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Alumna: Olenka Brigith Rivera Coronado

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Violación de DD.HH. a los migrantes en 2018. 

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Violación de DD.HH. a los migrantes en 2018. 

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Ser migrante se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos humanos. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas impulsa el respeto y ayuda hacia las más de 60 millones de personas en el mundo, que tuvieron que abandonar sus países de origen.

"La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión", aseveró este martes el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre.

La migración puede exponer a las personas a la explotación y el abuso.

Ataque armado a camión de migrantes

El 9 de diciembre un grupo de personas encapuchadas y con armas largas atacó un camión que transportaba a migrantes guatemaltecos en el estado de Veracruz, México. Una mujer fue asesinada y tres personas resultaron heridas.

El Movimiento Migrante Mesoamericano afirmó que el crimen muestra "la violencia a la que están expuestas las personas migrantes en su tránsito por México". Exhortó a la Procuraduria General de la Republica, la Comision Nacional de los Derechos Humanos y a otras autoridades locales "a que los hechos no queden impune ni en el olvido como suele suceder".

EE.UU. lanza balas de goma a migrantes

El 25 de noviembre, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos atacó con gas lacrimógeno y balas de goma a unos 500 migrantes centroamericanos que trataron de cruzar la frontera entre Tijuana (México) y San Diego (EE.UU.).

El presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Raúl Ramírez Baena, aseguró que Estados Unidos violó los derechos humanos de los migrantes que fueron atacados en la frontera.

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Caso de vulneración de los derechos Humanos 

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Caso de vulneración de los derechos Humanos 

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La policía usó fuerza innecesaria y excesiva durante las protestas de noviembre

Según un informe publicado por la misión que la Oficina de Michelle Bachelet

El grupo de expertos acudió al país andino a invitación del Gobierno con el objetivo de obtener información “sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino”, Manuel Merino, “así como para expresar otros motivos de descontento social”.

Entre los principales descubrimientos del informe se destaca el hecho de que las fuerzas de seguridad no distinguieron entre los manifestantes pacíficos, que eran la mayoría según apunta la investigación, y los violentos, que eran la minoría.

Tras entrevistarse con víctimas y testigos, analizar registros médicos y revisar cintas de audio y video, el estudio concluye que la policía disparó “perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno” a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma “indiscriminada y a corta distancia”.

Como resultado de estas acciones, dos manifestantes fallecieron tras recibir disparos en su torso y más de 200 personas resultaron heridas, entre ellos peatones.

Según mi criterio, si hubo caso de vulneración a los derechos humanos, pues durante las protestas se cometieron abusos de fuerza que amenazan una herramienta crucial de nuestra democracia, cómo dijo

Michelle Bachelet

“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden dispersarse en casos excepcionales”

Esta vez, y con ese aprendizaje, los jóvenes que ahora han logrado este momento maravilloso y contagiado al país con su coraje, tienen la oportunidad de impulsar una regeneración política, ya no solo desde las calles, sino desde adentro.

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Caso de vulneración de los derechos Humanos 

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Caso de vulneración de los derechos Humanos 

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La policía usó fuerza innecesaria y excesiva durante las protestas de noviembre

Según un informe publicado por la misión que la Oficina de Michelle Bachelet

El grupo de expertos acudió al país andino a invitación del Gobierno con el objetivo de obtener información “sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino”, Manuel Merino, “así como para expresar otros motivos de descontento social”.

Entre los principales descubrimientos del informe se destaca el hecho de que las fuerzas de seguridad no distinguieron entre los manifestantes pacíficos, que eran la mayoría según apunta la investigación, y los violentos, que eran la minoría.

Tras entrevistarse con víctimas y testigos, analizar registros médicos y revisar cintas de audio y video, el estudio concluye que la policía disparó “perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno” a la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de forma “indiscriminada y a corta distancia”.

Como resultado de estas acciones, dos manifestantes fallecieron tras recibir disparos en su torso y más de 200 personas resultaron heridas, entre ellos peatones.

Según mi criterio, si hubo caso de vulneración a los derechos humanos, pues durante las protestas se cometieron abusos de fuerza que amenazan una herramienta crucial de nuestra democracia, cómo dijo

Michelle Bachelet

“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden dispersarse en casos excepcionales”

Esta vez, y con ese aprendizaje, los jóvenes que ahora han logrado este momento maravilloso y contagiado al país con su coraje, tienen la oportunidad de impulsar una regeneración política, ya no solo desde las calles, sino desde adentro.

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En 1991, el entonces presidente Alberto Fujimori declaró el Año de la Austeridad y la Planificación familiar, lo cual suponía que las políticas del gobierno en ese año estarían encaminadas a lograr las metas planteadas por dicha denominación. Entre 1991 y 1995 se aprobó el Programa Nacional de Población, cuya meta era reducir la tasa de crecimiento al 2.0% y la Tasa Global de Fecundidad a 3.3 hijos por mujer en promedio. El Programa de Planificación Familiar aplicó y distribuyó varios métodos anticonceptivos. Posteriormente, entre 1992 y 1995 se llevó a cabo el Programa Nacional de atención a la Salud Reproductiva de la Familia, el cual buscaba contribuir a lograr una tasa de crecimiento poblacional que permitirá al país llegar a los niveles de desarrollo a los cuales aspiraba, por medio de la disminución de la fertilidad en armonía con la libre decisión de la población sobre el tamaño de su familia y el intervalo entre cada hijo.
Según las investigaciones realizadas hasta la fecha, el número al que ascenderían los procedimientos de esterilización forzada sería de 314 605 mujeres. De este gran número, serían varias las mujeres que habrían encontrado la muerte, debido a la mala praxis de dichos procedimientos quirúrgicos no consentidos. Es en este contexto que se realiza la denuncia penal por dos casos concretos de esterilizaciones forzadas seguidas de muerte.
Alumno: Jorge Culquicondor Pompilla

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Caso de vulneración del derecho a la identidad 

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Caso de vulneración del derecho a la identidad 

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Derrames de petróleo exponen el abandono de comunidades indígenas.

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Derrames de petróleo exponen el abandono de comunidades indígenas.

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Saramiriza, Perú.- Olguín Macedo Kayap, 37, había salido a pescar cuando vio una mancha negra que se aproximaba por un caño que se une con una quebrada cercana a su comunidad. De inmediato regresó para alertar a sus compañeros y volvieron con baldes para evitar que el crudo llegue hasta las viviendas.

Era la mañana del 18 de junio y en Nuevo Progreso, un pueblo indígena awajún situado en la Amazonía norte de Perú, a pocos kilómetros del pequeño poblado portuario de Saramiriza, en la región de Loreto, el petróleo se filtraba por una tubería que cruza las tierras de la comunidad, contaminando el arroyo que usan sus habitantes para beber, cocinar y lavarse.
Petroperú, la compañía estatal que opera el oleoducto(tubería e instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo), dijo en ese momento y como en otras oportunidades que el derrame estaba ligado nuevamente a un acto de vandalismo. A la comunidad esta versión no la convenció y no permitió que comenzaran las labores de limpieza hasta que los representantes de la fiscalía realizaran una inspección en presencia de sus líderes.
6 de julio, cientos de manifestantes se habían apoderado de la estación de bombeo Nº 5 de Petroperú, cerca de Saramiriza, y según la empresa estatal no se podía garantizar la seguridad de los inspectores. Nuevo Progreso optó por no participar en la protesta ni en la toma de la estación, porque los líderes de la comunidad ya estaban en una mesa de diálogo con representantes del gobierno nacional.

