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(i) ¿Cuáles son los fallos mencionados en el caso? si los hay -> Revisar la ratio decidendi (punto III de la segunda entrega)

(ii) ¿Cuáles puede añadirse? -> voy nuevamente al tema y al problema

(iii) ¿Hay un leading case en la materia?

(iv) ¿Hay jurisprudencia contraria al caso bajo análisis?

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Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Sentencias que refieran a la temática (de forma general o específica).

Ejemplo: “González y otras vs. México” (“Campo Algodonero” - 2009) sobre debida diligencia.

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Permite realizar búsquedas por tipo de resolución, país, año e idioma, entre otras opciones. Es útil para recuperar sentencias y resoluciones del Tribunal, descargar sus versiones a texto completo y redirijirse a escritos principales, fichas técnicas y resúmenes de los casos.

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Permite realizar búsquedas por tipo de resolución, país, año e idioma, entre otras opciones. Es útil para recuperar sentencias y resoluciones del Tribunal, descargar sus versiones a texto completo y redirijirse a escritos principales, fichas técnicas y resúmenes de los casos.

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Sentencias que refieran a la temática de forma específica.

Ejemplo: CSJN (2019) “R.C.E.” sobre legítima defensa.

Pauta: deben ser sentencias que marquen entramados normativos a seguir, que se constituyan como precedentes (leading case).

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1. Marco jurídico.

a. Legislación.

b. Jurisprudencia.

2. Marco teórico-conceptual.

a. Doctrina.
b. Otros (informes, documentos, etc.)

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1. ¿Cuál es el tema del fallo?
2. ¿Cuál es el problema jurídico identificado?

*Debo revisar la introducción construida para la primera entrega.

¿En qué consistía la introducción?

*Presentación del tema (máxima especificidad).

*Presentación mínima del caso.

*Presentación del problema jurídico, su justificación en relación al caso y justificación doctrinaria.

*Relevancia de analizar el caso.

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(i) ¿Cuál es la legislación utilizada en el caso? -> Revisar la ratio decidendi (punto III de la nota a fallo).

(ii) ¿Cuál puede añadirse? -> voy nuevamente al tema y al problema (de la introducción, punto I de la nota a fallo).

(iii) La legislación identificada, ¿contiene/estipula definiciones legales?

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*Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

CON jerarquía constitucional.

*Comité de la CEDAW y recomendaciones generales:
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
Ej. recomendaciones nº 19 y nº 35 (actualización de la nº 19)
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

*Devolución de informes al Estado argentino.

*Definiciones legales. Ej. art. 1 CEDAW: qué se entiende por "discriminación contra la mujer".

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Tema: Legítima defensa en contextos de violencia de género.

Problema interpretativo: respecto de una de las causales de la legítima defensa en contextos de violencia de género, ¿cómo interpretar el art. 34, incº 6 del CP a la luz de las convenciones y otras normas en materia de género?
—
Tema: valoración de la prueba con perspectiva de género y amplitud probatoria.

Problema de prueba: valoración del testimonio único de la victima en casos de violencia de género.

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*Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará).

Sin jerarquía constitucional (hay proyectos de ley)

*Comité de expertas del MESECVI.

*Recomendaciones generales. Ej. RG n° 1: Legítima defensa.

*Definiciones legales. Ej. art. 2º: qué se entiende por “violencia contra la mujer”.

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CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN,

RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;

AFIRMANDO que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades;

PREOCUPADOS porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres;

RECORDANDO la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Vigésimoquinta Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, y afirmando que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases;

CONVENCIDOS de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, y

CONVENCIDOS de que la adopción de una convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, constituye una positiva contribución para proteger los derechos de la mujer y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas,

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

CAPITULO II

DERECHOS PROTEGIDOS

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

a. el derecho a que se respete su vida;

b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;

c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales;

d. el derecho a no ser sometida a torturas;

e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;

f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos;

h. el derecho a libertad de asociación;

i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y

j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.

El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y

b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

CAPITULO III

DEBERES DE LOS ESTADOS

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos;

b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer;

c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;

d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados;

e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que corresponda;

f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social;

g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;

h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios, y

i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.

Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad.

CAPITULO IV

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTECCION

Artículo 10

Con el propósito de proteger el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, en los informes nacionales a la Comisión Interamericana de Mujeres, los Estados Partes deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer.

Artículo 11

Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención.

Artículo 12

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.

Artículo 15

La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 16

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 17

La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 18

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que:

a. no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención;

b. no sean de carácter general y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo 19

Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención.

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 20

Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente Convención podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas en cualquier momento mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

Artículo 21

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique o adhiera a la Convención después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 22

El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 23

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos presentará un informe anual a los Estados miembros de la Organización sobre el estado de esta Convención, inclusive sobre las firmas, depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión o declaraciones, así como las reservas que hubieren presentado los Estados Partes y, en su caso, el informe sobre las mismas.

Artículo 24

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla mediante el depósito de un instrumento con ese fin en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Un año después a partir de la fecha del depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes.

Artículo 25

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".

HECHA EN LA CIUDAD DE BELEM DO PARA, BRASIL, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

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CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA"

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CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER "CONVENCION DE BELEM DO PARA" LOS ESTADOS PARTES DE LA PRESENTE CONVENCIÓN, RECONOCIENDO que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la

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Tribunales Superiores de las provincias.

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Tribunales Superiores de las provincias.

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Sentencias que refieran a la temática específica.

Ejemplo: Corte de Justicia de Catamarca (2011) “Leiva”, sobre legítima defensa.

Sentencias que marquen tramados normativos a seguir.

Ejemplo: Tribunal Superior de Córdoba (2017) “Lizarralde”.

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No vinculante, pero es estándar internacional (CSJN, “Verbitsky”, 2005)

*100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. Definiciones legales. Ej.: art. 8º, qué se entiende por “género”.

*Reglas de Bangkok (tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes)

*Reglas de Tokio (medidas sustitutivas del encarcelamiento y justicia restaurativa)

*Reglas de Yogyakarta (orientación sexual e identidad de género)

*Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas.

*Reglas de Heredia (art. 5): inicialización de los nombres para salvaguardar la intimidad y privacidad de las víctimas.

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Este documento ofrece breve información sobre los Principios de Yogyakarta y sus antecedentes. Favor de consultar los Principios directamente para comprender a detalle el texto.
¿Qué son los Principios de Yogyakarta?

Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer.

¿Por qué son necesarios?

La violación a los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, constituye un patrón global arraigado que nos preocupa gravemente. Entre esas violaciones a los derechos humanos podemos mencionar: los asesinatos extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las oportunidades de empleo y educación, y grave discriminación en relación al goce de otros derechos humanos.

Los mecanismos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas han ratificado la obligación de los Estados de garantizar la efectiva protección de todas las personas contra toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, la respuesta internacional ha sido fragmentaria e inconsistente, lo que crea la necesidad de explicar y comprender de manera consistente el régimen legal internacional de derechos humanos en su totalidad y de cómo éste se aplica a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Esto es lo que hacen los Principios de Yogyakarta.

¿Cómo se llegó a estos Principios?

Los Principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, los Procedimientos Especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs y otros. El profesor Michael O'Flaherty, Relator del proceso, hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los Principios de Yogyakarta.

