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#La Relación Estado Familia e Infancia en la  Argentina -El Proceso de Construcción de la Infancia-
Del descubrimiento de la infancia al desarrollo del concepto de menor
La protección de la infancia
La judicialización de los conflictos familiares
La configuración del estado de “abandono”

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Del descubrimiento de la infancia al desarrollo del concepto de menor

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Del descubrimiento de la infancia al desarrollo del concepto de menor

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Con la modernidad nace una visión de la niñez esencialmente nueva, que se manifiesta en un reconocimiento de su especificidad y su autonomía como también en una actitud de cuidado y de valorización a nivel social. El niño llega a ser portador del futuro; Sobre él la familia y la sociedad hacen una inversión afectiva y económica.
Este nuevo sentimiento hacia la infancia destinado a convulsionar las actitudes de los adultos hacia el niño,  presentará sin embargo un doble filo: Por un lado caracterizado por la solicitud y la ternura y por el otro por la severidad y la educación, situación que se instala especialmente en las clases acomodadas.
En el pueblo, por el contrario, las condiciones de vida de los niños cambiarán muy poco, serán todavía características las privaciones, la explotación y la violencia, que empeorarán con la llegada de la revolución industrial cuando los niños serán sometidos a ritmos y jornadas agobiantes de trabajo en condiciones insalubres.
La historia de la infancia está hecha de condiciones reales de vida y de imaginario, las condiciones de vida hasta hoy están signadas por una serie de prácticas de violencia y de explotación y por relaciones de sumisión de los hijos respecto de los padres y hacia las intervenciones cada vez más duras de dominio de la sociedad sobre los niños y jóvenes. A nivel del imaginario, aunque se desarrollan diversas imágenes de la infancia producidas en la cultura moderna, estas sin embargo, penetran poco en los comportamientos sociales y más bien se constituyen como modelos a realizarse.
Estado y escuela son las dos grandes instituciones que incidieron en el desarrollo del concepto de infancia desde su visibilidad, coincidente esta con los inicios de la industrialización. Estas instituciones hacen emerger a la infancia, la intervención del Estado efectiviza a la escuela como el ámbito por excelencia para brindar a la infancia una socialización diferente, más uniformizante y disciplinada.
El Estado interviene además para limitar el trabajo infantil, entendiéndolo como el mayor obstáculo para la escolaridad; incorpora también la figura del niño y del adolescente en el derecho y en particular en el derecho penal, creando para ellos, cuerpos jurídicos específicos, códigos, tribunales, instituciones asilares, etc.
La instrucción obligatoria, estuvo íntimamente ligada a las formas de producción industrial y al control social, ella desempeñó un papel importante en la reproducción de una fuerza de trabajo especializada y disciplinada.
Los movimientos a favor de la niñez que aparecen a fines del siglo XIX introducen nuevas prácticas y legislaciones, cambios en actividades profesionales, nuevas valoraciones morales y nuevas instituciones. Aquellos intentaron hacer para el sistema de justicia penal lo que industriales y dirigentes intentaban con la economía: Mantener el orden, la estabilidad y el control conservando el sistema de clases y la distribución de riquezas existentes.
La ideología de estos movimientos que habían logrado hacer suyo y colocar el problema de la infancia en un lugar privilegiado de la percepción social, estaba constituida por una amalgama de aspiraciones y convicciones centradas en una crítica consecuente de las antiguas actitudes de represión o de caridad y en la promoción de un interés educativo preocupado por la comprensión más que por la sanción judicial, intentando de esta manera reemplazar la buena conciencia de la caridad por la búsqueda de técnicas eficaces.
Muchas profesiones se fueron desarrollando rápidamente y participaron en las reformas salvadoras del niño, beneficiándose con sus avances el clero, los médicos, los abogados y los académicos que participaron de estos nuevos espacios. Al amparo de los mismos surgen nuevos profesionales, administradores de correccionales y trabajadores sociales, se instauran modelos médicos de comportamientos discrepantes y procedimientos para remediar las imperfecciones naturales.
