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Rebelión del Pueblo Pijao. Andres Lopez de Galarza -1550

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Rebelión del Pueblo Pijao. Andres Lopez de Galarza -1550

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Fundación de la ciudad de ibague. Enfrentamiento entre el bando español y el pijao. Confrontación de resistencia del pueblo indígena contra la usurpación de territorios por parte de las tropas españolas quienes habían prohibido incluso hablar el idioma materno con la intención de cercernar la lengua.

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Rebelión de los pueblos indígenas asentados en Nariño en contra de los abusos de terratenientes y el estado republicano

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Lucha por la recuperación de tierras y defensa de la cultura indígena. Juan Gregorio Palechor- 1923

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Lucha por la recuperación de tierras y defensa de la cultura indígena. Juan Gregorio Palechor- 1923

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Organización de las comunidades indígenas y en la creación de espacios de resistencia ante la violencia y el desplazamiento forzado que sufrían

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Recuperación de tierras y conservación de la lengua y la cultura. Trino Morales - 1930 

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Recuperación de tierras y conservación de la lengua y la cultura. Trino Morales - 1930 

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Recuperar la tierra de los resguardos para sembrar y cosechar. Con esa misma fuerza, insiste en la unidad de los pueblos indígenas y en la importancia de mantener sus lenguas con orgullo y dignidad.

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Recuperación de tierras. Benjamín Dindicue. 1938

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Recuperación de tierras. Benjamín Dindicue. 1938

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Defensor incansable de la recuperación de tierras para su pueblo. Durante muchos años, luchó contra el despojo que su comunidad sufría a manos de terratenientes y actores armados

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#54añosCRIC 💚❤️ | Benjamín siempre estará presente ✨ Benjamín, Nasa de Tierradentro, valiente luchador, recuperador incansable de tierras, defensor de la educación propia y del trabajo, esa semilla que dejó.  🎶 Por la ampliación del resguardo Por defender la cultura  Por no pago del terraje, la organización creció…🎶  Y con el gran legado de Benjamín, nos aproximamos a conmemorar 54 años de lucha a la vez que recordamos y honramos su memoria y aporte en el caminar organizativo. ❤️‍🔥 Hasta siempre 🌀 #CRIC #cauca #colombia #Justicia #ATENCION #destacar

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#54añosCRIC 💚❤️ | Benjamín siempre estará presente ✨ Benjamín, Nasa de Tierradentro, valiente luchador, recuperador incansable de tierras, defensor de la educación propia y del trabajo, esa semilla que dejó. 🎶 Por la ampliación del resguardo Por defender la cultura Por no pago del terraje, la organización creció…🎶 Y con el gran legado de Benjamín, nos aproximamos a conmemorar 54 años de lucha a la vez que recordamos y honramos su memoria y aporte en el caminar organizativo. ❤️‍🔥 Hasta siempre 🌀 #CRIC #cauca #colombia #Justicia #ATENCION #destacar
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Lucha de resistencia a la colonización. Cacica Gaitana -1539. 

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Lucha de resistencia a la colonización. Cacica Gaitana -1539. 

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Dio muerte al conquistador Pedro de Añasco. Lideró una rebelión contra los colonizadores españoles en el siglo XVI, demostrando una valentía única en un contexto de opresión.

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LA GAITANA: La CACICA INDÍGENA que se enfrentó a COLONIZADORES ESPAÑOLES y asesinó a Pedro de Añasco

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Recuperación de Tierras en el Cauca- Manuel Quintín Lame -1970

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Recuperación de Tierras en el Cauca- Manuel Quintín Lame -1970

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Fue uno de los líderes indígenas más importantes a mediados de 1970, conocido por su lucha en la recuperación de tierras en el Cauca. Durante décadas, luchó contra el despojo de las tierras de los pueblos indígenas y contra las políticas de colonización que afectaban gravemente a las comunidades indígenas.

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Surgimiento del consejo regional indígena del cauca - CRIC - 1971

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Surgimiento del consejo regional indígena del cauca - CRIC - 1971

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Recuperación de resguardo.

Defensa del territorio ancestral.

Creación y fortalecimiento de los cabildos.

Defensa de los derechos y revindicar la autonomía de los pueblos indigenas.

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Organización Nacional Indigena de Colombia- ONIC- 1980

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Organización Nacional Indigena de Colombia- ONIC- 1980

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Lucha por la defensa de los territorios y la autonomía, la participación en el proceso de paz y la lucha contra el desplazamiento forzado y la violencia.

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Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC

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Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC

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Lucha por la pervivencia de los pueblos indígenas, la lengua, la cultura y el gobierno propio. Rosa Elena Toconas -1985 

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Lucha por la pervivencia de los pueblos indígenas, la lengua, la cultura y el gobierno propio. Rosa Elena Toconas -1985 

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La música la convirtió en referente de lucha y resistencia en medio de una creciente violencia contra las mujeres líderes indígenas.

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Rosa Elena Toconás, una fuerza con la voz de los nasa que no se apaga en Jambaló

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La historia de Rosa en este resguardo caucano es la de las mujeres indígenas en esta zona del país que se resisten a ser oprimidas. Alzan su

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Reconocimiento De Los Derechos Indigenas Como Entidades Politicas Y Les Otorga Derechos

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PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA,
En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente:
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Ver la Constitución Política de 1886 DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

Jurisprudencia Vigencia

Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 5. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

(Ver Constitución Política; Art. 13 Inc. 1.; Art. 42)

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 1).

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 2).

(Ver Ley 467 de 1998)

(Ver Ley 495 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1.)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 882 de 2004)

(Ver Ley 979 de 2005)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1857 de 2017)

ARTÍCULO 6. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

(Ver Constitución Política; Art. 121)

(Ver Ley 142 de 1994; art 12)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 65 al 71)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 99)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 2)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1778 de 2016)

(Ver Ley 1828 de 2017)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 2.)

ARTÍCULO 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

(Ver Constitución Política; Art. 246)

(Ver Ley 70 de 1993; Art.3, numeral 1)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5, numeral 3)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 6)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 205)

(Ver Ley 1516 de 2012)

ARTÍCULO 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 70 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 260 de1996)

(Ver Ley 340 de1996)

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 34)

(Ver Ley 997 de 2005)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 2058 de 2020)

(Ver Ley 2059 de 2020)

ARTÍCULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

(Ver Constitución Política; Art. 226; Art. 227)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 231)

(Ver Ley 76 de 1993)

(Ver Ley 1167 de 2007; Art. 7)

(Ver Ley 1465 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-740-2000; C-910-2001; C-915-2001; C-953-2001; C-264-2002; C-288-2002; C-335-2002; C-334-2002; C-067-03; C-315-04; C-533-04; C-291-07)

ARTÍCULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos etnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüisticas propias será bilingüe.

(Ver Ley 47 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 2)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-488-93; C-053-99; C-053-99; C-288-2000; C-1106-2000; C-1107-2000; C-712-2001; C-370-02; C-958-07)
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
ARTÍCULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

(Ver Ley 65 de 1993; art 6)

(Ver Ley 297 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 387 de 1997)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1410 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

ARTÍCULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 35)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 165; Art. 166)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 1309 de 2009; Art. 1)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010; Art. 1)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 12)

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

(Ver Constitución Política; Art. 100)

(Ver Código Sustantivo del Trabajo; Art. 10)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 47)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numerales 2.6, 2.8)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal f)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 324 de 1996)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ley 387 de 1997)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 7)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 982 de 2005)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 991 de 2005; Art. 1)

(Ver Ley 1091 de 2006)

(Ver Ley 1145 de 2007)

(Ver Ley 1190 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1287 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1315 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1346 de 2009)

(Ver Ley 1384 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1415 de 2010)

(Ver Ley 1432 de 2011)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 103)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1496 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1588 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1912 de 2018)

(Ver Art. 3 de la Ley 2040 de 2020)

ARTÍCULO 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

(Ver Constitución Política; Art. 44)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1531 de 2012)

ARTÍCULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013)

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 15; Art. 16)

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

(Ver Ley 594 de 2000)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 31)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal b); Art. 30)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 37)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 70; Art. 71)

(Ver Ley 1408 de 2010; Art. 5)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 156)

(Artículo modificado por el Art. 1 del Acto Legislativo 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

Para efectos tributarios judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

ARTÍCULO 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin mas limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

ARTÍCULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.

(Ver Ley 800 de 2003)

(Ver Ley 985 de 2005)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 6)

ARTÍCULO 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razon de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-027-93; C-033-93; C-127-93; C-150-93; C-344-93; C-456-93; C-535-93; C-728-09; C-900-11)

ARTÍCULO 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva.

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.

(Ver Ley 11 de 1992; Art. 53)

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 28, Literal a))

(Ver Ley 133 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 12)

(Ver Ley 171 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 210 de 1995; Art. 2)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 537 de 1999; Art. 1)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 156)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 244)

(Ver Ley 1955 de 2019; Art. 127)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-127-93; C-456-93; C-535-93; C-566-93; C-567-93; C-568-93; C-350-94; C-297-2002; C-313-2002; C-320-2002; C-152-03; C-715-06 ; C-766-10; C-817-11; C-948-14; C-224-16; C-441-16; C-567-16; C-111-17; C-288-17; C-054-18; C-033-19; C-034-19)

ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 2, literal b); Art. 29)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1507 de 2012)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1887 de 2018)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 14, literal d)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-033-93; C-114-93; C-556-2001; C-042-2002; C-131-2002; C-182-03; C-230-03; C-442-11; C-452-16)

ARTÍCULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

(Ver Acto Legislativo 1 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2012)

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 251 de 1995)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 10)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 1)

(Ver Ley 438 de 1998)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 548 de 1999; Art. 1)

(Ver Ley 782 de 2002)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 2. Num. 2.2.)

(Ver Ley 1156 de 2007)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1592 de 2012)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Ley 1957 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-048-2001; C-131-2002; C-202-2002; C-432-04; C-269-14)

ARTÍCULO 22A. Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y administrativas correspondientes.

(Adicionado por el Art. 1 del Acto Legislativo 5 de 2017)

(Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-076 de 2018)

ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

(Ver Código Contencioso Administrativo; Art. 9 al 26)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 41 Num. 7)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 74)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 13 al 33)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1755 de 2015)

ARTÍCULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de el, y a permanecer y residenciarse en Colombia.

(Modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2003, INEXEQUIBLE.)

(Acto Legislativo 2 de 2003 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-816 de 2004)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 195 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 282 de 1996)

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 1175 de 2007)

(Ver Ley 1206 de 2008)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1465 de 2011)

ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 324 de 1996; Art. 10)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1306 de 2009; Art. 13)

(Ver Ley 1391 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1636 de 2013)

(Ver Ley 1780 de 2016)

(Ver Ley 1929 de 2018)

(Ver Art. 1 de la Ley 2040 de 2020)

ARTÍCULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos.

La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

(Ver Constitución Política; Art. 123)

(Ver Ley 36 de 1993)

(Ver Ley 64 de 1993)

(Ver Ley 72 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 78 de 1993)

(Ver Ley 157 de 1994)

(Ver Ley 211 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 266 de 1996)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 122)

(Ver Ley 365 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 372 de 1997)

(Ver Ley 376 de1997)

(Ver Ley 385 de 1997)

(Ver Ley 392 de 1997)

(Ver Ley 398 de 1997)

(Ver Ley 421 de 1998

(Ver Ley 429 de 1998)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 153 al 156)

(Ver Ley 511 de 1999)

(Ver Ley 528 de 1999)

(Ver Ley 552 de 1999)

(Ver Ley 605 de 2000)

(Ver Ley 657 de 2001)

(Ver Ley 841 de 2003)

(Ver Ley 842 de 2003)

(Ver Ley 878 de 2004)

(Ver Ley 1006 de 2006)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Ley 1090 de 2006)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1124 de 2007)

(Ver Ley 1164 de 2007

(Ver Ley 1240 de 2008)

(Ver Ley 1249 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1310 de 2009

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1768 de 2015)

ARTÍCULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra.

(Ver Constitución Política; Art. 71)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 36)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-016-93; C-027-93; C-246-93; C-378-93; C-008-01; C-505-2001; C-673-2001; C-1053-2001; C-457-04; C-832-07)

ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

(Modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2003, INEXEQUIBLE)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 59A)

(Ver Ley 228 de 1995; Art. 41)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 176)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 363)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 318)

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1.; Art. 3.)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 106)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 52; Art. 53)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1175 de 2007)

(Ver Ley 1380 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

TEXTO ANTERIOR: Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.

Una ley estatutaria reglamentará la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios, con aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, siempre que existan serios motivos para prevenir la comisión de actos terroristas. Al iniciar cada periodo de sesiones el Gobierno rendirá informe al Congreso sobre el uso que se haya hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

(Ver Ley 975 de 2005; Art. 63)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 6o.; Art. 38 Num. 7)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 6o.; Art. 79 Num. 7)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 6)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-922-01; C-692-08; C-980-10; C-331-12; C-034-14)

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

(ver Ley 1142 de 2007; Art. 47)

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

(Ver Constitución Política; Art. 31; Art. 228)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 2; Art. 134)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 116)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 54)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 11; Art. 16)

(Ver Ley 379 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 73)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Decreto 1975 de 2002; Art 8; Art. 9)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 747 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 764 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 777 de 2002)

(Ver Ley 782 de 2002; Art. 27)

(Ver Ley 794 de 2003)

(Ver Ley 813 de 2003)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 890 de 2004)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 937 de 2004)

(Ver Ley 941 de 2005)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1028 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 26)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 17)

(Ver Ley 1153 de 2007)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1200 de 2008)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1268 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1282 de 2009)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 1)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 7)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 11; Art. 17)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1592 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 4)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por si o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

(Ver Constitución Política; Art. 28)

(Ver Ley 15 de 1992; Art. 2)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 177)

(Ver Ley 971 de 2005; Art. 1o. Inc. 2o.; Art. 11; Art. 17)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 1)

ARTÍCULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 29 Inc. 4.; Art. 86 Inc. 2)

El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

ARTÍCULO 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguieren y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en el, para el acto de la aprehensión; si se acogiere a domicilio ajeno, deberá preceder requerimiento al morador.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-392-2000; C-600-2000; C-634-2000; C-793-2000; C-1112-2000; C-1546-2000; C-760-2001; C-774-2001; C-296-2002; C-175-04; C-237-05; C-519-07)

ARTÍCULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

(Ver Ley 1648 de 2013; Art. 1)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 28)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 68)

ARTÍCULO 34. Se prohíben penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o este en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendra control automático ante el superior jerárquico.

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico.

Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.

(Modificado por el Art 1 del Decreto 294 de 2020)

(Modificado por el Art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: Se prohíben penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o este en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendra control automático ante el superior jerárquico.

En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

PARÁGRAFO TRANSITORIO El Gobierno Nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; principalmente fundamentados en las alertas tempranas, educación, prevención, judicialización efectiva, condena y acompañamiento psicológico.

TEXTO ANTERIOR: Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social.

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 63)

(Ver Ley 333 de 1996)

(Ver Ley 365 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 412 de 1997; Art. 9)

(Ver Ley 517 de 1999)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 40)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 14; Art. 15)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 133; Art. 134)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009; Art. 9)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 73 al 81)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 72 al 85)

(Ver Ley 1708 de 2014)

ARTÍCULO 35. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia.

(Aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1998.)

La extradición no procederá por delitos políticos.

No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.

(Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-543 de 1998)

(Artículo modificado por el Art. 1. del Acto Legislativo No. 1 de 1997.)

(Ver Ley 67 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 195 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 412 de 1997; Art. 13)

(Ver Ley 707 de 2001; Art. 5)

(Ver Ley 876 de 2004)

(Ver Ley 970 de 2005; Art. 44)

(Ver Ley 1278 de 2009)

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 13)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 70)

(Ver Ley 1537 de 2012; Art. 10)

(Ver Ley 1908 de 2018; Art. 58)

TEXTO ANTERIOR: Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento.

No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.

Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia.

ARTÍCULO 36. Se reconoce el derecho de asilo en los términos previstos en la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-127-93; C-129-94; C-1149-2001)

ARTÍCULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 26; Art. 44)

(Ver Ley 1801 de 2016; Titulo VI)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-542-93; C-024-94; C-088-94; C-742-12; C-223-17; C-281-17; C-009-18)

ARTÍCULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

(Ver Código de Comercio; Art. 362 al 365)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 7)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 23)

(Ver Ley 743 de 2002)

(Ver Ley 753 de 2002)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 32)

(Ver Ley 1258 de 2008)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1391 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-562-92; C-606-92; C-010-2000; C-008-2001; C-054-2001; C-543-2001; C-580-2001; C-948-2001; C-1173-2001; C-031-03; C-229-03; C-424-05; C-1190-05; C-520-07; C-354-09; C-113-17)

ARTÍCULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producira con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personeria jurídica solo procede por via judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.

(Ver Constitución Política; Art. 55; Art. 93)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 23)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1210 de 2008; Art. 5)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 2025 de 2020)

(Ver Circular Conjunta 001 de 2022)

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

El ejercicio de los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular solo podrá ser limitado en los casos previstos por la Constitución y la ley, por sentencia judicial proferida por una autoridad judicial competente en un proceso penal o de pérdida de investidura.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 1 del Decreto 027 de 2023)

La autoridad competente conservará el ejercicio de la vigilancia sobre la conducta oficial de los servidores públicos.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 1 del Decreto 027 de 2023)

(Ver Ley 772 de 2002)

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 403 de 1997)

(Ver Ley 772 de 2002)

(Ver Ley 815 de 2003)

(Ver Ley 1757 de 2015; Art. 4 al 20)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-542-93; C-089-94; C-130-94; C-180-94; C-179-2002; C-381-2000; C-169-2001; C-580-2001; C-954-2001; C-1508-2000)

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-020-93; C-089-94; C-199-94; C-283-95; C-226-96; C-157-98; C-371-2000; C-1159-2000; C-169-2001; C-955-2001)

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-513-92; C-016-93; C-131-93; C-132-93; C-264-96; C-562-2000; C-011-2001; C-949-2001; C-1113-2001; C-048-04; C-323-06; C-841-10; C-827-13; C-866-14; C-387-15; C-283-17; C-392-19; C-441-19) (Ver la Ley 1098 de 2006, Art. 210).

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.

(Ver Ley 43 de 1993)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 19)

(Ver Decreto Ley 2106 de 2019; Art. 34; Art. 35)

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.

(Ver Decreto 2241 de 1986; Art. 88; Art. 89)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 731 de 2002)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1227 de 2008)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 22)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1885 de 2018)

ARTÍCULO 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Civica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución.

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 68)

(Ver Ley 107 de 1994; Art. 1; Art.2)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 7, literal g)

(Ver Ley 1013 de 2006)

(Ver Ley 1029 de 2006)

(Ver Ley 1053 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1712 de 2014; Art. 31)

(Ver Ley 2025 de 2020)
CAPÍTULO 2. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
ARTÍCULO 42. La familia es el nucleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vinculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 2.; Art. 3o. Lit. i)

(Ver Ley 311 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 15)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 32)

(Ver Ley 495 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 189; Art. 190)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 991 de 2005; Art. 1)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1857 de 2017)

La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto reciproco entre todos sus integrantes.

Cualquier forma de violencia en la familia se considerá destructiva de su armonia y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 575 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 882 de 2004)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-776-10)

Los hijos habidos en el matrimonio o fuerá de el, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia cientifica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-11; C-727-15; C-110-18; C-289-19)

La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

(Ver Ley 1385 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010)

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vinculo, se rigen por la ley civil.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-746-11; C-700-13; C-262-16)

Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15)

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 34)

Tambien tendrán efectos civiles las Sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley.

(Ver Ley 25 de 1992)

La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes.

(Ver Ley 25 de 1992)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 979 de 2005)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3. Num. 3.2)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011; 87 al 96)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012; Art. 7. Lits. b) y d)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-456 de 2020)

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y despues del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibira de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

(Ver Ley 82 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 3, literal d)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 511 de 1999; Art. 5)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 731 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 984 de 2005)

(Ver Ley 1009 de 2006

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.1)

(Ver Ley 1202 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1412 de 2010)

(Ver Ley 1413 de 2010)

(Ver Ley 1429 de 2010; Art. 11)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 114 al 118)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 177; Art. 179)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1496 de 2011)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 25)

(Ver Ley 1626 de 2013)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1823 de 2017)

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

(Ver Constitución Política; Art. 14; Art. 67)

(Ver Ley 11 de 1992; Art.70; Art. 77; Art. 78)

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 30)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 124 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 195 de 1995)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 3, literales, e y f)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 36)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 16)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 470 de 1998; Art. 7)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 670 de 2001)

(Ver Ley 679 de 2001; Art. 1)

(Ver Ley 704 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001; Art. 12)

(Ver Ley 721 de 2001)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 58)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1777 de 2016)

(Ver Ley 2026 de 2020)

(Ver Ley 2033 de 2020)

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armonico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 265 de 1996)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 468 de 1998)

(Ver Ley 470 de 1998)

(Ver Ley 670 de 2001)

(Ver Ley 724 de 2001)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 833 de 2003)

(Ver Ley 854 de 2003)

(Ver Ley 861 de 2003)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1109 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1225 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1361 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1385 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011; Art. 17 al 21)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 136)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 87 al 96)

(Ver Ley 1480 de 2011; Art. 28)

(Ver Ley 1531 de 2012; Art. 7o. Lits. b) y d)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1626 de 2013)

(Ver Ley 1652 de 2013)

(Ver Ley 1750 de 2015)

(Ver Ley 1857 de 2017)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Ley 2026 de 2020)

ARTÍCULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.