Un evento clave para desarrollar los Principios fue un seminario internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia en la Universidad de Gadjah Mada del 6 al 9 de noviembre del 2006, y en donde participaron muchos de los expertos en leyes mencionados. En ese seminario se aclararon la naturaleza, el alcance y la implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los tratados y leyes de derechos humanos existentes.

¿Qué cubren estos Principios?

Los Principios de Yogyakarta se refieren a una amplia gama de derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de otros derechos.

¿Cómo pueden estos derechos ser implementados?

Los Principios ratifican la obligación primordial que tienen los Estados de implementar los derechos humanos. Cada uno de los Principios va acompañado de recomendaciones detalladas a los Estados. Los Principios también subrayan, no obstante, que todos los actores tienen responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. Por tanto, se hacen recomendaciones adicionales dirigidas al sistema de derechos humanos de la ONU, a instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios, a las organizaciones no gubernamentales y a otras instancias.

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Este documento ofrece breve información sobre los Principios de Yogyakarta y sus antecedentes. Favor de consultar los Principios directamente para comprender a detalle el texto. ¿Qué son los Principios de Yogyakarta? Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género.

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Código Penal: normativa específica.

Ej. art. 34, inc. 6º, CP: legítima defensa.
¿Tengo una definición legal? -> acudir a la doctrina

Ley 26.485: Ley de protección integral de la mujer.

Definiciones legales. Ej., art. 5º: todos los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica/patrimonial y simbólica.

Ley 26.743: Ley de identidad de género.

Definiciones legales. Ej., art. 2º: qué se entiende por identidad de género.

Ley 26.062: Ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Ley 25.929: Ley de parto humanizado.

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Ir a texto actualizado y otros datos
LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES

Ley 26.485

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

Sancionada: Marzo 11 de 2009.

Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

LEY DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º - Ambito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.

ARTICULO 2º - Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.

ARTICULO 3º - Derechos Protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a:

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones;

b) La salud, la educación y la seguridad personal;

c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial;

d) Que se respete su dignidad;

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento;

g) Recibir información y asesoramiento adecuado;

h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad;

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley;

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;

k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización.

ARTICULO 4º - Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

ARTICULO 5º - Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.

2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.

3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

4.- Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

ARTICULO 6º - Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia;

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral;

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable;

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929.

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.

TITULO II

POLITICAS PUBLICAS

CAPITULO I

PRECEPTOS RECTORES

ARTICULO 7º - Preceptos rectores. Los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos rectores:

a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;

b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y deslegitimación de la violencia contra las mujeres;

c) La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y reeducación de quienes ejercen violencia;

d) La adopción del principio de transversalidad estará presente en todas las medidas así como en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos presupuestarios;

e) El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil, comprometiendo a entidades privadas y actores públicos no estatales;

f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de quien la padece;

g) La garantía de la existencia y disponibilidad de recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;

h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CAPITULO II

ORGANISMO COMPETENTE

ARTICULO 8º - Organismo competente. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 9º - Facultades. El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos de la presente ley, deberá:

a) Elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

b) Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia;

c) Convocar y constituir un Consejo Consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico especializadas, que tendrá por función asesorar y recomendar sobre los cursos de acción y estrategias adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia;

d) Promover en las distintas jurisdicciones la creación de servicios de asistencia integral y gratuita para las mujeres que padecen violencia;

e) Garantizar modelos de abordaje tendientes a empoderar a las mujeres que padecen violencia que respeten la naturaleza social, política y cultural de la problemática, no admitiendo modelos que contemplen formas de mediación o negociación;

f) Generar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de las situaciones de violencia;

g) Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección precoz, asistencia temprana, reeducación, derivación interinstitucional y a la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención;

h) Brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática a los funcionarios públicos en el ámbito de la Justicia, las fuerzas policiales y de seguridad, y las Fuerzas Armadas, las que se impartirán de manera integral y específica según cada área de actuación, a partir de un módulo básico respetando los principios consagrados en esta ley;

i) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada, en materia de violencia contra las mujeres e implementación de los principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres destinada a legisladores/as y asesores/as;

j) Impulsar a través de los colegios y asociaciones de profesionales la capacitación del personal de los servicios que, en razón de sus actividades, puedan llegar a intervenir en casos de violencia contra las mujeres;

k) Diseñar e implementar Registros de situaciones de violencia contra las mujeres de manera interjurisdiccional e interinstitucional, en los que se establezcan los indicadores básicos aprobados por todos los Ministerios y Secretarías competentes, independientemente de los que determine cada área a los fines específicos, y acordados en el marco de los Consejos Federales con competencia en la materia;

l) Desarrollar, promover y coordinar con las distintas jurisdicciones los criterios para la selección de datos, modalidad de registro e indicadores básicos desagregados -como mínimo- por edad, sexo, estado civil y profesión u ocupación de las partes, vínculo entre la mujer que padece violencia y el hombre que la ejerce, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, y sanciones impuestas a la persona violenta. Se deberá asegurar la reserva en relación con la identidad de las mujeres que padecen violencias;

m) Coordinar con el Poder Judicial los criterios para la selección de datos, modalidad de Registro e indicadores que lo integren que obren en ambos poderes, independientemente de los que defina cada uno a los fines que le son propios;

n) Analizar y difundir periódicamente los datos estadísticos y resultados de las investigaciones a fin de monitorear y adecuar las políticas públicas a través del Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres;

ñ) Diseñar y publicar una Guía de Servicios en coordinación y actualización permanente con las distintas jurisdicciones, que brinde información sobre los programas y los servicios de asistencia directa;

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen;

p) Establecer y mantener un Registro de las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia en coordinación con las jurisdicciones y celebrar convenios para el desarrollo de actividades preventivas, de control y ejecución de medidas de asistencia a las mujeres que padecen violencia y la rehabilitación de los hombres que la ejercen;

q) Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia contra las mujeres informando sobre los derechos, recursos y servicios que el Estado garantiza e instalando la condena social a toda forma de violencia contra las mujeres. Publicar materiales de difusión para apoyar las acciones de las distintas áreas;

r) Celebrar convenios con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al cumplimiento de los alcances y objetivos de la presente ley;

s) Convocar y poner en funciones al Consejo, Consultivo de organizaciones de la sociedad civil y redactar su reglamento de funcionamiento interno;

t) Promover en el ámbito comunitario el trabajo en red, con el fin de desarrollar modelos de atención y prevención interinstitucional e intersectorial, que unifiquen y coordinen los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas;

u) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

CAPITULO III

LINEAMIENTOS BASICOS PARA LAS POLITICAS ESTATALES

ARTICULO 10. - Fortalecimiento técnico a las jurisdicciones. El Estado nacional deberá promover y fortalecer interinstitucionalmente a las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios integrales de asistencia a las mujeres que padecen violencia y a las personas que la ejercen, debiendo garantizar:

1.- Campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

2.- Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia, las que coordinarán sus actividades según los estándares, protocolos y registros establecidos y tendrán un abordaje integral de las siguientes actividades:

a) Asistencia interdisciplinaria para la evaluación, diagnóstico y definición de estrategias de abordaje;

b) Grupos de ayuda mutua;

c) Asistencia y patrocinio jurídico gratuito;

d) Atención coordinada con el área de salud que brinde asistencia médica y psicológica;

e) Atención coordinada con el área social que brinde los programas de asistencia destinados a promover el desarrollo humano.

