# data[].attributes.body
De acuerdo con los autores Néstor de Buen Lozano, Vialard Vázquez y Alonso García: La huelga es una suspensión de labores en una empresa pactada por los trabajadores como instrumento de presión al empleador para el logro de un interés colectivo, la cual forma parte del derecho social.

# data[].attributes.body
La huelga es un derecho mediante el cual los trabajadores pueden exigir el cumplimiento de contratos, condiciones dignas y mejoras laborales, a través de la paralización de la mano de obra o productividad de la empresa. En diversos país la huelga esta legitimidad como en el caso de México que se encuentra plasmada en la constitución y la ley federal del trabajo.

Autores: guillermo cabanellas , miguel carbonell y José tenopala

# data[].attributes.body
Es considerado un derecho humano que tenemos todas las personas que trabajamos como subordinados, el paro total de labores, el cual debe reunir las características de ser un movimiento pacífico, colectivo; para alcanzar a que el patrón bajo esta presión, ceda al pliego petitorio, ya sean peticiones económicas o sociales. Este movimiento debe reunir los requisitos que estipula el marco normativo para que sea considerada como válida.

# data[].attributes.body
Huelga: Es un derecho humano fundamental que tienen los trabajadores para manifestar un desacuerdo mediante la interrupción del trabajo conseguir un equilibrio en la relación entre trabajadores y patrones, buscando mejoras en las prestaciones laborales por medio de la firma, el cumplimiento o la revisión de un contrato colectivo de trabajo.

# data[].attributes.body
Es un instrumento clave para salvaguardar los derechos laborales, que se realiza entre un sindicato y un empleador o entre un grupo de empleadores y varios sindicatos. Su objetivo es llegar a acuerdos sobre las condiciones laborales, entre otros temas de interés común

# data[].attributes.body
Respuesta: La negociación laboral es un dialogo social entre los patrones y los empleados cuyo objetivo es establecer un contrato colectivo de trabajo, en el que se regulan las condiciones óptimas de trabajo.

# data[].attributes.body
La negociación laboral, según Néstor de Buen, se refiere al proceso mediante el cual empleadores y trabajadores buscan establecer o modificar las condiciones de trabajo a través de un acuerdo mutuo.

# data[].attributes.body
Es un recurso que se utiliza para que las partes involucradas en una controversia puedan llegar a un arreglo, sin la necesidad de llegar a un juicio.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El formato de la APA es ampliamente utilizado por estudiantes, investigadores y profesionales de las ciencias sociales y del comportamiento. El generador APA de Scribbr genera automáticamente referencias precisas y citas en el texto de forma gratuita.
Está guía de citación APA describe las reglas de citación más importantes de la 7ª edición del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA), publicado en el 2020.

Citas en el texto en formato APA

Lo básico

Las citas en el texto son referencias breves ubicadas en el mismo relato, las cuales dirigen a los lectores a la página de referencias del final del trabajo. Debes incluirlas cada vez que citas o parafraseas las ideas o palabras de otra persona.

Las citas en el texto, según el formato APA, constan del apellido del autor y el año de publicación (conocido como el sistema autor-fecha). Además, si estás citando una parte específica de una fuente, también debes incluir un localizador, es decir, un número de página o marca temporal. Por ejemplo: (Smith, 2020, p. 170).

Cita entre paréntesis versus cita narrativa

Las citas en el texto pueden presentarse de dos formas distintas: entre paréntesis o en el mismo relato. Ambos tipos se generan de manera automática al citar una fuente en el generador APA de Scribbr.

Cita entre paréntesis: Según una nueva investigación... (Smith, 2020).

NCita narrativa: Smith (2020) señala que...

Varios autores y autores corporativos

Las citas en el texto cambian ligeramente cuando una fuente tiene varios autores o el autor es una organización. Presta especial atención a la puntuación.

Falta de información

Cuando se desconoce el autor, la fecha de publicación o la ubicación de la información, sigue los pasos que se describen a continuación:

Elemento desconocido

Qué hacer

Citas entre paréntesis

Autor

Utiliza el título de la fuente.*

( Título de la fuente, 2020)

Número de página

Utiliza un localizador alternativo o bien
omite el número de página.

(Smith, 2020, capítulo 3) o
(Smith, 2020)

*El título debe estar en el mismo formato en que este se presenta en la entrada de referencia correspondiente (ya sea en cursiva o, si dicho título en la entrada de la referencia no está en cursiva, entre comillas dobles). Recuerda que solo la primera letra de la primera palabra del título se escribe con mayúscula (al contrario que en inglés).

Referencias APA

Lo básico

Las referencias, según APA, generalmente incluyen información sobre el autor, la fecha de publicación, el título y la fuente. Dependiendo del tipo de fuente es posible que deba incluirse información adicional que ayude al lector a localizar dicha fuente.

Falta de información

No es raro que cierta información sea desconocida o falte, especialmente en aquellas fuentes que se encuentran online. En estos casos, la referencia debe ajustarse ligeramente:

Dar formato a la página de referencias según APA

Lo básico

En la página de referencias enumera todas las fuentes que has citado a lo largo del artículo. Ubica la página de referencias justo después del cuerpo principal del trabajo y antes de cualquier anexo.

En la primera línea de esta página debes escribir el título de la sección, es decir, Referencias (en negrita y centrado). En la segunda línea, comienza a enumerar las referencias de tu artículo en orden alfabético.
Aplica las siguientes pautas de formato a la página de referencias según el estilo APA:

Interlineado doble (en las referencias y entre ellas).

Sangría colgante o francesa de ½ pulgada (es decir, de 1,3 cm).

Fuente legible (por ejemplo, Times New Roman 12 o Arial 11).

Numeración de página en el encabezado superior derecho.

Qué fuentes incluir

En la página de referencias solo debes incluir fuentes que hayas citado previamente en el texto (es decir, que tengan una cita dentro de la redacción). No debes incluir referencias a comunicaciones personales a las que el lector no puede acceder (por ejemplo, correos electrónicos, conversaciones telefónicas o material online privado).

# data[].attributes.attachment_link.description
Guía de citación APA El formato de la APA es ampliamente utilizado por estudiantes, investigadores y profesionales de las ciencias sociales y del

# data[].attributes.headline
La primera huelga de la historia en 1 minuto

# data[].attributes.subject
La primera huelga de la historia en 1 minuto

# data[].attributes.attachment_link.title
Y2meta.app-la primera huelga de la historia en 1 minuto-(1080p)

# data[].attributes.body
https://padlet.com/referrals/julietaquintos

# data[].attributes.headline
ETAPA 1: Investiga un caso real sobre un estallamiento de huelga, los hechos, su marco jurídico y los aspectos sobre su negociación y solución/Con fecha de entrega/Viernes 20 de junio del 2025, a las 23:59:00 horas.

# data[].attributes.subject
ETAPA 1: Investiga un caso real sobre un estallamiento de huelga, los hechos, su marco jurídico y los aspectos sobre su negociación y solución/Con fecha de entrega/Viernes 20 de junio del 2025, a las 23:59:00 horas.

# data[].attributes.body
Investigación documental

Carátula

Introducción

Desarrollo del proyecto (investigación)

Conclusiones

Referencias (3 basadas en el manual de estilo de la APA 7a edición)

# data[].attributes.attachment_link.description
Choose a style to format your bibliography and citations. Learn More

# data[].attributes.headline
La Mediación como medio de evitar la Huelga

# data[].attributes.subject
La Mediación como medio de evitar la Huelga

# data[].attributes.headline
El derecho constitucional de huelga y el moderno derecho sindical

# data[].attributes.subject
El derecho constitucional de huelga y el moderno derecho sindical

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Similares en SciELO

El derecho constitucional de huelga y el moderno derecho sindical*

The Constitutional right to strike and the modern law on freedom of association

** Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

* Artículo recibido el 14 de enero de 2008
Aceptado para su publicación el 29 de febrero de 2008.

De cara al libre comercio y los retos incesantes de la economía global, se hace interesante meditar sobre las bases constitucionales del derecho sindical dentro del ordenamiento mexicano. De esta suerte, se analiza el carácter protector y reivindicativo de sus principios sociales por lo que hace, particularmente, a sus tres figuras esenciales: el derecho de sindicalización, el de negociación profesional y desde luego, el de huelga. En este sentido, se analiza que, a partir de nuestros principios constitucionales, el furor neoliberal y la contrarrevolución monetarista han sido factores que alimentan, por curiosa paradoja, la conciencia solidaria de los trabajadores, la unidad de la acción articulada y la resistencia sindical.

Palabras clave: Huelga, derecho sindical, negociación profesional.

In view of free trade and the relentless challenges of the global economy, it has become interesting to gain insight on the constitutional foundations of the trade-union laws on the Mexican legal system. Hence, the protective and vindicatory essence of its social principles is analyzed regarding particularly its three key figures: the right to unionization, the professional negotiation and of course, the strike. In this sense it is discussed, that based on our constitutional principles, the neo-liberal hype, and the monetarist contra revolution have been factors fueling, as curious paradox, the solidarity awareness of workers, unity of articulated action and union resistence.

Keywords: Strike, trade-union law, professional negotiation.

I. Fundamentos constitucionales del derecho sindical en México. II. El derecho constitucional de organización profesional. III. El derecho constitucional de negociación profesional. IV. El derecho constitucional de huelga.

I. Fundamentos constitucionales del derecho sindical en México

Los sujetos de esta disciplina son, sin duda, los trabajadores, profesionalmente organizados en agrupaciones sindicales que pueden variar del gremio, a las coaliciones o a las ligas; o del sindicato a las uniones, las federaciones o las confederaciones, incluyéndose, obviamente, todo tipo de organizaciones cupulares. De esta suerte, en las relaciones colectivas, los sujetos pueden ser, por lo que hace a los trabajadores, sus agrupaciones sindicales; y respecto a los patrones, éstos, de manera individual o a través de sus organizaciones sindicales.

II. El derecho constitucional de organización profesional

Bajo el esquema genérico de la asociación profesional suele estudiarse la gama de las organizaciones sindicales de los trabajadores, estimando que aquélla constituye una especie solamente del derecho público de asociación. A mi juicio no es exacto, pues la agrupación profesional surge, tanto histórica como científicamente, en un contexto diverso al de los derechos subjetivos públicos de asociación y reunión, como consecuencia ineluctable de la evolución del derecho sindical y la cuestión social contemporánea. Compartimos más bien el criterio de que la asociación profesional es un derecho social emergente de los principios y normas del moderno derecho del trabajo, con raíces específicas en la fracción XVI del artículo 123 original, de nuestra carta política. Consiguientemente ni se desprende, ni tampoco constituye una especie del derecho genérico de asociación que no tiene como reto la tutela y reivindicación de los trabajadores, a través de la lucha colectiva y de la organización profesional.

