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La corrupción en el Perú

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😡 ASÍ SE INICIÓ LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ 😡 | ¿Tendrá un final?

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(Martin Mejia / Associated Press)

La fiscalía general peruana anunció el miércoles que ampliará su investigación por presunta corrupción a la presidenta Dina Boluarte y a un polémico gobernador que supuestamente le habría prestado tres relojes de lujo y una pulsera de oro para que ella lo usara sin pedir nada a cambio.

Boluarte ya era investigada desde marzo por presunto enriquecimiento ilícito luego de que usara tres relojes marca Rolex y una pulsera de oro con incrustaciones de diamantes sin declararlas, una obligación por ser funcionaria. En esa indagación, el gobernador de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sólo es testigo.

La fiscalía indicó en su cuenta de X, antes Twitter, que el nuevo delito por el que Boluarte será investigada es cohecho pasivo impropio, que ocurre cuando un funcionario acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente un donativo o beneficio indebido para hacer un acto propio de su cargo.

Por su parte, Oscorima será investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico, que se produce cuando se ofrece, da o promete a un funcionario un donativo o beneficio para que realice u omita actos en contra de sus obligaciones con o sin faltar a su obligación.

Ambos delitos de cohecho, también llamados sobornos, son variantes del delito de corrupción en la ley peruana.

Más temprano el poder judicial anunció que Boluarte y el gobernador pidieron declarar infundada la incautación de los relojes de lujo y la pulsera realizada hace dos semanas por la fiscalía. La decisión se tomará el próximo 2 de mayo en una audiencia virtual.

Boluarte dijo a la prensa a inicios de abril que los relojes Rolex se los había prestado su "amigo" el gobernador sin pedir nada a cambio. Las declaraciones de la mandataria ocurrieron tras un silencio de casi un mes luego que el medio local "La Encerrona" evidenció, analizando miles de fotografías de la casa presidencial, que la presidenta usaba joyas sin mencionarlas en sus declaraciones juradas obligatorias.

La mandataria no ha vuelto a declarar a la prensa y el 92% de los peruanos no cree la versión de Boluarte, según una reciente encuesta nacional de abril de la firma Datum Internacional.

Por su parte, Oscorima ha cambiado de versión varias veces. Mientras la presidenta estuvo en silencio, dijo a periodistas que no había regalado relojes a Boluarte. Luego aseguró que había comprado un Rolex igual al que usaba la mandataria para una persona "muy querida" que no era Boluarte. Tras la declaración presidencial la defensa legal del gobernador afirmó que Oscorima sí ha prestado los relojes y la pulsera.

La AP ha buscado una entrevista con el gobernador, sin obtenerla hasta el momento.

Interrogado por la fiscalía a inicios de abril, Oscorima ha guardado silencio y, a su salida, un grupo de personas lo llamaron "ratero". En su región se presentó en un acto público rodeado de policías y algunos asistentes le pidieron a gritos que a ellos también les regale un reloj de lujo.

Boluarte afirma que Oscorima "fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía", en referencia a su apoyo al inicio de su mandato, a fines de 2022, en medio de las protestas que hasta marzo de 2023 dejaron 49 civiles muertos y 1.700 heridos en medio de choques contra la fuerza pública, según la Defensoría del Pueblo.

La primera presidenta desde que Perú logró su independencia en 1821 también tiene otra denuncia fiscal por homicidio calificado y lesiones graves en relación con los fallecidos durante las protestas que exigían su renuncia. En Perú un presidente no puede ser enjuiciado ni detenido durante su mandato.

La mandataria, de 61 años, tiene una popularidad en abril de apenas 7% y un rechazo de 88%, según la firma Datum Internacional, uno de los índices más bajos en dos décadas. A inicios de año Boluarte señaló que dejará el poder en 2026 "por la puerta grande" y con "las manos limpias".

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Fiscalía de Perú investiga por presunta corrupción a presidenta y gobernador en caso relojes Rolex

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La fiscalía general peruana anunció el miércoles que ampliará su investigación por presunta corrupción a la presidenta Dina Boluarte y a un polémico gobernador que supuestamente le habría prestado tres relojes de lujo y una pulsera de oro para que ella lo usara sin pedir nada a cambio.

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Lo buscamos en un foro de noticias amarilisitas y de creación de chismes como palabras pusimos ´´falso´´ ´´rumor´´

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Asesinan a Pedro Castillo y hieren de gravedad a niño venezolano

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Pistoleros en moto atacaron a hombre cuando salía de su casa, en Santa Anita. Ataque sería por obras de construcción. Bala perdida cayó en el tórax a pequeño de 10 años que caminaba por la zona.

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Por: Equipo Anticorrupción Idehpucp (*)

La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Una manera de medir la incidencia de la corrupción en un país es a través del índice de percepción. Si bien esta medición puede reflejar cierta subjetividad, es importante tenerlo en cuenta. Por ello, se presenta a continuación datos actualizados sobre la posición del Perú y la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción.

De acuerdo al Barómetro de las Américas de Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal problema, por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros. Ese mismo resultado se registró, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2020), en el semestre octubre 2019 - marzo 2020, cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%. Además, revisando los informes previos de esta última institución, se aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú.

Por otro lado, también se tiene el índice de percepción de corrupción del público general y expertos académicos en las instituciones públicas. Por ejemplo, la ausencia de corrupción en los poderes públicos, de acuerdo con el aumentó en algunos sectores y disminuyó en otros, respecto del reporte del año 2019. En el caso del Poder Ejecutivo, varió de 0.40 a 0.37. En el Poder Judicial varió de 0.41 a 0.44. En la Fuerza Pública varió de 0.38 a 0.39. En el Poder Legislativo varió de 0.16 a 0.13. Respecto a la ausencia de corrupción en la justicia civil y penal, esta varió de 0.38 a 0.37 y de 0.30 a 0.32, respectivamente.

En cuanto a las instituciones que conforman el sistema judicial, de acuerdo con el INEI (2020), en el periodo octubre 2019 - marzo 2020, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. A diferencia del periodo julio - diciembre 2019, en el que un 73% de los encuestados señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.5% desconfía del Poder Judicial, un 71.2% manifiesta no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 67.4% dice no confiar en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (INEI, 2020). Lo cual nos muestra que no se han dado cambios sustanciales respecto a los bajos niveles de confianza en las instituciones del sistema judicial en ambos periodos.

Estos datos documentan de manera preocupante que la ciudadanía aún desconfía de ciertas instituciones públicas y evidencia que por delante queda un largo recorrido para fortalecer la legitimidad de las mismas.

Asimismo, de acuerdo con la encuesta realizada por Proética en el 2019, el Congreso de la República con 76%, el Poder Judicial con 47% y los partidos políticos con 31% fueron percibidos como las instituciones más corruptas. Cabe tener en cuenta que en la encuesta realizada en 2017 la percepción de instituciones más corruptas era: Poder Judicial, 48%; Congreso de la República, 45% y a Policía Nacional del Perú, 36% (Proética, 2017). Así, se ve que ante la ciudadanía las dos primeras instituciones se mantienen como las más corruptas y que incluso ha aumentado el nivel de percepción de corrupción en ambas. Y es particularmente alarmante la cifra relativa al Congreso de la República. Frente a ello, es importante mencionar que las instituciones con un alto porcentaje de percepción de corrupción no son iguales en todas las regiones. Por ejemplo, en la sierra las municipalidades son percibidas como corruptas por el 32%; por otro lado, los gobiernos regionales son percibidos como corruptos por el 31% en la sierra y por el 32% en la selva (Proética, 2020). Además, hay que indicar que, según el Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, el 95% de los encuestados afirma que la mitad o más de los políticos se encuentran involucrados en actos de corrupción, lo cual convierte al Perú en el país con el porcentaje más alto de percepción de los políticos como involucrados en corrupción.

Por otro lado, respecto a la victimización de casos de corrupción en la ciudadanía, en el periodo octubre 2019 - marzo 2020, siguiendo a lo mencionado por el INEI, el 3.7% de los hogares consultados señalaron que a algún miembro familiar le solicitaron o se sintió obligado a dar regalos, propinas, sobornos, coimas al realizar gestiones o demandar servicios en las instituciones públicas. Asimismo, de acuerdo con la encuesta realizada por Proética en el año 2019, un 13% de las personas aseguró haber pagado coimas y la mayoría de ellas dijo haberlas pagado a la policía. Además, según el Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, un total de 26.3% señala haber sido víctima de corrupción en el año 2019; sin embargo, de acuerdo con Proética (2019) se observa que existe una alta tasa (91%) de no denuncias del pedido de coimas siendo el principal motivo la falta de confianza en que las autoridades hagan algo efectivo al respecto.

Estos datos documentan de manera preocupante que la ciudadanía aún desconfía de ciertas instituciones públicas y evidencia que por delante queda un largo recorrido para fortalecer la legitimidad de las mismas. Es importante que el Estado peruano siga realizando esfuerzos para incluir e involucrar a la ciudadanía como un medio de control contra la corrupción en el sector público del país.