La diligencia fiscal estuvo originalmente programada para el 9 de julio, sin embargo, Petroperú decidió posponerla por la protesta de varias federaciones indígenas de la zona autodenominadas Comunidades Indígenas Afectadas por la Actividad Petrolera.
Vemos como los daños ambientales, las preocupaciones sobre la salud, la incertidumbre de si los peces son seguros para comer y el conocimiento de que sus fuentes de agua tradicionales, principalmente de agua superficial, no son aptas para el consumo de estas personas, las autoridades deben de hacer un llamado a todos para dar a conocer la grave situación en la que se encuentras estás personas y asimismo dar un paso a la ley a través del ministerio de cultura tal como lo menciona la Ley N°29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual incorpora la obligación de implementar la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios.
Que no viole su derecho de acceder a la justicia todas persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre justicia de manera pronta, garantizando su seguridad.
Alumna: Andrea Ximena Córdova García.

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El caso de una mujer que agredió a una trabajadora de obras por sus rasgos en la región de Arequipa, al sur de Perú, puso de manifiesto una cifra: 53% de los peruanos considera que los ciudadanos son racistas.

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El caso de una mujer que agredió a una trabajadora de obras por sus rasgos en la región de Arequipa, al sur de Perú, puso de manifiesto una cifra: 53% de los peruanos considera que los ciudadanos son racistas.

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"Chola de m*****" fue uno de los insultos que escucharon los testigos, quienes grabaron la violenta escena.

En pocas horas el video fue reproducido mas de cien mil veces y compartido por usuarios en diferentes redes sociales que denunciaron la discriminación y el racismo. Esto sucedió la semana pasada, en 2019, a más de dos años del bicentenario de la República de Perú en 2021.

"Lo que hemos visto es solo una punta del iceberg de lo que pasa en el país", denuncia Karina Pacheco, escritora y antropóloga que investiga el racismo, la discriminación y diversidad cultural en Cusco. "Es un racismo violento, agresivo tal como lo hemos visto históricamente y cómo se arraigo en el Perú en origen, con miedo", dijo a France 24.

En 2018, el Ministerio de Cultura encargó a IPSOS realizar la primera encuesta sobre diversidad cultural y discriminación. En una muestra de 3781 personas, 53% de los entrevistados consideraron que los peruanos son racistas o muy racistas. Sin embargo, solo el 8% de los encuestados se reconoció como racista.

Además, el 21% indicó que su comunidad es racista o muy racista, mientras que el 17% reconoció que sus amigos y familiares lo son.

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Caso de la Familia Galdámez: Violación a los Derechos Humanos a Integridad Personal,Acceso a la Justicia y Derecho a la Propiedad

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Caso de la Familia Galdámez: Violación a los Derechos Humanos a Integridad Personal,Acceso a la Justicia y Derecho a la Propiedad

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La denunciante, María Galdámez, presenta al Observatorio el caso de sus hijos Ricardo y Juan, y de su hija Ana, sobre acoso y malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, de quienes ella también ha sido víctima.

Según lo manifestado en su relato, desde 2012 se inician una serie de persecuciones y malos tratos hacia su hijo Ricardo Galdámez, un joven de 23 años de edad. Según la señora Galdámez, en agosto de 2012, varios agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que ejecutaban un operativo en búsqueda de armas y drogas, se abalanzaron sobre Ricardo Galdámez y sin mediar palabra le propiciaron golpes y puntapiés, lanzándolo al suelo, y provocándole lesiones en su cuerpo de grave consideración. María Galdámez relata que también recibieron una serie de amenazas de carácter verbal por parte de los mismos agentes de seguridad, tanto ella como sus hijos y su hija, con el objeto de que no denunciaran estos hechos ante las autoridades competentes.
Cabe resaltar que se han  sido aproximadamente 4 los intentos de abuso y violencia , los mismo que desataron una serie de conflictos llevando a la muerte a su hijo Ricardo Galdamez.  Por lo que notoriamente se  incremento el acoso, el hostigamiento y la persecución por parte de los mismos agentes de la PNC hacia su persona y hacia sus otros dos hijos.

ANALISIS Y RESOLUCION DEL CASO
Se considera que existe una violación al derecho humano a la integridad personal física y psicológica de las víctimas debido al grado de persecución, acoso constante, intimidación y malos tratos ejercidos de manera reiterada por Agentes de la Policía Nacional Civil hacia las víctimas del caso. Por lo que,  se debe inmediatamente realizar una demanda hacia los agentes por imcumplimiento y violaciòn de lo dispuesto en el artículo 275 del Código Procesal Penal  , el cual establece los principios básicos de actuación por parte de la Policía Nacional Civil a la hora de realizar alguna detención, entre los que destaca la abstención del uso de la fuerza de manera injustificada. En el caso presentado, la señora María Galdámez narra cómo, de manera violenta, los agentes de la Policía Nacional Civil proceden a capturar a sus hijos Ricardo y Juan Galdámez en reiteradas ocasiones, sin justificación alguna, agrediéndoles de forma verbal y física a través de insultos y malos tratos .
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, conceptualiza la violencia contra la mujer –física, sexual o psicológica- y define las políticas que todo Estado debe de tener en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia y establece ciertas medidas de protección. Derecho que fue en su totalidad vulnerado. En cuanto al derecho a la integridad de la joven Ana Galdámez, de 17 años, víctima de las agresiones, tanto físicas como verbales, por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, se menciona lo regulado en la Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia, específicamente en su artículo 37, el cuál manifiesta “… los adolescentes tienen derecho a que se le respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral...”
En efecto a causa del abuso y violacion de los DD.HH  la solucion radica en demandar y exigir una serie de reparaciones  por los daños ocacionados , asi como investigar y sancionar a los responsables, los mismos que deben realizar el pago de indemnizaciones a las víctimas.

KARLA ANAHI ATOCHE SILUPU

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Caso de la Familia Galdámez: Violación a los Derechos Humanos a Integridad Personal,Acceso a la Justicia y Derecho a la Propiedad

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Caso de la Familia Galdámez: Violación a los Derechos Humanos a Integridad Personal,Acceso a la Justicia y Derecho a la Propiedad

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La denunciante, María Galdámez, presenta al Observatorio el caso de sus hijos Ricardo y Juan, y de su hija Ana, sobre acoso y malos tratos por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, de quienes ella también ha sido víctima.