En la plataforma constitucional obrera de 1917 se reconocieron los derechos de los asalariados a estudiar y defender su intereses mediante la organización de referencia, que como género abarca todo un abanico de expresiones que va de la asociación profesional a la coalición, la liga, el sindicato, los gremios, la federaciones y las confederaciones mismas, que inclusive han derivado al Congreso del Trabajo.

La libertad sindical y las principales expresiones de la actividad profesional: el contrato colectivo de trabajo y la huelga, son reconocidos ampliamente como instituciones democráticas. Por ello, en nuestro sistema, como plataforma de principios, se reconoce de manera simultánea la libertad y el derecho de coalición, explicada como la organización profesional de los trabajadores para la defensa y mejoramiento progresivo de sus intereses respectivos. Y es que, ciertamente, esta figura de los trabajadores ha evolucionado significativamente, hasta transformarse en un principio, incuestionable y dorsal, de las relaciones colectivas de trabajo. Cabe ponderar, entonces, que a nuestro entender es evidente que la coalición de los patrones es no sólo inconstitucional, sino anticonstitucional, pues repugna abiertamente con el sentido social del artículo 123, en su conjunto, que no puede asumir como legítimo el derecho gremial de los patrones para defender y promover sus intereses, que traducibles en réditos, utilidades, ventajas o ganancias, repercuten necesariamente en desdoro de los trabajadores.

Concebida, en principio, como una agrupación transitoria y acaso embrionaria del derecho de sindicación, la coalición suele ser explicada de manera despectiva y en tono menor por diversos tratadistas, que ignoran su trascendencia e importantes perspectivas frente al ocaso, sin duda, del sindicato estatal o registrado. En esta virtud, ante su control creciente, y cerradas las expectativas de libertad sindical, bajo la injerencia del Estado, la coalición cobra vida como plataforma para la organización profesional y la conquista de la democracia. Como fórmula de fuerza y opción eficaz de autodefensa, la coalición se reafirma como una expresión muy señalada de la acción directa, muy distante del concepto clásico, por demás peyorativo, de la asociación espontánea y primitiva. Así, lejos de los límites estrechos, hoy favorece y da paso, entre la brutalidad materialista y la explotación globalizada, al sindicato de facto, ampliamente sugestivo y de inmensas perspectivas reivindicatorias.

Reconocida ampliamente dentro de nuestra Constitución, esta forma de organización puede ser tan compleja e importante como los trabajadores quieran; perseguir los objetivos que los mismos determinen, y durar indefinidamente, hasta donde aquéllos lo decidan. No necesitan registro y favorecen la autodefensa espontánea, sin formalidades ni ataduras; son por tanto, el camino directo para el desarrollo y fuerza del sindicato de facto. Asimismo, bajo la absorción neoliberal y el descrédito de las autoridades laborales que restringen y desnaturalizan el registro sindical, la coalición resplandece y cobra prestigio la eficacia de la acción directa como fórmula maestra para la resistencia articulada y la lucha por la democracia.

La predecible actividad de resistencia de las agrupaciones beligerantes de trabajadores, ante las funciones de control y desintegración sindical por parte del Estado, fruto de las exigencias de la economía global y el liberalismo a ultranza, hacen concebir en México una nueva acepción de sindicato. Como en otros sistemas de avanzada, los sindicatos de facto repuntan hacia la autorreivindicación, fuera de los marcos restringidos de la legislación y la jurisprudencia, en cuanto se aparten de su función protectora y de política social. En este sentido, mediante la movilización de facto, más allá de la agrupación reconocida, el sindicato se redefine en la praxis, como la organización profesional de los trabajadores para la defensa y promoción, autogestión y reivindicación de sus intereses colectivos.

Los excesos de la modernidad y la insensibilidad del régimen hacia la política social han determinado que el sindicalismo independiente vire de la acción profesional a los marcos formales, estrechamente ceñidos al ámbito de la empresa, a la acción polivalente, vinculada a la resistencia obrera y la sociedad civil. Por lo mismo, hoy la estrategia sindical, auténticamente representativa y democrática, integra su función de autodefensa y contraataque, a la lucha económica y social con diversos sectores populares como agrupaciones de colonos, estudiantiles o agrarias. De esta suerte, el retorno a la acción múltiple orienta la actividad del sindicato a la reivindicación profesional, no tan sólo en el marco exclusivo de las prestaciones económicas restringidas a los intereses de una misma profesión, arte u oficio, ni tampoco a la autorreivindicación por regiones o localidades, sino que ensancha sus miras a la capacitación política y a la concientización de lucha dentro de una perspectiva consistente y también global.

Es necesario apuntar que a lo largo de los diversos sexenios neoliberales en México, por encima del principio de libertad sindical reconocido dentro del ordenamiento constitucional de México, bajo la consigna del titular del Poder Ejecutivo, se firmaron periódicamente pactos de estabilidad económica entre los representantes de los trabajadores sometidos y de los patrones para congelar, fundamentalmente, los salarios en todo el territorio nacional. Así, dentro de un mecanismo anticonstitucional y autoritario, se logró la manipulación directa de las organizaciones sindicales de los trabajadores, para uniformar, de acuerdo con las empresas, las condiciones generales de trabajo que más convinieran, dado el caso, a los intereses del sistema.

Se consiguió, de esta suerte, que se reprimiera la eficacia de los contratos colectivos de trabajo en las empresas, los cuales debieron de ajustarse a los topes salariales decretados en los pactos sociales mencionados. Se violentó así la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones profesionales de los trabajadores, para defender y mejorar sus condiciones de existencia y de trabajo. Por lo mismo, no es casual que la actual estrategia sindical en México, ante el descrédito y resquebrajamiento del corporativismo obrero, solapado y promovido por décadas, tanto por la empresa como por los diversos gobiernos, impone un concepto nuevo y realmente democrático de sindicato. A la luz del derecho comparado, más allá del concepto anticonstitucional y restrictivo de la legislación ordinaria laboral, que pretende reducir el sindicato a una organización registrada, mediante el permiso de las autoridades laborales que decidan otorgarle personalidad jurídica pública, el concepto de la asociación profesional adopta nuevos perfiles. Así, por voluntad y requerimientos estratégicos de los propios obreros, con o sin el permiso del Estado, los sindicatos se entienden como las asociaciones de trabajadores para la defensa y promoción de sus intereses y derechos.

Por nuestra parte estimamos que en sentido genérico y universal, el sindicato se entiende como la organización libremente constituida por los trabajadores para realizar la autodefensa y mejoramiento progresivo, dinámico e irreversible de sus intereses colectivos. Por lo que al efecto resulta irrelevante que pueda tratarse o no de un organismo con registro. Primero, porque nuestro ordenamiento atribuye a la constitución del sindicato, el conferimiento mismo de su personalidad jurídica, con antelación a su registro. Segundo, porque la exigencia de éste, como requisito ineludible de la existencia de los sindicatos resulta antidemocrático y violatorio, sin duda, de la libertad sindical en todos sus aspectos, ampliamente consagrados en nuestra Constitución.

Dentro de este orden de ideas, como una expectativa democrática, ineludible en la vida laboral contemporánea, la libertad sindical se regula como una figura jurídica, de rango jurídico constitucional, integrante de la gama de los derechos humanos. Así encuentra fundamento en los principios y texto de la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución que consagra, de manera expresa, el derecho de los trabajadores para constituir, a voluntad, coaliciones, ligas, sindicatos, o las especies que abarca la asociación profesional, para defender sus intereses y alcanzar sus reivindicaciones.

De acuerdo con los principios del Tratado internacional núm. 87 sobre libertad sindical, cuentan los trabajadores con el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa ninguna, lo que significa sin permiso del patrón, el Estado, las organizaciones sindicales o cualquier otra entidad. Cuentan asimismo, con la potestad de afiliarse a los sindicatos ya formados, que a su juicio respondan mejor a sus intereses o derechos, facetas que constituyen, para la dogmática, la libertad sindical en su aspecto positivo. El legislador reconoce también la libertad sindical en su aspecto negativo, entendida como el derecho del trabajador para no incorporarse a ningún sindicato, o a separarse de aquél al que estuviera afiliado, cuando lo crea pertinente.

Con base en experiencias comparadas, estimamos que el registro sindical debe liberarse de ataduras para responder realmente a la exigencia de la vida democrática, en un marco de plena dignidad y seguridad jurídica. Con su carácter secreto, el registro sindical funciona en México como un archivo confidencial de las autoridades laborales, que lo manejan realmente como un mecanismo práctico de control represivo y marginación ideológico-social. Asimismo, promueve, sin límite, los repugnantes contratos colectivos de protección que los patrones suscriben con sindicatos corruptos, sin auténtica representación, a espaldas de los trabajadores, para congelar, y si es posible abatir, sus condiciones generales de trabajo.

Dentro del ordenamiento mexicano, y de manera nugatoria, el único límite a la injerencia patronal en la vida de los sindicatos es una multa oscilante entre 3 y 15 veces el salario mínimo, que en los tiempos de flexibilización nunca se aplica. Sin embargo, se propicia y es un hecho incuestionable, la intervención del Estado, amén de las maniobras patronales, para controlar las funciones de las agrupaciones sindicales, e inclusive suprimir la resistencia. Los medios son muy variados, pero pueden destacarse los despidos colectivos, la persecución y encarcelamiento de los dirigentes sindicales, los premios individuales a los incondicionales de la empresa, o el descuento de más del cincuenta por ciento de los salarios caídos durante el estallamiento de las huelgas.

Por lo que hace a las organizaciones profesionales de carácter cupular, como las federaciones o las confederaciones, su futuro desarrollo promete de cara al repunte liberal y la globalización, pues a medida que crece el grado de explotación interna y trasnacional, también estimula de manera paradójica, la capacidad de unión y respuesta sindical. Al desintegrarse la vida del sindicato en el ámbito restricto de la empresa, a través de medidas represivas, jurídico-formales o excluyentes, inherentes al juego individual, como el sistema de premios o estímulos personales de productividad, que en principio inducen a la disgregación y el abandono de la organización profesional, han provocado, no obstante, una reacción de solidaridad integradora que conduce, de manera indefectible, a la unidad.

Así, ante la expansión de la vorágine neoliberal y las perspectivas de la modernidad, se gesta en sentido inverso una reacción proletaria de tipo trasnacional, cimentada, desde luego, en las reivindicaciones colectivas y en la praxis sindical. Podemos creer entonces que la bregosa epopeya de los sindicatos democráticos, no obstante los avatares de la productividad y el pragmatismo, hace concebir la resistencia, sin duda también globalizada, que permita columbrar en breve, un futuro promisorio.

III. El derecho constitucional de negociación profesional

Consolidado el prestigio de la organización profesional y, con ella, la fuerza reivindicatoria de la negociación colectiva y de la huelga, se desarrolló por fin el contrato colectivo de trabajo o pacto sindical. De esta suerte cobró gran importancia como una garantía de equilibrio social entre los factores de la producción.