Mientras en las ciudades se alerta sobre la conformación de guetos de inmigrantes, sin destrezas, sin educación: Asocializados, de allí surgirán niños faltos de control y protección, víctimas del conflicto cultural, impelidos a delinquir, las tareas de protección de la infancia se fundaron así, sobre la defensa de la sociedad.
Los movimientos de los reformadores apuntan hacia un objetivo privilegiado, la patología de la infancia bajo su doble aspecto: La infancia en peligro, es decir, la que no se ha beneficiado de todos los cuidados de una crianza y educación deseables; y la infancia peligrosa: La de la delincuencia.

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Las tareas del Estado en relación con esta infancia en peligro/peligrosa- abandonada/delincuente estarán permeadas por tres instancias: Judicial, psiquiátrica y educativa, estas conciben su extensión en las cifras de delincuencia y en el saber criminológico que examina el pasado, la organización familiar, los antecedentes, de allí derivará el retrato tipo del futuro delincuente: El niño en peligro de convertirse en peligroso.
Se crea así una infraestructura de prevención y educativa cuyo objetivo será evitar el delito. Este niño en peligro, será objeto de intervención y de saber, se estudiará el clima familiar y el contexto social, se genera de esta manera el complejo tutelar (Donzelot 1979)
Cabe destacar que en 1912 se instauran los primeros tribunales de menores en Francia, en nuestro país se implementaron con posterioridad siguiendo la misma lógica y modalidad de funcionamiento. Estos actuarán a partir del reclutamiento y denuncia, lo que dará lugar a la intervención judicial, a través de la cual se somete a la familia a observación cuyos resultados son producto de una determinada modalidad de intervención.
Donzelot señala que resulta paradójico el resultado del nacimiento de un derecho del niño, porque cuanto más son proclamados estos derechos, más se estrecha alrededor de la familia pobre el cerco del poder tutelar.
La familia queda atrapada en esa red del Estado donde el padre es reemplazado por el juez y la parentela por trabajadores sociales y técnicos. El Tribunal de Menores es una forma visible del Estado-Familia de la sociedad tutelar.
En Latinoamérica la situación de la niñez dio lugar, en el período colonial, a un mismo discurso protector que estaba dirigido a mujeres, huérfanos y niños; y a la consiguiente creación de instituciones con características semejantes a las de la península.
Las primeras instituciones se instalaron en Buenos Aires que precedió a las provincias, allí se funda en 1692 la Casa de Recogimiento para que sirva de retiro a las doncellas nobles virtuosas y huérfanas, funcionó hasta 1702, dirigida por una mujer. Con la misma finalidad se autoriza a la Hermandad de la Santa Caridad en el año 1755, a abrir una nueva Casa de Recogimiento para las huérfanas.
Asimismo el Virrey Vértiz fundó en Buenos Aires la primera Casa de Niños Expósitos el 7 de agosto de 1779. El ingreso de niños a la Casa  fue numeroso, la recepción se hacía directamente, cuando los niños se encontraban expuestos en sitios públicos, sino por medio del torno aparato que se encontraba ubicado junto a la puerta principal del edificio, el lado cerrado del torno daba a la calle y en sus proximidades había una campana que permitía avisar que se quería depositar un niño.
Inicialmente esta Casa habría estado destinada a los blancos pobres, o a evitar el deshonor de haber tenido un hijo al margen del matrimonio legítimo. Sin embargo, en sus primeros años ingresaron más niños de color que blancos, lo cual se denunciaba en 1788 calificándose la situación como deplorable por la falta de medios para mantenerlos. También se había apelado a la idea de ayudar a las finanzas de la Casa de Niños Expósitos vendiendo como esclavos a los niños sospechados de haber sido expuestos para que fuesen liberados.
Por las dificultades de mantenimiento en 1784 se entregó la administración a la Hermandad de la Santa Caridad. En 1815 el reglamento de la Casa confirmaba la pérdida de la patria potestad de los padres y todos sus derechos sobre los hijos que abandonasen, sin derecho a reclamo alguno.
