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Accesibilidad. El acceso a la seguridad social incluye cinco elementos clave: cobertura, condiciones, asequibilidad, participación e información, y acceso físico. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social, incluidas las personas y los grupos más desfavorecidos o marginados, sin discriminación sobre ningún fundamento prohibido. Los planes no contributivos serán necesarios para garantizar la cobertura universal. Las condiciones de calificación deben ser razonables, proporcionadas y transparentes. Cualquier terminación, suspensión o reducción de las prestaciones debe ser prescrita por la ley, en base a motivos razonables, y sujeta al debido proceso. Las contribuciones requeridas en virtud de un régimen de seguridad social deben solicitarse con antelación, estar al alcance de todos y no deben poner en peligro otros derechos humanos. Todas las personas deben tener acceso a la información sobre los derechos de seguridad social, y ser capaces de participar en los sistemas de seguridad social disponibles. Los Estados deben asegurarse de que todo el mundo puede acceder físicamente a los servicios de seguridad social para acceder a los beneficios e información y hacer las contribuciones requeridas, con especial atención a las personas con discapacidad, los inmigrantes y las personas que viven en zonas de conflicto, remotas, o propensas a los desastres naturales.

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Nivel suficiente. Las prestaciones ofrecidas bajo un sistema de seguridad social deben ser suficientes en importe y duración a fin de que todos puedan gozar de sus derechos a la protección y asistencia familiar, de unas condiciones de vida adecuadas y de acceso suficiente a la atención de salud,. Para lograr esto, los Estados deben revisar periódicamente los criterios empleados para determinar el nivel suficiente. Cuando una persona cotiza a un plan de seguridad social que ofrece prestaciones para suplir la falta de ingresos, debe haber una relación razonable entre los ingresos, las cotizaciones abonadas y la cuantía de la prestación pertinente.

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Riesgos e imprevistos sociales. Los sistemas de seguridad social de los Estados deben ofrecer cobertura para las siguientes nueve ramas principales de la seguridad social: atención de salud, enfermedad, vejez, desempleo, accidentes laborales, prestaciones familiares, maternidad, discapacidad, sobrevivientes y huérfanos.

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Disponibilidad. Los Estados deben asegurar que un sistema de seguridad social, con independencia de su composición, garantice las prestaciones correspondientes ante los impactos a los medios de subsistencia. Dicho sistema debe ser administrado o regulado por el Estado, y debe ser sostenible para ofrecer continuidad a lo largo de las generaciones.

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En su Observación general 19, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) proporciona una guía detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la seguridad social. El Comité también indica que el derecho incluye las siguientes características esenciales e interrelacionadas:

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Debido a su efecto redistributivo, el derecho a la seguridad social es un factor importante en la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza. La seguridad social debe proporcionarse sobre una base no discriminatoria, aunque los medios de financiación y de proporcionar seguridad a la sociedad variarán de un Estado a otro.

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Respecto de estos casos de extrema vulnerabilidad social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado acertadamente en su Informe sobre “El acceso a la Justicia como garantía de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la importancia no sólo garantizar un patrocinio gratuito sino también de “… reforzar los dispositivos comunitarios al efecto, a fin de facilitar a estos grupos el acceso a instancias judiciales de protección y a una mayor difusión de información sobre los recursos dentro del sistema de justicia y sobre sus derechos”.

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El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental de todo ser humano y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales. Sin embargo, el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana puede verse impedido por la existencia de distintos obstáculos normativos, sociales o económicos que imposibilitan que una persona que sufre la vulneración de sus derechos pueda ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio y obtenga un remedio judicial idóneo y estas dificultades se agudizan aún más cuando la pobreza y la indigencia se encuentran presentes.

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El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones.
El acceso a la justicia debe tener como proioridad las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables.

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La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

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es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de libertad personal durante un breve periodo de tiempo. Es la retención que puede efectuar la policía en sus instalaciones antes de la puesta a disposición del detenido ante un juez. El detenido no se halla en este caso preso.