3.- Programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer.

4.- Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer.

5.- Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer.

6.- Instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad física, psicológica o sexual, o la de su grupo familiar, debiendo estar orientada a la integración inmediata a su medio familiar, social y laboral.

7.- Programas de reeducación destinados a los hombres que ejercen violencia.

ARTICULO 11. - Políticas públicas. El Estado nacional implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la materia:

1.- Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría de Gabinete y Gestión Pública:

a) Impulsar políticas específicas que implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración pública nacional y garanticen la efectiva vigencia de los principios de no discriminación e igualdad de derechos, oportunidades y trato en el empleo público;

b) Promover, a través del Consejo Federal de la Función Pública, acciones semejantes en el ámbito de las jurisdicciones provinciales.

2.- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que padecen violencia;

b) Elaborar criterios de priorización para la inclusión de las mujeres en los planes y programas de fortalecimiento y promoción social y en los planes de asistencia a la emergencia;

c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de las mujeres en procesos de asistencia por violencia;

d) Apoyar proyectos para la creación y puesta en marcha de programas para atención de la emergencia destinadas a mujeres y al cuidado de sus hijas/os;

e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles líneas de créditos a mujeres que padecen violencia;

f) Coordinar con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia los criterios de atención que se fijen para las niñas y adolescentes que padecen violencia.

3.- Ministerio de Educación de la Nación:

a) Articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos;

b) Promover medidas para que se incluya en los planes de formación docente la detección precoz de la violencia contra las mujeres;

c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las/os niñas/os y adolescentes que se vean afectadas/os, por un cambio de residencia derivada de una situación de violencia, hasta que se sustancie la exclusión del agresor del hogar;

d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de post grado;

e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones;

f) Las medidas anteriormente propuestas se promoverán en el ámbito del Consejo Federal de Educación.

4.- Ministerio de Salud de la Nación:

a) Incorporar la problemática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de la mujer;

b) Promover la discusión y adopción de los instrumentos aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito del Consejo Federal de Salud;

c) Diseñar protocolos específicos de detección precoz y atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, prioritariamente en las áreas de atención primaria de salud, emergencias, clínica médica, obstetricia, ginecología, traumatología, pediatría, y salud mental, que especifiquen el procedimiento a seguir para la atención de las mujeres que padecen violencia, resguardando la intimidad de la persona asistida y promoviendo una práctica médica no sexista. El procedimiento deberá asegurar la obtención y preservación de elementos probatorios;

d) Promover servicios o programas con equipos interdisciplinarios especializados en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la ejerzan con la utilización de protocolos de atención y derivación;

e) Impulsar la aplicación de un Registro de las personas asistidas por situaciones de violencia contra las mujeres, que coordine los niveles nacionales y provinciales.

f) Asegurar la asistencia especializada de los/ as hijos/as testigos de violencia;

g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que en un futuro lo reemplace, a fin de incluir programas de prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres, en los establecimientos médico-asistenciales, de la seguridad social y las entidades de medicina prepaga, los que deberán incorporarlas en su cobertura en igualdad de condiciones con otras prestaciones;

h) Alentar la formación continua del personal médico sanitario con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención médica con perspectiva de género;

i) Promover, en el marco del Consejo Federal de Salud, el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los protocolos. Para ello, los organismos nacionales y provinciales podrán celebrar convenios con instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

5.- Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación:

5.1. Secretaría de Justicia:

a) Promover políticas para facilitar el acceso de las mujeres a la Justicia mediante la puesta en marcha y el fortalecimiento de centros de información, asesoramiento jurídico y patrocinio jurídico gratuito;

b) Promover la aplicación de convenios con Colegios Profesionales, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para brindar asistencia jurídica especializada y gratuita;

c) Promover la unificación de criterios para la elaboración de los informes judiciales sobre la situación de peligro de las mujeres que padecen violencia;

d) Promover la articulación y cooperación entre las distintas instancias judiciales involucradas a fin de mejorar la eficacia de las medidas judiciales;

e) Promover la elaboración de un protocolo de recepción de denuncias de violencia contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos que requieran de otro tipo de abordaje;

f) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para incentivar en los distintos niveles del Poder Judicial la capacitación específica referida al tema;

g) Alentar la conformación de espacios de formación específica para profesionales del derecho;

h) Fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como de la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos, difundiendo periódicamente los resultados;

i) Garantizar el acceso a los servicios de atención específica para mujeres privadas de libertad.

5.2. Secretaría de Seguridad:

a) Fomentar en las fuerzas policiales y de seguridad, el desarrollo de servicios interdisciplinarios que brinden apoyo a las mujeres que padecen violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento de disposiciones judiciales;

b) Elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;

c) Promover la articulación de las fuerzas policial y de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres con las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil;

d) Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

e) Incluir en los programas de formación de las fuerzas policial y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.

5.3. Secretaría de Derechos Humanos e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI):

a) Promover la inclusión de la problemática de la violencia contra las mujeres en todos los programas y acciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del INADI, en articulación con el Consejo Federal de Derechos Humanos.

6.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación:

a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:

1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de convocatoria y selección;

2. La carrera profesional, en materia de promoción y formación;

3. La permanencia en el puesto de trabajo;

4. El derecho a una igual remuneración por igual tarea o función.

b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos;

c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;

d) Promover el respeto de los derechos laborales de las mujeres que padecen violencia, en particular cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de las decisiones judiciales.

7.- Ministerio de Defensa de la Nación:

a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

b) Impulsar programas y/o medidas de acción positiva tendientes a erradicar patrones de discriminación en perjuicio de las mujeres en las Fuerzas Armadas para el ingreso, promoción y permanencia en las mismas;

c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los derechos humanos;

d) Incluir en los programas de formación asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres y la violencia con perspectiva de género.

8.- Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación:

a) Impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización y concientización dirigida a la población en general y en particular a las mujeres sobre el derecho de las mismas a vivir una vida libre de violencias;

b) Promover en los medios masivos de comunicación el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia desde la perspectiva de género;

c) Brindar capacitación a profesionales de los medios masivos de comunicación en violencia contra las mujeres;

d) Alentar la eliminación del sexismo en la información;

e) Promover, como un tema de responsabilidad social empresaria, la difusión de campañas publicitarias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

CAPITULO IV

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ARTICULO 12. - Creación. Créase el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres en el ámbito del Consejo Nacional de la Mujer, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 13. - Misión. El Observatorio tendrá por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 14. - Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres:

a) Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y sincrónicamente sobre violencia contra las mujeres;

b) Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia;

c) Incorporar los resultados de sus investigaciones y estudios en los informes que el Estado nacional eleve a los organismos regionales e internacionales en materia de violencia contra las mujeres;

d) Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones;

e) Crear una red de información y difundir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia o vinculada al portal del Consejo Nacional de la Mujer. Crear y mantener una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía;

f) Examinar las buenas prácticas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adoptadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren;

g) Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar propuestas de actuaciones o reformas;

h) Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investigación, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias e identificando temas y problemas relevantes para la agenda pública;

i) Brindar capacitación, asesoramiento y apoyo técnico a organismos públicos y privados para la puesta en marcha de los Registros y los protocolos;

j) Articular las acciones del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres con otros Observatorios que existan a nivel provincial, nacional e internacional;

k) Publicar el informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investigaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda.

