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Código de Hammurabi: primeras normas sobre tribunales, familia y comercio

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Código de Hammurabi: primeras normas sobre tribunales, familia y comercio

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El código Hammurabi y la condición críptica del sentido humano

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Apuntes a partir de Coerción, capital y los Estados europeos 900-1990 de Charles Tilly Imagen parcial de El código Hammurabi Y ocurrió que Anu y Enil me instaron a procurar bienestar a mi pueblo, a…

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Ley de las XII Tablas (Roma): principios sobre propiedad y contratos

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Ley de las XII Tablas (Roma): principios sobre propiedad y contratos

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La Ley de las XII Tablas ( Lex duodecim tabularum o Duodecim tabularum leges) fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de Ley decenviral. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al público. Fue el primer código de la Antigüedad que contuvo reglamentación sobre censura (pena de muerte por poemas satíricos). La ley se publicó al principio en doce tablas de madera y, posteriormente, en doce planchas de bronce que se expusieron en el Foro. Debido a que no queda indicio alguno de su existencia, algún autor ha llegado a sugerir que no existieron.

No obstante, su desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a. C. por parte de los galos. Se cree que se destruyeron y, por algún motivo, no se reprodujeron con posterioridad. Esta teoría parece estar apoyada por las abundantes referencias que de ellas hacen los autores antiguos. El historiador Tito Livio dijo de ellas que eran la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Por su parte, el orador y abogado Cicerón afirmó que los niños aprendían su contenido de memoria.

Al estar estas leyes expuestas públicamente, estaban libres (al menos teóricamente) de las malas interpretaciones de sus custodios, pues parece que anteriormente los pocos que conocían las leyes las interpretaban manipulándolas a su favor. Ya en época imperial, estas leyes, pensadas para todos -los ciudadanos-, fueron las bases jurídicas del Imperio romano, pues todos estaban bajo ellas en cualquier rincón del Imperio.

Durante los tres primeros siglos de Roma, el derecho privado tenía su fuente única en usos vigentes entre los fundadores de la ciudad, que había pasado, por tradición, de las poblaciones primitivas a la nación nueva. A estas costumbres se les conoce como mores majorum ("costumbres de los mayores", o "costumbres de los antepasados"). Se puede decir que en este periodo, el derecho privado solo tiene una fuente cierta, la costumbre. La falta de precisión y esclarecimiento de sus reglas favoreció al arbitrio de los magistrados patricios encargados de la administración de la justicia, y no solamente en el derecho privado, sino también en la represión de crímenes y delitos. Los tribunos, que fueron los intérpretes de las reclamaciones de la plebe, pidieron la redacción de una ley que rigiera igualmente para todos los ciudadanos. Después de diez años de resistencia, los patricios cedieron: el Senado y los tribunos acordaron redactar una ley aplicable a los dos órdenes. Esta ley fue la de las XII Tablas.

Elaboración

La elaboración de la Ley de las XII Tablas, se produjo a mediados del siglo V a. C., gracias a la insistencia de un tribuno de la plebe llamado Terentilo Arsa a partir del 464 a. C. (ver Secessio plebis), y no fue hasta el 454 a. C. cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de tres magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, inspirada por el principio de igualdad ante la ley.

Tres años después a la vuelta de esta comisión, se suspendieron las magistraturas y el Senado decidió constituir otra comisión integrada por diez patricios que se llamaría Decenvirato, presidida por un cónsul para la elaboración de la ley. Esta comisión gobernó y trabajó en la redacción durante un año para las diez primeras tablas, terminadas en el 451 a. C. Sin embargo, como no había sido terminada la labor de redactar todo el derecho existente, se conformó un segundo decenvirato que gobernó de manera tiránica y fue depuesto por un levantamiento, quedando reinstaurado el consulado. Únicamente redactaron dos tablas.

Finalmente, para que no se dijera que los patricios usaban a su favor la ignorancia de la plebe sobre el texto de las tablas, pues esta había sido una de las razones por las que insistieron en la redacción de las Tablas, éstas fueron colocadas en el Foro romano para que todos las vieran, por orden de los dos primeros cónsules después de los decenviratos: Lucio Valerio y Marco Horacio.​

En ellas se recogen por escrito, de manera más o menos ordenada, una serie de costumbres que tenían carácter de ley, a esto se le denomina derecho consuetudinario e incluso algunas de las leyes del fueron redactadas por los decenviratos legislativos (decenviri legibus scribundis).​ Las influencias externas que pudieron haber tenido, serían las que viniesen del estudio de las leyes griegas por la comisión que fue a estudiarlas, a fin de redactar mejor las propias.

Aunque no se sabe con certeza el contenido exacto que tuvieron las XII Tablas, gracias a las referencias que hay de ellas en la historiografía romana se puede decir que contendrían lo siguiente:

Contendrían derecho procesal civil.

El procedimiento que regulan es el de las acciones de la ley, acciones judiciales que en virtud de la Ley de las XII Tablas podrían ejercer los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. El proceso se caracterizaba por su excesivo formalismo, las partes debían pronunciar determinadas palabras, a veces muy complicadas, obligatoriamente si querían tener posibilidades de ganar el litigio o debían realizar ritos. Detrás de este formulismo estaba el sentimiento religioso.

Las acciones de la ley a saber eran inicialmente cuatro: dos declarativas y dos ejecutivas. Las primeras: acción por apuesta ( sacramentum) y acción por petición de un juez o de un árbitro ( postulatio iudicis). Estas se caracterizaban por contemplar el mismo proceso, iniciado ante los pontífices (quienes indicaban la fórmula solemne) más tarde ante un magistrado (quien se encargaba de mediar la contienda entre las partes ayudando a determinar un juez privado) y por último ante un juez (quien recibe la fórmula solemne y las pruebas preparadas). Las dos restantes o ejecutivas: acción por aprehensión corporal ( manus iniectio) y la acción de toma de prenda o embargo ( pignoris capio). Ambas guardaban rezagos pertenecientes a la venganza privada, ya que en ellas se podía aplicar la fuerza o violencia para recuperar lo debido.

La intervención del poder público era escaso. El pretor era el magistrado que presidía el proceso, encauzándolo y fijando la controversia, pero el juez que dictaba sentencia era un ciudadano elegido de común acuerdo por las partes.

La ejecución de la sentencia condenatoria de un deudor se regulaba muy detalladamente. Aunque resulta morbosa por ser personal y cruel, es fruto del consenso que tuvo la elaboración de las XII Tablas por parte de patricios y plebeyos; como los deudores solían ser los plebeyos, esta regulación constituía un principio de seguridad jurídica, el plebeyo podía saber lo que le esperaba en el caso de ser insolvente.

Contendrían derecho de familia y de sucesiones.

Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a patria potestad al haber fallecido su padre. Por igual contenían normas relativas a la curatela a fin de administrar los bienes de aquellas personas pródigas, enfermos mentales o discapacitados. También había normas para tutelar a las mujeres solteras una vez fallecido el padre, de ellas se harían cargo familiares próximos.

En estas Tablas por primera vez se limita legalmente el poder absoluto del paterfamilias sobre su familia. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de la mujer, la mujer se divorciaba ausentándose durante tres días del domicilio conyugal con ese propósito. En relación con los hijos, el paterfamilias perdía la patria potestad de sus hijos si los explotaba comercialmente en tres ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado.

En materia de sucesiones, se da preferencia a la sucesión testada en relación con la intestada. Si la sucesión era intestada la ley establecía como primeros herederos a los herederos sui, de derecho propio, esto es los hijos y la mujer como una hija más. Si no había herederos sui, heredaba el agnado más próximo al fallecido; aquellos parientes que estuvieron sujetos con el fallecido a la potestad de un ascendiente común. Si tampoco existían herederos agnados, heredaban los gentiles, aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens que el fallecido.

Uti Legassit Suae Rei Ita Ius Esto

Como se ha dispuesto de su propia manera particular, el derecho a ser.

Contendrían derecho de obligaciones (negocios jurídicos de la época) y derechos reales.

Regulan el negocio jurídico del nexum, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor, en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de sentencia judicial. El nexum fue derogado por la Lex Poeteliae-Papiliae.

También regulan la stipulatio o sponsi, en la que el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor y en caso de incumplimiento el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio.

En el campo de los derechos reales se regularían la mancipatio y la en iure cessio, negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi (medios de producción; capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales de tiro y carga).

Estos negocios estaban rodeados de solemnidades. El mero contrato de compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo que había que realizar uno de estos dos negocios para que la propiedad se transmitiera de modo pleno. La mancipatio consistía en realizar el negocio jurídico ante 6 testigos, ciudadanos romanos varones y mayores de edad. La en iure cessio se realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario, dando fe pública del negocio.

La consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por el paso del tiempo y con justo título (dos años para bienes inmuebles; un año para bienes muebles).

En la Tabla VII además se contendrían normas relativas a relaciones de vecindad entre fincas colindantes.

Contiene disposiciones referidas a las siguientes cuestiones: solares y vías de comunicación; anchura mínima de las vías en las rectas y en las curvas; límites entre fundos (terrenos); obligación de cortar las ramas del fundo colindante; posibilidad de recoger frutos, etc.

...Si alguien fijara un seto cavando junto a un fundo ajeno, no trapase el lindero; si una cerca deje un pie; si un edificio dos pies; si cavase un foso o un hoyo deje tanto espacio como profundidad; si un pozo, un paso; plante el olivo o la higuera a nueve pies de lo ajeno; los demás árboles a cinco pies...

Contendrían el derecho penal de la época.

Se caracterizan porque contienen tanto normas muy arcaicas como normas modernas, lo que refleja un periodo de transición.

En estas Tablas aparece implícitamente la distinción entre dos ámbitos del derecho penal, el derecho público y el derecho privado.

... Nuestras leyes de las Doce Tablas, tan parcas en imponer la pena capital, castigaron con esa pena al autor y al recitador de versos que atrajera sobre otro la infamia. Esta disposición fue sabia, porque debemos tener sometida nuestra vida a los fallos legítimos de los jueces y de los magistrados, más no al ingenio de los poetas, y no debemos oír cargos sino allí donde la contestación es lícita y podemos defendernos judicialmente.

Cicerón. De República IV, 10, 12.

El público se ocuparía de los crimina o ilícitos penales que eran atentados contra el pueblo romano, como el perduelio o traición al pueblo romano y de los ilícitos más graves como el parricidium. Los crimina eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o en su caso el exilio.

El privado se ocuparía de los delicta, ilícitos privados, de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con pena pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo. Delicta serían delitos de daños a bienes de terceros, el y la iniuria o delito de lesiones.

En la Tabla IX se establece la prohibición de concesión de privilegios por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Derecho Sacro

Recoge una serie de normas que se refieren al orden de la vida interna de la ciudad. Se prohíbe la incineración e inhumación de los cadáveres en la ciudad, se intenta así evitar incendios, o que la presencia de un cadáver atente contra la salubridad pública. Se prohibía también el excesivo lujo en los funerales.

Son las Tabulae Iniquae (Tablas de los injustos)

Lo que contiene este "cajón de sastre" entre otras cosas, es la prohibición del connubium (matrimonio desde el punto de vista jurídico, entre patricios y plebeyos). Posteriormente con la Lex Canuleia esta prohibición queda abrogada. Los cónsules eran magistrados. Estas dos tablas no llegaron a presentarse a los comicios. Las tablas XI y XII no se las puede agrupar bajo el mismo derecho. La tabla XI se relaciona con el derecho penal, con especial hincapié en lo criminal, y la tabla XII con el derecho privado.

Véase también

Bibliografía

Álvaro D'Ors, Elementos de derecho privado romano, Eunsa 1992, ISBN 84-313-0402-2

Peter G. Stein, El Derecho Romano en la Historia de Europa, Siglo Veintiuno de España Editores 1999, ISBN 84-323-1060-3

Emilio Valiño, Instituciones de derecho privado romano, Facultad de Derecho de Valencia 1977, ISBN 84-370-0036-X

Agustín Bravo, Derecho Romano primer curso, Editorial Porrúa 1975, ISBN 970-07-6899-6

Beatriz Bernal, Historia del Derecho Romano y de los Derechos Neorromanistas, Editorial Porrúa 1981, ISBN 970-07-6436-2

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Ley de las XII Tablas - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Ley de las XII Tablas ( Lex duodecim tabularum o Duodecim tabularum leges) fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de Ley decenviral. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al público.

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VIII Concilio de Toledo: reconoce algunos derechos frente al poder de reyes.

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VIII Concilio de Toledo: reconoce algunos derechos frente al poder de reyes.

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Decretos de León: compromiso real con respeto a vida, libertad y bienes.

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Decretos de León: compromiso real con respeto a vida, libertad y bienes.

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Carta de Neuchatel: reconoce libertades y derechos de ciudadanía.

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Carta de Neuchatel: reconoce libertades y derechos de ciudadanía.

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En abril de 1214, el mismo año que se aprobó el original Estatuto de Korčula -y uno antes de que Juan sin Tierra proclamara la Carta Magna de las libertades de Inglaterra - en la comuna suiza de Neuchâtel [término que, etimológicamente, procede del latín Novum Castellum ( Castillo Nuevo) y que se pronuncia: / noshatél/] la burguesía local logró que sus señores feudales, Berthold de Neuchâtel, aún menor de edad, y Ulrich III, su tío y tutor, firmaran la Charte des franchises ; una carta con las franquicias y deberes de los burgueses y que, ese mismo mes, fuese confirmada por el Obispo de Lausana, también llamado Berthold de Neuchâtel. Con la perspectiva que dan más de ocho siglos de Historia, aquel documento se contempla hoy en día como la verdadera fundación de la Comunidad Urbana de Neuchâtel -aunque los primeros asentamientos se remontaran al siglo XI, en tiempos de Rodolfo III de Borgoña- y, lo más trascendente, supuso el primer reconocimiento tanto de los derechos, prerrogativas y privilegios de sus habitantes como de sus obligaciones, en especial, en materia de justicia y comercio ; obteniendo esta nueva posición, dejaron de ser meros convidados de piedra, figurantes serviles, para convertirse en actores sociales, jurídicos y políticos de su propia localidad.

Como señaló esta comuna suiza en 2014, al conmemorar su octavo centenario: Fundamentalmente, las franquicias otorgadas por la Carta no son de naturaleza individual sino colectiva. En ella se enumeran una serie de libertades concedidas no nominativamente a tal o cual beneficiario, sino a todos los miembros de la burguesía que, además, forma una comunidad capaz de autogobernarse. No define los términos pero permite que la comunidad elija a sus líderes y, en cierta medida, la estructura administrativa (* ).

La Carta manuscrita permitió a la burguesía local que admitiera nuevos miembros en la comunidad, en función de sus cualidades personales o profesionales. Asimismo, les autorizó a legar sus bienes, al morir, a sus descendientes o ascendientes; a contratar, vender, comprar o pignorar una propiedad; y a organizar un mercado, regulando su tributación -en función de cada oficio-, las medidas y los pesos. Los burgueses debían contribuir a los gastos militares que ocasionaran las guerras y estaban obligados a mantener productivos sus campos abonando a los señores feudales unas contribuciones justas. Por último, este instrumento jurídico también legisló en materia penal (amenazas, lesiones corporales, homicidios, perjurios, fraude, etc.).
Como la obligación perpetua contraída por Berthold de Neuchâtel y su tío Ulrich III comprometía también a sus futuros sucesores en el señorío de la ciudad, cada nuevo soberano fue renovando su compromiso con la Carta, la mayor parte de las veces, a petición de los propios ciudadanos, preocupados por conservar sus libertades; por ejemplo, fueron confirmando las franquicias Jean de Fribourg (en 1424), Rodolphe III (1260) y, ya en el siglo XIV, por citar otros ejemplos, por Louis de Neuchâtel y su hija Isabelle.

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La prehistoria de los Derechos Humanos (XIV): la Carta de Neuchatel de 1214

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En abril de 1214, el mismo año que se aprobó el original Estatuto de Korčula -y uno antes de que Juan sin Tierra proclamara la Carta Magna de las libertades de Inglaterra - en la comuna suiza de Neuchâtel [término que, etimológicamente, procede del latín Novum Castellum ( Castillo Nuevo)

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Carta Magna en Inglaterra: limita el poder absoluto del monarca.

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Carta Magna en Inglaterra: limita el poder absoluto del monarca.

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Magna Carta Libertatum (en latín medieval, "Gran Carta de las Libertades"), más conocida como la Carta Magna (en inglés y latín medieval, Magna Carta, "Gran Carta"),​ es una carta otorgada por Juan I de Inglaterra en Runnymede, cerca de Windsor, el 15 de junio de 1215.​ Fue redactada en primer lugar por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés, con amplia impopularidad, y un grupo de barones sublevados. El documento prometía la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los barones ante la detención ilegal, el acceso a justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales a favor de la Corona. El acuerdo sería implementado por un concilio de veinticinco barones. Ninguno de los bandos cumplió con sus compromisos y la carta fue anulada por el papa Inocencio III, lo que provocó la primera guerra de los Barones.

Después de la muerte de Juan I, el gobierno de regencia del joven Enrique III volvió a promulgar el documento en 1216 -aunque despojado de algunos de sus incisos más radicales-, en un intento fallido de obtener apoyo político para su causa. Al final de la guerra en 1217, la carta formó parte del tratado de paz acordado en Lambeth, donde adquirió el nombre de "Carta Magna" para distinguirla de la pequeña Carta Forestal emitida al mismo tiempo. Ante la falta de fondos, Enrique III decretó nuevamente la carta en 1225 a cambio de una concesión de nuevos impuestos. Su hijo Eduardo I repitió la sanción en 1297, esta vez confirmándola como parte del derecho estatutario de Inglaterra.

