's family. They are related. You cannot be part of that family and want to run against him.

Una de mis cuñadas me dijo que el candidato a gobernador (opositor) del APC es como la familia de mi marido. Están emparentados. No puedes formar parte de esa familia y querer presentarte contra él.

Alto costo de la campaña

El alto costo de las campañas es también un obstáculo importante para la participación de las mujeres en la política en Nigeria. El informe de Índice de Igualdad de Género y Gobernabilidad 2022 muestra que hacer una campaña política se ha convertido en algo prohibitivamente costoso, lo que crea una desventaja significativa para las mujeres. Las disparidades económicas impiden a menudo a las mujeres acceder a los mismos sistemas de apoyo financiero de que disponen los hombres. A pesar de la expectativa de que una reciente enmienda a la ley electoral nigeriana frenaría los gastos de campaña, en cambio se tradujo en un aumento de los costos. En consecuencia, este aumento ha limitado aún más el ya reducido grupo de mujeres que pueden permitirse presentarse a las elecciones y ha contribuido a la homogeneización del panorama político.

El Carnegie Endowment for International Peace report ( informe de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional) también destaca los crecientes retos financieros a los que se enfrentan las mujeres, con unos costos de campaña que han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años. Esta barrera financiera perpetúa las desigualdades de género, restringe la representación de las mujeres en la política y socava su capacidad para participar activamente en los procesos de toma de decisiones.

El 13 de agosto de 2022, mientras hablaba de las barreras que enfrentan las mujeres políticas en el espacio de Twitter "Candidatas políticas con SPPG", Ier Jonathan-Ichaver, candidata del Congreso Democrático Africano (ADC) a la Cámara de Representantes por la circunscripción de Kwande-Ushongo, señaló lo siguiente:

Of course the other big challenge for many people is funding. So when we were even talking to people, we see for example the prices of tickets when you want to run for a particular position. We saw for example one of the parties it was 100 million for presidency and so on and so forth.

Por supuesto, el otro gran reto para muchos es la financiación. Cuando hablamos con la gente, vemos, por ejemplo, los precios de los billetes para presentarse a un determinado cargo. Vimos, por ejemplo, que en un partido eran cien millones para la presidencia y así sucesivamente.

Ventajas de las mujeres en política

Los beneficios de la representación femenina en la política nigeriana son evidentes, según el informe del Índice de Igualdad de Género y Gobernabilidad 2022. El informe muestra que los países con mayores niveles de representación femenina, como Francia, Suecia, Sudáfrica y Ruanda, tienden a exhibir políticas orientadas a la familia y diversas en la toma de decisiones. Las mujeres promueven la equidad, la transparencia y la imparcialidad, al tiempo que dan prioridad a la mejora de la prestación de servicios. Suelen proponer reformas estructurales que aborden las desigualdades, brinden redes de seguridad social y contribuyan a una mayor sostenibilidad social y económica. Además, el informe reveló que los estudios indican una correlación positiva entre los niveles más altos de igualdad de género, la participación política de las mujeres y una mejor gobernabilidad general, con niveles significativamente más bajos de corrupción. Sin embargo, al adoptar una representación más inclusiva, Nigeria tiene el potencial de abordar estos retos y fomentar una sociedad más inclusiva y empoderada. La representación de la mujer en la política promete promover políticas integradoras, perspectivas diversas e igualdad de género, al tiempo que inspira a las futuras generaciones de mujeres líderes.

Abordar las barreras que impiden la participación política de las mujeres nigerianas es crucial para lograr una verdadera igualdad de género y una gobernabilidad integradora. La resistencia de un Parlamento dominado por los hombres, los frecuentes ataques a las mujeres, las creencias culturales y sociales y el alto costo de las campañas obstaculizan colectivamente el progreso de las mujeres en la política nigeriana. Se necesitan reformas que promuevan la legislación sobre igualdad de género, protejan a las mujeres de la violencia, desafíen las normas tradicionales y den apoyo financiero a las aspirantes a políticas. Al crear un entorno propicio que valore y apoye la participación activa de las mujeres en la política, Nigeria puede aprovechar todo el potencial de su población diversa y garantizar una democracia más equitativa y representativa.