ARTICULO 15. - Integración. El Observatorio de la Violencia contra las Mujeres estará integrado por:

a) Una persona designada por la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, quien ejercerá la Dirección del Observatorio, debiendo tener acreditada formación en investigación social y derechos humanos;

b) Un equipo interdisciplinario idóneo en la materia.

TITULO III

PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 16. - Derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrati- vos. Los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:

a) A la gratuidad de las actuaciones judiciales y del patrocinio jurídico preferentemente especializado;

b) A obtener una respuesta oportuna y efectiva;

c) A ser oída personalmente por el juez y por la autoridad administrativa competente;

d) A que su opinión sea tenida en cuenta al momento de arribar a una decisión que la afecte;

e) A recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en el artículo 3º de la presente ley;

f) A la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones;

g) A participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;

h) A recibir un trato humanizado, evitando la revictimización;

i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos;

j) A oponerse a la realización de inspecciones sobre su cuerpo por fuera del estricto marco de la orden judicial. En caso de consentirlas y en los peritajes judiciales tiene derecho a ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;

k) A contar con mecanismos eficientes para denunciar a los funcionarios por el incumplimiento de los plazos establecidos y demás irregularidades.

ARTICULO 17. - Procedimientos Administrativos. Las jurisdicciones locales podrán fijar los procedimientos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de esta ley, la que será aplicada por los municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas, delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer o áreas descentralizadas, juzgados de paz u organismos que estimen convenientes.

ARTICULO 18. - Denuncia. Las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 19. - Ambito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley.

ARTICULO 20. - Características del procedimiento. El procedimiento será gratuito y sumarísimo.

ARTICULO 21. - Presentación de la denuncia. La presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero e instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita.

Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante.

ARTICULO 22. - Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate.

Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

ARTICULO 23. - Exposición policial. En el supuesto que al concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición y de ella surgiere la posible existencia de violencia contra la mujer, corresponderá remitirla a la autoridad judicial competente dentro de las VEINTICUATRO (24) horas.

ARTICULO 24. - Personas que pueden efectuar la denuncia. Las denuncias podrán ser efectuadas:

a) Por la mujer que se considere afectada o su representante legal sin restricción alguna;

b) La niña o la adolescente directamente o través de sus representantes legales de acuerdo lo establecido en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;

c) Cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad, o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla;

d) En los casos de violencia sexual, la mujer que la haya padecido es la única legitimada para hacer la denuncia. Cuando la misma fuere efectuada por un tercero, se citará a la mujer para que la ratifique o rectifique en VEINTICUATRO (24) horas. La autoridad judicial competente tomará los recaudos necesarios para evitar que la causa tome estado público.

e) La denuncia penal será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de que una mujer padece violencia siempre que los hechos pudieran constituir un delito.

ARTICULO 25. - Asistencia protectora. En toda instancia del proceso se admitirá la presencia de un/a acompañante como ayuda protectora ad honórem, siempre que la mujer que padece violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psicológica de la misma.

ARTICULO 26. - Medidas preventivas urgentes.

a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de la presente ley:

a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la mujer que padece violencia;

a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer;

a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos;

a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que estuvieren en su posesión;

a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer;

a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor hacia la mujer.

b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en el inciso a) del presente artículo, en los casos de la modalidad de violencia doméstica contra las mujeres, el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:

b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja conviviente;

b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma;

b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda del presunto agresor;

b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para retirar sus efectos personales;

b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen en la materia;

b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad, el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad, o con otros miembros de la familia ampliada o de la comunidad.

b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas;

b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los/as hijos/ as;

b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de quien ejerce y padece violencia. En los casos de las parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno;

b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente, del mobiliario de la casa.

ARTICULO 27. - Facultades del/la juez/a. El/ la juez/a podrá dictar más de una medida a la vez, determinando la duración de las mismas de acuerdo a las circunstancias del caso, y debiendo establecer un plazo máximo de duración de las mismas, por auto fundado.

ARTICULO 28. - Audiencia. El/la juez/a interviniente fijará una audiencia, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de CUARENTA Y OCHO (48) horas de ordenadas las medidas del artículo 26, o si no se adoptara ninguna de ellas, desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.

El presunto agresor estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.

En dicha audiencia, escuchará a las partes por separado bajo pena de nulidad, y ordenará las medidas que estime pertinentes.

Si la víctima de violencia fuere niña o adolescente deberá contemplarse lo estipulado por la Ley 26.061 sobre Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.

ARTICULO 29. - Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un informe efectuado por un equipo interdisciplinario para determinar los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro en la que se encuentre.

Dicho informe será remitido en un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 26.

El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos interdisciplinarios de la administración pública sobre los daños físicos, psicológicos, económicos o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación de peligro, evitando producir nuevos informes que la revictimicen.

También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de la violencia contra las mujeres.

ARTICULO 30. - Prueba, principios y medidas. El/la juez/a tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.

ARTICULO 31. - Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes.

ARTICULO 32. - Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, el/la juez/a podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar otras.

Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, el/la Juez/a deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:

a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido;

b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor;

c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.

Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal.

ARTICULO 33. - Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se concederá en relación y con efecto devolutivo.

La apelación contra resoluciones que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en relación y con efecto suspensivo.

ARTICULO 34. - Seguimiento. Durante el trámite de la causa, por el tiempo que se juzgue adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención del equipo interdisciplinario, quienes elaborarán informes periódicos acerca de la situación.

ARTICULO 35. - Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia.

ARTICULO 36. - Obligaciones de los/as funcionarios/ as. Los/as funcionarios/as policiales, judiciales, agentes sanitarios, y cualquier otro/a funcionario/a público/a a quien acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:

a) Los derechos que la legislación le confiere a la mujer que padece violencia, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención;

b) Cómo y dónde conducirse para ser asistida en el proceso;

c) Cómo preservar las evidencias.

ARTICULO 37. - Registros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la mujer que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la información pertinente para dicho registro.

El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación elaborará estadísticas de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas.

ARTICULO 38. - Colaboración de organizaciones públicas o privadas. El/la juez/a podrán solicitar o aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.

ARTICULO 39. - Exención de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarán exentas del pago de sellado, tasas, depósitos y cualquier otro impuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación en materia de costas.

ARTICULO 40. - Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.

TITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 41. - En ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en la presente ley importarán la creación de nuevos tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes.

ARTICULO 42. - La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, será de aplicación en aquellos casos de violencia doméstica no previstos en la presente ley.

ARTICULO 43. - Las partidas que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley serán previstas anualmente en la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.

ARTICULO 44. - La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

ARTICULO 45. - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.485 -

JULIO C. C. COBOS. - EDUARDO A. FELLNER. - Enrique Hidalgo. - Juan H. Estrada.

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Ir a texto actualizado y otros datos LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES Ley 26.485 Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

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i.    Ley 9.283: Ley de violencia familiar (Córdoba)

# data[].attributes.body
1. Conceptos generales.

2. Especificidad.

3. Importancia de la fuente.

4. Tiempo de publicación.

# data[].attributes.body
*Revisar las definiciones legales.

*Acudir a textos madres que trabajen conceptos básicos.

Ejemplo:

Eduardo Mattio (2012)¿De qué hablamos cuando hablamos de género?; Delgado Ballesteros (2017) Construcción social del género; Gastaldi&Pezzano (2021) Juzgar con perspectiva de género; Bodelón (2014) Violencia institucional y violencia de género.