El documento se volvió en parte de la vida política inglesa y era renovada habitualmente por el monarca de turno, aunque con el paso del tiempo el nuevo Parlamento inglés aprobó nuevas leyes que hicieron que la carta perdiera parte de su significado práctico. A finales del siglo XVI hubo un creciente interés por ella. Los abogados e historiadores de la época pensaban que existía una antigua constitución inglesa, remontada a los días de los anglosajones, que protegía las libertades individuales de los ingleses, y argumentaron que la invasión normanda de 1066 había suprimido estos derechos; según ellos, la Carta Magna fue un intento popular de restaurarlos, lo que la convirtió en un fundamento importante para los poderes contemporáneos del Parlamento y principios legales como el habeas corpus. Aunque este relato histórico tenía sus fallas, juristas como Edward Coke lo utilizaron asiduamente a principios del siglo XVII para objetar el derecho divino de los reyes, planteado por los Estuardo desde el trono. Tanto Jacobo I como su hijo Carlos I intentaron prohibir la discusión de la Carta Magna, hasta que la Revolución inglesa de los años 1640 y la ejecución de Carlos I restringieron el tema.

El mito político de la carta y la protección de las antiguas libertades personales persistieron después de la Revolución Gloriosa de 1688 hasta bien entrado el siglo XIX. Influyó en los primeros colonos americanos de las Trece Colonias y en la formación de la Constitución estadounidense en 1787, que se convirtió en la ley suprema de los territorios en la nueva república de los Estados Unidos.​ La investigación de historiadores victorianos demostró que la carta original de 1215 concernía a la relación medieval entre el monarca inglés y los barones, en lugar de los derechos de la gente común, pero seguía siendo un documento poderoso e icónico, incluso después de que casi todo su contenido fue derogado de los estatutos de los siglos XIX y XX.

La Carta Magna aún constituye un símbolo importante de la libertad, frecuentemente citada por políticos y activistas angloparlantes y respetada por las comunidades legales británicas y estadounidenses; el jurista Tom Denning la describió como "el documento constitucional más grande de todos los tiempos: la fundación de la libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota ".​

En el siglo XXI solo existen cuatro copias auténticas de la carta de 1215: dos en la Biblioteca Británica, una en la catedral de Lincoln y otra en la catedral de Salisbury. El 3 de febrero de 2015, en conmemoración del 800.º aniversario, se exhibieron en la Biblioteca Británica las cuatro cartas originales de 1215. También existe un puñado de cartas posteriores en poder de instituciones públicas y privadas, como algunas copias de la carta de 1297 conservadas en los Estados Unidos y Australia.

Las cartas originales se escribieron en hojas de pergamino utilizando plumas de ave, en latín medieval rigurosamente abreviado, que en ese tiempo era la redacción convencional de los documentos legales. Cada uno tenía el gran sello real, hecho de cera estampada y lacre de resina, aunque pocos de estos sellos han sobrevivido. Aunque los eruditos se refieren a sesenta y tres "cláusulas" numeradas de la Carta Magna, este sistema moderno de numeración fue introducido por William Blackstone en 1759; el estatuto original era un texto único, vasto e ininterrumpido.

Coronación de Juan I. Miniatura del Flores Historiarum, por el coetáneo Mateo de París (c. s. XIII).

La Carta Magna surgió como un intento fallido de lograr la paz entre facciones realistas y rebeldes en 1215 y fue parte de los eventos que propiciaron el estallido de la primera guerra de los Barones. Inglaterra era gobernada por Juan I, el tercero de los reyes angevinos. Aunque el reino tenía un sistema administrativo robusto, la naturaleza del gobierno bajo los monarcas angevinos estaba pobremente definida e inestable.​​ Juan I y sus predecesores habían gobernado usando el principio de vis et voluntas ("fuerza y voluntad"), según el cual podían tomar decisiones ejecutivas y ocasionalmente arbitrarias, con frecuencia justificadas sobre la base de que un rey estaba por encima de la ley.​ Muchos escritores contemporáneos creían que los monarcas debían gobernar de acuerdo con la costumbre y la ley y seguir el consejo de los principales miembros del reino, pero no existía un modelo de lo que debería suceder si un rey se negaba a hacerlo.​

Juan I había perdido la mayoría de sus tierras ancestrales en Francia ante el rey Felipe II en 1204 y estuvo luchando por recuperarlas durante muchos años. Impuso varios impuestos sobre los barones con los que acumuló el dinero destinado a la guerra, que terminó en un cuantioso fracaso en 1214.​ Después de la derrota de sus aliados en la batalla de Bouvines, Juan I fue forzado a negociar la paz y pagar una indemnización.​ Para ese momento ya era muy impopular para un amplio sector de los barones, muchos de los cuales debían dinero a la Corona y existía poca confianza entre ambas partes.​​​ Una victoria hubiera fortalecido su situación, pero ante la derrota, pocos meses después de su regreso de Francia, Juan I descubrió que los barones rebeldes en el norte y este de Inglaterra estaban organizando la resistencia a su autoridad.​​

Los rebeldes juraron que "se mantendrían firmes por la libertad de la Iglesia y el reino" y exigieron que el rey confirmara la Carta de Libertades que había sido proclamada por Enrique I en el siglo anterior y que era percibida por los barones como una protección a sus derechos.​​​ Los líderes rebeldes eran insignificantes según los estándares de la época, incluso tenían mala reputación, pero les unía el odio hacia Juan I;​ Robert FitzWalter -más tarde elegido líder de los barones rebeldes- afirmó públicamente que Juan I había intentado violar a su hija;​ este sublevado estuvo implicado en un complot para asesinar al rey en 1212.​

Mural contemporáneo del papa Inocencio III.

En enero de 1215, Juan I celebró un concilio en Londres para discutir posibles reformas y patrocinó discusiones en Oxford entre sus agentes y los rebeldes durante la primavera.​ Ambas partes apelaron al papa Inocencio III para que interviniera en la disputa.​ Durante las negociaciones, los barones rebeldes elaboraron un documento inicial, que los historiadores han denominado "la Carta de las Libertades Desconocida" ( the Unknown Charter of Liberties), que se basó en la mencionada Carta de las Libertades de Enrique I para gran parte de su texto; tiempo después, aparecieron siete artículos de ese documento en los "Artículos de los Barones" y la carta subsiguiente.​​​

Juan I tenía la esperanza de que el papa le diera un valioso socorro legal y moral y, en consecuencia, dilataba las discusiones para hacer tiempo; el rey inglés se había declarado a sí mismo como vasallo papal en 1213 y creía fervientemente que podía contar con la ayuda del romano pontífice.​​ También comenzó a reclutar tropas mercenarias de Francia, aunque algunas fueron convocadas poco a poco para evitar dar la impresión de que el monarca estaba incrementando el conflicto.​ En una jugada para afianzar su apoyo, Juan I juró convertirse en cruzado, lo que le daba protección política adicional según las leyes de la Iglesia católica, aunque muchos pensaron que la promesa no era sincera.​​

En abril llegaron mensajes de respaldo papal al rey, pero para entonces los barones rebeldes se habían organizado en una facción militar. Se congregaron en Northampton en mayo, renunciaron a sus lazos feudales con Juan I y marcharon hacia Londres, Lincoln y Exeter.​ Los esfuerzos de Juan I por aparentar moderación y conciliación habían tenido mucho éxito, pero, una vez que los rebeldes tomaron Londres, atrajeron una nueva ola de desertores en el bando realista.​ El rey ofreció someter el problema a un comité de arbitraje con el papa como el intermediario supremo, pero esto no era atractivo para los rebeldes.​ Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, había estado trabajando con los barones rebeldes sobre sus demandas y, después de que la sugerencia de un arbitraje papal fracasó, Juan I le instruyó para que organizara conversaciones de paz.​​

El 10 de junio de 1215, Juan I se entrevistó con los líderes rebeldes en Runnymede, una pradera de inundación en la ribera sur del Támesis. Runnymede era un sitio tradicional para asambleas, pero también estaba ubicado en territorio neutral, entre la fortaleza real del castillo de Windsor y la base rebelde en Staines, lo que ofrecía a ambos bandos la seguridad de una cita donde era poco probable que se encontraran en desventaja militar.​​ Allí los rebeldes presentaron a Juan I sus proyectos de reforma, los "Artículos de los Barones".​​​ Los esfuerzos pragmáticos de Stephen Langton en la mediación durante los siguientes diez días transformaron estas demandas incompletas en un documento que resumía el acuerdo de paz propuesto; unos años más tarde, este acuerdo fue renombrado Carta Magna, que significa "Gran Carta" en latín.​​​ El 15 de junio, llegaron a un acuerdo general sobre el texto y, el 19 de junio, los rebeldes renovaron sus juramentos de lealtad al rey y emitieron formalmente las copias de la carta.​​

La cláusula 61 contenía por compromiso que Juan I "no trataría de obtener nada de nadie, en nuestra propia persona ni a través de otra persona, por lo que cualquiera de estas concesiones o libertades puede ser revocada o disminuida".​​ A pesar de esto, en julio de 1215, el rey hizo un llamado al papa Inocencio III en busca de ayuda, con el argumento de que la carta comprometía los derechos del romano pontífice como su señor feudal.​​ Como parte del acuerdo de paz de junio, el 15 de agosto los barones debían entregar Londres, pero rehusaron hacerlo.​ Entretanto, las instrucciones del papa llegaron en agosto, escritas antes del acuerdo de paz, con la orden de que los comisionados papales debían excomulgar a los barones rebeldes y suspender a Langton de su cargo a principios de septiembre.​ Una vez consciente de la carta, el papa respondió en detalle: en una misiva fechada el 24 de agosto y que llegó a fines de septiembre, declaró que la carta "no solo [era] vergonzosa y denigrante, sino ilegal e injusta", ya que Juan I había sido "forzado a aceptarla" y, en consecuencia, la carta era "nula y carente de validez por siempre"; bajo amenaza de excomunión, el rey no debía obedecer la carta ni los barones tratar de imponerla.​​​​

Para entonces, la violencia había estallado entre ambos bandos; menos de tres meses después de que se había acordado, Juan I y sus barones leales rechazaron firmemente la fallida carta y estalló la primera guerra de los Barones.​​​ Los rebeldes concluyeron que la paz con Juan I era imposible y recurrieron al hijo de Felipe II, el futuro Luis VIII, en busca de ayuda, ofreciéndole el trono inglés.​​​ La guerra pronto se estancó. El rey inglés enfermó y murió la noche del 18 de octubre, siendo sucedido en el trono por su heredero Enrique III (de nueve años de edad).​

Listas de participantes en 1215

El preámbulo de la Carta Magna incluye a los siguientes veintisiete nobles eclesiásticos y seculares que habían aconsejado a Juan I a que aceptara sus términos. Entre ellos hay algunos de los reformadores moderados -en particular el arzobispo Stephen Langton- y algunos de los fieles seguidores del rey -como William Marshal, conde de Pembroke-. Se enumeran aquí en el orden en que aparecen en la propia carta:​

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury y cardenal

Henry de Loundres, arzobispo de Dublín

William de Sainte-Mère-Église, obispo de Londres

Peter des Roches, obispo de Winchester

Jocelin de Wells, obispo de Bath y Glastonbury

Hugh de Wells, obispo de Lincoln

Walter de Gray, obispo de Worcester

William de Cornhill, obispo de Coventry

Benedict de Sausetun, obispo de Rochester

Pandulf Verraccio, subdiácono y legado papal en Inglaterra

Eymeric, maestre de los caballeros templarios en Inglaterra

William Marshal, conde de Pembroke

William Longespée, conde de Salisbury

William de Warenne, conde de Surrey

William d'Aubigny, conde de Arundel

Alan de Galloway, comisario de Escocia

Warin FitzGerold

Peter FitzHerbert

Hubert de Burgh, senescal de Poitou

Hugh de Neville

Matthew FitzHerbert

Thomas Basset

Alan Basset

Philip d'Aubigny

Robert de Ropsley

John Marshal

John FitzHugh

Los veinticinco barones designados según la cláusula 61 para vigilar la conducta futura de Juan I no se incluyen en la carta, pero aparecen en cuatro fuentes independientes, aparentemente basadas en una lista contemporánea: una colección de tratados de derecho de finales del siglo XIII y estatutos, un manuscrito de la abadía de Reading ahora en la biblioteca del palacio de Lambeth y la Chronica Majora y el Liber Additamentorum de Mateo de París.​​​ El proceso de nombramiento se desconoce, pero los nombres se extrajeron casi exclusivamente de entre los oponentes más activos de Juan I.​ Se enumeran aquí en el orden en que aparecen en las fuentes originales:

Richard de Clare, conde de Hertford

William de Forz, conde de Albemarle

Geoffrey de Mandeville, conde de Essex y Gloucester

Saer de Quincy, conde de Winchester

Henry de Bohun, conde de Hereford

Roger Bigod, conde de Norfolk y Suffolk

Robert de Vere, conde de Oxford

William Marshal hijo

Robert FitzWalter, barón de Little Dunmow

Gilbert de Clare, heredero del condado de Hertford

Eustace de Vesci, señor del castillo de Alnwick

Hugh Bigod, heredero de los condados de Norfolk y Suffolk

William de Mowbray, señor del castillo de Axholme

William Hardell, alcalde de la ciudad de Londres

William de Lanvallei, señor del Walkern

Robert de Ros, barón de Helmsley

John de Lacy, comisario de Chester y señor del castillo de Pontefract

Richard de Percy

John FitzRobert de Clavering, señor del castillo de Warkworth

William Malet

Geoffrey de Saye

Roger de Montbegon, señor del castillo de Hornby​

William de Huntingfield, condestable de Norfolk y Suffolk

Richard de Montfichet

William d'Aubigny, señor del Belvoir

En septiembre de 1215, los comisionados papales en Inglaterra -el subdiácono Pandulf, el obispo Peter des Roches y Simón, abad de Reading- excomulgaron a los rebeldes, siguiendo instrucciones recibidas anteriormente de la Santa Sede. Una carta enviada por los comisionados de Dover (fechada el 5 de septiembre) al arzobispo Langton nombra explícitamente a nueve altos líderes rebeldes (miembros del Consejo de los Veinticinco) y seis clérigos que se cuentan entre los rebeldes:​

Robert FitzWalter

Saer de Quincy, conde de Winchester

Richard de Clare, conde de Hertford

Geoffrey de Mandeville, conde de Essex y Gloucester

Eustace de Vesci

Richard de Percy

John de Lacy, comisario de Chester

William d'Aubigny

William de Mowbray

Giles de Braose, obispo de Hereford

William, archidiácono de Hereford

Alexander the Clerk [posiblemente Alexander de St Albans]

Osbert de Samara

John de Fereby

Robert, capellán de Robert FitzWalter

Aunque la carta de 1215 fue un fracaso como un tratado de paz, fue resucitada por el nuevo gobierno del joven Enrique III como una forma de disuadir a la facción rebelde. En su lecho de muerte, Juan I designó un concilio de trece albaceas para ayudar a su hijo a reclamar el reino y solicitó que fuera puesto bajo la tutela de William Marshal, uno de los caballeros más famosos de Inglaterra.​ Marshal fue nombrado caballero del joven rey y el cardenal Guala Bicchieri, legado papal en Inglaterra, supervisó la coronación en la catedral de Gloucester el 28 de octubre.​​​

Enrique III heredó una situación difícil, con más de la mitad de Inglaterra ocupada por los rebeldes.​​ Sin embargo, contaba con el apoyo decisivo de Guala, quien tenía la intención de ganar la guerra civil para el joven rey y castigar a los rebeldes.​ Guala comenzó a fortalecer los lazos entre Inglaterra y el papado, comenzando con la propia coronación, durante la cual el nuevo monarca rindió homenaje al papado y reconoció al romano pontífice como su señor feudal.​​ Honorio III declaró que Enrique III era vasallo y pupilo del papa y que el legado apostólico tenía completa autoridad para protegerlo y a su reino.​ Como medida adicional, el rey tomó una cruz y se declaró cruzado y con derecho a una protección especial de Roma.​​

Carta Forestal de 1217.

Mientras tanto, el apoyo a la campaña de Luis disminuía en Francia y llegó a la conclusión de que la guerra en Inglaterra estaba perdida.​ Negoció un acuerdo con el cardenal Guala, según el cual el príncipe francés renunciaba a su pretensión al trono inglés a cambio de que a sus seguidores les devolvieran sus tierras, se levantara cualquier sentencia de excomunión y el gobierno de Enrique III se comprometiera en hacer cumplir la carta del año anterior.​ El acuerdo propuesto pronto comenzó a desmoronarse cuando algunos barones leales afirmaron de que era demasiado generoso con los rebeldes, particularmente con el clero que se había unido a la rebelión.​

En ausencia de un acuerdo, Luis permaneció en Londres con sus fuerzas restantes, en espera de la llegada de refuerzos desde Francia.​ Cuando la esperada flota llegó en agosto, fue interceptada y derrotada por los barones leales en la batalla de Sandwich.​ Luis abrió nuevas negociaciones de paz y, el 12 y 13 de septiembre de 1217, las facciones llegaron a un consenso en el llamado acuerdo final de Lambeth, también conocido como el Tratado de Kingston.​ Este era similar al primer ofrecimiento de paz, pero excluyó al clero rebelde, cuyas tierras y nombramientos permanecieron en suspenso; sin embargo, añadía la promesa de que a los seguidores de Luis se les permitiría disfrutar de sus libertades y costumbres tradicionales, retomando las cláusulas de la carta de 1216.​ El príncipe francés abandonó Inglaterra según lo acordado y se unió a la cruzada albigense en el sur de Francia, lo que puso fin a la guerra.​

Se convocó a un gran concilio ( Magnum Concilium) en octubre y noviembre para hacer un balance de la situación de la posguerra; se piensa que este concilio formuló y emitió la carta de 1217.​ Este documento se asemejaba al de 1216, aunque se insertaron algunas cláusulas adicionales para proteger los derechos de los barones ante sus súbditos feudales y disminuyeron las restricciones a la Corona para emitir impuestos.​ Continuó existiendo una serie de desacuerdos sobre el manejo de los bosques reales, que implicaba un régimen legal especial que había producido una fuente de ingresos considerables para la Corona; también hubo quejas tanto por la implementación de los tribunales forestales como sobre los límites geográficos de los bosques reales.​ Se redactó un texto complementario, la llamada Carta Forestal, que perdonaba los delitos forestales ya existentes, impuso nuevos controles sobre los tribunales competentes y estableció una revisión de los límites de cada bosque.​ Para distinguir las dos cartas, los escribas emplearon el término magna carta libertatum ("gran carta de las libertades") para referirse al documento más extenso, que con el tiempo se conoció simplemente como "Carta Magna".​​

Versión de 1225 emitida por Enrique III, que se encuentra en los Archivos Nacionales.

