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Actividad 4. Etapas de Procedimientos Sumarios y Especiales.

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Actividad 4. Etapas de Procedimientos Sumarios y Especiales.

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Realizado por Sandra López Cruz.
Maestra. Alejandra Soto.

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PROCESO SUMARIO (Ley N° 902 CPCN: arts. 502 al 507) El proceso sumario consiste en la realización de un procedimiento que se efectúa ante la autoridad judicial, donde las partes en conflicto reseñan hechos, exponen los fundamentos de sus derechos y solicitan se declare mediante sentencia a quien corresponde el derecho debatido, según lo alegado y probado durante el proceso.

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E l proceso sumario se seguirá en todas aquellas demandas que contengan las pretensiones civiles consignadas en el art. 392 CPCN, denominado ámbito del proceso sumario. La ley N° 902, Código Procesal Civil, establece que toda persona interesada antes de interponer el escrito de demanda, debe de acudir a una sede de la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto o a un centro de mediación autorizado, a procurar resolver la contienda y evitar el inicio de un proceso en sede judicial. De manera que es un requisito de procedibilidad, la previa realización del trámite de mediación en sede no judicial.

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El proceso sumario iniciará mediante la interposición de una demanda civil, escrita en papel de ley, debiendo expresar al menos aquellos requisitos que permitan, identificar y localizar tanto al actor como al demandado, (art. 420 CPCN), destacándose la necesaria descripción de los hechos en que se funda la petición, cuya cuantía no puede exceder 200 mil córdobas conforme acuerdo de Corte Plena del 20 de marzo de 2017, enumerando las pretensiones y exponiéndolas de forma precisa, ordenada y con claridad, relacionando los medios de prueba que deben ser practicados e 2 indicando qué hechos pretende demostrar con cada medio de prueba ofrecido, fijando las pretensiones que se formulen y que piden ser tuteladas.

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Presentada la demanda, la autoridad judicial deberá analizar de oficio si es competente o no, si las partes están en capacidad para comparecer en el proceso; en su caso verificar si se ha cumplido con la representación legal, y acompañando el o los documentos que acrediten y justifiquen su comparecencia. La admisión de la demanda deber realizarse en un plazo de cinco días.

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- Asimismo debe examinar la procedencia del proceso, es decir, si debe tramitarse como sumario, en atención al reparto de la competencia (art. 29, 390 y 391), al cumplimiento de los requisitos referidos a la acumulación de pretensiones y en su caso a la falta del debido litisconsorcio. Todo este examen, es con el fin último que el proceso se inicie y se desarrolle sin vicio alguno. Si del examen de la demanda, la autoridad judicial, considera que hay aspectos que deben subsanarse, así lo ordenará dentro el plazo de tres días. Si la parte demandante no lo hiciere, se ordenará el archivo definitivo del expediente y la devolución de los anexos para que haga uso de su derecho. También se aplicará esta misma medida cuando los defectos resulten ser insubsanables.

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Los juicios sumarios en la Ley de Enjuiciamiento Civil pueden agruparse en dos grandes categorías:

1. Protección de derechos reales.

2. Protección de derechos de crédito.

Así, algunos de los ejemplos que encontramos (algunos de ellos enumerados en el artículo 250 de la LEC) son:

Reclamaciones de impagos de rentas: tienen como objetivo la recuperación de la posesión de la finca dada en arrendamiento.

Posesión de bienes producto de una herencia, si no tuviesen propietario o usufructuario.

Tutela por tenencia o posesión de una cosa o derecho a quien haya sido despojado de la misma o impedido su disfrute, en virtud de la reforma de la Ley 5/2018.

Suspensión de obra nueva.

Demolición o derribo de obra u objeto en estado ruinoso que amenace causar daños.

Efectividad de derechos reales inscritos en Registros de la Propiedad.

Causas de menor cuantía, cuando el costo del juicio sea superior al valor pretendido.

Pago por consignación.

División de condominio, división de cosas comunes.

Cuestiones entre copropietarios.

Litigios de medianería y casos suscitados con motivo de la vecindad.

Obligación de otorgar escritura pública y resolución de contratos de compraventa de inmuebles.