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Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

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Por lo tanto, entendiendo que la ciudadanía tiene derecho a  estar debidamente informada tanto como el medio tiene el derecho de expresar una postura y escoger su línea editorial al momento de comunicar información de carácter noticioso, entonces, ¿en qué momento nace un  límite hacia la libertad de expresión de la fuente noticiosa para así proteger el acceso a la información de la ciudadanía?

Independientemente de la postura del medio de comunicación en cuestión, es bien sabido que a la hora de ejercer el periodismo es complicado que el emisor de la noticia deje de expresar ideas o sentimientos dotándola de algún elemento valorativo que termina por formar una opinión,  por lo que la información no siempre se esparce de manera objetiva o neutral. Eso no es necesariamente negativo pues es lo que le da sentido a la actividad periodística, sin embargo, en una era en la que se puede desinformar a la sociedad al alcance de un click, es necesario tener cuidado y distinguir esa delgada línea que divide una opinión (lo que  incluso  queda amparado por la propia libertad de expresión) de una estrategia para deformar la verdad y generar confusión.

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Libertad de opinión de expresión y de acceso a la información.

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Libertad de opinión de expresión y de acceso a la información.

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La libertad de expresión y el acceso a la información son derechos que aun siendo autónomos y contando con mecanismos específicos para su defensa, pueden ir concatenados en el sentido de que mermar uno implica atentar contra otro o incluso podría llegar a presentarse un escenario en que ambos deben ponderarse de modo que se privilegie uno sobre el otro.

Independientemente de sus características especiales, ambos derechos están íntimamente ligados  ya que es a través de la libertad de expresión que se ejerce óptimamente el acceso a la información, como también el primero carecería de sentido –o no tendría de qué nutrirse- si no se ejerciera  adecuadamente el segundo.

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La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos, como el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el art. 27 de este mismo pacto garantiza a las minorías religiosas el derecho a confesar y practicar su religión. De la misma forma lo hace la Convención de los Derechos del Niño, en su art. 14, y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad, tanto individual como colectivamente o bien en público o en privado, de manifestar su religión o su creencia en la enseñanza, en la práctica, en el culto y en la observancia.

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Este concepto va más allá de la simple tolerancia religiosa que permite, como una concesión graciable, el ejercicio de religiones distintas a la impuesta oficialmente, en situaciones de confesionalidad del Estado propias del Antiguo Régimen. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dado generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. Además las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión sobre otras y persecución a ciertos credos o a quienes no siguen ninguno.

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es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna (irreligión), o de no creer o validar la existencia de un Dios (ateísmo y agnosticismo) y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla a la fuerza.

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Un delito de Lesa Humanidad no se toma a la ligera. La Corte Penal Internacional (CPI) se encarga de ello. Es el brazo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene jurisprudencia sobre los delitos más graves, como el genocidio y los crímenes de guerra y agresión, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma, vigente desde 2002. Cometerlo implica una flagrante violación de los Derechos Humanos por discriminar, perjudicar, hasta exterminar un grupo o población específicos. Por ello, es “gravísimo”, indica la investigadora y especialista en DDHH Lexys Rendón, quien no olvida las condiciones complejas que lo rodean.

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CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA HISTORIA

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CRIMENES DE LESA HUMANIDAD EN LA HISTORIA

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1982-3 | Genocidio contra los Maya en Guatemala

En el genocidio en Guatemala contra la etnia Maya Ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983 murieron 1.771 personas, según los datos de la ONU.

1948-92 | Crimen del apartheid

Durante el tiempo del apartheid en Sudáfrica, la minoría blanca que gobernaba el país impulsó una política de segregación racial que privaba al 80% de su población de raza negra de los derechos humanos más básicos.

En 1994, tras las primeras elecciones multirraciales, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Años más tarde, el apartheid fue incluido por las Naciones Unidas dentro de los crímenes de lesa humanidad.

