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Immanuel Kant

Imperativo categórico: Las acciones deben regirse por principios que puedan valer universalmente.

Dignidad humana: Cada persona tiene un valor intrínseco y debe ser tratada como fin, no como medio.

Deber moral: Las decisiones deben basarse en la razón práctica y el respeto a los derechos fundamentales.

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La situación en Montes de María, donde comunidades rurales no tienen acceso al agua potable mientras se priorizan cultivos agroindustriales como la palma aceitera, contradice la ética kantiana. Kant sostiene que “el hombre existe como un fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso de esta o aquella voluntad” (Kant, 1785/2009, p. 55). Cuando el Estado y el mercado subordinan la vida humana a intereses económicos, están utilizando a las personas como instrumentos, negándoles su dignidad.

El agua no puede ser administrada solo en función del beneficio productivo; debe considerarse moralmente como un derecho esencial. La privación sistemática de este recurso básico a comunidades enteras representa una forma de cosificación del ser humano, inadmisible desde el deber moral kantiano.

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La filósofa Adela Cortina introduce el concepto de aporofobia como “el rechazo hacia el pobre por el mero hecho de serlo” (Cortina, 2017, p. 14). En Montes de María, el abandono estatal y la falta de políticas efectivas para garantizar agua potable no se explican por una carencia técnica, sino por una ausencia de voluntad política hacia quienes no tienen influencia económica ni visibilidad pública.

Esta exclusión muestra que no todos los ciudadanos son tratados como iguales ante la democracia, y que la pobreza sigue siendo un factor de marginación estructural. Como advierte Cortina: “Una democracia decente no es aquella en la que todos votan, sino aquella que no humilla a sus ciudadanos” (Cortina, 2007, p. 43).

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Frente a este abandono, las comunidades campesinas de Montes de María se organizan para defender su derecho al agua, reivindicando su dignidad y ciudadanía activa. Según Cortina, la ética cívica consiste en asumir la responsabilidad compartida por construir una sociedad justa, donde los derechos fundamentales estén garantizados.

Ella afirma que “la ética no es un lujo, sino una necesidad de las democracias” (Cortina, 2007, p. 19), y exige que se construyan instituciones que respeten a todos sus ciudadanos. La lucha por el agua en Montes de María no es solo por un recurso: es por el reconocimiento ético de las personas como sujetos con valor moral y político.

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El caso de Montes de María representa una injusticia moral profunda, en la que el acceso al agua —derecho humano esencial— es subordinado a la lógica del mercado y los cultivos industriales, como la palma aceitera.

Desde Kant, se trata de una negación de la dignidad humana y de un uso inmoral de las personas como medios. Desde Cortina, esta situación evidencia una sociedad aporofóbica, donde las vidas pobres no son valoradas por el sistema político ni económico.

Garantizar el acceso al agua no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo ético y una deuda democrática. La justicia no puede construirse mientras algunos prosperan con el agua, y otros viven en sed.

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Cortina, A. (2007). Ética de la razón cordial: Educar en la ciudadanía del siglo XXI. Ediciones Nobel.

Cortina, A. (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Paidós.

Kant, I. (1785). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Editorial Tecnos.

¡Pacifista! (s.f.). El campo tiene sed – Montes de María y su lucha por el derecho al agua [Video]. YouTube. https://youtu.be/5x1Zkidt9d0

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El imperativo categórico de Kant exige que solo actuemos según máximas que puedan convertirse en ley universal. Una política que permite negar el agua a personas vulnerables para destinarla a cultivos industriales “no puede valer como ley universal sin contradicción” (Kant, 1785/2009, p. 45).

La distribución del agua en función del poder económico no puede considerarse moralmente válida, ya que perpetúa una lógica injusta en la que los más desfavorecidos siempre pierden. Kant defiende que el deber moral debe estar guiado por la razón y la justicia, no por el cálculo económico.

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Adela Cortina

Aporofobia: Rechazo social hacia los pobres, que explica la exclusión estructural.

Ética cívica: La justicia exige una moral compartida que proteja a los más vulnerables.

Democracia decente: Un sistema justo debe garantizar condiciones mínimas de dignidad para todas las personas.

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El documental “El campo tiene sed – Montes de María y su lucha por el derecho al agua” retrata una alarmante realidad, en una de las regiones más fértiles y biodiversas de Colombia, las comunidades rurales viven sin acceso estable y seguro al agua potable.

La región de Montes de María, marcada por años de conflicto armado, desplazamiento forzado y abandono institucional, se enfrenta hoy a una nueva forma de exclusión, la negación sistemática del agua como derecho humano. Esto sucede mientras se desarrollan, paralelamente, cultivos de palma aceitera y proyectos agroindustriales que consumen grandes cantidades de agua, muchas veces priorizados sobre las necesidades de las comunidades.

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A pesar de las promesas estatales y múltiples proyectos públicos, la corrupción, la ineficiencia y el desinterés político han hecho que acueductos y sistemas de abastecimiento no funcionen o queden inconclusos. Las familias deben recorrer largas distancias para acceder a agua contaminada o recolectar agua lluvia, sin garantías sanitarias.

Este documental no solo denuncia una injusticia, sino que también muestra la resistencia organizada de los campesinos y campesinas, quienes exigen el reconocimiento del agua como un derecho, y no como un recurso al servicio del modelo económico extractivo.

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¿Es éticamente aceptable que el agua, un recurso vital y derecho humano fundamental, sea destinada prioritariamente a cultivos agroindustriales como la palma aceitera, mientras comunidades rurales como las de Montes de María carecen de acceso básico y seguro al agua potable?

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Esta situación plantea un dilema ético grave, ya que revela cómo el acceso al agua —condición esencial para la vida— es subordinado a intereses económicos, en lugar de estar orientado al bienestar colectivo. Las decisiones públicas que permiten esta desigualdad no solo generan injusticia social, sino que violan principios éticos fundamentales.

Desde la filosofía de Kant, utilizar a las personas como un medio para sostener un modelo productivo —negándoles el acceso a lo esencial— atenta contra su dignidad y no puede considerarse moralmente válida. No es universalizable ni racional excluir a comunidades enteras del derecho al agua por razones de utilidad económica.

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Por su parte, Adela Cortina interpreta este tipo de exclusión como una manifestación de aporofobia, es decir, el desprecio hacia quienes no tienen poder económico ni visibilidad. La ausencia de políticas eficaces para garantizar el agua a estas comunidades refleja una democracia que aún no trata con igualdad ni respeta a sus ciudadanos más vulnerables.

En este contexto, el problema no es solo técnico o ambiental, sino profundamente ético: se trata de a quién se protege, a quién se descuida y qué valores guían las decisiones públicas en una sociedad que permite que algunos tengan agua de sobra, mientras otros viven con sed.