Finalmente en 1823, se crea la Sociedad de Beneficencia para el amparo de las niñas abandonadasque se hace cargo de la casa de Niños Expósitos.
En 1809 el Virrey Cisneros dictó una instrucción a los Alcaldes de barrio, quienes eran los encargados de la seguridad pública, encomendándoles la tarea de informarse si en los barrios había niños huérfanos o abandonados, en cuyo caso los colocarían, con maestros que les enseñaran algún oficio en “casas de probidad para que sirvan” a fin de contener así, desde el principio “la mala educación que tantos males depara a la sociedad”. Con similares funciones en 1821 se crea el cargo letrado de Defensor de Pobres y Menores, quien debía intervenir “sobre el destino, la fortuna y las personas de los menores, que por su orfandad, indigencia o por el extravío de sus padres se hallan abandonados a su propia suerte” (Larrandart 1991:23)
En 1871 se crean Asilos de huérfanos para diferentes edades y para uno u otro sexo, en su mayoría dependientes de la Sociedad de Beneficencia. Los infantes sobrevivientes de la Casa de Niños Expósitos, cuando alcanzaban cierta edad, se incorporaban a alguno de ellos.
Los varones a cargo de los Defensores de Menores, quienes se ocupaban de sus bienes, eran colocados en un hogar en el que se les habría de enseñar un oficio. Las niñas que no eran ubicadas en casas particulares pasaban al Colegio de Niñas Huérfanas. Unos y otras, difícilmente se liberarían del destino de ser criadas las niñas y aprendices de cualesquiera oficio los varones.
El cuidado de los huérfanos y pupilos, su educación e instrucción fue el eje de la acción de estas instituciones así como la colocación de los mismos en hogares como sirvientes o como aprendices. El recurso de la entrega de hijos, generalmente temporario y contractualmente estipulado, con frecuencia en presencia del Defensor de Menores, quien establecía con precisión los derechos y obligaciones de las partes, así como sus plazos, constituyó  una estrategia de distribución de población de pobres a ricos con la posibilidad abierta del retorno.
Al respecto, Seoane señala que en el siglo XVIII los depositarios pretendían beneficiarse con los servicios de los menores, eludiendo, de esta manera, la prohibición legal de someter a servidumbre a personas blancas o de color que fuesen libres (Seoane 1980)
Cicerchia destaca que la circulación de niños a través del sistema de tutelaje en los siglos XVIII y XIX responde en la mayoría de los casos, a un mecanismo para hacer frente a los magros ingresos familiares (Cicerchia 1994)
Los menores que se encontraban abandonados eran remitidos por el Jefe de Policía a los Asilos, así como aquellos que hubiesen sido recogidos por quienes no fuesen sus parientes y estuviesen como sirvientes.
El Reglamento para las Defensorías de Menores de 1884, permitía a los Defensores celebrar contratos de locación de los menores con particulares, quienes a cambio de enseñarles un trabajo se ocuparían de la educación. Esta facultad era más amplia que la de los padres, ya que según el Código Civil, estos no podían celebrar contratos de locación de servicios de sus hijos. De acuerdo a los comentarios de la época, las Defensorías se fueron transformando en agencias de colocación de pequeños sirvientes en casas de familia (Larrandart 1991). Esta práctica dio nacimiento a una constante en nuestros países latinoamericanos, consistente en utilizar a huérfanos y abandonados como mano de obra barata hasta bien entrado el siglo XX.
La colocación de niños en familias ayudó a opacar el fenómeno del abandono, pero el proceso acelerado de urbanización e industrialización que cambió su entorno y su número contribuyó a otorgarle nueva visibilidad, promoviendo otra modalidad de recogimiento (Iglesia 2000)
En 1882 se creó, el Patronato de la Infancia, con el fin de proteger y tutelar a los niños abandonados, se insistía en la necesidad de facultarlo para accionar la pérdida de la patria potestad y hacer de aquellos pequeños desgraciados unos buenos ciudadanos y honestos artesanos. El remedio era la rigurosa aplicación de los artículos del Código Civil que permitían la pérdida de los derechos de la patria potestad, los expertos señalaban que: “los magistrados parecen profesar un respeto exagerado por el principio de la paternidad”.
