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El procedimiento administrativo es: "el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional, para verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir."
(ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración Pública, Revista del Seminario Internacional de Derecho Administrativo, Colegio de Abogados, San José, Asociación Costarricense de Derecho Público, 1981, p.383).

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Concepto.
El procedimiento sancionador se entiende como:  “una potestad de signo auténticamente represivo, que se ejercita a partir de una vulneración o perturbación de reglas preestablecidas” (CANO CAMPOS (Tomás). Derecho Administrativo Sancionador, Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, Nº43, enero-abril de 1995, p.339)

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El Procedimiento Administrativo Sancionador en la Ley General de la Administración Pública.

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1. b) Lectura 1 referente al procedimiento sancionador de la Administración Pública. 

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1. b) Lectura 1 referente al procedimiento sancionador de la Administración Pública. 

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Dictamen 219-2018.

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1. b) Lectura 2 referente al procedimiento sancionador de la Administración Pública.  

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1. b) Lectura 2 referente al procedimiento sancionador de la Administración Pública.  

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Publicación.

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2.3.b) Normas de la Ley General de la Administración Publica sobre la Oralidad 

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2.3.b) Normas de la Ley General de la Administración Publica sobre la Oralidad 

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Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la Administración, en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.

Artículo 253.-Las citaciones a comparecencia oral se regirán por este Título, con las excepciones que indique esta Ley.

rtículo 306.-La Administración podrá introducir antes del acto final nuevos hechos relacionados con los inicialmente conocidos o invocados, pero en el caso del procedimiento ordinario tendrá que observar el trámite de comparecencia oral para probarlos.

Artículo 309.-

1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes.

Artículo 311.-La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días de anticipación.

Artículo 317.-

1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de:

a) Ofrecer su prueba;

b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante;

c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración, preguntar y repreguntar a testigos y peritos, suyos o de la contraparte;

d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial;

e) Proponer alternativas y sus pruebas; y

f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto a la prueba y resultados de la comparecencia.

2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad del derecho para hacerlo si se omite en la comparecencia.

3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma.

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2.3.a) Definición del Principio de Oralidad

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2.3.a) Definición del Principio de Oralidad

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El principio de oralidad es el que reitera la importancia de que la resolución judicial se base en el material procesal que fue expresado de forma oral durante el proceso. La oralidad en el proceso es de suma importancia, ya que permite una más compleja de la búsqueda de la verdad, al existir un contacto directo con el juez también permite que este lea el lenguaje corporal y las expresiones faciales que le permite tomar una resolución más extensa.  El principio de oralidad también requiere una agilidad mental por parte de las partes para hacer argumentos y contraargumentos de acuerdo a los de la parte contraria. Este principio se puede relacionar con otros principios como el de inmediatez, la concentración, la publicidad, el aumento de los poderes del juez y más importante el predominio de la palabra hablada. (CIJUL, 2010)

Centro de Investigacion Juridica (CIJUL). (2010) Informe de investigación Cijul sobre la Oralidad. CIJUL.

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1. c) Noticia del procedimiento sancionatorio.

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1. c) Noticia del procedimiento sancionatorio.

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Andrei Siles andreisiles.asesor@larepublica.net | Lunes 20 junio, 2022 08:05 pm

Archivo/La República

Las esculturas alusivas al trabajo que realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le costaron una suspensión a su director, Héctor Chaves, a causa de una supuesta irregularidad en el pago de estas obras de arte con dinero no autorizado.

Lea más: Bomberos piden prohibir la huelga en su servicio de emergencia

En total la institución habría desembolsado más de ¢100 millones para que las esculturas fueran colocadas en las nuevas estaciones capitalinas, no obstante, un 10% de ese monto se habría debitado de la caja chica de la institución por mandato de Chaves, sin que contara con el aval para tomar dicha decisión.