Según lo manifestado en su relato, desde 2012 se inician una serie de persecuciones y malos tratos hacia su hijo Ricardo Galdámez, un joven de 23 años de edad. Según la señora Galdámez, en agosto de 2012, varios agentes de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada que ejecutaban un operativo en búsqueda de armas y drogas, se abalanzaron sobre Ricardo Galdámez y sin mediar palabra le propiciaron golpes y puntapiés, lanzándolo al suelo, y provocándole lesiones en su cuerpo de grave consideración. María Galdámez relata que también recibieron una serie de amenazas de carácter verbal por parte de los mismos agentes de seguridad, tanto ella como sus hijos y su hija, con el objeto de que no denunciaran estos hechos ante las autoridades competentes.
Cabe resaltar que se han  sido aproximadamente 4 los intentos de abuso y violencia , los mismo que desataron una serie de conflictos llevando a la muerte a su hijo Ricardo Galdamez.  Por lo que notoriamente se  incremento el acoso, el hostigamiento y la persecución por parte de los mismos agentes de la PNC hacia su persona y hacia sus otros dos hijos.

ANALISIS Y RESOLUCION DEL CASO
Se considera que existe una violación al derecho humano a la integridad personal física y psicológica de las víctimas debido al grado de persecución, acoso constante, intimidación y malos tratos ejercidos de manera reiterada por Agentes de la Policía Nacional Civil hacia las víctimas del caso. Por lo que,  se debe inmediatamente realizar una demanda hacia los agentes por imcumplimiento y violaciòn de lo dispuesto en el artículo 275 del Código Procesal Penal  , el cual establece los principios básicos de actuación por parte de la Policía Nacional Civil a la hora de realizar alguna detención, entre los que destaca la abstención del uso de la fuerza de manera injustificada. En el caso presentado, la señora María Galdámez narra cómo, de manera violenta, los agentes de la Policía Nacional Civil proceden a capturar a sus hijos Ricardo y Juan Galdámez en reiteradas ocasiones, sin justificación alguna, agrediéndoles de forma verbal y física a través de insultos y malos tratos .
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las mujeres, conceptualiza la violencia contra la mujer –física, sexual o psicológica- y define las políticas que todo Estado debe de tener en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia y establece ciertas medidas de protección. Derecho que fue en su totalidad vulnerado. En cuanto al derecho a la integridad de la joven Ana Galdámez, de 17 años, víctima de las agresiones, tanto físicas como verbales, por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil, se menciona lo regulado en la Ley de Protección Integral de la niñez y adolescencia, específicamente en su artículo 37, el cuál manifiesta “… los adolescentes tienen derecho a que se le respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral...”
En efecto a causa del abuso y violacion de los DD.HH  la solucion radica en demandar y exigir una serie de reparaciones  por los daños ocacionados , asi como investigar y sancionar a los responsables, los mismos que deben realizar el pago de indemnizaciones a las víctimas.

KARLA ANAHI ATOCHE SILUPU

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Violencia de género en el país, la mujer de 21 años fue violada en manada en Lima.

Los condenados son Manuel Vela, Sebastián Zevallos, José Arequipeño, Diego Arroyo y Andrés Fassardi, todos ellos menores de 25 años, quienes el 17 de octubre de 2020 violaron conjuntamente a una chica de 21. La víctima fue drogada antes del hecho con una sustancia sedante llamada benzodiacepina.

Nolte Chiroque Solymar.

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CASO: Camila es una niña indígena que vivía en una zona rural fuera de Lima y que fue violada por su padre por primera vez a los 9 años. En el 2017, cuando Camila ya tenía 13, quedó embarazada. Dejó entonces el colegio. El padre fue denunciado y sentenciado a cadena perpetua. Entre tanto, la madre –mujer quechuahablante y con discapacidad– solicitaba que Camila fuera sometida a un aborto terapéutico, procedimiento permitido por nuestra legislación penal. Los médicos del hospital nunca respondieron. Pasaron entonces 4 meses y Camila tuvo una pérdida espontánea. Ocurrió entonces lo impensable: luego de una serie de visitas policiales y médicas a su casa, la fiscalía acusó falsamente a Camila de cometer un “autoaborto”, delito que es drásticamente sancionado en nuestro ordenamiento jurídico. Pasó de víctima a victimaria. Lo sucedido es tan grave que su caso ha sido presentado hace unos días ante el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. La adolescente a su corta edad ya se le vulneraron una variedad de derechos humanos. En primer lugar, por parte de su padre, por haberla violado cuando apenas tenia 9 años. Por eso, le dieron cadena perpetua, conforme al articulo 173 del código penal. En segundo lugar, por parte del Estado, específicamente por el sector salud, se le vulneró el derecho a la integridad   moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, conforme al articulo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Además, se le vulneró el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, según lo estipulado en el articulo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Este caso se resolverá en instancias internacionales, por lo que esperamos que se deje un precedente para garantizar la salud de las niñas y adolescentes que pasen por esta situación. No se puede culpar a una adolescente de "autoaborto", cuando el Estado no le brindo las garantías necesarias para proteger su salud.  

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CASO: Camila es una niña indígena que vivía en una zona rural fuera de Lima y que fue violada por su padre por primera vez a los 9 años. En el 2017, cuando Camila ya tenía 13, quedó embarazada. Dejó entonces el colegio. El padre fue denunciado y sentenciado a cadena perpetua. Entre tanto, la madre –mujer quechuahablante y con discapacidad– solicitaba que Camila fuera sometida a un aborto terapéutico, procedimiento permitido por nuestra legislación penal. Los médicos del hospital nunca respondieron. Pasaron entonces 4 meses y Camila tuvo una pérdida espontánea. Ocurrió entonces lo impensable: luego de una serie de visitas policiales y médicas a su casa, la fiscalía acusó falsamente a Camila de cometer un “autoaborto”, delito que es drásticamente sancionado en nuestro ordenamiento jurídico. Pasó de víctima a victimaria. Lo sucedido es tan grave que su caso ha sido presentado hace unos días ante el Comité de Derechos de la Niñez de Naciones Unidas. La adolescente a su corta edad ya se le vulneraron una variedad de derechos humanos. En primer lugar, por parte de su padre, por haberla violado cuando apenas tenia 9 años. Por eso, le dieron cadena perpetua, conforme al articulo 173 del código penal. En segundo lugar, por parte del Estado, específicamente por el sector salud, se le vulneró el derecho a la integridad   moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, conforme al articulo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Además, se le vulneró el derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, según lo estipulado en el articulo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Este caso se resolverá en instancias internacionales, por lo que esperamos que se deje un precedente para garantizar la salud de las niñas y adolescentes que pasen por esta situación. No se puede culpar a una adolescente de "autoaborto", cuando el Estado no le brindo las garantías necesarias para proteger su salud.  