El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jovenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4; Art. 20)

(Ver Ley 214 de 1995; Art. 61)

(Ver Ley 124 de 1994)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 36)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 16)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 5; Art. 12)

(Ver Ley 375 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 14)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 535 de 1999)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.2)

(Ver Ley 1195 de 2008)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011; Art. 17 al 21)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 87 al 96)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1885 de 2018)

(Ver Ley 2039 de 2020)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional : C-019-93; C-127-93; C-344-93; C-1042-2000; C-1141-2000; C-1264-2000; C-1403-2000; C-1409-2000; C-144-2001; C-410-2001; C-1068-02; C-271-03; C-172-04; C-154-07; C-740-08; C-468-09; C-853-09; C-862-12)

ARTÍCULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercerá edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

(Ver Ley 271 de 1996)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 35)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 17)

(Ver Ley 445 de 1998)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 700 de 2001)

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 931 de 2004)

(Ver Ley 952 de 2005)

(Ver Ley 1091 de 2006)

(Ver Ley 1171 de 2007)

(Ver Ley 1204 de 2008)

(Ver Ley 1251 de 2008)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1315 de 2009)

(Ver Ley 1655 de 2013)

(Ver Ley 1912 de 2018)

ARTÍCULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos fisicos, sensoriales y psiquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 18)

(Ver Ley 324 de 1996)

(Ver Ley 360 de 1997; Art. 4)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1145 de 2007)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1287 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1346 de 2009)

(Ver Ley 1384 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010; Art. 6)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 176)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 103)

(Ver Ley 1566 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1946 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-176-93; C-312-93; C-337-93; C-221-94; C-410-2001; C-559-2001; C-1174-2001; C-297-2002; C-065-03; C-401-03; C-478-03; C-227-04; C-765-12; C-741-15)

ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1443 de 2011)

(Ver Ley 1949 de 2019)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 47)

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 968 de 2005; Art.10; Art.11)

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-428-09)

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley.

(Ver Ley 480 de 1998)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 93)

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 15 Num. 6)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 247 Num. 6)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional C-349-04; C-341-07; C-978-10)

La ley definira los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

(Ver Constitución Política; Art. 53)

(Ver Ley 1328 de 2009; Art. 57)

El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financierá del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumira el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley este a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financierá de lo establecido en ellas.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional C- 451-20)

Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Los requisitos y beneficios pensionales para todas las personas, incluidos los de pensión de vejez por actividades de alto riesgo, serán los establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones. No podrá dictarse disposición o invocarse acuerdo alguno para apartarse de lo alli establecido.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario minimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periodicos inferiores al salario minimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pension.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá régimenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los paragrafos del presente artículo.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir mas de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, au cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales validamente celebrados.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO 1. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios minimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO 2. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los paragrafos del presente artículo, la vigencia de los régimenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos validamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales mas favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderan vigencia el 31 de julio de 2010.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse mas alla del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estándo en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendra dicho régimen hasta el año 2014.

Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este ultimo decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razon de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

PARÁGRAFO TRANSITORIO 6. Se exceptuan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios minimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005)

ARTÍCULO 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad.

El porte y consumo de sustancias psicoactivas no reguladas está prohibido, salvo prescripción médica.

Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para toda la población y en especial a las personas que consuman sustancias estupefacientes o sicotrópicas. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requieren el consentimiento informado del consumidor.

La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará para el porte, producción, distribución, venta y consumo del cannabis y sus derivados por parte de mayores de edad. Tampoco aplicará para ninguna de estas sustancias cuando su destinación sea para usos científicos o de investigación, siempre y cuando cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente.

La ley restringirá el consumo y comercialización de cannabis o sus derivados en entornos escolares y reglamentará el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos, recreativos, en espacios privados y públicos abiertos al público, comunes, zonas comunes, en establecimientos carcelarios y de rehabilitación, entre otros.

Así mismo, el Estado atenderá con un enfoque de derechos humanos a toda la población con una relación problemática con sustancias psicoactivas y a su familia y/o redes de apoyo, garantizando su tratamiento y rehabilitación; y así prevenir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y, por consiguiente, de la comunidad, y desarrollará de manera permanente campañas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos nocivos, así como estrategias de reducción de riesgos y daños en favor de los consumidores que tienen relación problemática o dependiente con sustancias psicoactivas.

El Estado incorporará en el Sistema Educativo, en su diferentes formas, modalidades y niveles, la educación sobre la prevención en el consumo de drogas o sustancias estupefacientes y sus efectos nocivos.

Las entidades que conformas en sistema General de Seguridad Social en Salud y sus prestadores garantizarán la aplicación e incorporación de lo establecido en este artículo de forma obligatoria.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 1 del Decreto 029 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009)

(Declarado EXEQUIBLE por medio de la Sentencia de la Corte Constitucional C-882 de 2011)

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 2, numeral 2)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 22 al 26)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.3)

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 164 de 1994)

(Ver Ley 266 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 19; Art. 11)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 19)

(Ver Ley 408 de 1997)

(Ver Ley 509 de 1999)

(Ver Ley 691 de 2001)

(Ver Ley 711 de 2001)

(Ver Ley 729 de 2001

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 38 al 58)

(Ver Ley 919 de 2004)

(Ver Ley 972 de 2005)

(Ver Ley 1023 de 2006)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 27; Art. 29)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1164 de 2007)

(Ver Ley 1187 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 20089

(Ver Ley 1250 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1335 de 2009)

(Ver Ley 1355 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 9)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1392 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010)

(Ver Ley 1412 de 2010)

(Ver Ley 1414 de 2010)

(Ver Ley 1419 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 52 al 59)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 152 al 164)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1488 de 2011)

(Ver Ley 1566 de 2012)

(Ver Ley 1575 de 2012)

(Ver Ley 1616 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1659 de 2013)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1797 de 2016)

(Ver Ley 1816 de 2016)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Ley 1929 de 2019)

(Ver Ley 1949 de 2019)

(Ver Ley 2015 de 2020)

(Ver Ley 2026 de 2020)

(Ver Ley 2041 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Tambien, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

ARTÍCULO 50. Todo niño menor de un año que no este cubierto por algu tipo de protección o de seguridad social, tendra derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la materia.

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 19)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 27)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1373 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-580-92; C-337-93; C-041-94; C-313-94; C-410-2001; C-839-2001; C-130-2002)

ARTÍCULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 29 al 34)

(Ver Ley 281 de 1996)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 26)

(Ver Ley 473 de 1998; Art. 6)

(Ver Ley 510 de 1999; Art. 4)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 708 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 89 al 109)

(Ver Ley 823 de 2003; Art. 109

(Ver Ley 902 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 69; Art. 71)

(Ver Ley 973 de 2005)

(Ver Ley 1001 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1183 de 2008)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1415 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1432 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 123 al 127)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Ley 1537 de 2012)

(Ver Ley 1573 de 2012; Art. 10)

(Ver Ley 1796 de 2016)

(Ver Decreto 353 de 1994)

(Ver Ley 2044 de 2020)

ARTÍCULO 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autoctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.

El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social.

(Ver Ley 1029 de 2006)

Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.

El Estado fomentará estas actividades e inspeccionara, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2000)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 211 Inc. 3)

(Ver Ley 49 de 1993)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 6; Art. 33)

(Ver Ley 350 de 1997)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 39; Art. 40)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 595 de 2000)

(Ver Ley 729 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 83)

(Ver Ley 912 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 72; Art. 73)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 30)

(Ver Ley 1158 de 2007)

(Ver Ley 1207 de 2008)

(Ver Ley 1225 de 2008)

(Ver Ley 1270 de 2009)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1289 de 2009)

(Ver Ley 1316 de 2009)

(Ver Ley 1355 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1389 de 2010)

(Ver Ley 1422 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 14; Art. 174)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 97; Art. 98)

(Ver Ley 1558 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013; Art. 18)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1750 de 2015)

(Ver Ley 1946 de 2019)

(Ver Ley 2023 de 2020)

TEXTO ANTERIOR: Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

ARTÍCULO 53. El Congreso expedira el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendra en cuenta por lo menos los siguientes principios minimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración minima vital y movil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios minimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación mas favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Ley 82 de 1993)

(Ver Ley 731 de 2002; Art. 29)

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 823 de 2003)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Ley 1204 de 2008)

(Ver Ley 1496 de 2011)

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periodico de las pensiones legales.

(Ver Ley 717 de 2001)

(Ver Ley 758 de 2002)

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

(Ver Ley 52 de 1993)

(Ver Ley 55 de 1993)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 410 de 1997)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 436 de 1998)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 704 de 2001)

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

(Ver Ley 52 de 1993)

(Ver Ley 55 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 11; Art. 272)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 115)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 210 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 361 de 1997; Capítulo IV)

(Ver Ley 362 de 1997)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 410 de 1997)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 436 de 1998)

(Ver Ley 515 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 677 de 2001; Art. 15)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 731 de 2002)

(Ver Ley 776 de 2002)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 790 de 2002)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 860 de 2003)

(Ver Ley 995 de 2005)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1116 de 2006)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3)

(Ver Ley 1173 de 2007)

(Ver Ley 1197 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1223 de 2008)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1359 de 2009)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 168 al 173)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1488 de 2011)

(Ver Ley 1527 de 2012)

(Ver Ley 1562 de 2012)

(Ver Ley 1595 de 2012)

(Ver Ley 1610 de 2013)

(Ver Ley 1636 de 2013)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1823 de 2017)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Ley 1929 de 2018)

(Ver Ley 2040 de 2020, Art. 8)

ARTÍCULO 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

(Ver Ley 119 de 1994)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art 35)

(Ver Ley 378 de 1997)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 1221 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1429 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 176)

ARTÍCULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

(Ver Constitución Política; Art. 39; Art. 93)

(Ver Ley 524 de 1999; Art. 5)

(Ver Ley 1210 de 2008; Art. 5)

ARTÍCULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.

La ley reglamentará este derecho.

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuira a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento.

(Ver Ley 31 de 1992; Art. 39)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 5)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 278 de 1996)

(Ver Ley 411 de 1997)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 990 de 2005)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 26; Art. 44)

ARTÍCULO 57. La ley podrá establecer los estimulos y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas.

(Ver Ley 256 de 1996; Art. 22)

(Ver Ley 1014 de 2006)

ARTÍCULO 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

(Ver Ley 97 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 308 de 1996)

(Ver Ley 428 de 1998)

(Ver Ley 675 de 2001)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 19)

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

(Ver Ley 29 de 1992)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-350-13)

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

(Ver Ley 454 de 1998)

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 1999)

(Ver Código Civil; Art. 669)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, numeral 7)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 20)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 27; Art. 78)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 133)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 35)

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 85)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 125 al 130)

(Ver Ley 594 de 2000; Art 45)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 8)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 144 al 153; Art. 169)

(Ver Ley 1182 de 2008)

(Ver Ley 1183 de 2008)

(Ver Ley 1228 de 2008)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 83)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Ley 1523 de 2012, Art. 69 al 75)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 19)

(Ver Ley 1738 de 2014; Art. 6o.; Art. 7)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 49 Inc. 3)

TEXTO ANTERIOR: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por via administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente.

ARTÍCULO 59. En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización.

En el expresado caso, la propiedad inmueble solo podrá ser temporalmente ocupada, para atender a las necesidades de la guerra, o para destinar a ella sus productos.

El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el Gobierno haga por si o por medio de sus agentes.

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 31, numeral 27)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 56)

(Ver Ley 161 de 1994; Art. 20)

ARTÍCULO 60. El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a democrátizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.

(Ver Ley 35 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 10)

(Ver Ley 160 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 27 numeral 27.7)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 13 Inc. 3o.; Art. 77)

(Ver Ley 226 de 1995)

(Ver Ley 363 de 1997; Art. 4, numeral 1)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1728 de 2014)

(Ver Ley 1900 de 2018)

ARTÍCULO 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 232 de 1995; Art. 2o. Lit. c.)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 33)

(Ver Ley 463 de 1998)

(Ver Ley 545 de 1999)

(Ver Ley 603 de 2000; Art. 2)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 84)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1343 de 2009)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1520 de 2012)

(Ver Ley 1915 de 2018)

ARTÍCULO 62. El destino de las donaciones intervivos o testamentarias, hechas conforme a la ley para fines de interés social, no podrá ser variado ni modificado por el legislador, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En este caso, la ley asignará el patrimonio respectivo a un fin similar.

El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones.

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 44)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 14)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-367-94; C-008-2001; C-053-2001; C-540-2001; C-543-2001; C-580-2001; C-585-2001; C-651-2001; C-652-2001; C-671-2001; C-705-2001; C-806-2001; C-809-2001; C-837-2001; C-838-2001; C-869-2001; C-992-2001; C-914-2001; C-1095-2001; C-1096-2001; C-1112-2001; C-1168-2001; C-1174-2001; C-1250-2001; C-1251-2001; C-093-2002)

ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos etnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueologico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

(Ver Constitución Política; Art. 79; Art. 80)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 160 de 1994, Art. 85, numeral 6)

(Ver Ley 299 de 1996)

(Ver Ley 715 de 2001; Art. 18; Art. 91)

(Ver Ley 1021 de 2006; Art. 23)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 140)

(Ver Decreto 28 de 2008; Art. 21)

(Ver Ley 1304 de 2009)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 83 Num. 10)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1815 de 2016; Art. 40 Parágrafo)

(Ver Ley 1940 de 2018; art. 37 Parágrafo)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 35)

ARTÍCULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa.

El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales.

El Estado reconoce la dimensión económica, social, cultural, política y ambiental del campesinado, así como aquellas que le sean reconocidas y velará por la protección, respeto y garantía de sus derechos individuales y colectivos, con el objetivo de lograr la igualdad material desde Un enfoque de género, etario y territorial, el acceso a bienes y derechos cono a la educación de calidad con pertinencia, la vivienda, la salud, los servicios públicos domiciliarios, vías terciarias, la tierra, el territorio, un ambiente sano, el acceso e intercambio de semillas, los recursos naturales y la diversidad biológica, el agua, la participación reforzada, la conectividad digital, la mejora de la infraestructura rural, la extensión agropecuaria y empresarial, asistencia técnica y tecnológica para generar valor agregado y medios de comercialización para sus productos.

Los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las demás poblaciones y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular las fundadas en su situación económica, social, cultural y política.

PARÁGRAFO 1. La ley reglamentará la institucionalidad necesaria para lograr los fines del presente artículo y establecerá los mecanismos presupuestales que se requieran, así como el derecho de los campesinos a retirarse de la colectividad, conservando el porcentaje de tierra que le corresponda en casos de territorios campesinos donde la propiedad de la tierra sea colectiva.

PARÁGRAFO 2 . Se creará el trazador presupuestal del campesinado como herramienta para el seguimiento del gasto y la inversión realizada por múltiples sectores y entidades, dirigida a atender a la población campesina ubicada en zona rural y rural dispersa.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 1 del Acto Legislativo 01 de 2023)

Norma Anterior

(Ver Ley 41 de 1993)

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 64)

(Ver Ley 160 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 383 de 1997; Art. 63)

(Ver Ley 398 de 1997; Art. 10)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 516 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 691 de 2001)

(Ver Ley 708 de 2001)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 860 de 2003)

(Ver Ley 1001 de 2005)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 3o. Num. 3.7; Art. 26)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 60 al 69)

(Ver Ley 1537 de 2012; Art. 27 al 32)

(Ver Ley 1728 de 2014)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Ley 1900 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-93; C-060-93; C-074-93; C-467-93; C-543-2001; C-651-2001; C-948-2001; C-953-2001; C-1173-2001; C-088-2001; C-505-2001; C-1065-2001; C-180-05; C-623-15; C-077-17)

ARTÍCULO 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agricolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnologia para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el proposito de incrementar la productividad.

(Ver Ley 51 de 1993)

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 83 de 1993)

(Ver Ley 89 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 5)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 64)

(Ver Ley 117 de 1994)

(Ver Ley 118 de 1994)

(Ver Ley 132 de 1994)

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 89 Num. 3)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 170 de 1994)

(Ver Ley 172 de 1994)

(Ver Ley 189 de 1995)

(Ver Ley 197 de 1995)

(Ver Ley 211 de 1995; Art. 7, literal c)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 240 de 1995)

(Ver Ley 243 de 1995)

(Ver Ley 302 de 1996)

(Ver Ley 363 de 1997)

(Ver Ley 471 de 1998)

(Ver Ley 579 de 2000)

(Ver Ley 607 de 2000)

(Ver Ley 611 de 2000)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 135)

(Ver Ley 818 de 2003)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 4.; Art. 5.)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 1011 de 2006)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1133 de 2007)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 60 al 69)

(Ver Ley 1659 de 2013)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-040-93; C-074-93; C-216-93; C-490-93; C-543-2001; C-651-2001; C-953-2001; C-557-2000; C-1266-2000; C-1403-2000; C-1647-2000; C-809-2001; C-992-2001; C-1047-2001; C-045-2002; C-168-14; C-165-15)

ARTÍCULO 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del credito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales.

(Ver Ley 69 de 1993)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 1; Art. 12)

(Ver Ley 302 de 1996; Art. 4; Art. 9)

(Ver Ley 363 de 1997; Art. 3)

(Ver Ley 607 de 2000; Art. 12)

(Ver Ley 676 de 2001)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 135)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1094 de 2006)

(Ver Ley 1133 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 22; Art. 24)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 72; Art. 73)

(Ver Ley 1776 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-074-93; C-021-94; C-1266-00; C-1065-01; C-180-05)

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, cientifico, tecnologico y para la protección del ambiente.

(Ver Ley 181 de 1995)

(Ver Ley 346 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 494 de 1999)

(Ver Ley 934 de 2004)

(Ver Ley 1029 de 2006)

(Ver Ley 1053 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1056 de 2006; Art. 8)

(Ver Ley 1232 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1389 de 2010)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1477 de 2011)

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como minimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

(Ver Constitución Política; Art. 44)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 17; Art. 18)

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 49)

(Ver Ley 633 de 2000; Art. 93)

(Ver Ley 1098 de 2006; Art. 28)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-376-10)

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

(Ver Ley 1188 de 2008)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-782-07)

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 115 de 1994)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 934 de 2004; Art. 6)

(Ver Ley 986 de 2005; Art. 19)

(Ver Ley 1014 de 2006)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1064 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1146 de 2007; Art. 11 al 14)

(Ver Ley 1269 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1286 de 2009)

(Ver Ley 1295 de 2009)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1324 de 2009)

(Ver Ley 1347 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1404 de 2010)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1445 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 51)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 79)

(Ver Ley 1511 de 2012)

(Ver Ley 1532 de 2012)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1547 de 2012)

(Ver Ley 1549 de 2012)

(Ver Ley 1554 de 2012)

(Ver Ley 1574 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1650 de 2013)

(Ver Ley 1651 de 2013)

(Ver Ley 1678 de 2013)

(Ver Ley 1680 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1732 de 2014)

(Ver Ley 1740 de 2014)

(Ver Ley 1768 de 2015)

(Ver Ley 1874 de 2017)

(Ver Ley 1911 de 2018)

(Ver Ley 1917 de 2018)

(Ver Ley 1923 de 2018)

(Ver Ley 1937 de 2018)

(Ver Ley 1948 de 2019)

(Ver Ley 1951 de 2019)

ARTÍCULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.

La comunidad educativa participara en la dirección de las instituciones de educación.

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad etica y pedagogica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.

(Ver Ley 33 de 1992; Art. 14)

(Ver Ley 146 de 1994; Art. 13, numeral 2)

Las integrantes de los grupos etnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 82 de 1993; Art. 7; Art. 8)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 6)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 361 de 1997; Art. 1; Art. 35)

(Ver Ley 934 de 2004)

(Ver Ley 1064 de 2006)

(Ver Ley 1269 de 2008)

(Ver Ley 1275 de 2009)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 138 al 150)

(Ver Ley 1620 de 2013)

(Ver Ley 1768 de 2015)

(Ver Ley 2025 de 2020)

(Ver Ley 2042 de 2020)

ARTÍCULO 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 91 de 1993)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 10)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 1. Inc. 4)

(Ver Ley 647 de 2001)

(Ver Ley 805 de 2003)

(Ver Ley 922 de 2004; Art 2.)