[1] El trabajo de campo para la última ronda del Barómetro de las Américas inició a finales de 2018 y continuó durante el verano de 2019. La presente ronda incluye 20 países. La base de datos completa de esta ronda incluye más de 31,000 entrevistas, realizadas en áreas urbanas y rurales.

[2] La escala de medición va de 0 a 1, donde 1 indica la mayor ausencia de corrupción.

LAPOP. (2020). Cultura política de la Democracia en el Perú y en las Américas, 2018/19:

Tomándole el pulso a la Democracia (Mayo 2020). Latin American Public Opinion Project.

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La percepción de la corrupción en el Perú en los últimos años - IDEHPUCP

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Por: Equipo Anticorrupción Idehpucp (*) La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las instituciones públicas. Una manera de medir la incidencia de la corrupción en un país es a través del índice de percepción.

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revista del poder judicial del perú; revista de derecho lima; revista justicia peru; revistas poder judicial

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La corrupción en el Perú: situación, respuestas y resultados | Revista Oficial del Poder Judicial

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Para buscar esta información la hice por scielo al ser un buscador formal solo puse las palabra de filtro ´´peru´´ corrupcion´´

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Artículo original

El poder de la comunicación: medios, política y ciudadanos

The power of communication: media, politics and citizens

El artículo presenta los complejos escenarios vinculados a la comunicación pública contemporánea en un contexto de concentración mediática. El objetivo del estudio es analizar los elementos que configuran estos escenarios tales como la comunicación y la política, los poderes fácticos, el poder de la comunicación mediática, el periodismo y la democracia. Aplicando la metodología del monitoreo de medios en tres medios digitales de periodismo de investigación se destacan los casos más sonados vinculados a la problemática de la corrupción en el Perú. Los resultados muestran que cuando la agenda de noticias incluye el seguimiento de casos se puede profundizar en estos, aunado a una narrativa periodística con énfasis en la democracia. Se concluye que cuando el periodismo practica valores esenciales como el servicio público y la verdad logra hacerle frente a la corrupción y a los monopolios mediáticos a través de un discurso ciudadano.

Palabras clave: Medios; periodismo de investigación; política; comunicación; ciudadanía

The article presents the complex scenarios linked to contemporary public communication in a context of media concentration. The objective of the study is to analyze the elements that make up these scenarios such as communication and politics, factual powers, the power of media communication, journalism and democracy. Applying the methodology of media monitoring in three investigative journalism digital media, the most notorious cases linked to the problem of corruption in Peru are highlighted. The results show that when the news agenda includes the follow-up of cases, these can be deepened, together with a journalistic narrative with an emphasis on democracy. It is concluded that when journalism practices essential values such as public service and truth, it manages to confront corruption and media monopolies through citizen discourse.

Keywords: Media; investigative journalism; politics; communication; citizenship

Introducción

En las primeras dos décadas del siglo XXI, la comunicación se ha convertido en el campo de batalla por el poder de las representaciones sociales en los ámbitos mediático y político; en esta dimensión pública, lo que está en pugna es la formación de la opinión pública y la búsqueda de la verdad entre los actores políticos y los medios. Las representaciones sociales a través de "la espectacularización de las noticias, la telebasura o el infoentretenimiento y la crisis de la prensa" pueden ser desconcertantes y desorientadoras a razón de las noticias falsas, el sensacionalismo y los comentarios tendenciosos que difunden los medios tradicionales y digitales (Gómez Mompart et al., 2013; Valdez-López; Romero-Rodríguez; Hernando, 2020). La banalización de las informaciones y el tratamiento periodístico sin valores democráticos afectan la formación de una cultura política, en el sentido que cuando los medios de corte popular por ejemplo hablan de corrupción, lo hacen sin distinguir muchas veces la buena política y la necesidad de la ética para una buena gobernanza.

En América Latina diversos conglomerados económicos han conformado corporaciones y concentrado empresas mediáticas. A esta forma de "ejercicio pragmático del poder" los investigadores mexicanos Guerrero y Márquez (2014) han denominado "El modelo liberal capturado de sistemas mediáticos, periodismo y comunicación en América Latina". En el Perú, el grupo El Comercio concentra el 80% de los medios, entre ellos están los medios populares de mayor circulación en el país.

La concentración de medios limita la participación del público. Los ciudadanos no aparecen en las coberturas mediáticas como actores referentes, por el contrario son presentados como actores pasivos subalternizados, subrepresentados o estereotipados (Arrunátegui, 2010; Tamarit; Quintana y Plaza, 2011), en agendas muy centralizadas en las ciudades capitales, que no llegan a cubrir los temas de las regiones o provincias (Observatorio Universitario de Medios, 2018, 2020).

Sin embargo, a manera de contraposición, han surgido en el Perú medios de periodismo de investigación independientes, como IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público que se han especializado en un discurso democrático para develar casos de corrupción entre políticos y empresarios vinculados con las altas esferas del poder estatal. Se menciona aquí lo del "discurso democrático" porque este tipo de discurso está relacionado con el valor por el servicio público y la defensa de la verdad y la justicia en el periodismo (Rodríguez, 2011). El papel del periodismo de investigación en Perú como parte del contrapoder comunicacional frente a los medios concentrados se convirtió entre los años 2017, 2018, y 2019 en un factor de alerta y denuncia frente a la corrupción política.

Por otro lado, se identifica cada vez más que la presencia de los medios en la vida cotidiana es relevante, pues como "instituciones generadoras de mensajes, buscan influir en la opinión pública a través de noticias y entretenimiento" (McQuail 2000; Jensen, 2014). Con lo cual se observa que la vida social como parte de la globalización está fuertemente tematizada por los medios. Considerando esta perspectiva, el objetivo del estudio es analizar los elementos que configuran los escenarios de la comunicación pública contemporánea en un contexto de concentración mediática.

Marco teórico

Comunicación y política

En el contexto del desarrollo tecnológico a escala global, los medios pueden ser vistos como instrumentos de información y telecomunicación masiva (Mora-Figueroa, 2009), pero también como actores sociales y políticos, con capacidad y poder, para definir y controlar la visibilidad pública de los actores estratégicos que destacan o pueden incidir en la realidad social y la opinión pública. Se empieza a observar una influencia preponderante de los medios en la política y viceversa, de la política en los medios, una tendencia que en Latinoamérica se presenta en realidades donde la economía de mercado tiene gran presencia con fuertes mercados de capitales, donde los gobiernos tienden a ser populistas, pero autoritarios y la democracia es frágil.

En dicho contexto, alentar la inversión privada y el crecimiento económico no representan inconvenientes, al contrario, forman parte de las lógicas de desarrollo del mundo actual, el problema se presenta cuando se generan monopolios y alianzas políticas a favor de los gobiernos, o en contra de ellos, con una marcada oposición, que limitan el pluralismo, centralizan la información y proyectan desequilibrio informativo.

Se puede apreciar que las empresas periodísticas y los sistemas de telecomunicación relacionados con la política están generando dinámicas, espacios y estilos de gobernar que tienen que ver con el poder actual que ejercen los medios y la política sobre la opinión pública.

Quizás la batalla por el poder sea la expresión que mejor refleje el sentido de las relaciones, en algunos casos, relaciones estrechas, entre los medios y la política (Becerra y Mastrini, 2009) y esto debido a que tanto los medios como la política buscan, en el campo de las comunicaciones masivas, influir en las dinámicas del mercado, el ejercicio de la política, la democracia, pero sobre todo buscan incidir en lograr algún tipo de influencia sobre aquello que los públicos pueden pensar y ver de la realidad social y la lucha por la hegemonía.

El poder de los medios radica en que estos desempeñan un importante papel en la "configuración" de la memoria social (Silverstone, 1999). Una de las fuentes de poder de la prensa es la habilidad para construir narraciones con fuerza que enfocan los incidentes de forma memorable y apuntan hacia significados más extensos (Canel y Sanders, 2005).

La comunicación y la política se entrecruzan en pos de la opinión pública, pero la política necesita de la comunicación para dar a conocer sus "discursos", lo cual le permite construir "imágenes de poder" y "propaganda" en la sociedad actual; que se caracteriza por ser una democracia de masas, y ese rol comunicativo que antes lo cumplían los literatos, artistas y otros intelectuales es asumido prioritariamente por los medios de comunicación y sus operadores -los periodistas, encuestadores y opinólogos- , cuyos relatos son una mixtura de "información, opinión y moralización", que por lo demás, tendría efectos inéditos en la fragmentación de la legitimidad política, y con ello, su desinstitucionalización" ().

Según Denis de Moraes et al. (2013) el discurso neoliberal y su gran influencia en el plano ideológico, se vale de los medios para redefinir y tomar posesiones de sentidos y significados, a partir de sus ópticas interpretativas, pero también de interés. De esta manera, se estaría asistiendo a la consolidación de unos procesos ideológicos, pero también semánticos, desde los medios para lograr influir en la política, en su agenda gubernamental, en las orientaciones y medidas estatales y económicas en la que se maneja la cosa pública.