A fines del Siglo XIX surgieron críticas hacia la labor de los defensores de menores debido a que pululaban cientos de menores, convertidos en vendedores de diarios, de frutas, de billetes de lotería, etc., que llevan una vida de dejadez, de holgazanería, de ignorancia y de corrupción espantosa, mientras que “la sociedad les tiende rara vez su mano protectora, poniéndolos bajo la guarda de personas sujetas tan solo al compromiso de la voluntad... Si no los manda a engrosar los batallones de línea de las compañías de nuestra escuadra y allí se termina la acción moralizadora de la sociedad”.
En 1896, se proponían como medios preventivos, la instalación de asilos, refugios y establecimientos similares, y también que los asilos maternales sean la expresión mas perfecta de la cooperación social para la prevención del delito y estén dedicados a niños de madres pobres que trabajan. Las escuelas de artes y oficios estarían destinadas a recoger un número considerable de niños y jóvenes que, sin ser delincuentes ni estar abandonados, no pudieran recibir una educación conveniente. Su función sería darles un oficio evitando la miseria, la mendicidad y el ocio, educando moralmente y desviando las inclinaciones al mal16.
En 1898 se habilitó la Casa de Corrección para Menores Varones condenados a pena de prisión o arresto, también para aquellos que se hallaren a disposición de los defensores que quedarían “bajo la tutela” del establecimiento, con edades entre 8 y 18 años. Días después  se permitió que alojasen en local separado a los huérfanos o abandonados menores de 10 años.
En 1905 fue creada la Colonia de Marcos Paz, allí se alojaban los menores encausados, los condenados, los remitidos por los jueces, los depositados por las defensorías, los remitidos por la policía, moral o materialmente abandonados, los huérfanos colocados por sus tutores o guardadores y los menores colocados por padres indigentes o inhabilitados para alimentarlos o educarlos, con autorización expresa del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.
Las congregaciones religiosas fueron en Córdoba quienes primero emprendieron la atención de pobres y vagabundos, esta red se completaba con las tareas de caridad desplegadas por la Sociedad de Beneficencia, las Damas de la Misericordia, las Damas de la Providencia, la Asociación de la Inmaculada Concepción y La Liga Argentina de Damas Católicas, la mayoría  combinaba en su estrategia las ollas populares, la instrucción y catequesis, a través de los talleres de oficios  se buscaba “un impacto educativo y moralizante entre los más débiles: niños abandonados, mujeres solteras y viudas, enfermos e inválidos” (Cicerchia 2006: 169)
Las prácticas sociales de caridad a los pobres eran características de la sociedad cordobesa y constituían un acercamiento entre estratos de gran distancia social, que se efectivizaba mediante la ejecución de múltiples propuestas, entre las que se destacan aquellas destinadas a albergar a los niños desamparados, con esta finalidad se crearon asilos de niños, casas cuna y talleres de artes y oficios “que los transforma en ciudadanos honrados y trabajadores (...) amantes de la religión y la patria”.
La Casa de Expósitos se funda bajo el amparo de la Virgen del Pilar de Zaragoza en el año 1884 por iniciativa de la Sociedad de Damas de la Divina Providencia, quienes se habían constituido un año antes. A lo largo de su trayectoria, al igual que a su homónima de Buenos Aires la dirigieron médicos de prestigio, disponía además de un Consejo Asesor integrado por un sacerdote, un abogado y un comerciante.
Para su creación y sostenimiento contaron con subsidios de los gobiernos nacional y provincial y con donaciones particulares facilitados por la pertenencia social de las damas que integraban la Asociación, provenientes de la alta sociedad que mantenían lazos de amistad y parentesco con la aristocracia y la burguesía local.