El Estado fortalecerá la investigación cientifica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

(Ver Ley 556 de 2000)

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

(Ver Ley 30 de 1992, Art. 28)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2; Numeral 1, literal b)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 69)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 1)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 49)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 647 de 2001)

(Ver Ley 749 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 84)

(Ver Ley 1002 de 2005)

(Ver Ley 1012 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 34; Art. 38)

(Ver Ley 1188 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1313 de 2009)

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1324 de 2009)

(Ver Ley 1371 de 2009)

(Ver Ley 1409 de 2010)

(Ver Ley 1443 de 2011)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1547 de 2012)

(Ver Ley 1574 de 2012)

(Ver Ley 1886 de 2018)

(Ver Ley 1914 de 2018; Art. 3)

ARTÍCULO 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza cientifica, técnica, artistica y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el pais. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

(Ver Ley 9 de 1992)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 115 de 1994)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4)

(Ver Ley 125 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 198 de 1995)

(Ver Ley 247 de 1995)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 14)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 814 de 2003)

(Ver Ley 904 de 2004)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 74)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1170 de 2007)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1297 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1381 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1477 de 2011)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1511 de 2012)

(Ver Ley 1516 de 2012)

(Ver Ley 1536 de 2012)

(Ver Ley 1546 de 2012)

(Ver Ley 1556 de 2012)

(Ver Ley 1577 de 2012)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1874 de 2017)

(Ver Ley 1951 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-589-92; C-016-93; C-027-93; C-334-93; C-378-93; C-489-93; C-005-2001; C-053-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-303-2001; C-505-2001; C-810-2001; C-859-2001; C-862-2001; C-914-2001; C-953-2001; C-1097-2001; C-1042-03; C-070-04; C-742-06 ; C-054-13; C-264-14; C-441-16; C-480-19)

ARTÍCULO 71. La busqueda del conocimiento y la expresión artistica son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnologia y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estimulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.

(Ver Ley 77 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 814 de 2003)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 969 de 2005)

(Ver Ley 1034 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 7. Num. 7.5)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1237 de 2008)

(Ver Ley 1253 de 2008)

(Ver Ley 1254 de 2008)

(Ver Ley 1286 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1403 de 2010)

(Ver Ley 1477 de 2011)

(Ver Ley 1520 de 2012; Art. 4)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1923 de 2018)

(Ver Ley 1951 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-589-92; C-016-93; C-086-93; C-204-93; C-246-93; C-378-93; C-005-2001; C-008-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-303-2001; C-505-2001; C-810-2001; C-862-2001; C-914-2001; C-953-2001; C-1097-2001; C-1250-2001; C-742-06)

ARTÍCULO 72. El patrimonio cultural de la Nación esta bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueologico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos etnicos asentados en territorios de riqueza arqueologica.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 247 de 1995)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 340 de 1996)

(Ver Ley 397 de 1997)

(Ver Ley 580 de 2000)

(Ver Ley 594 de 2000; Art. 45)

(Ver Ley 851 de 2003)

(Ver Ley 916 de 2004)

(Ver Ley 929 de 2004)

(Ver Ley 932 de 2004)

(Ver Ley 1040 de 2006)

(Ver Ley 1138 de 2007; Art. 6)

(Ver Ley 1158 de 2007)

(Ver Ley 1185 de 2008)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1304 de 2009)

(Ver Ley 1379 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1493 de 2011)

(Ver Ley 1497 de 2011)

(Ver Ley 1516 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1617 de 2013, Art. 97 al 103)

(Ver Ley 1632 de 2013)

(Ver Ley 1675 de 2013)

(Ver Ley 1686 de 2013)

(Ver Ley 1702 de 2013)

(Ver Ley 1913 de 2018)

(Ver Ley 1916 de 2018; Art. 2)

(Ver Ley 1947 de 2019)

(Ver Ley 1975 de 2019; Art. 3)

(Ver Ley 1982 de 2019; Art. 3)

(Ver Ley 2017 de 2020)

(Ver Ley 2053 de 2020)

(Ver Ley 2021 de 2020)

(Ver Ley 2057 de 2020)

ARTÍCULO 73. La actividad periodistica gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional.

Ley 335 de 1996; Art. 25

(Ver Ley 586 de 2000)

(Ver Ley 1016 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-033-93; C-488-93; C-529-93; C-477-2001; C-087-98; C-505-2001; C-1172-2001; C-1168-2001; C-1213-2001; C-927-2005)

ARTÍCULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.

El secreto profesional es inviolable.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 17)

(Ver Ley 1097 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 4 Lit. d)

(Ver Ley 1219 de 2008; Art. 7)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 144)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 23)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 33)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1753 de 2015; Art. 20 Inciso 7)

ARTÍCULO 75. El espectro electromagnetico es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendra por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolisticas en el uso del espectro electromagnetico.

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 102 al 107)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 28)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 96)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 198 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 422 de 1998)

(Ver Ley 514 de 1999)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Ley 544 de 1999)

(Ver Ley 555 de 2000)

(Ver Ley 1065 de 2006)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 80)

(Ver Ley 1507 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013; Art. 17)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 76. Derogado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2011

(Ver Acto Legislativo 2 de 2011; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 88 Inc. 3)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 26; Art. 27)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 91; Art. 96)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 3)

(Ver Ley 198 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 324 de 1996; Art. 4; Art. 5)

(Ver Ley 335 de 1996)

(Ver Ley 506 de 1999)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Ley 544 de 1999)

(Ver Ley 680 de 2001)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 17)

(Ver Ley 1507 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La intervención estatal en el espectro electromagnetico utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personeria jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio.

Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.

ARTÍCULO 77. El Congreso de la República expedira la ley que fijará la política en materia de television.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2011.)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2011; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 88 Inc. 3)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 33)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 25)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 91)

(Ver Ley 182 de 1995; Art. 3)

(Ver Ley 335 de 1996)

(Ver Ley 1507 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La dirección de la política que en materia de televisión determine la ley sin menoscabo de las libertades consagradas en esta Constitución, estará a cargo del Organismo mencionado.

La televisión será regulada por una entidad autonoma del orden nacional, sujeta a un régimen propio. La dirección y ejecución de las funciones de la entidad estarán a cargo de una Junta Directiva integrada por cinco (5) miembros, la cual nombrará al Director. Los miembros de la Junta tendrán periodo fijo. El Gobierno Nacional designará dos de ellos. Otro será escogido entre los representantes legales de los canales regionales de television. La Ley dispondra lo relativo al nombramiento de los demás miembros y regulará la organización y funcionamiento de la Entidad.

PARÁGRAFO . Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravision.
CAPÍTULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
ARTÍCULO 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 6)

(Ver Ley 214 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 276 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 1, numeral 8; Art. 70)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 395 de 1997; Art. 15)

(Ver Ley 400 de 1997)

(Ver Ley 675 de 2001; Art. 80; Art. 81)

(Ver Ley 688 de 2001)

(Ver Ley 693 de 2001)

(Ver Ley 711 de 2001)

(Ver Ley 916 de 2004)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 5)

(Ver Ley 1209 de 2008)

(Ver Ley 1229 de 2008)

(Ver Ley 1328 de 2009)

(Ver Ley 1340 de 2009)

(Ver Ley 1341 de 2009)

(Ver Ley 1480 de 2011)

(Ver Ley 1558 de 2012; Art. 25)

(Ver Ley 1887 de 2018)

(Ver Ley 1978 de 2019)

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad P. integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El Estado tiene un especial deber de protección del agua.

Queda prohibida de exploración o explotación minerá de cualquier tipo o de hidrocarburos en ecosistemas de paramo y sus zonas de amortiguamiento. Tambien estarán prohibidas las expansiones urbanas y suburbanas y las actividades de alto impacto estos ecosistemas.

Los municipios a traves de las herramientas de ordenamiento territorial estableceran los usos en ecosistemas colindantes a los paramos que pudieran generar daños sobre estos, en especial lo referente a mineria artesanal y de subsistencia en las areas amortiguadoras, tendientes para mitigar el impacto negativo sobre estos ecosistemas.

(Ver Constitución Política; Art. 63)

(Ver Ley 29 de 1992)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 2; Art. 4)

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 304 de 1996)

(Ver Ley 306 de 1996)

(Ver Ley 356 de 1997)

(Ver Ley 357 de 1997)

(Ver Ley 618 de 2000)

(Ver Ley 629 de 2000)

(Ver Ley 693 de 2001)

(Ver Ley 720 de 2001)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 766 de 2002)

(Ver Ley 768 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 36)

(Ver Ley 885 de 2004)

(Ver Ley 960 de 2005)

(Ver Ley 981 de 2005

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1083 de 2006)

(Ver Ley 1109 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 5)

(Ver Ley 1196 de 2008

(Ver Ley 1205 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1284 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1348 de 2009)

(Ver Ley 1360 de 2009)

(Ver Ley 1374 de 2010)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 202 al 227)

(Ver Ley 1453 de 2011; 29 al 41)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1505 de 2012)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Ley 1536 de 2012)

(Ver Ley 1549 de 2012)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1682 de 2013; Art. 40)

(Ver Ley 1715 de 2014)

(Ver Ley 1718 de 2014)

(Ver Ley 1930 de 2018)

(Ver Ley 1931 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

(Ver Ley 2036 de 2020)

(Ver Ley 2041 de 2020)

(Modificado por el Art. 1 del Decreto 052 de 2021)

ARTÍCULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

(Ver Constitución Política; Art. 63)

(Ver Ley 99 de 1993

(Ver Ley 139 de 1994)

(Ver Ley 140 de 1994)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 164 de 1994)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 172 de 1994)

(Ver Ley 191 de 1995; Art. 9)

(Ver Ley 197 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 257 de 1996)

(Ver Ley 293 de 1996)

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 299 de 1996)

(Ver Ley 304 de 1996)

(Ver Ley 306 de 1996)

(Ver Ley 346 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 356 de 1997)

(Ver Ley 357 de 1997)

(Ver Ley 373 de 1997)

(Ver Ley 408 de 1997)

(Ver Ley 464 de 1998)

(Ver Ley 523 de 1999)

(Ver Ley 557 de 2000)

(Ver Ley 579 de 2000)

(Ver Ley 611 de 2000)

(Ver Ley 629 de 2000)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 697 de 2001)

(Ver Ley 807 de 2003)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 36)

(Ver Ley 926 de 2004)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 70)

(Ver Ley 1011 de 2006)

(Ver Ley 1021 de 2006)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1131 de 2007)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 5)

(Ver Ley 1211 de 2008)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1274 de 2009)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Ley 1347 de 2009)

(Ver Ley 1377 de 2010)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 202 al 227)

(Ver Ley 1453 de 2011; 29 al 41)

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Ley 1638 de 2013)

(Ver Ley 1658 de 2013)

(Ver Ley 1930 de 2018)

(Ver Ley 1931 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

ARTÍCULO 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas quimicas, biologicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos toxicos.

El Estado regulará el ingreso al pais y la salida de el de los recursos geneticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

(Ver Ley 162 de 1994)

(Ver Ley 208 de 1995)

(Ver Ley 253 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 303 de 1996)

(Ver Ley 525 de 1999)

(Ver Ley 559 de 2000)

(Ver Ley 728 de 2001)

(Ver Ley 766 de 2002)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1156 de 2007)

(Ver Ley 1196 de 2008)

(Ver Ley 1252 de 2008

(Ver Ley 1518 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-519-94; C-526-94; C-505-2001; C-1260-2001; C-799-08; C-350-13)

ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso comu, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalia que genere su acción urbanistica y regularán la utilización del suelo y del espacio aereo urbano en defensa del interés comu.

(Ver Ley 810 de 2003)

(Ver Ley 1469 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-026-93; C-216-93; C-295-93; C-071-94; C-221-94; C-519-94; C-526-94; C-731-2000; C-955-2000; C-1043-2000; C-410-2001; C-568-03; C-1007-05; C-192-16; C-211-17; C-253-19)
CAPÍTULO 4. DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

(Ver Código Civil; Art. 1603)

(Ver Código de Comercio; Art. 871)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1481 de 2011)

ARTÍCULO 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 25)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 186)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 18)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-606-92; C-017-93; C-054-93; C-094-93; C-114-93; C-209-93; C-486-93; C-412-2001; C-477-2001; C-569-04)

ARTÍCULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40.

(Ver Decreto 2591 de 1991; Art. 2)

ARTÍCULO 86. Toda persona tendra acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actue a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quierá que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actue o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revision.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir mas de diez dias entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefension.

(Ver Ley 24 de 1992; Art. 9, numeral 23; Art. 14)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 57)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 393 de 1997; Art. 9)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 17; Art. 19)

(Ver Decreto 2591 de 1991)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-017-93; C-018-93; C-054-93; C-739-2001; C-1194-2001; C-1195-2001; C-590-05; C-483-08; C-378-10; C-940-10; C-284-14; C-367-14; C-122-18)

ARTÍCULO 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo.

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 76 al 82)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 4o.; Art. 116)

(Ver Ley 393 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 16)

(Ver Ley 617 de 2000; Art. 83)

(Ver Ley 1185 de 2008; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-301-93; C-555-93; C-020-94; C-416-94; C-490-94; C-566-94; C-010-2001; C-507-2001; C-805-2001; C-1194-2001; C-319-13)

ARTÍCULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.

Tambien regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

Así mismo, definira los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.6; Art. 10)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 15)

(Ver Ley 472 de 1998)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 11)

ARTÍCULO 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas.

(Ver Ley 40 de 1993)

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 50 al 59)

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 308 de 1996)

(Ver Ley 333 de 1996)

(Ver Ley 365 de 1997)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 418 de 1997)

(Ver Ley 446 de 1998)

(Ver Ley 488 de 1998)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 679 de 2001)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 733 de 2002)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 782 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 837 de 2003)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 954 de 2005)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1121 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1153 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1336 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1480 de 2011; Titulo VIII; Capit. I)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1531 de 2012)

(Ver Ley 1561 de 2012)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Ley 1738 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1779 de 2016)

(Ver Ley 1941 de 2018)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 49; Art. 81)

(Ver Ley 288 de 1996; Art. 12)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 16)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 40)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 2. Num 3. Lit. c); Art. 48 Num. 5)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 6)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-058-93; C-136-93; C-149-93; C-197-93; C-214-93; C-364-93; C-464-93; C-531-93; C-542-93; C-544-93; C-430-00; C-100-2001; C-404-2001; C-832-2001; C-840-2001; C-892-2001; C-949-2001; C-1149-2001; C-047-2001; C-048-2001; C-442-2001; C-832-2001; C-917-2001; C-309-2002; C-311-03; C-913-03; C-1003-03; C-043-04; C-125-04; C-542-05; C-038-06; C-338-06; C-957-14; C-470-15; C-286-17)

ARTÍCULO 91. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá uicamente en el superior que da la orden.

(Ver Ley 1418 de 2010; Art. 6)

ARTÍCULO 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 51; Art. 58)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-165-93; C-250-94; C-010-2001)

ARTÍCULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:)

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendra efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en el.

(Ver Ley 67 de 1993)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 9)

(Ver Ley 146 de 1994)

(Ver Ley 147 de 1994)

(Ver Ley 148 de 1994)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 195 de 1995)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 210 de 1995)

(Ver Ley 233 de 1995)

(Ver Ley 248 de 1995)

(Ver Ley 265 de 1996)

(Ver Ley 291 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996)

(Ver Ley 320 de 1996)

(Ver Ley 404 de 1997)

(Ver Ley 405 de 1997)

(Ver Ley 524 de 1999)

(Ver Ley 554 de 2000)

(Ver Ley 704 de 2001)

(Ver Ley 707 de 2001)

(Ver Ley 742 de 2002)

(Ver Ley 762 de 2002)

(Ver Ley 765 de 2002)

(Ver Ley 798 de 2003)

(Ver Ley 799 de 2003)

(Ver Ley 800 de 2003)

(Ver Ley 802 de 2003)

(Ver Ley 804 de 2003)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1164 de 2007; Art. 27)

(Ver Ley 1180 de 2007)

(Ver Ley 1197 de 2008)

(Ver Ley 1410 de 2010)

(Ver Ley 1411 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

ARTÍCULO 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 4)
CAPÍTULO 5. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

Toda persona esta obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-540-93; C-542-93; C-565-93; C-099-2001; C-332-2001; C-1147-2001)

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

(Ver Ley 986 de 2005)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1505 de 2012)

(Ver Ley 1523 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-564-92; C-575-92; C-134-93; C-197-93; C-411-93; C-542-93; C-122-99; C-045-2001; C-332-2001; C-400-03; C-313-13; C-793-14)

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legitimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-075-93; C-058-94; C-511-94; C-519-94; C-048-2001)

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 985 de 2005)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-519-94)

5. Participar en la vida política, civica y comunitaria del pais;

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-415-93; C-099-2001; C-307-04; )

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

(Ver Ley 104 de 1993)

(Ver Ley 368 de 1997; Art. 9 al 13)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 4, literal d)

(Ver Ley 438 de 1998)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-075-93; C-077-93; C-169-93; C-266-93; C-267-93; C-268-93; C-415-93; C-464-93; C-048-2001)

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;

8. Proteger los recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano;

(Ver Ley 295 de 1996)

(Ver Ley 296 de 1996)

(Ver Ley 580 de 2000)

(Ver Ley 1333 de 2009)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-204-93; C-379-93; C-530-93; C-059-94; C-318-94; C-423-94; C-519-94; )

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

(Ver Constitución Política; Art. 363)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 265 de 1996)
DE LOS HABITANTES Y DEL TERRITORIO DE LA NACIONALIDAD
ARTÍCULO 96. Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento y;

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjerá y fuego se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.

2. Por adopcion:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción;

b) Los Latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y;

c) Los miembros de los pueblos indigenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningu colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2002.)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 38 al 42)

(Ver Ley 1565 de 2012)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-027-93; C-199-2001; C-551-2001; C-915-2001; C-893-09)

TEXTO ANTERIOR: Son nacionales colombianos:

1. Por nacimiento:

a) Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento.

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjerá y luego se domiciliaren en la República.

2. Por adopcion:

a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización, de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción.

b) Los latinoamericanos y del Caribe por nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como colombianos ante la municipalidad donde se establecieren.

c) Los miembros de pueblos indigenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos.

Ningu colombiano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen o adopción.

Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán recobrarla con arreglo a la ley.

ARTÍCULO 97. El colombiano, aunque haya renunciado a la calidad de nacional, que actue contra los intereses del pais en guerra exterior contra Colombia, será juzgado y penado como traidor.

Los colombianos por adopción y los extranjeros domiciliados en Colombia, no podrán ser obligados a tomar las armas contra su pais de origen; tampoco lo serán los colombianos nacionalizados en pais extranjero, contra el pais de su nueva nacionalidad.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-179-94; C-915-2001)
CAPÍTULO 2. DE LA CIUDADANIA
ARTÍCULO 98. La ciudadania se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley.

Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadania, podrán solicitar su rehabilitación.

PARÁGRAFO . Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadania se ejercerá a partir de los dieciocho años.

(Ver Ley 1622 de 2013; Art. 5. Nums. 1 y 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-003-93; C-093-2001; C-581-2001; C-329-03; C-523-03; C-862-12)

ARTÍCULO 99. La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-545-93; C-406-94; C-169-2001; C-581-2001; C-523-03)
CAPÍTULO 3. DE LOS EXTRANJEROS
ARTÍCULO 100. Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.

Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 39)

(Ver Ley 320 de 1996)

Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de carácter municipal o distrital.

(Ver Código de Comercio; Art. 471 al 473)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 20; Art. 22)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1166 de 2007)
CAPÍTULO 4.
ARTÍCULO 101. Los limites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

(Ver Ley 251 de 1995)

Los limites señalados en la forma prevista por esta Constitución, solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.

Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipielago de San Andres, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

(Inciso aclarado por la Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991

TEXTO ANTERIOR: Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipielago de San Andres, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, demás de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen.

Tambien son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aereo, el segmento de la orbita geoestacionaria, el espectro electromagnetico y el espacio donde actua, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

(Ver Ley 28 de 1992)

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 252 de 1995)

(Ver Ley 539 de 1999)

(Ver Ley 543 de 1999)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-027-93; C-060-93; C-216-93; C-457-93; C-815-2001; C-992-2001; C-067-03; C-278-04; C-269-14)

ARTÍCULO 102. El territorio, con los bienes públicos que de el forman parte, pertenecen a la Nación.

(Ver Ley 28 de 1992)

(Ver Ley 37 de 1993; Art. 6)

(Ver Ley 1561 de 2012)
DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
ARTÍCULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentara.

El Estado contribuira a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, juveniles, beneficas o de utilidad comu no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.

(Ver Constitución Política; Art. 270)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 99)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. b)

(Ver Ley 299 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 375 de 1997; Art. 19 al 22)

(Ver Ley 507 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 741 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 796 de 2003)

(Ver Ley 1227 de 2008)

(Ver Ley 1327 de 2009)

(Ver Ley 1354 de 2009)

(Ver Ley 1618 de 2013, Art. 22)

(Ver Ley 1622 de 2013)

Ley 1757 de 2015)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Decreto Ley 1391 de 2016)

(Ver Ley 1885 de 2018)

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 22)

(Ver la Ley 1098 de 2006, Art. 210)

ARTÍCULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia con otra elección.

ARTÍCULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que este determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo departamento o municipio.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 206)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 33)

ARTÍCULO 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que esta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual esta obligada a tramitarlos; decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva.

(Artículo aclarado por Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991.)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 106 al 111)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-454-93; C-180-94)

TEXTO ANTERIOR: Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que esta determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual esta obligada a tramitarlos.
CAPÍTULO 2. DE LOS PARTIDOS Y DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS
ARTÍCULO 107. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Los partidos, movimientos políticos o la Organización Electoral deberán llevar el registro de los militantes y afiliados de cada partido o movimiento político; los cuales sólo podrán renunciar seis (6) meses después de afiliarse al partido o movimiento político.

Los partidos, povimientos (sic) políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán organizarse democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad y la paridad de género, siendo su deber de presentar y divulgar sus ideas y programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, deberán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas, con la participación exclusiva de sus afiliados y militantes de cada partido político o movimiento ciudadano respectivamente; que podrán coincidir o no con las elecciones a Corporaciones Públicas o cualquier otro mecanismo de democratización interna, incluido el consenso, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias.

Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, deberá acreditar una militancia mínima de seis (6) meses en la correspondiente organización política y no podrá inscribirse o participar por otro partido político, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio para todos los candidatos, partidos y movimientos participantes.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del régimen de bancadas, previendo mecanismos para elegir sus directivas y candidaturas por medios democráticos, que garanticen la participación, respetando la paridad de género, así como la inclusión de personas con discapacidad, los cuales serán garantizados, de acuerdo con sus estatutos y plataforma programática.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, democratización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados por hechos cometidos antes o durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior, por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática, de lesa humanidad o delitos en contra de la administración pública.

Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recursos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los directivos de los partidos o movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere Personería Jurídica, también estarán sujetos a las sanciones que determine la ley.

También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul y al partido o movimiento político al menos 1 año antes del primer día de inscripciones. En este caso la curul será ocupada por el candidato que siga en el orden de la elección del partido o movimiento político al cual pertenecía el miembro de la corporación pública, salvo que la renuncia provenga del corporado que resultó elegido en razón del estatuto de la oposición, caso en el cual deberá asumir el que tenga mejor derecho.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, autorícese, por una sola vez, a los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

PARÁGRÁFO TRANSITORIO 2. Las organizaciones políticas tendrán un año desde la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria de que trata el parágrafo transitorio 3 de este artículo para incluir dentro de sus estatutos mecanismos democráticos de elección de candidaturas y directivas. Cuando se celebren consultas populares, internas o interpartidistas, el orden de las listas definitivas se determinará según el mayor a menor número de votos obtenidos por los candidatos en las consultas internas, garantizando en todo momento la participación, respetando la paridad de género, tanto en la integración de la lista, como en la determinación de quien las encabeza. Los partidos que no cumplan con lo señalado en el presente artículo no podrán postular candidaturas.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. Dentro de los tres meses siguientes a la promulgación del presente Acto Legislativo, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior y en coordinación con las autoridades electorales, radicará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley Estatutaria que establezca los términos y condiciones de los mecanismos de elección de candidaturas y directivas de los partidos; y los mecanismos, requisitos y procedimientos de la fusión y escisión de todas o parte de las personerías jurídicas que integran una coalición.

Será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y movimientos políticos, abstenerse de utilizar algún mecanismo de democracia interna para la elección de los candidatos a cargos y Corporaciones Públicas de elección popular, establecida igualmente en la ley para tal fin.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 2 del Decreto 027 de 2023)

ARTÍCULO 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personeria Juridica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos validamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderan si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptua el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorias étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.

Tambien será causal de perdida de la Personeria Juridica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones mas importantes de la organización política.

Los Partidos y Movimientos Politicos con Personeria Juridica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien el delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.

Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Politicos regularán lo atinente a su Regimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Politico o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas.

(Ver Ley 974 de 2005)

(Ver Directiva Presidencial 5 de 2010)

(Ver Directiva Presidencial 2 de 2006)

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Politicos determinarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la perdida del derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto del periodo para el cual fue elegido.

(Inciso declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-702 de 2010)

PARÁGRAFO TRANSITORIO . Para las elecciones al Congreso de la República a celebrarse en 2010, el porcentaje a que se refiere el inciso primero del presente artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerira del requisito de inscripción con un año de antelación del que habla el inciso 8.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Artículo Transitorio 2)

(Ver Decreto 2241 de 1986; Art. 88; Art. 89)

(Ver Ley 84 de 1993)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 3; Art. 9)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-020-93; C-027-93; C-454-93; C-488-93; C-089-94; C-145-94; C-264-94; C-265-94; C-353-94; C-169-2001; C-955-2001; C-572-04; C-859-06; C-141-10; C-1017-12)

ARTÍCULO 109. El Estado concurrirá a la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos con Personería Jurídica, consejos comunitarios o por movimientos y grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas de manera anticipada a la contienda electoral con recursos 100% estatales.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos; contarán con financiación estatal de acuerdo con los topes señalados por la Autoridad Electoral. Podrán recibir recursos privados para su funcionamiento y administración.

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, determine la ley.

La transgresión de los parámetros establecidos por la constitución y la ley para la financiación de campañas. políticas, será causal de sanción a los partidos y movimientos políticos, conforme a la Ley.

Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen, destino de sus ingresos y gastos. Los candidatos que participen en los diferentes comicios electorales deberán rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados por parte de la organización política que los avaló.

Es prohibido a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y consejos comunitarios, recibir financiación para campañas electorales de personas naturales o jurídicas extranjeras. Tampoco podrán recibir ingreso de dinero en efectivo los partidos y/o campañas electorales.

Los servicios de televisión y radiodifusión comunitarios, en época electoral, podrán transmitir publicidad electoral y divulgación política o propaganda. La Ley determinará los lineamientos pertinentes para hacer efectiva esta disposición.

(Artículo MODIFICADO por el Art. 3 del Decreto 027 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Artículo Transitorio 1)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 18)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 163 de 1994; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 2)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Decreto 2207 de 2003)

ARTÍCULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquierá de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de perdida de la investidura.

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-020-93; C-454-93; C-488-93; C-089-94)

ARTÍCULO 111. Los partidos y movimientos políticos con personeria jurídica tienen derecho a utilizar los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnetico, en todo tiempo, conforme a la ley. Ella establecerá así mismo los casos y la forma como los partidos, los movimientos políticos y los candidatos debidamente inscritos, tendrán acceso a dichos medios.

(Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-572-04; C-342-06)

Jurisprudencia Vigencia

ARTÍCULO 112. Los partidos y movimientos políticos con personeria jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función critica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnetico de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la replica en los mismos medios de comunicación.

Los partidos y movimientos minoritarios con personeria jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria reglamentará integramente la materia.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 Inc. 2)

(Ver Ley 1909 de 2018)

El candidato que le siga en votos a quien la autoridad electoral declare elegido en el cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde municipal tendra el derecho personal a ocupar una curul en el Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital y Concejo Municipal, respectivamente, durante el periodo de la correspondiente corporación.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

(Ver Ley 1921 de 2018; Art. 1)

Las curules así asignadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes serán adicionales a las previstas en los artículos 171 y 176. Las demás curules no aumentarán el número de miembros de dichas corporaciones.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

En caso de no aceptación de la curul en las corporaciones públicas de las entidades territoriales, la misma se asignará de acuerdo con la regla general de asignación de curules prevista en el artículo 263.

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 25)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 32 al 36)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 4, paragrafo 1)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 996 de 2005)

TEXTO ANTERIOR: Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función critica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de replica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales.

Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos.

Una ley estatutaria regulará integramente la materia.
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO
ARTÍCULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autonomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armonicamente para la realización de sus fines.

(Ver Ley 42 de 1993; Art. 53)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 3)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 8; Art. 9)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 6)

(Ver Ley 1381 de 2010; Art. 8)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 26)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 7)

(Ver Ley 1620 de 2013, Art. 5. Num. 1)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 102)

ARTÍCULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 58; Art. 59)

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6; Art. 7)

(Ver Ley 475 de 1998)

ARTÍCULO 115. El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa.

El Gobierno Nacional esta formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos.

El Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.

Ningu acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamentos Administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendra valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables.

(Ver Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011); Art. 65)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 38 Num. 1; Art. 119)

Las gobernaciones y las alcaldias, así como las superintendecias , los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 66)

ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural.

El órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural será la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

(Inciso Modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 03 de 2023)

(Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015.)

(Se sustituye La expresión "Consejo Superior de la Judicatura" sustituida por la de "Comisión Nacional de Disciplina Judicial", por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 11)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 146; Art. 147)

(Ver Ley 585 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 4)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 105)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. Tambien lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 4)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 178)

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 12; Art. 13)

(Ver Ley 550 de 1999; Art. 37)

(Ver Ley 1116 de 2006; Art. 6)

(Ver Ley 1258 de 2008; Art. 44)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 5; Art. 6)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 252)

(Ver Ley 1564 de 2012; Art. 24 Num. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-156-13; C-436-13; C-170-14)

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de arbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-222-13; C-170-14; C-572A-14; C-135-16)

Crease un Tribunal de Garantías Penales que tendra competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

(Incisos y paragrafo transitorio adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2012. INEXEQUIBLES)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2002)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 67 al 71)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 90)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 315 de 1996)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 111)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 148)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 38)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1107 de 2006)

(Ver Ley 1151 de 2007; Art. 6. Num. 6.1.2)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 54)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 6)

(Ver Ley 1380 de 2010)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1480 de 2011; Art. 57; Art. 80)

(Ver Ley 1563 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 200; Art. 201)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia. Tambien lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de arbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley

ARTÍCULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

(Ver Ley 42 de 1993; Art. 53)

(Ver Ley 106 de 1993)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020, Art. 1)

ARTÍCULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 266)

(Ver Ley 6 de 1992; Art. 112)

(Ver Ley 24 de 1992)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 62)

(Ver Ley 134 de 1994, Art. 44)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 168 al 182)

(Ver Ley 177 de 1994; Art. 8)

(Ver Ley 201 de 1995)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 178)

(Ver Ley 522 de 1999; Art. 278; Art. 279; Art. 290; Art. 291; Art. 368; Art. 369; Art. 374; Art. 458; Art. 569; Art. 571; Art. 572; Art. 574; Art. 580; Art. 600)

(Ver Ley 573 de 2000; Art. 1. Num. 4)

(Ver Ley 578 de 2000; Art. 3)

(Ver Ley 589 de 2000; Art. 8)

(Ver Ley 610 de 2000; Art. 11)

(Ver Ley 721 de 2001; Art. 9)

(Ver Ley 732 de 2002, Art. 3)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 83)

(Ver Ley 782 de 2002; Art. 36)

(Ver Ley 850 de 2003; Art. 22; Art. 23)

(Ver Ley 971 de 2005; Art. 3.; Art. 5.; Art. 6.; Art. 12)

(Ver Ley 941 de 2005)

(Ver Ley 1021 de 2006; Art. 9. PARÁGRAFO 2) (Ver Ley 1031 de 2006)

(Ver Ley 1095 de 2006, Art. 3. Num. 5)

(Ver Ley 1152 de 2007; Art. 84; Art. 116 Par.; Art. 127; Art. 170; Art. 171)

(Ver Ley 1151 de 2007, Art. 140)

(Ver Ley 1146 de 2007; Art. 3 Num. 6)

(Ver Ley 1474 de 2011)

ARTÍCULO 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

(Ver Decreto 267 de 2000)

(Ver Ley 42 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 65)

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 48)

(Ver Ley 106 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 117 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 118 de 1994; Art. 10)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 138 de 1994; Art. 14)

(Ver Ley 141 de 1994; Art. 14; Art. 64)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 27.4)

(Ver Ley 161 de 1994; Art. 21)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 88)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 13)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 48)

(Ver Ley 391 de 1997; Art. 5)

(Ver Ley 534 de 1999; Art.14)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 756 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 13; Art. 25)

(Ver Ley 1283 de 2009)

(Ver Ley 1707 de 2014; Art. 17)

(Ver Decreto Ley 403 de 2020)

ARTÍCULO 120. La organización electoral esta conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduria Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 21; Art. 22)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 99)

ARTÍCULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 6)
CAPÍTULO 2. DE LA FUNCIÓN PUBLICA
ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que esten contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-679-11)

Ningu servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

(Ver Ley 2013 de 2019)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 13)

Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propositos de la aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

(Inciso modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2004.)

(Ver Ley 1864 de 2017; Art. 5)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-630-12)

TEXTO ANTERIOR: Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

PARÁGRAFO . Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados públicos o trabajadores oficiales cuando no esten efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio.

La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no esten efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas.

Como aporte a las garantías de no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho Internacional Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control.

(Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017)

(Artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2017 declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-674 de 2017)

(Ver Constitución Política; Art. 211)

(Ver Ley 311 de 1996; Art. 6; Art. 7)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 38)

(Ver Ley 962 de 2005: Art. 17)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1319 de 2009)

(Ver Ley 1436 de 2011)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ley 1635 de 2013)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 42)

(Ver Ley 2013 de 2019)

TEXTO ANTERIOR: No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.

ARTÍCULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejerceran sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

(Ver Decreto 960 de 1970; Art. 3)

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 74)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 101 y otros)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 20)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 951 de 2005)

(Ver Ley 996 de 2005; Art. 38 al 41)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1322 de 2009)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1635 de 2013)

(Ver Ley 2013 de 2019)

(Ver Ley 2014 de 2019)

ARTÍCULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva.

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 412 de 1997)

(Ver Ley 610 de 2000)

(Ver Ley 678 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 842 de 2003)

(Ver Ley 996 de 2005; Art. 38 al 41)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1056 de 2006; Art. 5)

(Ver Ley 1201 de 2008)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

(Ver Sentencias del Consejo de Estado 2014-00666 de 2022)

(Ver Ley 1093 de 2006)

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrerá y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 195)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 909 de 2004)

(Ver Ley 982 de 2005; Art. 37)

(Ver Ley 1002 de 2005; Art. 10)

(Ver Ley 1161 de 2007)

(Ver Ley 1821 de 2016)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Ley 1960 de 2019)

(Ver Ley 409 de 2020)

(Ver Ley 2040 de 2020)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-084-18; 093-2020)

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, literal d.)

PARÁGRAFO . Los periodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del periodo para el cual este fue elegido.

(Parágrafo adicionado por el Artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-166-14)

PARÁGRAFO TRANSITORIO . PARÁGRAFO INEXEQUIBLE

(Parágrafo adicionado por el Artículo 1. del Acto Legislativo 1 de 2008)

(Ver Acto Legislativo 4 de 2011; Art. 1)

(Ver Ley 1010 de 2006)

(Ver Ley 1474 de 2011)

TEXTO ANTERIOR: Durante un tiempo de tres (3) años contados a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la Comisión Nacional del Servicio Civil implementará los mecanismos necesarios para inscribir en carrerá administrativa de manera extraordinaria y sin necesidad de concurso público a los servidores que a la fecha de públicación de la Ley 909 del 2004 estuviesen ocupando cargos de carrerá vacantes de forma definitiva en calidad de provisionales o de encargados del sistema general de carrerá siempre y cuando cumplieran las calidades y requisitos exigidos para su desempeño al momento de comenzar a ejercerlo y que a la fecha de la inscripción extraordinaria continuen desempeñando dichos cargos de carrera. Igual derecho y en las mismas condiciones tendrán los servidores de los sistemas especiales y específicos de la carrera, para lo cual la entidad competente, dentro del mismo término adelantará los trámites respectivos de inscripción.

Mientras se cumpla este procedimiento, se suspenden todos los trámites relacionados con los concursos públicos que actualmente se están adelantando sobre los cargos ocupados por empleados a quienes les asiste el derecho previsto en el presente páragrafo.

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la públicación del presente acto legislativo, instrumentos de calificación del servicio que midan de manera real el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrerá administrativa.

Quedan exceptuados de estas normas los procesos de selección que se surtan en desarrollo de lo previsto por el Artículo 131 de la Constitución Política y los servidores regidos por el Artículo 256 de la Constitución Política, carrerá docente y carrerá diplomática consular.

ARTÍCULO 126. Los servidores públicos no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esten ligados por matrimonio o union permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los mismos vinculos señalados en el inciso anterior.

Se exceptuan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por meritos en cargos de carrera.

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de genero y criterios de merito para su selección.

Quien haya ejercido en propiedad alguno de los cargos en la siguiente lista, no podrá ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá ser nominado para otro de estos cargos, ni ser elegido a un cargo de elección popular, sino un año despues de haber cesado en el ejercido de sus funciones:

Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República y Registrador Nacional del Estado Civil.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018, salvo sobre los apartes declarados INEXEQUIBLES en la Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016.)

A partir de la entrada en vigencia de este Acto Legislativo nadie podrá ser elegido para más de tres (3) periodos consecutivos en cada una de las siguientes corporaciones: Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal, o Junta Administradora Local.

(Inciso ADICIONADO por el Art. 4 del Decreto 027 de 2023)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 6)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 174, Lit. f)

TEXTO ANTERIOR: Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien esten ligados por matrimonio o union permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Se exceptuan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por meritos.

ARTÍCULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales.

A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les esta prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la Constitución.

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: A los empleados del Estado y de sus Entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, de control, les esta prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.

(Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 39)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 60 Num. 1)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1153-05; C-794-14)

TEXTO ANTERIOR: Los empleados no contemplados en esta prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la ley.

La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de mala conducta.

TEXTO ANTERIOR: Cuando el Presidente y el Vicepresidente de la República presenten sus candidaturas, solo podrán participar en las campañas electorales desde el momento de su inscripción. En todo caso dicha participación solo podrá darse desde los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la primerá vuelta de la elección presidencial, y se extenderá hasta la fecha de la segunda vuelta en caso de que la hubiere. La Ley Estatutaria establecerá los términos y condiciones en los cuales, antes de ese lapso, el Presidente o el Vicepresidente podrán participar en los mecanismos democráticos de selección de los candidatos de los partidos o movimientos políticos.

(Inciso derogado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

TEXTO ANTERIOR: Durante la campaña, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán utilizar bienes del Estado o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos los candidatos. Se exceptuan los destinados al cumplimiento de las funciones propias de sus cargos y a su protección personal, en los términos que señale la Ley Estatutaria.

(Inciso derogado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 2, literal a; Art. 8)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 48 Num. 39)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 60 Num. 1)

(Ver Ley 2014 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-454-93; C-089-94; C-199-94; C-299-94; C-349-94; C-415-94)

ARTÍCULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente mas de un empleo público ni recibir mas de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Entiendese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas.

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 13 Literal m)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 269 de 1996)

(Ver Ley 797 de 2003; Art. 2. Literal m)

ARTÍCULO 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-299-94; C-308-04)

ARTÍCULO 130. Habra una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial.

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 7 al 13)

(Ver Ley 1033 de 2006; Art. 8 al 13)

ARTÍCULO 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarias, con destino a la administración de justicia.

(Ver Ley 685 de 2001; Art. 240)

(Ver Ley 788 de 2002; Art. 112)

(Ver Ley 810 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003; Art. 64)

(Ver Ley 926 de 2004; Art. 1)

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 20; Art. 37)

(Ver Ley 1579 de 2012)

(Ver Ley 1819 de 2016; Art. 363)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-084-18)

El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-421-06)

Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.

(Ver Ley 1183 de 2008)
DE LA RAMA LEGISLATIVA CAPÍTULO 1. DE LA COMPOSICIÓN Y LAS FUNCIONES
ARTÍCULO 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un periodo de cuatro años, que se inicia el 20 de julio siguiente a la elección.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 262)

ARTÍCULO 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 1431 de 2011)

(Ver Ley 1828 de 2017)

TEXTO ANTERIOR: Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

ARTÍCULO 134. Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según el orden de inscripción o votación obtenida, le sigan en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

En ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de Lesa Humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profierá orden de captura dentro de los respectivos procesos.

Para efectos de conformación de quorum se tendra como número de miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas.

Si por faltas absolutas que no den lugar a reemplazo los miembros de cuerpos colegiados elegidos en una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Consejo Nacional Electoral convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falten mas de veinticuatro (24) meses para la terminación del periodo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO . Mientras el legislador regula el régimen de reemplazos, se aplicarán las siguientes reglas: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo la muerte; la incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo; la declaración de nulidad de la elección; la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, y la perdida de investidura; ii) Constituyen faltas temporales que dan lugar a reemplazo, la licencia de maternidad y la medida de aseguramiento privativa de la libertad por delitos distintos a los mencionados en el presente artículo.

La prohibición de reemplazos se aplicará para las investigaciones judiciales que se iniciaron a partir de la vigencia del Acto Legislativo número 01 de 2009, con excepción del relacionado con la comisión de delitos contra la administración pública que se aplicará para las investigaciones que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.

(Artículo modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediate Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018.)

