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Mariella Barreto y Santiago Martín Rivas tenían una relación amorosa y tuvieron una hija. Sin embargo, la agente era víctima de violencia psicológica y física del líder del Grupo Colina. Mariella Barreto reveló información secreta del Grupo Colina Junto a su compañera Leonor La Rosa, la suboficial Barreto entregó documentos clasificados a la prensa sobre los asesinatos que cometió el Grupo Colina (como la matanza de La Cantuta) y los que planeaba cometer contra periodistas que no estaban alineados con el Gobierno de Fujimori, como César Hildebrandt. Esto, sumado al conocimiento de los delitos de lesa humanidad que había cometido la mano derecha de Vladimiro Montesinos. Ante el delito, Vladimiro Montesinos y Martín Rivas vienen cumpliendo una condena de 25 años de prisión por los asesinatos del destacamento Colina. La pena de 23 años se funde con la de 25 años. Montesinos, al estar en prisión desde junio de 2001, cumplirá su pena en junio de 2026. En tanto, Martín Rivas , preso desde septiembre de 2002 permanecerá en prisión hasta septiembre de 2027.Por otro lado, el Poder Judicial absolvió a Nicolás de Bari Hermosa, excomandante general de las Fuerzas Armadas y a Juan Yanqui Cervantes, ex director de inteligencia del Ejército, por falta de pruebas al establecerse que la orden para el asesinato de Barreto no provino de los mandos militares, sino del Servicio de Inteligencia Nacional. Igualmente, se retiraron los cargos contra los agentes Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlaqué Ordinola y José Concepción Alarcón Gonzáles. Los jueces impusieron el pago de una reparación civil de 500.000 soles, a favor de los herederos legales de Barreto. El pago lo debe realizar cada uno de los condenados.

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Ante el caso presentado, reforzando la información mediante la revista el peruano, se puede

ver un caso más de vulnerabilidad en cuanto a los derechos humanos; en este caso nos podemos enfocar en el derecho a la vida, ya que es el punto céntrico que fue vulnerado. En este caso tenemos a una persona que más allá de compartir los mismos derechos; servía a la patria; y cuán valiente y honorable conducta la que mostró aún después de la muerte; es decir que no quebró sus principios éticos, ni la lealtad que tenía a nuestra nación; ya que fue esposa, en un primer compromiso, del mayor EP Santiago Marton Rivas, jefe del Grupo Colina, uno de sus victimarios. Podemos ver que Mariela Barreto no soportaba más ocultar una información tan importante para el país, sabía que el Perú debía de conocer todo aquello que sucedía a espaldas de las personas. Fue así que se juntó con Leonor La Rosa y juntas decidieron filtrar información y documentación clasificada a la prensa, lo cual fue la detonante para que terminaran mutilando su cuerpo aun estando en vida.

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Claudia, Almeida G. (2017) en su tesis sobre “El fujimorismo a través del crimen: un análisis de los discursos sobre las tragedias de Barrios Altos, La Cantuta y el homicidio de Mariela Barreto en la prensa escrita peruana” resalta que durante todo el proceso de investigación, en el Perú aún se le considera a la mujer como un objeto, ante ellos podemos deducir que sigue existiendo y hasta hoy una sociedad discriminatoria.

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En un informe sobre el caso de la señora informe sobre el caso de la señora Luisa Margarita Zanatta Muedas, también se nombra el caso de Mariela Barreto donde se reconoce la violación al derecho de la libertad a la información y expresión.

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Derecho a la libertad de información:

El caso de Mariella Barreto está estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de información debido a las circunstancias en las que ocurrió su asesinato y la implicación de Martín Rivas, quien reveló información secreta sobre el grupo Colina en Perú. Aquí hay varios aspectos que destacan esta relación resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en contextos de violencia política. La revelación de información por parte de Rivas fue crucial para el proceso de justicia transicional en Perú, que busca esclarecer los crímenes del pasado y garantizar que no se repitan.  El asesinato de Barreto plantea preocupaciones sobre la seguridad de quienes revelan información sensible y el papel del Estado en proteger a los informantes y defensores de derechos humanos. El derecho a la libertad de expresión y a la información está intrínsecamente ligado a la protección de la vida y la integridad de las personas que hacen uso de estos derechos.

Derecho a la vida:

El derecho a la vida está estrechamente relacionado con el caso de Mariella Barreto en Perú debido a las circunstancias de su asesinato y las implicaciones que tuvo: Mariella Barreto fue asesinada en 2004 en circunstancias que sugieren represalias por la información que Martín Rivas había revelado sobre el grupo Colina, implicado en graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno en Perú. Su asesinato subraya las consecuencias mortales que pueden enfrentar quienes denuncian violaciones de derechos humanos y la impunidad que a menudo rodea estos crímenes. Protección de Testigos y Activistas: El caso de Mariella Barreto destaca la necesidad de proteger la vida y la seguridad de los testigos, activistas y defensores de derechos humanos que están involucrados en procesos de justicia transicional. La falta de protección adecuada puede llevar a actos de violencia como el que sufrió Barreto, amenazando la efectividad de los mecanismos de verdad y justicia.

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CONCLUSIÒN:                                                               La condena y las penas impuestas, aunque tardías, destacan la relevancia de mantener viva la memoria histórica y la lucha contra la impunidad. El fallo también resalta la valentía de personas como Mariella Barreto, cuya decisión de revelar los crímenes del Grupo Colina costó su vida. Asegurar que tales actos de coraje sean reconocidos y que los responsables de actos atroces enfrenten las consecuencias de sus acciones es crucial para fortalecer el estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas. La justicia debe servir no solo para castigar, sino también para prevenir futuras violaciones, promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos los ciudadanos.

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La sentencia contra Vladimiro Montesinos y Santiago Martín Rivas, después de 26 años de impunidad, representa un hito significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Grupo Colina durante el régimen de Alberto Fujimori. Este fallo no solo reafirma el principio de que ningún individuo está por encima de la ley, sino que también envía un mensaje contundente sobre la importancia de la rendición de cuentas en casos de crímenes de lesa humanidad. Es fundamental que el sistema judicial continúe actuando con firmeza y transparencia para asegurar que los perpetradores de atrocidades sean debidamente castigados y que las víctimas y sus familias reciban justicia y reparación.

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RECOMENDACIÒN:                                                         Establecer un mecanismo independiente y permanente de supervisión y evaluación de los casos de derechos humanos. Este organismo debe tener la autoridad para investigar denuncias de abusos, asegurar la protección de los denunciantes y víctimas, y recomendar acciones correctivas y sanciones cuando sea necesario. Además, debe promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones del Estado. La creación de este mecanismo puede fortalecer el sistema judicial y proporcionar una vía confiable para que las víctimas de violaciones de derechos humanos busquen justicia y reparación, contribuyendo a la prevención de futuras atrocidades.                 

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Es esencial implementar programas de formación y sensibilización en derechos humanos dirigidos a las fuerzas Armadas y a los funcionarios públicos. Estos programas deben enfocarse en el respeto de la dignidad humana, con penalidades altas en cuanto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la importancia de actuar conforme a la ley. Esta formación ayudará a prevenir futuras violaciones de derechos humanos y a construir una cultura institucional que valore y proteja los derechos de todos los ciudadanos. La colaboración con organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil puede fortalecer estos programas, asegurando que sean integrales y efectivos.