La práctica de la colocación en familias de niños asilados y abandonados estuvo en manos de las Damas de la Sociedad y del grupo de religiosas de la Inmaculada Concepción de España, que regenteaba la administración de la Casa; esta conservó el torno hasta 1926 cuando se creó la Comisión de Recepción de Niños, formada por la Presidenta y la Inspectora general, “...bajo la garantía de recepcionar bajo el más absoluto de los secretos”. De esta manera se legalizó la entrega de los niños a familias que no guardaban vinculación con su familia de origen. Aquellos a partir del momento en que se entregaban eran considerados hijos legítimos, y se los inscribía como tales en el Registro Civil.

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La judicializacion de los conflictos familiares

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La judicializacion de los conflictos familiares

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Hacia fines del siglo XIX aparece el control penal asociado a la crisis económica y a las grandes olas inmigratorias, que instalan en las calles la presencia de grupos de niños sin contención familiar el núcleo del control son entonces los hijos de los inmigrantes. “Los “niños pobres” abandonados, desamparados afectivamente, serán los que engrosarán las filas del Patronato de la Infancia de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1880 y 1912 se internaron 32.725 niños. En el mismo periodo murieron en el asilo el cincuenta y un por ciento de ellos”.
Las familias extranjeras no son capaces de controlar a sus hijos por el desarraigo, las diferentes costumbres y lengua o porque los hijos no les obedecen, por otra parte se trata de evitar que las ideas anarquistas y socialistas se expandan.
Los discursos en torno a la infancia pasan por sucesivas etapas: El caritativo protector dirigido a pobres y a huérfanos, el de la tutela a inferiores y enfermos y el de la alarma social un planteo de defensa social a través de la protección a la infancia (Larrandart et al., 1990)
El papel del Estado y sus instituciones, la operatividad de las agrupaciones caritativas, el campo jurídico, el educacional, el del trabajo infantil, las ciencias que rodearon al niño: Medicina y ciencias sociales y las ideologías dominantes en este recorrido histórico van dibujándose en la compleja trama de intervenciones benefactoras/segregadoras; Protectoras/vigiladoras, que “revelan la contradicción no siempre bien resuelta entre el ancestral impulso de amparar al vulnerable y temerle”(Iglesia 1996)
Las ideas dominantes en el pensamiento y las disciplinas sociales a comienzos del siglo XX provenían del positivismo, muy influidas por el darwinismo social, la superioridad genética  y la necesidad de hombres superiores para el progreso. Paralelamente  la antropología criminal y las teorías eugenésicas planteaban la necesidad de control de los inferiores que en su versión racista más extrema justificó la explotación y exterminio de los salvajes.
Las propuestas para la asistencia y protección de la infancia que hacían necesaria la intervención del tribunal de menores sobre los niños que se encontraran:
“Abandonados materialmente-huérfanos, expósitos; mayores de diez años abandonados o perdidos; sin medios de subsistencia por enfermedad, indigencia o arresto de sus padres-”.
“Abandonados moralmente -los que se encuentren en estado de vagancia y mendicidad habitual; los que por motivos de crueldad, abusos de autoridad, negligencia o explotación por parte de sus padres, tutores o guardadores sean víctimas de malos tratamientos físicos habituales o castigos inmoderados, privados habitualmente de alimentos y de los cuidados indispensables a su salud, o empleados en ocupaciones prohibidas o contrarias a la moral-” Esta protección se extendió también a quienes se encontraran en:
“Peligro moral -los que tengan padres, madres, tutores o guardadores sufriendo condena por  más de tres años o hayan sido condenados por delitos contra la honestidad, corrupción de menores u otro delito en perjuicio de alguno de sus hijos;  los que viven en compañía de padres, madres, tutores o guardadores que se entreguen a  la práctica de actos contrarios a la moral y buenas costumbres, frecuenten  cabarets, casas de juego o gente de mal vivir, careciendo aquellos de la  energía o capacidad para orientar la conducta del menor; los que viviendo con su padre, tutor o guardador sean refractarios a recibir instrucción u ocuparse en trabajos propios de su edad, o falten habitualmente de sus hogares o burlen la vigilancia de aquéllos; los que se fuguen sin causa legitima de sus domicilios y los que se encuentren vagando en las calles y caminos, mendigando aunque sea bajo el pretexto de vender objetos o de ejercer algún oficio en la vía publica; cuando su padre, tutor o guardador sean delincuentes, personas viciosas o de mala vida; los que cometen delitos, reiteradas contravenciones o se entreguen a la corrupción o prostitución sea en la vía pública, o en alguna casa que habiten y los que vivan de la prostitución ajena o del juego”.