La Carta Magna se enquistó cada vez más en la vida política inglesa durante la minoría de Enrique III.​ A medida que el joven monarca crecía, su gobierno lentamente comenzó a recuperarse de la guerra civil y restableció el control de los condados y la recaudación de ingresos, con el cuidado de no sobrepasar los términos de las cartas.​ Enrique III seguía siendo menor de edad y la capacidad legal de su gobierno para tomar decisiones permanentemente vinculantes en su nombre era limitada. En 1223, las tensiones sobre el estatus de las cartas se hicieron patente en la corte real, cuando el gobierno intentó reafirmar sus derechos sobre sus propiedades e ingresos en los condados, lo que enfrentó la resistencia de muchas comunidades que argumentaban -aunque a veces incorrectamente- que las cartas protegían las nuevas disposiciones.​​ Esta resistencia ocasionó una discusión entre el arzobispo Langton y el juez William Brewer sobre si el rey tenía la obligación de cumplir con los términos de las cartas, dado que él se había visto forzado a aceptarlos.​ En esta ocasión, Enrique III garantizó verbalmente que se consideraba obligado a respetarlas y permitió el desarrollo de una investigación sobre aquella situación en los condados.​

Dos años más tarde, volvió a surgir la cuestión del compromiso de Enrique III con las cartas, cuando Luis VIII invadió las provincias restantes del rey inglés en Francia, Poitou y Gascuña.​​ El ejército inglés en Poitou no tenía recursos suficientes y la provincia rápidamente cayó.​ Gascuña se vio amenazada también a menos que se enviaran refuerzos desde Inglaterra.​ A principios de 1225, un gran concilio aprobó un impuesto de 40 000 libras para enviar un ejército, que rápidamente retomó a Gascuña.​​ A cambio de dar su apoyo a Enrique III, los barones exigieron que el rey volviera a promulgar la Carta Magna y la Carta Forestal.​​ El contenido era casi idéntico a las versiones de 1217, pero en las nuevas ediciones el monarca declaró que estas eran emitidas por su "voluntad espontánea y libre" y las confirmó con el sello real, por el que otorgó a las nuevas cartas de 1225 mucha más autoridad que cualquier versión anterior.​​

A pesar de estas cartas, la disposición de la justicia real era inconsistente e impulsada por las necesidades de la política inmediata: a veces se tomaban medidas para abordar una queja legítima del barón; en otras ocasiones, el problema era simplemente ignorado.​ Los tribunales reales que recorrían el país impartiendo justicia a nivel local -generalmente para los barones de menor rango y la nobleza que reclamaban agravios contra los de mayor rango- tenían poco poder, lo que permitía a los barones principales dominar el sistema de justicia local.​ El gobierno de Enrique III se tornó laxo y descuidado, se redujo la autoridad real en las provincias y, en última instancia, el colapso de su autoridad en la corte.​​

En 1258, un grupo de barones tomó el poder en un golpe de Estado, supuestamente con la necesidad de hacer cumplir estrictamente la Carta Magna y la Carta Forestal y crearon un nuevo gobierno liderado por barones, con el que avanzarían en la reforma según las Provisiones de Oxford.​ Los barones no fueron lo suficientemente poderosos desde el punto de vista militar como para obtener una victoria decisiva y, en cambio, recurrieron a Luis IX entre 1263-1264 para mediar con sus reformas propuestas. Los barones reformistas argumentaron su caso basándose en la Carta Magna y defendieron la idea de que era inviolable según el derecho inglés y que el monarca había quebrantado sus términos.​

Luis IX se inclinó firmemente a favor de Enrique III, pero el arbitraje francés no logró la paz ya que los barones rebeldes rehusaron aceptar el veredicto. La situación en Inglaterra degeneró en la segunda guerra de los Barones, que fue ganada por el hijo de Enrique III, el príncipe Eduardo, quien también invocó a la Carta Magna para promover su causa y señaló que los reformadores habían llevado las cosas demasiado lejos y estaban actuando en contra de dicho documento.​ En 1267, en un gesto conciliador ante los barones derrotados, Enrique III emitió el Estatuto de Marlborough, que incluía un nuevo compromiso para cumplir los términos de la Carta Magna.​

Testigos en 1225

Los siguientes sesenta y cinco individuos fueron testigos de la edición de 1225 de la Carta Magna, nombrados en el orden en que aparecen en ella:​

Stephen Langton, arzobispo de Canterbury y cardenal

Eustace de Fauconberg, obispo de Londres

Jocelin de Wells, obispo de Bath

Peter des Roches, obispo de Winchester

Hugh de Wells, obispo de Lincoln

Richard Poore, obispo de Salisbury

Benedict de Sausetun, obispo de Rochester

William de Blois, obispo de Worcester

John de Fountains, obispo de Ely

Hugh Foliot, obispo de Hereford

Ralph Neville, obispo de Chichester

William Briwere,obispo de Exeter

William of Trumpington, abad de St Albans

Hugh de Northwold, abad de Bury St Edmunds

Richard, abad de Battle

el abad de St Augustine's, Canterbury

Randulf de Evesham, abad de Evesham

Richard of Barking, abad de Westminster

Alexander de Holderness, abad de Peterborough

Simon, abad de Reading

Robert of Hendred, abad de Abingdon

John Walsh, abad de Malmesbury

el abad de Winchcombe

el abad de Hyde

el abad de Chertsey

el abad de Sherborne

el abad de Cerne

el abad de Abbotsbury

el abad de Milton

el abad de Selby

el abad de Whitby

el abad de Cirencester

Hubert de Burgh, justiciar de Inglaterra e Irlanda

Ranulf, conde de Chester y Lincoln

William Longespée, conde de Salisbury

William de Warenne, conde de Surrey

Gilbert de Clare, conde de Gloucester y Hertford

William de Ferrers, conde de Derby

William de Mandeville, conde de Essex

Hugh Bigod, conde de Norfolk

William de Forz, conde de Albemarle

Humphrey de Bohun, conde de Hereford

John de Lacy, comisario de Chester

Robert de Ros

Robert FitzWalter

Robert de Vieuxpont

William Brewer

Richard de Montfichet

Peter FitzHerbert

Matthew FitzHerbert

William d'Aubigny

Robert Gresley

Reginald de Braose

John de Monmouth

John FitzAlan

Hugh de Mortimer

William de Beauchamp

William de St John

Peter de Maulay

Brian de Lisle

Thomas of Moulton

Richard de Argentan

Geoffrey de Neville

William de Maudit

John de Baalun

En 1297, Eduardo I volvió a publicar las cartas de 1225 a cambio de un nuevo impuesto.​ Esta versión es la que permanece en la legislación actual, aunque con la mayoría de las cláusulas revocadas.​​ También en ese mismo año emitió la Confirmatio Cartarum ("Confirmación de las Cartas" en francés normando),​ debido también a que necesitaba más fondos, por lo que impuso más tributos a los nobles, quienes se armaron contra él y finalmente le forzaron a confirmar la Carta Magna y la Carta Forestal para evitar la guerra civil.​ Ellos habían intentado incorporar otro texto a las cartas, el De Tallagio, pero el gobierno no estaba dispuesto a concederlo y convinieron la emisión del Confirmatio que ratificaba los tratados anteriores y revalidaba el principio de que los impuestos debían ser por consentimiento,​ aunque la forma precisa de tal requisito no fue definida.​

Un pasaje ordenaba que las copias se distribuyeran en "iglesias catedralicias en nuestro reino, para quedarse allí, y se leerán ante el pueblo dos veces por año",​ de ahí la exhibición permanente de una copia en la catedral de Salisbury.​ En el segundo artículo de la Confirmatio se establece:​​

if any judgement be given from henceforth contrary to the points of the charters aforesaid by the justices, or by any other our ministers that hold plea before them against the points of the charters, it shall be undone, and holden for nought.

si de ahora en adelante se diere un juicio contrario a los puntos de las cartas antes mencionadas por los jueces, o por cualquier otro de nuestros ministros que tienen un argumento ante estos[,] contrario a los puntos de las cartas, se deshará, y no se tomará en cuenta.

En 1300, con la reconfirmación de las cartas, se insertó otro documento, Articuli super Cartas ("Artículos sobre las Cartas"),​ compuesto por diecisiete artículos y que buscaba principalmente abordar el problema de hacer cumplir tales documentos. La Carta Magna y la Carta Forestal debían enviarse al magistrado civil ( sheriff) de cada condado y ser leídas al menos cuatro veces al año en las reuniones de los tribunales del condado, que tendrían un comité de tres hombres que escucharían las quejas sobre las violaciones a ellas.​

El papa Clemente V continuó la política eclesiástica de apoyar a los monarcas (que atribuían su poder a la gracia divina) contra cualquier reclamo en la Carta Magna que desafiara sus derechos, por lo que en 1305 anuló la Confirmatio Cartarum. Eduardo I interpretó que la bula de Clemente V, en la que suprimió aquel documento, también tenía efectos derogatorios sobre los Articuli super Cartas, aunque esta última no era mencionada específicamente.​ En 1306, aprovechó la oportunidad, dado el respaldo del romano pontífice, para reafirmar las leyes forestales sobre extensas áreas que habían sido "desafectadas". Tanto el rey como el papa fueron acusados por algunos cronistas contemporáneos de " perjurio" y que por tal motivo, según el historiador Robert McNair Scott, en 1312 Roberto I Bruce rehusó hacer las paces con el hijo de Eduardo I con la justificación: "Cómo el rey de Inglaterra mantendrá su fe en mí, ya que no cumple el juramento a las promesas hechas a sus vasallos [...]".​​

La Gran Carta era referida en varios casos legales durante el período medieval. Por ejemplo, en 1226, los caballeros de Lincolnshire argumentaron que el sheriff local estaba cambiando la práctica consuetudinaria con respecto a los tribunales locales, "contraria a su libertad que deberían tener por la carta del rey".​ En la práctica, no se presentaron casos contra el monarca por incumplimiento de la Carta Magna y la Carta Forestal, pero era posible presentar un caso contra los oficiales del rey (por ejemplo, los magistrados civiles) empleando como prueba las violaciones de las libertades concedidas por el monarca en esos documentos.​

Además, los casos medievales que tomaban como base estas cartas trataban cuestiones específicas como la tutela y la dote, la recaudación de deudas y el mantenimiento de ríos libres para la navegación.​ Incluso en el siglo XIII, ciertas cláusulas de la Carta Magna raramente aparecían en casos legales, ya sea porque los asuntos en cuestión ya no eran relevantes o porque ya había sido remplazada por una legislación más relevante. Para 1350, la mitad de sus cláusulas ya no se invocaban activamente.​

En el continente se desarrollaron casos similares en los que la nobleza y el alto clero buscaban garantizar ciertas libertades. Por ejemplo, en 1212, Simón de Montfort, comandante supremo de la cruzada albigense, emitió el Estatuto de Pamiers que confirmaba los privilegios de los clérigos y limitaba la autoridad de los futuros gobernantes de Tolosa y Carcasona. Se ha sugerido que este estatuto influyó en la propia Carta Magna de 1215, que también aseguró las libertades de la Iglesia y reglamentó las relaciones feudales.​

El emperador teutón Federico II fortaleció la autoridad de los prelados imperiales con la Confoederatio cum principibus ecclesiasticis (1220),​ que constituyó una importante fuente jurídica del Sacro Imperio y fue incluida entre sus documentos constitucionales por los editores de la Monumenta Germaniae Historica.​ Los historiadores del siglo siglo XIX interpretaron las concesiones de 1220 como un ejemplo de la pérdida de poder de la autoridad real central sobre intereses principescos particulares, pero apenas trató nuevos reclamos ya que el proceso de expansión del gobierno territorial episcopal estaba muy avanzado en las décadas precedentes. Los antiguos derechos reales de los príncipes fueron asegurados con este amplio privilegio. La probada y esperada fidelidad forzó al rey a recompensar a los príncipes con una dádiva especial y buscar el consenso con ellos.​ Cinco años después, su hijo Enrique extendió esas concesiones a los príncipes seculares.​

También en este período Andrés II de Hungría emitió la Bula de Oro en la primavera de 1222, "uno de los muchos estatutos publicados en la cristiandad del siglo XIII que buscaba restringir el poder real".​ Esta ley establecía los derechos de la nobleza húngara, como la desobediencia al rey cuando actuaba en contra de la ley ( ius resistendi). Los nobles y la Iglesia fueron liberados de todos los impuestos, no podían ser obligados a ir a la guerra fuera de Hungría y no estaban obligados a financiarla. Asimismo era un documento de importancia histórica porque establecía principios de igualdad para toda la nobleza.​ La creación de la bula estuvo influenciada por el surgimiento de una clase media nobiliaria, inusual en el régimen feudal húngaro. Como un gesto regular de generosidad, el rey donaba bienes a sirvientes particularmente fieles, quienes a partir de entonces ganaban un nuevo poder económico y de clase. Con el sistema de clases y el estado económico cambiando, Andrés II se vio obligado a decretar el Bula de Oro para relajar las tensiones entre los nobles hereditarios y la nobleza de la clase media en ciernes.​​ Sobre su relación con la Carta Magna de 1215, el historiador Gabriel Ronay teorizó que los húngaros participantes de la quinta cruzada probablemente se reunieron con Robert Fitzwalter y otros líderes que la habían discutido.​ Según James Clarke Holt, no es necesario suponer que los autores de estos documentos se tomaron prestados unos de otros, ya que encarna la "reacción natural de las sociedades feudales a la importunidad monárquica".​

Por otro lado, durante las Vísperas sicilianas, Carlos I de Anjou emitió ordenanzas de reforma en un intento por recuperar Sicilia y evitar la rebelión en el sur de Italia, mientras que su hijo forzó al invasor Pedro III de Aragón a mantener una política exterior costosa al conceder el Privilegio General a sus súbditos.​ En la monarquía capetiana de principios del siglo XIV, debido al agotamiento de los recursos franceses en la cruzada aragonesa y las campañas en Flandes, Felipe IV y Luis X concedieron varios estatutos provinciales para apaciguar a la nobleza.​

Magna carta cum statutis angliae ("Gran carta con los estatutos ingleses"), de principios del s. XIV.

