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A comienzos del siglo XIX. la monarquía de Carlos IV estaba desprestigiada, en parte porque había dejado el gobierno en manos de Manuel Godoy.

Cuando estalló la Revolución francesa y Luis XVI fue ejecutado, España, como otras monarquías europeas, declaró la guerra a Francia. Sin embargo, fue derrotada y tuvo que firmar los Tratado de San Ildefonso de 1796 y 180O, que la convirtieron en aliada de Francia y supusieron el enfrentamiento con el Reino Unido.

En 1805, la alianza anglo-portuguesa se vio reforzada tras la derrota franco española en Trafalgar. Napo-león deseaba ocupar Portugal para debilitar a los británicos y firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau (1807), que permitía a las tropas francesas atravesar España para llegar a Portugal. Pero el ejército francés aprovechó la ocasión y ocupó algunas ciudades españolas. Estos hechos, unidos al descontento general, desembocaron en el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó en su hijo, Fernando VII.

Napoleón aprovechó los problemas de la familia real, a la que convocó en la ciudad francesa de Bayona, y obligó a abdicar en su hermano, José Bonaparte.

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El secuestro de la familia real en Bayona desencade-nó en Madrid una sublevación popular el 2 de mayo de 1808, seguida por levantamientos en otros lugares. Comenzó así la guerra de la Independencia, en la que la población española se dividió entre afrancesados, que reconocieron a José I como rey, y fernandinos, fieles a Fernando VII. La contienda fue larga y dura. Las guerrillas hostiaban continuamente al ejército francés, mejor equipado y formado. La guerra pasó por tres fases:

• Hasta finales de 1808. Tras la sublevación de Madrid, los franceses sitiaron Zaragoza y Girona, pero sufrieron una gran derrota en Bailén.

• Desde finales de 1808 hasta 1812. Las tropas de Napoleón ocuparon casi toda la Península.

• De 1812 hasta 1814. Coincidió con el declive mi-litar de Napoleón. Tropas españolas e inglesas, al mando del duque de Wellington, derrotaron defini-tivamente a los franceses. Estos abandonaron Es-paña y Fernando VII fue repuesto en el trono.

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CANARIAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

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CANARIAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

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El vacío de poder generado tras la abdicación de Carlos IV y la invasión napoleónica del territorio peninsular dieron lugar a la creación en 1808 de la Junta Suprema de Canarias, con sede en La Laguna. Esta junta fue reconocida por las formadas en las demás islas del archipiélago, con excepción de Gran Canaria, donde se creó un Cabildo Permanente. Fue el primer episodio del enfrentamiento que Tenerife y Gran Canaria sostuvieron por la capitalidad del archipiélago en el siglo XIX. Las islas estuvieron representadas en las Cortes de Cádiz por cuatro diputados: Pedro Gordillo, Ruiz de Padrón, Santiago Key y Antonio Llaréna. Aunque las islas no fueron escenario de acciones militares, la presencia de corsarios sembró la inseguridad. En 1793, el archipiélago fue elegido para alojar a numerosos prisioneros franceses de la batalla de Bailén. Asimismo, varios batallones de voluntarios isleños fueron reclutados y enviados a la Península.

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A partir de 1814 las exportaciones de vino iniciaron un declive definitivo y fue preciso introducir nuevos cultivos destinados a la exportación.

Hacia 1825 se realizaron las primeras experiencias con la grana o cochinilla, pequeño insecto que crece adherido a las tuneras o nopales y del cual se extrae un colorante natural de gran calidad. (27)

Diversas causas favorecieron su expansión en Canarias: las excelentes condiciones climáticas del archipiélago, las plagas que afectaron a otros países productores, como México y I Ionduras, la fuerte demanda del mercado británico y la implantación de los puertos francos en Canarias.

La expansión de la cochinilla se produjo entre 1850 y 1870, llegando a constituir el 90 % de las exportaciones del archipiélago. A partir de entonces inició un rápido declive, debido a la difusión de los colorantes artificiales (anilinas) y a la crisis económica causada por la guerra franco-prusiana.

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La guerra de la Independencia tuvo consecuencias políticas. La ausencia de la familia real dejó en España un vacío de poder en las zonas sublevadas, donde se crearon Juntas para organizar la lucha. Posteriormente, se creó la Junta Central Suprema. En 1810, la Junta Central convocó Cortes Constituyentes. Estas se reunieron en Cádiz, la única ciudad peninsular que no habían ocupado los franceses. Muchos diputados no pudieron asistir por las circunstancias de la guerra y Rieron sustituidos por otros presentes en Cádiz. En las Cortes se diferenciaron tres grupos:

• La mayoría de los diputados eran liberales y defendían las reformas políticas.