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Inti y Bryan: Víctimas de la brutal represión del estado.(MAHIKY ANDREE GUERRERO CRIOLLO) 

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Inti y Bryan: Víctimas de la brutal represión del estado.(MAHIKY ANDREE GUERRERO CRIOLLO) 

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No olvidar que el sábado 14 de noviembre, Jordan Inti Sotelo Camargo (24) y Jack Bryan Pintado Sánchez (22) fallecieron a causa de la represión policial de la marcha nacional en oposición a la presidencia de Manuel Merino y el Congreso. Los certificados de sus necropsias detallan brutales impactos de proyectiles por armas de fuego sobre sus cuerpos. Dos Jóvenes que no buscaban el heroísmo por una muerte precoz, sino concluir sus estudios, laborar y edificar la probabilidad de un territorio diferente. A efectos de corroborar lo que afirmo recordemos que el pasado 12 de enero del 2021 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre del 2020. El informe muestra que se cometieron violaciones al derecho a la reunión pacífica, principalmente por las restricciones generales a ciertas áreas del centro histórico de Lima a través del uso de rejas. Asimismo, documenta que hubo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y malos tratos. Al respecto, recoge los testimonios de varias personas que señalaron haber sido detenidas incluso cuando no participaban de las protestas y no haber sido informadas de sus derechos o los motivos de su detención. Gracias!

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ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos.

Por Claudia Lovón (*)

El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial. El informe recoge los testimonios de distintos actores y da cuenta de las preocupantes violaciones de derechos humanos que se cometieron. Si bien varios de los hechos que relata ya eran conocidos, el documento refuerza y visibiliza otros tantos, y constituye un llamado a las medidas que distintas instituciones del Estado deben adoptar o continuar implementando para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

Así, en cuanto al uso de la fuerza pública, el informe concluye que el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue innecesario y excesivo. Para ello, además de referirse a las dos personas que resultaron muertas y a las otras 200 que fueron heridas en el marco de las protestas, ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos. Además, contrasta la negativa expresada por la PNP respecto a posibles violaciones a los derechos humanos y al uso de perdigones y canicas, con los testimonios de las víctimas, la evidencia material existente y con el hecho de que las personas que protestaban resultaron lesionadas con estos dispositivos, mientras que los policías fueron heridos con "objetos contundentes".

De otro lado, el informe también muestra que se cometieron violaciones al derecho a la reunión pacífica, principalmente por las restricciones generales a ciertas áreas del centro histórico de Lima a través del uso de rejas. Asimismo, documenta que hubo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y malos tratos. Al respecto, recoge los testimonios de varias personas que señalaron haber sido detenidas incluso cuando no participaban de las protestas y no haber sido informadas de sus derechos o los motivos de su detención. A este inquietante panorama, se suman las precarias condiciones en las que estas personas fueron detenidas (en celdas sin luz, con ratas y olores a excrementos humanos), la falta de adopción de medidas de protección específicas frente al COVID-19 durante la detención (por ejemplo, tres personas fueron detenidas en una celda donde estaba otra persona que había dado positivo a un test de COVID-19) y ocho denuncias por casos de violencia de género, que incluyeron desnudamiento forzado y comentarios homofóbicos, transfóbicos y misóginos.

En el documento, ACNUDH se refiere además a violaciones de derechos humanos cometidas contra ciertos actores en específico. En ese sentido, muestra que los ataques que sufrieron periodistas y personal de medios de comunicación durante su cobertura a las protestas, los cuales fueron cometidos en gran parte por miembros de la PNP, supusieron violaciones al derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, indica que los obstáculos que enfrentaron personal de la Defensoría del Pueblo y miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el ejercicio de sus labores implicaron violaciones al derecho de defender derechos humanos.

En relación al derecho a la salud, si bien el informe da cuenta de los esfuerzos del Ministerio de Salud para garantizar el derecho a la salud de las personas que fueron heridas, también muestra distintos hechos que dificultaron su ejercicio durante las protestas, tales como los ataques que recibieron brigadistas de salud o las denuncias de falta de auxilio por parte del personal la PNP. De forma similar, ACNUDH recopila las medidas que han sido adoptadas para garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de las protestas, entre las cuales se encuentran la apertura de dos investigaciones fiscales y la creación de una comisión multisectorial para dar seguimiento a las acciones del Estado. Sin embargo, muestra que existen significativos puntos de preocupación, como el hecho de que las investigaciones no abarquen todas las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas, no todas las víctimas tengan patrocinio legal y existan denuncias de amedrentamiento por parte de miembros de la policía contra víctimas y testigos de las protestas.

El informe concluye con treinta recomendaciones que involucran a distintas instituciones y que, en varios casos, van más allá del Poder Ejecutivo. Estas se suman a las recomendaciones realizadas en diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que realizara una visita similar a la de ACNUDH. Ambos pronunciamientos ponen al Estado peruano en el foco de atención a nivel internacional. Por ello, y sobre todo para mejorar la protección de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales y evitar que violaciones de derechos humanos de este tipo se vuelvan a repetir, resulta indispensable que el Estado peruano realice todos los esfuerzos para dar cumplimiento a las sugerencias realizadas en ambos documentos. Más aún cuando a dos meses de las protestas, los avances en las investigaciones fiscales y disciplinarias que vienen realizándose todavía son escasos.

(*)Asistente de investigación y miembro del área Académica

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Violaciones a los derechos humanos en las protestas en Perú de noviembre: a propósito de la publicación del informe de ACNUDH - IDEHPUCP

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Por Claudia Lovón (*) El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial.

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Caso de Castillo Páez

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El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú 

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Violaciones a los derechos humanos en las protestas en Perú de noviembre: a propósito de la publicación del informe de ACNUDH

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Violaciones a los derechos humanos en las protestas en Perú de noviembre: a propósito de la publicación del informe de ACNUDH

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tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial. El informe recoge los testimonios de distintos actores y da cuenta de las preocupantes violaciones de derechos humanos que se cometieron. Si bien varios de los hechos que relata ya eran conocidos, el documento refuerza y visibiliza otros tantos, y constituye un llamado a las medidas que distintas instituciones del Estado deben adoptar o continuar implementando para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

Así, en cuanto al uso de la fuerza pública, el informe concluye que el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue innecesario y excesivo. Para ello, además de referirse a las dos personas que resultaron muertas y a las otras 200 que fueron heridas en el marco de las protestas, ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos. Además, contrasta la negativa expresada por la PNP respecto a posibles violaciones a los derechos humanos y al uso de perdigones y canicas, con los testimonios de las víctimas, la evidencia material existente y con el hecho de que las personas que protestaban resultaron lesionadas con estos dispositivos, mientras que los policías fueron heridos con “objetos contundentes”.

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Pedro Castillo anuncia inmovilización obligatoria en Lima y Callao (Miguel Angel Pingo Santos)

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Pedro Castillo anuncia inmovilización obligatoria en Lima y Callao (Miguel Angel Pingo Santos)

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Desde mi punto de vista, con esta política pública emitida por el estado a través de un decreto supremo, viola algunos derechos humanos como lo son, el derecho a la salud, al libre tránsito, a la paz y tranquilidad, a la libertad de expresión, entre otros, ya que no hay manera de justificar esta acción que sobrepasa nuestros derechos. Además de ser una violación a los derechos humanos, considero que es inconstitucional, y una mala respuesta a las protestas hechas por los miles de peruanos decepcionados por este gobierno. Lo que se debió hacer, es nunca acudir a una acción de esta magnitud, que resulto ineficiente, a tal punto que al día siguiente el mismo presidente, quien fue que anuncio esta norma, la tuvo que derogar.