Poderes fácticos

Los poderes fácticos aparecen en las transformaciones de la sociedad moderna como parte de la era de la globalización y se dan a conocer como un nuevo tipo de actor social, emergiendo como entidades o actores que procesan las decisiones propias de un régimen político, al margen de las reglas del juego democrático.

En su artículo sobre los Poderes fácticos, comunicación y gobernabilidad: un acercamiento conceptual, Aceves (2013) contextualiza la realidad de los poderes fácticos y sus efectos en las democracias latinoamericanas a través del documento, la democracia en América Latina (PNUD, 2004). En el trabajo se comenta que junto al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el poder real suele residir en instituciones a las que las normas asignan otras funciones como las Fuerzas Armadas o en grupos que no forman parte del orden político-institucional tales como familias tradicionales, grupos económicos y otros.

En dicho documento una serie de líderes consultados, entre ellos ex presidentes de Estado, indican que existen riesgos susceptibles que pueden limitar o amenazar el orden democrático a los medios de comunicación, y esto porque se les reconoce (a los medios) su capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación de denuncias (PNUD, 2004). Aceves hace hincapié en que, actualmente los medios de comunicación en manos de grupos económicos no subordinados al poder político se han constituido en un poder fáctico de enorme influencia.

Los poderes fácticos están constituidos por empresarios, medios de comunicación, organismos internacionales, iglesias y sindicatos -explica Aceves-. Además de ser instrumentos de difusión y comunicación masiva, los medios tienen un estatus como actores sociales y políticos con capacidad de incidir en la gobernabilidad, y en la visibilidad pública de los demás actores estratégicos, ese control de la visibilidad es lo que le da un "plus" a los medios de comunicación frente a los demás actores sociales.

Los medios cumplen un papel importante en la definición del tipo de gobernabilidad. Esto quiere decir que a cada tipo de gobernabilidad le corresponde un modelo de comunicación masiva. A una gobernabilidad de arriba hacia abajo, con gobiernos que buscan encuadrar dentro de sus propuestas las demandas sociales se le ha denominado buen gobierno o gobernanza (en un sentido de mal uso de los términos buen gobierno y gobernanza), y le corresponde un modelo vertical y unidireccional de comunicación, con una autorregulación estricta de los contenidos informativos.

Por otro lado, y en contraste, existe la gobernabilidad democrática, que se caracteriza por una deliberación de abajo hacia arriba, que incluye la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la definición de las políticas públicas, a este tipo de gobernabilidad le corresponde un modelo comunicacional de carácter pluralista, que se distingue por una defensa irrestricta de la libertad de expresión y de información (Aceves, 2013).

Así se ve que resulta útil para el análisis sobre el poder y la comunicación identificar y vincular esos tipos de gobernabilidad, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba con un quehacer mediático, que se puede estudiar desde la agenda de noticias, encuadres (framing), o estilos de llevar a la práctica la política en el contexto de los medios.

Lo que se encuentra es que hay un tipo de política que por lo general busca acumular poder, alejándose de una política con vocación por lo público, orientada hacia el bien común, el servicio público, la equidad social. Se va configurando una tendencia en la que el deterioro de la política, limita las posibilidades de reformas orientadas al desarrollo humano y al cumplimiento de los derechos humanos.

Esas distorsiones de los poderes fácticos en la forma de hacer política, en la gobernanza, en el manejo de los medios y las comunicaciones tienen efectos en la agenda mediática, en los imaginarios, análisis y lectura de la realidad que ofrecen los medios a la opinión pública. En este tipo de contextos, se presenta un escenario de gestión del poder en el que el mercado de capitales y el comercio condicionan el tipo de gobernabilidad y las prácticas políticas para acumular poderes con una vocación por lo privado en detrimento de lo público.

El poder de la comunicación mediática

Castells (2009) menciona que el poder se basa en el control de la comunicación y la información, ya sea el macro poder del estado y de los grupos de comunicación o el micro poder de todo tipo de organizaciones. Desde esta perspectiva, la comunicación de masas, es decir el tipo de comunicación que puede llegar a toda la sociedad, se conforma y gestiona mediante relaciones de poder enraizadas en el negocio de los medios de comunicación y en la política del estado. En el contexto de la televisión ello se hace patente en la relación entre el rating y el negocio que justifica por ejemplo la propuesta de contenido sensacionalista en detrimento de la información orientada hacia el conocimiento y el fortalecimiento de valores humanos.

El poder de la comunicación está en el centro de la estructura y la dinámica de la sociedad mediática y mediatizada de nuestros días, un escenario donde los medios tradicionales están inmersos en procesos de convergencia digital, y los formatos y contenidos se adecuan a la telefonía móvil conectada a internet.

Para Castells (2009) la forma esencial de poder está en la capacidad para modelar la mente. La forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual como colectivamente. Este proceso de comunicación opera de acuerdo con la estructura, la cultura, la organización y la tecnología de la información de una determinada sociedad. El proceso de comunicación influye decisivamente en la forma de construir y desafiar las relaciones de poder en todos los campos de las prácticas sociales, incluida la práctica política.

Según Castells el proceso de formación y ejercicio de las relaciones de poder se transforma radicalmente en el nuevo contexto organizativo y tecnológico derivado del auge de las redes digitales de comunicación global y se erige en el sistema de procesamiento de símbolos fundamental de nuestra época.

En diferentes partes del mundo, el Estado del siglo XXI se está apartando de sus prioridades por las que surgió, es decir ser garante, mediador de la seguridad, velar por la voluntad general y el pluralismo. En el contexto latinoamericano, los sistemas mediáticos han sido poco regulados en comparación con los de Europa o Estados Unidos, pero fuertemente controlados por la activa y a la vez informal relación de distintos gobiernos con los dueños de las empresas periodísticas. El investigador argentino Waisbord (2013) señala que "históricamente la discrecionalidad presidencial fue un factor determinante en la estructura y dinámica de los sistemas de medios en América Latina".

Lo que se observa es que las relaciones entre comunicación y política generan influencias al menos en tres aspectos: 1) en la gobernabilidad política, 2) en la constitución de una opinión pública mediatizada y 3) en los contenidos, coberturas informativas y estéticas que se dirigen a los públicos mediáticos.

De manera complementaria, podemos indicar que está en cuestión el marco interpretativo del poder mediático, en el sentido que en la sociedad contemporánea resulta un desafío comprender su propuesta de servicio público, su acercamiento a grupos de poder, su intencionalidad de realizar un tratamiento informativo cercano o lejano a los ciudadanos y a la opinión pública.

Periodismo y democracia

En un escenario de medios concentrados y poderes mediatizados, el poder de la comunicación se ha ido convirtiendo en una cuestión de monopolios, de mercantilización y de negociaciones entre políticos de turno y empresarios vinculados a los medios. Según ) la era de los nuevos medios ha exacerbado tendencias que socavan los objetivos ideales de una prensa democrática. Los medios diseminan una enorme cantidad de contenidos políticos, pero buena parte del material es trivial, poco fiable y polarizador. Frente a este tipo de contenidos donde aparecen políticos cercanos a los poderes fácticos, pero desconectados con los ciudadanos. Se han producido movilizaciones ciudadanas que surgen como parte de la reacción social frente al hartazgo e indignación de los pobladores contra la corrupción, la injusticia y la falta de derechos. En este renacer de la opinión pública ciudadana, el periodismo de investigación ha empezado a cobrar gran notoriedad para recuperar el discurso democrático que no se advierte en la prensa popular.

En el contexto peruano se asistió, particularmente en el periodo comprendido entre los años 2017, 2018 y 2019, a un trabajo notable del denominado papel de perro guardián con periodistas alejados de medios tradicionales que crearon nuevos medios independientes para investigar redes de corrupción y destapar hechos con ex gobernantes y aspirantes a la presidencia de la república, que en su permanencia en los altos cargos de la élite política o buscando alcanzar estos cargos, recibieron millonarios sobornos, favorecieron negociaciones y ofrecieron importantes obras a aliados corruptos.

Muchas de esas investigaciones llevaron a la detención de cuatro expresidentes de la república, una exalcaldesa y una candidata a la presidencia de la república. Estos hechos inéditos sobre la corrupción política puesta al descubierto por los periodistas ha significado una debacle moral de la clase política del país andino, pero al mismo tiempo la importancia que tiene la función social y el servicio público del periodismo de investigación para la vida democrática. Nunca como en el trienio del 2017 al 2019, la corrupción fue noticia en portadas y titulares de todos los medios.