Luego de una auditoría interna, las autoridades del Instituto Nacional de Seguros (INS) determinaron que el proceder de Chaves fue inadecuado, razón por la cual se giró una orden de suspensión por cinco días sin goce de salario, al tiempo que otros funcionarios también fueron reprimidos con otras sanciones disciplinarias.

Lea más: Nuevas estaciones de bomberos en San José cuentan con última tecnología

Las dos estaciones metropolitanas fueron inauguradas en diciembre del 2020, una en las inmediaciones de Barrio Tournón y otra cerca de las oficinas centrales de Incofer. El diseño y ejecución de las esculturas fueron encargadas al reconocido artista costarricense Edgar Zúñiga.

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INS suspende a director de Bomberos por pago de esculturas colocadas en nuevas estaciones

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Andrei Siles andreisiles.asesor@larepublica.net | Lunes 20 junio, 2022 08:05 pm Las esculturas alusivas al trabajo que realiza el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica le costaron una suspensión a su director, Héctor Chaves, a causa de una supuesta irregularidad en el pago de estas obras de arte con dinero no autorizado.

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2.1.d) Noticia sobre la Imputación dentro del Procedimiento Administrativo 

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2.1.d) Noticia sobre la Imputación dentro del Procedimiento Administrativo 

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La decisión de retrotraer el sumario administrativo afectó el debido proceso

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Cuando el Fiscal designado en sumario administrativo reformuló los cargos en contra de la recurrente, excedió sus atribuciones, toda vez que no existieron hechos nuevos que lo facultaran.

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2.1.c) Video sobre la Imputación en materia administrativa 

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2.1.c) Video sobre la Imputación en materia administrativa 

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#TSCenDirecto Importancia de la coherencia entre la imputación y la sanción en el procedimiento admi

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2.1.b) Ejemplo del Principio de Imputación 

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2.1.b) Ejemplo del Principio de Imputación 

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Un paciente del Hospital Max Peralta es ingresado por una operación de apéndice, todo sale bien en el momento y el paciente es enviado a su hogar. A la semana el paciente se enferma gravemente, al volver al Hospital se da cuenta que han dejado una tijera quirúrgica dentro de él y esto ha causado una infección interna. Por lo que, el paciente demanda al Doctor que lo operó por mala praxis y negligencia. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) realiza una investigación interna y concluye que si se pueden atribuir los hechos a dicho Doctor para probar la negligencia. Por lo que, se le realiza una resolución inicial de apertura y el traslado de los cargos que son notificados al Doctor. Por ende, inicia se ha realizado una acusación formal al Doctor, respetando así el principio de imputación.

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2.1.a)Definición del Principio de Imputación 

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2.1.a)Definición del Principio de Imputación 

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la Res. 489-1994 resolvió que el principio de intimación: “es aquel que da lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de la acusación, desde el primer momento. Es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso, especialmente del juez, instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales a todo imputado, mediante la relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales.” Es decir, no se puede empezar ningún proceso sin antes hacer la acusación formal del imputado y que a este le sea comunicado. Este principio es importante en el derecho administrativo porque marca el inicio de un debido proceso hacia el imputado, resguardando así también su derecho a la defensa. Este principio se encuentra resguardado en los Art. 39 y 41 de la Constitución Política. Por lo tanto, se puede afirmar que si se violenta el principio de intimación se violenta no solo el debido proceso, sino también los derechos fundamentales resguardados por el mismo.

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 489-1994, de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL). (s.f.)Principio de Intimación en el Proceso Penal. CIJUL.

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2.3 d) Audio sobre la etapa de oralidad del procedimiento administrativo.

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2.3 d) Audio sobre la etapa de oralidad del procedimiento administrativo.