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Gastaldi - Pezzano (2021) Juzgar con perspectiva de género (caso Sisnero)

# data[].attributes.body
Retorno al tema y al problema.

Ejemplo: legítima defensa.

*Julieta di Corleto: “Mujeres que matan: legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas” (2006) / “Mujeres infractoras víctimas de violencia de género. Bases para la construcción de una defensa técnica eficaz” (2019) / “Legítima defensa y géneros” (2020).
*Luis Chiesa: “Mujeres maltratadas y legítima defensa: la experiencia anglosajona” (2007).

# data[].attributes.body
*Libros (incluidos los de descarga legal on line)

*Revistas (incluidas las revistas on line).

Tener en cuenta:

Referato/ indexación. Ej. Revista InDret

*Informes, estadísticas, etc. Ej. Tercer Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará

*Manuales. Ej. Manual sobre los efectos de los estereotipos en la impartición de justicia de Federico Arena
*Notas a fallo/Dossier de jurisprudencia. Ej. Uso de agravantes subjetivos en la determinación de la pena: Análisis de un caso de arbitrariedad de Daniela Domeniconi.

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La regla es no mayor a 10 años (salvo excepciones), pero en materia de género hay mucha producción actual y novedosa a la que es preferible acudir.

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Link de acceso: https://drive.google.com/file/d/1cBT-9rXnekZm22pPcBPHbu6zw_CRA6cO/view?usp=sharing

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1. Sitios de referencia para buscar material (Op.FsyDP - UNC).pdf

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Ejemplos:

Ley Olimpia: busca modificar la Ley 26.485 a fin de incorporar la figura de la "violencia digital" como una modalidad de violencia.

Proyectos de ley para que Belém do Pará adquiera jerarquía constitucional: https://shorturl.at/twKMP

Proyecto de ley sobre la paridad de género en la designación de las/os integrantes del Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General de la Provincia de Chubut: https://shorturl.at/eoEST

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El Senado y Cámara de Diputados...

MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.485

Artículo 1°.- Incorpórase como inciso l del artículo 3° de la Ley 26.485 al siguiente:

"l) La dignidad digital entendida como cualidad de valor o estima que le es inherente a toda mujer como persona humana en el entorno virtual.".

Artículo 2°.- Incorpórase como inciso 6 del artículo 5° de la Ley 26.485 al siguiente:

"6.- Violencia digital: La que afecta la dignidad digital de las mujeres al lesionar alguno o varios de sus bienes y/o derechos digitales como la reputación, la libertad, la existencia, el domicilio, la privacidad y la inclusión digitales, o afecta cualquier otro aspecto de su acceso y desenvolvimiento en el ámbito virtual, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la seguridad informática de sus equipos y dispositivos y la indemnidad de su identidad digital.".

Artículo 3°.- Incorpórase como inciso g del artículo 6° de la Ley 26.485 al siguiente:

"g) Violencia telemática: aquella ejercida con la asistencia o a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como por ejemplo los teléfonos celulares, la Internet, las plataformas de redes sociales o el correo electrónico.".

Artículo 4°.- Incorpórase como inciso v del artículo 9° de la Ley 26.485 al siguiente:

"v) Desarrollar e implementar protocolos de detección y prevención de las nuevas formas de violencia contra las mujeres a través del uso de las TIC.".

Artículo 5°.- Incorpórase como inciso 8 del artículo 10 de la Ley 26.485 al siguiente:

"8.- Programas de alfabetización digital.".

Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

FUNDAMENTOS

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una gran herramienta para promover el ejercicio de los derechos humanos, pero también resultan un terreno propicio para su amenaza y ataque. Han surgido, se han venido desarrollando y hoy se plantean con una variabilidad y mutación muy interesantes para la cultura y la sociedad entera y esto también propone nuevas formas de presencia, desenvolvimiento e interacción de les internautas.

El ciberespacio no es hoy un ámbito paralelo a la vida cotidiana sino que la complementa y este reconocimiento hace que surja la necesidad de otorgar debida protección a los derechos que en él se proyectan, lo que implica previamente reconocer nuevos derechos humanos en la Red.

Es por ello que en la actualidad comienza a debatirse sobre una nueva generación de derechos para hacer referencia a los ejercidos en el entorno virtual. Su reconocimiento parte del compromiso de diversos organismos de derechos humanos dirigido a detectar, analizar y actuar en pos de la armonización de la convivencia virtual y, por sobre todo, a reducir las vulneraciones y lesiones a la dignidad humana al mínimo posible.

En otras palabras, "... derechos digitales que hagan posible una ciudadanía cibernética que proteja a los ciudadanos como personas cuando son usuarios tecnológicos (...) e incluso algunos autores proponen desarrollar esta nueva generación como la '5 G' que partiendo del concepto de 'dignidad digital', den protección a las personas mediante la actualización de los derechos fundamentales que aborde eficazmente un marco de seguridad jurídica renovada" (Moisés Barrio, Andrés "Derecho público e Internet: La actividad administrativa de la regulación de la red".)

Numerosos pronunciamientos e informes surgidos de organismos y especialistas abocados a la protección de derechos humanos ponen de manifiesto la importancia de la Red y el resguardo de los derechos en ella contenidos, entre los que encontramos una

proliferación de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas , el Consejo de Derechos Humanos , la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos , e informes de distintos Relatores Temáticos .

La Agenda de Túnez (2006) en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información es definitivamente un hito en este aspecto, ya que interpreta y explica las normas universales de Derechos Humanos en un nuevo contexto: el digital. Hace hincapié en que los derechos humanos se deben aplicar tanto en el entorno on-line como en el off-line: las normas de derechos humanos -tal como se define en el derecho internacional- no son negociables.

También identifica los principios de la política de Internet que son necesarios para hacer efectivos los derechos humanos en esta era, entre los que menciona expresamente "...con arreglo a los Principios de Ginebra, (que Internet) es un elemento esencial de una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora, orientada al desarrollo y no discriminatoria (...)" y que: "Internet sigue siendo un medio altamente dinámico y por tanto las estructuras que se diseñan en relación con la gobernanza de Internet deben responder al crecimiento exponencial y a la rápida evolución de Internet como plataforma común para el desarrollo de aplicaciones múltiples."

A través de distintas iniciativas, fue recorriéndose un lento proceso hacia la consideración de Internet como una herramienta propicia para el ejercicio de Derechos Humanos y en el año 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución para la promoción y el disfrute de los Derechos Humanos en Internet .

El documento considera que el acceso a internet en adelante será tenido como un derecho básico de todos los seres humanos. Ello en sintonía con los derechos ya reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos.

La mayoría de las declaraciones de principios para las políticas, regulación y gobernanza de Internet se centran en la privacidad, la libertad de expresión y asociación

y la protección contra la censura. Y la exigencia hoy prima en la ampliación del discurso de la Gobernanza de Internet en la inclusión de múltiples otros derechos, entre ellos los de las mujeres por razón de género.

