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Carlos Saúl Menem Presidencias (1989-1999)

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Carlos Saúl Menem Presidencias (1989-1999)

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Durante las presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1999), se realizó un drástico proceso de reformas de mercado, que transformó "de raíz" la estructura económica y social del país. Estas reformas estructurales de orientación neoliberal contrastaban con las tradicionales políticas económicas asociadas al peronismo, que se había caracterizado por la presencia de un Estado fuertemente intervencionista.

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(Córdoba, Argentina, 15 de septiembre de 1937) es un abogado y político argentino de la Unión Cívica Radical, que fue presidente de Argentina, asumiendo por la Alianza el 10 de diciembre de 1999,sucediendo al segundo gobierno de Carlos Menem.

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En este marco de amplia problemática política y económica, se produjeron las elecciones legislativas de 2001, donde el Justicialismo se impuso con el 40 por ciento en todo el país, contra el 24% de una diezmada Alianza que perdía más de 4.500.000 votos respecto de lo logrado apenas dos años antes. Para el último bienio de gestión, el gobierno radical enfrentaría un Congreso totalmente opositor.​ El voto en blanco o nulo alcanzó cifras récord en la historia de la democracia argentina: la combinación de voto en blanco, voto nulo y ausentismo se elevó al 41%, equivalentes a 10,2 millones de argentinos.

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En medio de estos problemas, también hubo aspectos positivos, como fue lograr que en el ciclo lectivo del año 2000 se cumplieran 180 días de clases, récord en más de una década, gracias al interés que se puso en aumentar las semanas del periodo escolar como en evitar conflictos docentes con el pago del incentivo docente.

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A mediados de año, el Gobierno logró la aprobación parlamentaria de la ley de intangibilidad de los depósitos bancarios. En octubre la desocupación había trepado al 18,3%. A fin de año las reservas internacionales del BCRA bajarían a cerca de 20 mil millones de dólares.

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La situación política en general era desfavorable. En el Senado la mayoría era del Partido Justicialista. En la Cámara de Diputados se tenía la mayoría pero ésta era mínima. El sindicalismo realizó 7 paros generales durante el gobierno delaruista, y la mayoría de las provincias argentinas tenían gobernadores propios del PJ. Tampoco disponía de un apoyo partidario claro, y varios sectores del radicalismo y el Frepaso comenzaron a distanciarse por la renuncia de Carlos Álvarez, el nombramiento de Domingo Cavallo y la política económica sostenida. El titular de la UCR, Raúl Alfonsín, intentaba evitar la ruptura partidaria

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El ex-presidente Carlos Menem fue detenido y puesto bajo arresto domiciliario el 8 de junio como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría realizado una venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia y por falsificar el contenido de tres decretos presidenciales.​ Esto en lugar de significar un éxito para el gobierno fue un mayor problema. El justicialismo ocupó el Congreso Nacional para rechazar la detención del ex-presidente, quién luego fuera liberado por decisión de la Corte Suprema por seis votos contra dos el 21 de noviembre del mismo año.​ La Corte resolvió entonces que no existió asociación ilícita ni falsedad ideológica en los decretos.En junio de 2013 se revisó el juicio y condenó a Menem a ocho años de prisión. La sentencia está en apelación.

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La renuncia de Carlos Álvarez produjo un quiebre en la Alianza; aunque los funcionarios del Frepaso siguieron en sus cargos, muchos de ellos hasta el final de la gestión. Dicho quiebre se profundizaba en el Parlamento: allí, la escasa mayoría que tenía el oficialismo en la Cámara de Diputados se iba reduciendo mes a mes a medida que legisladores de partidos de centro-izquierda iban abandonando la coalición por diferencias políticas con el estilo de gobierno llevado adelante por De la Rúa.

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En estas negociaciones participaron el entonces ministro de trabajo Alberto Flamarique y el líder sindical Hugo Moyano. Moyano se opuso con firmeza a la reforma, argumentando que la misma tendría como consecuencia una rebaja de los salarios y que estaría impulsada por el Fondo Monetario Internacional.

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Los objetivos de la Ley de Reforma Laboral eran por un lado debilitar el poder gremial de los sindicatos grandes en favor de los pequeños y por otro bajar los costos laborales. La fuerte resistencia del justicialismo a votar el proyecto produjo modificaciones que atenuaron casi totalmente su efecto sobre la estructura gremial.