• Habla una minoría de absolutistas, partidarios de mantener el Antiguo Régimen.

• También estuvieron presentes algunos diputados americanos, preocupados por los problemas de las colonias. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz sentó las bases de la España contemporánea. Elaboraron la Constitución de 1812, la primera de la historia de España. Además, aprobaron muchas reformas que pusieron fin al Antiguo Régimen: la libertad de imprenta, la abolición de la tortura y la supresión de la Inquisición, los señoríos y los gremios, y declararon la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

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La primera Constitución española se aprobó el 19 de marzo de 1812 y reflejaba los principios del liberalismo político:

• Reconocía la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación y esta lo ejerce a través de sus representantes.

• Establecía una monarquía moderada hereditaria, en la que el rey promulgaba las leyes.

• Adoptaba el principio de división de poderes.  El poder legislativo era ejercido por el rey y las Cortes, formadas por una sola cámara. Los diputados eran elegidos por sufragio universal masculino, pero para ser candidato a diputado era necesario disponer de unas determinadas rentas. El poder ejecutivo correspondía al rey, quien nombraba a los ministros, dirigía las relaciones internacionales, declaraba la guerra a otras naciones y firmaba la paz. El poder judicial era ejercido por los tribunales de justicia.

• Establecía la religión católica como la única de la nación española. En la Constitución se reconocieron importantes derechos, como la igual-dad ante la ley, el derecho a la propiedad, la libertad de imprenta, etc. El contexto de guerra hizo difícil la aplicación de esta Constitución, pero su espíritu y su programa fueron una referencia durante la historia con-temporánea de España.

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Fernando VII regresó a España en marzo de 1814. Su llegada, un grupo de diputados absolutistas le entregó el Manifiesto de los Persas, en el cual le sugerían que restituyera la plena soberanía real. Poco después, el monarca decretó la abolición de la Constitución de 1812 y de toda la legislación salida de las Cortes de Cádiz, y empezó a gobernar como un rey absoluto. Era la vuelta al Antiguo Régimen: se restituyeron los señoríos, los bienes confiscados a la Iglesia y los privilegios fiscales de los nobles. Los liberales fueron perseguidos y encarcelados, y muchos de ellos marcharon al exilio. Apoyados por una parte del Ejército, trataron de restaurar el liberalismo mediante pronunciamientos o sublevaciones. Estos fracasaron ante la indiferencia de la población y sus cabecillas fueron encarcelados o ejecutados

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La restauración de Fernando VII como monarca ab-soluto coincidió con una grave crisis interna. La Hacienda no tenia fondos y la perdida de la mayoría de las colonias americanas agravó ahí mas la crísis. Además, los liberados, perseguidos por el régimen, protagonizaron varios pronunciamientos. A todo ello se unió el problema diagnosticado. En España estaba vigente la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres. Como Fernando VII no había tenido hijos varones, promulgo en 1830 la Pragmática San-don, que derogaba la Ley Sálica. De este modo, su hija Isabel, nacida en 1830, podía reinar. Muchos absolutistas no lo aceptaron y apoyaron al hermano de Fernando VII, Carlos de Borbón. Cuando en 1833 murió Fernando VII, su viuda, la reina María Cristina, se hizo cargo del gobierno, ya que Isabel era menor de edad. A su vez, Carlos de Borbón se proclamo rey de España, desencadenándose así la primera guerra carlista (1833-1840). (13) La guerra no solo fue un conflicto dínastico, sino también un enfrentamiento ideológico entre dos bandos: los liberates, que apoyaban a Isabel, y los car-listas, que defendían el absolutismo, la vuelta al Antiguo Régimen y el mantenimiento de los fueros. Los carlistas tuvieron sus principales partidarios en el País Vasco y Navarra y en algunas zonas de Aragón, Cataluña y Valencia. La guerra termino con la derrota carlista. El Abrazo de Vergara puso fin al conflicto, aunque carlistas y liberales volvieron a enfrentarse en otras dos guerras a lo largo del siglo XIX.

