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Los recursos administrativos son una forma por la cual los ciudadanos pueden reclamar a la Administración que se modifique o revoque alguna decisión de esta, que perciban que les afecta de manera negativa y que no va de la mano con establecido en el ordenamiento jurídico. Mediante estos se evita llevar el asunto por la vía judicial.

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La misma se centra en la revisión realizada por un auditor tributario a todos los documentos que amparan las operaciones económicas y financieras, además de las declaraciones de impuestos con el fin de verificar el cumplimiento de las distintas obligaciones fiscales del contribuyente auditado a una fecha determinada.

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2019-0266

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1. Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones juradas presentadas.

2. Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones reflejadas en los registros contables y a la documentación sustentada; así como a todas las transacciones económicas efectuadas.

3. Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén correctamente aplicados y sustentados.

4. Realizar la planificación fiscal del contribuyente.

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En el caso de que los contribuyentes consideren injusta la estimación de oficio que se realizó a sus rentas y del impuesto o ajustes practicados a sus declaraciones o ya sea el caso de no estar de acuerdo con la determinación de otro impuesto , el mismo podrá solicitar a la administración tributaria una reconsideración de su decisión. La misma deberá realizarse por escrito dentro de los 20 días siguientes a la fecha de recepción de la notificación de la decisión.

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Es el instrumento que permite hacer reclamaciones frente a distintos actos de la Administración Pública. Esta herramienta se interpone cuando hay un conflicto entre el ciudadano y la administración pública que perjudica los derechos o intereses de la persona. Se dispone de 60 días a partir de la siguiente notificación para presentar el recurso.

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En caso de que la solicitud realizada a la Administración Pública se envio en el plazo establecido por la ley, y esta nu fue contestada a tiempo, será obligatorio el pago del impuesto, los recargos, multas e intereses.

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El poder revisar las sentencias del Tribunal Contencioso Tributario luego de dictadas, dentro de situaciones puntuales, para que mediante el tribunal se pueda obtener una decisión diferente a la pautada en principio.

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La casación es un recurso extraordinario mediante el cual se obtiene de la Suprema Corte de Justicia la anulación, parcial o total, de las sentencias en última o en única instancia dictadas en violación de la ley.

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Pedro Miguel González presentó, la tarde de este miércoles, un recurso de reconsideración al fallo del Tribunal Electoral (TE), que rechazó de plano por improcedente e inadmisible la medida cautelar de suspensión de reserva de 144 cargos de elección en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

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El dirigente político solicitó a los magistrados del TE reconsiderar la decisión que se tomó el 24 de febrero

Pedro Miguel González presentó, la tarde de este miércoles, un recurso de reconsideración al fallo del Tribunal Electoral (TE), que rechazó de plano por improcedente e inadmisible la medida cautelar de suspensión de reserva de 144 cargos de elección en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El dirigente político solicitó a los magistrados del TE reconsiderar la decisión que se tomó el 24 de febrero.

González sostiene que las medidas cautelares presentadas al pleno del TE, es un acto paralelo al procedimiento de instancia para garantizar el resultado del proceso instaurado en tiempo oportuno ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, buscando que cuando el proceso de impugnaciones a las resoluciones de reservas se resuelva una vez cumplidos todos los términos, no resulten ilusorios y por tal motivo se resuelva que ha ocurrido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

El dirigente señala, por otro lado, que el Decreto 48 de 2022, en el que se apoyan para decir que se debió recurrir a la Dirección Nacional de Organización Electoral y que el término para ello precluyó, no le da facultades jurisdiccionales a la misma, solo le faculta para sea la responsable de aprobar el calendario y reglamento que someta a cada partido político, por medio de cuál se adopta el calendario y reglamento marco que debe utilizar los partidos para la convocatoria y organización de sus elecciones primarias.

González sostiene que el TE so pretexto de la facultad de reglamentar e interpretar la ley electoral, pretende adscribir a la Dirección Nacional de Organización Electoral, facultades que solo son de la competencia del pleno del TE y los juzgados Administrativos Electorales, lo cual conllevaría a crear una instancia distinta a las ya establecidas por la Constitución y la ley, lo que sin duda sería susceptible de una demanda inconstitucionalidad contra dicho decreto.