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Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

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I Seminario de Litigación Oral y Contencioso Administrativo. Lic. Roberto Gutiérrez Freer

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Principio de Oralidad en los Procedimientos Contenciosos Administrativos

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2.2 a) Definición del principio de intimación

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2.2 a) Definición del principio de intimación

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El principio de intimación también conocido como principio de imputación, implica que el administrado tenga derecho a una acusación formal, es decir a conocer de manera clara y suficiente de qué hecho deberá defenderse en un proceso. En este caso, el Jurista Victo Manuel Rodríguez indica lo siguiente: “El alcance de esta garantía es que toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de la investigación vele porque el imputado conozca inmediatamente y de forma comprensible cuáles son sus derechos como acusado. […] representa el primer paso para conseguir el ejercicio pleno del derecho de defensa"
(Rivadeneira García, G. F. (2022). La falta de aplicación del principio de intimación y su consecuente vulneración al derecho a la defensa en cuanto a la notificación inicial del procedimiento administrativo sancionador de faltas graves y muy graves investigadas en contra de los servidores de la Policía Nacional del Ecuador (Doctoral dissertation, Quito: Universidad Hemisferios 2022).)

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2.2 d) Noticia sobre intimación de cargos en un procedimiento administrativo.

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2.2 d) Noticia sobre intimación de cargos en un procedimiento administrativo.

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Marlon Salazar Herrera marsahe.235@gmail.com | Viernes 11 marzo, 2022

Marlon Salazar Herrera Master en Derecho Administrativo y Regulación Económica de la Goethe-Universität, Frankfurt Alemania. Socio del Bufete Legalitét Abogados
Uno de los temores más grandes de cualquier empleado público, y con razón, es verse sometido a un procedimiento disciplinario en el cual se le pretenda sancionar por una supuesta falta cometida.

La simple posibilidad de ser, eventualmente, despedido (a), es sin duda alguna, causa de insomnio para quien lo vive en carne propia. Es por ello, que nunca está de más retomar los derechos y garantías, y en general, el procedimiento administrativo, que la Administración debe respetar en el ejercicio de su potestad disciplinaria.

El procedimiento contra funcionario público se encuentra regido por una serie de principios constitucionales y legales que son de observancia obligatoria para toda la Administración Pública, su incumplimiento genera nulidad absoluta de lo actuado.

Dicho procedimiento puede iniciar con una etapa previa, denominada INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, la cual tiene por objeto la identificación de los presuntos responsables, recabar prueba que permita la realización de traslado de cargos sustentado, o bien, para establecer la procedencia de iniciar el procedimiento contra el funcionario.

En esta fase, no es necesaria la participación del investigado, y las garantías del debido proceso no resultan aplicables, pues serán en el procedimiento administrativo donde se deban respetar.

No obstante, la prueba acá recabada, no puede ser tomada en cuenta para el dictado del acto final.

Formalmente, el proceso inicia con el TRASLADO DE CARGOS. En este, la Administración debe comunicar al investigado en forma individualizada, concreta, precisa y circunstanciada los hechos que se le atribuyen, y las posibles consecuencias jurídicas (eventuales sanciones) de los hechos investigados (principio de intimación e imputación).

Contra dicho Traslado, el administrado puede presentar contestación y los recursos de revocatoria y apelación.

Posteriormente, la Administración deberá realizar una COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA en la que se admite y recibe la prueba y alegatos de las partes que fueren pertinentes. Esto, a pesar de que, a los funcionarios interinos sujetos al Estatuto de Servicio Civil, como por ejemplo docentes del MEP, se les suele negar, de manera ilegítima, tal audiencia.

Terminada la comparecencia, el órgano decisor, -no el órgano director-, deberá dictar el ACTO FINAL en el que impondrá o no las sanciones al servidor. Contra dicho acto final, el investigado puede interponer los recursos de revocatoria y apelación.

Como se indicó inicialmente, en el procedimiento disciplinario existen principios y garantías esenciales que deben ser obligatoriamente observados a lo largo del mismo, entre ellos tenemos:

A) Principios materiales del procedimiento disciplinario:

1. Principio de legalidad: comprende tanto el principio de reserva legal en materia de faltas y sanciones administrativas, como el principio de tipicidad que consiste en que la norma debe imponer a un sujeto la obligación o prohibición y calificar el incumplimiento de aquella conducta como reprochable (sanción)

2. Principio de proporcionalidad (necesaria adecuación entre infracción y la sanción)

3. Principio "non bis in ídem"

B) Principios formales del procedimiento disciplinario:

1. Derecho de audiencia y defensa: Derecho a hacerse oír por el órgano director, de aportar prueba, combatir prueba de cargo, hacerse asesorar por un profesional en derecho, tener acceso a expediente, etc.