Regulado como figura dorsal de la concertación articulada de las condiciones laborales, por parte de la representación profesional tanto de los trabajadores como del patrón, el contrato colectivo se reconoció como un derecho esencial del sindicato y una obligación para el patrón. Así se pudo apreciar, mediante la fórmula del legislador, que específicamente previno que el patrón que contratara a trabajadores miembros de un sindicato, contaría con el deber de suscribir con el mismo, si es que así se lo exigía, un contrato colectivo de trabajo.

Pacto sindical para nosotros, el llamado contrato colectivo no se encuentra consignado expresamente en ninguno de nuestros textos constitucionales, omitido por lo mismo, en el artículo 123 de nuestra carta política. Sin embargo, se sostiene y compartimos la tesis, que dicha figura no se entiende anticonstitucional ni tampoco inconstitucional, pues no choca con ningún precepto de la carta magna, ni menos aún con su espíritu integral. Antes puede desprenderse del principio de libertad sindical, que reconocido en la fracción XVI, del apartado A, del artículo 123, se entiende y es explicado como una de las manifestaciones basilares de la actividad reivindicatoria de los sindicatos. Asimismo, el pacto sindical ha de asumirse, en cuanto expresión, de la actividad esencial del sindicato, destinado a su autodefensa y promoción, como uno de los objetivos legales de la huelga, específicamente señalados por el legislador.

A la luz del derecho mexicano, no se menciona expresamente el contrato colectivo de trabajo dentro de nuestra Constitución, mas su existencia se desprende y justifica jurídicamente, al reconocerse el sindicato y la figura de la huelga, puesto que al reconocerse la libertad sindical, en la fracción XVI del apartado A del artículo 123 de la Constitución, se habilita el derecho de los trabajadores, y obviamente de sus sindicatos, para negociar su interés profesional a través del contrato colectivo o pacto sindical. Asimismo, como consecuencia de la libre gestión sindical, nuestro ordenamiento reconoce expresamente, como uno de los objetivos de la huelga, la firma, revisión o cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

Son, pues, prioridades del pacto sindical, el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores; el aumento de la productividad; el consolidar la unidad de intereses que inciden conjuntamente en el proceso económico; el fortalecer la paz, así como el promover las condiciones laborales mínimas protegidas en la ley. Sin embargo, en la realidad hodierna, la revancha patronal bien calculada abre paso a la recuperación de la flexibilidad en el trabajo como fórmula para estimular la iniciativa económica, y medrar de esta manera, la función protectora laboral del contrato colectivo de trabajo. Por lo mismo, "formado en tiempos remotos, este culto ha llegado hasta los umbrales del siglo XXI en una versión revisada y corregida, que asigna al derecho del Estado el papel de controlar la regulación de la que son capaces las representaciones sindicales".

De profundas raíces en nuestro sistema, pero superada por la praxis, esta tesis explica al contrato colectivo de trabajo como un instrumento social novedoso que pretende generalizar, mediante un proceso de autorregulación entre las partes sociales, las condiciones de trabajo que habrán de aplicarse dentro de la empresa o establecimiento. Se le considera, por lo mismo, como un convenio marco con carácter inderogable, al que deberán ceñirse los contratos individuales de trabajo que se firmen en la empresa. Ciertamente, en algunas de nuestras originarias legislaciones locales del trabajo, como la veracruzana, hacia la segunda década del siglo XX, este tipo de instrumento quedó regulado como un pacto normativo al que debían ajustarse los contratos individuales de trabajo; mas pronto se transformó en un contrato social, de ejecución inmediata.

Como una evidencia clara de su fuerza reivindicadora y su carácter clasista a favor de los trabajadores, la doctrina resalta y pondera que el marco tutelar que lo regula constituye una secuencia de la imposición en bloque de las condiciones generales de trabajo, a través de la legislación y la autorregulación de las partes sociales. Los caracteres citados y la naturaleza irreductible de sus estipulaciones le dan una función singularísima, de instrumento jurídico típico del llamado derecho social, ajeno y hasta contrario al contrato civil o mercantil.

Como pacto de naturaleza normativa, se atribuye a esta figura una función homogénea, unificadora y práctica de las relaciones y contratos individuales de trabajo, a los que integra y regula, en espléndida simbiosis. Se le considera entonces como una norma social que, sin merma en sus funciones tutelares y reivindicatorias, genera, sin duda alguna, situaciones jurídicas generales, abstractas y permanentes. Por lo mismo, en cuanto derecho autónomo y norma social, en la vida de la empresa, este pacto sindical conforma, en el ámbito de su eficacia, la disciplina jurídica de las relaciones particulares de trabajo.

En virtud del carácter reivindicatorio de sus fines y el soporte beligerante de las estrategias de negociación que presupone, el pacto sindical no constituye el mecanismo jurídico para resolver, de manera pacífica, los conflictos laborales. Representa más bien una plataforma para presionar a las empresas de manera periódica e irreversible, con objeto de lograr la adecuación de las condiciones laborales a los cambios de la vida económico-política.

Dentro del derecho mexicano, cuando menos formalmente, son los representantes sindicales, libremente designados por la organización profesional, los que negocian y orientan el pacto colectivo o sindical. Por lo mismo, no se configuran ni contemplan los delegados de personal, ni los comités de empresa de la experiencia europea, ni tampoco mecanismos como el shop stewards o el grievance comitte men, del sistema estadounidense, que habilitan a representantes extrasindicales para negociar el contrato colectivo.

Asimismo, la pérdida de la mayoría tiene como consecuencia la de la titularidad de este instrumento, si bien deberá de acreditarse a través del reconocimiento de la junta competente de conciliación y arbitraje, después de haberse agotado un procedimiento sumarísimo especial para probarlo. Tal disposición constituye, sin embargo, una intervención autoritaria del Estado que violenta la libertad sindical y la vida democrática de las organizaciones profesionales de los trabajadores. Su práctica ha comprobado que obstruye y retarda, de manera burocrática, la titularidad negociadora de los auténticos representantes sindicales de los trabajadores en la empresa. Ciertamente se precisa que un sindicato minoritario y, por consiguiente, sin representatividad, está imposibilitado para celebrar un contrato colectivo de trabajo.

Cabe recordar, por tanto, que la irrenunciabilidad in peius del contrato colectivo es, para Alfredo Montoya, una de las más importantes expresiones del principio pro operario. De esta suerte, hemos de aducir, en suma, que la revisión del pacto sindical es bienal por lo que toca a las condiciones generales de trabajo, y anual por cuanto concierne a los salarios, periodos que sólo podrán flexibilizarse por cuestiones de excepción. A la luz del derecho mexicano, el contrato colectivo de trabajo corresponde al esquema de aquéllos que se consideran de aplicación homogénea, pues su protección alcanza tanto a los trabajadores afiliados al sindicato firmante, como aquéllos que no fuesen miembros o integrantes activos del mismo.

La economía globalizada y la fuerza expansiva de la oligocracia con la pretensión de violentar la autonomía colectiva, al robustecer los monopolios internacionales, ha precipitado la política social obrera tanto a la especulación como al libre mercado de trabajo. Así, al exigir el congelamiento de las condiciones laborales ha pretendido abortar la negociación colectiva de trabajo y el pacto sindical. Frente al reto comercial y al desarrollo, so pretexto del impulso a la inversión y la necesaria atracción de capitales, no ha dudado en promover también, el control, la corrupción, el desaliento, y, de hacerse necesaria, la represión contundente de la vida sindical.

Mas cabe considerar que a despecho de los réprobos y la ambición fomentada en la coyuntura oportunista, la retoma de conciencia rendirá sus frutos, sin duda estallante en hechos; las ejecutorias más logradas de la dignidad y el sacrificio de la eterna pobreza que trabaja. Al exhibir sin escrúpulos, el baldón de la ignominia, el furor neoliberal sólo incentiva, con la justicia social, la articulación de la resistencia obrera que al fin deberá resplandecer en el plinto de la lucha, de la libertad y la esperanza.

IV. El derecho constitucional de huelga

Expresión cimera de la autotutela colectiva, la huelga se significa como uno de los puntales del derecho sindical y del trabajo. Enraizado en la estructura de la resistencia obrera, constituye un derecho sillar de las estrategias reivindicatorias del trabajo organizado.

Asumida, dentro de nuestro sistema, como un derecho constitucional, criticada por el neoliberalismo y por los regímenes totalitarios, la huelga se sataniza como un crimen contra la estabilidad y el desarrollo económico, pese a su moderna consolidación en los derechos humanos.

El legislador en México violenta, sin embargo, la libertad y la vida democrática, atreviéndose a fijar los objetivos permitidos de la huelga, privándole de su fuerza para presionar a las empresas. Este absurdo ha provocado que debamos distinguir entre fines (inmediato y mediato de la huelga) y sus objetivos formales o legales: aquéllos que se autorizan por el orden laboral vigente.

De esta suerte, en la ley se determinan como objetivos permitidos de la huelga: establecer el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los intereses del capital y del trabajo; exigir la firma, revisión y cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, así como del contrato-ley; reclamar el cumplimiento de las normas sobre participación de utilidades; estallar una huelga solidaria, así como demandar la revisión salarial del contrato colectivo, o en su caso, del contrato-ley. Mas el transgredir en esta forma la autotutela laboral por excelencia, desnaturaliza el sentido de la huelga, pues le priva de eficacia y de esencia reivindicatoria.

Por cuanto concierne, expresamente, al restablecimiento del equilibrio entre los factores de la producción, como objetivo de fondo corresponde a los huelguistas decidirlo de acuerdo con sus reclamos, y no como se pretende, que sean las autoridades quienes deban decretarlo. Asimismo, por lo que respecta a la huelga solidaria, se reconoce en la norma pero ha resultado nugatoria, pues jamás se ha estallado dentro de nuestro sistema, merced a la intervención represiva del Estado.

Limitar así, la huelga, significar atentar contra la paz, la justicia y el progreso, pretendiendo concentrarlo en el bienestar restricto del capital industrial y financiero, marginando al trabajo como clase y atentando contra las libertades. Como bien ha llegado a apuntarse: cuando para estallar una huelga deba recabarse previamente el permiso del Estado, se estará frente a una farsa.

Puede entonces colegirse que con el afán de fomentar la creación de mercados más amplios, se abaten con los contenidos reivindicatorios, los derechos colectivos que como la huelga, se contemplan como un atentado contra la estabilidad y el progreso económico de un capitalismo en auge, salvaje, auténticamente. Así muere la justicia, bajo el espejismo de una paz efímera y el perentorio bienestar de los humildes.