Naciones Unidas en el año 2013 advierte esto y mediante el gran antecedente declarativo de la Asamblea -la Resolución 68/181- pone de resalto que: "...Profundamente preocupada porque la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las relaciones de poder y la discriminación de la mujer, así como diversas formas de extremismo, repercuten directamente en la situación de las mujeres y en el trato que recibe (...) las violaciones y los abusos de los derechos de las mujeres, la discriminación y la violencia contra ellas, incluidas las defensoras de los derechos humanos, que guardan relación con las tecnologías de la información, como el acoso en línea, el hostigamiento cibernético, la violación de la intimidad, la censura y el acceso ilícito a cuentas de correo electrónico, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos con el fin de desacreditar a la mujer o incitar a otras violaciones y abusos contra sus derechos, son una preocupación cada vez mayor y pueden constituir una manifestación de la discriminación sistémica por razón de género, que exige respuestas eficaces y acordes con los derechos humanos" .

Las organizaciones no gubernamentales han realizado aportes de gran valor al entramado intelectual y al estudio del campo de las TIC y las mujeres en el mundo y, a modo de antecedente, es dable resaltar su labor en elaboraciones como la "Carta Universal De Los Derechos Humanos replicados en Internet" , los "Principios para una Internet Feminista" , y la "Declaración del II Encuentro Internacional Ciberfeminista: Descolonizar Internet" . En nuestro país, la Fundación Activismo Feminista Digital -en el carácter referido-, ha venido dedicando su actividad al estudio, investigación y abordaje de las problemáticas y soluciones en el tratamiento del binomio "Mujeres - Tecnologías de la Información y la Comunicación", en Argentina y a nivel regional. Su actividad deviene de interés particular en la fundamentación y esbozo del presente proyecto.

En la población de mujeres, las TIC tienen una incidencia doble: valiosa y disvaliosa.

Si bien las Tecnologías de la Información y la Comunicación son recursos de gran impacto favorable en el ejercicio de los derechos de las mujeres por fuera del histórico desenvolvimiento que han tenido como colectivo, y principalmente para su facilitación y promoción, también resultan propicios para el disciplinamiento, la desacreditación, la descalificación, la desvalorización, la degradación y la afectación de todo aspecto que las constituye en personas. Esto es debido a que el entorno virtual es un espejo de las relaciones de poder que en el mundo analógico padecemos o -dicho en otros términos-, las relaciones representativas de discriminación, subordinación, ejercicio de poder y violencia en múltiples aristas.

Dentro de las propuestas planteadas a partir de esta premisa, la Fundación Activismo Feminista Digital se ha expresado firmemente en toda oportunidad, sobre la necesidad de un Estado nacional que atienda mediante políticas públicas acordes y expeditas, a la problemática de la violencia de género digital y telemática. Uno de sus informes recientes, refleja las primeras estadísticas que se han hecho en el país dando lugar a la visibilización del impacto que supone este flagelo en la vida de las mujeres argentinas. El informe 2018 se encuentra ya en ejecución por parte de la Fundación y anticipa un cuadro más preocupante que el del año pasado, lo que ratifica la exigencia al Estado Argentino de aggiornar el marco normativo de Protección Integral hacia las Mujeres, comprendiendo necesariamente el desenvolvimiento digital de éstas como parte del ámbito de tutela planteado en la Ley.

Un posicionamiento firme en la lucha contra la violencia digital hacia las mujeres, deviene de sumo interés para nuestro país en vanguardia respecto del abordaje mundial de esta problemática. "Parece casi evidente que los ciudadanos del mundo virtual (los cibernautas persona natural, jurídica, patrimonio de afectación, universalidad, cargo o centro de imputaciones de efectos jurídicos) no cuentan hoy con instrumentos jurídicos suficientes capaces de proteger sus derechos con algún grado de eficacia. Todavía puede decirse que, en buena medida, Internet es una tierra de todos y de nadie." .

La falta de identificación de algunos de los fenómenos que se producen como violencia en este ámbito y, consecuentemente, la falta de una respuesta acorde es el gran problema a franquear. Entre las características que componen a la violencia en Internet hacia las mujeres debemos hablar de:

- Potencial ampliación de agresores: La capacidad de la violencia en Internet para llegar a infinitas audiencias, con una probable reproducción y agravamiento del daño sobre la víctima logra que no sólo el agresor primario sea quien lesione sus derechos sino también la fracción de la sociedad que ratifica y avala sus actos, y en gran parte de los casos, adiciona nuevos componentes lesivos propios.

- La incognoscibilidad o anonimato: La utilización de técnicas informáticas para obstaculizar o impedir la individualización del agresor, que repercuten en la víctima de forma disvaliosa aumentando su sensación de vulnerabilidad, desprotección y absoluto desamparo. Desde la óptica del agresor, esto significa una facilitación para el avasallamiento de la víctima en el sentido no sólo de la ventaja en que se coloca sino porque es dable que no operen en él los mecanismos socioculturales y psicológicos de freno, culpa o incluso limitación (frente a la mirada de la comunidad y del Estado) sino por el contrario, que la violencia sea motivada por la sensación de impunidad, lo cual resulta en todos los casos un agravante del cuadro del ejercicio de poder. La fuerza física o el tamaño del agresor no afecta: como consecuencia del anonimato, los acosadores digitales no tienen que ser más fuertes físicamente que sus víctimas .

- Redefinición del factor temporoespacial: La violencia hacia las mujeres cuando lo es a través de Internet, es ejercida en cualquier lugar y en cualquier momento; la movilidad, ubicuidad y conectividad que proponen las TIC altera todo límite de tiempo y espacio y ello tiene dos efectos: la omnipresencia del agresor y la permanencia en el tiempo de la violencia (el contenido digital es imperecedero), trascendiendo incluso fronteras geográficas. La víctima de violencia en este ámbito verá cómo la huella de la violencia que contra ella se ejerce perdura por siempre en el ciberespacio y es potencialmente resurgida -incluso recrudecida- en el futuro y en cualquier otro lugar donde residiera. La víctima no puede entonces escapar: vaya a donde vaya padecerá la violencia y no solo ahora, sino quizás también en adelante. El hogar ya no es un refugio ni la mujer podrá evadirse de la atemporalidad.

De esta forma, es momento de determinar que las conductas dañosas en Internet o mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que lesionan derechos tienen especial impacto en las mujeres por ser integrantes de un colectivo históricamente desaventajado y postergado. Lo que encuadra a esta discusión es, sin más, la perpetración de la violencia machista en los entornos virtuales. La necesidad de establecer legalmente el marco de reconocimiento de la existencia de una violencia digital hacia las mujeres (como tipo) y de una violencia telemática (como modalidad) se impone.

El móvil de la violencia es el ataque, menoscabo o destrucción de los espacios digitales donde habitualmente esa mujer se proyecta como persona, con el único propósito de generar un daño a la mujer o a las mujeres como colectivo; no hay rédito económico.

Y los principales embates digitales sufridos por las mujeres son: la intrusión a sus cuentas personales en distintas plataformas (hackeo), la difusión no consentida de material íntimo donde la mujer está representada erótica o sexualmente; las humillaciones, los insultos; los "linchamientos digitales" propios de las redes sociales; las amenazas en cualquier forma que conminen a la obediencia o sumisión; la cosificación; la explotación de su imagen; la publicación no autorizada de sus datos personales; y la suplantación de identidad.

No debemos dejar de lado que la enumeración es tan sólo ejemplificativa porque la violencia machista en Internet y a través de las TIC adquiere nuevas formas todo el tiempo y recrudece velozmente, por lo que cualquier otra conducta que represente un real menoscabo al libre acceso y desenvolvimiento de las mujeres en los entornos virtuales y ciberespacio, también terminará constituyendo un ataque hacia la dignidad digital de las mujeres. El rápido desarrollo de la tecnología y espacios digitales -incluida la inteligencia artificial- puede dar lugar a diferentes y nuevas manifestaciones de violencia de género. El marco normativo debería ir adaptándose.