(Artículo modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 1 de 2009)

(Artículo modificado por el artículo 1. del Acto Legislativo No. 3 de 1993)

(Ver Ley 1871 de 2017; Art. 4)

(Ver Ley 2003 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-531-93; C-532-93; C-349-94; C-699-13)

TEXTO ANTERIOR: Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente.

ARTÍCULO 135. Son facultades de cada Cámara:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-069-94; C-830-2001; C-372-04; C-572-04)

1. Elegir sus mesas directivas.

2. Elegir a su Secretario General, para periodos de dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la respectiva Cámara.

(Numeral modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 1 de 2003. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 2004)

3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo siguiente.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-432-17)

4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia.

5. Proveer los empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones.

6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para el mejor desempeño de sus atribuciones.

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 14 PARÁGRAFO) 7. Organizar su Policia interior.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 51, Num. 7 Inc. 7; Art. 391)

8. Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros, Superintendentes o Directores de Departamentos Administrativos no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los Ministros, Superintendentes o Directores Administrativos deberán ser oidos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del dia de la sesion.

(Numeral modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2007. Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-757 de 2008)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-179-94; C-198-94; C-518-07)

TEXTO ANTERIOR: Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco dias y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los Ministros deberán ser oidos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continue en sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del dia de la sesion.

9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la decima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el decimo dia siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerira el voto afirmativo de la mitad mas uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma.

(Numeral modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2007. Acto Legislativo declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-757 de 2008)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-198-94; C-376-94; C-518-07)

TEXTO ANTERIOR: Proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la decima parte de los miembros que componen la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y el decimo dia siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerira la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos.

ARTÍCULO 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1250-2001)

1. Inmiscuirse, por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras autoridades.

2. Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomatica o sobre negociaciones de carácter reservado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 257)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-227-93)

3. Dar votos de aplauso a los actos oficiales.

4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no esten destinadas a satisfacer creditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-260-93; C-364-93; C-022-94; C-311-94; C-547-94; C-705-2001; C-032-04; C-022-04; C-045-04; C-034-19)

5. Decretar actos de proscripción o persecución contra personas naturales o jurídicas.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-364-93; C-022-94; C-145-94; C-311-94)

6. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de los miembros de la respectiva Cámara.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: ( C-216-94; C-528-94)

ARTÍCULO 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 6; Art. 236)

Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, despues de oirlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez dias, bajo estricta reserva.

La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.

(Ver Ley 599 de 2000; Art. 454)

Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución de posibles infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo pertinente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-165-93; C-198-94)
CAPÍTULO 2. DE LA REUNION Y EL FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 138. El Congreso, por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos periodos por año, que constituirán una sola legislatura. El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 16 de diciembre; el segundo periodo iniciará el 16 de febrero y concluirá el 20 de junio.

Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo no podrán tramitarse proyectos de leyes estatutarias ni reformas a la Constitución.

En el periodo de sesiones en el que se lleven a cabo las elecciones al Congreso de la República, este periodo iniciará el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio.

Si por cualquier causa el Congreso no pudiese reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuese posible, dentro de los periodos respectivos.

También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse de los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.

(MODIFICADO por el Art. 1 del Acto Legislativo 02 de 2003)

Norma Anterior

(Ver Decreto 866 de 2021)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 119)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-141-10; C-685-11)

En el curso de ellas solo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo.

(Ver Ley 3 de 1992, Art. 1)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-607-92; C-011-94; C-093-94; C-198-94; C-334-94; C-408-94)

ARTÍCULO 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza legitimamente sus funciones.

ARTÍCULO 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República.

Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado.

(Ver Constitución Política; Art. 150 Numeral 6)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 9; Art. 33 Inc 2)

ARTÍCULO 141. El Congreso se reunira en un solo cuerpo uicamente para la instalación y clausura de sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Contralor General de la República y Vicepresidente cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, así como decidir sobre la moción de censura, con arreglo al artículo 135.

En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 9)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 142 Inc. 2.)

(Ver Ley 1904 de 2018; Art. 1)

ARTÍCULO 142. Cada Cámara elegira, para el respectivo periodo constitucional, comisiones permanentes que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley.

La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las materias de las que cada una deberá ocuparse.

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015; Art. 26 Inc. 5)

(Ver Ley 3 de 1992)

(Ver Ley 186 de 1995)

(Ver Ley 754 de 2002)

(Ver Ley 1147 de 2007)

Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quorum decisorio será el que se requierá para cada una de las comisiones individualmente consideradas.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 2 al 11)

(Ver Ley 1127 de 2007)

(Ver Ley 1202 de 2008)

(Ver Ley 1434 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-022-94; C-093-94; C-145-94; C-226-94; C-311-94; C-334-94; C-809-2001; C-1190-2001; C-1248-2001; C-011-13)

ARTÍCULO 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquierá de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que hubieren quedado pendientes en el periodo anterior, de realizar los estudios que la corporación respectiva determine y de preparar los proyectos que las Cámaras les encarguen.

ARTÍCULO 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

El ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley.

(Artículo modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 1 de 2009)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 68 al 115)

(Ver Ley 273 de 1996; Art. 2.)

TEXTO ANTERIOR: Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento.

ARTÍCULO 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quorum diferente.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-133-93; C-006-2001; C-737-2001; C-278-04; C-781-04; C-337-15)

ARTÍCULO 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

(Ver Constitución Política; Art. 133)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 116 al 138)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-2001; C-737-2001; C-069-04; C-585-14; C-337-15)

ARTÍCULO 147. Las mesas directivas de las cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas cada año, para la legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 6)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 al 45)

ARTÍCULO 148. Las normas sobre quorum y mayorías decisorias regirán también para las demás corporaciones públicas de elección popular.

ARTÍCULO 149. Toda reunion de miembros del Congreso que, con el proposito de ejercer funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectue fuerá de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos que realice no podrá darseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 5 Num. 1; Art. 50 Num. 1)

(Ver Decreto 491 de 2020, Art. 12)
CAPÍTULO 3. DE LAS LEYES
ARTÍCULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(Ver Ley 1027 de 2006)

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

(Ver Ley 72 de 1993)

(Ver Ley 177 de 1994)

(Ver Ley 276 de 1996)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 388 de 1997)

(Ver Ley 505 de 1999)

(Ver Ley 507 de 1999)

(Ver Ley 526 de 1999)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 537 de 1999)

(Ver Ley 548 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000)

(Ver Ley 582 de 2000)

(Ver Ley 603 de 2000)

(Ver Ley 614 de 2000)

(Ver Ley 632 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 1219 de 2008)

(Ver Ley 1679 de 2013)

(Ver Ley 1946 de 2019)

2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

(Ver Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral)

(Ver Ley 40 de 1993)

(Ver Ley 49 de 1993)

(Ver Ley 57 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 65 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 190 de 1995)

(Ver Ley 228 de 1995)

(Ver Ley 232 de 1995)

(Ver Ley 256 de 1996)

(Ver Ley 294 de 1996)

(Ver Ley 362 de 1997)

(Ver Ley 365 de 1997)

(Ver Ley 389 de 1997)

(Ver Ley 446 de 1998)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 589 de 2000)

(Ver Ley 599 de 2000)

(Ver Ley 600 de 2000)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 685 de 2001)

(Ver Ley 712 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 745 de 2002)

(Ver Ley 746 de 2002)

(Ver Ley 747 de 2002)

(Ver Ley 755 de 2002)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 777 de 2002)

(Ver Ley 791 de 2002)

(Ver Ley 794 de 2003)

(Ver Ley 795 de 2003)

(Ver Ley 809 de 2003)

(Ver Ley 813 de 2003)

(Ver Ley 820 de 2003)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 926 de 2004)

(Ver Ley 937 de 2004)

(Ver Ley 954 de 2005)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 975 de 2005; Art. 71)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1028 de 2006)

(Ver Ley 1060 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007)

(Ver Ley 1149 de 2007)

(Ver Ley 1154 de 2007)

(Ver Ley 1181 de 2007)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1210 de 2008)

(Ver Ley 1220 de 2008)

(Ver Ley 1236 de 2008)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1273 de 2009)

(Ver Ley 1280 de 2009)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1309 de 2009)

(Ver Ley 1306 de 2009)

(Ver Ley 1311 de 2009)

(Ver Ley 1312 de 2009)

(Ver Ley 1326 de 2009)

(Ver Ley 1329 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1357 de 2009)

(Ver Ley 1364 de 2009)

(Ver Ley 1382 de 2010)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1393 de 2010; Art. 18)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1426 de 2010)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1468 de 2011)

(Ver Ley 1482 de 2011)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Ley 1727 de 2014)

(Ver Ley 1730 de 2014)

(Ver Ley 1752 de 2015)

(Ver Ley 1760 de 2015)

(Ver Ley 1761 de 2015)

(Ver Ley 1762 de 2015)

(Ver Ley 1773 de 2016)

(Ver Ley 1774 de 2016)

(Ver Ley 1801 de 2016)

(Ver Ley 1809 de 2016)

(Ver Ley 1811 de 2016, Art. 8.; Art. 9.; Art. 14; Art. 15; Art. 17)

(Ver Ley 1822 de 2017)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Ley 1843 de 2017; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 11)

(Ver Ley 1846 de 2017)

(Ver Ley 1893 de 2018)

(Ver Ley 1911 de 2018; Art. 22)

(Ver Ley 1918 de 2018; Art. 1)

(Ver Ley 1934 de 2018)

(Ver Ley 1944 de 2018)

(Ver Ley 1952 de 2019)

(Ver Ley 2014 de 2019)

3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos.

(Ver Ley 95 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 152 de 1994)

(Ver Ley 153 de 1994, Art. 3)

(Ver Ley 165 de 1994)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 343 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 508 de 1999)

(Ver Ley 812 de 2003)

(Ver Ley 1151 de 2007)

(Ver Ley 1450 de 2011)

(Ver Ley 1473 de 2011)

(Ver Ley 1541 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1753 de 2015)

(Ver Ley 1955 de 2019)

(Ver Ley 1977 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-490-94; C-547-94; C-566-94; C-1065-2001; C-022-04; C-473-04; C-533-05; C-377-08; C-510-08)

4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus competencias.

(Ver Ley 47 de 1993)

(Ver Ley 60 de 1993)

(Ver Ley 136 de 1994)

(Ver Ley 191 de 1995)

(Ver Ley 677 de 2001)

(Ver Ley 715 de 2001)

(Ver Ley 1059 de 2006)

(Ver Ley 1625 de 2013)

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales.

Constitución Política; Art. 301)

(Ver Ley 93 de 1993; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 122 de 1994; Art. 1; Art. 3)

(Ver Ley 288 de 1996)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 38)

(Ver Ley 648 de 2001)

(Ver Ley 666 de 2001)

(Ver Ley 687 de 2001)

(Ver Ley 1217 de 2008)

(Ver Ley 1276 de 2009)

(Ver Ley 1655 de 2013)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-478-92)

6. Variar, en circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos poderes nacionales.

(Ver Constitución Política; Art. 140)

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura organica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autonomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

(Ver Constitución Política; Art. 189, Numeral 15)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Nums. 2 y 3)

(Ver Ley 62 de 1993)

(Ver Ley 91 de 1993)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993)

(Ver Ley 109 de 1994)

(Ver Ley 116 de 1994)

(Ver Ley 119 de 1994)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 161 de 1994)

(Ver Ley 182 de 1995)

(Ver Ley 199 de 1995)

(Ver Ley 281 de 1996)

(Ver Ley 298 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 51)

(Ver Ley 309 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 314 de 1996)

(Ver Ley 318 de 1996)

(Ver Ley 322 de 1996)

(Ver Ley 352 de 1997; Art. 40)

(Ver Ley 368 de 1997)

(Ver Ley 396 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 66)

(Ver Ley 401 de 1997)

(Ver Ley 432 de 1998)

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 29 al 36)

(Ver Ley 490 de 1998)

(Ver Ley 526 de 1999)

(Ver Ley 768 de 2002; Art. 13)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 49)

(Ver Ley 887 de 2004)

(Ver Ley 888 de 2004)

(Ver Ley 914 de 2004; Art. 5o.; Art. 6)

(Ver Ley 1002 de 2005)

(Ver Ley 1009 de 2006)

(Ver Ley 1084 de 2006)

(Ver Ley 1118 de 2006)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1427 de 2010)

(Ver Ley 1886 de 2018)

(Ver Ley 1938 de 2018)

(Ver Ley 1951 de 2019)

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.

(Ver Ley 30 de 1992)

(Ver Ley 31 de 1992)

(Ver Ley 35 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 229)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 12)

(Ver Ley 336 de 1996)

(Ver Ley 527 de 1999)

(Ver Ley 549 de 1999; Art. 18)

(Ver Ley 643 de 2001; Art. 53)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-465-92; C-553-92; C-559-92; C-560-92; C-542-93; C-008-2001; C-199-2001; C-921-2001; C-782-07; C-246-19)

9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar emprestitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periodicamente informes al Congreso sobre el ejercicio de estas autorizaciones.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 5)

(Ver Ley 95 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 30)

(Ver Ley 153 de 1994, Art. 3)

(Ver Ley 226 de 1995)

(Ver Ley 227 de 1995; Art. 4)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 41)

(Ver Ley 321 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 343 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 534 de 1999; Art. 8)

(Ver Ley 643 de 2001; Art. 56)

(Ver Ley 781 de 2002)

(Ver Ley 848 de 2003; Art. 32)

(Ver Ley 1041 de 2006; Art. 2)

(Ver Ley 1062 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1066 de 2006; Art. 15)

(Ver Ley 1068 de 2006; Art. 7)

(Ver Ley 1080 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1366 de 2009)

(Ver Ley 1523 de 2012; Art. 67)

(Ver Ley 1541 de 2012)

(Ver Ley 1542 de 2012)

(Ver Ley 1914 de 2018; Art. 3)

(Ver Ley 1940 de 2018; Art. 120)

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerira la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

El Congreso podrá, en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades extraordinarias.

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, organicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119 Num. 2; Art. 208 Num. 3)

(Ver Ley 60 de 1993; Art. 27)

(Ver Ley 61 de 1993; Art. 1)

(Ver Ley 62 de 1993; Art. 35)

(Ver Ley 65 de 1993; Art. 172)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 43)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 139)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 101; Art. 104)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 199; Art. 202)

(Ver Ley 160 de 1994; Art. 108)

(Ver Ley 180 de 1995; Art. 7)

(Ver Ley 190 de 1995; Art. 83)

(Ver Ley 222 de 1995)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 180)

(Ver Ley 322 de 1996; Art. 37)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 30)

(Ver Ley 375 de 1997; Art. 50)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 488 de 1998; Art. 79; Art. 120)

(Ver Ley 573 de 2000)

(Ver Ley 651 de 2001; Art. 9o. )

(Ver Ley 788 de 2002; Art. 60)

(Ver Ley 789 de 2002; Art. 5)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 16)

(Ver Ley 797 de 2003; Art. 17)

(Ver Ley 909 de 2004; Art. 53)

(Ver Ley 1424 de 2010; Art. 10)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 205)

(Ver Ley 1453 de 2011; Art. 104)

(Ver Ley 1474 de 2011, Art. 75)

(Ver Ley 1642 de 2013)

(Ver Ley 1654 de 2013)

11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración.

(Ver Ley 53 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 54 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 696 de 2001)

(Ver Ley 803 de 2003; Art. 2)

(Ver Ley 817 de 2003; Art. 5)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-447-92; C-448-92; C-510-92; C-057-93; C-072-93; C-112-93; C-206-93; C-261-93; C-271-93; C-364-93; C-416-93; C-502-93; C-548-93; C-197-2001; C-1249-2001; C-527-03; C-066-18)

12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley.

(Ver Conctitución Política; Art. 154; Art. 338)

(Ver Ley 6 de 1992)

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 22)

(Ver Ley 89 de 1993)

(Ver Ley 100 de 1993; Art. 135)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 31)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 75 al 78)

(Ver Ley 191 de 1995; Art. 25 al 29)

(Ver Ley 219 de 1995; Art. 2)

(Ver Ley 223 de 1995)

(Ver Ley 272 de 1996; Art. 3)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 40)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 395 de 1997; Art. 16)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 120)

(Ver Ley 488 de 1998)

(Ver Ley 534 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 546 de 1999; Art. 56)

(Ver Ley 550 de 1999)

(Ver Ley 633 de 2000)

(Ver Ley 677 de 2001; Art. 16)

(Ver Ley 685 de 2001; Art. 236)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 788 de 2002)

(Ver Ley 789 de 2002)

(Ver Ley 812 de 2003; Art. 126)

(Ver Ley 818 de 2003)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003)

(Ver Ley 924 de 2004)

(Ver Ley 925 de 2004; Art. 4)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 964 de 2005; Art. 82)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1064 de 2006; Art. 6)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1099 de 2006)

(Ver Ley 1101 de 2006; Art. 3)

(Ver Ley 1233 de 2008)

(Ver Ley 1378 de 2010)

(Ver Ley 1558 de 2012)

(Ver Ley 1707 de 2014; Art. 3)

(Ver Ley 1911 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-510-92; C-553-92; C-560-92; C-575-92; C-058-2001; C-172-2001; C-543-2001; C-651-2001; C-711-2001; C-806-2001; C-1097-2001; C-1148-2001; C-155-03; C-432-03; C-527-03; C-1035-03; C-349-04; C-508-06; C-517-07; C-621-07; C-173-08; C-228-09; C-1018-12; C-030-19)

13. Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-478-92; C-021-93; C-529-93; C-021-94; C-050-94; C-070-94; C-132-94; C-781-2001; )

14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañias o entidades públicas, sin autorización previa.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-337-93)

15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-859-2001; C-766-10)

16. Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-279-2001; C-953-2001; C-012-04; C-129-04; C-309-04; C-622-04; C-121-08; C-378-09; C-823-11)

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistias o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

En ningún caso el delito de secuestro, ni los delitos relacionados con la fabricación, el tráfico o el porte de estupefacientes, serán considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos, ni como dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar, u ocultar cualquier delito que atente contra el régimen constitucional y legal. Por lo tanto, no podrá existir respecto de ellos, amnistia o indulto.

(Inciso adicionado por el artículo 1 del Legislativo 2 de 2019.)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 20 Num. 3; Art. 120 Num. 2)

(Ver Ley 40 de 1993; Art. 14)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 57)

(Ver Ley 589 de 2000; Art. 14)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1820 de 2016)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-127-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93; C-008-94; C-179-94; C-928-05;

18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldias.

(Ver Ley 41 de 1993)

(Ver Ley 70 de 1993)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 123 al 130)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1738 de 2014; Art. 7; Art. 8)

19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 146)

a) Organizar el credito público;

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Inc. 10)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. c)

(Ver Ley 185 de 1995)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 487 de 1998)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-068-93; C-311-94; C-357-94; C-490-94; C-547-94; C-566-94)

b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República;

(Ver Constitución Política; Art. 371)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Inc. 10)

(Ver Ley 518 de 1999)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-553-92; C-564-92; C-021-93; C-084-93; C-103-93; C-364-93; C-445-93; C-468-93; C-354-06; C-140-07; C-339-07; C-624-07; C-860-07)

c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas;

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, Num. 2.9.)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 763 de 2002)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1609 de 2013)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-311-92; C-511-92; C-563-92; C-062-93; C-083-93; C-085-93; C-798-04; C-140-07; C-624-07; C-723-07)

d) Regular las actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquierá otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público;

(Ver Constitución Política; Art. 335)

(Ver Ley 35 de 1993; Art. 1 al 4)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 676 de 2001)

(Ver Ley 795 de 2003)

(Ver Ley 789 de 2002; Art. 16 Num. 14)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 18; Art. 19)

(Ver Ley 920 de 2004)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1133 de 2007; Art. 10)

(Ver Ley 1328 de 2009)

(Ver Ley 1430 de 2010)

(Ver Ley 1527 de 2012)

(Ver Ley 1735 de 2014)

(Ver Ley 1902 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-558-92; C-015-93; C-024-93; C-074-93; C-132-93; C-209-93; C-364-93; C-542-93; C-700-99; C-955-00; C-041-06; C-553-07; C-438-11; C-823-11)

e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública;

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 119 de 1994; Art. 43 al 46)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, Lit. c)

(Ver Ley 199 de 1995)

(Ver Ley 244 de 1995)

(Ver Ley 245 de 1995)

(Ver Ley 332 de 1996)

(Ver Ley 352 de 1997)

(Ver Ley 445 de 1998)

(Ver Ley 476 de 1998)

(Ver Ley 923 de 2004)

(Ver Ley 987 de 2005)

(Ver Ley 995 de 2005

(Ver Ley 1071 de 2006)

(Ver Ley 1660 de 2013)

f) Regular el régimen de prestaciones sociales minimas de los trabajadores oficiales.

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2 Lit. c)

(Ver Ley 245 de 1995)

(Ver Ley 401 de 1997; Art. 12)

Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogarselas.

La Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente en aclaración del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991, informo lo sucedido con el tenor original del literal f) públicado en la Gaceta No. 114, el cual establecia: "f) Regular la educación".