Con una visión formal, legalista por esencia, un sector de la dogmática sustenta, dentro de nuestro sistema, que la huelga se restringe a la mera movilización profesional de los trabajadores, para establecer el equilibrio de las relaciones de trabajo entre los factores de la producción, dentro del marco exclusivo de una empresa. Por lo mismo, margina y excluye todo tipo de presiones o estrategias realizadas tanto por el personal como por grupos o factores de poder ajenos a los vínculos jurídicos de carácter obrero-patronal, que pudieran violentar el proceso productivo o suspender las labores.

Impuestas por la experiencia, la dogmática distingue entre huelgas típicas y atípicas, entendiéndose que las primeras son aquéllas que la ley regula y que el personal estalla por motivos y con fines laborales. Las segundas, al contrario, obedecen a razones y objetivos metalaborales, contando en la realidad, con una muy amplia gama. De aquí se infiere el criterio de clasificar esta figura en huelga profesional o económica, y huelga de facto o no profesional. La primera se ajusta estrictamente a los requisitos señalados en la ley y se hace valer estrictamente por los trabajadores afectados. La segunda se utiliza, en cambio, para reivindicar o promover objetivos que no son laborales, ni estrictamente jurídicos, como los afanes económicos e inclusive los políticos. Se puede tratar, sin duda, de las huelgas de estudiantes o aquéllas, cada vez más frecuentes de la ciudadanía, para protestar contra la crisis o los desatinos oficiales.

Dentro de la fascinante variedad de las huelgas atípicas pueden destacarse las siguientes:

Tanto como forma de presión sobre los poderes públicos, en relación con la satisfacción de los intereses generales, no sólo profesionales de los trabajadores, como cuando su objetivo sea salvaguardar el principio de autodeterminación sindical, si el ámbito de operatividad del mismo resulta conculcado por la intervención o injerencia del Estado.

Frente a la existencia reiterada, cada vez más frecuente y abusiva del pago anticonstitucional de tan sólo el cincuenta por ciento de los salarios caídos durante el movimiento, tal como sucede en diversas universidades públicas, es muy sugestiva la existencia de las huelgas a singhiozzi (sollozos, en castellano) que sin abandonar los locales de la empresa, consisten en alternar breves interrupciones del trabajo con periodos de labores cortos.

Otra forma de huelgas atípicas, altamente eficaces en su práctica, y que evitan también el descuento de los salarios caídos, es la de las huelgas a scacchiera (o tablero de ajedrez), y en las cuales la abstención del trabajo se escalona, de manera alternativa, entre los diversos departamentos de la empresa, que al interrumpir su normal funcionamiento, impiden también el desarrollo de los repartos restantes. Así, sólo un grupo de trabajadores se declara en huelga durante un cierto periodo, anunciando que más adelante reanudarán su trabajo, encontrándose a disposición para realizar sus labores cotidianas el resto del personal.

Asimismo, se sostiene que cuando el objetivo de la huelga pretenda obtener el aumento de salarios o el mejoramiento de las condiciones generales de trabajo, los trabajadores habrán de acudir al procedimiento para los conflictos colectivos de naturaleza económica, lo que no se entiende lógico, ni mucho menos congruente con la figura jurídica de la autodefensa sindical. Sin embargo, se condicionó el acopio de la huelga, dando la oportunidad de alertar a los patrones, entre otros muchos efectos, para que oculten sus bienes, amenacen a los inconformes o conjuren la acción de los huelguistas, privándose a este derecho del factor sorpresa y de su fuerza.

Dentro de su anticonstitucional regulación como procedimiento a través de una medida atentatoria de la esencia social y reivindicatoria de dicha figura, el legislador ordinario estableció que la Junta no podrá dar trámite al emplazamiento a huelga:

* Si en el mismo no se cumplen los llamados requisitos de fondo, forma y mayoría de la misma.

* Si no lo presenta un sindicato que acredite ser el titular o el administrador de los pactos sindicales respectivos.

* Si se reclama la celebración de un contrato colectivo, de encontrarse otro firmado y depositado con antelación, lo que deberá asentarse en autos.

Hemos de agregar, en fin, como lo hemos señalado reiteradamente, que en los laudos de los juicios, cuando se trate de huelgas, deberá de condenarse a los patrones para que además respondan por los ajustes financieros que resulten del desgaste inflacionario, las devaluaciones monetarias operadas y el pago correspondiente de los intereses bancarios generados por los salarios caídos durante la huelga. Mientras tanto, trastocada en procedimiento, esta figura se orienta a la lucha clandestina, anticipando el repunte de las coaliciones proletarias que habrán de buscar manifestarse en la movilización de facto: expresión espontánea y contundente de la reivindicación obrera. Y es que al advertir la coptación y el afán de control burocrático de la autodefensa colectiva, la organización sindical de los trabajadores optará por la lucha social y la fuerza de la acción directa.

De esta suerte, controlada la eficacia de la huelga y a merced de los excesos liberales, los cuadros financieros del eficientismo y la productividad a ultranza, amén de la crisis recurrente, más la corrupción que reina, tan solo desatarán la reacción concatenada de quienes padecen por sistema la marginación y la pobreza. Pues resulta incuestionable que ante el vórtice de fuego, la irresponsabilidad de las empresas violenta las jornadas tutelares, los salarios remuneradores, la autonomía colectiva y las libertades sindicales, pretendiendo abandonar el destino y dignidad de los trabajadores al juego de la oferta y la demanda en el turbio e insólito mercado de la fuerza de trabajo. Mas late la indignación de quienes claman justicia: la esperanza que muere lentamente en el pragmatismo de sus frustraciones.

Víctimas del neoliberalismo ultramontano, los trabajadores repuntarán contundentes frente a las anticonstitucionalidades del despido en masa, las jornadas exhaustivas, la justicia de consigna, la supresión oficial de las jubilaciones, el congelamiento de salarios, las cargas impositivas arbitrarias y confiscatorias, o la merma reiterada de las prestaciones esenciales de seguridad social moderna, con la hidalguía apasionada de la resistencia obrera y la lucha organizada.

² Cfr. Charis Gómez, Roberto, Estudios de derecho del trabajo, México, Porrúa, 1997, p. 55. [ Links ]

³ Rodríguez Mancini, Jorge et. al., Curso de derecho del trabajo y de la seguridad social, Buenos Aires, Astrea, 1993, p. 435. [ Links ]

⁴ Cfr. Fernández Arras, Arturo, Huelga y libertad sindical en el umbral del siglo XXI. Libertad sindical, México, UNAM-UAM-FAT, 1999, p. 177. [ Links ]

⁵ Rodríguez Mancini, Jorge et al., op. cit., nota 4, p. 438.

²³ Rodríguez Mancini, Jorge et al., op. cit., nota 3, p. 507.

⁴¹ Cfr. Fernández Arras, Arturo, op. cit., nota 4, p. 176, y Santos Azuela, Héctor, Derecho del trabajo, México, McGraw-Hill, 1998, p. 427. [ Links ]

# data[].attributes.attachment_link.title
El derecho constitucional de huelga y el moderno derecho sindical

# data[].attributes.body
“Artículo 123.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros…”.

# data[].attributes.attachment_link.title
Primera huelga en México 1582 | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México

# data[].attributes.attachment_link.description
“La abstención colectiva y concertada del trabajo por los trabajadores, sea por un grupo de ellos, por una asociación gremial, por la mayoría de quienes trabajan en una o varias empresas, con abandono de los lugares de trabajo, con el objetivo de hacer presión sobre el patrono o empresario, a fin de obtener el reconocimiento de una pretensión de carácter profesional o con el propósito de preservar, modificar o crear nuevas condiciones laborales.” Guillermo Cabanella

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores, organizaciones y sindicatos pueden convenir:

Salarios justos

Condiciones de trabajo adecuadas y de seguridad y salud

Lo anterior contribuye a la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales.

La negociación colectiva busca la irrenunciabilidad de derechos y la estabilidad en el empleo, de ahí que, su función principal es la de proteger al individuo que trabaja.

Es un apéndice del sindicalismo y los contratos colectivos de trabajo estimulando el diálogo social que resulta beneficioso para el entorno laboral, en las empresas y, por ende, para el desarrollo económico del país.

El objetivo principal de la negociación colectiva es:

Fijar las condiciones de empleo; lo que incluye horarios de trabajo, vacaciones, permisos, sanciones, etc.

Regular las relaciones entre empleadores y trabajadores; incluyendo la relación entre las organizaciones que los representan. Además de la creación de canales de comunicación entre trabajadores y empleadores, gestión de conflictos y formas de participación en la empresa (reparto de ganancias, pago con acciones, etc.), entre otros.

Establecer las escalas salariales, bonos, incentivos, etc.

Lograr un acuerdo o convenio colectivo aceptado por ambas partes definiéndolo como una garantía de diálogo, derechos de opinión, reunión y acción sindical.

Sistemas fundamentales de negociación colectiva

Existen dos sistemas fundamentales de negociación colectiva, ¿cuáles son?

Formal. La negociación se hace bajo las normas establecidas por la legislación de cada país.

El acuerdo en este caso es obligante y la negociación se hace bajo reglas establecidas en cuanto al procedimiento, requisitos, sujetos negociadores y plazos.

Informal. La negociación se realiza bajo las normas o reglas definidas por las mismas partes negociadoras, fuera del marco de la regulación nacional; es por esta razón que la negociación no es legalmente obligatoria, pero debería ser respetada por las partes (de común acuerdo).

¿Dónde podemos encontrar regulada?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló una serie de convenios y recomendaciones relacionados al tema que México ha ratificado.

Los principales son los siguientes:

Convenio sobre la negociación colectiva de 1984 (núm. 154)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

Convenio sobre las relaciones de trabajo de la administración pública, 1978 (núm. 151)

Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 163)

Derivado de la reforma laboral del 2019, se busca reforzar una verdadera negociación colectiva entre el sindicato y los trabajadores para evitar cualquier tipo de simulación en la celebración de contratos colectivos de trabajo (CCT).

Contar con procedimientos asegurará que los trabajadores conozcan el contenido del CCT previo a la votación y a través del voto personal, libre, directo y secreto se contará con el respaldo de la mayoría de los trabajadores.

En Stratego sabemos cómo lograr el diálogo entre el patrón, trabajadores y sindicatos, a cércate a nosotros si aún no sabes cómo integrarte al Nuevo Modelo Laboral.

