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Metodología basada en el "Constructivismo".

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Metodología basada en el "Constructivismo".

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La localización normativa es el mecanismo mediante el cual los actores locales reconstruyen normas extranjeras para hacerlas compatibles con su identidad, valores y prácticas preexistentes. En lugar de aceptar o rechazar normas de manera dicotómica, las sociedades suelen adaptar y reinterpretar las normas extranjeras en función de su contexto político y cultural.

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Principios de desarrollo sostenible y reducción de emisiones promovidos por acuerdos como el Acuerdo de París.

El Acuerdo de Paris (2015) es un tratado internacional adoptado bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cuyo objetivo es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2°C y realizar esfuerzos para no superar 1.5°C respecto a los niveles preindustriales.

Establece contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs), que cada país debe actualizar periódicamente.

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Se observa cómo la norma es reinterpretada o ajustada por actores locales para hacerla compatible con el contexto.

La localización del Acuerdo de París es un proceso clave para garantizar que las acciones climáticas sean efectivas y apropiadas a las realidades nacionales de cada país. Si bien enfrenta desafíos significativos, también ofrece importantes oportunidades para el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático.

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Se estudian las creencias, instituciones y valores preexistentes en la sociedad local.

América Latina presenta diversas realidades políticas, económicas y sociales que influyen en la forma en que se adoptan normas internacionales como el Acuerdo de París.

• Dependencia de industrias extractivas: Muchos países dependen de la explotación de hidrocarburos y minería (Brasil, México, Venezuela, Argentina), lo que genera resistencia a la reducción de emisiones.

• Alta vulnerabilidad al cambio climático.

• Marcos normativos desiguales: Algunos países tienen regulaciones ambientales avanzadas (Chile, Costa Rica), mientras que otros carecen de instituciones sólidas para la implementación.

• Movimientos sociales y actores locales: Hay una fuerte presencia de comunidades indígenas, ONGs y movimientos ecologistas que presionan por mayor acción climática.

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Se examina el impacto de la norma en las instituciones locales, si se ha integrado, rechazado o modificado.

• Países con alta integración: Chile y Costa Rica han establecido marcos normativos fuertes para la descarbonización.

• Países con implementación parcial: México y Argentina han adoptado compromisos, pero con dificultades para cumplirlos debido a intereses económicos y crisis políticas.

• Países con rechazo o lenta adaptación: Brasil (bajo Bolsonaro) redujo su compromiso ambiental, mientras que Venezuela, con una crisis interna, ha mostrado poca acción climática.

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El Acuerdo de París (2015) fue impulsado por EE.UU. (Obama, Kerry), China (Xi Jinping, Xie Zhenhua), la UE (Hollande, Arias Cañete) y la ONU (Figueres, Fabius).

Los principales grupos de presión fueron ONGs ambientalistas (Greenpeace, WWF), empresas de energía renovable y países vulnerables (Maldivas, Tuvalu), que exigían acciones firmes. En contraste, lobbies petroleros (ExxonMobil, Koch Industries) intentaron debilitar el acuerdo.

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El monitoreo en América Latina es medio: existen compromisos y estructuras de seguimiento, pero su efectividad varía según la capacidad institucional, el contexto económico y la presión de actores locales. En términos de la teoría de localización normativa, los países han adaptado el monitoreo global a sus realidades locales, priorizando intereses económicos sin rechazar completamente las normas ambientales internacionales.

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• Informes de Contribuciones Nacionales (NDCs).

• Inventarios Nacionales de Emisiones.

• Plataformas de Transparencia y Rendición de Cuentas.

• Monitoreo Satelital y Tecnologías de Información Geográfica (SIG).

• Auditorías Independientes y Evaluaciones Externas.

• Indicadores de Desempeño Ambiental.

• Participación y Monitoreo de la Sociedad Civil.