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En 1820 triunfó el pronunciamiento liberal dirigido por el coronel Riego, que proclamó la Constitución de 1812 en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). El rey tuvo que jurar la Constitución, liberar a los liberales encarcelados y convocar las Cortes. Además, se restauraron las reformas que se habían aprobado en las Cortes de Cádiz. Los problemas entre liberales moderados y exaltados se prolongaron a lo largo de todo el trienio:

• Los moderados eran partidarios de reformas suaves para que estas fueran aceptadas por las clases dominantes y por el rey.

• Los exaltados defendían la aplicación de la Constitución de Cádiz y las reformas radicales. Durante el Gobierno liberal hubo varios intentos golpistas de los absolutistas, apoyados por el rey y por varios países europeos. En 1823, la Santa Alianza envió a España a los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército que repuso a Fernando VII como rey absoluto.

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Isabel II heredó el trono con tan solo tres años, lo que produjo un periodo de regencias. La primera regente fue su madre, María Cristina. El Gobierno quiso mantener el absolutismo, pero el comienzo de la guerra carlista forzó a la regente a buscar el apoyo de los liberales, divididos en moderados y progresistas. Inicialmente, María Cristina se alió con los moderados, pero las protestas populares y el motín de La Granja la obligaron a entregar el Gobierno a los progresistas, que tomaron medidas para terminar con el Antiguo Régimen, como la desamortización promovida por el ministro Mendizábal en 1836 y la promulgación de la Constitución de 1837, que no era tan avanzada como la de 1812. En 1840, María Cristina dimitió por sus enfrentamientos con los progresistas. Asumió la regencia el general Espartero, un militar progresista que había logrado grandes éxitos contra los carlistas. Pero Espartero gobernó de forma autoritaria, lo que le granjeó la oposición de modera-dos y progresistas. La regencia acabó tras la sublevación de 1843, liderada por el general moderado Narváez. Isabel II fue proclamada reina con solo trece años.

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CAMBIOS ADMINISTRATIVOS: EL ESTADO LIBERAL EN CANARIAS

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CAMBIOS ADMINISTRATIVOS: EL ESTADO LIBERAL EN CANARIAS

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Durante las primeras décadas del siglo XIX se suprimió una buena parte de las instituciones administrativas propias del Antiguo Régimen. Así, las Cortes de Cádiz abolieron la Inquisición y el régimen señorial, que afectaba a Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro desde la época de la conquista. Igualmente, desaparecieron los antiguos cabildos y surgieron los ayuntamientos constitucionales, los cuales dieron lugar a la actual división municipal del archipiélago. En el reinado de Fernando VII se produjo la división de la antigua diócesis de Canarias, al crearse en 1819 el obispado de Tenerife. En 1833, se creó la provincia única de Canarias y se estableció la sede de la Diputación Provincial en Santa Cruz de Tenerife, lo que generó una gran oposición en Las Palmas.

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Durante los primeros años de su reinado personal, Isabel II encargó la formación de Gobierno solo a los moderados. El general Narváez presidió varios Gobiernos. En 1845 se promulgó una Constitución que establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, elegidas por un sufragio muy restringido (0,8% de la población). También se limitaron algunos derechos individuales, como la libertad de prensa. El Estado se organizó de forma centralista. Los nuevos códigos civil y penal y la reforma fiscal igualaron las leyes y los impuestos en todos los territorios españoles. El Gobierno controlaba las provincias a través de las diputaciones provinciales y los gobernadores civiles, y nombraba directamente a los alcaldes de las principales ciudades. La política ultraconservadora del Gobierno condujo a la radicalización de los progresistas y a la escisión de los demócratas, que defendían el sufragio universal masculino, y de los republicanos, que deseaban la proclamación de la república. En 1854, el pronunciamiento de Vicálvaro, dirigido por O'Donnell y apoyado por algunos modera-dos y los progresistas, puso fin a esta etapa.

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Durante el Bienio Progresista hubo una gran actividad legislativa: la ley de ferrocarriles, una Constitución (1856) que no llegó a ser promulgada, la desamortización de Madoz de bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos, etc. La crisis económica, los conflictos sociales y las luchas por el poder hicieron que en 1856 la reina encargara la formación de Gobierno a O'Donnell.

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O'Donnell había creado en 1854 la Unión Liberal, un partido centrista que alternó en el Gobierno con los moderados hasta 1868. Fue un periodo de cierta estabilidad, pero hacia 1864 la crisis económica se acentuó y desde 1866 los progresistas y los demócratas empezaron a conspirar para derrocar a Isabel II.