Kovach y Rosenstiel (2003) comentan como parte de una tendencia que ha aparecido en diferentes momentos de la historia que cuánto más democrática es la sociedad, más noticias e información suele suministrar. El propósito del periodismo consiste en proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse así mismo. Pero se advierte también que la necesidad de juntar periodismo con democracia es crucial sobretodo en contextos de crisis política, institucional y mediática, ello en razón de que el periodismo nunca es inocente. Desde esta perspectiva se observa que el poder de influencia que (el periodismo) ejerce en la sociedad permite afirmar que existe una forma de practicar la profesión que tiende al fortalecimiento de la democracia y otra que, por el contrario, fomenta el autoritarismo (Cytrynblum, 2004).

Metodología

Este estudio ha realizado una investigación cualitativa de tipo empírica que ha incluido el análisis de contenido de la agenda de noticias sobre temas de corrupción en la política peruana, en el periodo que comprende los años 2017, 2018 y 2019. En particular, a través de un monitoreo de medios se han revisado informes de investigaciones periodísticas publicadas en los meses previos y posteriores al encarcelamiento por parte de la justicia de ex gobernantes, personajes políticos y magistrados vinculados a los casos Odebrecht, Lava Jato y una serie de tráfico de influencias. La muestra incluye los medios digitales de periodismo de investigación: IDL Reporteros, Ojo Público y Convoca. Estos tres medios que tuvieron gran impacto en la opinión pública y el debate político entre los años 2017 y 2019 son los de mayor cobertura sobre casos de corrupción en el contexto local peruano y sus nexos con el exterior.

Se revisó un total de 157 unidades de los casos de corrupción más sonados en la política peruana en el periodo del estudio. Para el análisis se realizó un monitoreo de medios para establecer la muestra. El criterio de selección de la muestra fue el seguimiento de los medios independientes de periodismo de investigación mencionados aquí, luego se extrapolaron los temas relacionados a las detenciones de las figuras políticas, finalmente se estableció una revisión de la noticia considerando el mes de la detención de las figuras políticas, pero también un mes antes y un mes después de este hecho. De esta manera se tuvo una lectura de la agenda noticiosa que permite ver el antes, durante y después de la noticia y la opinión como parte del discurso democrático de los medios, y su papel proponiendo un periodismo con función social para fiscalizar el poder y destacar valores ciudadanos.

Resultados y análisis

Lo que se puede observar es que desde el año 2017, el Perú ha asistido a una serie de hechos y sucesos relacionados a la problemática de la corrupción que han remecido los cimientos de la clase política gobernante. Nada de eso se hubiese sabido o conocido, sin las revelaciones y denuncias del periodismo de investigación.

Según un informe del Observatorio Universitario de Medios, entre el 1 de abril y el 14 de setiembre de 2017 se publicaron 335 noticias sobre corrupción, siendo el caso Lava Jato como parte de Odebrecht el tema que más portadas y titulares publicaron los periódicos de mayor circulación, entre ellos diarios populares y de corte político (Trome, Ojo, El Popular, El Comercio, Perú 21, La República y Correo).

Para el caso del análisis de los medios tradicionales, se encontró que "la composición de la agenda noticiosa (estuvo centrada en el caso específico Lava Jato) tanto en todos los titulares como en los de mayor jerarquía. Si se mira el titular principal, se verá que el orden de los primeros cuatro temas de agenda es el mismo (casos Lava Jato - Odebrecht, caso Humala y Heredia, caso Moreno - El Callao, casos peruanos en general), aunque crece la importancia relativa de los casos Humala-Heredia y Toledo" (observatorio Universitario de Medios, 2018, p. 27).

Al ampliar el análisis más allá del año 2017, incluyendo algunos meses de los años 2018 y 2019 en que se produjeron las detenciones y encarcelamiento de personajes políticos, se evidencia en los medios IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público una cobertura organizada en el seguimiento de los casos Lava Jato y Odebrecht y el caso de los Cuellos Blancos del Puerto, CNM Audios.

Cronología de casos de corrupción que concluyeron en el encarcelamiento de funcionarios estatales - periodos años 2017, 2018, 2019

2017 -Nadine Heredia y Ollanta Humala ingresan a la cárcel.

2018 - Denuncia del caso CNM audios (implicados jueces y fiscales del Consejo Nacional de la Magistratura), Alberto Fujimori regresa a la cárcel, Keiko Fujimori ingresa a la cárcel.

2019 - Alan García se suicida el día de su detención judicial, Pedro Pablo kuczynski con orden de arresto domiciliario, Susana Villarán ingresa a la cárcel. Alejandro Toledo detenido y encarcelado en Estados Unidos.

Al analizar la cobertura informativa de los casos del estudio se distingue la gran cobertura realizada por el portal IDL Reporteros con artículos, informes de opinión y columnas firmadas por el periodista Gustavo Gorriti y un equipo de periodistas.

También está el trabajo investigativo realizado por Convoca, seguido por Ojo Público. En todos estos medios, el abundante número de publicaciones en un solo mes, evidencia el arduo y exhaustivo trabajo realizado por los periodistas de estos medios para develar la verdad.

En la siguiente Tabla (1) se muestra el total de noticias revisadas por el estudio y publicadas por IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público durante el periodo de los encarcelamientos de las figuras políticas. Estos datos permiten observar la importancia que tiene la producción de la narrativa periodística democrática basada en el total de las publicaciones que se realizaron a través de informes de investigación y columnas de opinión.

Por otro lado, en la cobertura de noticias de IDL Reporteros (Ver Cuadro 1) se evidencian los principales temas de los mayores casos de corrupción en el Perú. Lo cual convierte a este medio en el más especializado en estos temas, pero al mismo tiempo al ser un actor clave en develar casos de corrupción, IDL Reporteros es hostigado por sujetos implicados o relacionados con las investigaciones periodísticas que han devenido en casos judiciales, por ello se encuentran en sus publicaciones reivindicaciones constantes del papel que cumple ese medio en la defensa del servicio público como parte del periodismo de investigación, con respuestas públicas contra infundios y calumnias, protagonizadas por Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, como por ejemplo: Respuesta a un canalla (IDL, marzo 2019).

Resulta interesante, en un contexto de fiscalización del poder como sucede con IDL Reportero, la forma en la que se ejerce la libertad y la autonomía para investigar, ello como parte de un intangible de la calidad periodística en el entendido que el tratamiento y desarrollo de las noticias conjuga opiniones y subjetividades pero vinculadas a cuestiones "éticas y deontológicas" y "su relación con la opinión pública".

Lo que se observa cuando los reporteros-investigadores investigan al poder es que se produce un choque de trenes entre los acusados de corrupción que defienden intereses personales y de grupo y aquellos que desde el periodismo democrático defienden intereses públicos y ciudadanos. En esa batalla por el poder de la comunicación dirigida a la opinión pública se libra la verdad y la desinformación en la sociedad contemporánea, al igual que el prestigio y la credibilidad periodística.

En la agenda de noticias de CONVOCA - Cuadro 2- se destaca el trabajo colaborativo de redes de periodistas en diferentes partes del mundo, especialmente en Latinoamérica. Desde esta agenda informativa se conocen los entretelones y extensiones de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht con corporaciones en las que están envueltos hasta 13 países. A través de estas investigaciones periodísticas se conocen sobre intereses privados que se mezclan interesadamente con gobiernos de turno comprometiendo fondos públicos con nexos entre funcionarios estatales y empresarios. En el periodo observado aparecen nombres claves de políticos asociados a codinomes, pero también un nuevo lenguaje que empieza a formar parte del debate político y público, tales como: división de sobornos, pagos ocultos, pagos secretos y donde a razón de unas declaraciones del juez brasileño Sergio Moro, vinculado a las investigaciones de Odebrecht: Hay que aplicar la ley a los poderosos, pero también extender las investigaciones a las empresas locales.

El tratamiento informativo de Ojo Públic - Cuadro 3- en el periodo de observación presentó especiales en los que se analizan los escándalos políticos de la corrupción peruana, el medio digital presentó memorias de la corrupción, reconstrucciones de casos judiciales como el de los CNM audios, evidenciando también los tentáculos de los casos Lava Jato y Odebrecht en la política nacional e internacional. Los especiales periodísticos publicados con el nombre Sala del poder dan cuenta sobre el poder corporativo, sus malas prácticas y vínculos con la corrupción.

Discusión

Al ser la agenda de noticias una lista de asuntos con cobertura mediática se puede evidenciar que los temas son heterogéneos. Estudiar la agenda noticiosa, permite ver el panorama informativo, y no quedarse frente a la noticia, que puede aparecer en la portada, la nota informativa o el informe especial, sino que permite comprender la escalada de casos y sucesos que están detrás de las noticias de interés público. Todos estos componentes forman parte de la narrativa periodística. Tal como hace notar Petrone (2009), la importancia de la información está relacionada con el rol fundamental de los medios y la forma como representan aquello que es interés público desde la agenda de noticias.