Daños y perjuicios derivados de accidentes ocasionados por automotores.

Suspensión de ejercicio de la patria potestad y suspensión y renovación de tutores.

Cancelaciones de hipotecas y prendas.

Restitución de la cosa dada en comodato.

Cuestiones relacionadas con marcas y nombres comerciales.

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- La contestación a la demanda, es la actuación procesal que realiza la persona que ha sido demandada dentro del plazo de 15 días que ordena la ley. En la contestación a la demanda, se negarán o admitirán los hechos aducidos por la parte actora; se expondrán los 3 fundamentos de la oposición a las pretensiones del actor, alegando las excepciones materiales (perentorias) que a criterio del demandado correspondan; se aducirán o alegarán las excepciones procesales (dilatorias) y podrá oponerse a la acumulación de pretensiones, expresando las razones que le asistan.

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El proceso sumario se caracteriza porque concentra el cumplimiento de las finalidades en una única audiencia, en la que se deberán cumplir de forma sucesiva las finalidades de la audiencia inicial y probatoria. Así en esta audiencia única y concentrada se deberá dar cumplimiento a las siguientes finalidades: instar a las partes a lograr un arreglo; permitir el saneamiento de los defectos procesales alegados; fijar con precisión la pretensión y la oposición, así como los términos de su debate; ratificar la nómina de los medios de prueba propuestos; y finalmente admitir la prueba de que intenten valerse las partes y que practicaran de forma sucesiva en la misma audiencia o en la sesión o sesiones posteriores según el caso.

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Los procedimientos especiales son mecanismos establecidos por la Comisión de los Derechos Humanos (hoy llamado Consejo de los Derechos Humanos o CDH). Se trata de mandatos específicos para la situación de un país concreto o para un tema especial. Los procedimientos especiales son ejercidos por expertos independientes. Son nombrados relatores especiales, representantes especiales, expertos independientes o miembros de un grupo de trabajo. Los representantes de la sociedad civil pueden establecer contacto con los procedimientos especiales, tanto a título individual como colectivo. Esto es en parte gracias a la participación de la sociedad civil, a través de la cual los expertos independientes pueden permanecer en contacto con víctimas de violaciones de los derechos humanos y analizar las situaciones, realizar misiones de campo, realizar estudios, sensibilizar a la población y hacer recomendaciones.

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DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS SUMARIOS Y ESPECIALES.

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DIFERENCIAS ENTRE PROCESOS SUMARIOS Y ESPECIALES.

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La lentitud de los procesos ordinarios motivó, a lo largo de la historia, que el legislador extrajera determinadas relaciones jurídicas para confiar su solución a procedimientos sustancialmente acelerados, que hoy conocemos con el nombre de procesos especiales.

La característica primordial de tales procesos reside, pues, en la especialidad de su objeto. En los procedimientos especiales tan sólo se puede debatir la relación jurídico material para cuya protección fue creado el procedimiento especial.
La causa de la creación de los procesos sumarios es la misma que la de los especiales: la lentitud de los procesos declarativos.

El proceso sumario se caracteriza, en primer lugar, por tener una cognición limitada a un solo aspecto o parte de la relación material debatida. Por tanto, tienen las partes limitados sus medios de ataque y, sobre todo, de defensa. Además pueden tener limitados los medios de prueba. A consecuencia de dicha limitación, las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen los efectos materiales de la cosa juzgada, o para ser más exactos, los limitan a la relación jurídica debatida en el proceso sumario (art. 447.2)

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En lo que respecta a los pueblos indígenas, existe un procedimiento específico especial: la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es posible transmitir comunicaciones a la Relatora Especial sobre la situación de los pueblos indígenas en un país determinado, o invitarla a dicho país. En cualquier caso, se requiere la aprobación del Gobierno pertinente. Al finalizar la visita sobre el terreno, la Relatora presentará observaciones y recomendaciones. Es importante hacer un seguimiento de estas recomendaciones. También existen otros procedimientos especiales que pueden evaluar, según el tema, la situación de los derechos indígenas sobre el terreno (por ejemplo: Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, Relator Especial sobre el derecho a alimentación, Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho de no discriminación a este respecto).

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