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Retrocede participación de la mujer en la política nigeriana: Llamado a la acción

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Los estudios indican una correlación positiva entre mayores niveles de igualdad de género, participación política de las mujeres y mejor gobernabilidad en general, con niveles de corrupción significativamente más bajos.

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Finlandia se convierte en primer país Europeo en conceder el derecho al voto a las mujeres y permitirles hacerlas elegibles para las elecciones parlamentarias. Las mujeres finlandesas lograron la igualdad política en una sociedad que todavía conservaba muchos rasgos patriarcales. En 1907, 19 mujeres fueron elegidas al parlamento. El impacto fue positivo y de gran avance pues permitió cambiar la percepción de las mujeres en la sociedad demostrando que pueden asumir un papel de liderazgo y responsabilidad pública, y esto influyo en comenzar con la lucha de igual de género en otros contextos.

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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En el período de la Ilustración se establecieron nuevos fundamentos para la convivencia y la igualdad, a partir de aquí se intenta comprender la justicia política por sexo desde que se comienzan a construir las nuevas sociedades democráticas. Todo este contexto provoco durante el siglo XIX y buena parte del XX los roles sociales se mantuvieran. Durante este siglo la escolarización obligatoria de las niñas se generaliza. En 1866 se obliga a las comunas a mantener escuelas, legitimando a través de la institución escolar una curricular diferenciada para chico y chicas. (Garrocho B. 2012 pp394-396). Aunque la escolarización se vuelve obligatoria, la curricular que tenía la escuela de las chicas era en torno a actividades domésticas, el impacto era positivo pero des de una vista meramente patriarcal, pues se seguía viendo a las mujeres de manera generalizada si permitirle realmente la preparación científica.

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Escolarización obligatoria de las niñas (1866)

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Escolarización obligatoria de las niñas (1866)

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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Grecia aprobó en 2015 una ley que permitía las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Aunque no como matrimonio completo, tiene reconocimiento legal otorgando muchos derechos. Fue un paso importante hacia la lucha contra la no discriminación, la igualdad y el reconocimiento de la comunidad LGBTG+.

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Derecho a la igualdad de matrimonio para personas del mismo sexo  (2015)

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Derecho a la igualdad de matrimonio para personas del mismo sexo  (2015)

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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Grecia permitió solicitar a las mujeres con un embarazo menor a 12 semanas el aborto. En caso de violación o incesto hasta las 19 y en malformaciones del feto hasta las 24 semanas. Fue un gran paso a favor de la autonomía de las mujeres, reduciendo el número de abortos inseguros y clandestinos. 

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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Con la creación de la constitución griega, se estableció la igualdad laboral entre hombres y mujeres. Se logró reducir la brecha salarial y la no discriminación por el género, permitiendo a las mujeres obtener mejores oportunidades laborales.

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Equipo: # 21

Jorge Luis Rodríguez Álvarez

Celina Corona Ramírez

Freddy Escalante Armenta

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2006: Noruega, Derecho al matrimonio voluntario

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2006: Noruega, Derecho al matrimonio voluntario

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Prevenir el matrimonio forzado y el matrimonio infantil y ayudar a las personas a librarse del matrimonio forzado.

"El Storting aprobó unas leyes para prevenir el matrimonio forzado y el matrimonio infantil y ayudar a las personas a librarse del matrimonio forzado" (Naciones Unidad, 2009).

Aportación del equipo No. 20

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Aprobada el 27 de octubre de 2020, la ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua, también conocida como Ley N°. 1042, tiene por objeto proteger los derechos e integridad sexual de las mujeres que puedan ser vulnerados con el uso de las tecnologías.

El derecho que aporta esta ley provee la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos mediante las (TIC) contra las mujeres, de ahí la importancia en nuestra época actual, donde la tecnología es parte de nuestra rutina diaria y las mujeres están expuestas al ciberacoso.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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El 14 de febrero de 2008 se promulga la ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades en Nicaragua, también conocida como Ley N°. 648, cuyo objetivo es promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres.

