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Es esencialmente público pero también se relaciona con el derecho civil. Énfasis preventivo. Crea nuevos principios: Contaminador-pagador y el precautelario. Interés colectivo. Implicación internacional. Desarrollo sustentable

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Es esencialmente público pero también se relaciona con el derecho civil. Énfasis preventivo. Crea nuevos principios: Contaminador-pagador y el precautelario. Interés colectivo. Implicación internacional. Desarrollo sustentable

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Es una rama especializada en el cual durante su proceso de formación Se ha consolidado principios y conceptos que cimientan la institucionalidad Ambiental y buscan Asegurar las garantías Constitucionales de los ciudadanos

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Este principio resulta ser una síntesis superadora

de la oposición dialéctica entre conservación ambiental y desarrollo económico que estuvo

presionando y mediatizando las políticas y las normas del Derecho Ambiental desde su mis-

mo origen.

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Ortega Álvarez dice que este prin-

cipio “es fundamental en la actuación ambiental, debido al alto potencial de irreparabilidad.De aquí que una expresión práctica

del principio se menciona en instrumentos tales como la evaluación de impacto ambiental

o, en una proyección estrictamente procesal, el instituto de la tutela inhibitoria o preventi-

va, las medidas cautelares y autosatisfactivas

de los daños ambientales, y se cifra, como es fácil colegir en la potestad del sometimiento

de las actividades con riesgo ambiental a los respectivos controles, tanto previos, como de

funcionamiento”.

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Este principio permite una asunción en términos actuales del princi-

pio de fraternidad, que junto a los de libertad e igualdad tuvieron la piedra angular que el ba-

samento de la forma liberal del Estado Moderno, tiene proyecciones bifrontes, en cuanto se conjuga en una dimensión

intergeneracional y en otra intrageneracional, derivándose de la primera perspectiva los de-

rechos y deberes de compensación a los sacrificios que de la aplicación efectiva de la protec-

ción ambiental

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Principio también llamado precautorio o de cautela, explicitado en

el principio 15 de la Declaración de Río cuando se expresa que: “Con el fin de proteger el

medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución confor-

me a sus capacidades.

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El artículo 396 de la Constitución señala que la responsabilidad de reparar daños ambientales corresponde a los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes.

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Es sobre todo un principio de competencia que señala que nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos

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xpresa que su objetivo magno es el de “establecer una alianza

mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los

Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”. Su explicitación más contun-

dente se encuentra en el principio 7 que establece el deber de los Estados de cooperar para

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra.

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En la Declaración de Río y en

el ya citado principio 7 se contiene la enunciación de un principio que, en cierta manera, es

la clave de bóveda en orden a las relaciones diplomáticas ambientales internacionales, esto

es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas dice lo siguiente: En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente

mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados

reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en

vista de las presiones que sus sociedades ejercen el medio ambiente y de las tecnologías y los recursos

financieros de que disponen.

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Dada  la  naturaleza  colectiva  de  los  intereses  de  los  intereses  que  protege  ese  Derecho.  La

protección ambiental tiene a todos los ciudadanos por destinatarios y, en este sentido, resulta co-

herente y adecuado que se implementen al máximo los mecanismos y vías para que sea efectiva su

participación y la de las instituciones que los representan de forma más directa. En virtud de este

principio se han potenciado con especial pericial insistencia en el marco del Derecho Ambiental,

los  instrumentos  destinados  a  dar  publicidad  a  las  políticas  y  medidas  ambientales  y  facilitar  la

participación  efectiva  de  ciudadanos,  tanto  individual  como  colectivamente

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Rodríguez, G. A. (2012). La consagración de los derechos ambientales en las constituciones políticas de Colombia, Ecuador y Bolivia. Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público, 1-54.
Zuluaga, R. G. (2017). Los principios en el Derecho Ambiental. Revista de Derecho (Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga, Facultad de Derecho), (16), 101-136.