Durante el reinado de Eduardo III, se aprobaron seis medidas, más tarde conocidas como los Seis Estatutos ( Six Statutes), entre 1331 y 1369, que trataron de aclarar ciertas partes de las cartas. En particular, el tercer estatuto de 1354 redefinió la cláusula 29: donde mencionaba "hombre libre" ( free man) se convirtió en "ningún hombre, sea cual fuere su estado o condición que pudiese tener" ( no man, of whatever estate or condition he may be) y se introdujo la frase "debido proceso legal" ( due process of law) en "juicio legal de sus pares o la legislación nacional" ( lawful judgement of his peers or the law of the land).​

Entre los siglos XIII y XV, la Carta Magna fue reconfirmada treinta y dos veces, según Edward Coke, o posiblemente hasta cuarenta y cinco veces.​​ Con frecuencia, el primer punto del quehacer parlamentario era la lectura pública y reafirmación de la carta y, como en el siglo anterior, los parlamentos muchas veces exigían la confirmación del monarca.​ En 1423, fue confirmada por última vez por Enrique VI.​​​

A mediados del siglo XV, la Carta Magna dejó de ocupar el centro de la vida política inglesa cuando los monarcas reafirmaron su autoridad y los poderes que habían sido desafiados en los cien años posteriores al reinado de Eduardo I.​ Siguió siendo un texto para abogados -especialmente como una protección de los derechos de propiedad- y era leída cada vez más a medida que circulaban versiones impresas y aumentaba nivel de alfabetización de la población.​

Durante el siglo XVI cambió la interpretación de la Carta Magna y la primera guerra de los Barones.​ Enrique VII tomó el poder al final de la turbulenta guerra de las Dos Rosas y fue sucedido por Enrique VIII; la amplia propaganda durante ambos gobernantes promovió la legitimidad del régimen absolutista, la ilegitimidad de cualquier tipo de rebelión contra el poder real y la prioridad de apoyar al Corona en sus argumentos con el papado.​ Los historiadores de la era Tudor redescubrieron al Cronista de Barnwell, un texto más favorable a Juan I que otros del siglo XIII y, como describe el historiador Ralph Turner, "vieron al rey Juan como un héroe que luchaba contra el papado" y mostraba "pequeña simpatía por la Gran Carta o los barones rebeldes".​ Las manifestaciones procatólicas durante el levantamiento de 1536 citaban la Carta Magna y acusaban al rey de no darle el debido respeto.​

La primera edición reproducida mecánicamente fue probablemente la Magna Carta cum aliis Antiquis Statutis (1508) de Richard Pynson, aunque las primeras versiones impresas del siglo XVI atribuyeron incorrectamente sus orígenes a Enrique III y 1225, en lugar de Juan I y 1215, respectivamente; en consecuencia, se trabajaba a partir de un texto posterior.​​​ En 1527, John Rastell publicó una edición abreviada en inglés. Thomas Berthelet -sucesor de Pynson como impresor real durante 1530-1547- difundió una edición del texto junto con otros "estatutos antiguos" en 1531 y 1540.​​​ En 1534, George Ferrers publicó la primera edición íntegra de la Carta Magna en inglés, en la que dividió el documento en treinta y siete cláusulas numeradas.​

A finales del siglo XVI, despertó entre los anticuarios ingleses un interés especial por la Carta Magna.​ Concluyeron que había un conjunto de antiguas costumbres y leyes inglesas, temporalmente abolidas por la invasión normanda de 1066, que luego se habían recuperado en 1215 y quedaron plasmadas en la Carta Magna, que a su vez daba autoridad a importantes principios legales del siglo XVI.​​​ Los historiadores modernos señalaron que aunque esta narrativa era fundamentalmente incorrecta, ya que muchas personas lo consideraban un "mito", adquirió gran importancia entre los estudiosos del derecho en aquella la época.​​

Por ejemplo, el anticuario William Lambarde publicó lo que él creía que eran los códigos de derecho anglosajón y normando, remontando los orígenes del Parlamento inglés del siglo XVI a ese período, aunque malinterpretando las fechas de muchos documentos en cuestión.​ Francis Bacon opinó que la cláusula 39 era la base del sistema de jurados y los procesos judiciales del siglo XVI.​​ Los anticuarios Robert Beale, James Morice y Richard Cosin argumentaron que la Carta Magna era una declaración de libertad y una ley suprema y fundamental de la cual dependía el gobierno inglés.​ Aquellos que cuestionaban estas conclusiones, como el parlamentario Arthur Hall, enfrentaban sanciones.​​

A principios del siglo XVII, la Carta Magna era vista como documento político esencial en los argumentos sobre la autoridad de la monarquía inglesa.​ Jacobo I y Carlos I propusieron una mayor autoridad para la Corona, sobre la base de la doctrina del derecho divino de los reyes, mientras que la carta era muy citada por sus oponentes para desafiar a la monarquía.​

Edward Coke utilizó la Carta Magna como herramienta política durante esta época. Trabajando a partir de la versión de 1225 del texto -la primera copia impresa de la carta de 1215 apareció en 1610-, pronunció discursos y publicó varios folletos sobre este documento.​​ Su trabajo era desafiado en ese entonces por lord Ellesmere e historiadores modernos como Ralph Turner y Claire Breay han criticado a Coke por "malinterpretar" la carta original "anacrónicamente y sin sentido crítico" y por adoptar un enfoque "muy selectivo" de su análisis.​​ Con más simpatía, James Clarke Holt señaló que la historia de las cartas ya se había "distorsionado" cuando Coke estaba llevando a cabo su trabajo.​

En 1621, se presentó un proyecto de ley al Parlamento para renovar la Carta Magna; aunque este borrador fracasó, el abogado John Selden argumentó durante el caso Darnell en 1627 que el derecho de habeas corpus estaba respaldado por ella.​​ Coke apoyó la Petición de Derechos de 1628, que la citaba en su preámbulo, en un intento de ampliar las provisiones y hacerlas vinculantes para el poder judicial.​​ La monarquía respondió justificando que la situación legal histórica era mucho menos clara de lo que se pretendía, por lo que restringió las actividades de los anticuarios, arrestó a Coke por traición y censuró su libro sobre la Carta Magna.​​ Carlos I inicialmente no estaba de acuerdo con la Petición de Derechos y rehusó confirmar la carta, de manera que evitaría la reducción de su independencia como soberano.​​

Inglaterra descendió a la guerra civil en los años 1640, lo que ocasionó la ejecución de Carlos I en 1649. Después de la proclamación la república, algunos cuestionaron si la Carta Magna -un acuerdo con un monarca- seguía siendo relevante.​ The English Devil, un panfleto anti- Cromwell publicado en 1660, decía que la nación había sido obligada a someterse a ese tirano, que su palabra era ley y que, cuando ponga "su mano sobre su espada, lloraría" la Carta Magna.​ En un discurso de 2005, el presidente del Tribunal Supremo ( Lord Chief Justice) de Inglaterra y Gales, Harry Woolf, repitió la afirmación de que Cromwell se había referido al documento como Magna Farta ​ (lit., "Gran Pedo").

Los grupos radicales que florecieron durante este período tenían diferentes opiniones sobre la Carta Magna. Los niveladores ( Levellers) rechazaron la historia y la ley tal como eran presentadas por sus contemporáneos y sostuvieron en su lugar un punto de vista "antinormanista".​ Por ejemplo, John Lilburne argumentó que la carta contenía solo algunas de las libertades que supuestamente existían bajo los anglosajones antes de ser suprimidas por el yugo normando.​ El nivelador Richard Overton la describió como "una cosa mezquina que contiene muchas marcas de cautiverio intolerables".​ Ambos veían a la Carta Magna como una útil declaración de libertades que podía usarse contra gobiernos con los que no estaban de acuerdo.​​ Gerrard Winstanley, el líder de los cavadores ( Diggers) más extremistas, declaró que "las mejores leyes que Inglaterra tiene [ viz., la Carta Magna] fueron alcanzadas por nuestros importunados antepasados cuando solicitaron a los reyes que todavía eran sus maestros de obra; sin embargo, estas buenas leyes son ataduras y manicuras, reteniendo a un tipo de personas para que sean esclavas de otros: el clero y la nobleza obtienen su libertad, pero la gente común sigue siéndolo y se les ha dejado como sirvientes para que trabajen para ellos".​​

Un grabado de 1733 de la carta de 1215 por John Pine.

Robert Brady realizó el primer intento de una historiografía formal,​ ya que refutó la supuesta antigüedad del Parlamento y la creencia de la continuidad inmutable de las leyes anglosajonas. Brady advirtió que las libertades de la carta eran limitadas y argumentó que eran solamente concesiones del rey. Al ubicar la Carta Magna en un contexto histórico, puso en duda su relevancia política contemporánea;​ su comprensión histórica no sobrevivió a la Revolución Gloriosa, que, según el historiador John Pocock, "marcó un revés para el trascurso de la historiografía inglesa".​

Según la interpretación whig de la historia inglesa, la Revolución Gloriosa era un ejemplo de la reivindicación de las antiguas libertades. Reforzados con conceptos lockeanos, los creían que la constitución de Inglaterra era un contrato social basado en documentos como la Carta Magna, la Petición de Derechos y la Declaración de Derechos.​ English Liberties (1680, titulada British Liberties en versiones posteriores), del propagandista whig Henry Care, fue un libro polémico de bajo costo, muy influyente y reimpreso tanto en las colonias norteamericanas como en la metrópoli, que puso a la Carta Magna en el centro de la historia y la legitimidad contemporánea de su asunto.​

Las ideas sobre la naturaleza de la ley en general estaban empezando a cambiar. En 1716, se aprobó la Ley Septenal, que tuvo numerosas consecuencias. En primer lugar, el Parlamento ya no consideraba indiscutibles sus estatutos anteriores, ya preveía un plazo parlamentario máximo de siete años, mientras que la Ley Trienal (1694, promulgada menos de un cuarto de siglo antes) preveía un plazo máximo de tres años.​ También amplió en gran medida los poderes del Parlamento. Bajo esta nueva constitución, el absolutismo monárquico fue remplazado por la supremacía parlamentaria. Rápidamente se dieron cuenta de que la Carta Magna se aplicaba de la misma manera tanto si el rey ejercía o no su poder en el Parlamento. Esta supremacía sería desafiada por personas como Granville Sharp, quien consideraba que la carta era una parte fundamental de la constitución y sostenía que sería traición revocar cualquier parte de esta; también sostuvo que el documento prohíbe la esclavitud.​

William Blackstone publicó una edición crítica de la carta de 1215 en 1759 y creó el sistema de numeración que todavía se utiliza en la actualidad.​ En 1763, el parlamentario John Wilkes fue arrestado por escribir un panfleto incendiario ( No. 45, 23 April 1763), en el que citaba la Carta Magna continuamente.​ Lord Camden denunció el tratamiento de Wilkes como una contravención de ese documento.​ En sus Derechos del hombre, Thomas Paine hizo caso omiso de la Carta Magna y la Declaración de Derechos sobre la base de que no se trataban de constituciones escritas por representantes electos.​

Cuando los colonos ingleses partieron hacia el Nuevo Mundo, llevaron consigo cartas reales con las que establecieron las colonias. Por ejemplo, la carta de la Compañía de la Bahía de Massachusetts establecía que los colonos "tendrían y disfrutarían de las libertades e inmunidades de sujetos libres y naturales".​ La Carta de Virginia de 1606 -redactada en gran parte por Edward Coke- declaró que los colonos tendrían las mismas "libertades, derecho a voto e inmunidades" que las personas nacidas en Inglaterra.​ El Massachusetts Body of Liberties contenía similitudes con la cláusula 29 de la Carta Magna; al redactarlo, la Corte General de Massachusetts consideró a la carta como la encarnación principal del derecho consuetudinario inglés.​ Otras colonias seguirían su ejemplo. En 1638, Maryland intentó reconocerla como parte de la ley de la provincia, pero la solicitud fue denegada por Carlos I.​

En 1687, William Penn publicó The excellent privilege of liberty and property: being the birth-right of the free-born subjects of England, que contenía la primera copia de la Carta Magna impresa en suelo estadounidense. Los comentarios de Penn rememoraban los de Coke, en los que manifestaba la creencia de que era una ley fundamental del reino.​ Los colonos recurrieron a los libros de leyes inglesas, lo que los llevó a una interpretación anacrónica de la Carta Magna, ya que creían que garantizaba un juicio por jurado y habeas corpus.​ El desarrollo de la supremacía parlamentaria en las islas británicas no afectó constitucionalmente a las Trece Colonias, que conservaron un apego al derecho consuetudinario inglés, pero afectó directamente la relación entre Gran Bretaña y sus colonias.​ Cuando los colonos estadounidenses luchaban contra la metrópoli, no solo lo hacían por la nueva libertad, sino también por preservar las libertades y los derechos que creían estaban consagrados en la Carta Magna.​

A fines del siglo XVIII, la Constitución de los Estados Unidos se convirtió en la ley suprema del país, recordando la manera en que la Carta Magna se había convertido en ley fundamental.​ La quinta enmienda de la Constitución federal garantiza que "[a nadie] se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal", una frase que se deriva de la carta de 1215.​ Además, se incluyó un escrito similar en la cláusula de suspensión del artículo 1 sección 9: "El privilegio de habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando la seguridad pública lo exija, en los casos de rebelión o invasión".​ Cada uno de estos proclamaba que ninguna persona puede ser encarcelada o detenida sin pruebas de que haya cometido un delito. La novena enmienda establece: "La enumeración en la Constitución de ciertos derechos no ha de interpretarse como que niega o menosprecia otros que retiene el pueblo". Los redactores de la Constitución de los Estados Unidos deseaban garantizar que los derechos que ya tenían -como los que creían que eran proporcionados por la Carta Magna- se preservarían a menos que se restringiesen explícitamente.​​ La Corte Suprema de los Estados Unidos hizo referencia explícita al análisis de lord Coke como un antecedente del derecho de la sexta enmienda a un juicio inmediato.​

Recreación romántica del s. XIX de Juan I firmando la Carta Magna.

La interpretación whig de la Carta Magna y su papel en la historia constitucional siguió siendo dominante durante principios del siglo XIX. Constitutional history of England (1874-1878), del historiador William Stubbs, representaba esta opinión.​ Stubbs argumentó que la carta había conformado una etapa importante en la configuración de la nación inglesa y creía que los barones de Runnymede en 1215 no solo representaban a la nobleza, sino también al pueblo de Inglaterra en general, enfrentándose a un gobernante tiránico de la naturaleza de Juan I.​​

Esta visión de la Carta Magna pronto perdió ímpetu. El jurista e historiador victoriano tardío Frederic William Maitland proporcionó una historia académica alternativa en 1899, que comenzó a devolver a la Carta Magna sus raíces históricas.​ En 1904, Edward Jenks publicó un artículo titulado "El mito de la Carta Magna", que socavó la visión previamente aceptada sobre ella.​ Historiadores como Albert Pollard coincidieron con las conclusiones de Jenks en que Edward Coke había "inventado" en gran medida el mito de la Carta Magna en el siglo XVII; estos estudiosos argumentaron de que la carta de 1215 no se refería a la libertad para el pueblo en general, sino más bien a la protección de los derechos de los barones.​

Este punto de vista también se hizo popular en círculos más amplios y, en 1930, los humoristas Walter Sellar y Robert Yeatman publicaron una parodia sobre la historia inglesa (1066 and all that), en la que se burlaban de la supuesta importancia de la carta y sus promesas de libertad universal: "La Carta Magna era, por tanto, la principal causa de la democracia en Inglaterra y además una buena cosa para todos (excepto la gente común)".​​

Sin embargo, en muchas representaciones literarias del pasado medieval, la Carta Magna siguió siendo la base de la identidad nacional inglesa. Algunos autores utilizaron los orígenes medievales del documento como base para preservar el social, mientras que otros la invocaban para desafiar supuestas injusticias económicas.​ En 1898, se formó la Orden de Barones de la Carta Magna para promover los antiguos principios y valores que se percibían en ese documento.​ La abogacía de Inglaterra y los Estados Unidos continuó teniendo alta estima en la carta; esto fue fundamental en la formación de la Sociedad Carta Magna en 1922 para proteger los prados de Runnymede ante la urbanización en los años 1920; en 1957, el Colegio de Abogados de Estados Unidos erigió un memorial a la Carta Magna en Runnymede.​​​ En 1956, el jurista Tom Denning la describió como "el documento constitucional más grande de todos los tiempos: la fundación del libertad del individuo contra la autoridad arbitraria del déspota ".​

Algunos políticos radicales como Francis Burdett creían que la Carta Magna no podía ser derogada,​ pero ya para el siglo XIX las cláusulas que estaban obsoletas o las que habían sido sustituidas comenzaron a ser abrogadas. La derogación de la cláusula 36 en 1829 por la Ley de Delitos contra la Persona de 1828 (9 Geo 4 c 31 s 1)​ fue la primera vez que se remplazó una cláusula de la carta. Durante los siguientes ciento cuarenta años, casi toda la Carta Magna (1297) como estatuto fue derogada​ y solo quedaron en vigencia las cláusulas 1, 9 y 29 (en Inglaterra y Gales) después de 1969. La mayoría de las cláusulas fueron derogadas en Inglaterra y Gales por la Ley de Revisión del Derecho Estatutario de 1863, mientras que en la Irlanda del Norte moderna y también en la República de Irlanda actual por la Ley de Revisión del Derecho Estatutario (Irlanda) de 1872.​

Muchos intentos posteriores de redactar formas constitucionales de gobierno remontan su origen a la Carta Magna. Los dominios británicos, Australia y Nueva Zelanda,​ Canadá​ (excepto Quebec) y anteriormente la Unión Sudafricana y Rodesia del Sur reflejaron la influencia de la Carta Magna en sus leyes y los efectos de esta se pueden observar en las leyes de otros Estados que surgieron del Imperio británico.​ La Carta Magna se reimprimió en Nueva Zelanda en 1881 como una de las leyes imperiales vigentes en ese país.​ La cláusula 29 sigue vigente como parte del ordenamiento jurídico neozelandés.​

El memorial a la Carta Magna en Runnymede, diseñado por Edward Maufe y erigido por el Colegio de Abogados de Estados Unidos en 1957. El monumento se encuentra en el prado conocido históricamente como Long Mede: es probable que el sitio real del sellado de la Carta Magna esté más al este, hacia Egham y Staines.[34] ​

La Carta Magna continúa teniendo un poderoso estatus icónico en la sociedad británica y es citada por políticos y abogados en apoyo de posturas constitucionales.​​ Por ejemplo, la supuesta garantía de juicio por jurado y otras libertades civiles condujo al laborista Tony Benn a decir, en 2008, que el debate sobre el aumento del tiempo máximo que los sospechosos de terrorismo podían ser retenidos sin cargos de 28 a 42 días era "el día [en que la] Carta Magna fue abrogada".​ Aunque rara vez se invoca en tribunales en la era moderna, en 2012 los manifestantes de Occupy London intentaron utilizar este documento medieval para oponerse a la amenaza expulsión del cementerio de San Pablo en el centro de Londres. El presidente de la Sección Civil ( Master of the Rolls) de la Corte de Apelación hizo un breve comentario en el que señalaba, con cierta ironía, que, aunque la cláusula 29 era considerada por muchos como la base del estado de derecho en Inglaterra, no la consideraba directamente relevante para el caso y que las otras dos cláusulas sobrevivientes en realidad se referían a los derechos eclesiásticos y de la ciudad de Londres.​​