20. Crear los servicios administrativos y técnicos de las Cámaras.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 367 a 392)

21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los limites a la libertad económica.

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 256 de 1996)

(Ver Ley 344 de 1996)

(Ver Ley 550 de 1999)

(Ver Ley 590 de 2000)

(Ver Ley 617 de 2000)

(Ver Ley 905 de 2004)

(Ver Ley 922 de 2004)

(Ver Ley 1116 de 2006)

(Ver Ley 1173 de 2007)

(Ver Ley 1314 de 2009)

22. Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva.

(Ver Ley 31 de 1992)

(Ver Ley 130 de 1994; Art. 17)

(Ver Ley 1484 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-478-92; C-021-93; C-455-93; C-468-93; C-529-93; C-021-94; C-050-94; C-070-94; C-132-94; C-489-94; C-490-94; C-521-94; C-547-94; C-560-94; C-566-94; C-401-2001; C-781-2001)

23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.

(Ver Ley 37 de 1993)

(Ver Ley 41 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 100 de 1993)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 3)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 146)

(Ver Ley 142 de 1994)

(Ver Ley 143 de 1994)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Ley 632 de 2000)

(Ver Ley 689 de 2001)

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 797 de 2003)

(Ver Ley 856 de 2003)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1215 de 2008)

(Ver Ley 1228 de 2008)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1250 de 2008)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1310 de 2009)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1388 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1438 de 2011)

(Ver Ley 1506 de 2012)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1730 de 2014)

(Ver Ley 1949 de 2019)

24. Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual.

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 98 de 1993)

(Ver Ley 178 de 1994)

(Ver Ley 243 de 1995)

(Ver Ley 545 de 1999)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-095-93; C-115-93; C-144-93)

25. Unificar las normas sobre policia de transito en todo el territorio de la República.

(Ver Ley 769 de 2002)

(Ver Ley 903 de 2004)

(Ver Ley 1310 de 2009)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1548 de 2012)

(Ver Ley 1696 de 2013)

(Ver Ley 1730 de 2014)

Compete al Congreso expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional.

PARÁGRAFO . Las disposiciones del inciso segundo del numeral 17 del artículo 150 de la Constitución Política, en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores, ni sus respectivas disposiciones y serán aplicadas a conductas cometidas con posterioridad a la entrada en vigencia del presente acto legislativo.

(Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Legislativo 2 de 2019)

(Ver Ley 21 de 1992; Art. 107)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2 Num. 3o.; Art. 3)

(Ver Ley 590 de 2000; Art. 12)

(Ver Ley 785 de 2002; Art. 3)

(Ver Ley 816 de 2003)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 9)

(Ver Ley 963 de 2005)

(Ver Ley 1005 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007)

(Ver Ley 1239 de 2008)

(Ver Ley 1281 de 2009)

(Ver Ley 1343 de 2009)

(Ver Ley 1383 de 2010)

(Ver Ley 1397 de 2010)

(Ver Ley 1508 de 2012)

(Ver Ley 1548 de 2012)

ARTÍCULO 151. El Congreso expedira leyes organicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se estableceran los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes organicas requeriran, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara.

(Ver Ley 5 de 1992)

(Ver Ley 80 de 1993 Art. 41 PARÁGRAFO 1)

ARTÍCULO 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes materias:

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección;

(Ver Ley 133 de 1994)

(Ver Ley 581 de 2000)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1266 de 2008)

(Ver Ley 1581 de 2012)

(Ver Ley 1618 de 2013)

(Ver Ley 1621 de 2013)

(Ver Ley 1712 de 2014)

(Ver Ley 1751 de 2015)

(Ver Ley 1755 de 2015)

b) Administración de justicia;

(Ver Ley 270 de 1996)

(Ver Ley 286 de 1996)

(Ver Ley 585 de 2000)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 785 de 2002)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1781 de 2016)

(Ver Ley 1957 de 2019)

c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales;

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 163 de 1994)

(Ver Ley 616 de 2000)

(Ver Ley 1157 de 2007)

(Ver Ley 1475 de 2011)

(Ver Ley 1909 de 2018)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-488-93; C-089-94; C-145-94; C-353-94; C-484-96; C-1159-2000; C-1338-00; C-155-05; C-161-08; C-283-17)

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 4)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 1)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 2, literal b)

(Ver Ley 199 de 1995; Art. 21)

(Ver Ley 563 de 2000)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Ley 741 de 2002)

(Ver Ley 743 de 2002)

(Ver Ley 850 de 2003)

(Ver Ley 892 de 2004)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1622 de 2013)

(Ver Ley 1745 de 2014)

(Ver Ley 1757 de 2015)

(Ver Ley 1806 de 2016)

(Ver Ley 1885 de 2018)

e) Estados de excepción.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 207)

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1. Inc. 2)

f) La igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República que reuan los requisitos que determine la ley.

(Literal adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004.)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 207)

(Ver Ley 996 de 2005)

g) Literal adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2012. INEXEQUIBLE>

PARÁGRAFO TRANSITORIO . El Gobierno Nacional o los miembros del Congreso presentaran, antes del 1o de marzo de 2005, un Proyecto de Ley Estatutaria que desarrolle el literal f) del artículo 152 de la Constitución y regule además, entre otras, las siguientes materias: Garantías a la oposición, participación en política de servidores públicos, derecho al acceso equitativo a los medios de comunicación que hagan uso del espectro electromagnetico, financiación preponderantemente estatal de las campañas presidenciales, derecho de replica en condiciones de equidad cuando el Presidente de la República sea candidato y normas sobre inhabilidades para candidatos a la Presidencia de la República.

El proyecto tendra mensaje de urgencia y podrá ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. El Congreso de la República expedira la Ley Estatutaria antes del 20 de junio de 2005. Se reducen a la mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional.

(Inciso INEXEQUIBLE Si el Congreso no expidiere la ley en el término señalado o el proyecto fuere declarado inexequible por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, en un plazo de dos (2) meses reglamentará transitoriamente la materia.)

(Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1153-05; C-665-06)

ARTÍCULO 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigira la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla.

ARTÍCULO 154. Las leyes pueden tener origen en cualquierá de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.

No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

(Ver Constitución Política; Art. 294)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 129)

(Ver Ley 123 de 1994)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 29)

(Ver Ley 223 de 1995; Art. 14)

(Ver Ley 299 de 1996; Art. 14)

(Ver Ley 383 de 1997)

(Ver Ley 397 de 1997; Art. 39)

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 37)

(Ver Ley 633 de 2000)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 773 de 2002; Art. 4)

(Ver Ley 788 de 2002)

(Ver Ley 811 de 2003; Art. 1 (Adición del Artículo 129 de la Ley 101 de 1993)

(Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Ley 863 de 2003)

(Ver Ley 939 de 2004)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1099 de 2006)

(Ver Ley 1422 de 2010)

Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.

Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.

ARTÍCULO 155. Podran presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del pais. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de manifestación de urgencia.

Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oido por las Cámaras en todas las etapas del trámite.

(Ver Constitución Política; Art. 375)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 2; Art. 58)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)

(Ver Ley 1625 de 2013; Art. 18)

ARTÍCULO 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

(Se sustituye la expresión "Consejo Superior de la Judicatura" sustituida por la de "Consejo de Gobierno Judicial" por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Modificado por el Acto Legislativo 2 de 2015 declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 974 de 2005; Art. 13)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-527-94; C-646-2001)

TEXTO ANTERIOR: La Corte Constitucional, el Consejo de Gobierno Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas con sus funciones.

ARTÍCULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147)

1. Haber sido públicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 144 Num. 3)

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras.

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 9)

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate.

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147 Inc. 4.; Art. 196)

ARTÍCULO 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la misma comision. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 148 a 195)

ARTÍCULO 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva camará a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 166)

ARTÍCULO 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho dias, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince dias.

Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias.

En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 157 Inc. 1; Art. 175)

Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá darsele el curso correspondiente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 157 Inc. 1)

Ningu proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.

(Inciso Adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2003)

ARTÍCULO 161. Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría.

Previa publicación por lo menos con un dia de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si despues de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se considerá negado el proyecto.

(Artículo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2003.)

TEXTO ANTERIOR: Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si despues de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto.

ARTÍCULO 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningu proyecto podrá ser considerado en mas de dos legislaturas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 190)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-133-93; C-166-93; C-168-2001; C-068-04; C-069-04; C-433-04; C-885-04; C-857-06; C-933-06; C-202-16; C-360-16)

ARTÍCULO 163. El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En tal caso, la respectiva camará deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de treinta dias. Aun dentro de este lapso, la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto. Si el Presidente insistiere en la urgencia, el proyecto tendra prelación en el orden del dia excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, hasta tanto la respectiva camará o comisión decida sobre el.

Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una comisión permanente, esta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra camará para darle primer debate.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 169 Num. 2; Art. 191)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 31; Art. 32)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-607-92; C-025-93; C-045-94; C-510-96; C-809-2001; C-1190-2001; C-872-02; C-658-03; C-864-06; C-637-15; C-481-19)

ARTÍCULO 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 192; Art. 216)

(Ver Ley 169 de 1994)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 297 de 1996)

(Ver Ley 1085 de 2006)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-202-2001; C-071-03; C-572-04)

ARTÍCULO 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si este no lo objetare, dispondra que se promulgue como ley; si lo objetare, lo devolverá a la camará en que tuvo origen.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-167-93; C-058-94; C-241-94; C-251-94; C-528-94; C-090-2001; C-202-2001; C-500-2001; C-581-2001; C-974-2001; C-1145-2001; C-071-03; C-069-04; C-120-04; C-280-04; C-889_04; C-932-06)

ARTÍCULO 166. El Gobierno dispone del término de seis dias* para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de mas de veinte artículos; de diez dias, cuando el proyecto contenga de veintiuno a cincuenta artículos; y hasta de veinte dias cuando los artículos sean mas de cincuenta.

Si transcurridos los indicados términos, el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendra el deber de públicar el proyecto sancionado u objetado dentro de aquellos plazos.

Constitución Política; Art. 168

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-057-93; C-227-93; C-270-93; C-268-95; C-380-95; C-292-96; C-028-97; C-089-2001; C-090-2001; C-197-2001; C-198-2001; C-502-2001; C-580-2001; C-581-2001; C-737-2001; C-804-2001; C-805-2001; C-859-2001; C-1249-2001; C-068-04; C-069-04; C-932-06; C-911-07; C-1040-07; C-714-08; C-634-15)

ARTÍCULO 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las Cámaras a segundo debate.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 197; Art. 199)

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad mas uno de los miembros de una y otra Cámara.

Exceptuase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucional.

En tal evento, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte Constitucional para que ella, dentro de los seis dias siguientes decida sobre su exequibilidad. El fallo de la Corte obliga al Presidente a sancionar la ley. Si lo declara inexequible, se archivará el proyecto.

(Ver Constitución Política; Art. 162)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, Num. 10; Art. 199)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-883-07; C-082-19)

Si la Corte considerá que el proyecto es parcialmente inexequible, así lo indicará a la Cámara en que tuvo su origen para que, oido el Ministro del ramo, rehaga e integre las disposiciones afectadas en términos concordantes con el dictamen de la Corte. Una vez cumplido este trámite, remitirá a la Corte el proyecto para fallo definitivo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 119, Num. 1; Art. 200; Art. 203)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-227-93; C-241-94; C-251-94; C-490-94; C-566-94; C-045-2001; C-089-2001; C-090-2001; C-168-2001; C-197-2001; C-502-2001; C-580-2001; C-705-2001; C-706-2001; C-707-2001; C-737-2001; C-804-2001; C-805-2001; C-825-2001; C-826-2001; C-859-2001; C-1249-2001; C-086-2001; C-068-04; C-069-04; C-070-04; C-433-04; C-985-06; C-663-07; C-883-07; C-1040-07; C-328-13; C-634-15; C-202-16; C-633-16)

ARTÍCULO 168. Si el Presidente no cumpliere el deber de sancionar las leyes en los términos y según las condiciones que la Constitución establece, las sancionará y promulgará el Presidente del Congreso.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 201)

(Ver Ley 109 de 1994; Art. 4)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-270-93; C-433-04; C-927-2005; C-714-08)

ARTÍCULO 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto precederá esta formula:
"El Congreso de Colombia,
DECRETA".

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 193)

ARTÍCULO 170. Un número de ciudadanos equivalente a la decima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley.

La ley quedará derogada si así lo determina la mitad mas uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en este una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral.

No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias.

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 3; Art. 4)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 47 Inc. 2)
CAPÍTULO 4. DEL SENADO
ARTÍCULO 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.

Habra un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indigenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República.

La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indigenas se regira por el sistema de cuociente electoral.

Los representantes de las comunidades indigenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido lider de una organización indigena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno.

(Ver Constitución Política; Art. 112 Inc. 5; (Transitorio 1; Transitorio 2)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2017; Art. 1)

(Ver Ley 3 de 1992; Art. 2)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 15)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Ley 1921 de 2018; Art. 1)

ARTÍCULO 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener mas de treinta años de edad en la fecha de la elección.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 60; Art. 61)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 43)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-487-93; C-130-94; C-145-94; C-093-2001)

ARTÍCULO 173. Son atribuciones del Senado:

1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.

2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confierá el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el mas alto grado.

3. Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 323; Art. 325)

4. Permitir el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313 Num. 8)

6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional.

7. Elegir al Procurador General de la Nación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-1293-2001)

ARTÍCULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

(Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Ver Constitución Política; Art. 234)

(Ver Ley 734 de 2002; 193 al 215)

(Ver Ley 1010 de 2006; Art. 17)

TEXTO ANTERIOR: Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y contra los miembros de la Comisión de Aforados, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, será competente para conocer los hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.

ARTÍCULO 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas:

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-893-2001)

1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-032-93)

2. Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del empleo, o la privación temporal o perdida absoluta de los derechos políticos; pero al reo se le seguira juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 49)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-152-93; C-558-94)

3. Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondra al acusado a disposición de la Corte Suprema.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-152-93)

4. El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservandose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos, de los votos de los Senadores presentes.

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 193 al 215)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-198-94)
CAPÍTULO 5. DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
ARTÍCULO 176. La Cámara de Representantes se elegira en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Cada departamento y el Distrito capital de Bogota, conformará una circunscripción territorial. Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andres, Providencia y Santa Catalina, elegira adicionalmente un (1) Representante por la comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley.

(Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-290 de 2017 y C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000.

Para la elección de Representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogota conformarán una circunscripción territorial.

Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cuatro (4) Representantes, distribuidos asi: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indigenas, y uno (1) por la circunscripción internacional. En esta ultima, solo se contabilizarán los votos depositados fuerá del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

(Inciso modificado por el artículo 6 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-290 de 2017 y C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Las circunscripciones especiales asegurarán la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y los colombianos residentes en el exterior. Mediante estas circunscripciones se elegirán cinco (5) representantes, distribuidos asi: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades indigenas, y dos (2) por la circunscripción internacional. En esta ultima, solo se contabilizarán los votos depositados fuerá del territorio nacional por ciudadanos residentes en el exterior.

PARÁGRAFO 1. A partir de 2014, la base para la asignación de las curules adicionales se ajustará en la misma proporción del crecimiento de la población nacional, de acuerdo con lo que determine el censo. Le corresponderá a la organización electoral ajustar la cifra para la asignación de curules.

PARÁGRAFO 2. Si como resultado de la aplicación de la formula contenida en el presente artículo, una circunscripción territorial pierde una o mas curules, mantendra las mismas que le correspondian a 20 de julio de 2002.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a mas tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los treinta (30) dias siguientes a esa fecha. En dicha reglamentación se incluiran, entre otros temas, la inscripción de candidatos, y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a traves de los Consulados y Embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por parte de los Representantes elegidos.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2013.)

(Artículo modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 3 de 2005)

(Artículo modificado por el Artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2005)

(Ver Acto Legislativo 3 de 2005)

(Ver Ley 70 de 1993; Art. 66)

(Ver Ley 104 de 1993; Art. 15)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 5)

(Ver Ley 649 de 2001)

(Ver Decreto 4766 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-532-93; C-353-94; C-047-2001; C-169-2001; C-759-04; C-866-04; C-665-06)

TEXTO ANTERIOR: La Cámara de Representantes se elegira en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales.

Habra dos representantes por cada circunscripción territorial y uno mas por cada doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara, cada departamento y el Distrito Capital de Bogota conformarán una circunscripción territorial.

La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos etnicos y de las minorias políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes.

ARTÍCULO 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener mas de veinticinco años de edad en la fecha de la elección.

ARTÍCULO 178. La Cámara de Representantes tendra las siguientes atribuciones especiales:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-487-93; C-130-94; C-145-94; C-093-2001; C-169-2001)

1. Elegir al Defensor del Pueblo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 306; Art. 307)

2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 268 Num. 2; Art. 305 Num. 2; Art. 309; Art. 310)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-376-94)

3. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación.

(Numeral modificado por el artículo 7 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015; Art. 26 Inc. 5)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 305; Art. 311; Art. 312)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-472-94; C-558-94; C-646-2001)

TEXTO ANTERIOR: Acusar ante el Senado, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los Miembros de la Comisión de Aforados.

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan merito, fundar en ellas acusación ante el Senado.

(Ver Ley 273 de 1996)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-558-94)

5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 305)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 193 al 215)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-417-93; C-428-93; C-487-93; C-179-94; C-198-94; C-212-94)

ARTÍCULO 178A. (Artículo INEXEQUIBLE)

(Artículo adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 2 de 2015)

(Artículo declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373-16 de 2016)
CAPÍTULO 6. DE LOS CONGRESISTAS
ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:

1. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-111-98; C-952-2001)

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-342-06)

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 58)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 18)

(Ver Ley 1437 de 2011 Art. 275 Num. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-040-93; C-546-94; C-543-2001)

4. Quienes hayan perdido la investidura de congresista.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 280 Num. 4)

5. Quienes tengan vinculos por matrimonio, o union permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política.

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

6. Quienes esten vinculados entre si por matrimonio, o union permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-415-94)

7. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

8. Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

(Numeral modificado por el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2009. Declarado INEXEQUIBLE.)

(Numeral modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003. Declarado INEXEQUIBLE)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-145-94; C-334-94; C-572-04)

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considerá que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 279; Art. 280)

(Ver Ley 84 de 1993; Art. 23)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-532-92; C-537-93; C-507-94; C-329-95; C-540-2001; C-015-04; C-101-18)

ARTÍCULO 180. Los congresistas no podrán:

1. Desempeñar cargo o empleo público o privado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283 Inc. 1)

(Ver Ley 144 de 1994; Art. 18)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 20)

2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por si o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 44)

3. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

(Numeral modificado por el paragrafo 2. artículo 2. del Acto Legislativo No. 3 de 1993.)

TEXTO ANTERIOR: Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos.

4. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptua la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-334-94; C-349-94; C-497-94; C-507-94)

PARÁGRAFO 1. Se exceptua del régimen de incompatibilidades el ejercicio de la catedra universitaria.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283 Num 1)

PARÁGRAFO 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un Congresista para un empleo o cargo o celebre con el un contrato o acepte que actue como gestor en nombre propio o de terceros, incurrira en causal de mala conducta.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 58)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 282)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-329-95)

ARTÍCULO 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para el desempeño de cargo o empleo público o privado, caso en el cual solo deberá mediar la renuncia debidamente aceptada. Para el caso de cargos de elección popular, la renuncia deberá ser antes de la correspondiente inscripción.

(Inciso MODIFICADO por el Art. 5 del Decreto 027 de 2023)

Quien fuere llamado a ocupar el cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades e incompatibilidades a partir de su posesion.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 283; Art. 284; Art. 285)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 8; Art. 44)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-334-94; C-349-94; C-497-94; C-329-95)

ARTÍCULO 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 168; Art. 285; Art. 286; Art. 287; Art. 291; Art. 292; Art. 294)

(Ver Ley 144 de 1994; Art. 16)

(Ver Ley 1881 de 2018; Art. 18)

(Ver Ley 2003 de 2019)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089-94; C-337-06)

ARTÍCULO 183. Los congresistas perderan su investidura:

(Ver Acto Legislativo 1 de 2009)

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 286; Art. 287; Art. 296 Num. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-093-94; C-334-94; C-349-94; C-507-94)

2. Por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 268 Num. 1.; Art. 270 Num. 4., Parágrafo; Art. 271; Art. 274; Art. 295)

(Ver Ley 734 de 2002; Art. 34 Num. 11)

(Ver Ley 1952 de 2019; Art. 38 Num. 12)

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho dias siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 280 Num. 4; Art. 296 Nums. 1 y 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-537-93; C-089-94; C-319-94;
PARÁGRAFO .
(Inciso adicionado al paragrafo por el artículo 1. del Acto Legislativo 1 de 2011)

(Inciso 1 del Parágrafo INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1056 de 2012)

TEXTO ANTERIOR: La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendra aplicación cuando los Congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos.

Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor.

