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En un colegio varios estudiantes son sorprendidos utilizando cigarrillos electrónicos (vapes) en los baños durante el recreo. El uso de vapes está prohibido por la política escolar debido a sus riesgos para la salud y la naturaleza adictiva. Al descubrir la situación, las profesoras consideran suspender a los estudiantes involucrados para mantener la disciplina y enviar un mensaje claro contra el uso de sustancias.

Sin embargo, la orientadora del colegio, sugiere que, antes de tomar una decisión, se debe seguir un proceso justo y equitativo, respetando el derecho al debido proceso de los estudiantes. Ella menciona que es necesario investigar las circunstancias del caso y comprender mejor por qué los estudiantes están recurriendo a los vapes y qué medidas podrían ser más efectivas para abordar el problema.

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¿De que manera aborda la orientadora el caso?

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¿De que manera aborda la orientadora el caso?

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Se notifica a los estudiantes involucrados y a sus padres sobre el acontecimiento y las posibles consecuencias disciplinarias, pero que primeramente se deberá investigar.

La orientadora intenta recolectar toda la información posible por medio de los estudiantes involucrados, testigos, profesores que quizás pudieron haber visto algo e incluso se revisan las cámaras de la institución

La orientadora les da la opción a los estudiantes de explicar la razón de lo acontecido, con el fin de saber diferentes perspectivas: por presión social, estrés, etc.

La orientadora valora las posibles soluciones del caso: expulsión, suspensión, disculpa publica, talleres antidrogas...

Tras revisar todas las pruebas y escuchar a todas las partes, se decide no suspender a los estudiantes. Se implementa un programa de educación del IAFA obligatorio sobre los riesgos del vapeo y los efectos de la nicotina, tanto para los estudiantes implicados como para otros estudiantes del colegio. Además, la escuela organiza sesiones de asesoramiento grupal para los involucrados, dirigidas por la orientadora, para abordar las razones o factores externos que llevaron a estos comportamientos.

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Cinco principios observados del debido proceso en el caso propuesto

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Cinco principios observados del debido proceso en el caso propuesto

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Derecho a Ser Escuchado: La orientadora decide escuchar la versión de cada estudiante involucrado

Audiencia Imparcial: La orientadora pudo haberlos expulsado en el momento pero decidido atender el caso desde el debido proceso

Examen de Pruebas: La orientadora examina e investiga primero para comprender la integralidad del caso.

Derecho a igualdad de trato: La orientadora atendio el caso desde su posicion profesional y no subjetiva, cuestionando temas de color de piel, raza, sexo, clases sociales, etc

Derecho a Ser Escuchado: La persona acusada tiene el derecho de ser escuchada y de presentar su defensa ante una autoridad imparcial. Esto incluye la posibilidad de presentar pruebas, testigos y argumentos que apoyen su posición.

Audiencia Imparcial: El proceso debe ser llevado a cabo por un juez o tribunal imparcial que no tenga intereses personales en el resultado del caso. Esto asegura que la decisión se tome de manera justa y objetiva.

Examen de Pruebas: Ambas partes tienen el derecho de examinar y confrontar las pruebas y testigos presentados en su contra. Este paso es crucial para garantizar que todas las pruebas sean consideradas de manera justa.

Derecho a la presunción de inocencia: La profesional en orientación no señala culpables hasta que tuvo la totalidad de las pruebas y pudo reconocer a los involucrados.

Agudelo, M. (2005) El Debido Proceso. Opinión Jurídica vol 4, No.7pp.89-105

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The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

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The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

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La serie trata de un caso de la vida real de un hombre que fue acusado de secuestro, robo a mano armada y coacción. Pese a que muchas personas no parecen estar de acuerdo con la resolución, las pautas que se siguieron responden al debido proceso, porque se aseguraron varios principios fundamentales del sistema judicial. Primero, Simpson fue formalmente notificado de los cargos en su contra y tuvo acceso a una defensa legal competente, que presentaron su caso y argumentaron en su favor. El proceso se llevó a cabo de manera transparente y pública para reducir el riesgo de injusticia e imparcialidad.

Durante el juicio, el tribunal hizo un esfuerzo por mantener la imparcialidad, seleccionando un jurado y un juez que trabajaron para evitar influencias externas y prejuicios (prejuicios por color, etc) Ambas partes, la fiscalía y la defensa, tuvieron la oportunidad de presentar evidencia y testimonio. El veredicto final se basó en el análisis de esta evidencia, y Simpson tuvo el derecho a apelar la decisión, lo que asegura la protección de sus derechos fundamentales.

Anales de Derecho. Universidad de Murcia. Número 14. 1996