El documento tiene poco peso legal en la Gran Bretaña moderna, ya que la mayoría de sus cláusulas han sido abrogadas y los derechos relevantes están garantizados por otros estatutos, pero el historiador James Holt señaló que la memoria de la carta de 1215 en la vida nacional es una "reflexión del desarrollo continuo de la legalidad y administración inglesas" y un "símbolo de las muchas luchas entre la autoridad y la ley a lo largo de los siglos".​ El historiador Wilfred Lewis Warren notó que "muchos que sabían poco y que se preocupaban menos por el contenido de la carta, en casi todas las épocas invocaron su nombre, y con buena causa, porque significaba más de lo que decía".​

También sigue siendo un tema de gran interés para los historiadores; Natalie Fryde caracterizó la carta como "una de las vacas más sagradas en la historia medieval inglesa", porque es poco probable que terminen los debates sobre su interpretación y significado.​ En muchos sentidos sigue siendo un "texto sagrado", ya que se considera generalmente parte de la constitución no codificada del Reino Unido; en un discurso de 2005, el presidente del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Harry Woolf, la describió como el "primero de una serie de instrumentos que ahora se reconoce que tienen un estatus constitucional especial".​​

El documento también continúa siendo estimado en los Estados Unidos como un antecedente de la Constitución federal y la Carta de Derechos de los Estados Unidos.​ En 1976, el Reino Unido prestó uno de los cuatro originales de la Carta Magna de 1215 a los Estados Unidos para la celebraciones de su bicentenario y también donó una vitrina adornada para ello. El original fue devuelto después de un año, pero una réplica y la vitrina siguen en exhibición en la cripta del Capitolio de los Estados Unidos en Washington D.C.​

El 15 de junio de 2015 conmemoró el 800.° aniversario de la carta original y las organizaciones e instituciones planearon eventos festivos.​ La Biblioteca Británica reunió las cuatro copias existentes del manuscrito de 1215 en febrero de 2015 para una exposición especial.​ La artista británica Cornelia Parker recibió el encargo de crear una nueva obra de arte, Magna Carta (an embroidery), que se exhibió en la Biblioteca Británica entre mayo y julio de 2015.​ La obra de arte es una instantánea del artículo "Magna Carta" en la Wikipedia en inglés (como apareció en el 799.° aniversario del documento) y fue bordada a mano por más de 200 personas.​

Se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración en Runnymede, en el parque National Trust, a la que asistieron dignatarios británicos y estadounidenses.​ La copia en poder de la catedral de Lincoln fue exhibida desde noviembre de 2014 hasta enero de 2015 en la Biblioteca del Congreso en Washington D. C.​ Se inauguró un nuevo centro de visitantes en el castillo de Lincoln para el aniversario.​ La Real Casa de Moneda lanzó dos diseños conmemorativos de dos libras esterlinas.​​ En 2014, Bury St Edmunds en Suffolk celebró el 800.º aniversario de la Carta de las Libertades de los barones, que se acordó en secreto allí en noviembre de 1214.​

Cuatro copias de la Carta Magna supervivientes se reunieron por primera vez en la historia en 2013

De cada versión de la carta se elaboraron varias copias, conocidas como ejemplificaciones o copias auténticas, muchas de las cuales han sobrevivido.​ Los documentos fueron escritos delicadamente con plumas de ave en latín medieval rigurosamente abreviado, según los estándares de la época, sobre hojas de pergamino de piel de oveja de aproximadamente 15 por 20 pulgadas (380 x 510 mm).​​ Fueron autenticados con el gran sello real por un oficial llamado spigurnel, equipado con una prensa de sellado especial que empleaba cera estampada y lacre de resina.​​ No habían firmas en la carta de 1215 y los barones presentes no incluyeron sus propios sellos.​ Las cartas originales no fueron numeradas ni divididas en párrafos o cláusulas separadas; el sistema de numeración utilizado actualmente fue ideado por el jurista William Blackstone en 1759.​

La cancillería real emitió al menos trece copias originales de la carta de 1215, siete en la primera tanda distribuida el 24 de junio y otras seis más tarde; fueron enviadas a magistrados civiles y obispos del condado, quienes probablemente se encargaron de su lectura pública.​ Existen variaciones entre cada una de estas copias y probablemente no haya una sola "copia maestra".​ De estos documentos, solo cuatro sobreviven, todos en el Reino Unido: dos en la Biblioteca Británica, uno en la catedral de Lincoln y otro en la catedral de Salisbury.​ Cada una de estas versiones es ligeramente diferente en tamaño y redacción; los historiadores consideran que cada una tiene igual autoridad.​

Las dos cartas de 1215 en poder de la Biblioteca Británica, conocidas como Cotton MS. Augustus II.106 y Cotton Charter XIII.31a, fueron adquiridas por el anticuario Robert Cotton en el siglo XVII.​ Una de estas fue encontrada originalmente por Humphrey Wyems, un abogado de Londres, quien la habría descubierto en una sastrería y la entregó a Cotton en enero de 1629.​ La otra fue encontrada en el castillo de Dover en 1630 por Edward Dering. La llamada "carta Dering" generalmente se identifica como la copia enviada originalmente a Alianza de los Cinco Puertos en 1215.​​ Esta copia se dañó en el incendio de la Biblioteca Cotton de 1731, en el que su sello quedó parcialmente derretido. El pergamino estaba algo arrugado, pero relativamente indemne; John Pine imprimió un facsímil en 1733. Sin embargo, en los años 1830, un intento imprudente y fallido de limpieza y conservación dejó el manuscrito prácticamente ilegible para el ojo desnudo.​​ No obstante, esta es la única copia de 1215 sobreviviente que aún tiene su gran sello anexado.​​

La copia original de la carta de 1215 en la catedral de Lincoln ha estado en manos del condado desde ese mismo año; se exhibía en la cámara común de la catedral antes de ser trasladada a otro edificio en 1846.​​ Entre 1939 y 1940, la copia fue presentada en el pabellón británico en la Feria Mundial de 1939 en Nueva York y en la Biblioteca del Congreso.​ Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill quiso obsequiarla al pueblo estadounidense con la esperanza de que esto alentaría a esa nación, entonces neutral, a entrar en la guerra contra las potencias del Eje, pero la catedral no estuvo dispuesta y los planes fracasaron.​ Después de diciembre de 1941, la copia se almacenó en el fuerte Knox por seguridad, antes de volver a exhibirse en 1944 y regresar a la catedral de Lincoln a principios de 1946.​​​ En 1976 estuvo expuesta al público en la biblioteca medieval de la catedral.​ Posteriormente se exhibió en San Francisco y, durante un tiempo, se retiró de la exposición para someterse a procesos de conservación durante los preparativos para otra visita a los Estados Unidos, donde se expuso en 2007 en el Centro de Arte Contemporáneo de Virginia y el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia.​​​ El documento regresó a Nueva York para mostrarse en el museo Fraunces Tavern durante 2009.​ Actualmente en préstamo permanente a la bóveda David PJ Ross del castillo de Lincoln, junto con una copia original de la Carta Forestal de 1217.​​

La cuarta copia, en propiedad de la catedral de Salisbury, fue entregada por primera vez en 1215 a su predecesora, la catedral de Old Sarum.​ Redescubierta por el obispo en 1812, se ha mantenido en esa ciudad a lo largo de su historia, excepto cuando fue retirada de su sitio para trabajos de restauración.​​ Posiblemente es la mejor conservada de las cuatro, aunque se observan pequeños orificios en el pergamino en las esquinas donde alguna vez estuvo sujetada a la pared.​​​ La letra de esta versión es diferente de la de las otras tres, lo que sugiere que no fue escrita por un escriba real, sino por un miembro del personal de la catedral, que tenía la copia auténtica de la corte real.​​

Sobreviven otras versiones tempranas de las cartas. Una copia auténtica de la carta de 1216 permanece almacenada en la catedral de Durham.​ Existen cuatro copias de la carta de 1217; tres de estas están en la Biblioteca Bodleian en Oxford y una en la catedral de Hereford.​​ La copia de Hereford se exhibe ocasionalmente al lado de un mapamundi en la "biblioteca encadenada" de la catedral y es acompañada por un pequeño documento llamado Articuli super Cartas que se envió anexado con la carta, en la que instruye al sheriff del condado sobre cómo cumplir las condiciones descritas en el documento.​ Una de las copias de Bodleian se exhibió en el Palacio Legión de Honor de California en San Francisco en 2011.​

Existen cuatro ejemplares de la carta de 1225: la Biblioteca Británica tiene una, que estuvo en manos de la abadía de Lacock hasta 1945; la catedral de Durham también tiene otra copia y la Biblioteca Bodleian alberga una tercera.​​​ La cuarta copia de la ejemplificación de 1225 estuvo en el museo de la Oficina de Registro Público y ahora se encuentra en posesión de los Archivos Nacionales.​​ La Sociedad de Anticuarios de Londres también posee un borrador de la carta de 1215 (descubierta en 2013 en un registro de finales del siglo XIII de la abadía de Peterborough), una copia de la tercera edición de 1225 (dentro de una colección de estatutos de principios del siglo XIV) y una copia en rollo de la reedición de 1225.​

Solo dos copias auténticas de la Carta Magna se realizaron fuera de Inglaterra, ambas de 1297. Una de estas fue vendida en 1952 por la King's School de Bruton al gobierno australiano por £ 12 500.​ Esta copia se encuentra en exhibición en el Salón de los Miembros del Parlamento en Canberra.​ La segunda fue originalmente propiedad de la familia Brudenell, condes de Cardigan, antes de venderla en 1984 a la Fundación Perot en los Estados Unidos, que en 2007 la vendió al empresario estadounidense David Rubenstein por $ 21 300 000.​​​ Rubenstein comentó: "Siempre creí que este era un documento importante para nuestro país, aunque no fue redactado en nuestro país. Creo que fue la base de la Declaración de Independencia y el pilar de la Constitución". Esta ejemplificación está en préstamo permanente a los Archivos Nacionales en Washington D. C.​​ Sobreviven únicamente dos copias auténticas de 1297,​ una de las cuales se encuentra en los Archivos Nacionales del Reino Unido.​

Se conservan siete copias de la ejemplificación de 1300 de Eduardo I:​​ en Faversham,​ el Oriel College de Oxford, la Biblioteca Bodleian, la catedral de Durham, la abadía de Westminster, el antiguo ayuntamiento de Londres​ y el Consejo del Condado de Kent ( Sandwich). La copia de Sandwich fue redescubierta a principios de 2015 en un álbum de recortes victoriano en los archivos de esa ciudad, una de los antiguos Cinco Puertos.​ En el caso de las copias auténticas de Sandwich y el Oriel College, también poseen las copias originales anexadas de la Carta Forestal.​

La mayoría de las cartas de 1215 y versiones posteriores buscaban regular los derechos feudales de la Corona sobre los barones.​ Durante el reinado de los angevinos y en particular en el de Juan I, los derechos del monarca inglés se habían usado con frecuencia de manera inconsistente, en muchas veces en un intento de aumentar los impuestos a los barones. El rescate feudal era una de las formas en que un rey podía exigir dinero; las cláusulas 2 y 3 fijaban las tasas a pagar cuando un heredero recibía un patrimonio o cuando un menor alcanzaba la mayoría de edad y tomaba posesión de sus tierras.​ El escudaje era otra forma de impuesto medieval: los caballeros y nobles debían el servicio militar a la Corona a cambio de sus tierras, que teóricamente seguían perteneciendo al rey, pero muchos preferían evitar este servicio y ofrecer dinero; la Corona solía usar estos fondos para contratar mercenarios.​ La tasa de escudaje que debería pagarse y las circunstancias según las cuales era apropiado que el rey la exigiera era incierta y controvertida; las cláusulas 12 y 14 se referían a la gestión de este proceso.​

El sistema judicial inglés fue modificado considerablemente en el siglo anterior y los jueces reales desempeñaban un papel más importante en la administración de la justicia en el país. Juan I había utilizado su discreción real para extorsionar grandes sumas de dinero a los barones y recibía pagos para ofrecer justicia en casos particulares, por lo que el rol de la Corona en la administración de justicia se había vuelto políticamente delicado entre los barones. Las cláusulas 39 y 40 exigían que se aplicara el debido proceso en el sistema de justicia real, mientras que la cláusula 45 establecía que el rey designara funcionarios reales bien informados en puestos relevantes.​ Aunque estas cláusulas no tenían ningún significado especial en la carta original, esta destacó como particularmente importante en siglos posteriores.​ Por ejemplo, en 1974, la Corte Suprema de California interpretó la cláusula 45 como la afirmación de un requisito en el derecho común de que un acusado que enfrenta una potencial pena de prisión tenga derecho a un proceso supervisado por un juez legalmente capacitado.​

Juan I ataviado con sus vestiduras reales y sosteniendo una iglesia en una miniatura de Historia Anglorum por Mateo de París (c. s. XIII).

Algunas de las cláusulas abordaron cuestiones económicas más amplias. Las preocupaciones de los barones sobre el tratamiento de sus deudas con los prestamistas judíos, que ocupaban un lugar especial en la Inglaterra medieval y estaban por tradición bajo la protección del rey, se abordaron en las cláusulas 10 y 11.​ El carta concluía esta sección con la frase "las deudas debidas a otros que no sean judíos se tratarán de la misma manera", por lo que es discutible en qué medida los judíos fueron afectados por estas cláusulas.​ Algunas cuestiones eran relativamente específicas, como la cláusula 33 que ordenaba la eliminación de los corrales de pesca -una importante y creciente fuente de ingresos en ese momento- de los ríos de Inglaterra.​

El rol de la Iglesia católica en Inglaterra había sido un tema muy debatido en los años previos a la carta de 1215. Los reyes normandos y angevinos habían ejercido tradicionalmente un gran poder sobre la Iglesia dentro de sus territorios. Desde los años 1040 en adelante, los papas habían enfatizado la importancia de que la Iglesia sería gobernada más efectivamente desde Roma y habían establecido un sistema judicial independiente y una cadena jerárquica de autoridad.​ Después de los años 1140, estos principios habían sido aceptados dentro de la Iglesia en Inglaterra, incluso si estaban acompañados por un elemento de preocupación sobre la centralización de la autoridad en Roma.​​ Esos cambios pusieron en tela de juicio los derechos consuetudinarios de los líderes laicos, como el rey, sobre los nombramientos eclesiásticos.​ Como se describió anteriormente, Juan I llegó a un acuerdo con el papa Inocencio III a cambio de su apoyo político; la cláusula 1 de la Carta Magna expresaba explícitamente este acuerdo, que prometía exenciones y libertades a la Iglesia.​ La importancia de esta cláusula también reflejaría el rol del arzobispo Langton en las negociaciones, quien había tomado una postura firme sobre este tema durante su carrera eclesiástica.​

Solo tres cláusulas de la Carta Magna permanecen vigentes en el ordenamiento jurídico de Inglaterra y Gales.​ Estas se refieren a la libertad de la Iglesia en Inglaterra, las "antiguas libertades" de la ciudad de Londres (cláusula 13 en la carta de 1215, cláusula 9 en la carta de 1297) y el derecho al debido proceso legal (cláusulas 39 y 40 en la carta de 1215, cláusula 29 en la carta de 1297).​ En detalle, utilizando el sistema de numeración de la carta de 1297, establecen que:​

I

I. FIRST, We have granted to God, and by this our present Charter have confirmed, for Us and our Heirs for ever, that the Church of England shall be free, and shall have all her whole Rights and Liberties inviolable. We have granted also, and given to all the Freemen of our Realm, for Us and our Heirs for ever, these Liberties under-written, to have and to hold to them and their Heirs, of Us and our Heirs for ever.

Primero, hemos garantizado a Dios, y por esto nuestra presente carta hemos confirmado, para nosotros y para nuestros herederos para siempre, que la Iglesia de Inglaterra será libre y tendrá sus derechos y libertades inviolables. También hemos otorgado, y dado a los hombres libres de nuestro reino, para nosotros y nuestros herederos para siempre, estas libertades subescritas, para tener y mantener a ellos y sus herederos, de nosotros y de nuestros herederos para siempre.

IX

THE City of London shall have all the old Liberties and Customs which it hath been used to have. Moreover We will and grant, that all other Cities, Boroughs, Towns, and the Barons of the Five Ports, as with all other Ports, shall have all their Liberties and free Customs.

La ciudad de Londres tendrá todas las antiguas libertades y costumbres que solía tener. Más aún, aceptaremos y garantizamos que las demás ciudades, distritos, ciudades y barones de los Cinco Puertos, como los demás puertos, tendrán todas sus libertades y costumbres libres.

XXIX

NO Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed; nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the land. We will sell to no man, we will not deny or defer to any man either Justice or Right.

No se tomará ni se encarcelará a ningún hombre libre, ni se usurpará su propiedad vitalicia, o libertades, o aduanas libres, ni se le prohibirá, ni se le exiliará, ni se destruirá de ninguna otra manera; ni será pisoteado, ni le condenaremos, sino por juicio legítimo de sus pares, o por la ley de tierras. No venderemos a nadie, ni negaremos ni postergaremos justicia o derecho a ningún hombre.

Véase también

1. El nombre latino del documento se escribía Magna Carta o Magna Charta (la pronunciación es igual) y, en inglés, con o sin el artículo definido the. El latín no tiene artículo definido equivalente. El Oxford English Dictionary recomienda no usar el artículo definido en inglés.​ La grafía Charta se originó en el siglo XVIII, como una restauración del latín clásico charta para la versión latina medieval carta.​ Si bien Charta sigue siendo una variante ortográfica aceptable, nunca prevaleció su uso en el inglés.​

2. En este artículo, las fechas anteriores al 14 de septiembre de 1752 están en el calendario juliano.​ Las fechas posteriores están en el calendario gregoriano. Sin embargo, en este último sistema la fecha habría sido el 22 de junio de 1215.