Esto significa que no es suficiente revisar uno por uno los formatos y las informaciones que se encuentran en la espectacularización de las noticias (Valdez-López et al., 2011), que suelen estar construidos por notas informativas, opiniones de opinólogos y actores políticos cercanos a los poderes fácticos. Además de esto, se requiere un análisis estableciendo temporalidades específicas a través de monitoreos de medios, que permitan concatenar encuadres y coyunturas para establecer agendas noticiosas en medios tradicionales e independientes. Una lectura de agendas noticiosas, permite encontrar mensajes de subrepresentación social (Arrunátegui, 2010), poderes fácticos (Aceves, 2013), destacar valores periodísticos, además en la profundización de la casuística de las narrativas informativas se puede identificar coberturas periodísticas para la democracia o el autoritarismo (Cytrynblum, 2004).

Por otro lado, se encuentra la fortaleza que tiene el análisis y la opinión en la narrativa periodística sobre los casos de corrupción presentados por IDL Reporteros, Convoca y Ojo Público. Sobre el valor de la opinión asociada a la credibilidad y la buena praxis periodística coinciden diversos autores, en que la prensa escrita, que publica artículos e informes escritos ofrece mayor análisis. Desde el punto de vista del contenido, la interpretación y la opinión resurgen como armas exclusivas de la prensa impresa (también en los medios digitales) frente a la celeridad y actualización del mensaje informativo audiovisual y electrónico (Espinosa, 2011).

El encarcelamiento de expresidentes del Perú, actores políticos cercanos al poder gubernamental y municipal, jueces y fiscales fue el resultado, en parte, de las investigaciones periodísticas de los medios del estudio, lo cual revela el importante papel que cumple la actuación de los medios y los periodistas que asumen el rol de perro guardián de la democracia. Pero también la importancia que tiene comprender el comportamiento de los medios en contextos de crisis políticas y concentración mediática.

Conclusión

La comunicación pública contemporánea en un contexto de concentración mediática puede ser democrática, pero también antidemocrática. La concentración mediática y el sensacionalismo son una cara de la moneda, la otra, son los medios independientes y la investigación periodística, ambos lados como las dos caras de Jano, representan la doble moral que tiene hoy la comunicación pública. Por un lado están los antivalores (los estereotipos y la injuria de los medios sensacionalistas) y por otro lado los valores (el bien común y la verdad que inspiran el periodismo de investigación). Como se ha observado en el caso peruano, cuando el periodismo de investigación reivindica la práctica del discurso democrático y realiza un trabajo colaborativo alcanza a posicionar su agenda noticiosa en el debate, particularmente en los casos de anticorrupción. Comprender los elementos que configuran los escenarios de la comunicación pública requiere, en parte, realizar análisis cruzados, entre ellos monitoreos, de las agendas noticiosas para encontrar la narrativa de los medios y sus formatos con los que interpretan la realidad social. Si la calidad del contenido es relevante en un medio para estar en contacto con los públicos, estudiar sus mensajes en relación a las coyunturas contribuye a la reflexión de la comunicación y el periodismo en la formación de la opinión pública.

Se evidencia cada vez más que la comunicación no es una cuestión que se limita al mundo de los medios tradicionales o las agencias privadas; sino que depende de las mediaciones provenientes de empoderamientos y compromisos sociales que surgen en la sociedad civil, la universidad, o el periodismo de investigación, a través de estos los ciudadanos pueden aprender a abrirse paso en las esferas públicas, a ser parte de la opinión pública como miembros de una sociedad democrática. En ese sentido el poder comunicacional con vocación ciudadana depende además de aspectos vinculados a la ética profesional y el manejo de estrategias para profundizar en el análisis de los contenidos y mensajes de los medios tradicionales e independientes.

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El poder de la comunicación: medios, política y ciudadanos

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Artículo original El poder de la comunicación: medios, política y ciudadanos The power of communication: media, politics and citizens El artículo presenta los complejos escenarios vinculados a la comunicación pública contemporánea en un contexto de concentración mediática.

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INDAGACIONES ANALÍTICAS Y ENCUADRES TEÓRICOS

Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú

Corruption, conflicts and crisis of democratic governability in Puno, Peru

Corrupção, conflitos e crise de governança democrática em Puno, Peru.

Posdoctorado por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Doctor en Teoría Política, Teoría Democrática y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Magister en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Altiplano Puno (UNAP), Perú. Docente de pregrado y posgrado en la UNAP. E-mail: edgarquispe@unap.edu.pe

El artículo tiene el propósito de analizar los elementos que dan cuenta sobre la situación del sistema político local en el Perú a partir de una experiencia de gestión local compleja en el marco de un sistema político democrático representativo. La metodología aplicada es triangular o combinada entre lo cuantitativo y lo cualitativo, cuya recolección de datos se basó en un cuestionario y una entrevista semiestructurada que han permitido el análisis de las variables del estudio en complemento con las categorías de análisis emergentes. Los resultados revelaron que la complejidad del funcionamiento del sistema político local está expresada en el comportamiento político de confrontación adoptado por los actores locales en el proceso de gestión de los gobiernos locales, y este fenómeno sociopolítico habría estado condicionado, en buena medida, por la estructura de corrupción y el comportamiento de los actores políticos y económicos a nivel nacional.

Palabras clave: Corrupción; Conflictos sociopolíticos; Democracia; Sistema político local

The purpose of the article is to analyze the elements that account for the situation of the local political system in Peru from a complex local management experience within the framework of a representative democratic political system. The applied methodology is triangular or combined between the quantitative and the qualitative, whose data collection was based on a questionnaire and a semistructured interview that have allowed the analysis of the study variables in addition to the emerging analysis categories. The results revealed that the complexity of the functioning of the local political system is expressed in the confrontational political behavior adopted by local actors in the management process of local governments, and this socio-political phenomenon would have been conditioned, largely, by the structure corruption and the behavior of political and economic actors at the national level.

Key words: Corruption; Sociopolitical conflicts; Democracy; Local political system

O objetivo do artigo é analisar os elementos que explicam a situação do sistema político local no Peru a partir de uma complexa experiência de gestão local no marco de um sistema político democrático representativo. A metodologia aplicada é triangular ou combinada entre a quantitativa e a qualitativa, cuja coleta de dados foi baseada em um questionário e uma entrevista semiestruturada que permitiram a análise das variáveis do estudo, além das categorias de análise emergentes. Os resultados revelaram que a complexidade do funcionamento do sistema político local se expressa no comportamento político de confronto adotado pelos atores locais no processo de gestão dos governos locais, e esse fenômeno sociopolítico teria sido condicionado, em grande medida, pela a corrupção da estrutura e o comportamento dos atores políticos e econômicos em nível nacional.

Palavras Chave: Corrupção; Conflitos sociopolíticos; Democracia; Sistema político local

SUMARIO

Introducción; 1. Enfoques de análisis teórico en torno a los conflictos sociales locales; 2. ¿Corrupción, crisis del sistema de partidos y crisis del sistema democrático formal?; 3. Análisis y discusión de resultados; 3.1. Percepciones en torno a los conflictos sociopolíticos en Pilcuyo; 3.2. Percepciones de los actores sociales respecto del alcalde distrital; 3.3. Desafíos y perspectivas políticas de la gestión municipal 4. Conclusiones.

Introducción

Los sistemas políticos democráticos en el mundo desde hace, aproximadamente, tres décadas han experimentado una serie de transformaciones en su dinámica de funcionamiento, esto tras la ruptura del orden establecido por el modelo del Estado de bienestar keynesiano (). Aquellas transformaciones se han plasmado en el triunfo del liberalismo económico y político, dando lugar a la reducción, al mínimo, del Estado en la planificación y promoción del desarrollo, y el protagonismo del mercado en la determinación del comportamiento de los actores (). En ese contexto, las sociedades han transitado hacia una mayor complejidad en sus relaciones sociales, económicas, políticas y culturales tras la adopción de roles nuevos. En la dimensión política se ha ampliado la brecha en las relaciones entre Estado y sociedad, que condujo a la crisis de representación política y, a su vez, éste produjo la crisis de legitimidad del Estado y del sistema político ante la ciudadanía (Tanaka, 2002). Este fenómeno sociopolítico se ha experimentado en los diferentes ámbitos y niveles de la sociedad peruana, acompañado por los fenómenos de la transnacionalización de la toma de decisiones políticas y económicas, y la globalización multidimensional. En este contexto, en los ámbitos locales los sistemas políticos, a pesar del impulso de mecanismos democrático-participativos, han mostrado debilidades e ineficiencia en la construcción de consensos, generando, por el contrario, insatisfacción y conflictos entre los actores sociales y políticos.

De esta manera, el estudio busca responder a la interrogante ¿Cómo afecta el fenómeno de la corrupción al sistema democrático formal en el distrito de Pilcuyo, Puno?, con ello se busca analizar los elementos que dan cuenta del sistema político local en el Perú a partir de una experiencia de gestión local en el marco de un sistema político democrático-representativo; cuyo marco de análisis teórico gira en torno a los conflictos sociales.