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Pedro Castillo anuncia inmovilización obligatoria en Lima y Callao (Miguel Angel Pingo Santos)

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Pedro Castillo anuncia inmovilización obligatoria en Lima y Callao (Miguel Angel Pingo Santos)

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Desde mi punto de vista, con esta política pública emitida por el estado a través de un decreto supremo, viola algunos derechos humanos como lo son, el derecho a la salud, al libre tránsito, a la paz y tranquilidad, a la libertad de expresión, entre otros, ya que no hay manera de justificar esta acción que sobrepasa nuestros derechos. Además de ser una violación a los derechos humanos, considero que es inconstitucional, y una mala respuesta a las protestas hechas por los miles de peruanos decepcionados por este gobierno. Lo que se debió hacer, es nunca acudir a una acción de esta magnitud, que resulto ineficiente, a tal punto que al día siguiente el mismo presidente, quien fue que anuncio esta norma, la tuvo que derogar.

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Esterilizaciones forzadas en el Perú: Caso María Mamérita Mestanza Chávez, era una mujer indígena peruana de 33 años de edad y madre de siete hijos.
Un 27 de Marzo de 1998 Mamérita luego de recibir muchas visitas intimidatorias por parte de profesionales de salud del Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) accede a realizarse la operación de ligamiento de trompas, quien después de ser operada fue abandonada pues no recibió ningún tipo de atención, a causa de este descuido el 4 de abril de 1998, fallece por  causa de una infección que se le complico por falta de atención médica. Dicho programa estuvo a cargo del propio aparato del poder público, desde el Ejecutivo hasta el Ministerio de Salud. Según las cifras oficiales, se calcula que más de 300.000 mujeres fueron esterilizadas bajo el programa de AQV.
El Estado peruano vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, y a la igualdad ante la ley, el Estado vulneró muchos artículos plasmados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es importante mencionar que, en una primera instancia la fiscalía penal archivo el caso de más de 2074 mujeres que presuntamente fueron sometidas a esterilizaciones forzadas. La Fiscalía sólo presentó cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en 1998. No se formularon cargos contra ninguna de las autoridades gubernamentales encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio lugar a tales esterilizaciones.

Vite Chunga Leydi.

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El cuerpo y el delito - Esterilizaciones forzadas en Perú - Amnistía Internacional Perú

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Exposición a metales tóxicos sin tener acceso a servicios de salud especializados

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Violaciones del derecho a la salud de pueblos indígenas de Cuninico (Loreto) y Espinar(Cusco)

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Violaciones del derecho a la salud de pueblos indígenas de Cuninico (Loreto) y Espinar(Cusco)

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En los pueblos de Cuninico (Loreto) y Espinar(Cusco) se esta presenciando la exposición de metales tóxicos al agua la cual es la única fuente que les provee y no es un tema de la actualidad estamos hablando de una violación de derechos por décadas de continuos reclamos, estudios y planes de salud que no han sido incumplidos, ya que las comunidades campesinas siguen en espera de que el estado proteja y garantice su derecho a la salud. Estamos hablando de un pueblo donde habitan múltiples personas incluidos niños, adolescentes y personas e la tercera edad a los cuales el estado tampoco esta protegiendo y salvaguardando exponiéndolos a enfermarse e incluso a algunos murieron pero sin sin escuchar la voz de estos pueblos violentando su derecho a la igualdad, salud y incluso discriminándolos por ser un pueblo indígena de bajos recursos estamos hablando de personas no de grupos indígenas.

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Más de veinticinco años han transcurrido desde que ocurrieron los primeros grandes crímenes del conflicto armado interno, donde agentes estatales incurrieron en graves violaciones de derechos humanos. En el caso Barrios Altos vs. Perú existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001 sobre la responsabilidad internacional de Perú por la masacre de Barrios Altos por parte de agentes militares, añadiendo a ello la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

Como concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el caso se desarrolla en el marco de una práctica sistemática y generalizada de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas realizadas por agentes del Estado como parte de la estrategia antisubversiva contra grupos terroristas como Sendero Luminoso.

En ese sentido, la Corte IDH declaró responsable al Estado peruano por vulneraciones a normas como el Artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la vida); artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a la integridad personal); artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial), así como el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Debido a ello, se ordenó una serie de reparaciones consistentes en declarar la nulidad de las leyes de amnistía, investigar y sancionar a los responsables, el pago de indemnizaciones a víctimas sobrevivientes y a familiares de víctimas fallecidas, entre otras medidas. Además, en el 2009, la Sala Penal Especial (SPE) determinó que el expresidente Fujimori había sido autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por los hechos ocurridos.

Alumna: Brithany Fransua Aguirre Moreno

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La noche del 3 de noviembre de 1991 la historia de Perú cambió para siempre.

También, la vida de Rosa Rojas.

Aquella noche, un grupo de encapuchados armados irrumpió en el 840 del Jirón Huanta, en Barrios Altos, una zona popular de Lima, y disparó indiscriminadamente contra los vecinos que se habían reunido allí para compartir una pollada con la que recaudar fondos para la reparación del desagüe del edificio.

Los asaltantes -miembros del llamado Grupo Colina, un conjunto de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército encargado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales- los confundieron con integrantes de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. 15 personas murieron y cuatro resultaron heridas.

El marido de Rosa, Manuel Ríos Pérez, y su hijo de 8 años, Javier Ríos Rojas, murieron por las balas disparadas por los agentes del estado.

El crimen fue una de las violaciones de los derechos humanos que años después llevaron a la cárcel al entonces presidente Alberto Fujimori, y a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, a los que la justicia peruana condenó como máximos responsables de las acciones del Grupo Colina.

"Todavía hoy andan diciendo que éramos terroristas, cuando nosotros no teníamos nada que ver con eso", corrobora Rosa en conversación con BBC Mundo.

Según el periodista Gustavo Gorriti, "en Perú no ha habido un esfuerzo serio por procesar lo ocurrido y a cualquiera que tenga una posición favorable a los derechos humanos, los grupos de ultraderecha que se han fortalecido en los últimos años lo atacan como terrorista".

Qué pasó en Barrios Altos

En 1991, Perú vivía convulsionado por la escalada de atentados que la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso llevaba a cabo en la capital del país.

Hasta entonces, el grupo había centrado en el campo sus acciones violentas, que causaron decenas de miles de muertos, y la ofensiva urbana se convirtió en un problema para Fujimori, que había llegado al poder con la promesa de acabar con el terrorismo y estabilizar la economía.

Los ataques de Sendero se habían vuelto tan habituales que cuando Rosa vio irrumpir a los encapuchados con armas automáticas lo primero que pensó antes de echar a correr fue: "Diosito, son los terroristas".

"Habíamos organizado una pollada para conseguir la plata para reparar el desagüe, porque por ahí salía mucha suciedad y era donde jugaban mis hijos. Entraron esos hombres y gritaron ' los perros al suelo'. Yo eché a correr, pensando que todos los demás harían lo mismo, pero de repente me vi corriendo sola".

Cuando pedía desesperada ayuda a otras vecinas de la zona, "de repente, comenzó a sonar ta,ta,ta".

A partir de ese momento, su única preocupación fue encontrar a su marido y al pequeño Javier.