3. La Constitución de los Estados Unidos fue redactada en 1787 y entró en vigor en 1788, después de la ratificación por parte de nueve de los trece estados; su gobierno federal comenzó a funcionar al año siguiente.​

4. La Carta de las Libertades de Runnymede no se aplicaba a Chester, que en ese momento era un dominio feudal separado. El conde Ranulfo otorgó su propia Carta Magna a Chester.​ Algunos de sus cláusulas eran similares a la mencionada carta de Runnymede.​

5. El reclamo de Luis al trono inglés -descrito como "discutible" por el historiador David Carpenter- derivaba de su esposa Blanca de Castilla, quien era nieta del rey Enrique II. Luis argumentó que, dado que Juan I había sido depuesto legítimamente, los barones podrían legalmente nombrarlo rey pasando por alto los reclamos de Enrique, el heredero presunto.​

6. Roger de Montbegon es nombrado solo en una de las cuatro fuentes anteriores (BL, Harley MS 746, fol 64), mientras que otras mencionan a Roger de Mowbray. Sin embargo, Holt consideró que el listado de Harley es "el mejor" y que las menciones a De Mowbray son un error.​

7. Entre los historiadores que han discutido el "mito" de la Carta Magna y la antigua constitución inglesa están Claire Breay, Geoffrey Hindley, James Holt, John Pocock, Danny Danziger y John Gillingham.​​​​​

8. En 2015, David Carpenter había concluido que la "carta Dering" era idéntica a una transcripción de 1290 de la copia de 1215 de la catedral de Canterbury, por lo que sugirió que su destino era la catedral en lugar de los Cinco Puertos.​​

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The sarcasm of the Master of the Rolls was plain

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Carta Magna - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Magna Carta Libertatum (en latín medieval, "Gran Carta de las Libertades"), más conocida como la Carta Magna (en inglés y latín medieval, Magna Carta, "Gran Carta"),​ es una carta otorgada por Juan I de Inglaterra en Runnymede, cerca de Windsor, el 15 de junio de 1215.​ Fue redactada en primer lugar por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés, con amplia impopularidad, y un grupo de barones sublevados.

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Bula Sublimis Deus del Papa Paulo III: reconoce derechos de los pueblos indígenas

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La Carta de Derechos o Declaración de Derechos (en inglés Bill of Rights) es un documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II.

El propósito principal de este texto era recuperar y fortalecer ciertas facultades parlamentarias ya desaparecidas o notoriamente mermadas durante el reinado absolutista de los Estuardo ( Carlos II y Jacobo II). Constituye uno de los precedentes inmediatos de las modernas "Declaraciones de Derechos", incluyendo:

La Declaración de Derechos de 1689, el Acta de exclusión de los católicos partidarios de los Estuardo de 1701 y el Acta de Unión de Inglaterra y Escocia de 1707 aseguraron el triunfo de una monarquía moderada y protestante en el nuevo Reino Unido de Gran Bretaña.

El nuevo Parlamento redacta una Declaración de derechos que recuerda las obligaciones y los deberes respectivos del Rey y el Parlamento.

1. El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.

2. El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.

3. Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.

4. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.

5. Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.

6. El Parlamento debe reunirse con frecuencia.

La Declaración de derechos hizo que el Parlamento limitara los poderes de la nobleza, y en cuanto a la Iglesia, promulga la Toleration Act en mayo de 1689, que concede libertad religiosa a los católicos y protestantes, la libertad de culto público, el derecho a abrir escuelas y el acceso a todas las funciones públicas. Se denomina "ley de tolerancia" y no de libertad religiosa, dado que en primera instancia Gran Bretaña tenía (y tiene) una religión oficial, que es la anglicana y se Tolera a ciertas personas que no son de dicha religión, pero no a los católicos, generando de esta manera la marginación de un determinado culto y no logra la "libertad religiosa" que hoy en día se considera.

La verdadera reina legítima debía ser la hija de Jacobo II Estuardo, María (1662-1694), casada con Guillermo III de Orange, de modo que son proclamados conjuntamente Rey y Reina desde febrero de 1689, a condición de que reconozcan el Bill Of Rights, la monarquía constitucional, la democracia de sufragio censitario, basada en la soberanía de la nación (Edmund Burke señala que estas ideas y la de contrato social son extrañas a los objetivos e ideales de la Revolución Gloriosa). Estas ideas sustituyen a la monarquía hereditaria y absoluta de derecho divino.

Libertad religiosa y equilibrio de poderes entre el Rey y el Parlamento.

La Triennal Act, aprovechando la ausencia del Rey, que visita mucho el continente, el rey no puede verse privado del Parlamento por más de tres años (así el Rey no puede prorrogar una asamblea dócil).

En 1695 el Parlamento vota la libertad de expresión para periódicos y libelos, ampliando así la participación de la opinión pública en la vida política.

La siguiente reina, Ana (1702-1714), es muy popular, inglesa y anglicana. Los tories quieren abolir la Tolerancy Act y separarse de Escocia, pero los whigs tienen la mayoría en las elecciones de 1705, de modo que aprueban la Union Act (1707) que supone la unión política de ambos reinos escocés e inglés, bajo el nombre de Reino Unido de Gran Bretaña.

La creación de un Banco de Inglaterra (1694) y de un ministerio de comercio ( Board of Trade), que consiguiera ventajas comerciales, aseguran una época de desarrollo del capitalismo.

La intelectualidad refleja estos cambios ( Newton, Pope, Leibniz, Swift). Finalmente, John Locke, con sus Dos tratados sobre el gobierno civil (1689), da a la experiencia inglesa una repercusión que sacudirá a Europa en el siglo siguiente.

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Declaración de Derechos de 1689 - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Carta de Derechos o Declaración de Derechos (en inglés Bill of Rights ) es un documento redactado en Inglaterra en 1689, que impuso el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo II.

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Ley de Hábeas Corpus: protege contra detenciones arbitrarias

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Ley de Hábeas Corpus: protege contra detenciones arbitrarias

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Bill of Rights en Inglaterra (Gloriosa Revolución

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Bill of Rights en Inglaterra (Gloriosa Revolución

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Revolución Gloriosa - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Para la revolución española denominada «La Gloriosa», véase Revolución de 1868.

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Declaración de Derechos de Virginia y Declaración de Independencia de EE. UU

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Declaración de Derechos de Virginia y Declaración de Independencia de EE. UU

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Virginia Declaration of Rights | Text, Definition, Significance, & Author | Britannica

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The Virginia Declaration of Rights was adopted June 12, 1776, by the constitutional convention of the colony of Virginia. It was a model for the Bill of Rights added to the U.S. Constitution 15 years later.

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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Revolución Francesa)

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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Revolución Francesa)

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Representación de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799) en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales. Influida por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales.

Aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos, franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere a la condición de las mujeres o la esclavitud, aunque esta última sería abolida por la Convención Nacional el 4 de febrero de 1794. Sin embargo es considerado un documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional. No fue hasta que Olympe de Gouges, en 1791, proclamó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que las mujeres entraron en la historia de los derechos humanos.

La Declaración fue el prefacio a la Constitución de 1791. La primera traducción americana completa de sus 17 artículos al español es obra de Antonio Nariño, publicada en Bogotá, Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia) en 1793.

Una segunda versión ampliada, conocida como Declaración de los Derechos del Hombre de 1793, fue aprobada posteriormente e incorporada a la Constitución francesa de 1793, ambas de muy breve aplicación. Seguida de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1795 en la Constitución de 1795 que establece el Directorio.

En el derecho constitucional francés, la Declaración de 1789 es parte de la Constitución francesa de 1946, que agrega los derechos sociales en su preámbulo, y de la Constitución francesa de 1958 que conserva el preámbulo de la Constitución de 1946.

Patente real de Luis XVI de Francia, promulgando los textos aprobados por la Asamblea Nacional a partir del 4 de agosto de 1789, entre ellos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Todo empezó cuando en el Juramento del Juego de Pelota el 20 de junio de 1789, los diputados franceses de la Asamblea Nacional se fijaron como misión principal la de dar por primera vez una Constitución a Francia, y crearon con este fin un comité que preparase el "orden de trabajo sobre la constitución del reino". El mismo día que la Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, el 9 de julio de 1789, Mounier presentó ante la Asamblea el informe del comité, en el que se recomendaba redactar un preámbulo que enumerase los derechos fundamentales que la Constitución debía respetar.​ Se llegaron a leer 21 proyectos de declaración, incluido uno de La Fayette, uno de Robespierre y otro de la ciudad de París.​ El 19 de agosto, la Asamblea acordó que la declaración sería debatida por los diputados a partir del proyecto de 24 artículos propuesto por el 6.º Bureau, que fue el proyecto más votado por delante del presentado por el Abad Sieyès.​ Los artículos fueron debatidos, redactados y votados uno por uno en los días siguientes (del 20 al 26 de agosto), modificándose sustancialmente el contenido de la declaración que quedó en 17 artículos. Se aprobó el último artículo, el 17 relativo al derecho a la propiedad, el 26 de agosto de 1789.​​

La Declaración fue promulgada por patente real el 3 de noviembre de 1789, junto con otros textos aprobados por la Asamblea Nacional desde el de 1789. Aquella noche se había aprobado la abolición de los privilegios en los que se basaba la sociedad del Antiguo Régimen, poniendo fin al sistema feudal.

La declaración establece los principios de la sociedad que serán la base de la nueva legitimidad, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas del Antiguo Régimen: "El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación". La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano considera legítima la revuelta de los diputados en contra de la monarquía absoluta, al declarar como derecho imprescindible del hombre la "resistencia a la opresión".

La declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Los Constituyentes enumeran lo que no son derechos creados por los revolucionarios, sino que son derechos constatados. Es la consecución de la filosofía del Siglo de las Luces. Los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, que son anteriores a los poderes establecidos y son considerados como aplicables en cualquier lugar y cualquier época, se enumeran en el artículo 2. Son cuatro: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Muchos artículos son dedicados a la libertad:

Artículo 1: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos";

Los artículos 4 y 5 intentan definir y circunscribir la libertad. Es definida como "lo que no perjudica a nadie" y solo la ley le puede poner límites;

Los artículos 7, 8 y 9 precisan las características de la libertad individual: presunción de inocencia e irretroactividad de la ley;

Los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión, de prensa y de conciencia.

El principio de igualdad es establecido en el artículo primero, la igualdad ante la Hacienda Pública en el artículo 13 (en respuesta a la reivindicación más repetida en los Cuadernos de quejas), y la igualdad frente a la ley en el artículo 6 (igualdad para acceder a los cargos públicos solo con base en las capacidades individuales).

La propiedad es un derecho inviolable y sagrado (artículo 17). Según este artículo "Nadie puede ser privado de ella, excepto cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exige con evidencia y con la condición de una indemnización previa y justa."

Los artículos que definen al ciudadano dentro de la organización del sistema político son menos precisos y son condicionados por el recelo hacia el Antiguo Régimen. El artículo 6 afirma que la ley es la expresión de la voluntad general, la expresión de la soberanía y la fuente de los poderes públicos. Según el artículo 15, los agentes públicos son responsables de su gestión y la sociedad tiene el derecho de pedirles que rindan cuenta de ella. No se mencionan sin embargo los derechos sociales, que proceden de una definición distinta de la palabra "derecho": la Declaración determina la legitimidad de los actos, mientras que los derechos sociales definen garantías materiales.

El artículo 16 es el precepto en el cual están consagrados los fundamentos de todo Estado que se jacte de tener Constitución; el artículo en comento señala que un Estado que no garantice los derechos humanos y no establezca la separación de poderes, carece de Constitución.

Los miembros de la Asamblea Constituyente manejaban ideas generales y conceptos teóricos, pero no definieron las condiciones concretas en las que se debía de establecer el gobierno del pueblo, dado que se trataba de un preámbulo a una Constitución. Plantearon principios trascendentales cuya aplicación concreta quedó definida en la propia Constitución. Este texto servirá de base a todos los regímenes que se inscriben dentro de una tradición republicana.

La Declaración de 1789 ha inspirado un gran número de textos similares en Europa y América Latina. La tradición heredada de la Revolución francesa está también presente en la Convención Europea de los Derechos Humanos, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Los artículos de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano son los siguientes:

1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común.

2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella.

4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley.

5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena.

6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar. Siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.

7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por esta prescritas. Todo aquel que promueva, solicite, ejecute o haga que sean ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o aprendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si ofrece resistencia.

8. La ley no debe imponer otras penas que aquellas que son estrictas y evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada.

9. Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. Si se estima que su arresto es indispensable, cualquier rigor mayor del indispensable para asegurar su persona ha de ser severamente reprimido por la ley.

10. Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

11. Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

12. Siendo necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho particular de las personas a las que ha sido confiada.

13. Siendo necesaria, para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración, una contribución común, esta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos, de acuerdo con sus facultades.

14. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración.

15. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

16. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución.

17. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.

De acuerdo al preámbulo de la Constitución de la Quinta República de Francia (adoptada el 4 de octubre de 1958, y actual constitución), se establece que:

Las legislaciones de impuestos o prácticas que parezcan hacer alguna innecesaria diferencia entre ciudadanos son desechadas como anticonstitucionales.

Las propuestas de clara discriminación con bases étnicas son descartadas porque infringen el principio de igualdad, ya que deberían estar en igualdad.

Desde 2003, el conjunto de los textos y documentos referentes a la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ha sido seleccionado por la UNESCO para integrar la lista del registro de la Memoria del Mundo. Este registro recopila el patrimonio documental de interés universal, con el propósito de asegurar su preservación.

La Declaración reconoció muchos derechos como pertenecientes a ciudadanos (que solo podían ser hombres). Esto a pesar del hecho de que después de la Marcha sobre Versalles el 5 de octubre de 1789, las mujeres presentaron la Petición de la Mujer a la Asamblea Nacional en la que propusieron un decreto que otorga a las mujeres los mismos derechos. En 1790, Nicolas de Condorcet y Etta Palm d'Aelders pidieron sin éxito a la Asamblea Nacional que extendiera los derechos civiles y políticos a las mujeres. Condorcet declaró que "el que vota en contra del derecho de otro, cualquiera que sea la religión, el color o el sexo de ese otro, ha abjurado del suyo". La Revolución Francesa no condujo a un reconocimiento de los derechos de las mujeres y esto llevó a Olympe de Gouges a publicar la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en septiembre de 1791.

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana se basa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y es irónica en su formulación y expone el fracaso de la Revolución Francesa , que se había dedicado a la igualdad . Se afirma que:

Esta revolución solo tendrá efecto cuando todas las mujeres se den cuenta de su deplorable condición y de los derechos que han perdido en la sociedad.

La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana sigue los diecisiete artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano punto por punto y ha sido descrita por Camille Naish como "casi una parodia ... del documento original" . El primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclama que "los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales pueden basarse solo en la utilidad común". El primer artículo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana respondió: "La mujer nace libre y sigue siendo igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común".

De Gouges también llama la atención sobre el hecho de que, según la ley francesa, las mujeres eran totalmente castigables, pero se les negaba la igualdad de derechos, declarando que "las mujeres tienen derecho a montar el andamio, también deben tener el derecho de montar la tribuna del orador".

La declaración no revocó la institución de la esclavitud, como lo presionaron Les Amis des Noirs de Jacques-Pierre Brissot y lo defendió el grupo de plantadores coloniales llamado Club Massiac porque se encontraron en el Hôtel Massiac. A pesar de la falta de mención explícita de la esclavitud en la Declaración, los levantamientos de esclavos en Saint-Domingue en la Revolución haitiana se inspiraron en ella, como se discutió en la historia de CLR James de la Revolución haitiana, The Black Jacobins .

Las condiciones deplorables para los miles de esclavos en Saint-Domingue, la colonia de esclavos más rentable del mundo, llevaron a los levantamientos que se conocerían como la primera revuelta de esclavos exitosa en el Nuevo Mundo. Las personas libres de color fueron parte de la primera ola de revueltas, pero luego los antiguos esclavos tomaron el control. En 1794, la Convención dominada por los jacobinos abolió la esclavitud, incluso en las colonias de Saint-Domingue y Guadalupe. Sin embargo, Napoleón lo restableció en 1802 e intentó recuperar el control de Saint-Domingue enviando miles de tropas. Después de sufrir las pérdidas de dos tercios de los hombres, muchos por fiebre amarilla, los franceses se retiraron de Saint-Domingue en 1803. Napoleón renunció a América del Norte y aceptó la Compra de Luisiana por los Estados Unidos En 1804, los líderes de Saint-Domingue lo declararon como un estado independiente, la República de Haití , la segunda república del Nuevo Mundo.

1. Texto integral del informe de Mounier, en los archivos de la Asamblea Nacional de 1787 a 1860, del 5 de mayo de 1789 al 15 de septiembre de 1789, debates del 9 de julio de 1789, págs. 214-216, en Gallica.

2. Weiss, Juan Bautista (1931). Historia Universal, Volumen XV: Los Estados Unidos vs Canadá. La Revolución francesa. Barcelona: Tipografía La Educación., pág. 506.

3. Resolución del 19 de agosto de 1789, en los archivos de la Asamblea Nacional de 1787 a 1860, del 5 de mayo de 1789 al 15 de septiembre de 1789, pág. 459, en Gallica.

4. Debates del 26 de agosto de 1789, en los archivos de la Asamblea Nacional de 1787 a 1860, del 5 de mayo de 1789 al 15 de septiembre de 1789, pág. 489, en Gallica.

5. Algunas fuentes indican equivocadamente como día de la aprobación el 27 de agosto.

Georg Jellinek, Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Duncker&Humblot, Berlín, 1895.