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En los últimos años del reinado de Isabel II se vivió una grave crisis:

• Se produjeron revueltas en el campo y en las ciudades causadas por los problemas económicos.

• Los progresistas, los republicanos y los demócratas eran excluidos del poder y rechazaban el conservadurismo de los Gobiernos.

• Tanto la burguesía como los militares se distancia-ron del régimen debido al autoritarismo del Gobierno.

• La reina era cada vez más impopular. En 1866, progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende, en el que acordaron derrocar a Isabel II y democratizar la vida política española. La Unión Liberal se sumó al pacto posterior-mente.

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En 1868 se produjo un pronunciamiento para deponer a Isabel II, liderado por los generales Serrano y Prim. Paralelamente, se crearon juntas revolucionarias para controlar las provincias y las ciudades. Esta revolución, conocida como la Gloriosa, triunfó rápidamente y la reina se vio obligada a abandonar España. Tras derrocar a la reina se constituyó un Gobierno provisional presidido por Serrano, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Estas aprobaron la Constitución de 1869, el primer texto democrático de la historia de España. Contenía una amplia declaración de derechos y reconocía el sufragio universal masculino. La monarquía se mantuvo como forma de gobierno y Serrano fue nombrado regente hasta que se eligiera un rey.

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Las Cortes eligieron rey a Amadeo de Saboya, que llegó a España poco después del asesinato del general Prim, principal defensor de su candidatura. Amadeo I fue un rey democrático pero tuvo que hacer frente a la oposición de los monárquicos, la Iglesia y los republicanos. Gran parte de la población lo rechazó por ser extranjero. Durante su reinado estallaron una guerra en Cuba y una nueva guerra carlista. Inca-paz de superar estas dificultades, Amadeo I abdicó.

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Tras la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclama-ron la Primera República española. Esta solo duró nueve meses, en los cuales tuvo cuatro presidentes: Figueras, Margall, Salmerón y Castelar, y tuvo que hacer frente a graves problemas.

• El estallido del movimiento cantonalista. El cantonalismo era una interpretación radical del federalismo; proponía la organización territorial de España como una república federal de 17 «Estados». En julio de 1873 se crearon cantones o repúblicas independientes en Cataluña, Málaga, CartAgena... El movimiento fue duramente reprimido ante el temor de una revolución que rompiera la unidad de España.

• La guerra de Cuba había comenzado en 1868 por el descontento de la población criolla, que rechazaba la opresión económica de España y deseaba participar en el gobierno de la isla. Los sublevados fueron apoyados por Estados Unidos. El conflicto finalizó en 1878 con la Paz de Zanjón.

• La tercera guerra carlista, promovida por el pre-tendiente carlista Carlos VII, se inició en 1872 y afectó a gran parte del territorio español. La contienda finalizó en 1876, ya en el reinado de Alfonso XII. En esta situación de caos generalizado, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes en enero de 1874. Un nuevo pronunciamiento, protagonizado por el general Martínez Campos en diciembre de 1874, restauró la dinastía de los Borbones.

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La Restauración se basó en dos pilares: una nueva Constitución y la alternancia en el poder de los dos grandes partidos. La Constitución de 1876 intentó ser conciliadora. Para satisfacer a los progresistas y a los demócratas incluyó una amplia relación de derechos y libertades, mientras que para satisfacer a los moderados, proclamó la confesionalidad del Estado y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. El ejercicio del poder quedó en manos de dos únicos partidos políticos, que aceptaban la monarquía constitucional y que se turnaron en el Gobierno de manera pacífica (turnismo). Estos partidos eran el Partido Conservador y el Partido Liberal:

• Los conservadores, liderados por Cánovas, se proclamaban defensores de la Iglesia y del orden social.

• Los liberales, liderados por Sagasta, eran partidarios de importantes reformas sociales. En uno de sus Gobiernos se aprobó el sufragio universal masculino (1890). El monopolio del Gobierno por parte de conservadores y liberales fue posible por la existencia de la corrupción electoral. El rey decidía primero qué partido iba a formar Gobierno, y después se convocaban elecciones que se amañaban para que las ganara el partido elegido.

• En el campo, individuos poderosos, los llamados caciques, forzaban a la población rural mediante amenazas o agresiones a votar al partido que convenía para la formación del Gobierno. Esta práctica se conoce como caciquismo.