Para todos ellos el tratamiento era indiferenciado, generalmente reclusión hasta la mayoría de edad o sustitución de la familia paterna.
Desde esta lógica se construyó en el siglo pasado la asistencia a la minoridad en toda América Latina, la misma perfiló las políticas y modelos de protección hacia la niñez hasta nuestros días y constituyó lo que se denominó la doctrina de la protección irregular.

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La configuracion del estado de "abandono"

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La configuracion del estado de "abandono"

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Desbordadas las instituciones por el aumento del abandono y por la creciente presencia de niños en los espacios públicos generados por la afluencia inmigratoria y el crecimiento urbano desordenado comienzan a originar frecuentes críticas, temores y propuestas de control. Esta transformación de los pobres huérfanos y abandonados en los pérfidos abandonados / delincuentes se va procesando desde fines del siglo XIX y cristaliza a inicios del XX, en el contexto de un Estado laico y protector.
En la legislación de los países latinoamericanos se erige a la capacidad como condición indispensable. De ahí surge la contracara, las incapacidades legales y naturales, entre las naturales están las del demente y las del impúber. Este marco legal de las incapacidades incluyó a todos los niños y adolescentes (Iglesias; Villagra; Barrios 1992)
En el caso de la infancia abandonada, a la incapacidad propia se sumó la de sus padres, se desconfiaba de las aptitudes de los padres de las clases populares para educar a sus hijos, a la vez que se asociaba a las situaciones de abandono con la inmoralidad, el vicio y el delito.
Las causas del abandono se confunden con las de la delincuencia, ligadas fundamentalmente con la desorganización familiar, la instrucción elemental insuficiente y mal orientada, y el trabajo del niño en la vía pública. Constituyendo el abandono la primera etapa del proceso, de la cual, por una pendiente casi fatal se cae en la vagancia, terminando con frecuencia en el delito.Como las causas de ambas situaciones eran las mismas, entonces, ambas categorías de menores, los que habían cometido delito y los abandonados no debían diferenciarse y por ende, el tratamiento o internación no debería tampoco establecer diferencias.
El parámetro de diferenciación era la peligrosidad, para lo cual era necesario el estudio y la clasificación, no así la situación de abandono ni el delito cometido.
El control sobre el conjunto de la minoridad que se consideraba peligrosa encontraba así su legitimación. Esta percepción social del problema sugiere una estrategia de intervención, ésta es la reclusión del abandonado para su propia protección y para la salvaguarda de la sociedad
(Tenti Fanfani 1987: 90)
Se construye durante este período la figura jurídica del menor abandonado a través de la llamada Ley de Patronato de Menores sancionada en 1919, que legitima como solución ante el aumento de la niñez abandonada una práctica ya corriente cual era el encierro del niño-menor. El Estado define así una política hacia la niñez, en particular hacia aquellos confiados por sus padres, tutores o guardadores a un establecimiento de beneficencia privado o público quienes quedaran bajo tutela definitiva de esos establecimientos.
El niño perteneciente a los sectores pobres urbanos es aquel que se convierte en sujeto presente en todos los discursos políticos de la época, en objeto de análisis y de estudio científico. Es la llamada infancia abandonada y delincuente la que se transforma en motivo de vigilancia y cuidado; Y el espacio asilar constituye la materialización institucional más completa de esta idea.