Primero dio con su esposo. "Tirado boca abajo, con los ojos abiertos, como mirándome".

Después encontró a su hijo, pero se resistió a aceptar su muerte. "Solo acerté a cargarlo".

Lo llevó en brazos hasta que llegó a un edificio policial cercano a pedir ayuda.

"Ellos me conocían y me dijeron 'déjalo, tu hijo está muerto'", cuenta entre lágrimas 30 años después.

Años en busca de justicia

Entonces comenzó para Rosa una lucha compartida con otras víctimas por conseguir que se hiciera justicia y por sacar adelante lo que quedó de su familia: dos niñas, una de 5 años y la otra de solo 9 meses.

"Dejaba a las niñas con mi hermana y salía a vender con mi triciclo a la Plaza Italia de Lima". En verano, helados; en invierno, yuca y golosinas.

Todo, mientras participaba en marchas reivindicativas y otras iniciativas para lograr que los asesinos pagaran, un empeño que chocó con los años de apogeo del poder de Fujimori.

Gorriti afirma que "a partir de 1992, Fujimori disfrutó de una época de fortalecimiento considerable en la que muchos prefirieron mirar para otro lado" ante las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

Antes de Barrios Altos, ya se habían producido abusos por parte de agentes del estado en el Perú rural, y en julio de 1992 otra acción del Grupo Colina dejó 10 muertos en la llamada masacre de La Cantuta.

Las demandas de justicia de Rosa y el resto de víctimas se vieron frustradas por dos amnistías sucesivas y otros intentos de proteger a los culpables.

Según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, "se impidió deliberadamente la investigación del crimen [de Barrios Altos] mediante una imposición de mecanismos legislativos y judiciales encubriendo y obstaculizando la acción de los responsables".

Según Rosa, tanto o más doloroso que eso fue la criminalización de las víctimas que permaneció en algunos sectores de la sociedad peruana.

Una de sus hijas se topó con ella cuando uno de sus compañeros del colegio le espetó: "A tu padre lo mataron por terruco", usando el término despectivo que se utiliza en Perú para referirse a los integrantes o colaboradores de Sendero Luminoso.

"Yo había evitado hablarles a mis hijas de cómo había muerto su padre y las había protegido de las noticias", cuenta Rosa. Tras descubrir así lo ocurrido, la menor comenzó a sentirse mal y requirió tratamiento psicológico.

Fue con Alejandro Toledo en la presidencia cuando Rosa percibió la indemnización por la muerte de su marido y su hijo.

Según cuenta, se la gastó en comprar su casa, un nicho para su esposo e hijo en el cementerio limeño de Campo Fe de Huachipa y en la educación de sus hijas.

También ayudó a algunas familias afectadas a las que hubiese querido dar más, pero "la plata se acabó".

Una disculpa pendiente

Después de años tratando de eludir la acción de los tribunales, Fujimori fue finalmente extraditado desde Chile a Perú en 2007 y condenado por su papel en la masacre de Barrios Altos y otras violaciones de los derechos humanos, así como por delitos de corrupción.

Continúa preso, pese a que su familia y abogados han pedido repetidamente su liberación por motivos de salud y su avanzada edad.

Todavía hoy, sigue siendo una figura que divide a los peruanos. Sus partidarios lo ven como el presidente que derrotó a Sendero Luminoso y enderezó la economía. Sus detractores recuerdan sus crímenes y denuncian un supuesto trato de favor en prisión.

Rosa Rojas lo tiene claro. Para ella, se trata de "un asesino" que "agarró al Perú como si fuera su chacra y no le importó dejar muertos, viudas y huérfanos".

Y, sin embargo, lleva tiempo evitando las marchas de los colectivos pro derechos humanos y hoy recordará a los seres queridos que perdió en una misa íntima en su parroquia.

"El odio no me va a devolver a mi marido y a mi hijo, así que hace años que perdoné", dice.

Aunque a ella, ni Fujimori ni nadie le haya pedido perdón.

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"Déjalo, tu hijo está muerto": el trauma de las víctimas de una de las matanzas por las que condenaron a Fujimori en Perú - BBC News Mundo

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La noche del 3 de noviembre de 1991 la historia de Perú cambió para siempre. También, la vida de Rosa Rojas. Aquella noche, un grupo de encapuchados armados irrumpió en el 840 del Jirón Huanta, en Barrios Altos, una zona popular de Lima, y disparó indiscriminadamente contra los vecinos que se habían reunido allí para compartir una pollada con la que recaudar fondos para la reparación del desagüe del edificio.

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Alumna: Johanna Mercedes Abad Arévalo                                                              TEMA: Derrame de mercurio - Caso Choropampa

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Alumna: Johanna Mercedes Abad Arévalo                                                              TEMA: Derrame de mercurio - Caso Choropampa

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El derrame de mercurio en Choropampa fue uno de los desastres mas nocivos que ha tenido nuestro país. Pues lamentablemente muchas personas murieron y otras aun continúan viviendo los estragos de tan desagradable acontecimiento. Actualmente, varios pobladores Choropampinos aun siguen en pie de lucha, pues sienten que su derecho a la protección a la salud y su derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, no son respetados.

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El terrible asesinato de 69 peruanos de Santiago de Lucanamarca a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso.

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El presente caso se muestra la vulneración de derechos fundamentales como como el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal, en la masacre ocasionada el 3 de abril de 1983 por el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, el cual dio comienzo a uno de los peores episodios del periodo del terrorismo en el Perú. Aproximadamente 60 miembros del Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso, armados, iniciaron un ataque a lo largo de un trayecto que comprendió las zonas de Yanaccollpa, Ataccara, Llacchua, Muylacruz, culminando en el pueblo de Lucanamarca, Ayacucho. Como consecuencia de el ataque senderista, 69 campesinos fueron brutalmente asesinados. Según se da a conocer, la finalidad de la incursión en Lucanamarca fue aniquilar a su población, como ‘sanción ejemplar’ por haberse rebelado contra esa organización y haber colaborado con las fuerzas del orden en la lucha contra la subversión. Con esta lamentable masacre se da a conocer una de las consecuencia de la presencia del terrorismo en nuestro país en aquellos años, en este caso se demuestra como el grupo terrorista Sendero Luminoso tenía poco respeto por los derechos humanos, se vivía sobre todo la vulneración al derecho a la vida y a la libre expresión, la única solución que se podía dar a dicha situación era la captura de el grupo terrorista, en este caso de su cabecilla, Abimael Guzmán, lo cual se logró el  el 12 de septiembre de 1992 en una residencia del distrito de Surquillo, Lima,  mediante a un operativo ejecutado por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DIRCOTE) comandado por el general Ketín Vidal, de la PNP.

Alumna: Arianna Yamile Rodriguez Fiestas.