# data[].attributes.attachment_link.description
La negociación colectiva es un apéndice del sindicalismo y los contratos colectivos de trabajo que estimula el diálogo social que resulta beneficioso para el entorno laboral. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social, a través del cual los empleadores,

# data[].attributes.headline
La importancia de la negociacion colectiva en las relaciones laborales

# data[].attributes.subject
La importancia de la negociacion colectiva en las relaciones laborales

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
OBJETO Y TIPOLOGÍA DE LA HUELGA POR SU RGIMEN JURÍDICO
SUMARIO: I. Fines y objetivos legales de la huelga. II. Tipologa de la huelga en el derecho mexicano del trabajo. III. Avatares y sistema de la huelga lcita. IV. Calificacin y rgimen de la huelga ilcita. V. Otros tipos de huelga econmica. VI. La huelga profesional en el trabajo burocrtico. VII. Terminacin de la huelga.
I. FINES Y OBJETIVOS LEGALES DE LA HUELGA
De acuerdo con el principio de libertad sindical, corresponde a los trabajadores determinar cules son los fines que pretenden alcanzar a travs de la proclamacin y, en su momento, del estallamiento de la huelga. De esta suerte, con el sentido y oportunidad de los intereses profesionales que persiguen los huelguistas, stos son quienes deciden cmo disear sus estrategias reivindicatorias, y en qu forma hacer valer sus pretensiones jurdicas frente a quienes consideran que violentan sus derechos.

Desde sus orgenes, y como un elemento inherente al derecho constitucional de huelga, debe considerarse el aspecto de sus fines que pueden ser tan diversos y en su caso, tan complejos, como peculiares sean la situacin y los propsitos que persigan los trabajadores. Lo contrario, o siquiera la intencin de limitar dichos fines fuera de la voluntad e intereses que persigan los huelguistas, equivale a transgredir el alcance y real sentido de la autonoma colectiva de los trabajadores. Y no es vlido invocar que la razn y el Estado de derecho son la justificacin y lmite necesario de todas las pretensiones, porque en verdad se desprende que hay valores y principios que son un coto obligado al proceder ordenado del hombre, de acuerdo con la justicia y el bienestar general.

Pero al igual que respetar el inters ajeno, todo hombre tiene el derecho, y en la especie, los trabajadores, de que se respete su integridad, su existencia y su dignidad personal y familiar, con motivo y ocasin de su trabajo. Por lo mismo, cuenta el trabajador con la potestad de decidir, en conjunto con sus compaeros, la forma e intensidad de sus movilizaciones de lucha y resistencia sindical para enfrentar el abuso del patrn o inclusive del Estado, cuando desconozcan o violenten su inters profesional. De esta suerte, es manifiesto que los fines de la huelga dependen de lo peculiar y cambiante que resulten las causas que precipiten los conflictos colectivos y que incidan en una huelga profesional, econmica o atpica.

Sin embargo, es factible sostener, a travs de un esfuerzo de sntesis, que esos fines diversificados pueden reducirse a dos vertientes:

La defensa de los intereses profesionales de los trabajadores, y

La promocin permanente y progresiva de sus reivindicaciones.

En rigor es factible subdividir los fines torales de la huelga en dos sentidos:

Inmediato o de carcter econmico, que regularmente se traduce en la lucha por salarios suficientes y condiciones remuneradoras del trabajo, que propicien, en el corto plazo, una vida decorosa.

El segundo sentido de la huelga, soporte e inspiracin de su eficacia, es su finalidad poltica, realizable a largo plazo, y que pretende lograr, la transformacin estructural de un rgimen econmico de explotacin, por otro ms acabado, que trasluzca el bienestar y aspiracin legtima de los trabajadores a un Estado de derecho y a la justicia social. La dimensin y carcter de las reivindicaciones perseguidas corresponde, en forma exclusiva, a los propios sujetos activos en el mbito de esta figura; vale decir, a los trabajadores coaligados y especficamente huelguistas.

Mas en el derecho mexicano, en clara contradiccin con la libertad sindical y el espritu social del derecho del trabajo, se arrebata a los trabajadores el derecho a decidir los fines de sus huelgas, para que el legislador venga a ser quien determine el objeto de las mismas. Es decir, que en forma inslita, si la huelga ha alcanzado el carcter de un derecho constitucional, el Estado neutraliza su eficacia, al determinarse expresamente, en el artculo 450 de la Ley Federal del Trabajo, cules son sus posibles objetivos.

Este absurdo nos obliga a distinguir entre fines esenciales de la huelga, por un lado, y sus objetivos legales, por el otro. En esta virtud, el legislador seala como objetivos expresos de la huelga, los siguientes:

a) Conseguir el equilibrio entre los factores de la produccin, armonizando los intereses del capital y el trabajo, disposicin consignada en la fraccin XVIII del apartado A del artculo 123 de la Constitucin, as como la fraccin I del artculo 450 de la ley.

El criterio burocrtico reinante en nuestros tribunales de trabajo, pretende reducir la problemtica de la determinacin del equilibrio entre los factores de la produccin a la autorizacin de las autoridades laborales y a los casos de celebracin o revisin del contrato colectivo o del contrato-ley. Absurdo resulta pretender aniquilar la libertad sindical y el carcter constitucional de la huelga como uno ms de los derechos humanos, al intentar impedir que sean los trabajadores quienes determinen en qu casos y bajo qu condiciones se ha alterado, en su prejuicio, el equilibrio econmico en la empresa.

Como derecho, la huelga habilita a los trabajadores para decidir cundo y en qu condiciones han de presionar a las empresas y al Estado, para conseguir sus pretensiones y reestablecer el equilibrio que consideran alterado en su perjuicio. El marco formal y los criterios para tramitar los incidentes de calificacin de la huelga, y en la especie de la ilicitud, se tratarn con detalle al analizar el procedimiento de la huelga.

b) Otros objetivos de dicha figura, sealados por el legislador, son exigir la firma o, en su caso, la revisin o cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley.

c) Otro objetivo consiste en requerir a la empresa la observancia de las normas atinentes a la participacin de utilidades.

d) Un objetivo importante y sugerente de la huelga es apoyar otro movimiento huelgustico realizado conforme a los trminos de ley y que, como ya lo he sealado, se conoce, en la dogmtica, como huelga solidaria o por simpata.

e) Finalmente, otro objetivo especfico reconocido por el legislador es exigir la revisin anual de los salarios en los contratos colectivos de trabajo o, en su caso, del contrato-ley, disposicin adicionada durante el echeverriato con el fin de compensar los estragos de las devaluaciones y la crisis que se precipit.
II. TIPOLOGÍA DE LA HUELGA EN EL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO
Contrastante con la movilizacin de facto, expresin de resistencia frente a la opresin y los excesos del Estado liberal decimonnico, la huelga se legitima y repunta formalmente, alcanzando la consagracin de derecho constitucional, con el pensamiento social contemporneo. Regulada jurdicamente y sujeta a una serie de lmites legales, esta figura se trata y es considerada en la dogmtica con el nombre de huelga econmica, profesional o legtima.

Mas es muy interesante que, circunscrita al carcter de derecho peculiar y privativo del trabajador subordinado, pierda fuerza y reduzca sus alcances en relacin con el mpetu de la movilizacin de resistencia, en la gama de la accin directa. Ha de ponderarse, entonces, que pudieran estimarse ilcitas las huelgas realizadas por agentes que no sean asalariados, es decir, trabajadores libres o personas vinculadas a la empresa por relaciones jurdicas que no son laborales; tal como ocurre, por ejemplo, con los partidos polticos, grupos de presin, estudiantes, ciudadanos, toreros o inclusive amas de casa.

Mas en la praxis ocurre que tal tipo de movilizaciones se presentan muchas veces, y que ante la resistencia, civil o coyuntural, de sectores especficos que no pertenecen al mundo del trabajo, las autoridades laborales han debido tolerarlas. De ello se vendr a abundar tanto en las huelgas atpicas como en la resistencia sindical. Estudiadas dentro de la dogmtica como huelgas econmicas, lo que tcnicamente no es muy riguroso, estas movilizaciones se traducen en la paralizacin temporal de las labores, efectuada por los trabajadores para la defensa y promocin de sus condiciones laborales. Se trata, por consiguiente, de reducirlas en el marco legal, a un simple expediente jurdico-formal, circunscrito a los problemas que derivan de las relaciones de trabajo, por obra y proclamacin de los trabajadores subordinados de una empresa; la que se encuentre afectada por el conflicto de huelga.

Limitadas al absurdo y con un muy pobre espectro, este tipo de huelgas violenta el sentido sustancial y reivindicatorio de la autonoma colectiva del trabajo, y, desde la perspectiva procesal, el alcance de la autodefensa. Sin embargo, clamarn los voceros del conservadurismo que a travs de su reconocimiento, dentro del derecho positivo, las huelgas son promovidas con apoyo del gobierno y sin duda estimuladas en perjuicio de la empresa.

Dentro del derecho mexicano, con abundancia de cotos y disposiciones restrictivas, tan slo tiene cabida la huelga profesional, misma que en funcin de su rgimen jurdico nos da pauta para analizar su impacto y tipologa.

A la luz de este criterio, no ayuno de comentarios y filones polmicos muy interesantes, las huelgas se clasifican, dentro de la Ley Federal del Trabajo en:

Existentes

Inexistentes

Lcitas

Ilcitas

Justificadas, y

Por solidaridad

Mencionadas, casi todas, de manera expresa dentro de la Constitucin federal, en las fracciones XVII y XVIII del apartado A del artculo 123, ms que especies de huelga se trata de diversos tipos de incidentes procesales. En efecto, por su funcin y sistema son diferentes figuras de procedimientos breves, vinculadas subsidiariamente, al procedimiento principal de huelga, para tramitar y resolver la calificacin de la procedencia de la misma.

Es menester precisar que el anlisis pormenorizado de la tramitacin de estos ritos procedimentales se realizar, posteriormente, dentro del material atinente, en concreto, al proceso de huelga.
1. Huelga existente
Con esta connotacin -que deriva del equvoco concepto de la huelga entendida y regulada como acto jurdico-, dentro del derecho patrio, as se ha denominado, no a la movilizacin obrera, sino al trmite de tipo procesal que, para operar la interrupcin temporal de las labores, rene los requisitos de fondo, forma y mayora que la ley determina, expresamente, para el estallamiento de la huelga.

Cabe resaltar, por otra parte, que con las reformas procesales de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, se reincorpor el trmino de huelga "legal", suprimido expresamente en 1970, con el propsito claro de volver a regular esta figura con sinuosos manejos procesales. Le sujeta, nuevamente, al tratamiento restricto que la torne proclive y vulnerable ante el retorcimiento formal de la hermenutica forense y la propia justicia de consigna, al servicio de los grandes capitales y la apertura econmica.
2. Huelga inexistente
Dentro del derecho patrio, con este nombre se indica la huelga que se realiza sin cubrir, de manera completa, total o tan slo parcialmente, los requisitos de fondo, forma y mayora que la ley establece expresamente. En tal virtud constituye la limitacin ms importante al derecho irrestricto de huelga, que en contraste con su reconocimiento en el marco de la Ley Suprema lo neutraliza y altera a travs de la ley reglamentaria.

Mediante esta plataforma procesal se condiciona el acopio de la autodefensa reivindicatoria, proletaria por antonomasia, al permiso y consideracin de las autoridades; en la especie, de manera lamentable, a una autntica autorizacin de la Junta competente de Conciliacin y Arbitraje.