Su importancia radica en asegurar el pleno desarrollo de la mujer, estableciendo mecanismos para que todos los órganos de la administración pública y demás Poderes del Estado garanticen la efectiva igualdad entre géneros.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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La Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Reformas al Código Penal en Nicaragua, también conocida como Ley N°. 779, es un hito importante en la lucha contra la violencia de género. Aprobada el 20 de enero de 2014, esta ley tiene como objetivo actuar contra cualquier tipo de violencia ejercida hacia las mujeres.

La importancia de esta ley se basa en buscar crear un entorno seguro y equitativo para las mujeres, promoviendo la igualdad y la no discriminación.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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El 3 de febrero de 1957 se logró que se reconocieran los “Derechos de la Mujer como Ciudadana de la República” en Nicaragua, obtenido así el derecho al sufragio.

Como parte de la importancia de este derecho, se destaca la participación de Josefa Toledo de Aguerri, quien fue una destacada defensora de la educación y el derecho al voto para las mujeres.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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El 22 de septiembre de 2023 se aprobó un Proyecto de Ley sobre Reserva para Mujeres, el cual tiene por objetivo reservar un tercio de los escaños en la cámara baja y en las asambleas estatales exclusivamente para mujeres.

Este proyecto es un paso significativo hacia la igualdad de género y la participación de las mujeres en la política en la India.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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La Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil entró en vigor el 1 de marzo de 2005 y prohíbe los matrimonios infantiles en el país, además de brindar asistencia a las víctimas de matrimonios infantiles.

La promulgación de esta ley es fundamental, ya que el matrimonio infantil es una grave violación de los derechos del niño, obstaculizando su desarrollo y privándolos de educación y salud.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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Ley de Protección a la Mujer contra la Violencia Doméstica

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Aprobada el 28 de enero de 2005, la Ley de Protección a la Mujer contra la Violencia Doméstica protege a las mujeres contra diversos tipos de violencia, incluyendo la física, sexual, verbal, emocional y económica, así como las amenazas.

Esta ley es un hito importante en la lucha contra la violencia de género en la India y tiene como objetivo proteger a las mujeres contra la violencia en el ámbito doméstico.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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El 20 de noviembre de 1961 fue aprobada la Ley de Prohibición de la Dote.

Esta ley prohibió dar y aceptar dotes bajo pena de multa o cárcel, pero, a pesar de su promulgación, la costumbre de la dote persiste en algunas regiones y castas.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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El 26 de enero de 1950 entra en vigor la Constitución de India, que contempla en los artículos 14, 15 y 16 permitir al Estado tomar medidas especiales para garantizar la igualdad para mujeres y niñas.

A pesar de ser el primer detonante para el reconocimiento de las mujeres en la India, en la práctica, las mujeres a menudo carecen de voz y autonomía.

Equipo 14: Álvaro Iván Hernández Montes, Irwin Raúl Pech Carrillo.

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2008: Noruega, Derecho a una vida libre (trata de seres humanos)

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2008: Noruega, Derecho a una vida libre (trata de seres humanos)

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Trata de seres humanos

"El Gobierno presentó un plan de acción titulado "Poner fin a la trata de seres humanos" [...] procurar que más víctimas de la trata reciban permisos temporales de trabajo y de residencia en Noruega (Naciones Unidas, 2009).

Aportación del equipo No. 20

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2008: Noruega, Derecho a la no mutilación genital femenina

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2008: Noruega, Derecho a la no mutilación genital femenina

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Plan de Acción de Lucha contra la Mutilación Genital Femenina

"Se ofrezca a todas las niñas y mujeres que procedan de zonas donde la incidencia de la mutilación genital femenina sea igual o superior al 30% una entrevista personal y un examen ginecológico voluntario. Esos servicios habrán de prestarse en todo el país a partir de 2010" (Naciones Unidas, 2009).

Aportación del equipo No. 20

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2006: Noruega, Derecho a la vida libre de violencia en el hogar 

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2006: Noruega, Derecho a la vida libre de violencia en el hogar 

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"Aumentar la pena máxima por maltrato en el hogar de 3 a 6 años y la pena por maltrato grave de 6 a 15 años" (Naciones Unidas, 2009).