• En las ciudades, donde los caciques tenían menos poder, se manipulaban los resultados si no eran los esperados (pucherazo). Así se «fabricaban» resultados electorales que daban alternativamente la victoria a conservadores y a liberales. Este sistema proporcionó estabilidad a la vida política española. Pero, el turno de partidos dejaba fuera del Gobierno a tres grupos cada vez más representativos: los anarquistas, los socialistas, liderados por Pablo Iglesias, y los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, todos ellos contrarios al Estado centralizado.

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Durante el siglo XlX la actividad política estuvo protagonizada casi exclusivamente por partidos y personalidades que representaban los intereses de la burguesía y los grandes propietarios agrarios. Hacia 1875 se fundó en Tenerife el Partido Conservador, en el que destaca la figura de Feliciano Pérez Zamora. En 1880, Fernando León y Castillo creó el Partido Liberal Canario, portavoz de los grandes terratenientes y comerciantes grancanarios aglutinados en torno al proyecto de engrandecer Gran Canaria. El panorama político canario estaba caracterizado por el caciquismo, el fraude electoral y el enfrentamiento entre Gran Canaria y Tenerife por la hegemonía regional. A partir de 1900, la aparición del movimiento obrero y de las foRmaciones republicanas, como los radicales tinerfeños y los federales grancanarios, supuso un mayor cuestionamiento del sistema vigente.

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EL RETORNO DE LOS BORBONES: ALFONSO XII 

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EL RETORNO DE LOS BORBONES: ALFONSO XII 

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En 1874, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. De esta manera comenzó una nueva etapa política, la Restauración. Este fue un periodo de notable estabilidad política en España. El nuevo rey, partidario de la monarquía constitucional, nombró presidente de Gobierno a Antonio Cánovas del Castillo, quien había sido el artífice de la vuelta de los Borbones. Cánovas puso fin a la guerra de Cuba y a la guerra carlista y creó un nuevo sistema político en el que tenían cabida todos los partidos que aceptaran la monarquía y un régimen constitucional.

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La población española creció en el siglo xix, pero a un ritmo menor que el de otros países europeos: (24) pasó de 11,5 millones de habitantes a comienzos de siglo a 18,6 millones a finales del mismo. Este crecimiento demográfico se explica por el mantenimiento de una elevada natalidad y el escaso descenso de la mortalidad, pues las mejoras higiénicas y sanitarias llegaron más tarde que en otros países.

Los cambios en la agricultura produjeron un excedente de mano de obra. Muchos campesinos abandonaron el campo y se dirigieron a las ciudades, donde se situaban las industrias. Además, numerosos españoles emigraron a América, fundamentalmente a Argentina y Cuba.

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La sociedad estamental del Antiguo Régimen desapareció con la instauración del liberalismo, y se transformó en una sociedad de clases.

•   Las clases altas. Formadas por la aristocracia y la alta burguesía (industriales, banqueros, grandes comerciantes, etc.), controlaban el poder político y los principales negocios.

•   Las clases medias. Integraban a funcionarios, pequeños empresarios, oficiales del Ejército, profesionales liberales (abogados, médicos, boticarios, periodistas...), pequeños comerciantes, etc.

•   Las clases populares. Compuestas por campesinos, obreros (proletariado), criados, mendigos y marginados, tenían un nivel económico muy bajo y un elevado índice de analfabetismo.

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A pesar de la dureza de las condiciones laborales y de la vida diaria de los obreros españoles, hasta el último tercio del siglo XIX su lucha se plasmó en movimientos de protesta espontáneos y de ámbito local o regional. Hasta 1868, el movimiento obrero en España tuvo poca repercusión, en parte debido a la escasa industrialización del país. Las primeras manifestaciones fueron acciones lúditas de destrucción de máquinas o fábricas, como la destrucción de maquinaria textil en Alcoy en 1821, o el incendio de la fábrica Bonaplata en Barcelona en 1835.
Hacia 1840 surgieron las primeras asociaciones obreras, como la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera. Reivindicaban el derecho de asociación, que no se reconoció en España hasta la época del Sexenio Revolucionario.

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En 1868 llegó a España el anarquista Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, que organizó la sección española de la Primera Internacional. Fruto de las acciones de este grupo fue la celebración en Barcelona en 1870 del primer congreso obrero español, donde se creó la Federación Regional Española (FRE), adscrita a la AIT e ilegalizada en el año 1874.
La división interna de la AIT entre marxistas y anarquistas inclinó a los sindicalistas españoles hacia la segunda opción. El anarquismo tuvo una rápida difusión en España, sobre todo en Cataluña, Andalucía y Valencia.
El anarquismo español se dividió entre un sector sindicalista, más moderado, y un sector radical, partidario de la «acción directa», que se tradujo en atentados terroristas, sobre todo a partir de la década de 1870.
Después de dos décadas de desorganización, los diferentes grupos anarquistas fundaron en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista.