En la medida que el estudio centra su atención en el análisis e interpretación de los conflictos sociopolíticos generados durante el periodo de gestión municipal 2011-2014, la metodología de análisis está centrada en los actores involucrados en dicho fenómeno sociopolítico, y sobre esa base se identifica las perspectivas y expectativas de los actores políticos y sociales respecto de la nueva gestión municipal que se ha iniciado en enero del año 2015. Así, las técnicas e instrumentos de investigación aplicados para la recolección de datos son de carácter combinado o triangular, es decir, hay una complementariedad entre las técnicas cuantitativas y cualitativas: encuesta, observación participante y entrevista semiestructurada. Estas técnicas de investigación fueron aplicadas durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2015, donde participaron los diferentes actores sociales y políticos involucrados en el fenómeno del conflicto sociopolítico producido durante el periodo de estudio.

El distrito de Pilcuyo, ámbito del estudio, está ubicado al sur del departamento de Puno y próximo a la frontera con el vecino Estado Plurinacional de Bolivia; cuenta con una población total de 14,151 habitantes, de los cuales el 50,3% son mujeres y el 90,3% viven en las áreas rurales, y mayoritariamente, son adolescentes, niños y jóvenes. En tanto que el grueso de la población adulta tiende a envejecer ().

Para efectos del estudio, se ha tomado como población objetivo a la población en edad activa o en edad electoral, cuya muestra probabilística aplicada es de 370 habitantes jefes/as de hogar, quienes radican en las diferentes parcialidades, comunidades, sectores, centros poblados y a nivel urbano del distrito de Pilcuyo. Así, según sexo se observa que mayoritariamente ha participado la población masculina, con el 60,5%; mientras que el 39,5% de participantes en el estudio fue la población femenina. Esta distribución de la población participante en el estudio, donde hay más varones que mujeres se debe a que en las zonas rurales andinas, por lo general, las mujeres se abstienen a expresar su opinión en torno a cuestiones o asuntos públicos, lo que está relacionado con la cultura política local, cuya tendencia es similar por zonas estudiadas.

Ahora bien, los resultados de la investigación dan cuenta de que las relaciones entre gobierno local y sociedad civil local son complejas, frágiles y deficitarias. Esta situación se expresa en la escasa capacidad de los actores políticos y sociales para generar consensos mínimos y construir un proyecto político local, donde la primacía de los conflictos sociopolíticos son considerados como parte de los comportamientos desviados de los actores sociales y no como parte del proceso de cambio y transformación del sistema democrático representativo.

1. Enfoques de análisis teórico en torno a los conflictos sociales locales

Desde la teoría del conflicto social de Dahrendorf (1962) podemos sostener que los conflictos sociales, en principio, constituyen oportunidades de cambio y transformación, bien para la evolución o involución de una determinada sociedad, esto dependiendo cómo sean gestionados dichos conflictos. Sin embargo, desde la perspectiva del funcionalismo-estructural de Parsons, citado en Ritzer (1993) los conflictos sociales constituirían factores que inciden negativamente en el funcionamiento del sistema social. Es decir, los conflictos sociales darían lugar a la inestabilidad sociopolítica y económica, y por ende generarían la ingobernabilidad en un determinado nivel de gobierno. Al respecto, Caballero (2012: 21) sostiene que "gran parte de la actual conflictividad social en el interior del país está basada en la oposición de la población y los grupos sociales organizados contra sus propias autoridades municipales provinciales y distritales, así como contra sus autoridades regionales".

Para este último autor, uno de los argumentos frecuentemente utilizados en este tipo de conflictos es la permanente sospecha de la población respecto del mal uso de los fondos públicos y los delitos de corrupción, que constituyen el principal argumento para la confrontación política. Pero la población asocia corrupción con prácticas autoritarias, con actitudes de manipulación en procesos electorales y, sobre todo, con la pasividad y confabulación de las instituciones con la práctica corrupta, con lo cual extiende el acto deshonesto del individuo o de la autoridad política. Por ello, cuando las denuncias estallan con inusitada violencia se convierten inevitablemente en conflictos que afectan seriamente la gobernabilidad local y debilitan la credibilidad en las instituciones políticas de alcance regional y nacional. Este tipo de conflictos se han desarrollado en diversas regiones y localidades del país, motivados por la intensa disputa por el poder local entre grupos sociales o líderes locales, cuya expresión máxima de violencia se produjo con el asesinato colectivo del alcalde de Ilave.

Por otro lado, desde la perspectiva de Degregori (2004) los conflictos sociales en los ámbitos locales se producen a raíz de una gran debilidad del Estado, entendida no principalmente como ausencia de "mano dura", sino como la deficiencia en las capacidades institucionales, especialmente de los organismos de representación, de participación y fiscalización/control. Así, la debilidad y la ineficacia del Estado y la inexistencia de partidos políticos, hacen que los municipios se conviertan en terreno de disputa y última instancia para dirimir la supremacía entre grupos enfrentados por el poder local. Estos pueden acceder a las alcaldías con requisitos mínimos de firmas y de votos, y controlarlas mayoritariamente.

Por tanto, en un contexto de fragmentación y debilidad institucional, la exacerbación de los conflictos locales sin "instancias de apelación" eficientes, favorece un clima de polarización y desconfianza extrema que, una vez desatado un conflicto, hace cada vez más difícil cualquier posibilidad de negociación conforme pasa el tiempo.

Por su parte, Pajuelo ( y ) sostiene que uno de los factores que condiciona la generación de conflictos sociales en los ámbitos locales es la crisis de representación política expresada en la ausencia e ineficacia de los mecanismos de concertación y participación local. Y la naturaleza de estos mecanismos de diálogo y participación se debe, en buena medida, a la escasa o nula voluntad política de las autoridades locales electas y a la escasa legitimidad o reconocimiento social de los mecanismos de representación y participación ciudadana implantadas desde la lógica de un Estado centralista, sin tomar en cuenta las peculiaridades diversas que poseen las sociedades locales.

Ahora bien, en términos de ) el proceso de democratización del sistema político en los ámbitos locales a partir de las elecciones de 1963 y 1966 ha dado lugar a la aparición e inclusión de nuevos sectores y actores sociales, y con ello el recambio de las élites locales; no obstante, la interrupción del militarismo en términos institucionales (1968-1979), la incorporación de nuevos sectores sociales ha continuado, la misma que con la reapertura a la democracia en 1980 se ha profundizado. Así, varias investigaciones citadas por Remy, sostienen que este proceso de cambio se produce en diferentes lugares del país: "Grupos emergentes" (Díez, 1999) un "sector comunero económicamente más alto y con más experiencia" (Guerrero, 2002) acceden a gobiernos locales en espacios de alta ruralidad desde las elecciones de 1980. Como resultado de ese proceso la administración étnica tradicional pasaba a ser paulatinamente reemplazada por aquellos nuevos actores. Asimismo, según Quispe (2003) a partir de las elecciones de 1980, los "campesinos emergentes" son quienes, en mayor medida, acceden y controlan los poderes locales en ámbitos de mayor presencia de poblaciones rurales, donde los " mistis " tenían mayor protagonismo político en el pasado.

De esta manera, los ámbitos locales se convierten en escenarios de disputa por el poder local entre los descendientes de los terratenientes, ahora comerciantes, y los comuneros, que empiezan a presentarse en las listas de candidatos a regidores de los municipios (); mientras que si bien las relaciones de poder continúan configurándose entre "mistis y campesinos emergentes", sin embargo, quienes controlan los poderes locales ya no son los mistis, sino los campesinos emergentes. Los mistis o sus herederos desempeñan principalmente cargos en el magisterio -profesores-, quienes en el pasado continuamente tenían el control del poder político local, desde los espacios distritales. Por su parte, los campesinos emergentes, actualmente desempeñan cargos similares al de los mistis y a su vez controlan los poderes políticos locales (Quispe, 2003).

Además, la ruptura y las transformaciones institucionales, producidas con el fujimorismo durante la década de 1990, han generado la crisis del sistema de partidos políticos y la proliferación de movimientos políticos independientes, cuya consecuencia final se tradujo en la fragmentación y desintegración social y política en los ámbitos locales del país ( y Quispe, 2013). Todo este estado de cosas habría generado las condiciones favorables para el estallido de los conflictos sociales en las sociedades locales.

2. ¿Corrupción, crisis del sistema de partidos y crisis del sistema democrático formal?

Para entender el fenómeno de la corrupción que estaría conduciendo al colapso del sistema democrático formal en el Perú y América Latina, en términos de Della Porta (2001) es necesario la integración de dos perspectivas de análisis: primero, el macro-sistémico en el que se produce la corrupción para la funcionalidad del sistema; y segundo, los individuos implicados en ella, cuyo comportamiento se basa en la racionalidad instrumental.

