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Aún asumiendo que la Red Pública de Telecomunicaciones se convertirá en un complejo sistema de intercambio de información, el Estado se consideró incapaz de impulsar este sector de acuerdo con los estándares de la industria mundial (algo que, según Anaya, igual ocurría en otros países, como el Reino Unido).

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En tanto la dirección ideológica en materia económica del Estado mexicano se
mantenga cercana al modelo neoliberal, cualquier intento por reclamar el espacio público será susceptible de distorsionarse para estandarizar la oferta de información política a la manera como lo han hecho los grupos comerciales, con los resultados que hemos visto en el fortalecimiento de una ciudadanía informada.

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Ante el estrechamiento de las opciones informativas, una alternativa posible es el surgimiento de un sistema de medios público, autónomo en lo político y en lo económico y con cobertura nacional (Cagé, 2015). En México, considerando la falta de una tradición que consolide los medios públicos, es poco probable que ocurra.

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Evidentemente, al hablar de “grandes inversiones”, el Estado mexicano consideró que éstas eran facultad de la iniciativa privada. Si tomamos en cuenta lo señalado por Pérez Ramírez (2013), quien recuerda que, de todas las empresas que fueron sometidas al proceso de privatización durante el salinismo, Telmex era la “segunda empresa más importante del país por el valor de sus ventas y contribuciones al erario, y la tercera de telecomunicaciones en el mundo” (Anaya,
2012: 341),2 el razonamiento parece motivado por razones ideológicas antes que técnicas.

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Los modelos exitosos de difusión estatal habían sido probados en Europa Occidental. Incluso en México, “si recordamos la participación temprana del Estado mexicano en la radio, este modelo europeo occidental de organización parecería congruente con la experiencia estatal previa” (Arredondo, 1987: 111), pues el potencial político e ideológico de la radio había sido objeto de interés y preocupación para los dirigentes nacionales desde los primeros intentos por establecerla.

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Los medios públicos en México nunca se han consolidado. La industria de la radio y la televisión surgió imperturbable desde la institucionalización del Estado revolucionario a partir de un modelo eminentemente comercial (Fernández, 1989).
La regulación estatal consistió principalmente en intervenciones técnicas, no respecto del contenido de la radiodifusión y sin mayor competencia del Estado como difusor, por lo que este modelo empresarial floreció: en un periodo de 30 años, entre 1920 y 1950, la radio comercial se multiplicó de 4 a 198 estaciones, mientras que la radio cultural creció marginalmente de 2 a 8 estaciones (Arredondo, 1987).

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Para hacer efectivos los derechos de libertad de expresión y acceso a la información, fueron reformados los artículos 27 y 28 de la Carta Magna que igualmente son relevantes debido a que se refieren a los recursos necesarios para lograr esos objetivos.

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Se actualizó la garantía de inviolabilidad de la libre difusión de opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Según la reforma, este derecho no puede restringirse “por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

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La reforma constitucional estableció que el presidente del ift debe ser designado a propuesta del presidente de la república con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. “Durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.” Presentará un informe anual de actividades a los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

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La Amedi ha sido muy clara en cuanto sus tareas y propuestas. Parte de una noción del concepto de libertad de información como “la posibilidad efectiva y real de toda persona de investigar, recibir, producir y difundir información de toda índole a través de cualquier procedimiento o medio de su elección”. Para ello, es indispensable la plena garantía del derecho a la información, “entendido como la facultad de toda persona a solicitar y recibir, sobre cualquier asunto de interés público, información oportuna, veraz, plural y suficiente”.

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3) “Evaluar y documentar, por sí o a través de los organismos, las violaciones de los preceptos legales establecidos en el orden jurídico mexicano para garantizar el cumplimiento de las garantías relacionadas con el derecho a la información”.

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2) “Impulsar la discusión pública sobre el cumplimiento de las garantías relacionadas con las libertades de expresión e información y el derecho a la información”.

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1) “Promover el irrestricto respeto, por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, de los derechos relacionados con la obligación legal y ética de garantizar a los mexicanos información veraz y objetiva sobre los asuntos de interés público”

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La Amedi se fundó en 2001 con tres objetivos principales:

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Como consecuencia de las decisiones políticas que pusieron a los servicios de telecomunicaciones en manos de unos cuantos individuos, ellos fueron los principales beneficiados de la revolución tecnológica.

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Ello se debió, respectivamente, al desarrollo del microprocesador y el software; por otro lado, mediante “el incremento dramático en la velocidad y la escala de acceso y difusión del conocimiento y la información, resultado de la confluencia de la informática y las telecomunicaciones, y del desarrollo de éstas".

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Para estos autores, la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones hizo posible que el capitalismo diera un salto de calidad logró articular inmediata e interactivamente al sector científico-educativo con la producción social a través, por un lado, del incremento en la capacidad de procesamiento de información y producción del conocimiento.

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Según los economistas Sergio Ordóñez y Daniel Navarrete, a partir de los años ochenta del siglo pasado surgió una nueva fase de desarrollo del capitalismo, pues el conocimiento se constituyó en la principal fuerza productiva del crecimiento económico.

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La primera legislación importante en materia de radiodifusión, la Ley Federal de Radio y Televisión, llega hasta 1960, durante la presidencia de Adolfo López Mateos. “La legislación de radio y televisión era una manifestación del poder formal del Estado sobre los concesionarios” (Fernández, 1989: 107), que despertó inconformidades en el sector, que no obstante permaneció como un grupo económicamente fuerte.

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El modelo proteccionista se limitó por el endeudamiento (50 mil 874 millones de dólares hacia 1982), producto del gasto público elevado que los sexenios de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo contrajeron para sostener el crecimiento económico del país (mientras la deuda creció a un ritmo de 20 % anual [Elías, 2005], el pib creció 6% por sexenio). Durante ese periodo, las empresas estatales
incrementaron de 272 a principios de la década de 1970 a 1115 en 1982 (Ávila, 2006: 70); cuando el endeudamiento se ancló a los ingresos petroleros y estos cayeron a nivel mundial, algunas flaquezas de un sistema volcado a su mercado
interno y a la industrialización mediante el gasto público se hicieron evidentes.

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El impacto de la revolución tecnológica en el sector de las telecomunicaciones y la manera en que el proyecto neoliberal incidió en el fenómeno de fuerte concentración en esa industria. También se plantea la preocupación de grupos ciudadanos que se empezaron a organizar
contra ese fenómeno por sus efectos negativos para la democracia, especialmente por la importancia de la televisión en los procesos electorales y el debate público.

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La implementación del modelo económico neoliberal transformó el régimen de medios y la comunicación política en México, interfiriendo en los procesos de: participación ciudadana, la democratización de la información y las relaciones de los medios con el poder político.

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Los actores políticos, en su mayoría, resultan incapaces de enfrentar a los dueños de las concesiones; gran parte de su imagen pública depende de ese oligopolio que controla la radio, televisión, telefonía fija y móvil, e internet en México. Por esa razón, es fundamental la participación activa de grupos sociales organizados en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares de la vida democrática.

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Los dos principales grupos que controlan las industrias de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México son tan fuertes que constituyen en los hechos contrapoderes frente al Estado. Se trata de grupos de presión que lo desafían para favorecer sus intereses económicos.