1993 | Limpieza étnica en la ex Yugoslavia

La limpieza étnica en gran parte de Bosnia contra los no serbios durante la segunda guerra de los Balcanes provocó la matanza de miles de hombres y niños en el territorio de la antigua Yugoslavia. Más de 10.000 personas fueron asesinadas y más de 161 han sido procesadas.

1994 | Genocidio de Ruanda

Después de las distintas oleadas de violencia entre hutus y tutsis, sucedió en Ruanda uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. En él, un millón de personas fueron asesinadas y alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas.

2014 | El ISIS en Siria

La ONU investiga crímenes de guerra y lesa humanidad por el ISIS en Siria. La Comisión documentó que el ISIS habría utilizado el terror entre la población civil, adoctrinando a menores y ejerciendo torturas, ejecuciones, amputaciones, exhibiciones públicas de cuerpos mutilados, lapidaciones de mujeres y niñas, matrimonios forzosos, secuestros y esclavitud sexual.

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Según la ONU, los crímenes contra la humanidad engloban los actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Se entienden como crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viole el derecho internacional, torturas, violaciones, prostitución forzada o violencia sexual, persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad de las personas.

Muchos de ellos han causado los flujos de refugiados más importantes en el mundo a lo largo de la historia.

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Sin embargo, este artículo no incluye ni ampara el derecho de cualquier persona a entrar libremente en otro país que no sea el suyo, es decir, que no se reconoce ni el derecho de entrada ni el derecho a la inmigración individual ni colectiva.

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es un concepto de los derechos humanos por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro.
Está reconocido parcialmente en el artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,​ según el cual un ciudadano de un estado tiene la libertad de viajar y residir en cualquier parte del estado en el que a uno le plazca dentro de los límites de respeto a la libertad y los derechos de los demás, y a dejar ese estado y volver en cualquier momento.

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es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

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En muchos países donde todavía se aplica la pena de muerte, se usa como un castigo para crímenes de asesinato, espionaje, traición, o como parte del derecho militar.²​ En algunos países se aplica también para castigar delitos sexuales, siendo considerados como tales el adulterio o la sodomía. También se castiga con pena de muerte, en algunos países musulmanes, la apostasía, la renuncia formal a la propia religión. En China, el tráfico de personas y los casos graves de corrupción política son castigados con la pena de muerte. En algunos países la pena de muerte se utiliza por motivos políticos, con la máxima difusión posible, como «escarmiento» de masas: en 2007 en Corea del Norte el director de una empresa fue ejecutado públicamente en un estadio deportivo, ante 150 000 personas como castigo por haber realizado llamadas telefónicas al extranjero.

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En Asia la pena de muerte está permitida en países como China, India, Indonesia, Irán y Japón. En África, todavía se usa en varios países, especialmente de la zona nororiental del continente (Egipto, Etiopía, Libia y Sudán), sigue siendo aplicada en la mayoría de países árabes y en toda la zona de Oriente Próximo. Los países que le han puesto fin son 160 de los cuales 104 son totalmente abolicionistas, seis la impiden para crímenes ordinarios, en otros seis rige una moratoria y 44 son "abolicionistas de hecho" y no aplican la pena capital.

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Así, ha sido abolida y penalizada en casi todos los países europeos (excepto Bielorrusia), y la mayoría de los correspondientes a Oceanía (como Australia, Nueva Zelanda y Timor Oriental). La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos de América, y la mayoría de los estados del Caribe todavía sigue siendo aplicada.

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La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido empleada por gran parte de las sociedades a lo largo de la historia, tanto para castigar el crimen como para suprimir la disidencia política. Actualmente la situación legal de la pena de muerte varía mucho según las regiones del mundo.

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consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se puede aplicar esta sanción se suelen denominar «delitos capitales».

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DERECHO INTERNACIONAL DE LOS SERES HUMANOS

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DERECHO INTERNACIONAL DE LOS SERES HUMANOS

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establece la obligación de los Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos.

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Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.