De acuerdo con lo anterior, el comportamiento de los individuos o de los actores políticos se produce en el marco de determinadas condiciones estructurales, que en un sistema democrático basado en la existencia de un sistema de partidos políticos, la intermediación política se produce en torno a principios ideológicos y programáticos. Sin embargo, como producto de cambios y transformaciones estructurales, los partidos políticos de masas y por consiguiente las ideologías y los programas de acción han colapsado; y como consecuencia surgieron nuevos actores políticos denominados "políticos de negocios", porque combinan la intermediación política con los negocios (legales o ilegales) y, en general, la participación personal en actividades económicas con la mediación política en el sentido tradicional.

En el caso peruano, este fenómeno sociopolítico de crisis del sistema de partidos y el advenimiento de los movimientos políticos independientes sin base ideológica ni programática a nivel local y nacional se ha desarrollado desde fines de la década del ochenta y durante toda la década del noventa del siglo pasado. Este fenómeno político según ) y Quispe (2013) se produjo tras la ruptura y las transformaciones institucionales, con el fujimorismo a inicios de la década de 1990, expresada en la instauración de la nueva Constitución Política del Estado y la serie de leyes que dinamizaron el proceso político durante esa década y en adelante, hasta la actualidad.

Por su parte, Rousseau en ) sostiene la destrucción del estado de naturaleza para dar lugar a la desigualdad y la corrupción. Así, con la constitución del derecho a la propiedad el hombre da un salto desde el estado de naturaleza hacia la sociedad civil. De este modo, no sólo se transforma el sistema social, sino que el hombre mismo cambia con él. Este es el principio de la socialización del hombre, y por tanto, el comienzo también de su corrupción.

Para Alesina y Angeletos (2005) la corrupción es un fenómeno que influye en el desempeño del Estado y en el proceso de las políticas públicas; es decir, cuando no hay corrupción, la estabilidad del Estado es único, y cuando hay corrupción se complementan las políticas del pasado y las actuales: a mayor corrupción en el pasado mayor desigualdad e injusticia en el presente. Asimismo, estos autores afirman que los gobiernos pequeños o de nivel menor no corrigen las desigualdades e injusticias del mercado, a su vez, los gobiernos grandes o de mayor nivel incrementan la corrupción y la búsqueda de rentas. En esta misma orientación, en los países en vías de desarrollo, el gasto público hacia los pobres a menudo está mal enfocado y crea focos de corrupción y favoritismo; y a menudo ciertos lobbies salen como grandes ganadores a expensas de los verdaderamente necesitados.

Finalmente, según Panfichi y Alvarado (2011) las causas de la corrupción en el Estado peruano son: la falta de liderazgo político de las autoridades en la lucha contra la corrupción, la debilidad de las instituciones de control, la falta de capacitación de los funcionarios públicos, la falta de transparencia, la débil participación ciudadana y la percepción de una extendida impunidad.

La corrupción es uno de los problemas más serios que enfrenta el Perú. Impide el desarrollo, el crecimiento económico y obstaculiza la lucha contra la desigualdad, así como el funcionamiento y la legitimación de la democracia. Entonces, la corrupción debilita la capacidad y la legitimidad de las instituciones, lo que, acompañado por la sensación de impunidad y la sucesión de escándalos de corrupción, genera desafección ciudadana hacia la democracia.

3. Análisis y discusión de resultados

3.1. Percepciones en torno a los conflictos sociopolíticos en Pilcuyo

De acuerdo con los enfoques teóricos expuestos en los apartados anteriores, sostenemos que los conflictos sociopolíticos producidos durante los años 2013 y 2014, entre las autoridades municipales y la población, en el distrito de Pilcuyo se produjo como respuesta a la insatisfacción social, que terminaría con la vacancia del Alcalde electo para el periodo 2011-2014, situación similar se produjo con el Alcalde reemplazante durante el último año de gestión (2014). Esta situación nos da cuenta de la inestabilidad sociopolítica y por ende de la situación de ingobernabilidad vivida en el distrito de Pilcuyo. No obstante, los actores sociales y políticos no estuvieron en la capacidad de canalizar aquellos conflictos sociopolíticos como mecanismos de transformación de la estructura política local y el comportamiento de los actores políticos en éste ámbito.

La situación de inestabilidad sociopolítica e ingobernabilidad en aquél distrito se habría debido a una serie de factores y hechos producidos durante el periodo en mención. Tales hechos se expresan en: la corrupción de los ex-alcaldes; el mal manejo de los bienes de la Aduana: maquinarias; la malversación de fondos municipales por el Alcalde anterior, referidos por el 26,5%, 21,4% y 14,3% de los entrevistados, respectivamente (ver tabla 1). Si analizamos estos hechos o fenómenos sociopolíticos referidos por nuestros entrevistados, que habrían motivado el surgimiento y desarrollo de los conflictos sociopolíticos están relacionados, directa e indirectamente, con el fenómeno de la corrupción; fenómeno social que se ha venido intensificando durante los últimos años en los diferentes niveles de gobierno y en los diferentes ámbitos de la sociedad. Ésta problemática es la que afecta hoy a las altas esferas de la clase política peruana y latinoamericana, expresada en los escándalos de corrupción producidos por la compañía brasileña Odebrecht. Esta situación es la que daría lugar a la crisis del propio sistema político democrático formal y con ello a la apertura de un nuevo modelo de democracia basada en la revolución y la reconstrucción ciudadana desde los ámbitos locales.

De esta manera, en global el 62,8% de nuestros entrevistados sostienen que los actos relacionados con el fenómeno de la corrupción por parte de las autoridades municipales habrían motivado el estallido de los conflictos sociopolíticos en el distrito de Pilcuyo. Estos datos se expresan, aún de manera más marcada en algunos sectores de la población del distrito.

Otros factores adicionales que habrían contribuido en el origen de aquellos conflictos son: la incapacidad y mala gestión de los exalcaldes, y por ende se habría producido el incumplimiento de los compromisos por parte de ellos, referidos por el 11,6 y el 3,5% de nuestros entrevistados, respectivamente. Todos estos argumentos habrían sido utilizados por los grupos opositores a la gestión municipal como estrategias de confrontación política. Así como sostuviera Caballero (2012) la permanente sospecha de la población respecto del mal uso de los fondos públicos y los delitos de corrupción, constituyen los principales argumentos para la confrontación política de los grupos de interés y presión hacia la gestión municipal. Este comportamiento de los actores locales, según Della Porta (2001), se habría producido en respuesta a su racionalidad instrumental, y a su vez, habrían reproducido las estructuras de corrupción desarrolladas en el ámbito nacional. En términos de Panfichi y Alvarado (2011) el desarrollo y profundización del fenómeno de la corrupción se habría debido a una serie de factores, entre ellas, la fragilidad institucional en materia de control estatal y la escasa capacidad y liderazgo de los actores políticos para la lucha contra la corrupción.

Los conflictos sociopolíticos que se han generado y desarrollado en el distrito de Pilcuyo tuvieron su vigencia durante toda la campaña electoral de las Elecciones Municipales y Regionales del año 2014; aunque su origen radica en el primer año de gestión municipal (2011), año en que la Municipalidad distrital de Pilcuyo recibió "formalmente" la transferencia de una serie de bienes muebles y enseres por parte de diferentes instituciones públicas, tales como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la Aduana. Los bienes "formalmente" transferidos nunca habrían llegado a la Municipalidad y por tanto nunca habrían prestado servicios a la población:

Las irregularidades tienen origen en el 2011; desde esa época, terceras personas y algunos funcionarios del municipio de Pilcuyo se habrían apropiado indebidamente y sistemáticamente de bienes transferidos, en calidad de donación y sesión de uso, por entidades como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) además de la Intendencia de Aduanas Puno. Mediante la Resolución Directoral N° 557-2011-MTC del 8 de junio del 2011, el MTC transfiere a la Municipalidad Distrital de Pilcuyo una planta lavadora de materiales. De la misma forma, la PCM hace transferencia de 839 bienes muebles, a través de la Resolución Directoral N° 132-2011-PCM/OG/A, con fecha 19 de agosto del 2011. Ese mismo año el MTC, mediante Resolución Directoral N°1053-2011-MTC/10 del 21 de diciembre, transfirió un semi-remolque cama baja y cocina de asfalto. Asimismo la Resolución Directoral N° 0232012-MTC del 19 de enero del 2012 sustenta la transferencia de una planta chancadora primaria y zaranda vibratoria, donación realizada por el MTC. El 25 de abril del 2012, la Resolución de Intendencia N° 181-3H0000-2012-000290 indica la decisión de Aduanas para adjudicar mercadería por un valor de S/. 9 028.07. Las donaciones en referencia nunca llegaron a la Municipalidad Distrital de Pilcuyo, por ende, jamás prestaron servicio en la entidad y en algunos casos (donación de Aduanas) no fueron distribuidos entre la población. Curiosamente, bienes como la planta lavadora tienen guía de remisión y registro de haber sido recogidos por Gino Echevarría Alberca, allí figura también el acta de entrega y recepción firmada por el alcalde de Pilcuyo, el 15 de marzo del 2012 (Diario Correo, 2013).