Vincent Marcaggi, Les origines de la déclaration des droits de l'homme de 1789, Fontenmoing, París, 1912.

Giorgio Del Vecchio, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la Révolution française: contributions à l'histoire de la civilisation européenne, Librairie générale de droit et de jurisprudence, París, 1968.

Stéphane Rials, ed, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Hachette, París, 1988, ISBN 2-01-014671-9.

Claude-Albert Colliard, La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, La doumentation française, París, 1990, ISBN 2-11-002329-5.

Gérard Conac, Marc Debene, Gérard Teboul, eds, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789; histoire, analyse et commentaires, Economica, París, 1993, ISBN 978-2-7178-2483-4.

Realino Marra, La giustizia penale nei princìpi del 1789, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXXI-2, 2001, pp. 353-64.

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Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano - Wikipedia, la enciclopedia libre

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La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799) en cuanto a definir los derechos personales y los de la comunidad, además de los universales.

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Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Olympe de Gouges)

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Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (Olympe de Gouges)

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Olympe de Gouges ( Montauban, Francia, 7 de mayo de 1748 - París, 3 de noviembre de 1793) es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana ( 1791). Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud.​ Detenida por su defensa de los Girondinos fue juzgada sumariamente y murió guillotinada.​​

Nació en una familia burguesa de Montauban (su padre era carnicero y su madre hija de un negociante de telas). Se casó en 1765 con un hombre mayor, quedando al cabo de un tiempo viuda y con un hijo, Pierre Aubry. Muy decepcionada por el matrimonio en general, que calificó de "tumba de la confianza y del amor", se negó a volver a casarse. A principios de 1770, se trasladó a París donde se preocupó de que su hijo recibiera una muy buena educación. Llevaba una existencia burguesa, y frecuentaba los salones literarios parisinos donde conoció a la élite intelectual del siglo de oro francés. En 1774, su nombre figuraba en el Almanaque de París, el " Quién es quién" de la época. Emprendió entonces una carrera literaria al igual que su padrino, el poeta Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Empieza a firmar con el nombre de Marie-Olympe u Olympe, segundo nombre de su madre, añadiendo la preposición "de" a su apellido oficial Gouze, que a veces aparecía como Gouge (de hecho, su hermana mayor era Gouges).

Escribió varias obras de teatro y montó una compañía teatral itinerante que recorría la región de París, sin que sus ingresos le permitieran mantenerse. Pero rápidamente sus obras empezaron a ser representadas en teatros de toda Francia. Su obra más conocida, La esclavitud de los negros ( L'esclavage des noirs), fue publicada en 1792, pero fue inscrita en el repertorio de la Comédie-Française en 1785 bajo el título de Zamore y Mirza, o el feliz naufragio ( Zamore et Mirza, ou l'heureux naufrage).

Esta obra atrevida pretendía llamar la atención sobre la condición de los esclavos negros, pero Olympe tuvo que enfrentarse con la desaprobación de los actores de la Comédie Française. Esta dependía económicamente de la Corte de Versalles donde muchas familias nobles se habían enriquecido con la trata de esclavos. Por otro lado, el comercio con las colonias de ultramar representaba entonces el 50% del comercio exterior del país. Olympe fue encarcelada en la Bastilla por medio de una lettre de cachet, pero fue liberada al poco tiempo gracias a la intervención de sus amigos.​

Con la Revolución, su obra pudo por fin ser representada en la Comédie Française. A pesar de las presiones y amenazas del lobby colonial, todavía muy influyente, Olympe de Gouges mantuvo una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. En 1788 publicó el ensayo Réflexions sur les hommes nègres ( Reflexiones sobre los hombres negros) que le abrió las puertas del "Club des amis des noirs" (Club de los amigos de los negros) del que fue miembro. En 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema, Le marché des Noirs ( El mercado de los negros).

Los principales dirigentes del movimiento abolicionista, el abate Grégoire y el diputado girondino Brissot, dejaron constancia en sus escritos de la admiración que sentían por Olympe de Gouges.​​

En 1788, el Periódico general de Francia ( Journal général de France) publicó dos de sus folletos políticos, tratando uno de ellos de su proyecto de impuesto patriótico que desarrollará más tarde en su famosa Carta al pueblo ( Lettre au Peuple). El segundo dibujaba un amplio programa de reformas sociales. Estos escritos fueron seguidos de folletos que dirigía periódicamente a los representantes de las tres primeras legislaturas de la Revolución, a los Clubes patrióticos y a diversas personalidades como Mirabeau, La Fayette y Necker a los que admiraba. Se calcula que fueron cerca de 30 panfletos. Fundó varias Sociedades Fraternas para ambos sexos.

En 1791 escribió su famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana que comenzaba con las siguientes palabras:

Hombre, ¿Eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta.

En la línea de Montesquieu, defendió la separación de poderes. Apoyó en un principio la monarquía constitucional, pero se adhirió rápidamente a la causa republicana y se opuso a la condena a muerte de Luis XVI en 1793. Tomó partido por los Girondinos y advirtió sobre los riesgos de dictadura criticando duramente la política de Robespierre y Marat. Denunció también la creación del Comité de Salvación Pública.

Su defensa de los Girondinos, después de que estos fueran eliminados de la escena política en junio de 1793, le valió ser detenida en agosto de 1793 bajo la acusación de ser la autora de un panfleto a favor de estos. Enferma por culpa de una herida que se había infectado, fue transferida a una enfermería carcelaria. Para que su detención le fuera más soportable, empeñó sus joyas en el Monte de Piedad consiguiendo así que se la trasladara a una pensión burguesa donde se recluía a los detenidos enfermos de la alta sociedad. Olympe de Gouges reclamó sin descanso que se la juzgara para poder defenderse de las acusaciones que pesaban sobre ella, y evitar así el expeditivo tribunal revolucionario. Con este fin, compuso dos panfletos que logró sacar de su lugar de reclusión y que tuvieron una amplia difusión, "Olympe de Gouges en el Tribunal revolucionario" y "Una patriota perseguida". Fueron sus últimos textos.

El 2 de noviembre de 1793, 48 horas después de que fueran ejecutados sus amigos girondinos, Olympe fue llevada ante el tribunal revolucionario sin poder disponer de abogado. Se defendió con valor e inteligencia en un juicio sumario que la condenó a muerte por haber defendido un estado federado, de acuerdo con los principios girondinos. Fue guillotinada al día siguiente, el 3 de noviembre de 1793.​ Según la declaración de un inspector de la policía y el periódico contrarrevolucionario Le Journal del editor Perlet, Olympe de Gouges subió al cadalso con valor y dignidad, aunque el hijo del verdugo, Henri Sanson, y otros testimonios que recogió el historiador Jules Michelet afirman lo contrario.

El único hijo de Olympe de Gouges, Pierre Aubry, renegó de ella públicamente poco después de su ejecución, por temor a ser detenido.

Sus trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército; incluso a la igualdad fiscal así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico. Olympe de Gouges escribió:

Si la mujer puede subir al cadalso, también se le debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna.

Se dirigió a la reina María Antonieta para que protegiera "su sexo", que decía desgraciado, y redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, calcada sobre la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la cual afirmaba la igualdad de los derechos de ambos sexos.

Asimismo realizó planteamientos sobre la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio, la idea de un contrato anual renovable firmado entre concubinos y militó por el reconocimiento paterno de los niños nacidos fuera de matrimonio.

Fue también una precursora de la protección de la infancia y a los desfavorecidos, al concebir en grandes líneas, un sistema de protección materno-infantil (creación de maternidades) y recomendar la creación de talleres nacionales para los parados y de hogares para mendigos.

Vínculos con la masonería

También estuvo vinculada con logias masónicas; entre ellas, la Logia de las Nueve Hermanas, creada por su amigo Michel de Cubières.[cita requerida]

Sin duda, la obra de carácter político-social que tuvo más repercusión dentro de la sociedad francesa y la que va a influir posteriormente sobre otras autoras que abogan por una igualdad entre el hombre y la mujer es La Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Con esta declaración, Olympe de Gouges pretendía buscar la libertad, la igualdad y el derecho a votación por parte de las mujeres, ya que éste era un derecho que tenían exclusivamente los hombres desde hacía años y que las mujeres no poseían​.

Esta obra podemos situarla en el marco cronológico de la Francia del siglo XVIII, es decir, la obra fue elaborada en plena Revolución Francesa, en donde dentro de la sociedad francesa se podían percibir grandes diferencias entre hombres y mujeres. Este pensamiento se debe, en parte, a la influencia que tuvo el pensamiento rousseauniano sobre la población francesa. El propio Rousseau consideraba que los roles genéricos estaban determinados por las relaciones naturales. Principalmente, el autor considera que el papel de la mujer dentro de la sociedad era el de agradar al hombre, por tanto, el único lugar que le atribuye a la mujer dentro de la sociedad francesa era en su casa y, dentro de ésta, su marido ejercería un dominio sobre la mujer. En resumen, considera que el papel principal de la mujer es cuidar el hogar y a sus hijos, actuando así en una posición sumisa frente a su marido. Por último, hay que añadir que Rousseau consideraba a la mujer como un camino de perdición para los hombros por ser una fuente de tentaciones y vicios​.

El pensamiento de Rosseau acerca de la mujer lo vemos reforzado en el libro La Ilustración olvidada y en La reivindicación de la mujer de Olympe de Gouges a Flora Tristán en donde se usa una fuente directa de la época: la Enciclopedia. En ella, se puede ver los mismos pensamientos de Rousseau y el apoyo a éstos, además se añade la idea de que el hombre casado tiene la autoridad de su mujer e hijos debido a que posee una mayor fuerza física y una mayor inteligencia. Por lo tanto, la mujer solo debería de preocuparse por su aspecto físico, es decir, por su belleza, por mostrar sus sentimientos y por ser una mujer refinada​.

La Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana fue publicada en el año 1791 con el objetivo de que fuese decretada por la Asamblea Nacional Constituyente.​

Olympe de Gouges redactó una adaptación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiando en muchos casos la palabra hombre por mujer, y en otros artículos resaltando el predominio del hombre sobre la mujer.

I - La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común.

II - El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

III - El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.

IV - La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.

V - Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan.

VI - La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

VII - Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa.

VIII - La Ley solo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres.

IX - Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley.

X - Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley.

XI - La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

XII - La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada.

XIII - Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades.

XIV - Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no solo en la fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto.

XV - La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público.

XVI - Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción. En este artículo, Olympe de Gouges justifica la necesidad de que las mujeres participen en la elaboración de las leyes porque considera que la Constitución no sirve de nada si gran parte de la Nación no participa en la elaboración de la misma.​

XVII - Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización.

En la parte final de La Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, concretamente en el epílogo, Olympe de Gouges lleva a cabo una reflexión y un llamamiento en el que pide que las mujeres despierten y defiendan sus derechos, ya que les fueron arrebatados por los hombres. También dice que la revolución ha sido em vano, puesto que continúan con las mismas diferenciaciones, y afirma que las únicas personas que se han beneficiado con dicha revolución han sido los hombres, puesto que fueron ayudados por las mujeres en dicho proceso, pero cuando las mujeres necesitaron de su ayuda éstos no se la dieron, por lo que es necesario que las mujeres se impongan y luchen por sus propios derechos, ya que nadie lo va a hacer por ellas​.

En vida, Olympe de Gouges tuvo que enfrentarse con la misoginia habitual de la época, y fue desacreditada por la incomprensión de sus ideas por parte de muchos de sus contemporáneos. Su obra cayó en el olvido, mientras el desconocimiento y mala interpretación de sus escritos contribuyó a convertirla en objeto de desprecio y burla a lo largo del siglo XIX, donde gran parte de la intelectualidad francesa rechazaba frontalmente la idea de que una mujer hubiera sido ideóloga revolucionaria. Se dijo de Olympe de Gouges que apenas sabía leer y escribir, se sospechó de la autoría de sus obras y se dudó de su capacidad intelectual hasta llegar a cuestionar sus facultades mentales.​

Hubo que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, para que Olympe de Gouges saliera del terreno de la caricatura y la anécdota pseudo histórica, y se convirtiera en una de las grandes figuras humanistas de Francia al final del siglo XVIII. Fue objeto de estudio en Estados Unidos, Alemania y Japón. En Francia, después de la publicación en 1981 de su biografía por Olivier Blanc, que investigó su vida a partir de documentos originales de la época, los actos del bicentenario de la Revolución francesa en 1989 rindieron homenaje a la obra de Olympe de Gouges. Desde entonces, se han representado varias de sus obras de teatro y sus escritos fueron reeditados.

En 1989, a propuesta de la historiadora Catherine Marand-Fouquet, varias peticiones fueron dirigidas al entonces presidente de la República Jacques Chirac para que el nombre de Olympe de Gouges figurase en el Panteón de París. El presidente, asesorado por el historiador Alain Decaux, descartó la idea.​

Varios municipios franceses​ han querido rendir homenaje a Olympe de Gouges, dando su nombre a colegios, institutos, plazas y calles. En Montauban, su ciudad natal, el teatro municipal lleva su nombre desde 2006. En el distrito XI de París, una sala de espectáculos situada en el emplazamiento de la antigua cárcel de mujeres de La Roquette también lleva su nombre. El 8 de marzo de 2007, una sala del Hotel de Beauvau, sede del Ministerio del Interior francés, le ha sido dedicada.

El 19 de septiembre de 2005 se estrenó en el Teatro Empire de Buenos Aires Olimpia de Gouges o la pasión de existir, obra de Margarita Borja y Diana Raznovich,​ por el Instituto Universitario de Investigación Feminista y de Género de la Universidad Jaume I de Castellón.

En julio de 2017, el Gobierno del Principado de Andorra creó los Premios Olympe de Gouges, que reconocen los esfuerzos de personas físicas y jurídicas por la igualdad de género en el ámbito laboral.​

La historiadora Florence Gauthier, experta en Revolución Francesa, cuestiona la imagen de Olympe de Gouges desde la lectura de Joan Scott. Critica Gauthier, que Olympe se está convirtiendo en un mito que confunde su figura histórica y su contexto. Según Gauthier, Olympe defendía posiciones girondinas de forma activa, tales como el sufragio censitario y una "aristocracia de los ricos" en oposición a la democracia, de hecho se oponía a la extensión de los derechos a los esclavos de las colonias, para los cuales defendía una "suavización" de sus condiciones. Así mismo, defiende que la democracia de los jacobinos no excluía a las mujeres, que estas "votaban en las asambleas aldeanas y urbanas en la Edad Media" y que "numerosas mujeres eran cabezas de familia y participaban por derecho en las elecciones de las asambeas primarias del Tercer Estado".​

Le mariage inattendu de Chérubin, Sevilla y París, Cailleau, 1786.

L'Homme généreux, París, Knapen et fils, 1786.

Le Philosophe corrigé ou le cocu supposé, París, 1787.

Zamore et Mirza, ou l'heureux naufrage, 1788.

Molière chez Ninon, ou le siècle des grands hommes, 1788.

Bienfaisance, ou la bonne mère suivi de La bienfaisance récompensée, 1788.

Œuvres de Madame de Gouges, dedicado al duque de Orléans, 2 volúmenes, París, Cailleau, 1788 (recopilación de sus primeras obras editadas).

Œuvres de Madame de Gouges, dedicado al príncipe de Condé, 1 volumen, París, Cailleau, 1788.

Le Marché des Noirs, manuscrito depositado y leído en la Comédie Française (1790).

Le nouveau Tartuffe, ou l'école des jeunes gens, manuscrito depositado y leído en la Comédie Française (1790)

Les Démocrates et les aristocrates, ou les curieux du champ de Mars, (1790)

La Nécessité du divorce, manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional Francesa

Le Couvent, ou les vœux forcés, París, veuve Duchesne, veuve Bailly, (1790)

Mirabeau aux Champs Élysées, París, Garnery, (1791)

L'Esclavage des Noirs, ou l'heureux naufrage, París, veuve Duchesne, veuve Bailly, 1792. Texto en línea

La France sauvée, ou le tyran détrôné, manuscrito, (1792)

L'Entrée de Dumouriez à Bruxelles, ou les vivandiers, (1793)

Escritos políticos

Consisten en folletos, carteles, artículos etcétera.

Lettre au Peuple ou projet d'une caisse patriotique, par une citoyenne, septiembre de 1788.

Remarques patriotiques par la Citoyenne auteur de la Lettre au peuple, París, diciembre de 1788.

Le bonheur primitif de l'homme, ou les rêveries patriotique, Ámsterdam y París, Royer, 1789.

Dialogue allégorique entre la France et la Vérité', dédié aux États Généraux, abril de 1789.

Le cri du sage, par une femme, París, mayo de 1789.

Avis pressant, ou Réponse à mes calomniateurs, París, mayo de 1789.

Pour sauver la patrie, il faut respecter les trois ordres, c'est le seul moyen de conciliation qui nous reste, París, junio de 1789.

Mes vœux sont remplis, ou Le don patriotique, par Madame de Gouges, dédié aux États généraux, París, junio de 1789.

Discours de l'aveugle aux Français, par Madame de Gouges, París, 24 de junio de 1789.

Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans, premier prince du sang, París, julio de 1789.

Séance royale. Motion de Mgr le duc d'Orléans, ou Les songes patriotiques, dédié à Mgr le duc d'Orléans, par Madame de Gouges, 11 de julio de 1789.

L'ordre national, ou le comte d'Artois inspiré par Mentor, dédié aux États généraux, París, julio-agosto de 1789.

Lettre aux représentants de la Nation, París, L. Jorry, septiembre de 1789.

Action héroïque d'une Française, ou la France sauvée par les femmes, par Mme de G..., París, 10 de septiembre de 1789.

