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CORDOVA RIVERA ELVIS

FERNANDEZ ADRIAN CESIA

LOYOLA GONZALES STALIN

RISCO ROMERO MEDALI

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1. Vicio producido al instante mismo de la festividad o formación del acto, la ineficacia funcional es la realidad de un acto celebrado correctamente empero que por un vicio externo y subsiguiente deja de generar los efectos jurídicos inter piezas para los que estaba previsto, ambos tienen el efecto de inhabilitar a la manifestación de voluntad de las consecuencias queridas por las partes al emitirlas, son consideradas ineficacias estructurales la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico.

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Que dichos actos se hayan celebrado entre la fecha en que se presentó la solicitud por parte del deudor para acogerse a alguno de los procedimientos concursales o que fue notificado con la resolución de emplazamiento de la solicitud de algún acreedor para el inicio de concurso, hasta el momento en que la junta de acreedores nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación.

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El rol del Estado en el control de los actos fraudulentos en el concurso 

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El rol del Estado en el control de los actos fraudulentos en el concurso 

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son las empresas que tengan activos departamentos de cobranza masiva

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A aquellos que, dada su especial condición, tienen una importancia en el flujo económico de la empresa.

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Una herramienta para buscar la justicia inter partes dejando sin efecto jurídico aquellos actos que se hayan efectuado buscar des patrimonializar fraudulentamente al deudor en problemas.
Para la Teoría económica del derecho, la situación de crisis debe llevar a decisiones económicamente razonables.

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Promueve el acuerdo inter partes, pues son ellas (acreedores y deudor en el caso del concurso) las más afectadas económicamente por la crisis

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Así las cosas, un acreedor que, abusando de su posición de poder frente al deudor en crisis, lo obliga o se confabula con él para que éste transfiera parte o la totalidad de su patrimonio a otro cascarón social. Por el contrario, si ese mismo acreedor requiere garantías sobre el patrimonio del deudor, estaría actuando de manera absolutamente ética, sin intencionalidad de fraude.

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LA REGULACION DE LA INEFICACIA EN EL CONCURSO PERUANO

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LA REGULACION DE LA INEFICACIA EN EL CONCURSO PERUANO

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El Estado está obligado a intervenir, a clarificar y a sancionar de ser el caso a los empresarios y a los terceros que adoptan estas decisiones claramente injustas para los acreedores indefensos y ya mermados en sus posiciones sociales sustantivas. Las teorías neoliberales están en contra de esta postura. Para ellas, el rol del Estado es meramente conciliador.

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a)Regulación sobre la ineficacia concursal:

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a)Regulación sobre la ineficacia concursal:

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Gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, celebrados por la empresa deudora con acreedores o terceros.

Que dichos actos no se refieran al desarrollo normal de la actividad de la empresa deudora.

Que causen perjuicio al patrimonio de la empresa deudora.

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b)Las sanciones administrativas por actos fraudulentos:

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b)Las sanciones administrativas por actos fraudulentos:

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Infracciones y sanciones contenido en la norma concursal peruana regulan las sanciones que pueden ser impuestas al deudor, a las personas que actúan en su nombre (administrador o liquidador de ser el caso) e inclusive al acreedor que efectúe o ayude a efectuar las siguientes conductas a saber.

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Normas Penales que Sancionan los Actos Fraudulentos en Concurso:

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Normas Penales que Sancionan los Actos Fraudulentos en Concurso:

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Los delitos concursales están regulados por el Código Penal Peruano dentro de los delitos que atentan contra el sistema crediticio. Así, los artículos 209 y siguientes de dicho texto legal se establecen los tipos penales (que contienen los actos antijurídicos) y las penas por la comisión de los mismos.

el rol del Estado en el control de los fraudes en el concurso es medular para evitar situaciones injustas. En ese sentido no podemos sino rechazar esta disposición, por limitar la acción penal a los privados y solo permitir que “en defecto” el Estado pueda accionar a través del ente administrador del concurso (EL INDECOPI)