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Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y vivienda en todo el país por 20 mil millones de dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no había seguridad de que el Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria.

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A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés y mantener la estabilidad monetaria y financiera. El año finalizó con una leve baja del 0,5% del PBI y con una desocupación del 14,7% (datos del INDEC de octubre del 2000).También se mantuvieron las reservas internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.

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El "menemismo" no dudó en privatizar gran parte de las empresas estatales, flexibilizar la economía, liberalizar el mercado interno, desplegar una apertura financiera al capital transnacional y desarrollar una política de reducción del gasto del Estado, principalmente en lo que respecta a la política social.

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La reforma del Estado: privatizaciones, descentralización y reformas administrativa y tributaria:

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La reforma del Estado: privatizaciones, descentralización y reformas administrativa y tributaria:

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En esta reforma se buscaba devolver al Estado la difícil tarea de establecer normas precisas y aceptables para el gran capital nacional, el capital extranjero y la banca acreedora. Desde el gobierno se implementaron las medidas tendientes a satisfacer las demandas de todos esos sectores, que casi nunca se llevaban bien entre sí. De esa forma, se aseguró la estabilidad económica y la paridad cambiaría. Las principales políticas económicas que se implementaron desde el gobierno en relación con la reforma del Estado fueron las siguientes:

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Apuntaban a “achicar al Estado”. Para eso se vendieron al capital privado, nacional y extranjero, las empresas que manejaba el Estado. Canales de televisión, radios, ferrocarriles, transporte marítimo, transporte aéreo de pasajeros, teléfonos, gas, electricidad, servicio de agua potable y la empresa nacional de explotación de petróleo, entre otras, fueron vendidas en pocos años.

El Estado se comprometió a controlar las nuevas empresas privatizadas con los llamados “entes reguladores”, que no en todos los casos fueron exitosos y muchas veces intervinieron en favor de los nuevos propietarios y no de los usuarios-clientes.

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En algunas áreas, como el Ministerio de Economía, se buscó la profesionalización de sus trabajadores y el reemplazo de algunos de baja calificación por otros de un mejor nivel técnico. En general, esta reforma estuvo supeditada a ahorrar gastos, de forma tal que se implementaron los llamados “retiros voluntarios”. El Estado pagaba una cifra de dinero para que el trabajador renunciara y se comprometiera a no volver a trabajar en la administración pública.

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Con este término se alude al cambio en la forma de control que realiza el Estado a las empresas. El Estado pasa a controlar o regular “menos” y de una manera más “libre”, es decir, dejando que los empresarios se guíen de acuerdo con los beneficios económicos que recibirán al producir bienes y servicios. Algunos de los elementos que se aplicaron para posibilitar la desregulación son los siguientes:

• Eliminación de algunos subsidios o beneficios económicos a algunas empresas. Las que se vieron más afectadas fueron las chicas y medianas.
• Eliminación de antiguos “entes reguladores”, como la Junta Nacional de Granos que imponía algunas restricciones a los empresarios.
• Menor atención a los problemas ambientales y a la calidad de los productos que se consumen.

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Esta reforma apuntó a transferir actividades o funciones del Estado Nacional, como la salud y la educación, a las provincias. En algunas, a su vez. se descentralizaron y delegaron funciones a los municipios. En muchos casos, provincias con una base económica débil no pudieron hacerse cargo en forma eficiente de las nuevas tareas.

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Decidió atacar la evasión impositiva, pero no hubo muy buenos resultados porque se persiguió a los pequeños contribuyentes (comerciantes y profesionales independientes). Por otra parte, los grandes empresarios que pagaban eran siempre los mismos y a ellos les creaban nuevos impuestos en vez de evitar la evasión de los demás. Además, la Dirección General Impositiva (DGI) no se modernizó lo suficiente, lo que tornaba muy complicados los trámites vinculados al pago de impuestos.

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Si bien no se pudo establecer una ley que flexibilice el trabajo, dicha flexibilización ya funciona en muchos lugares. Disminución de salarios, desaparición del aguinaldo, imposibilidad del trabajador de elegir la fecha de sus vacaciones, duración de la jornada de trabajo de más de diez horas y ser despedido sin cobrar indemnización fueron algunos de los cambios que se produjeron en la forma de contratación de los trabajadores.

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La Experiencia Neoliberal (1976-2001) en Argentina