Le contre-poison, avis aux citoyens de Versailles, París, octubre de 1789.

Lettre aux rédacteurs de la Chronique de Paris, 20 de diciembre de 1789.

Réponse au Champion américain, ou Colon très aisé à connaître, París, 18 de enero de 1790.

Lettre aux littérateurs français, par Madame de Gouges, París, febrero de 1790.

Les Comédiens démasqués, ou Madame de Gouges ruinée par la Comédie française pour se faire jouer, París, 1790.

Départ de M. Necker et de Mme de Gouges, ou Les adieux de Mme de Gouges aux Français, París, 24 de abril de 1790.

Projet sur la formation d'un tribunal populaire et suprême en matière criminelle, présenté par MPlantilla:Me de Gouges le 26 mai 1790 à l'Assemblée nationale, París, Patriote français, 1790.

Bouquet national dédié à Henri IV, pour sa fête, París, julio de 1790.

Œuvres de Madame de Gouges, París, 1790 (recopilación de sus escritos políticos de 1788 à 1790).

Le Tombeau de Mirabeau, abril de 1791.

Adresse au roi, adresse à la reine, adresse au prince de Condé, Observations à M. Duveyrier sur sa fameuse ambassade, par Mme de Gouges, París, mayo de 1791.

Sera-t-il roi ne le sera-t-il pas ?, par Madame de Gouges, París, junio de 1791.

Observations sur les étrangers, julio de 1791.

Repentir de Madame de Gouges, París, lunes 5 de septiembre de 1791.

Les droits de la femme. À la reine, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, septiembre de 1791.

le Prince philosophe, París, Briand, 1792 (cuento oriental).

Le Bon Sens du Français, 17 de febrero de 1792.

Lettre aux rédacteurs du Thermomètre du Jour, 1 de marzo de 1792.

L'Esprit français ou problème à résoudre sur le labyrinthe de divers complots, par madame de Gouges, París, veuve Duchesne, 22 de marzo de 1792.

Le Bon Sens français, ou L'apologie des vrais nobles, dédié aux Jacobins, París, 15 de abril de 1792.

Grande éclipse du soleil jacobiniste et de la lune feuillantine, pour la fin d'avril ou dans le courant du mois de mai, par la LIBERTE, l'an IV de son nom, dédié à la Terre, abril de 1792.

Lettre aux Français, abril de 1792.

Lettres à la reine, aux généraux de l'armée, aux amis de la constitution et aux Française citoyennes. Description de la fête du 3 juin, par Marie-Olympe de Gouges, París, société typographique aux Jacobins Saint-Honoré, junio de 1792.

Œuvres de Madame de Gouges, 2 volúmenes, París, veuve Duchesne (textos y teatro político de 1791 y 1792).

Pacte national par marie-Olympe de Gouges, adressé à l'Assemblée nationale, 5 de julio de 1792.

Lettre au Moniteur sur la mort de Gouvion, 15 de julio de 1792.

Aux Fédérés, 22 de julio de 1792.

Le Cri de l'innocence, septiembre de 1792.

La Fierté de l'innocence, ou le Silence du véritable patriotisme, par Marie-Olympe de Gouges, septiembre de 1792.

Les Fantômes de l'opinion publique. L'esprit qu'on veut avoir gâte celui qu'on a, París, octubre de 1792.

Réponse à la justification de Maximilien Robespierre, adressé à Jérôme Pétion, par Olympe de Gouges, noviembre de 1792.

Pronostic sur Maximilien Robespierre, par un animal amphibie, 5 de noviembre de 1792.

Correspondance de la Cour. Compte moral rendu et dernier mot à mes chers amis, par Olympe de Gouges, à la Convention nationale et au peuple, sur une dénonciation faite contre son civisme aux Jacobins par le sieur Bourdon, París, noviembre de 1792.

Mon dernier mot à mes chers amis, diciembre de 1792.

Olympe de Gouges défenseur officieux de Louis Capet, de la imprenta de Valade hijo mayor, rue Jean-Jacques Rousseau, París, 16 de diciembre de 1792.

Adresse au don Quichotte du Nord, par Marie-Olympe de Gouges, París, Imprimerie nationale, 1792.

Arrêt de mort que présente Olympe de Gouges contre Louis Capet, París, 18 de enero de 1793.

Complots dévoilés des sociétaires du prétendu théâtre de la République, París, enero de 1793.

Olympe de Gouges à Dumouriez, général des armées de la République française, París, 22 de enero de 1793.

Avis pressant à la Convention, par une vraie républicaine, París, 20 de marzo de 1793.

Testament politique d'Olympe de Gouges, 4 de junio de 1793.

Œuvres de Madame de Gouges, 2 volumes, París, 1793 (escritos políticos de 1792 y 1793).

Les Trois Urnes, par un voyageur aérien, 19 de julio de 1793.

Une patriote persécutée, à la Convention nationale, agosto de 1793

Olympe de Gouges au Tribunal révolutionnaire, 21 de septiembre de 1793

Reediciones de las obras de Olympe de Gouges

Olympe de Gouges, Écrits politiques, presentado por Olivier Blanc, vol. I (1789-1791), vol. II (1792-1793), París, Côté Femmes Éditions, 2003.

Olympe de Gouges, Théâtre Politique, prologado por Gisela Thiele-Knobloch, París, Côté Femmes Éditions, 2 vol., 1991: ISBN 2-907883-34-8, y 1993: ISBN 2-907883-59-3.

Olympe de Gouges, Théâtre, presentado por Félix-Marcel Castan, Montauban, éditions Cocagne.

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, éd. Mille et une nuits, París, ISBN 2-84205-746-5.

Laura Manzanera, Olympe de Gouges. La cronista maldita de la Revolución Francesa, El Viejo Topo, 2010, ISBN 978-84-92616-75-6. Biografía contextualizada y amena, extractos de las principales obras de la protagonista y cronología comparada.

Olivier Blanc, Marie-Olympe de Gouges, Cahors, éditions René Viénet, 2003, ISBN 2-84983-000-3. Lista completa de los escritos publicados por Olympe de Gouges de 1786 a 1793, muchos manuscritos inéditos, bibliografía crítica, índice, cuaderno de ilustraciones de 8 páginas. Traducido al alemán y al japonés.

Sophie Mousset, Olympe de Gouges et les droits de la femme, París, Le Félin, 2003, ISBN 2-86645-495-2.

Caroline Grimm, Moi, Olympe de Gouges, París, Calmann-Lévy, 2009, ISBN 978-2-7021-3989-9.

Olivia Blanco Corujo. Olimpia de Gouges. Madrid, Eds. Del Orto, 2000. ISBN 9788479232344.

1. Kadish, Doris Y.; Massardier-Kenney, Françoise (1994). Translating Slavery: Gender and Race in French Women's Writing, 1783-1823 (en inglés). Kent State University Press. p. 40. .

2. Hoy hace 223 años que guillotinaron a Olympe de Gouges, Tribuna feminista

3. Luis, Nuria (3 de noviembre de 2016). "8 cosas que debes saber de Olympe de Gouges, la pionera de los derechos femeninos". S Moda EL PAÍS.

4. Borrelli, Gabriela (2018). "2". En Federico Vázquez, ed. Lecturas Feministas. Argentina: Futurock. p. 27. .

5. Brissot, fundador del lobby abolicionista en Francia, la elogia en su correspondencia.

6. Presman, Hugo (9 de marzo de 2020). "El grito que tardó más de veinte siglos en escucharse". Diario Registrado.

7. Juan Carlos Medel Toro "La Mujer Revolucionaria, Rousseau y Robespierre; Feminidad y Masculinidad Durante la Revolución Francesa", Tiempo y Espacio, 2009, 2-3.

8. Discurso de Jacques Chirac en Montauban, durante la campaña electoral de las presidenciales de 2002, elogiando la personalidad de Olympe de Gouges (en la página oficial del Elíseo)[1]

9. París, Tours, Montpellier, Montauban, Noisy-le-sec, Bondy

10. Borja, Marga y Razmanovich, Diana (2011). Olympia de Gouges o la pasión de existir. Editorial Universitat Jaume I, Colección Sendes, nº16. .

11. Véase Gauthier, F. (16 de marzo de 2014). Olympe de Gouges: ¿historia o mistificación?. www.sinpermiso.info. Recuperado de http://www.sinpermiso.info/textos/olympe-de-gouges-historia-o-mistificacin. Consultado el 16 de Diciembre de 2019.

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Olympe de Gouges - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Olympe de Gouges ( Montauban, Francia, 7 de mayo de 1748 - París, 3 de noviembre de 1793) es el seudónimo de Marie Gouze, escritora, dramaturga, panfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana ( 1791).

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Nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia

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Nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia

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The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen

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Find the history and the full text of the declaration of the rights of man and of the citizen of 1789, quoted in the preamble of the Constitution of the Fifth Republic.

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Manifiesto del Partido Comunista (Marx y Engels)

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Manifiesto del Partido Comunista (Marx y Engels)

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Un partido comunista es un partido político que basa su ideología y prácticas políticas en la teoría marxista en cualquiera de sus modalidades o escuelas y la implementación de una sociedad comunista. El partido comunista, a diferencia de los partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas (que se crean en la segunda mitad del siglo XIX), surge en la primera mitad del siglo XX como resultado de la I Guerra Mundial (1914-1918), la Revolución de Octubre (1917) y, sobre todo, por la creación de la Internacional Comunista. Es el resultado de la división de los partidos integrantes de la Segunda Internacional que se oponen a la guerra, apoyan la revolución bolchevique y se consideran revolucionarios y contrarios a las llamadas tácticas " revisionistas". Como crítica a la socialdemocracia y su diversidad de opiniones y facciones está la idea de que el partido debe ser una organización cohesionada y disciplinada, compuesto por revolucionarios que guían el proceso político hacia el socialismo.

El primer partido en adoptar este nombre fue la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR) que en marzo de 1918 (VII Congreso Extraordinario) pasó a llamarse Partido Comunista Ruso (bolchevique) ("VKP(b)") para diferenciarse de los mencheviques y otras facciones del POSDR.

Posteriormente otros partidos europeos, que correspondía a las facciones que apoyaban la revolución rusa se denominan partido comunista. El nombre se hace obligatorio para los partidos integrantes de la Internacional Comunista a partir de la aprobación de las 21 condiciones en el II Congreso Mundial del 30 de julio de 1920, ya que la 17.ª condición de la lista señala que todo partido miembro debía llamarse: Partido Comunista de <País> (sección de la Internacional Comunista).

Como norma, desde la III Internacional todos los partidos comunistas deben organizarse en torno a los principios del centralismo democrático. Los militantes eligen a sus representantes locales, estos a sus representantes y así continuamente. Los representantes locales a nivel de base eligen a los representantes a nivel regional, avanzando dependiendo de los diferentes niveles que se ven necesarios para mantener la democracia interna, para ello todo cargo puede ser revocado democráticamente en cualquier momento. También se proscriben las facciones internas o disidentes al interior del partido, con lo cual se buscaba mantener la unidad y consenso en la dirección revolucionaria al interior del partido, intentando evitar también cualquier confabulación interna o externa que pudiera minar o limitar la unidad y capacidad del partido. Un partido comunista ha de mantener libertad de crítica y autocrítica para mantenerse como vanguardia proletaria con una línea correcta sobre la base de las circunstancias a las que se enfrenta, descrito como parte del centralismo democrático.

En su libros y Un paso adelante, dos pasos atrás, Lenin fundamentó las tareas y el modelo del partido comunista. Según él, el partido es el destacamento de vanguardia de la clase obrera y sus principales funciones son incorporar al movimiento obrero el conocimiento político marxista y dirigir la lucha anti-capitalista en todos sus aspectos. Una de las características esenciales del partido de vanguardia leninista, es que está conformado por revolucionarios conscientes procedentes del proletariado local. Otra característica esencial de un partido comunista es el unir el socialismo científico con el movimiento obrero, es decir, un partido comunista solo es vanguardia cuando es reconocido como tal por las masas a las que en teoría representa y las guía sobre la base del primero.

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Un partido comunista es un partido político que basa su ideología y prácticas políticas en la teoría marxista en cualquiera de sus modalidades o escuelas y la implementación de una sociedad comunista.

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Fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores.

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Fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores.

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La fundación de la Primera Internacional: Marx como organizador del proletariado

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La constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), destacó uno de los rasgos más importantes del movimiento obrero, el internacionalismo.

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Revolución Mexicana: surge la idea de derechos sociales

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Revolución Mexicana: surge la idea de derechos sociales

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Inicio de la Revolución Mexicana, lucha popular en busca de instaurar los derechos democráticos | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México

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“Estoy más orgulloso por las victorias obtenidas en el campo de la democracia que por las alcanzadas en los campos de batalla.” Francisco I. Madero
Revolucionario y presidente de México

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Constitución Política de México: incorpora derechos sociales (educación, trabajo, tierra)

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Constitución Política de México: incorpora derechos sociales (educación, trabajo, tierra)

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Secretaría de Cultura | 04 de febrero de 2019

Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de treinta años, se desató un levantamiento social que se oponía a su dictadura y que dio a luz a la Revolución. Con la promulgación del Plan de San Luis despertó el movimiento armado que buscaba derrocar su mandato y que explotó el 20 de Noviembre de 1910. Ante el estallido social y la inminente derrota, en mayo 1911 el presidente Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia.

En octubre 1911 se realizaron elecciones y resultó vencedor Francisco I. Madero; fue traicionado mediante un golpe de Estado orquestado por el general Victoriano Huerta y asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez en febrero 1913.

Venustiano Carranza desconoció la presidencia del llamado usurpador y lo derrocó con el Ejército Constitucionalista, un movimiento armado de la Revolución. Al convertirse en titular del Poder Ejecutivo convocó a la creación del Congreso Constituyente de Querétaro para reformar la Constitución de 1857, la cual había sido modificada en múltiples ocasiones por el gobierno de Díaz para adaptarla a su proyecto de nación, entre estas modificaciones se encuentra la reelección y la ampliación del periodo presidencial.

Así fue acuñada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente y se conforma por 136 artículos. En ella se recogieron demandas de los grupos que se levantaron en armas durante la Revolución. Además de incluir los "derechos del hombre", se abordaron los "derechos sociales", se decreta la no reelección, se ratifica la soberanía y la organización federal, se instauran la libertad de culto y de expresión y la enseñanza laica y gratuita.
Constitución de 1857
Con Antonio López de Santa Anna como presidente de México surgió un movimiento encabezado por Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort que se opuso a su mandato debido a su centralismo y forma de ejercer el poder de manera dictatorial.

Cuando Santa Anna abandonó el país en 1855 tras la inevitable revolución, Álvarez asumió la presidencia interina y Comonfort fue nombrado ministro de Guerra.

Se convocó a elecciones en 1856 para conformar un Congreso Constitucional, pues se aseguraba que era necesaria una nueva constitución para restablecer la República Federal y proclamar las garantías individuales, ya que durante el mandato de Santa Anna se publicó un marcó normativo que sostenía su dictadura.

Como resultado de este congreso, fue promulgada la Constitución Política de la República Mexicana de 1857. En ella se prohíbe la esclavitud, se expresan los deberes y obligaciones de los mexicanos, se establece que la soberanía reside en el pueblo y se reconoce el derecho de asociación y de reunión.
Constitución de 1824
Al cesar la guerra de Independencia en 1821, se conformó en México un gobierno monárquico que tendría independencia de los españoles. Se instauró el Primer Congreso Constituyente, de cuyas sesiones resultó nombrado Agustín de Iturbide como emperador de México, en mayo de 1822.

Ante la presión para restituir el Congreso Constituyente, el cual fue disuelto por Iturbide para crear un órgano que emitió un proyecto que desconocía la Constitución de Cádiz e instauraba la independencia de la nación mexicana, el emperador convocó a una asamblea.

Como resultado de este Segundo Congreso Constituyente se promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la cual establecía la República Federal como forma de gobierno y abría paso a la promulgación de una constitución.

Así fue creada la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, cuyos principales mandatos definían al país como República Federal Representativa, le daban el nombre de Estados Unidos Mexicanos y posicionaban al catolicismo como la única religión.

En este documento se establece la división de poderes, se instaura la libertad de imprenta, se integra la figura de vicepresidente y se establece un periodo de poder presidencial de cuatro años.
Constitución de Apatzingán
Debido a la invasión francesa y la abdicación de Carlos IV y Fernando VII como consecuencia de ésta, un grupo conocido como los Insurgentes, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y José María Morelos y Pavón, iniciaron la promoción de la independencia de la Nueva España del Imperio Español, grito libertario que retumbaría en septiembre de 1810.

En 1813 los Insurgentes convocaron al Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, donde se declaró la independencia de la Nueva España. Para octubre de 1814, cuando el congreso tuvo que trasladarse a Apatzingán, se promulgó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también como la Constitución de Apatzingán.

Este texto constitucional, inspirado en Los Sentimientos de la Nación que Morelos leyó en la sesión fundacional del Congreso de Chilpancingo, se conoce como el primer precedente de nuestra constitución. Pues aunque nunca fue aplicada, en ella se abolió la esclavitud y se consideró a todas las personas iguales ante la ley.

DOL.

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Constitución de 1917; los cimientos de la democracia

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Secretaría de Cultura | 04 de febrero de 2019 Tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y su permanencia en la presidencia por más de treinta años, se desató un levantamiento social que se oponía a su dictadura y que dio a luz a la Revolución.

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Reformas constitucionales y tratados internacionales refuerzan derechos civiles, políticos, sociales y colectivos.

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Reformas constitucionales y tratados internacionales refuerzan derechos civiles, políticos, sociales y colectivos.