La función tutelar del Patronato del Estado se organizó alrededor de todo este conjunto de conceptos, que institucionalizan a la internación como la modalidad típica de intervención ante la niñez carenciada, desamparada o desviada. Ello significa reclusión en institutos del Estado y separación de la familia, grupo de crianza y medio natural, e implica la sustitución de sus funciones naturales. Se trata de proteger a los menores de aquellos padres y ámbitos que no pueden hacerse cargo o contenerlos en su crianza. Es así como el menor, individualmente, se constituyó en objeto de intervención.
Esta perspectiva se modificó con posterioridad, y desde este concepto de peligrosidad individual se observa un desplazamiento hacia el concepto de grupos en situación de riesgo, cuya construcción se realiza a partir de la presencia de factores objetivos, tales como las condiciones de vida, el estado de desnutrición, la desocupación, las situaciones de promiscuidad, el alcoholismo, etc. Es así como la familia y el medio social se conforman como sujetos de intervención de las políticas de asistencia del Estado (Tenti Fanfani 1987: 90)
A estos factores objetivos se los constituye, desde la legislación, en indicadores del abandono del grupo familiar hacia alguno de sus miembros, a pesar de que los mismos no refieren a la interacción intra familiar, sino que se corresponden con situaciones asociadas a la inserción que la familia, como grupo, tiene en el sistema de producción existente (Bisig 1999)
Es así como las disposiciones que tienden a proteger a los niños que se encuentran potencialmente en situación de riesgo, acarrean como consecuencia el retiro del menor de su seno familiar y su internación en instituciones estatales, con el objeto de evitar la agudización de situaciones consideradas peligrosas para la supervivencia de estos individuos.
Lo cual pone en marcha la maquinaria judicial tendente a poner al menor a disposición de los tribunales e internarlo en institutos de los consejos provinciales de protección y eventualmente, declararlo en estado de abandono. Esta declaración habilita para la pérdida o privación de la patria potestad y la derivación definitiva de los niños, a un nuevo medio familiar, a través de instituciones jurídicas creadas a tales efectos como la guarda judicial y la adopción.
Durante los años 1984 y 1985 en veinticinco causas de los Tribunales de Córdoba, Argentina, fueron declarados mediante auto interlocutorio cuarenta y uno menores en estado de abandono. Cuando se analizan estas causas se observa que: son de larga duración y dan lugar a períodos de indefinición jurídica del menor ocasionando deterioros en su salud psicofísica, debido a su efecto dilatorio en la integración definitiva del menor a su familia o a un hogar estable.
La gran mayoría de las familias que fueron objeto de la intervención estatal a través de la internación de alguno de sus hijos en alguna institución del Estado, presenta una endeble estructura económica, social, cultural, etc. Esta condición y las situaciones internas que afectan a estas familias caracterizadas por la existencia de elementos conflictivos con reconocida capacidad para desencadenar situaciones de crisis, hacen a estas familias vulnerables ante situaciones excepcionales, que agudizan los problemas existentes y que provocan una ruptura en el desarrollo de la vida cotidiana. Estas pueden producir estados de conflicto capaces de afectar la continuidad del vínculo paterno-filial.
La condición de pobreza es un elemento de alta incidencia sobre la capacidad de las familias para resolver el problema, también la ignorancia, la incapacidad de comprensión de los términos jurídicos y la escasa autonomía, configuran un estado de indefensión que en una relación de poder unilateral facilita situaciones de abuso, actuaciones arbitrarias y omnipotentes respecto del destino de sus hijos.