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Se difundió por España a través de Pablo Iglesias, fundador en 1879 del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En 1888, un congreso obrero celebrado en Barcelona decidió la creación de la Unión General de Trabajadores (UGT), organización sindical estrechamente vinculada al PSOE que defendía la participación de los socialistas en la vida política (elecciones) y rechazaba los métodos violentos del anarquismo. A comienzos del siglo xx, la presencia socialista en España era menor que la anarquista y solo tenía importancia en Madrid y el País Vasco. Pero desde 1914, el socialismo fue ganando seguidores en Andalucía, Extremadura y Levante.

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la economía canaria no experimentó ningún proceso de industrialización. El comercio y la agricultura continuaron siendo la base de la economía, gracias a la autorización de los puertos francos y a la introducción de nuevos cultivos. Desde finales del siglo XVIII las islas emprendieron distintas iniciativas orientadas a obtener del Estado un régimen de libertad comercial que facilitara la recuperación económica del archipiélago. Al efecto se solicitó la eliminación de aduanas, la liberalización del comercio de productos extranjeros, la libertad de precios, etc. Durante las Cortes del Trienio Liberal (1820.1823) se reanudó el debate sobre el régimen arancelario canario, destacando la actividad desempeñada entonces por el diputado canario de origen irlandés José Murphy y Meade. Finalmente, las reiteradas peticiones isleñas dieron fruto y el gobierno liberal de Bravo Murillo autorizó los puertos francos en 1852. Con la aprobación de las franquicias se estableció en Canarias un régimen especial de tendencia librecambista, mientras en el resto del territorio nacional prevaleció el criterio proteccionista.

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Durante la década de 1880 se registró en Canarias una grave crisis económica y social provocada por el declive de las exportaciones de cochinilla. Entre otras consecuencias, se produjo una gran emigración a América, sobre todo a Cuba,

Los agricultores emprendieron nuevos cultivos, como el tabaco, la caña de azúcar, el naranjo, el almendro, etc, Sin embargo, estos productos no eran requeridos por los países del norte de Europa, y la demanda del mercado peninsular era insuficiente, Entonces comenzaron a centrar
sus esfuerzos en el plátano, el tomate y las papas de temporada, ampliamente demandados en el Reino Unido y cuya rápida expansión los
convirtió pronto en las principales exportaciones isieñas,

Las dimensiones del mercado insular, la carencia de materias primas y la
tradicional importación de manufacturas dificultaron el desarrollo de la
industria en las islas, donde subsistió la actividad artesanal

No obstante, algunos subsectores, como la construcción naval o la deslación de aguardientes, registraron un cleto grado de tecnificación.

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La sociedad canaria del momento viene marcada por el predominio de la población activa agraria, entre la que destacan los jornaleros. Este hecho determinará un poblamiento eminentemente rural. Por su parte, la burguesía concentrará sus energías en agricultura y comercio. Fue una de las beneficiadas del proceso desamortizador. Pero será la aristocracia terrateniente la que ostente el poder político, gracias a la ayuda de la pequeña burguesía rural, la Iglesia y el control económico e ideológico que ejercía sobre la población.

La carencia de escuelas explica las elevadas tasas de analfabetismo del archipiélago en el siglo XIX. En 1860, un 8% de la población canaria era analfabeta, proporción que bajó al 7 % en 1900. La existencia durante años de un único instituto de enseñanza secundaria radicado en La Laguna y el irregular funcionamiento de la Universidad de San Fernando (La Laguna) completan la situación de atraso educativo.

Sobresalió la actividad de algunas minorías intelectuales que se agruparon en torno al Gabinete Literario en Las Palmas (1844) (28) o la Academia de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife (1846).

Durante las últimas décadas del siglo XIX, el panorama cultural del archipiélago registró un notable desarrollo. Así lo demuestra la proliferación de periódicos y revistas y la fundación de nuevas entidades: el Gabinete Instructivo de Santa Cruz de Tenerife (1869), el Museo Canario de Las Palmas (1879) y la Sociedad La Cosmológica de Santa Cruz de La Palma (1881).