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El concepto de ciudadanía se originó en la tradición democrática ateniense, donde la ciudadanía suponía una comunidad y el ciudadano debía participar acticamente en la Polis. Sin embargo, era un concepto exclusivo que excluía a mujeres, niños, extranjeros y esclavos.

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El concepto de ciudadanía se basaba en un estatus legal que en un vínculo político, permitiendo incluso que esclavos y personas de tierras conquistadas pudieran obtener la ciudadanía romana.

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El concepto de ciudadanía perdió importancia debido al dominio ideológico del cristianismo, que alejaba la idea de participación ciudadana.

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Con el auge de las ciudades-estado en Italia y las revoluciones, se formó un concepto de ciudadanía nacional, vinculado a la pertenencia a una nación con una cultura, historia y lenguaje comunes. Esto dio lugar a dos modelos: el republicano, más participativo, y el liberal, más enfocado en derechos individuales.

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T.H. Marshall definió la ciudadanía en tres dimensiones:

Ciudadanía política: Incluye los derechos a elegir y ser elegido, con instituciones como los parlamentos.

Ciudadanía civil: Abarca las libertades básicas del individuo, como el derecho de propiedad y acceso a la justicia.

Ciudadanía social: Garantiza el bienestar económico y el derecho a participar del patrimonio social, a través de instituciones como el sistema educativo y los servicios sociales.

Esta ciudadanía social se correspondió con el desarrollo del Estado de Bienestar en Europa a finales del siglo XIX.

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Surgen nuevos modelos como el de ciudadanía diferenciada, que busca representar las necesidades de grupos específicos en la toma de decisiones del Estado.