Esta incapacidad de respuesta, asociada a la ausencia de recursos económicos, a la inexistencia de acciones de asistencia, y a la falta de apoyo a las familias que les permitan superar las situaciones que les impiden ejercer responsablemente la crianza, en la práctica diluye las posibilidades de mantener la integridad del núcleo familiar. Cuando no contribuye por la separación y la limitación de visitas, al desgaste y a la ruptura de los vínculos afectivos entre padres e hijos (Bisig 1999)
La declaración de abandono se apoya en la capacidad y el poder que la institución reconoce a sus técnicos para evaluar las situaciones de riesgo, cuya perspectiva y sustento se ubican en la posición y valores de su clase de pertenencia. Ellos son quienes confieren legitimación a un sistema de protección que se apuntala en la ficción de que la mejor solución para un menor perteneciente a un medio familiar deficitario, es la adopción; Y que egresar a un menor a un nuevo medio familiar equivale a haberlo protegido del abandono.
Sin embargo, si se toman en consideración las dificultades de adaptación y los rechazos que subyacen en las devoluciones y reintegros que se producen con los menores bajo guarda, la racionalidad que prevalece parece sólo ser la del desplazamiento (Bisig 1991: 71)
Las causas con declaración jurídica de abandono ilustran que tradicionalmente y a lo largo del extenso período signado por el pensamiento hegemónico de la situación irregular, la intervención estatal se originaba, en forma habitual, en situaciones en las cuales los padres no manifestaban voluntad de poner a sus hijos a disposición de los juzgados, sino que por que contrario, se inician por la detección de situaciones de desamparo, no sólo del menor, sino de todo el núcleo familiar.
Las instituciones jurídico-asistenciales, ignorando estas circunstancias, se orientan a resolver individualmente la situación de los niños, disponiendo el retiro y separación de los mismos de su grupo familiar, a través de la internación en institutos, en pequeños hogares o en familias sustitutas.
Esta modalidad de prevención dirigida a proveer al menor de aquellos elementos materiales de los que se encontraba privado en su hogar, prescindía de considerar que los problemas que motivaron la intervención afectaban al grupo familiar en su conjunto, no se intentaban acciones destinadas a restaurar la situación familiar, ni a reconstruir los lazos afectivos intra familiares. Entonces, esta separación lejos de proteger al menor y a su familia, incrementaría la disociación familiar, lo cual finalmente, provoca la ruptura entre padres e hijos.
Estos elementos, prepararán el espacio y facilitarán desde la práctica institucional que se efectivice el desplazamiento de estos niños a otros grupos familiares interesados -los adoptantes-. De esta manera el sistema de protección lograba convertir a una persona -el menor- en un bien social sobre el que se podía disponer, al que se podía desplazar y delegar.
La intervención del Estado implicaba una elección excluyente, contemplar el interés del menor excluía el de sus padres como asimismo la consideración de los aspectos filiales y afectivos, cuya importancia para el desarrollo de los niños es innegable.
De este modo, la declaración de abandono es la culminación y el requisito formal de este proceso sin retorno que habilita la externación o egreso del menor con un nuevo núcleo familiar. Este último pasa a sustituir a su familia de origen, la cual pertenece a sectores carenciados y acuciados por la miseria. De esta manera, la situación de abandono-riesgo moral o material, se constituía así en patrimonio exclusivo de los niños de los pobres.
Este concepto de protección configurado desde lo cultural, la posición de clase y la relación de poder entre éstas y los valores morales, en la práctica eludía la realidad y condicionaba la identidad, la persona y el futuro de los sujetos detectados.
Desde esta perspectiva, el Patronato del Estado sólo declararía proteger, en tanto legiones de niños bastardos, ilegítimos, marginados, carenciados, excluidos, indigentes, abandonados, etc. -según el periodo y denominación en vigencia que los expertos y técnicos hayan inventado para nombrarlos-. Niños que pertenecen a la inmensa mayoría de familias pobres, seguirán padeciendo las consecuencias de la omisión del Estado, en cuanto aquellos que no saben, no pueden, o no quieren garantizar sus derechos, continúen responsabilizando  a los pobres por sus carencias y situación de miseria.

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Este video no tiene que ver con lo demas pero como el trabajo es sobre la infancia lo agregue

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Este video no tiene que ver con lo demas pero como el trabajo es sobre la infancia lo agregue

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https://youtu.be/ghiIf4agn2s