(Ver Constitución Política; Art. 109 Inc. 7.; Art. 110; Art. 268 Num. 10)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 90; Art. 124; Art. 127 Inc. 2o.; Art. 293; Art. 295)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 44)

(Ver Decreto 31 de 2011)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-037-96)

ARTÍCULO 184. La perdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte dias habiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la camará correspondiente o por cualquier ciudadano.

(Ver Constitución Política; Art. 31)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 41 Num. 7; Art. 270 Num. 4; Art. 265; Art. 299)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-011-94; C-319-94; C-507-94; C-207-03; C-254A-12)

ARTÍCULO 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 265)

(Ver Ley 1828 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-245-96; C-572-04)

ARTÍCULO 186. De los delitos que cometan los Congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, uica autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la misma corporación.

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primerá Instancia de la misma Sala Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Contra las Sentencias que profierá la Sala Especial de Primerá Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La primerá condena podrá ser impugnada.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2018)

(Ver Constitución política; Art. 235 Num. 3)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 267)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-025-93; C-152-93: C-319-94; C-472-94; C-040-02; C-934-06; C-240-14)

ARTÍCULO 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-423-94; C-1064-2001)
DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NOTA ACLARATORIA
Los epigrafes tanto del Titulo VII, como del Capítulo I, fueros corregidos por Aclaración de la Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente del 6 de septiembre de 1991, públicada en la Gaceta Constitucional No. 125, del 25 de septiembre de 1991.

Los epigrafes correspondientes a los públicados en la Gaceta No. 116, son los siguientes:
"LA RAMA EJECUTIVA" CAPÍTULO I. "EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA".
ARTÍCULO 188. El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos.

ARTÍCULO 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(Ver Ley 4 de 1913; Art. 66)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1172-2001; C-022-04)

1. Nombrar y separar libremente a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-479-92; C-391-93;)

2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomaticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someteran a la aprobación del Congreso.

3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-048-2001; C-404-03)

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

(Ver Ley 418 de 1997; Art 105 al 116)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-574-92)

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313)

(Ver Ley 251 de 1995)

7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el transito de tropas extranjeras por el territorio de la República.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313 Num. 9)

8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura.

9. Sancionar las leyes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 147)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92)

10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento.

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.

12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.

13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o corporaciones, según la Constitución o la ley.

En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 105)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 18)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-465-92; C-089A-94)

15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 150, Numeral 7)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Nums. 2)

(Ver Ley 489 de 1998)

(Ver Decreto 254 de 2000)

16. Modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 142 Num. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 105)

(Ver Ley 143 de 1994; Art. 75)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 54)

.(Ver Ley 790 de 2002; Art. 1o.; Art. 2)

(Ver Ley 905 de 2004; Art. 4 Literal m)

(Ver Ley 1314 de 2009; Art. 11)

17. Distribuir los negocios según su naturaleza, entre Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos.

18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.

19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1293-2001)

20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 72 de 1993)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 1740 de 2014)

22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 31 de 1992; Art. 46)

(Ver Ley 105 de 1993; Art. 2; Art. 3)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 222 de 1995; Art. 82)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 689 de 2001)

(Ver Ley 1740 de 2014)

23. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y la ley.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 11)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-374-94)

24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.

(Ver Ley 454 de 1998; Art. 53)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 795 de 2003)

25. Organizar el Credito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 150 Num. 19 Lit. c)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2, numeral 2.9)

(Ver Ley 185 de 1995)

(Ver Ley 487 de 1998)

(Ver Ley 510 de 1999)

(Ver Ley 518 de 1999)

(Ver Ley 533 de 1999)

(Ver Ley 546 de 1999)

(Ver Ley 1004 de 2005)

(Ver Ley 1114 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1609 de 2013)

26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad comu para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.

(Ver Ley 30 de 1992; Art. 31)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Ley 1740 de 2014)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-311-94; C-008-2001)

27. Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos utiles, con arreglo a la ley.

(Ver Ley 23 de 1992; Art. 6)

(Ver Ley 44 de 1993)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-095-93)

28. Expedir cartas de naturalización, conforme a la ley.

(Ver Ley 4 de 1913; Art. 66)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 19; Art. 20)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 13)

ARTÍCULO 190. El Presidente de la República será elegido para un periodo de cuatro años, por la mitad mas uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendra lugar tres semanas mas tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las mas altas votaciones. Será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercerá votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por quince dias.

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 31 Inc. 3)

(Ver Ley 1475 de 2011; Art. 44) (Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-353-94)

ARTÍCULO 191. Para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-130-94)

ARTÍCULO 192. El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: "Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia".

Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos.

ARTÍCULO 193. Corresponde al Senado conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo.

Por motivo de enfermedad, el Presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo, por el tiempo necesario, mediante aviso al Senado o, en receso de este, a la Corte Suprema de Justicia.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313; Art. 323)

ARTÍCULO 194. Son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos ultimos por el Senado.

Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175.

ARTÍCULO 195. El encargado del Ejecutivo tendra la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas veces hace.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92; C-428-93)

ARTÍCULO 196. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, sin previo aviso al Senado o, en receso de este, a la Corte Suprema de Justicia.

La infracción de esta disposición implica abandono del cargo.

El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del pais dentro del año siguiente a la fecha en que ceso en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado.

Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o movimiento político del Presidente.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 313)

ARTÍCULO 197. No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente.

No podrá ser elegido Presidente de la República o Vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de Vicepresidente o ejercido cualquierá de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policia, Gobernador de departamento o Alcalde.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-373 de 2016)

(Artículo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2004. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1040 de 2005)

(Ver Constitución Política; Art. 322)

(Ver Ley 996 de 2005)

TEXTO ANTERIOR: No podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente cuando la ha ejercido por menos de tres meses, en forma continua o discontinua, durante el cuatrienio.

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya ejercido cualquierá de los siguientes cargos:

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o de la Corte Constitucional, Consejero de Estado o miembro del Consejo Nacional Electoral, o del Consejo Superior de la Judicatura, Ministros del Despacho, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Director de Departamento Administrativo, Gobernador de Departamento o Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogota.

ARTÍCULO 198. El Presidente de la República, o quien haga sus veces, será responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes.

ARTÍCULO 199. El Presidente de la República, durante el periodo para el que sea elegido, o quien se halle encargado de la Presidencia, no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa.
CAPÍTULO 2. DEL GOBIERNO
ARTÍCULO 200. Corresponde al Gobierno, en relación con el Congreso:

1. Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos por intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 140; Art. 142 Parágrafo)

2. Convocarlo a sesiones extraordinarias.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 116 a 138)

3. Presentar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 150.

(Ver Ley 152 de1994)

(Ver Ley 508 de 1999)

(Ver Ley 812 de 2003)

(Ver Ley 1151 de 2007)

(Ver Ley 1450 de 2011)

(Ver Ley 1753 de 2015)

(Ver Ley 1955 de 2019)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1065-2001)

4. Enviar a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 209) (Ver Ley 819 de 2003; Art. 7)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-206-93; C-179-94)

5. Rendir a las cámaras los informes que estas soliciten sobre negocios que no demanden reserva.

6. Prestar eficaz apoyo a las cámaras cuando ellas lo soliciten poniendo a su disposición la fuerza pública, si fuere necesario.

ARTÍCULO 201. Corresponde al Gobierno, en relación con la Rama Judicial:

1. Prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias.

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-127-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93)

2. Conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 120; Art. 254 Num. 6 Lit. e)

(Ver Ley 241 de 1995; Art. 23)

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 57)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1820 de 2016)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-928-05;)
CAPÍTULO 3. DEL VICEPRESIDENTE
ARTÍCULO 202. El Vicepresidente de la República será elegido por votación popular el mismo dia y en la misma formula con el Presidente de la República.

Los candidatos para la segunda votación, si la hubiere, deberán ser en cada formula quienes la integraron en la primera.

El Vicepresidente tendra el mismo periodo del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de que estas se presenten antes de su posesion.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 18 Num. 1)

En las faltas temporales del Presidente de la República bastará con que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primerá oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumira el cargo hasta el final del periodo.

El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva.

El Vicepresidente no podrá asumir funciones de Ministro Delegatario.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-093-94)

ARTÍCULO 203. A falta del Vicepresidente cuando estuvierá ejerciendo la Presidencia, esta será asumida por un Ministro en el orden que establezca la ley.

La persona que de conformidad con este artículo reemplace al Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la Presidencia de la República.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-428-93)

ARTÍCULO 204. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

TEXTO ANTERIOR: El Vicepresidente podrá ser reelegido para el periodo siguiente si integra la misma formula del Presidente en ejercicio.

(Inciso 2 derogado por el artículo 10 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: El Vicepresidente podrá ser elegido Presidente de la República para el periodo siguiente cuando el Presidente en ejercicio no se presente como candidato.

(Inciso 3 derogado por el artículo 10 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018.)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2004)

(Ver Ley 996 de 2005)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-130-94; C-1153-05)

TEXTO ANTERIOR: Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República.

El Vicepresidente no podrá ser elegido Presidente de la República, ni Vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 205. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunira por derecho propio, o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de elegir a quien haya de remplazarlo para el resto del periodo. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente reconocida por el Congreso.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-428-93; C-093-94; C-334-94)
CAPÍTULO 4. DE LOS MINISTROS Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 206. El número, denominación y orden de precedencia de los ministerios y departamentos administrativos serán determinados por la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089A-94; C-212-94; C-808-2001)

ARTÍCULO 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-089A-94; C-130-94; C-141-2001)

ARTÍCULO 208. Los ministros y los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Los ministros, en relación con el Congreso, son voceros del Gobierno, presentan a las cámaras proyectos de ley, atienden las citaciones que aquellas les hagan y toman parte en los debates directamente o por conducto de los viceministros.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 140 Num. 2; Art. 233; Art. 234; Art. 235; Art. 237)

Los ministros y los directores de departamentos administrativos presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince dias de cada legislatura, informe sobre el estado de los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren convenientes.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 79 Num. 7; Art. 84; Art. 233; Art. 234; Art. 254 Num. 4)

(Ver Ley 101 de 1993; Art. 96)

Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 79, numeral 7; Art. 84; Art. 233; Art. 234; Art. 235; Art. 237 a 260)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-022-94; C-069-94; C-808-2001; C-1258-2001; C-317-12)
CAPÍTULO 5. DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 209. La función administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

(Ver Ley 1066 de 2006)

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 384 Num. 3)

(Ver Ley 99 de 1993)

(Ver Ley 136 de 1994; Art. 91; Art. 186)

(Ver Ley 142 de 1994; Art. 2)

(Ver Ley 344 de 1996; Art. 1)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 81; Art. 100)

(Ver Ley 716 de 2001)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 790 de 2002; Art. 1)

(Ver Ley 785 de 2002; Art. 7)

(Ver Ley 809 de 2003; Art. 1; Art. 2)

(Ver Ley 951 de 2005)

(Ver Ley 962 de 2005)

(Ver Ley 970 de 2005)

(Ver Ley 1006 de 2006)

(Ver Ley 1066 de 2006)

(Ver Ley 1150 de 2007; Art. 13; Art. 21)

(Ver Ley 1263 de 2008)

(Ver Ley 1437 de 2011)

(Ver Ley 1454 de 2011; Art. 27)

(Ver Ley 1474 de 2011)

(Ver Ley 1523 de 2012; Art. 3. Num. 10)

(Ver Ley 1698 de 2013; Art. 13)

(Ver Ley 1702 de 2013; Art. 7. Inc. Final)

(Ver Ley 1816 de 2016; Art. 6.)

(Ver Ley 1952 de 2019

ARTÍCULO 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa.

Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 32, numerales 3. y 4)

(Ver Ley 388 de 1997; Art. 101 y otros)

(Ver Ley 584 de 2000)

(Ver Ley 678 de 2001)

La ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 14)

ARTÍCULO 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios.

(Ver Ley 31 de 1992, Art. 47)

(Ver Ley 49 de 1993; Art. 56)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 12)

(Ver Ley 115 de 1994; Art. 169)

(Ver Ley 181 de 1995; Art. 84)

(Ver Decreto 2150 de 1995; Art. 37)

(Ver Ley 434 de 1998; Art. 8o. Art. 9)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 40 Inc. 2)

(Ver Ley 489 de 1998; Art. 9 al 14)
CAPÍTULO 6. DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION
ARTÍCULO 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendra las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad.

La declaración del Estado de Guerra Exterior solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresion.

Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunira con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periodicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá, en cualquier época, reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 120 Nums. 1 y 2; Art. 254 Num. 6 Lit. c)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 22 al 33)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

ARTÍCULO 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policia, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa dias, prorrogable hasta por dos periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República.

Mediante tal declaración, el Gobierno tendra las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos.

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa dias mas.

Dentro de los tres dias siguientes a la declaratoria o prorroga del Estado de Conmoción, el Congreso se reunira por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración.

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254; Art. 313)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 17; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 34 al 45)

(Ver Ley 179 de 1994; Art. 55)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

(Ver Decreto 1837 de 2002)

(Ver Decreto 3929 de 2008)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 8)

ARTÍCULO 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someteran a las siguientes disposiciones:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-739-2001; C-171-04; C-431-04)

1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-033-93)

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 3)

(Ver Ley 171 de 1994)

(Ver Ley 173 de 1994)

(Ver Ley 251 de 1995)

(Ver Ley 297 de 1996)

(Ver Ley 319 de 1996; Art. 5)

(Ver Ley 1095 de 2006; Art. 1. Inc. 2.)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-574-92; C-018-93; C-027-93; C-581-2001; C-291-07; C-534-08)

3. No se interrumpira el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-048-2001)

4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al Estado de Conmoción Interior, el Gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el Estado de Excepción.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-338-94; C-408-94)

5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-032-93)

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al dia siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-004-92; C-579-92; C-300-94; C-366-94; C-466-95; C-027-96; C-122-97; C-063-03; C-067-00; C-802-02; C-122-03; C-148-03; C-327-03; C-070-09)

ARTÍCULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del pais, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por periodos hasta de treinta dias en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa dias en el año calendario.

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos ultimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si este no se hallare reunido, para los diez dias siguientes al vencimiento de dicho término.

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta dias, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254 Num. 6 Lit. b)

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo.

El Congreso, si no fuere convocado, se reunira por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo.

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia.

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.

PARÁGRAFO . El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al dia siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 254)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 42)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 46 al 50)

(Ver Ley 533 de 1999; Art. 7)

(Ver Ley 1341 de 2009; Art. 8)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 170)
CAPÍTULO 7. DE LA FUERZA PUBLICA
ARTÍCULO 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policia Nacional.

Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones públicas.

La Ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.

(Ver Ley 48 de 1993)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 74)

(Ver Ley 352 de 1997; Art. 1)

(Ver Ley 548 de 1999; Art. 2)

(Ver Ley 694 de 2001)

(Ver Ley 924 de 2004)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1418 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1481 de 2011)

(Ver Ley 1565 de 2012)

(Ver Ley 1621 de 2013)

(Ver Ley 1765 de 2015)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-007-93; C-027-93; C-031-93; C-034-93; C-077-93; C-1214-2001; C-048-2001; C-740-2001; C-404-03; C-753-08; C-879-11; C-082-18; C-277-19)

ARTÍCULO 217. La Nación tendra para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejercito, la Armada y la Fuerza Aerea.

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.

(Ver Ley 99 de 1993; Art. 103)

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.

(Ver Ley 48 de 1993; Art. 2)

(Ver Ley 734 de 2002)

(Ver Ley 836 de 2003)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1033 de 2006)

(Ver Decreto 1790 de 2000)

(Ver Decreto 1428 de 2007)

(Ver Ley 1279 de 2009; Art. 1.; Art. 2o.; Art. 3)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1476 de 2011)

(Ver Ley 1952 de 2019)

ARTÍCULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policia.

La Policia Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

(Ver Ley 62 de 1993)

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 20; Art. 21)

(Ver Ley 300 de 1996; Art. 73)

(Ver Ley 1015 de 2006)

(Ver Ley 1033 de 2006)

(Ver Ley 1249 de 2008)

(Ver Ley 1257 de 2008)

(Ver Ley 1259 de 2008)

(Ver Ley 1270 de 2009)

(Ver Ley 1279 de 2009; Art. 2.; Art. 5.; Art. 6.; Art. 7)

(Ver Ley 1288 de 2009)

(Ver Ley 1356 de 2009)

(Ver Ley 1466 de 2011)

(Ver Ley 1801 de 2016)

ARTÍCULO 219. La Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legitima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley.

Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-034-93; C-112-93; C-431-04)

ARTÍCULO 220. Los miembros de la Fuerza Pública no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones, sino en los casos y del modo que determine la Ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-453-94; C-676-2001; C-432-04)

ARTÍCULO 221. De las conductas punibles cometidas por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En la investigación y juzgamiento de las conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento que reua las condiciones objetivas del Derecho Internacional Humanitario, se aplicarán las normas y principios de este. Los jueces y fiscales de la justicia ordinaria y de la Justicia Penal Militar o Policial que conozcan de las conductas de los miembros de la Fuerza Pública deberán tener formación y conocimiento adecuado del Derecho Internacional Humanitario.

(Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-084 de 2016)

La Justicia Penal Militar o policial será independiente del mando de la Fuerza Pública.

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2015)

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 2 de 2012.)

(Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 1995)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2012; Art. 1 Inc. 3; Art. 4 Transitorio.; Art. 5 Transitorio.)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1407 de 2010)

(Ver Ley 1765 de 2015; Art. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-007-93; C-055-93; C-093-93; C-152-93; C-226-93; C-592-93; C-240-94; C-141-95; C-399-95; C-563-95; C-047-96; C-196-97; C-358-97; C-561-97; C-146-98; C-445-98; C-368-99; C-476-99; C-089-00; C-368-00; C-878-00; C-361-2001; C-676-2001; C-713-01; C-740-01; C-1054-2001; C-1068-2001; C-1149-2001; C-1214-2001; C-1262-2001; C-228-02; C-286-02; C-457-02; C-709-02; C-710-02; C-756-02; C-802-02; C-980-02; C-160-03; C-182-03; C-209-03; C-228-03; C-407-03; C-879-03; C-892-03; C-171-04; C-1002-05; C-1079-05; C-1176-05; C-736-06; C-291-07; C-928-07; C-533-08; C-1184-08; C-308-09; C-469-09; C-373-11; C-326-16; C-372-16)

TEXTO ANTERIOR: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar

ARTÍCULO 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-453-94; C-1293-2001)

ARTÍCULO 223. Solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas.

Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale.

(Ver Ley 61 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 2, Numeral 1, literal b; Art. 14)

(Ver Ley 554 de 2000)

(Ver Ley 684 de 2001; Art. 5; Art. 21, literal J)

(Ver Ley 759 de 2002)

(Ver Ley 1070 de 2006)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 55)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-031-93; C-077-93; C-127-93; C-207-93; C-214-93; C-464-93; C-1191-2001; C-082-18)
CAPÍTULO 8. DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
ARTÍCULO 224. Los tratados, para su validez, deberán ser aprobados por el Congreso. Sin embargo, el Presidente de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan. En este caso tan pronto como un tratado entre en vigor provisionalmente, deberá enviarse al Congreso para su aprobación. Si el Congreso no lo aprueba, se suspenderá la aplicación del tratado.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 217)

(Ver Ley 224 de 1995; Art. 29)

(Ver Ley 539 de 1999)

(Ver Ley 1008 de 2006)

(Ver Ley 1873 de 2017; Art. 26)

(Ver Ley 1940 de 2018; Art. 26)

(Ver Decreto 1793 de 2021; Art. 23)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-027-93; C-974-2001; C-321-06; C-132-14; C-280-14)

ARTÍCULO 225. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cuya composición será determinada por la ley, es cuerpo consultivo del Presidente de la República.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 67)

(Ver Ley 1909 de 2018; Art. 20)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-027-93)

ARTÍCULO 226. El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-554-2001; C-005-2001; C-012-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-279-2001; C-303-2001; C-671-2001; C-834-2001; C-860-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-953-2001; C-1145-2001; C-1034-03; C-129-04; C-249-04; C-315-04; C-150-05; C-152-05 ; C-923-07; C-926-07)

ARTÍCULO 227. El Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de America Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. La ley podrá establecer elecciones directas para la constitución del Parlamento Andino y del Parlamento Latinoamericano.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-554-2001; C-012-2001; C-091-2001; C-202-2001; C-279-2001; C-860-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-953-2001; C-974-2001; C-1145-2001; C-012-04; C-129-04; C-502-07)
DE LA RAMA JUDICIAL DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autonomo.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 49)

(Ver Ley 412 de 1997)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 35)

(Ver Ley 1285 de 2009)

(Ver Ley 1319 de 2009)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1450 de 2011; Art. 196 al 201)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1563 de 2012)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en que casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 6)

(Ver Ley 640 de 2001; Art. 4)

(Ver Ley 794 de 2003; Art. 1)

(Ver Ley 1095 de 2006)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1182 de 2008)

(Ver Ley 1194 de 2008)

(Ver Ley 1224 de 2008)

(Ver Ley 1282 de 2009)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 2)

(Ver Ley 1395 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011)

(Ver Ley 1564 de 2012)

(Ver Ley 1653 de 2013)

ARTÍCULO 230. Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 23)

(Ver Ley 107 de 1994; Art. 4)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 115)

(Ver Ley 1564 de 2012)

ARTÍCULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista de diez elegibles enviada por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura tras una convocatoria pública reglada de conformidad con la ley y adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial.

(Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte en letra cursiva corresponde a la corrección introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285 de 2016)

En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia.

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado reglamentarán la formula de votación y el término en el cual deberán elegir a los Magistrados que conformen la respectiva corporación.

(Artículo modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 15)

(Ver Ley 1781 de 2016; Art. 1)

TEXTO ANTERIOR: Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

ARTÍCULO 232. Para ser Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.

2. Ser abogado.

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

4. Haber desempeñado, durante quince años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen credito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la catedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la catedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el area de la magistratura a ejercer.

(Numeral modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

TEXTO ANTERIOR: Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen credito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la catedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.

PARÁGRAFO . Para ser Magistrado de estas corporaciones no será requisito pertenecer a la carrerá judicial.

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-487-93)

ARTÍCULO 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permaneceran en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 217; Art. 318 Inc. 2; Art. 319)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34; Art. 130)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-417-93; C-351-95)
CAPÍTULO 2. DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA
ARTÍCULO 234. La Corte Suprema de Justicia es el maximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley. Esta dividira la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas Especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primerá condena.

La Sala Especial de Instrucción estará integrada por seis (6) Magistrados y la Sala Especial de Primerá Instancia por tres (3) Magistrados.

Los miembros de estas Salas Especiales deberán cumplir los requisitos para ser Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les aplicará el mismo régimen para su elección y periodo.

Los Magistrados de las Salas Especiales solo tendrán competencia para conocer de manera exclusiva de los asuntos de instrucción y juzgamiento en primerá instancia en las condiciones que lo establezca la ley.

El reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las Salas Especiales el conocimiento y la decisión de los asuntos que correspondan a la Sala de Casación Penal.

Los Magistrados de las Salas Especiales no podrán conocer de asuntos administrativos, ni electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena.

PARÁGRAFO . Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2018.)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 7)

(Ver Ley 1781 de 2016; Art. 1; Art. 2)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-142-93; C-557-01; C-743-01; C-1106-01; C-1255-01; )

TEXTO ANTERIOR: La Corte Suprema de Justicia es el maximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividira la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

ARTÍCULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-104-93; C-142-93; C-668-2001)

2. Conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, conforme lo determine la ley.

(Ver Constitución Política; Art. 186; Art. 234)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2018; Art. 1; Art. 2)

3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en los [numerales 2 y 3 del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por Salas Especiales que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-142-93; C-152-93; C-417-93; C-934-06)

4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

(Numeral 4. modificado por el artículo 13 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

(Numeral 4. modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Ver Constitución Política; Art. 186)

(Ver Ley 600 de 2000; Art. 75 Num. 7)

(Ver Ley 906 de 2004; Arts. 32 Num. 7; Art. 533)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-142-93; C-222-96; C-545-08)

5. Juzgar, a traves de la Sala Especial de Primerá Instancia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalias ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales, Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomatica o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-152-93; C-472-94; C-361-2001; C-591-2005)

6. Resolver, a traves de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de Primerá Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

7. Resolver, a traves de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primerá condena de la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas condiciones profieran los Tribunales Superiores o Militares.

(Ver Art. 199A de la Ley 906 de 2004)

8. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-027-93; C-240-14)

9. Darse su propio reglamento.

10. Las demás atribuciones que señale la ley.

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 50; Art. 51)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-548-94; C-349-09)

PARÁGRAFO . Cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendra para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2018)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: )

TEXTO ANTERIOR: on atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute, conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefes de misión diplomatica o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomaticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional.

6. Darse su propio reglamento.

7. Las demás atribuciones que señale la ley.

PARÁGRAFO . Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendra para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
CAPÍTULO 3. DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 236. El Consejo de Estado tendra el número impar de Magistrados que determine la ley.

El Consejo se dividira en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.

La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 34)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 9)

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-104-93; C-1255-2001; C-816-2001; C-1290-2001)

ARTÍCULO 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.

(Ver SentenciaS de la Corte Constitucional: C-104-93; C-226-93; C-544-93)

2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 49)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-003-93; C-039-93; C-037-96; C-560-99; C-365-2001; C-781-2001; C-400-13; C-524-13)

3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oido en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de transito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o transito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aereo de la nación, el gobierno debe oir previamente al Consejo de Estado.

4. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-535-12)

5. Conocer de los casos sobre perdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 296; Art. 299; Art. 300)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-319-94)

6. Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que determine la ley.

7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley.

(Numeral 7 adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 1 de 2009.)

PARÁGRAFO . Para ejercer el Contencioso Electoral ante la Jurisdicción Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral.

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 75)

(Ver Ley 133 de 1994; Art. 15, inciso 2)

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 20)

(Ver Ley 270 de 1996; 35 al 39)

(Ver Ley 393 de 1997; Art. 3)

(Ver Ley 472 de 1998; Art. 50; Art. 51)

(Ver Ley 640 de 2001)

(Ver Ley 1107 de 2006)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 10; Art. 12)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-319-94; C-353-94; C-513-94; C-816-2001; C-557-2001; C-739-2001; C-1252-2001; C-1290-2001; C-283-17)

ARTÍCULO 238. La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por via judicial.

(Ver Constitución Política; Art. 4)

(Ver Ley 446 de 1998; Art. 30)

(Ver Ley 1107 de 2006; Art. 1)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 229 al 236)
CAPÍTULO 3A. (Capitulo adicionado por el Art. 2 del Acto Legislativo 03 de 2023) DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL.
ARTÍCULO 238A. Créase la Jurisdicción Agraria Rural. La ley determinará su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural, con base en los principios y criterios del derecho agrario señalados en la ley, y con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos y a los Grupos étnicos: Comunidades negras o afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado.
CAPÍTULO 4. DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL
ARTÍCULO 239. La Corte Constitucional tendra el número impar de miembros que determine la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del Derecho.

Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Los Magistrados de la Corte Constitucional no podrán ser reelegidos.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Num. 5; Art. 18 Nums 3 y 6; Art. 20; Art. 23; Art. 24; Art. 27; Art. 317; Art. 318; Art. 319)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 44)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-025-93; C-1106-2001)

ARTÍCULO 240. No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-1255-2001; C-1256-2001)

ARTÍCULO 241. A la Corte Constitucional se le confia la guarda de la integridad y supremacia de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplira las siguientes funciones:

1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquierá que sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación.

2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Constitución Política; Art. 379)

(Ver Ley 134 de 1994; Art. 34; Art. 60)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-141-10)

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos ultimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40 Inc. 2o.; Art. 100 Inc. Final; Art. 103; Art. 104; Art. 105; Art. 319 Incs 2. y 3; Art. 321 Inc. 4; Art. 379)

(Ver Ley 134 de 1994)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-102-18)

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-221-97; C-141-01; C-048-04; C-073-04; C-158-04; C-282-04; C-283-04; C-662-04 C-734-05; C-441-19)

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución.

(Ver Ley 137 de 1994; Art. 55)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-004-92; C-005-92; C-447-92; C-448-92; C-579-92; C-063-03)

8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-057-93; C-292-03; C-041-04; C-068-04; C-070-04; C-307-04; C-433-04; C-397-10)

9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-543-92; C-018-93)

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis dias siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República solo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-504-92; C-562-92; C-563-92; C-564-92; C-574-92; C-589-92; C-155-98; C-256-98; C-246-99; C-1490-00; C-005-2001; C-012-2001; C-279-2001; C-505-2001; C-861-2001; C-914-2001; C-916-2001; C-951-2001; C-1145-2001; C-071-03; C-255-03; C-291A-03; C-318-03; C-354-03; C-401-03; C-961-03; C-962-03; C-012-04; C-120-04; C-172-04; C-278-04; C-279-04; C-280-04; C-309-04; C-315-04; C-533-04; C-534-04; C-557-04; C-649-06; C-280-14; C-187-19; C-234-19)

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

(Numeral 11 modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

12. Darse su propio reglamento.

(Numeral 12 adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)

PARÁGRAFO . Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 202; Art. 379)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-600-92; C-607-92; C-018-93; C-1142-08; C-685-11; C-634-15)

ARTÍCULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-105-93; C-534-00; C-323-06; C-174-17; C-492-17)

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-132-93; C-323-06)

2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos.

3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-465-92; C-026-93; C-586-2001; C-737-2001; C-035-03; C-666-05; C-734-05; C-926-06; C-102-11; C-641-12; C-473-13; C-235-14; C-137-18)

4. De ordinario, la Corte dispondra del término de sesenta dias para decidir, y el Procurador General de la Nación, de treinta para rendir concepto.

5. En los procesos a que se refiere el numeral 7 del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a una tercerá parte y su incumplimiento es causal de mala conducta, que será sancionada conforme a la ley.

(Ver Decreto Ley 889 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-006-2001; C-429-2001; C-430-2001; C-507-2001; C-915-2001; C-1174-2001; C-1252-2001; C-1256-2001; C-1290-2001; C-966-03; C-475-06; C122-11)

ARTÍCULO 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen transito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.

(Ver Ley 270 de 1996; 48)

(Ver Ley 1437 de 2011; Art. 189)

ARTÍCULO 244. La Corte Constitucional comunicará al Presidente de la República o al Presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Esta comunicación no dilatará los términos del proceso.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 43)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-105-93)

ARTÍCULO 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro.
DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 246. Las autoridades de los pueblos indigenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.

(Ver Ley 962 de 2005; Art. 35)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-027-93; C-507-2001; C-370-02; C-127-03; C-151-03; C-463-14)

ARTÍCULO 247. La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. Tambien podrá ordenar que se elijan por votación popular.

(Ver Ley 294 de 1996; Art. 4)

(Ver Ley 497 de 1999)

(Ver Ley 575 de 2000; Art. 1)

(Ver Ley 1285 de 2009; Art. 4 Num. 1. Lt. d.; Art. 5)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-001A-92; C-027-93; C-507-2001; C-1195-2001; C-103-04; C-059-05)

ARTÍCULO 248. Unicamente las condenas proferidas en Sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los ordenes legales.

(Ver Ley 1153 de 2007; Art. 12)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-007-93; C-114-93; C-127-93; C-377-93; C-252-2001; C-098-03; C-245-08)
CAPÍTULO 6. DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
ARTÍCULO 249. La Fiscalia General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley.

El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalia General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendra autonomía administrativa y presupuestal.

(Ver Constitución Política; 125; Art. 126 Inc. 5)

(Ver Acto Legislativo 2 de 2015)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 1)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 64)

(Ver Ley 282 de 1996; Art. 6)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-150-93; C-487-93; C-037-96; C-057-2001; C-245-2001; C-361-2001; C-670-2001; C-775-2001; C-431-03; C-166-14)

ARTÍCULO 250. La Fiscalia General de la Nación esta obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las carácteristicas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias facticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptuan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalia General de la Nación, debera:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalia General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los limites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a mas tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

(Ver Constitución Política; Art. 30)

(Ver Ley 1142 de 2007; Art. 21)

(Ver Ley 906 de 2004; Art. 14)

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a mas tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

(Aparte tachado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1092 de 2003)

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

(Ver Constitución Política; Art, 15)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-431-03; C-336-07; C-334-10; C-591-14; C-516-15)

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-570-03)

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere merito para acusar.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-620-2001)

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-180-14)

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

(Ver Ley 418 de 1997; Art. 67 al 73)

(Ver Ley 1106 de 2006)

(Ver Ley 1421 de 2010)

(Ver Ley 1448 de 2011; Art. 35 al 46)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-052-93; C-053-93; C-058-93; C-409-09; C-180-14; C-603-16)

8. Dirigir y coordinar las funciones de policia Judicial que en forma permanente cumple la Policia Nacional y los demás organismos que señale la ley.

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-404-03; C-594-14)

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

(Ver Ley 40 de 1993; Art. 18)

(Ver Ley 67 de 1993)

(Ver Ley 80 de 1993; Art. 64)

(Ver Ley 333 de 1996; Art. 2)

(Ver Ley 504 de 1999; Art. 34)

(Ver Decreto 1975 de 2002)

(Ver Ley 793 de 2002)

(Ver Ley 1330 de 2009)

(Ver Ley 1708 de 2014)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-066-93)

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

(Ver Ley 585 de 2000)

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-1260-05)

PARÁGRAFO . La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.

(Parágrafo declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-966 de 2003)

PARÁGRAFO 2. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalia General de la Nación. En todo caso, la Fiscalia General de la Nación podrá actuar en forma preferente.

(Parágrafo corregido por el artículo 1 del Decreto 379 de 2012)

(Parágrafo adicionado por el artículo 2 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Parágrafo adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2003. INEXEQUIBLE)

TEXTO ANTERIOR: Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquel los sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policia judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalia General de la Nación conformará unidades especiales de Policia Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regiran, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial.

(Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1039 de 2004)

(Ver Acto Legislativo 1 de 2012)

(Ver Ley 906 de 2004)

(Ver Ley 975 de 2005)

(Ver Ley 1408 de 2010)

(Ver Ley 1453 de 2011)

(Ver Ley 1826 de 2017)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-059-93; C-096-03; C-594-14; C-557-19)

TEXTO ANTERIOR: Corresponde a la Fiscalia General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptuan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalia General de la Nación debera:

1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3. Dirigir y coordinar las funciones de policia judicial que en forma permanente cumplen la Policia Nacional y los demás organismos que señale la ley.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

La Fiscalia General de la Nación esta obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten.

ARTÍCULO 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-775-2001; C-1092-03; C-013-04)

1. nuevo texto es el siguiente:> Investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o por conducto del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la unidad de fiscalias ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero Constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

(Numeral 1 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 6 de 2011)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C C-069-94)

TEXTO ANTERIOR: Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 23)

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquierá que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquia, determinar el criterio y la posición que la Fiscalia deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

(Ver Decreto Ley 706 de 2017; Art. 12)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-232-16)

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional C-066-93; C-646-2001)

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policia Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalia General de la Nación.

(Ver Ley 526 de 1999; Art. 13)

(Ver Sentencia de la Corte Constitucional: C-034-93)

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se esten adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

(Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. Acto Legislativo 3 de 2002 declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-1039 de 2004)

(Ver Ley 116 de 1994; Art. 2 paragrafo)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 29)

(Ver Ley 938 de 2004; Art. 11)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-093-93; C-136-93)

TEXTO ANTERIOR: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia.

3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policia judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalia General de la Nación.

5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se esten adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

ARTÍCULO 252. Aun durante los Estados de Excepción de que trata la Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento.

(Ver Ley 137 de 1994)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 28)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-034-93; C-035-93; C-052-93; C-059-93; C-093-93; C-171-93; C-207-93; C-214-93; C-415-93)

ARTÍCULO 253. La ley determinará lo relativo a la estructura y funcionamiento de la Fiscalia General de la Nación, al ingreso por carrerá y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.

(Ver Ley 4 de 1992)

(Ver Ley 332 de 1996; Art. 1)

(Ver Decreto 261 de 2000)

(Ver Ley 1653 de 2013)

(Ver Decreto 16 de 2014)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C-035-93; C-127-93; C-409-2001; C-670-2001; C-775-2001; C-1262-2001; C-279-07; C-878-08; C-901-08)
CAPÍTULO 7. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA RAMA JUDICIAL.
(Encabezado modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015)

ARTÍCULO 254. El Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, asi: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

(Artículo modificado por el artículo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 6 Inc. 5o.; Art. 18 Inc. 6; Art. 20 Inc 2o.; Art. 21; Art. 22; Art. 23; Art. 27; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 76)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 41; Art. 42)

(Ver Ley 1653 de 2013)

TEXTO ANTERIOR: El Consejo Superior de la Judicatura se dividira en dos salas:

1. La Sala Administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un periodo de ocho años, asi: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado.

2. Numeral derogado tacitamente según Sentencia C-285-16 La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete magistrados elegidos para un periodo de ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podra haber Consejos Seccionales de la Judicatura integrados como lo señale la ley.

ARTÍCULO 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante diez años con buen credito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.

(Artículo modificado por el artículo 16 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Ley 43 de 1993; Art. 28)

(Ver Ley 270 de 1996; Art. 77)

(Ver Sentencias de la Corte Constitucional: C C-265-93; C-487-93; C-093-2001)

TEXTO ANTERIOR: La Gerencia de la Rama Judicial es un órgano subordinado al Consejo de Gobierno Judicial y estará organizada de acuerdo con el principio de desconcentración territorial.

La Gerencia de la Rama Judicial es la encargada de ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno Judicial, proveer apoyo administrativo y logistico a este órgano, administrar la Rama Judicial, elaborar para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial el proyecto de presupuesto que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso, elaborar planes y programas para aprobación del Consejo de Gobierno Judicial, formular modelos de gestión e implementar los modelos procesales en el territorio nacional, administrar la Carrerá Judicial, organizar la Comisión de Carrerá Judicial, realizar los concursos y vigilar el rendimiento de los funcionarios y los despachos. El Gerente de la Rama Judicial representará legalmente a la Rama Judicial. Ejercerá las demás funciones que le atribuya la ley.

ARTÍCULO 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones:

1. Administrar la carrerá judicial.

2. Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptua la jurisdicción penal militar que se regira por normas especiales.
3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.

5. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
6. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.
7. Las demás que señale la ley.

(Artículo derogado por el artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencias de la Corte Constitucional C-029 de 2018 y C-373 de 2016. Declarado INEXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 2016)

(Ver Acto Legislativo 4 de 2011; Art. 1o. Inc. Final.)

(Ver Ley 771 de 2002)

(Ver Ley 1123 de 2007)

(Ver Ley 1395 de 2010; Art. 53 al 56)

(Ver Ley 1407 de 2010)

ARTÍCULO 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplira las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.

(Ver Ley 5 de 1992; Art. 40)

5. Las demás que señale la ley.

(Derogatoria tacita del artículo 257 por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 declarada INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional

(Ver Constitución Política; Art. 126 Inc. 5)

(Ver Decreto Ley 2651 de 1991; Art. 53)

(Ver Ley 1474 de 2011; Art. 41; Art. 42)

(Ver Ley 1653 de 2013, Art. 3)

ARTÍCULO 257A. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.

Estará conformada por siete Magistrados, cuatro de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial Consejo Superior de la Judicatura previa convocatoria pública reglada adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial, y tres de los cuales serán elegidos por el Congreso en Pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendran periodos personales de ocho años, y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

(Apartes tachados INEXEQUIBLES, el aparte subrayado corresponde a la corrección introducida en cumplimiento de la Sentencia C-285 de 2016)

Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos.

Podra haber Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial integradas como lo señale la ley.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.

PARÁGRAFO . La Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial no serán competentes para conocer de acciones de tutela.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. Los Magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberán ser elegidos dentro del año siguiente a la vigencia del presente acto legislativo. Una vez posesionados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumira los procesos disciplinarios de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejerceran sus funciones hasta el dia que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrerá de los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a su cargo, sin solución de continuidad.

(Artículo adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015. Declarado EXEQUIBLE, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2018)
DE LAS ELECCIONES Y DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL SUFRAGIO Y DE LAS ELECCIONES
ARTÍCULO 258. El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos en cubiculos individuales instalados en cada mesa de votación sin perjuicio del uso de medios electronicos o informaticos. En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los movimientos y partidos políticos con personeria jurídica y los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen mas y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

(Modificado por el Art. 11 del Acto Legislativo 1 de 2003)

PARÁGRAFO 1. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primerá vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratandose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

(Parágrafo modificado por el Artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2009)

TEXTO ANTERIOR: Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primerá vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratandose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

PARÁGRAFO 2. Se podrá implementar el voto electronico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.

(Artículo modificado por el Artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003)

(Ver Ley 130 de 1994)

(Ver Ley 163 de 1994; Art. 17)

(Ver Ley 892 de 2004)

(Ver Ley 1227 de 2008)

TEXTO ANTERIOR: El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubiculos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen mas y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos

ARTÍCULO 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presento al inscribirse como candidato. La

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PREAMBULO EL PUEBLO DE COLOMBIA, En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la

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Mesa Permanente de Concertación Nacional. 1996

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Mesa Permanente de Concertación Nacional. 1996

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Espacio De Dialogo Y Acuerdos Entre Las Organizaciones Indigenas Y El Gobierno Nacional

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Movilización política y resistencia indígena. Con la primera minga en el Cauca que genera el bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, se buscaba que el gobierno atendiera las demandas sociales, culturales y económicas de los pueblos indígenas.

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Respuesta a la necesidad de las comunidades indígenas de defender sus territorios y derechos, así como de apoyar a las autoridades indígenas en el control territorial y la aplicación de la justicia propia. Estas guardias, conformadas por miembros de las comunidades, funcionan como un mecanismo humanitario y de resistencia civil, no como una estructura policial