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Caso “El Baguazo” Este lamentable suceso marca un hito en la historia reciente de violaciones a los derechos humanos.Este suceso se dio luego de que el gobierno aprobara normas que atentaban contra la independencia de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Lo correcto era que debió realizarse una consulta previa, tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT: -	Derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas que puedan afectarles.-	Reconoce la relación que tienen con las tierras o territorios que ocupan.-	Derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan y la protección frente a intrusión.En este caso se violentó el derecho constitucional a la protesta, el derecho a la libre expresión y reunión, este último implica además el ejercicio de otros derechos fundamentales. Cabe recalcar que  la difusión del pensamiento debe realizarse “sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.”Por último, el estado y la sociedad debe respetar a las comunidades originarias de nuestro país, pues estos guardan costumbres ancestrales que no se deben perder, además es importante respetar sus ordenamiento y constitución como comunidad, pues ellos por el simple hecho de ser personas merecen respeto y el goce absoluto de sus derechos, con el fin de resguardar su integridad individual y colectiva como cualquier otro ciudadano. 

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Caso “El Baguazo” Este lamentable suceso marca un hito en la historia reciente de violaciones a los derechos humanos.Este suceso se dio luego de que el gobierno aprobara normas que atentaban contra la independencia de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales. Lo correcto era que debió realizarse una consulta previa, tal como lo exigía el Convenio 169 de la OIT: -	Derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas que puedan afectarles.-	Reconoce la relación que tienen con las tierras o territorios que ocupan.-	Derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que ocupan y la protección frente a intrusión.En este caso se violentó el derecho constitucional a la protesta, el derecho a la libre expresión y reunión, este último implica además el ejercicio de otros derechos fundamentales. Cabe recalcar que  la difusión del pensamiento debe realizarse “sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.”Por último, el estado y la sociedad debe respetar a las comunidades originarias de nuestro país, pues estos guardan costumbres ancestrales que no se deben perder, además es importante respetar sus ordenamiento y constitución como comunidad, pues ellos por el simple hecho de ser personas merecen respeto y el goce absoluto de sus derechos, con el fin de resguardar su integridad individual y colectiva como cualquier otro ciudadano. 

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Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú

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Fujimori ordenó la esterilización forzosa de 200.000 mujeres indígenas en Perú

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En ese caso podemos ver como hace años atrás a mujeres indígenas del Perú se les vulnero el derecho de libertad de expresión, ademas , se les vulnero el derecho a un mundo justo y libre, ya que, se les impuso una esterilización forzosa, bajo presiones, amenazas e incentivos con alimentos, sin que fueran debidamente informadas, a más de 200.000 mujeres,  la mayoría indígenas, entre 1996 y 2000, de las cuales 18 murieron. Por lo que este caso es algo alarmante ya que aparte de imponerlas una esterilización forzada atentaron contra la dignidad y la vida humana esto generando la muerte de diversas mujeres.

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En este caso podemos observar como la institución policial hace el uso de la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, además se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos, en conclusión todos estos actos estarían violando el derecho humano a la REUNIÓN PACIFICA.
Alumna Carmen Merino Huamán

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ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos.

Por Claudia Lovón (*)

El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial. El informe recoge los testimonios de distintos actores y da cuenta de las preocupantes violaciones de derechos humanos que se cometieron. Si bien varios de los hechos que relata ya eran conocidos, el documento refuerza y visibiliza otros tantos, y constituye un llamado a las medidas que distintas instituciones del Estado deben adoptar o continuar implementando para evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

Así, en cuanto al uso de la fuerza pública, el informe concluye que el actuar de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue innecesario y excesivo. Para ello, además de referirse a las dos personas que resultaron muertas y a las otras 200 que fueron heridas en el marco de las protestas, ACNUDH pone en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como gases lacrimógenos. Además, contrasta la negativa expresada por la PNP respecto a posibles violaciones a los derechos humanos y al uso de perdigones y canicas, con los testimonios de las víctimas, la evidencia material existente y con el hecho de que las personas que protestaban resultaron lesionadas con estos dispositivos, mientras que los policías fueron heridos con "objetos contundentes".

De otro lado, el informe también muestra que se cometieron violaciones al derecho a la reunión pacífica, principalmente por las restricciones generales a ciertas áreas del centro histórico de Lima a través del uso de rejas. Asimismo, documenta que hubo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y malos tratos. Al respecto, recoge los testimonios de varias personas que señalaron haber sido detenidas incluso cuando no participaban de las protestas y no haber sido informadas de sus derechos o los motivos de su detención. A este inquietante panorama, se suman las precarias condiciones en las que estas personas fueron detenidas (en celdas sin luz, con ratas y olores a excrementos humanos), la falta de adopción de medidas de protección específicas frente al COVID-19 durante la detención (por ejemplo, tres personas fueron detenidas en una celda donde estaba otra persona que había dado positivo a un test de COVID-19) y ocho denuncias por casos de violencia de género, que incluyeron desnudamiento forzado y comentarios homofóbicos, transfóbicos y misóginos.

En el documento, ACNUDH se refiere además a violaciones de derechos humanos cometidas contra ciertos actores en específico. En ese sentido, muestra que los ataques que sufrieron periodistas y personal de medios de comunicación durante su cobertura a las protestas, los cuales fueron cometidos en gran parte por miembros de la PNP, supusieron violaciones al derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo, indica que los obstáculos que enfrentaron personal de la Defensoría del Pueblo y miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el ejercicio de sus labores implicaron violaciones al derecho de defender derechos humanos.

En relación al derecho a la salud, si bien el informe da cuenta de los esfuerzos del Ministerio de Salud para garantizar el derecho a la salud de las personas que fueron heridas, también muestra distintos hechos que dificultaron su ejercicio durante las protestas, tales como los ataques que recibieron brigadistas de salud o las denuncias de falta de auxilio por parte del personal la PNP. De forma similar, ACNUDH recopila las medidas que han sido adoptadas para garantizar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de las protestas, entre las cuales se encuentran la apertura de dos investigaciones fiscales y la creación de una comisión multisectorial para dar seguimiento a las acciones del Estado. Sin embargo, muestra que existen significativos puntos de preocupación, como el hecho de que las investigaciones no abarquen todas las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas, no todas las víctimas tengan patrocinio legal y existan denuncias de amedrentamiento por parte de miembros de la policía contra víctimas y testigos de las protestas.

El informe concluye con treinta recomendaciones que involucran a distintas instituciones y que, en varios casos, van más allá del Poder Ejecutivo. Estas se suman a las recomendaciones realizadas en diciembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que realizara una visita similar a la de ACNUDH. Ambos pronunciamientos ponen al Estado peruano en el foco de atención a nivel internacional. Por ello, y sobre todo para mejorar la protección de los derechos humanos en el contexto de protestas sociales y evitar que violaciones de derechos humanos de este tipo se vuelvan a repetir, resulta indispensable que el Estado peruano realice todos los esfuerzos para dar cumplimiento a las sugerencias realizadas en ambos documentos. Más aún cuando a dos meses de las protestas, los avances en las investigaciones fiscales y disciplinarias que vienen realizándose todavía son escasos.

(*)Asistente de investigación y miembro del área Académica

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Violaciones a los derechos humanos en las protestas en Perú de noviembre: a propósito de la publicación del informe de ACNUDH - IDEHPUCP

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Por Claudia Lovón (*) El 12 de enero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó el informe sobre la visita que realizó a Perú tras las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre como consecuencia de la vacancia presidencial.