Como ya se ha sealado, al desnaturalizarse el derecho de huelga, transformndolo, dentro de nuestro derecho, en slo un procedimiento, el manejo de su inexistencia se ha convertido, tambin, en un incidente procesal con objeto de que la Junta competente de Conciliacin y Arbitraje califique y "autorice" su realizacin. Conviene entonces poner de relieve que su rgimen y trascendencia repercuten gravemente sobre la libertad y la democracia sindicales, al pretender poner coto a la autodefensa colectiva, amn de intentar legitimar la injerencia absorbente del Estado en el marco y alcances sociales de la huelga, prstina expresin de la resistencia obrera y la manifestacin ms acabada de la reivindicacin profesional.

En su marco positivo, dentro del derecho patrio, la huelga es, en concreto, inexistente cuando la misma se estalle por un nmero inferior de trabajadores al sealado, para tal efecto, en la fraccin II del artculo 451 de la Ley Federal del Trabajo. Tal formalidad es conocida como el requisito de mayora de la huelga.

Por otra parte, la existencia de la huelga se condiciona, tambin, a que la misma persiga alguno de los objetivos precisados por el legislador en el artculo 450 de la ley, y en esencia, el propsito de reestablecer el equilibrio econmico violado, considerndose como inexistente aqulla que no est orientada en tal sentido. Tendr por lo mismo este carcter aquella huelga que estalle sin buscar cumplir con el requisito de fondo, segn la dogmtica.

Huelga inexistente, en fin, es aquella que se estalla con la omisin de los elementos procedimentales, recogidos en el artculo 920 de la ley, y que la doctrina estudia como requisitos de forma de la misma.

Fijar un trmino de veinticuatro horas para que los huelguistas retornen al trabajo.

Apercibirlos de que se terminar su relacin de trabajo si no acatan la resolucin, salvo que mediara alguna causa que pueda justificarlo.

Que en tal caso, el patrn quedar en libertad para contratar nuevos trabajadores sin que incurra, para tal efecto, en ninguna responsabilidad.

Igualmente, se decretarn, llegado el caso, las medidas necesarias para poder realizar la reanudacin de las labores.

Como se puede advertir, so pretexto de dimensionar el ejercicio y efectos del derecho constitucional de huelga, que no puede ni debe entenderse como potestad jurdica absoluta, se pretende someter su fuerza y dinmica de resistencia a figuras procesales, rutinarias y formales de naturaleza incidental. De esta suerte, al depender la contundencia social de la accin directa, va la huelga, de la complacencia del Estado, en la actualidad filtrado por el transpersonalismo econmico y el rumbo neoliberal, se vuelve a desatender el origen de dicha figura, emergente de la lucha y reaccin articulada del trabajo, por la justicia social.
III. AVATARES Y SISTEMA DE LA HUELGA LÍCITA
Siempre, dentro del rgimen jurdico, a la luz del derecho mexicano, la huelga se subdivide en lcita e ilcita, a travs de un cuestionable si no inslito sistema. En principio, nuestra carta poltica previene que las huelgas sern lcitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la produccin, armonizando los derechos del capital y del trabajo (artculo 123, apartado A, fraccin XVIII, de la Constitucin).

De esta suerte, en el marco constitucional se hace coincidir el requisito de fondo de las huelgas existentes, con el principio toral y objeto distintivo de la huelga lcita, consistente en concordar los afanes antagnicos de los trabajadores y la empresa, para conseguir la equidistancia y sana concertacin de sus intereses profesionales y de clase, en aras de preservar, con la solucin de sus conflictos, el bienestar general.

Cabe relevar, no obstante, que existe incongruencia y falta absoluta de rigor legal, al manejar sin sentido y contrario a toda lgica los conceptos de licitud e ilicitud, como caracteres distintivos del estallamiento de la huelga. Tal aserto compartido por un amplio sector de la doctrina, se desprende, como se detallar en seguida, de la imprecisin o necedad de denominar ilcita a un cierto tipo de huelga que no es necesariamente la contraria de la lcita. Antes, me atrevo a decir que tienen por objetivos, fijados expresamente por el legislador, cuestiones diversas y lejanas de los requisitos de fondo, forma y mayora. O dicho en otras palabras, a reserva de profundizarlo dentro de un estudio expreso sobre el proceso de huelga, es considerada ilcita una huelga diferente a la contraria, a una lcita, y que en lgica sera aqulla que no pretende conseguir el equilibrio entre los trabajadores y la empresa.

Mediante la frmula del texto constitucional (fraccin XVIII del apartado A del artculo 123) se plantea la interrogante de si la determinacin de la existencia de dicho desequilibrio corresponde a la Junta de Conciliacin y Arbitraje competente, o bien a la coalicin huelguista. A mi juicio es evidente que dicha facultad corresponde a los trabajadores, que al sentir afectados sus derechos decretan la utilizacin de esta estrategia, en acopio de su libertad sindical y a travs de su cabal autonoma colectiva, como coalicin reconocida.

A mi juicio, este criterio ajustado a las mltiples formalidades con que pretende envolverse el ejercicio y peso reivindicatorio de la huelga, desnaturaliza su concepto y fuerza real con que le dot el propio movimiento obrero, adoptndola como un instrumento de autodefensa y justicia. De esta suerte, en la llamada huelga lcita, a mi entender es muy claro que la consecucin del equilibrio econmico entre los factores de la produccin no es potestad atinente, sujeta a la decisin y criterio de las juntas competentes.

Dentro de este orden de ideas se estima que:

Disiento de este criterio, prevaleciente, por cierto, en nuestra "judicatura" del trabajo, pero que se cie a los prejuicios de imponer limitaciones, lo ms severas posibles, a la libertad sindical y a la llamada autonoma colectiva. En efecto, y a la luz del derecho comparado, si es que as conviene a los intereses profesionales de los trabajadores, de acuerdo con su criterio de lo que es desequilibrio entre todos los factores de la produccin, los obreros pueden requerir el ajuste de su contrato colectivo de trabajo, mediante el acopio de la huelga, en el momento que lo consideren oportuno.

En sistemas como el italiano, de vigorosa experiencia reivindicatoria obrera, esta prctica es frecuente, razn por la que se pactan clusulas de tregua sindical para no estallar la huelga con motivo de la modificacin del contrato colectivo de trabajo, por lo menos durante dos o tres meses. Recurdese que la huelga es un derecho reivindicatorio e irrestricto de los trabajadores que no puede violentarse a travs de los filtros oficiales ni los instrumentos represivos de la empresa o el Estado. Por otra parte, dentro del ordenamiento patrio, es factible, cuando menos formalmente, exigir la revisin del contrato colectivo, si se quiere al da siguiente de haberlo firmado o revisado, toda vez que basta presentar la solicitud, para dichos efectos, cuando menos con sesenta das de antelacin al transcurso de dos aos. Al efecto, es procedente presionar a travs de la huelga, inclusive autorizada para ello, dentro de los objetivos sealados en las fracciones II, III y IV del artculo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Lo curioso y lamentable es que pese a la injusticia y permanente violacin de sus derechos constitucionales en materia obrera, los trabajadores y sus organizaciones sindicales, jams utilizan esta potestad, inconscientes de que los mismos se pierden al no ser utilizados ni exigidos por sus titulares.
IV. CALIFICACIÓN Y RGIMEN DE LA HUELGA ILÍCITA
Siempre al tenor de la ley y en claro detrimento de la libertad sindical, es considerada ilcita la huelga que se proclama y estalla por la mayora de los trabajadores de la empresa, en dos supuestos:

Si se realiza mediante la comisin de actos violentos contra la persona o propiedades del patrn o sus representantes, si es que aqullos se realizan por la mayora de los trabajadores huelguistas, o

En este sentido, la comprobacin mayoritaria de los trabajadores de la empresa para estallar la huelga es considerado incomprobable, ya que se antoja imposible adivinar cundo habrn de presentarse los hechos violentos, as como verificar el nmero cierto de huelguistas que participaron en las conductas proscritas. En efecto, si se observa con detenimiento en el texto constitucional vigente, multimencionado en este ensayo, no se especifica expresamente que la declaracin de la huelga deber ser acordada por la mayora aritmtica de los trabajadores dentro de una empresa o negociacin, segn apuntaba en ctedra el maestro Trueba Urbina.

La necesidad de que los actos violentos fueran realizados por la mayora de los huelguistas tuvo, sin embargo, su razn de ser, en la posibilidad de que se utilicen agitadores filtrados que provoquen el caos entre la masa y realicen los daos censurados, encubiertos en el anonimato. De aqu tambin se desprende que slo podrn ser despedidos aquellos trabajadores a los que se compruebe, expresamente, su culpa en la comisin de los daos inferidos, desde luego gravemente, sobre las personas o las propiedades, y se exonerar a aqullos que slo se hayan sumado al paro de las labores.

Apntese, por ahora, que la prueba toral utilizada para cuestionar o comprobar la mayora, dentro de los conflictos de huelga, es el recuento, mismo que podr solicitarse hasta despus de estallado el movimiento; precisamente, dentro de las setenta y dos horas siguientes al paro de las labores, mediante la interposicin del incidente de inexistencia de huelga. A mi juicio, el requerimiento de la mayora de referencia no slo limita el libre estallamiento de la huelga, sino que reduce su eficacia y contribuye a circunscribirla solamente, al mbito restricto de la empresa.

Un sector de la dogmtica sostiene, que es evidente que la Constitucin federal hace alusin a dos conceptos diversos, referentes a la ilicitud: "El primero derivara de la falta de objeto de la huelga, ya que el equilibrio deber lograrse cuando se cumplan los objetivos que marca el artculo 450 de la Ley". Mas el problema consiste en que a dicha situacin el legislador la califica como inexistencia. "La segunda situacin, esto es, los actos de violencia s generan ilicitud, aunque el gran problema radica en esa imposible comprobacin -o casi imposible- de que es la mayora de los trabajadores la que comete esos actos contra las personas o las propiedades [...] Una especie de Fuenteovejuna pero en pasivo", concluye con irona y gran certeza Buen.

Como ya se haba apuntado, resulta contradictorio que se denomine ilcita a un tipo de huelga cuyos objetivos no son los contrarios, sino ajenos y totalmente diversos a aquellos que determinan la llamada huelga lcita. Dentro de este orden de ideas y fuera de toda lgica, no se denomina ilcita a la huelga que no se dirije a lograr el equilibrio entre los factores de la produccin, ajena por consiguiente, al deseo de armonizar los intereses del capital y del trabajo.

