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La contratación pública en las regiones y capitales de Colombia son blanco de la corrupción y hasta de las extorsiones a los contratistas.La afirmación fue hecha por Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), quien aseguró que, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos Nacional y regionales, las licitaciones siguen quedando en manos de unas pocas empresas. “Esa cultura de pedir plata por los contratos está enquistada en las entidades públicas. Lo que está pasando en la contratación regional ya no es un tema de corrupción, sino de extorsión: las instituciones regionales les dicen a los posibles interesados que, si desean participar, deben pagar”, agregó el directivo.MENOS DE 3 PROPONENTESEl tema se puede observar en el informe de contratación pública regional del 2016, que hace la SCI, en el cual se analizaron 1.288 contratos (entre licitaciones públicas, concursos de méritos, selecciones abreviadas y subastas inversas), de los cuales el 75% recibió tres o menos proponentes formales.Incluso, de este universo analizado, a la mitad de los contratos solo se presentó un interesado formal, llevando a que el promedio total de contratistas comparecidos a los distintos tipos de contratos llegara apenas a 3,4%, en todo el 2016.Lea: (Colombia sigue con nota baja en gestión contra la corrupción).“Los datos muestran un comportamiento sistemático de contratación en las regiones, que deja ver que esta es una situación de todos los días”, agregó Durán.Las cifras son contundentes, si se tiene en cuenta que los resultados entregados por ciudades como Leticia, Quibdó y Mitú, las cuales registraron promedios de apenas un proponente por cada contrato.De este balance del año pasado solo se salvan Manizalez,Bucaramanga, Medellín, Ibagué y Barranquilla, urbes que registraron más de 6 contratistas potenciales, mientras que solo dos ciudades recibieron solicitudes formales de entre 3 y 5 proponentes (Cali, Pasto, Neiva, Popayán y Pereira).En cuentas claras, esta radiografía de la contratación pública “deja entrever que se ha vuelto parte de la cultura regional la falta transparencia y de voluntad política para terminar con este flagelo, el cual ni siquiera culminará ni con la posible aprobación de los pliegos tipo, pues hemos evidenciado toda forma de trampas en los contratos de las regiones”, indicó Durán.

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Gremio de ingenieros denuncia corrupción y hasta extorsión en contratación

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Gremio de ingenieros denuncia corrupción y hasta extorsión en contratación

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Responsabilidad administrativa sancionatoria contra personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras. Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar y las medidas contempladas en el Artículo 91 de la Ley 906 de 2004, se aplicara un régimen de responsabilidad administrativa sancionatoria a las personas jurídicas, sucursales de sociedades extranjeras, a las personas jurídicas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta y a las entidades sin ánimo de lucro, domiciliadas en Colombia, cuando se den los siguientes supuestos:(i) Exista sentencia penal condenatoria ejecutoriada o principio de oportunidad en firme, contra alguno de sus administradores o funcionarios, por la comisión de delitos contra la administración publica, el medio ambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y derruíos de delincuencia organizada, administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, los consagrados en la Ley 1474 de 2011 , o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, que hubieren sido realizados, directa o indirectamente; y (ii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia se hubiere beneficiado o buscado beneficiarse, directa o indirectamente por la comisión de la conducta punible cometida por sus administradores o funcionarios; y (iii) Cuando la persona jurídica o sucursal de sociedad extranjera, domiciliados en Colombia, consintió o toleró la realización de la conducta punible, por acción u omisión, considerando la aplicación de sus respectivos controles de riesgo.

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3. Cuando la prestación del servicio este a cargo de una entidad pública o se trate de un notario, curador o ente territorial que preste directamente servicios públicos domiciliarios, se aplicaran las normas de responsabilidad propias de los funcionarios públicos por las entidades competentes. ARTÍCULO 4. Adiciónese el Artículo 34-2 a la Ley 1474 de 2011, el cual quedara así: Artículo 34-2. SANCIONES ADMINISTRATIVAS A PERSONAS JURÍDICAS Y SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS DOMICILIADAS ENCOLOMBIA. Las sanciones administrativas aplicables a las personas jurídicas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, conforme a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, podrán ser una o varias de las siguientes:-2.1">1. Multa de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a la que se le sumara el mayor valor entre el beneficio obtenido o pretendido. La autoridad competente tendrá en cuenta la capacidad patrimonial de la persona jurídica. a autoridad de inspección, vigilancia y control podrá ordenar que hasta el 10% de la multa impuesta sea destinada a la adopción, fortalecimiento o actualización del programa de transparencia y ética empresarial de la persona jurídica responsable.-2.2">2. Inhabilidad para contratar contenida en el literal j) del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y aplicación de lo dispuesto en el parágrafo 1 del Artículo 9 de la misma ley.-2.3">3. Publicación en medios de amplia circulación hasta por cinco (5) veces con la periodicidad que la autoridad indique, del extracto de la decisión sancionatoria. Igualmente procederá la publicación del extracto de la decisión sancionatoria en la página web de la persona jurídica sancionada, desde seis (6) meses hasta por un tiempo máximo de un (1) año. La persona jurídica sancionada asumirá los costos de esa publicación".

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ARTÍCULO  2o. EJERCICIO DE LA INGENIERÍA. Para los efectos de la presente ley, se entiende como ejercicio de la ingeniería, el desempeño de actividades tales como: a) Los estudios, la planeación, el diseño, el cálculo, la programación, la asesoría, la consultoría, la interventoría, la construcción, el mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, de puentes, presas, muelles, canales, puertos, carreteras, vías urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos, acueductos, alcantarillados, riesgos, drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos, poliductos y en general líneas de conducción y transporte de hidrocarburos; líneas de transmisión eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de la comunidad;b) Los estudios, proyectos, diseños y procesos industriales, textiles, electromecánicos, termoeléctricos, energéticos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de computación, de sistemas, teleinformáticos, agroindustriales, agronómicos, agrícolas, agrológicos, de alimentos, agrometeorológicos, ambientales, geofísicos, forestales, químicos, metalúrgicos, mineros, de petróleos, geológicos, geodésicos, geográficos, topográficos e hidrológicos;

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La corrupción administrativa es la que más llama la atención. El 44% de los hallazgos de la prensa estuvieron enfocados en esta, siendo la contratación el campo donde más se registraron irregularidades (177), en circunstancias como “direccionamiento de contratos con requisitos habilitantes muy específicos y el pago del bien o servicio a pesar de no haberse cumplido en su totalidad”, según el informen este tipo de corrupción, en el que se encuentran todos los actores vinculados con la administración del Estado, también se registraron otros actos que van en detrimento de los recursos públicos asociados a la seguridad (65), regulación, licenciamiento y trámites (63) y presupuesto y gasto público (59).