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Identifica la importancia del estudio de los Derechos Humanos, mencionando algún caso de violación de derechos humanos que conozcas y aplica un fundamento para su resolución.

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Identifica la importancia del estudio de los Derechos Humanos, mencionando algún caso de violación de derechos humanos que conozcas y aplica un fundamento para su resolución.

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Reconocer la importancia de los Derechos Humanos, es fundamental, ya que, estos son elementos esenciales para la vida de todo ser humano, las cuales nos brindan garantías ante la justicia y libertad social.
En el presente caso, Sobre la muerte de la niña Guatemalteca, debido a la migración a los Estados Unidos y por la mala práctica de la patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Observamos que el primer Derecho Humano vulnerado fue la libertad y tranquilidad, siendo tan solo una niña de 7 años de edad; así también fue vulnerado el Derecho a la protección del niño; otro Derecho vulnerado fue a la Dignidad, ya que, la situación en la que permanecio esa niña, fue denigrante; y por último, la mayor violación de Derecho Humano fundamental, teniendo en cuenta todas las circunstancias que tuvo que atravesar esa niña de tan solo 7 años y por la irresponsabilidad de las autoridades, llevo consigo la muerte de esa niña, siendo vulnerado así su Derecho a la vida.
Todo este problema de vulneración de Derechos Humanos se hubiera evitado, si las autoridades de los Estados Unidos, primordialmente hubieran tomado conciencia del respeto y la importancia a los Derechos Humanos y la protección de esa niña, así como también de todas las personas migrantes que actualmente atraviesan por estas circunstancias.
Daniela Gabriela Gonzales Reyes

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Cinco casos de violación de DD.HH. a los migrantes en 2018

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La ONU advirtió sobre la explotación y los abusos contra los migrantes en el mundo.

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Ximena Janeth Rodríguez Calle

En el presente caso, Ugarteche, existe una vulneración de derechos humanos. El derecho constitucional y en el derecho comparado se rescata que las personas tienen la decisión del respeto de su dignidad, sentimientos y relaciones afectivas en materia social. Se trata de una perspectiva individualizada porque involucra las experiencias por cada sujeto auténtico y cultural.

Con base en esto, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de unión matrimonial de personas entre el mismo sexo. En particular, el caso del economista óscar Ugarteche Galarza y su esposo mexicano, quienes interpusieron una demanda de amparo, a fin de que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) inscriba su matrimonio realizado en el extranjero. Asimismo, es necesario destacar el precario procedimiento de trascendencia que se le da, ya que la solicitud ingresó al TC en mayo de 2018 y se ejecutó una sentencia desfavorable en noviembre de 2020

Del anterior párrafo, en la misma sentencia del matrimonio igualitario brindan los argumentos del demandante. El primero es que, el RENIEC ha hecho un trato discriminatorio al denegar la inscripción de un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado en el extranjero. En segundo lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a incorporar esta clase de unión en sus respectivos ordenamientos (Pleno Sentencia 676/2020).

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Carlos J. Zelada analiza el caso Ugarteche sobre matrimonio igualitario

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Este es un caso de vulneración de derechos: El derecho al libre transito, la libertad de expresión (pensamiento), libertad de prensa.
Durante la marcha del 8 de marzo , Día de la Mujer, se perpetraron actos de vandalismo e incluso hubo bombas molotov en la nacional, una de las cuales hirió a la fotógrafa de EL UNIVERSAL, Fregoso.

En un video, propiedad de EL UNIVERSAL, se ve a una mujer arrojando una bomba a policías que custodiaban la Puerta Mariana de Palacio Nacional, y el explosivo detonándose frente a los fotógrafos.

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Viral En la cobertura de la marcha feminista, la fotógrafa de El Universal, Berenice Fregoso, resultó lesionada por una bomba molotov. - - Fue tra

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Caso Vulneración de derechos: la vida, la libertad, la seguridad.

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Job Rodríguez

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Identifica la importancia del estudio de los Derechos Humanos, mencionando algún caso de violación de derechos humanos que conozcas y aplica un fundamento para su resolución.

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Identifica la importancia del estudio de los Derechos Humanos, mencionando algún caso de violación de derechos humanos que conozcas y aplica un fundamento para su resolución.

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La importancia del estudio de los derechos humanos radica en el conocimiento para su protección y cumplimiento, ya que son elementos esenciales en la vida humana pues forma su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria; de vivir saludables y plenos, lo cual principalmente estos son de suma importancia para el respaldo de la dignidad humana, ya que es el fin supremo de los derechos humanos.
En el caso del baguazo en el gobierno de Alan García, se dio principalmente la vulneración de los derechos humanos del pueblo indígena como es el derecho a la vida  el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido de forma arbitraria y a la libertad de expresión.
Principalmente este suceso buen una catástrofe en donde hubo muertos por doquier, pero la solución de este problema por parte del estado vice sido darle su debido lugar y el respeto de sus derechos fundamentales ya que al igual que la demás sociedad los pueblos indígenas también merecían el debido respeto que no se les brindo ni considero, no llevando así a un conflicto de tales magnitudes.

Jairo Alonso Yarleque Coello.

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CASO DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

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CASO DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IDENTIDAD

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Integrantes:

-       Zapata Rivera, Jene Marvella.

-       Nolte Chiroque, Solymar.

-       Ocaña Palacios, Rosa.

-       Martínez Garcia, Nicolle.

-       Sánchez Yarleque, Andrés.

-       Rufino Córdova, Jabes Peter.

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Caso de Rosa García del Águila y Celestina Rafael Pocco.  

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Caso de Rosa García del Águila y Celestina Rafael Pocco.  

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Caso de Violacion de Derechos Humanos en los Ultimos 20 Años

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los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria; de vivir saludables y plenos. por lo que podemos decir que son fundamentales para el funcionamiento de toda sociedad a nivel mundial, siendo de suma importancia para respetar la dignidad humana y valorar la calidad de vida de cada individuo.  En el caso de Hitler y sus atentados contra la vida de los judíos, se violaron los derechos de todo tipo, siendo los principales a la vida, a la libertad y a la dignidad de las personas, siendo este un abuso completamente injustificado. Lamentablemente la solución a este problema solo pudo ser resuelto con el fin del poder y de la vida de Hitler. Una solución diferente pudo haber sido brindar toda la ayuda necesaria a estas personas; pero siendo tiempos de guerra la mayoría de los derechos son vulnerados y no respetados    

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los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria; de vivir saludables y plenos. por lo que podemos decir que son fundamentales para el funcionamiento de toda sociedad a nivel mundial, siendo de suma importancia para respetar la dignidad humana y valorar la calidad de vida de cada individuo.  En el caso de Hitler y sus atentados contra la vida de los judíos, se violaron los derechos de todo tipo, siendo los principales a la vida, a la libertad y a la dignidad de las personas, siendo este un abuso completamente injustificado. Lamentablemente la solución a este problema solo pudo ser resuelto con el fin del poder y de la vida de Hitler. Una solución diferente pudo haber sido brindar toda la ayuda necesaria a estas personas; pero siendo tiempos de guerra la mayoría de los derechos son vulnerados y no respetados    