Aportación del equipo No. 20

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1978: Noruega, Derecho a la igualdad de género

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1978: Noruega, Derecho a la igualdad de género

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Ley de igualdad de género

"Prohíbe la discriminación por motivos de género en todos los sectores de la sociedad" (Naciones Unidas, 2009)

"En 2003, se aprobó una ley que hizo de Noruega el primer país del mundo que fijó unos requisitos con respecto al equilibrio de género en las juntas directivas de las empresas" (Naciones Unidas, 2009)

Aportación del equipo No. 20

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Irán (1925-1979) Derecho de la mujer a poder trabajar 

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Irán (1925-1979) Derecho de la mujer a poder trabajar 

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Durante el reinado del Shah Mohammad Reza Pahlavi, las mujeres obtuvieron el derecho a poder trabajar en varios sectores económicos del país, pero, a pesar de ser un gran avance en los derechos de las mujeres, en 1979, con la revolución islámica, varios de los derechos que habían recibido las mujeres fueron destituidos o modificados, el derecho a trabajar fue modificado, teniendo más barreras y dificultades para poder laboral de manera igualitaria con los hombres.

Equipo #20

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1948: Derecho a la educación en Corea del Sur. La constitución de 1948 garantizó la igualdad de acceso a la educación para mujeres y hombres. La importancia de este derecho radica en que ha permitido que las mujeres surcoreanas tengan el más alto nivel educativo entre los países de la OCDE. La tasa de alfabetización femenina es del 98.4%, respecto a la masculina del 99.2%, y es del 100% para la población joven; siendo, por ende, uno de los pocos indicadores del país donde la brecha de género es muy reducida.

Un aspecto no tan positivo es que la educación en Corea del Sur es hiper competitiva, ligada al honor y estatus socio-económico de la familia; lo que añade un peso excesivo sobre las niñas y mujeres jóvenes en edad escolar (lo mismo pasa con los varones). La educación básica es pública y gratuita, con una jornada que va de las 8 am a las 5 pm, desde esa hora y hasta las 9 o 10 pm asisten a clases adicionales de inglés, matemáticas, artes y/o deportes en academias pagadas por sus padres; regresan a sus hogares a hacer las tareas escolares, pudiendo dormir hasta pasada la medianoche. Todo para lograr el éxito escolar al ingresar a las mejores universidades, en función del puntaje que obtengan en el examen nacional; lo que por ende consideran, les asegurará el éxito laboral, un mejor estatus y honor familiar.

No obstante, el fracaso escolar se considera una de las causales que dispara el indicador de suicidios, que posiciona al país con el mayor índice entre los países desarrollados de la OCDE, con una tasa general de 25.80 y una tasa de suicidio femenil de 16.10 por cada 100,000 habitantes y cuya mayor incidencia se presenta entre adolescentes y veinteañeras; este fenómeno se enmarca en un país donde la salud mental es aún considera tabú (Cemtic Org, 2015; Ha, S., 2023 y Datosmacro, 2022).

Equipo 17

Silvia Villa Villa

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Algunos aspectos importantes de los derechos de las mujeres en Portugal han sido:

El derecho al voto en 1931, aunque no fue hasta 1976, con la adopción de la nueva Constitución portuguesa tras la Revolución de los Claveles en 1974, que puso fin a décadas de dictadura en Portugal, que se celebraron las primeras elecciones donde pudieron ejercerlo.

La Constitución de la República Portuguesa establece la igualdad entre hombres y mujeres, y a partir del año 2000 se han aprobado varias leyes para promover esta igualdad y combatir la discriminación. Un claro ejemplo es la Ley de Paridad de 2006, que establece cuotas para garantizar el acceso de las mujeres en las listas electorales de los partidos políticos.

Además, en 2007 se despenalizó el aborto, permitiendo a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo en las primeras 10 semanas de gestación.

Concepción Valenzuela

Shaday Valdez

Equipo #16