Enmarcada en los principios del derecho adjetivo, la ilicitud de la huelga deber de requerirse mediante el procedimiento ordinario regulado para los conflictos jurdicos de trabajo. Buen considera, en cambio, que "el procedimiento que se sigue es, de acuerdo con lo ordenado en el artculo 464, el mismo que se utiliza respecto de la inexistencia". Mas resultan diferentes los efectos de la declaracin de ilicitud, pues se dan por terminadas las relaciones de trabajo de los sujetos huelguistas. En efecto, si una huelga es declarada ilcita, habrn de rescindirse los contratos de trabajo y el patrn quedar en libertad de celebrar otros nuevos, amn de las consecuencias y responsabilidades ya penales o civiles que generen los trabajadores al suspender las labores.

En el marco del derecho comparado se sostiene que a partir de la premisa de que en tanto que las huelgas ilegales son antijurdicas en todos los supuestos, los actos ilcitos o abusivos slo lo son iuris tantum, toda vez que es admisible la prueba en contrario sobre los supuestos de su ilicitud o exceso. En esta virtud, un sector de la doctrina entiende que "se presumen ilcitas o abusivas las denominadas huelgas rotatorias, las huelgas llevadas a cabo por trabajadores o empleados en sectores estratgicos, en las huelgas de celo o reglamento, y en general, los actos que alteren colectivamente el trabajo, sin ajustarse al modelo legal de la huelga". De dichas figuras habr de ocuparme en un espacio ex profeso para el estudio de la lucha sindical y las manifestaciones de la accin directa, entre las que se encuadra la huelga y las diferentes tcticas de la resistencia obrera, las que estimo deben estudiarse con gran apertura, como opciones viables de reivindicacin frente a los prejuicios y trampas formales del mundo neoliberal. Con ello, hago hincapi en la necesidad de ponderar las diversas formas de huelgas atpicas, en su justa dimensin vital, como contrapeso a los abusos en el ejercicio del poder y la distorsin continua de los marcos jurdicos vigentes, malformados al servicio de los grandes intereses econmicos, fuera del sentido y rumbo del derecho social contemporneo.

La huelga no lcita

En forma convencional, al margen del texto del legislador, y tan slo para efectos didcticos, se afirma que entre las huelgas lcita e ilcita, cabe hablar de la no lcita. Se trata de aquella a la que hemos aludido algunas lneas arriba y que se utiliza por las coaliciones de trabajadores, sin ajustarse al dictado de obtener el equilibrio entre el capital y el trabajo, como frmula de autodefensa o estrategia reivindicatoria.

Se podra tratar del caso de huelgas irreflexivas, otrora llamadas locas, y que por su cercana o identificacin con la venganza, la justicia privada o la presin arbitraria, para un avasallante sector de la dogmtica, deben proscribirse. Es el supuesto, tambin, de aquellas suspensiones unilaterales de labores, por obra de los huelguistas, sin intencin de acudir a la autocomposicin profesional ni al arreglo razonable del conflicto colectivo.

Estos argumentos vlidos dentro de una concepcin convencional, que formalmente conceden la ms amplia intervencin del Estado en la reglamentacin y prctica de la huelga econmica o profesional, resultan irrelevantes para los estudios de avanzada, que sostienen el carcter intocable e irrestricto de la huelga revolucionaria. Mas paradjicamente, al meditar sobre el tema, no deja de ser curioso que el repunte liberal, atento a los retos de la modernizacin y la apertura comercial, no admita, en el caso de la huelga, la abstencin absoluta del Estado, reclamando su participacin para proscribir la autodefensa.
V. OTROS TIPOS DE HUELGA ECONÓMICA 1. Huelga justificada
Dentro del ordenamiento mexicano, el legislador define la huelga justificada como aqulla que se lleva a cabo, por motivos imputables al patrn. Sus efectos ms sealados consisten en que de calificarse de esta suerte, obligan al patrn a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios cados, de los cuales fueron privados hasta la normal reanudacin de las labores. Trueba Urbina considera, por su parte, que la huelga imputable o justificada "es aqulla en la que se comprueba cualquiera de los objetivos de la huelga que hubiere sido declarada existente o lcita; en tanto que la huelga inimputable al patrn es aqulla en que no se logr comprobar cualquiera de los objetos de la huelga; la base para la declaracin de la imputabilidad e inimputabilidad es la resolucin en que la huelga se hubiere declarado lcita o existente".

La tramitacin de la imputabilidad de la huelga, en su momento, deber promoverse por iniciativa de los trabajadores (a instancia de parte), ya que, como en otras figuras laborales, los patrones se encuentran impedidos jurdicamente para hacerlo. Si, por el contrario, la resolucin declara que la huelga fue injustificada, el patrn quedar exonerado de la responsabilidad en el conflicto, al margen de que se requerir, a travs de la junta competente, el retorno a las labores.

Es en fin, pertinente sealar, que tanto la huelga lcita como la inexistente pueden ser calificadas como justificadas o imputables al patrn, lo que no se puede dar con las huelgas inexistente o ilcita.
2. La huelga solidaria
En contra de la dogmtica, dentro del derecho mexicano es reconocida expresamente la huelga por solidaridad, reconocida dentro de la fraccin VI del artculo 450 de la Ley Federal del Trabajo, si bien en la prctica ha resultado nugatoria, merced a la predisposicin del sistema para propiciar su prctica y a la propia negligencia de los trabajadores o de sus agrupaciones que jams la han realizado. De la misma habr de ocuparme con mayor profundidad al hablar de la lucha sindical y la accin directa del trabajo, marco dentro del cual es tratada por la mayora de los autores, a la luz del derecho comparado. Por ahora, y en virtud de formar parte de las huelgas que en principio tienen un reconocimiento y rgimen expreso dentro de nuestro derecho positivo, aunque ste sea nugatorio como sucede en la especie, realizar una semblanza sobre su idea y eficacia.

El legislador la reconoce circunscrita solamente al propsito de dar apoyo a otra huelga realizada legalmente, y que tenga por objeto alguno de los supuestos comprendidos dentro del artculo 450 de la ley. Excluye la opcin frecuente, contemplada en el derecho comparado, de suspender las labores, de manera temporal y articulada, por los trabajadores para solidarizarse con alguno de sus compaeros, ya sea por su despido sin motivo o por padecer una injusticia. Puede tratarse tambin de la paralizacin de labores que los obreros realizan como forma de presin y resistencia para impedir que la empresa despida a su libre arbitrio, a alguno de sus dirigentes sindicales.

Siempre en relacin con la huelga solidaria, apuntaba en otra obra, que "criticada como un atentado contra la estabilidad econmica y la seguridad general, este tipo de huelga pretende provocar la intervencin niveladora del Estado o robustecer la fuerza de una ya estallada, para presionar a la aceptacin de las prestaciones recla-

madas". Por lo mismo, se le estudia ya como una huelga atpica o una estrategia de reaccin obrera sui generis, en todo caso cercana a las frmulas heterodoxas de la resistencia sindical. De esta suerte, vista su eficacia nugatoria y su virtual inaplicabilidad dentro de nuestro sistema, me lleva a considerarla, propiamente, como una huelga especial, vinculada a la poltica, y que ms bien ha de tratarse en las figuras atpicas del derecho sindical.
VI. LA HUELGA PROFESIONAL EN EL TRABAJO BUROCRÁTICO
Dentro del derecho mexicano del trabajo, en el amplio contexto de la huelga profesional o econmica como derecho privativo e irrestricto de los trabajadores subordinados, pueden tambin sealarse los siguientes tipos, por lo que hace a los servidores pblicos: huelga legal y huelga ilegal.
1. Huelga legal
A la luz de la experiencia patria, y ciertamente tambin en la doctrina, se llama huelga legal a aquella suspensin temporal y concertada del trabajo, llevada a cabo por los trabajadores al servicio del Estado para la defensa y promocin de sus intereses colectivos, siempre que la misma se encuentre ajustada a los requisitos legales correspondientes. Constitucional y legalmente, la huelga legal burocrtica se sujeta a las siguientes condiciones: que se acuerde y estalle por la mayora de los trabajadores de la dependencia pblica en conflicto; adems, que la suspensin se cia a las formalidades procesales reguladas en la ley, de acuerdo con los reclamos de lugar y tiempo, y cuando el objetivo reivindicatorio responda a dos condiciones: La violacin general, por un lado, y sistemtica, por otro, de los derechos de los trabajadores.
2. Huelga ilegal
Es denominada as, como contrapartida de la figura anterior, aquella que se realiza sin respetar los requisitos de nmero y forma, amn de que no responde a la violacin general y sistemtica de los derechos laborales.

La clasificacin aceptada por la generalidad resulta poco feliz, ya que en la praxis sindical nunca ha estallado un slo caso de huelga legal. Consiguientemente, una u otra clase de huelga cuentan solamente con soporte terico, sin perspectiva de prctica ni realidad sindical.

No se piense, sin embargo, que la frmula amaada ha logrado someter absolutamente y para siempre el espritu de resistencia sindical dentro de los trabajadores al servicio del Estado, tanto en el mbito local como en el constitucional. Baste recordar los grandes movimientos sindicales y las huelgas del magisterio, en Telgrafos Nacionales y Ferrocarriles Nacionales, particularmente clebres, en 1958, pese a su sangrienta represin por el sistema. Recurdense tambin, los esfuerzos renovados por los profesores que, en momentos decisivos, han logrado organizarse y promover movimientos de huelga impresionantes para reivindicar sus condiciones generales de trabajo, tal y como ha sucedido en los aos precedentes. Mediante la accin de facto, pero con gran eficacia, han logrado hacer valer sus expectativas de autorreivindicacin y autodefensa.

Otro tanto se puede decir de diversas dependencias pblicas que, ante injusticias sufridas por el personal a su servicio, han debido padecer huelgas fcticas determinantes, como la estallada en 1996 por los propios servidores pblicos de los cuerpos policiacos de la capital. Recordemos tambin, hace ya algunos aos, un huelga de dos das estallada por los secretarios y diverso personal del Tribunal Fiscal de la Federacin, con motivo de la negativa a concederles un aumento de sueldo impostergable. Pondrese en consecuencia, que con la ley o a su pesar y frente a casos de injusticia manifiesta, los empleados del Estado han sido capaces de cobrar conciencia, y en momentos importantes, hacer uso de la accin directa para la tutela y promocin latentes de sus intereses colectivos.

