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Antecedentes

En la antigüedad, la criminalística era considerada un arte adivinatorio y arbitrario, como la "prueba de Dios". En el siglo VI A.C., el pensamiento lógico y racional de los filósofos griegos comenzó a influir en la administración de justicia. Posteriormente, el Derecho Romano se desarrolló con un sistema legal coherente, donde el testimonio era fundamental para la acusación o defensa. En el Renacimiento, las ciencias fácticas, como la anatomía, comenzaron a asistir al sistema judicial. Estas ciencias trabajan con datos observables y medibles, garantizando objetividad y rigor científico. En esencia, las ciencias fácticas utilizan la experimentación y la observación para obtener datos precisos y válidos.

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Características Actuales del Proceso Penal 

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Características Actuales del Proceso Penal 

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Según el Código Procesal Penal, los principios del proceso penal incluyen debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, oralidad, publicidad, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalizarían del proceso y derecho de defensa:

1. Acusatorio: No hay proceso sin acusación, lo que requiere la separación de roles entre investigación y decisión para evitar conflictos de interés.

2. Oral: Las actividades procesales, como la presentación de argumentos y pruebas, deben ser realizadas oralmente durante audiencias.

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Derechos Humanos

Los derechos humanos son prerrogativas interrelacionadas, interdependientes e indivisibles que pertenecen a todos los seres humanos sin distinción. Su fundamento radica en los atributos inherentes a la persona humana, no en la nacionalidad. Por lo tanto, requieren una protección internacional que complemente el derecho interno de los Estados Americanos, tal como se señala en el preámbulo de la CADH de 1981. Estos derechos están consagrados en documentos fundamentales como la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales han sido ratificados por los países miembros de la OEA. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos impone a los gobiernos la obligación de tomar medidas o abstenerse de actuar para promover y proteger estos derechos y libertades, garantizando que sean reconocidos y respetados a nivel estatal.

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Misión del Instituto

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses brinda asesoría científica y técnica a la justicia, enfocándose en el análisis y la investigación de evidencias medico legales.

Funciones de Criminalística

Según la Ley 69 de 2007, el Instituto debe:

-Recoger pruebas y buscar información científica relacionada con los casos.

-  Mantener la cadena de custodia en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial.

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Importancia del Conocimiento Normativo

Los investigadores deben conocer las leyes para evitar consecuencias legales y administrativas por malas prácticas.

Comprender los derechos humanos y el sistema penal acusatorio es esencial para garantizar un proceso judicial justo.

Roles y Responsabilidades

Es crucial la cooperación entre policías, fiscales y peritos.

Se necesita transparencia y metodologías científicas rigurosas en las investigaciones.

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La criminalistica en el descubrimiento de la verdad 

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La criminalistica en el descubrimiento de la verdad 

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Principios Rectores

El Código Procesal regula los principios del debido proceso en el sistema penal acusatorio de la siguiente manera:

1. Publicidad: Proporciona transparencia al proceso penal, aumentando la confianza pública al permitir audiencias públicas.

2. Contradicción: Permite una contienda argumentativa en la que cualquier elemento discursivo o probatorio puede ser refutado.

3. Concentración: Las audiencias deben desarrollarse preferentemente en un mismo día o consecutivamente hasta su conclusión.

4. Continuidad: Las audiencias deben realizarse de manera continua y secuencial, salvo excepciones previstas en el Código.

5. Inmediación: El juez debe estar presente en la audiencia, y las pruebas deben presentarse directamente ante él.

Además, se establecen principios y derechos fundamentales como:

- Juicio previo y debido proceso: Nadie puede ser privado de libertad sin orden legal de autoridad competente, debidamente formalizada (Constitución, art. 21).

- Presunción de inocencia: Los acusados tienen derecho a ser considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio público con todas las garantías para su defensa (Constitución, art. 22).

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La transición al nuevo sistema procesal penal representa un cambio significativo, donde las partes del proceso y los sujetos procesales adquieren un rol más activo. El sistema acusatorio se caracteriza por la colaboración y especialización entre el agente del Ministerio Público o fiscal, la policía de investigación y el perito. Cada uno desempeña roles complementarios: la policía se encarga de la investigación, el perito de los aspectos técnicos-científicos, y el fiscal de presentar los resultados en el juicio oral.

Existen relaciones claras entre el indicio o evidencia física, el dato de prueba, el medio de prueba y la prueba, dependiendo de las etapas del proceso penal.

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como un estándar de debida diligencia, entre otros aspectos, la cumplimentación de formularios que enumeren todas las evidencias materiales para asegurar la cadena de custodia.

La ONU define la cadena de custodia como la documentación cronológica y detallada de las pruebas para asegurar su vinculación con el presunto delito. La trazabilidad y la continuidad de las “pruebas materiales” son objetivos esenciales de la cadena de custodia. La ONU también proporciona recomendaciones para la protección del lugar de los hechos y el tratamiento de los indicios o evidencias.