2. Principio de intimación e imputación

3. Principio de presunción de inocencia: es la Administración la que está en la obligación de demostrar la culpabilidad del infractor

4. Derecho a la no autoincriminación

5. Aplicación de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba

6. El derecho a una resolución (Acto Final) debidamente fundamentada

7. Principio de imparcialidad

8. Derecho del interesado a recurrir la decisión dictada por la Administración

De este modo, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, la sanción disciplinaria que en definitiva la Administración adopte contra el servidor debe cumplir los siguientes presupuestos:

A) Que sea por los hechos que fueron debidamente intimados desde el traslado de cargos

B) Que los hechos constitutivos de la sanción se hubieran acreditado dentro del procedimiento

C) Que de antemano se hubiera intimado a la persona que ese conjunto fáctico investigado podría llegar a producir esa sanción

D) Que la sanción impuesta sea la consecuencia que el ordenamiento le asigna a ese motivo fáctico

Una infracción a estos deberes, supone una nulidad de lo actuado.

Finalmente, en los procedimientos disciplinarios es esencial, además, revisar el plazo de la prescripción.

Por regla general, salvo existencia de régimen especial (tales como el régimen de control interno, probidad en la función pública y gestión de la hacienda pública donde rige plazo de 5 años, o faltas graves de la Ley General de Policía con plazo de 2 años) la potestad de la Administración para imponer sanciones disciplinarias a sus servidores prescribe en un mes (Art. 414 RPL). Como punto de partida de ese plazo, se señala aquel momento en que la denuncia, o el informe que recomienda apertura de procedimiento disciplinario (en caso de investigación preliminar) se ponga en conocimiento del órgano decisor. Dicho plazo se interrumpe con la notificación del traslado de cargos, y no con la designación del órgano director. Acaecido este plazo, no puede la Administración sancionar la falta.

Contra el acto final en el que la Administración disponga la sanción, por ejemplo, el despido del funcionario, se puede presentar un Proceso de Conocimiento ante el Tribunal Contencioso a efectos de anular la conducta administrativa y lograr la reinstalación del servidor.

Que el funcionario o funcionaria haya cometido una falta en el ejercicio de sus funciones, concluyo, no justifica ni legitima a la Administración a brincarse el procedimiento disciplinario correspondiente, ni mucho menos, a inobservar las garantías y los principios del debido proceso que amparan a los servidores públicos.

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Marlon Salazar Herrera marsahe.235@gmail.com | Viernes 11 marzo, 2022 Marlon Salazar Herrera Master en Derecho Administrativo y Regulación Económica de la Goethe-Universität, Frankfurt Alemania. Socio del Bufete Legalitét Abogados Uno de los temores más grandes de cualquier empleado público, y con razón, es verse sometido a un procedimiento disciplinario en el cual se le pretenda sancionar por una supuesta falta cometida.

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2.2 c) Video alusivo a la intimación en materia administrativa

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2.2 c) Video alusivo a la intimación en materia administrativa

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2.2 b) Ejemplo de aplicación del principio de intimación:

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2.2 b) Ejemplo de aplicación del principio de intimación:

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La administración no puede dictar actos administrativos sancionatorios sin antes otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso, y eso se puede representar en el caso de una persona que ha sido sancionada a la cual se le da a conocer los detalles y razones de su sanción para que de esta forma se le puede abrir la posibilidad al sancionado de hacerse oír, refutar lo argumentado por la administración, ofrecer pruebas para acreditar su defensa, tener patrocinio legal, entre otro tipo de medios legítimos de defensa.