Dentro del derecho comparado proliferan los ejemplos de los que tan slo recordamos la huelga que, iniciada en el transporte pblico, se torn solidaria y general en Pars, en 1996, como forma de protesta contra la privatizacin y las distorsiones utilitaristas, fundamentalmente con respecto a las pensiones en el marco del seguro social. As tambin, el reciente paro de los trabajadores ferrocarrileros durante dos das, en Italia, siempre por presiones reivindicatorias, o la huelga general que tambin fue apoyada por los servidores pblicos, la cual, ante los abusos desmedidos y una gravosa poltica fiscal, precipit la cada, en Ecuador, de su presidente "el loco" Bucarn.
VII. TERMINACIÓN DE LA HUELGA
El sistema de la reglamentacin del derecho de huelga, dentro del ordenamiento patrio, comprende la regulacin y la determinacin expresa de las causas por las cuales puede terminar la huelga, misma que se encuentra consignada en el artculo 469 de la ley. El legislador previene, como si a la autoridad correspondiera decretar de oficio el alcance y finiquitacin de este derecho social, reivindicatorio por antonomasia, las cuatro posibles situaciones en que pueda terminar la huelga.
1. El mutuo consentimiento
Se seala, en primer trmino, que la huelga podr terminar mediante el acuerdo mutuo de las partes en conflicto, a saber, los obreros huelguistas coaligados y la empresa afectada por el movimiento. Se suele considerar que esta causa constituye la frmula general utilizada por los factores en pugna, para dirimir la controversia de la huelga, acordndose en sus trminos las condiciones idneas para reinstaurar el orden y reanudar las labores.

Es a travs de esta frmula como las partes sociales dirimen, regularmente, graves conflictos de huelga con las condiciones menos perjudiciales para aqullas, amn de que a travs de esta salida, los huelguistas convienen con la empresa el monto y forma de pago de los salarios cados. La experiencia corrobora que sta es la forma de arreglo en que, para la reanudacin del trabajo, se pacta el pago total de los salarios que se dejaron de percibir a lo largo de la huelga, sin que los obreros tengan que acudir a la tramitacin farragosa del incidente respectivo de imputabilidad, para su liquidacin y cobertura por parte del patrono.

Sin embargo, como habr de detallarse, en casos peculiares como el de las universidades pblicas y hasta ahora con pasmosa regularidad en varias de ellas, merced al desgaste y merma en la capacidad de resistencia sindical, se presiona y castiga a los trabajadores, con objeto de que vuelvan al trabajo, con el pago solamente del cincuenta por ciento y en diversas ocasiones ms, de los salarios cados. Presionados por su falta de recursos y nula capacidad de organizacin para mantener la resistencia, maestros y trabajadores administrativos han debido aceptar los arreglos y tornar derrotados al trabajo. Mas la historia es maestra de la vida y en Mxico nos ensea que la huelgas de Cananea y de Ro Blanco, pese a las masacres que sufrieron no fueron jams derrotas.

Lo cierto es que practicada durante el rgimen de Miguel de la Madrid, y acentuada durante el salinato, para manejarse como frmula maestra de la modernidad educativa en nuestros das, con esta medida se reprime a los trabajadores de las universidades para escarmentarlos y desalentar su conciencia sindical. El abandono sectorial de estos huelguistas y la falta de solidaridad hacen temer que esta estrategia punitiva, aplicada aisladamente en las diferentes instituciones pblicas de referencia, se generalice en ellas y ms adelante en todos los sectores de la industria y el comercio.
2. El allanamiento del patrn
El segundo supuesto que el legislador contempla para terminar la huelga es el allanamiento del patrn a las pretensiones de los trabajadores, comprendidas, por lo regular, dentro del pliego petitorio presentado al efecto. Esta frmula puede asumirla el patrn en cualquier tiempo, pero con la salvedad de que la simple expresin de su anuencia hacia la peticin de los huelguistas, no es bastante, de tal suerte que resulta indispensable que el patrn cumpla con lo prometido y pague a los trabajadores el total de los salarios cados a lo largo de todo el movimiento.
3. El laudo arbitral privado
Por su pobre eficacia y acentuada vulnerabilidad, este tipo de autocomposicin es muy poco socorrido, toda vez que contrasta, a nuestro juicio, con la contundencia de la accin directa y la voluntad de los huelguistas para realizar su autodefensa.
4. Laudo arbitral de la Junta
El cuarto sistema para resolver las huelgas, que el legislador reconoce taxativamente, es el laudo que pronuncie la Junta de Conciliacin y Arbitraje competente, en el caso de que los huelguistas hayan sometido su conflicto a este tipo de salida. Pese a su preponderancia, su prestigio va mermando merced a la poca credibilidad en la justicia de los "tribunales del trabajo".

En efecto, es ostensible, hacia los ltimos tiempos, sobre todo en los aos aciagos de la Secretara del Trabajo y Previsin Social durante el salinato, la exacerbacin de la justicia de consigna, que hace creer, con reservas, que sta pueda continuar disfrutando del prestigio de una alternativa viable para preservar el Estado de derecho y el equilibrio social.

Con respecto a este tipo de arbitraje, habr de seguirse el procedimiento para los conflictos de naturaleza econmica, si la huelga pretende cambiar las condiciones generales de trabajo, y el procedimiento ordinario laboral, si con la misma se ventilan conflictos relacionados con motivo de la violacin del contrato colectivo. Mas cabe considerar que:

Cabe precisar que inslitamente, dentro de nuestro sistema, los trabajadores no pueden levantar la huelga cuando lo crean pertinente, de suerte que para hacerlo deban realizar un trmite procesal ante la Junta (estimamos que para pedir permiso y as regresar a su trabajo). Farsa deplorable que pretende matizarse, sealando que el trmite procesal y la presencia del actuario para levantar la huelga, tiene por objeto que se certifique que los huelguistas entregan la empresa en condiciones normales, sin temor a las imputaciones de ninguna especie.

A travs de las movilizaciones proletarias, ajeno a las desviaciones de la nueva cultura laboral, el derecho sindical florece, y en la especie, la figura de la huelga, animados por la autenticidad, la mstica y la verdad de la enorme poblacin que padece la injusticia y vive de su trabajo. Por lo mismo, expresin del sentir popular, abreva la accin directa en los hontanares de la libertad, sensible a la resistencia y la justicia social.
Hctor SANTOS AZUELA
Notas:
1 Cueva, Mario de la, Derecho mexicano del trabajo, Mxico, Porra, 1954, t. II, p. 819.
2 Cueva, Mario de la, Nuevo derecho mexicano del trabajo, Mxico, Porra, 1984, t. II, pp. 602 y 603.
3 Castorena, J. Jess, Manual de derecho obrero, Mxico, ed. de autor, 1984, p. 314.
4 En relacin con el tema de que la existencia de la huelga no precisa declaracin especial, cfr. Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, p. 602.
5 Ross Gmez, Francisco, Derecho procesal del trabajo, Sonora, edicin de autor, 1978, p. 470.
6 Buen, Nstor de, "La huelga en Mxico", La huelga en Iberoamrica, Mxico, Porra, 1996, p. 157.
7 Ibidem.
8 Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, p. 603.
9 Cfr. Trueba Urbina, Alberto, Evolucin de la huelga, Mxico, Botas, 1950, p. 269.
10 Pina, Rafael de, Curso de derecho procesal del trabajo, Mxico, Botas, 1952, p. 266.
11 Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, p. 605.
12 Trueba Urbina, Alberto, Nuevo derecho del trabajo, Mxico, Porra, 1972.
13 Climent Beltrn, J. Bautista, Derecho sindical, Mxico, Esfinge, 1994, p. 143.
14 Climent Beltrn, J. Bautista, Ley Federal del Trabajo. Comentada, Mxico, Esfinge, 1994, p. 303.
15 Trueba Urbina, Alberto, Tratado terico-prctico de derecho procesal del trabajo, Mxico, Porra, 1965, p. 488.
16 Soto Cerbn, Juan, Teora general del derecho del trabajo, Mxico, Trillas, 1992, pp. 263 y 264.
17 Respecto a la idea y sentido de la ilicitud de la huelga, cfr. Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, pp. 603-605.
18 Castorena, J. Jess, op. cit., nota 3, p. 316.
19 Climent Beltrn, Juan B., op. cit., nota 14, p. 301.
20 Climent Beltrn, Juan B., Derecho procesal del trabajo, Mxico, Esfinge, 1989, pp. 280 y ss.
21 Buen, Nstor de, op. cit., nota 6, p. 162.
22 Ibidem.
23 Soto Cerbn, Juan, op. cit., nota 16, p. 265.
24 Trueba Urbina, Alberto, op. cit., nota 12, p. 375.
25 Al respecto cfr. Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, p. 606, y Castorena, J. Jess, op. cit., nota 3, p. 315.
26 Cfr. Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, pp. 606 y 607.
27 Buen, Nstor de, Derecho del trabajo, Mxico, Porra, 1990, t. II, p. 773.
28 Guerrero, Euquerio, Manual de derecho del trabajo, Mxico, Porra, 1986, pp. 349 y 350.
29 Montoya Melgar, Alfredo, "La huelga en Espaa", La huelga en Iberoamrica, Mxico, Porra, 1996, p. 122.
30 Con relacin al deber con que cuenta el patrn de pagar los salarios cados, slo y exclusivamente cuando la huelga sea injustificada. Cfr. Barajas, Santiago, La huelga, Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM, 1983, p. 105. Cfr. Castorena J., Jess, op. cit., nota 3, p. 315, y Guerrero, Euquerio, op. cit., nota 28, p. 350.
31 "La justificacin de la huelga solamente se conocer en la resolucin que pone fin al conflicto: as, por ejemplo, si la Junta decide que existi el incumplimiento del contrato colectivo [...] y las causas que orillaron a la huelga fueron imputables al patrn, deber de condenarlo al pago de los das holgados [...]". Cfr. Cueva, Mario de la, op. cit., nota 2, p. 607.
32 Trueba Urbina, Alberto, op. cit., nota 9, p. 272.
33 Buen, Nstor de, op. cit., nota 6, p. 162.
34 Ramos Eusebio y Ana Rosa Tapia Ortega, Nociones de derecho del trabajo y de la seguridad social, Mxico, Pac, 1986, p. 152.
35 Climent Beltrn, Juan B., op. cit., nota 20, p. 283.
36 Soto Cerbn, Juan, op. cit., nota 16, p. 266.
37 Montoya Melgar, Alfredo, Derecho del trabajo, Madrid, Tecnos, 1981, p. 591.
38 Santos Azuela, Hctor, Estudios de derecho sindical y del trabajo, Mxico, UNAM, IIJ, 1987, p. 185.
39 Borrel Navarro, Miguel, Anlisis prctico y jurisprudencial del derecho mexicano del trabajo, Mxico, Sista, 1996, p. 646.
40 Buen Nstor de, op. cit., nota 6, p. 176.
41 Ibidem.
42 Santos Azuela, Hctor, Elementos de derecho del trabajo, Mxico, Porra, 1994, p. 188.
43 Buen, Nstor de, Derecho procesal del trabajo, Mxico, Porra, 1984, p. 177.

# data[].attributes.attachment_link.description
OBJETO Y TIPOLOGÍA DE LA HUELGA POR SU RGIMEN JURÍDICO SUMARIO: I. Fines y objetivos legales de la huelga. II. Tipologa de la huelga en el derecho mexicano del trabajo. III. Avatares y sistema de la huelga lcita. IV. Calificacin y rgimen de la huelga ilcita. V. Otros tipos de huelga econmica.