La Norma Internacional ISO/IEC 17020:2012, "Evaluación de la Conformidad. Requisitos para el Funcionamiento de Diferentes Tipos de Organismos que Realizan Inspección", en su Sección 7, Subsección 7.2, punto 7.2.4, establece que los organismos de inspección deben contar con procedimientos documentados e instalaciones adecuadas para evitar el deterioro o daño de los ítems bajo inspección. El documento guía ILAC-G19, en el punto 4.4.3, resalta que la definición y procedimiento de "cadena de custodia" deben adaptarse a las disposiciones legales de cada país. Las unidades forenses deben tomar precauciones para garantizar que las evidencias materiales se recuperen, almacenen y transporten sin pérdidas ni contaminación.

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Estándares Internacionales de Cadena de Custodia

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Estándares Internacionales de Cadena de Custodia

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Aunque el Código Procesal Penal de Panamá no menciona explícitamente el término cadena de custodia, los artículos 273, 276, y 290 establecen sus fundamentos y las amplias facultades del Fiscal como director de la investigación, guiado por el principio de objetividad. El procedimiento indica que el formato de cadena de custodia debe llenarse de manera digital o manual, acompañando a las evidencias desde su recolección hasta su disposición final. La cadena de custodia es el "historial de vida" de una evidencia, asegurando su integridad para garantizar su validez probatoria.

El Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) es una guía que coordina los esfuerzos de todos los involucrados en la Cadena de Custodia, desde la preservación del lugar hasta el traslado de evidencias, asegurando la estandarización de actividades para garantizar la trazabilidad y continuidad de las pruebas.

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1. Universales: Aplican a todas las personas sin excepción.

2. Irreversibles y Progresivos: No se pueden suprimir y deben avanzar con el tiempo.

3. No Negociables: No se pueden alterar mediante acuerdos.

4. Inviolables: Deben ser respetados y protegidos sin excepción.

5. Obligatorios: Los Estados tienen el deber de garantizar su cumplimiento.

6. Trascienden Fronteras: No se limitan por fronteras nacionales.

7. Complementarios y No Jerarquizarles: Se interrelacionan y deben ser considerados en conjunto sin establecer una jerarquía entre ellos.

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Etapas del Procedimiento Penal

El Código Procesal Penal de Panamá detalla las siguientes etapas:

1. Fase de investigación: Su objetivo es que el Ministerio Público, con el apoyo de la policía, recopile indicios para esclarecer los hechos y obtener datos de prueba para la acción penal y reparación del daño, bajo supervisión del juez de control. Incluye:

a. Investigación inicial: Comienza con la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para la formulación de imputación.

b. Investigación complementaria: Abarca desde la formulación de la imputación hasta el cierre de la investigación.

2. Fase intermedia o de preparación del juicio: Tiene como objetivo el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, y la depuración de hechos controvertidos para el juicio, desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio.

3. Fase de juicio: Busca decidir las cuestiones esenciales del proceso, basado en la acusación, asegurando los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad, desde la apertura a juicio hasta la sentencia del Tribunal de enjuiciamiento.

La investigación no se interrumpe durante la audiencia inicial o la ejecución de órdenes de aprehensión. El proceso comienza con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme, manteniendo la dirección de la investigación por el Ministerio Público durante todo el procedimiento.

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Eficacia Normativa de los Derechos Humanos

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Eficacia Normativa de los Derechos Humanos

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Panamá reconoció la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José mediante la Ley número 15 del 28 de octubre de 1977. En particular, en Panamá, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en su jurisprudencia reciente, indicando que la Acción de Amparo ya no se restringe a la existencia de una orden de hacer o no hacer, sino a cualquier acción que afecte, lesione, restrinja, amenace o menoscabe derechos fundamentales previstos no solo en la Constitución Política, sino también en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá.

De manera similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que los derechos humanos de fuente internacional tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la Constitución de los países, y es obligación de los tribunales del país velar por su aplicación. Esto se conoce como el principio de convencionalidad, que otorga a estos derechos el mismo rango constitucional, ampliando así el catálogo constitucional y armonizando, a través del principio pro persona, las normas nacionales e internacionales para garantizar la protección más amplia posible.

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Constitución Política de la República de Panamá

ARTÍCULO 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

- Universales

- Irreversibles y progresivos

- No negociables

- Inviolables

- Obligatorios

- Trascienden las fronteras

- Complementarios y no jerarquizables

ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

ARTÍCULO 21: Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley.

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El principio de presunción de inocencia exige que solo se procese a aquellos presuntos responsables contra quienes existan pruebas adecuadas en todos los sentidos (legales, lícitas, lógicas, verosímiles, suficientes, determinantes, etc.). La actividad probatoria debe seguir las reglas del debido proceso, lo que implica que las pruebas de cargo se deben obtener conforme a las normas legales procesales vigentes, bajo pena de nulidad absoluta.

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Las normas descritas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Declaración de los Derechos del Hombre, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proporcionan un marco legal y ético para la protección y promoción de los derechos fundamentales en el ámbito americano. Estos estándares buscan garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todos los contextos y jurisdicciones, estableciendo obligaciones claras para los Estados.