Así es como lo nutritivo del entorno digital se vuelve destructivo cuando en él se abren paso la violencia machista y los roles de género. Ello puede darse por: 1) el ingreso de un varón, con ánimos de reproducir violencia machista o bien 2) la mujer, al adquirir confianza en el entorno digital a causa del efecto de la "cámara de eco" , se aventura hacia otros entornos digitales heterogéneos. En estos casos la mujer es remitida a su lugar de integrante de un colectivo históricamente desaventajado y postergado.

Nuestro ordenamiento otorgó rango constitucional a las acciones afirmativas con la última reforma, luego de asumir compromisos internacionales donde se reconoce la desigualdad estructural que afecta a las mujeres en tanto integrantes del colectivo. El Estado argentino asumió la desigualdad estructural que afecta al colectivo de mujeres y reorientó su política desde una igualdad formal hacia la búsqueda de una igualdad material.

Las desigualdades estructurales originadas por la distribución desigual de poder conceptualizada como "género" se reproducen a causa de patrones histórico-sociales y culturales, siendo indiferente el entorno donde ello ocurra. Por lo tanto, la existencia de un entorno sin que exista una intervención del Estado que trate de desarticular o desmantelar los patrones que generan desigualdad, abandona a las mujeres a su suerte: es decir, sin protección eficiente alguna. En este contexto, pretender esgrimir la "libertad de expresión" como barrera a la regulación de los derechos digitales de las mujeres es jurídicamente insuficiente por dos razones:

1) En primer lugar, deben considerarse los efectos que tiene el desarrollo de una libertad de expresión en un ambiente estructuralmente desigual. Cuando una mujer recibe un ataque a sus derechos digitales, el efecto es la privación o menoscabo de ese derecho. Ello puede ocurrir por la por acción directa del agresor o por autoexclusión de la mujer, como medio de preservación o defensa. Por lo tanto, en esta instancia, donde la estructura balancea la libertad más hacia un lado que al otro, no es dable proteger el derecho de quien ya tiene al sistema entero a favor y por tanto el Estado, en el cumplimiento de los compromisos internacionales y constitucionales relacionados a las acciones afirmativas, deberá desmantelar las estructuras de desigualdad en perjuicio de las mujeres.

2) No debe perderse de vista que la libertad de expresión es un derecho que se inserta en el marco del ordenamiento jurídico argentino, debiendo ser encauzado o guiado por sus principios. En este orden de ideas, mientras que la libertad de expresión es un derecho, la igualdad material se constituyó en un principio del ordenamiento jurídico. Es

decir, la libertad de expresión debe ser guiada por este principio y contribuir a la consagración de la igualdad material para las mujeres.

Sin perjuicio de lo dicho, atendiendo a la importancia que tiene el libre desarrollo de la libertad de expresión en las sociedades democráticas, cabe mencionar que la sanción de una ley para proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres cumple con los estándares de legalidad estricta y de necesidad, exigidos a nivel interamericano para la regulación de derechos comprendidos en la Convención Americana. Puede advertirse consecuentemente que no existen razones jurídicas para incurrir en la omisión de legislar en materia de derechos digitales de las mujeres. Incluso es oportuno decir que su regulación es un deber del Estado argentino, asumido a nivel constitucional-convencional.

Conforme lo planteado, debe reconocerse a la violencia digital como un tipo de violencia contra las mujeres, ya que impacta directamente sobre un cúmulo de derechos específicos: los derechos digitales. Por esta razón, es necesario su tratamiento específico y delimitación conceptual: ataca puntualmente la dignidad digital y la identidad misma de la mujer en los entornos virtuales mediante la afectación de derechos tales como el acceso a la información, la libre expresión digital, la neutralidad en la red, la identidad digital, la privacidad y el anonimato, el derecho al olvido, la reputación digital, etc.

Por lo demás, la víctima se ve obligada a sortear dificultades como el anonimato de los agresores, la viralización propiciada por la sociedad que extiende los daños incluso extra-geográficamente del entorno de la víctima y la permanencia total en el tiempo de todo contenido dañoso.

La violencia digital puede perpetrarse de distintas formas, entre las cuales se encuentran la difusión no consentida de material íntimo, la suplantación de identidad, la sextorsión, los discursos de odio misóginos en las distintas plataformas virtuales, el acceso indebido a sus perfiles en redes sociales, el acoso digital, la divulgación de datos personales sin consentimiento (doxing), la obstaculización o exclusión en el acceso, permanencia y desarrollo en el ecosistema digital (brecha digital de género), entre muchos otros.

La dignidad digital y la libertad digital son la base para el reconocimiento del plexo de derechos digitales. Ambos conforman la columna vertebral del cúmulo de derechos a proteger mediante la determinación legal de la "violencia digital".

La primera, por ser el principio fundamental y regente que permite vivir y desenvolverse en el mundo virtual y por tal es un "derecho-rey", de donde se desgranan los siguientes: el derecho al anonimato; el derecho a cambiar de vida; el derecho a gestionar múltiples identidades (avatares o dobles virtuales especializados, que agreguen datos personales propios); el derecho a utilizar un alias virtual sin referencia a la verdadera identidad; el derecho a un domicilio virtual; y el derecho a la transparencia, en el sentido de "no me harás nada que yo no haya comprendido".

La segunda, por significar el libre desenvolvimiento de la mujer en el ecosistema digital sin injerencias arbitrarias, asegurando al ámbito virtual como otro más de la vida para su autorrealización sin ser su género una situación de riesgo o limitación, ya que el mismo brinda oportunidades de potencial plenitud económica, política, emocional, psicológica, etcétera, de suma importancia en la era digital.

La libertad para habitar el espacio virtual, donde las mujeres puedan construir su identidad digital según su deseo, implica poder experienciar y expandir su subjetividad de manera segura y fluida. Así, los entornos virtuales resultan espacios hoy vitales también para ir satisfaciendo las necesidades del colectivo, desde las más básicas a las más complejas que conducen sin dudas al alcance de la autorrealización.

Hilado con lo antedicho, la identidad digital es la proyección que cada cibernauta realiza de su propia existencia virtual y por ello merece asimismo una tutela específica donde nadie más que la interesada constituya, con la información voluntariamente proporcionada a la web, su conjunto de rasgos y caracteres específicos que la distingan de otras personas en la Red.

La identidad puede asociarse con la identidad "offline" en punto al nombre de pila, género, lugar de residencia y datos biométricos pero se reconoce en el entorno virtual también mediante componentes digitales que no necesariamente se vinculan a la persona física: contraseñas, nombres de usuaria, avatar, algoritmos de las claves públicas y privadas, búsquedas de información. Estos "rastros digitales" también conforman la identidad digital, que además tiene caracteres propios; es: social, subjetiva, valiosa, referencial, compuesta, dinámica y contextual. Todo ello amerita una tutela diferencial respecto del tradicional derecho a la identidad ya reconocido.