Sostiene que las acciones son para garantizar el cumplimiento del debido proceso y que las resoluciones no surtieran efectos, sin estar en firma, hecho que no admite discusión y que era del conocimiento del pleno al momento de dictar resolución que recurrió por escrito.

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pedro miguel gonzalez presenta recurso reconsideracion fallo te

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Pedro Miguel González presenta recurso de reconsideración a fallo del TE

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El dirigente político solicitó a los magistrados del TE reconsiderar la decisión que se tomó el 24 de febrero Pedro Miguel González presentó, la tarde de este miércoles, un recurso de reconsideración al fallo del Tribunal Electoral (TE), que rechazó de plano por improcedente e inadmisible la medida cautelar de suspensión de reserva de 144 cargos de elección en el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

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El Colegio de Abogados (CARD) depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un recurso contencioso administrativo en contra del proyecto de privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por presuntas irregularidades.

Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresario venezolano Leopoldo López Boso, quien está acusado de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista.

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CARD deposita en TSA recurso contencioso en contra de Revistas de Vehículos del Intrant

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Colegio de Abogados (CARD) depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un recurso contencioso administrativo en contra del proyecto de privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por presuntas irregularidades.

Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresario venezolano Leopoldo López Boso, quien está acusado de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista.

Surun Hernández agregó que por los temas judiciales pendientes en su país, fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario venezolano, la inspección técnica vehicular o revista utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe.

El jurista indicó que dicho proceso es nulo de pleno derecho, no sólo por beneficiar al CONSORCIO INTEVE, representado por CASTILLO HOLDING COMPANY, cuyo propietario es una persona contra quien se han vertido graves acusaciones de fraude y contra quien, además se emitió una orden de captura internacional, por lo que las normas legales en materia de transparencia de RD lo inhabilitan para participar en procesos de contrataciones públicas.

El recurso depositado por el CARD fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada, donde se alega además que dicha entidad no puede emitir la Resolución 001-2022, acogiendo la iniciativa privada del Venezolano Leopoldo Castillo, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada en el párrafo I, del artículo 40, de la Ley 47-20 que rige la materia.

Según un comunicado de prensa, dicha ley plantea que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una resolución determinando de interés público la realización de una alianza público privada para el servicio de privatizar la inspección de vehículos, la cual debe de estar debidamente fundamentada en consultas públicas a todos los sectores y las mismas deben de tener estudios de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo y todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos de 11,000 millones de pesos, provenientes de los bolsillos de alrededor de cinco millones de propietarios de vehículos de motor en la República Dominicana.

Aseguró que de concretarse las pretensiones del Intrant y la Dirección General de la Alianza Público Privada, conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no hacen el pago correspondiente a la suma exigida por dicha entidad.

El jurista, también reiteró que esto constituiría un gravísimo atentado no sólo en contra de la clase media, sino además de las clases populares como los motoconchos, que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.

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CARD deposita en TSA recurso contencioso en contra de Revistas de Vehículos del Intrant

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Colegio de Abogados (CARD) depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), un recurso contencioso administrativo en contra del proyecto de privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por presuntas irregularidades.

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2019-0163

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-Auditoría Integral: abarca la totalidad de los impuestos de un año fiscal que corresponden a un contribuyente.

-Auditoría Puntual: revisión de un solo impuesto correspondiente a un período fiscal (a partir de un mes para el ITBIS y las Retenciones, o de un año para el ISR).

-Auditoría de Precios de Transferencia: revisión de las operaciones entre partes vinculadas y su impacto en la Declaración Jurada del contribuyente.

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La auditoría fiscal se contempla dentro de los deberes formales de los contribuyentes, responsables y terceros, en el artículo 50, literal (i) del Código Tributario.

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Es cuando la Administración Tributaria incurre en demoras excesivas en resolver sobre peticiones o en realizar cualquier trámite o diligencia y ellas pudieren causar un perjuicio a los interesados; siempre que no se trate de actuaciones para cuya realización existen plazos o procedimientos especiales.

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2019-0007

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1013 9290