La reputación digital está estrechamente ligada con la identidad digital ya que es la percepción por terceres en el plano virtual, o sea de la expresión asumida por la internauta para su desenvolvimiento en Internet; en otras palabras, es la consideración pública de la individua que por tal no deviene ni accesoria ni prescindible para comprender al ser en su conjunto. Por ello mismo cualquier afectación a la identidad digital conlleva una vulneración directa a la reputación digital y viceversa, entendiendo como agravante de cualquier forma de violencia digital hacia las mujeres, su carácter de "acumulativa en el tiempo".

No puede negarse la importancia de estos derechos en la dignidad digital de las mujeres; la proyección que cada una realiza de su identidad debe poder ser voluntariamente elegida, dando a conocer solo aquello que cada una considere pertinente. Los contenidos de la esfera privada de ninguna forma deben ser considerados como información pública sin resultar ello altamente dañoso.

Así es como la privacidad y la intimidad digitales, a la par de la protección de los datos personales de las mujeres, se imponen dignos de tutela legal en el orden que se plantea respecto del resto de los derechos señalados. De igual forma la "autodeterminación informativa", entendida como la facultad de toda internauta para ejercer el control sobre la información personal que le concierne, contenida en registros públicos o privados, especialmente los almacenados en medios informáticos, es un derecho que debe receptarse expresamente en el cuerpo normativo sub examine.

Luego de un racconto básico de algunos de los derechos digitales que vulnera la violencia digital hacia las mujeres, es dable destacar la importancia de la determinación de ésta última como uno de los tipos de violencia contemplados en el art. 5 de la Ley 26485.

Ahora bien, el tratamiento legislativo debe ser distinto cuando nos referimos a los actos de violencia que resultan en la afectación de derechos "clásicos" - o los ya reconocidos previamente a nivel legal y/o constitucional- pero en el entorno virtual, ya que en ese caso estamos en presencia de una modalidad de violencia: la telemática.

La diferencia entre "tipo" y "modalidad" de violencia hará que se entienda como "digital" a la violencia que impacta sobre cierto cúmulo de bienes y derechos (los digitales), y como "telemática" a la órbita donde se perpetre la afectación de otros múltiples derechos y que en su mayoría importará la reproducción de una o varias de las violencias

contempladas en el art. 5º de la ley en estudio. En ambos casos, el tratamiento adecuado y la incorporación a la norma importarán una órbita de protección hacia las mujeres que hoy en día no encuentra asidero legal alguno en el Derecho argentino.

El objeto de la presente reforma encuentra sustento en la exigencia de que la violencia digital como tipo y su modalidad telemática dejen de pertenecer en la esfera de lo "no atendible", "superficial" o "pasajero" -lo que impacta directamente en la concientización social - y se vean contempladas como problemáticas reales en un instrumento de protección para las mujeres, del cual éstas puedan valerse ante actos y conductas machistas con impacto altamente dañoso como los que padecen en los entornos digitales.

Es importante incluir una definición de violencia de género digital que contemple la exclusión de las mujeres en el acceso y aprovechamiento de las TIC (brecha digital de género); las diversas agresiones sufridas a través de las tecnologías (acoso, difusión de material íntimo, etc), y todas aquellas situaciones que conducen a que las posibilidades de desarrollo en la era digital, sean inequitativas. Y aquí es donde - adicionalmente-, resultan en un grupo "híper vulnerable", las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad . La confluencia de distintas estructuras discriminatorias en cabeza de la misma persona generan una afectación grave al ejercicio de sus derechos humanos.

Por ejemplo, los datos que ilustran las brechas de acceso y de uso en las Tecnologías de la Información y Comunicación que afectan a las mujeres, son producidos en base a un indicador promedio - entendiendo que las representantes de todo el colectivo están en igualdad entre sí- y ello no contempla que las mujeres adultas mayores y mujeres con discapacidad sufren ambas brechas de una manera más dramática que una mujer joven sin discapacidad.

Es necesario entonces volver sobre la idea que la consagración de los derechos digitales viene a tener lugar en el marco de estructuras desigualitarias. Es decir, las mujeres adultas que hoy no son vulnerables pero que no están desarrollando sus habilidades en el entorno digital o no tienen acceso a las TIC, en unos años serán un sector "híper vulnerable", es decir en peores condiciones de vulnerabilidad aún. No considerar el impacto

que a futuro puede tener la falta de previsión normativa al respecto, pone al Estado en el riesgo de acrecentar la cantidad de personas híper vulnerables. Para las mujeres con discapacidad el impacto es mucho mayor, puesto que sus barreras de acceso están relacionadas a la falta de perspectiva en el diseño de la tecnología.

Asimismo, el Estado argentino debe tener especial consideración en el rol que las TIC desempeñan para las mujeres migrantes o refugiadas. El acceso y uso de las TIC para ellas puede significar el único contacto con sus vínculos familiares y culturales. El poder ejercer sus derechos digitales de manera libre para estas mujeres implica la posibilidad de continuar con su autorrealización en la medida de lo posible, a pesar de su desapego territorial y afectivo.

Una reforma contemplativa de las cuestiones interseccionales dentro de la población de mujeres en Argentina, se impone para alcanzar el resultado de una norma marco con real perspectiva de género.

Por último y atento lo expuesto, se resalta que la población sufre violencia cuando no tiene acceso a la educación digital, y por ello también se contempla este derecho como cercenado dentro de la "violencia digital". El silenciamiento y la autocensura como formas de autoexclusión frente al desconocimiento en el manejo de TIC implican la aniquilación de las mujeres como sujetas con autodeterminación informativa digital. Esta última definición es más amplia y se relaciona con los derechos humanos y la justicia social.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de ley.-

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El Senado y Cámara de Diputados... MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.485 Artículo 1°.- Incorpórase como inciso l del artículo 3° de la Ley 26.485 al siguiente: "l) La dignidad digital entendida como cualidad de valor o estima que le es inherente a toda mujer como persona humana en el entorno virtual.".

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Links a conferencias y videos útiles (género)

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Interiorizarse sobre las discusiones actuales en relación a mi temática de trabajo.

Link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1_7FqPZ2gagoxidGV72Ix1FvZxCW3Jh5i

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2. Links a conferencias y videos útiles (género)

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Existen portales que envían jurisprudencia penal novedosa y de actualidad.

Por ejemplo: Ministerio Público de la Defensa: https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/

Se puede requerir la suscripción a jurispridencia@mpd.gov.ar

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La Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia es responsable de las actividades de formación, actualización y perfeccionamiento que se realizan en el Ministerio Público de la Defensa. Su proyecto pedagógico se apoya en el empleo de diferentes estrategias; entre ellas, gestiona un ecosistema profesional en el que promueve la circulación y la producción de información jurídica con perspectiva de derechos humanos. En ese marco, el presente repositorio pone a disposición de toda la comunidad la selección y recopilación de jurisprudencia y otros materiales jurídicos producidos por el Ministerio Público de la Defensa.

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REPOSITORIO DE CAPACITACIÓN Y JURISPRUDENCIA: Página de inicio

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La Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia es responsable de las actividades de formación, actualización y perfeccionamiento que se realizan en el Ministerio Público de la Defensa. Su proyecto pedagógico se apoya en el empleo de diferentes estrategias; entre ellas, gestiona un ecosistema profesional en el que promueve la circulación y la producción de información jurídica con perspectiva de derechos humanos.

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Carátula y estructura de la nota a fallo.

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Carátula y estructura de la nota a fallo.

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Portada

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