Estos hechos son los que dieron lugar al origen de los conflictos sociales, que en este caso se inició desde el primer año de gestión municipal del Alcalde David Quille Gómez, que dicho sea de paso, a nivel provincial tiene su antecedente próximo el conflicto sociopolítico acaecido en el año 2004, que ha desembocado en el ajusticiamiento popular o asesinato del Alcalde provincial: Cirilo F. Robles Callomamani. Esta situación, según Alesina y Angeletos (2005) sería propio de los países en vías de desarrollo, donde los recursos públicos dirigidos a los pobres no llegan a sus destinatarios, creando focos de corrupción y favoritismo, y quienes salen ganando son los lobbies a costa de los más necesitados.

No obstante, además de los actos de corrupción que motivaron o que dieron origen a los conflictos sociopolíticos, estos se producen, también como resultado de los intereses en pugna de los grupos sociales o líderes locales por acceder al poder local: el municipio distrital. Así, en términos de Bourdieu en Ritzer (1993), el municipio como el ámbito de ejercicio del poder local se convierte en el campo de lucha política entre los diferentes actores sociales y políticos en pugna, donde ponen en juego sus habitus expresados en sus diversas modalidades en términos de capital económico, político, social, cultural, intelectual y simbólico. Dicho en términos de Díez () y Quispe (2003) los ámbitos locales se convierten en escenarios de disputa por el poder local -municipal- entre los antiguos y nuevos actores sociales locales. Los grupos o actores sociales opositores a la gestión municipal, muchas veces, son grupos perdedores de las elecciones municipales, quienes buscan generar inestabilidad social y política, con el propósito de ganar protagonismo y rédito político con miras a las próximas elecciones.

De esta manera, el origen de los conflictos sociopolíticos data del año 2011, y el mismo conflicto como "acción colectiva" tuvo su expresión desde la segunda mitad del año 2013 (a diez años del conflicto sociopolítico a nivel provincial) hasta las elecciones del año 2014. Por lo tanto, dicho fenómeno sociopolítico ha influido directa y considerablemente en el proceso electoral y en los resultados electorales, en las que salió electo como nuevo Alcalde el Señor Antonio Ticona Aro para el periodo de gestión municipal 2015-2018.

La arena política electoral como un mecanismo de acceso al poder local se ha convertido a nivel provincial y distrital en un escenario de confrontación y lucha política entre intereses de grupos sociales opuestos, en muchos casos centrados en la concepción del municipio como jugoso botín que constituyen las inversiones o fondos municipales. Así, el municipio es visto como una agencia de empleo de determinados grupos de interés y presión que acceden al poder municipal, cuyo accionar se basa en la lógica del clientelismo político. Tomando en cuenta las características del ámbito de estudio, sostenemos que en las localidades con mayor ruralidad, donde la situación socioeconómica y cultural es poco favorable, el desarrollo de las relaciones informales como el fenómeno del clientelismo político o el intercambio de favores y dádivas, es terreno fértil.

3.2. Percepciones de los actores sociales respecto del alcalde distrital

Como en todo sistema democrático representativo el acceso y la legitimación social del poder se produce a través del mecanismo electoral, este procedimiento democrático en los ámbitos locales como el distrito de Pilcuyo se ha arraigado en los habitantes o electores, quienes cada cierto tiempo (cada 4 años a nivel local y regional, y cada 5 años a nivel nacional) acuden a las urnas para elegir a sus representantes locales, regionales y nacionales. De esta manera, las elecciones han venido a formar parte de la cultura política local como correlato de la cultura política nacional.

Corroborando lo sostenido en el parágrafo anterior, el Señor Antonio Ticona Aro fue electo en las últimas elecciones municipales y regionales por las filas del "Frente Amplio": una coalición política de partidos, organizaciones políticas, movimientos sociales y ciudadanos activistas del Perú, cuyo objetivo principal es consolidar a los distintos sectores de izquierda, progresistas y ciudadanos que buscan un manejo más democrático y sin corrupción de la cosa pública en el Perú, participar en las elecciones municipales de 2014 y las presidenciales de 2016 con una candidatura y un solo programa de gobierno (Andina, 2013). Este panorama y plataforma política configurada por los diferentes actores con tendencia político-ideológica de izquierdas, da cuenta de la fragilidad de una de las instituciones estructurantes del sistema político en el país: el sistema de partidos. Porque, tras la crisis de esta institución política, desde fines de los años ochenta e inicios de los noventa, los diferentes actores sociales, políticos y económicos han venido organizándose a través de la proliferación de movimientos u organizaciones políticas independientes para participar en los diversos procesos electorales a nivel nacional, regional y local; dando lugar al surgimiento de los denominados "outsiders" o caudillos en los diferentes niveles territoriales de gobierno. Entre los más destacados podemos mencionar a Ricardo Belmont y Alberto Fujimori en las décadas del ochenta y noventa. Y de manera recurrente, desde inicios de este siglo hasta la actualidad, los gobiernos de turno han sido liderados, en su gran mayoría, por outsiders y caudillos, y a través de movimientos políticos independientes, sin una base ideológica ni programática.

Ratificando lo sostenido más arriba, en la tabla 2 observamos que el 33,0% de nuestros entrevistados sostuvieron que el Alcalde Actual accedió al poder local a través de las elecciones y el voto mayoritario del pueblo. Esta afirmación es reforzada por el 10,8% de los entrevistados, quienes refieren que el éxito electoral se debió a que el alcalde recibió el apoyo de las comunidades, y este apoyo se debió a que la campaña política fue buena y limpia mediante la aplicación de la estrategia de concientización de la población, referido por el 8,9% de los entrevistados. Ahora bien, según la tabla en mención, todos estos mecanismos que le permitieron a que el Alcalde actual accediera al poder local son más marcados aun en la zona lago y en la zona media del distrito de Pilcuyo.

Por otro lado, en la tabla anterior observamos que hay un sector importante de la población que, según nuestros entrevistados, el 26,8% de la población no sabe o no opina sobre el mecanismo o la forma cómo el Alcalde actual accedió al poder local. Entre estos datos estarían encubiertos los que no participaron en el proceso electoral y parte de las voces opositoras a la nueva gestión municipal.

Ahora bien, el comportamiento político de la población respecto de los resultados electorales municipales del año 2014 ha sido y es ampliamente favorable para el Alcalde Antonio Ticona Aro, puesto que el 88,9% de la población se muestra de acuerdo con su elección, este grado de acuerdo es aún mayor en las zonas lago y media del distrito (ver tabla 3). Sin embargo, es importante advertir que entre este grupo de población se encontrarían aquellos electores resignados que en la campaña electoral apoyaron a otros movimientos o grupos políticos que perdieron las elecciones, y que ahora se ponen de acuerdo para cederle la oportunidad de asumir los grandes desafíos sociales, económicos y políticos del distrito.

Para dar sentido y explicación al éxito electoral del alcalde actual, es importante hacer referencia a las estrategias político-electorales utilizadas y aplicadas en el proceso de la campaña electoral. Así, en la tabla 4, podemos identificar y corroborar que, una de las primeras estrategias políticas ante la situación del conflicto sociopolítico generado en el distrito, como producto de los diversos actos de corrupción generados por la gestión municipal anterior, utilizó el discurso del cambio con nuevas autoridades, discurso que fue acogido por el 17,6% de la población, seguido por la estrategia de que representa la voz del pueblo, acogido por el 14,9% de la población. Agregado a las estrategias anteriores se valió de sus propuestas políticas y técnicas con la finalidad e interés de desarrollar el distrito, estas estrategias aglutinaron un total de 17,3% de la población que acogió y/o percibió de esa manera las propuestas del alcalde electo. Además, podemos sostener que el apoyo mayoritario ha recibido de las zonas lago y media del distrito, respectivamente.

Por otro lado, el comportamiento político de la población del distrito de Pilcuyo se ha venido configurando en el tiempo, y a esto ha contribuido dos factores relevantes: de una parte, el Alcalde electo Señor Antonio Ticona Aro ha realizado el trabajo político en el campo desde hace años atrás, porque previo a su elección en el año 2014, ya había sido candidato por tres veces consecutivas, lo cual ha generado en la población su tenacidad y constancia, y señales de merecimiento. Este último aspecto es lo que comúnmente está arraigado en la cultura política de las poblaciones electorales de las zonas rurales andinas, es decir, otorgarle su voto valorando la constancia y la perseverancia de los candidatos; aunque en algunos casos esa valoración y el voto gira en torno a incentivos materiales o en especie (intercambio de favores, bienes y servicios), lo que en muchos casos degenera el proceso electoral y desnaturaliza el sistema democrático, y finalmente, se traduce en el vaciamiento de la política. Ante éstas prácticas políticas, tanto en los ámbitos locales como en el ámbito nacional, el Congreso de la República ha elaborado e incorporado en la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, el Artículo 42, el 17 de enero de 2016, según la cual:

Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente.

Este artículo de la citada Ley ha generado y generará cambios en el comportamiento de los actores sociales y políticos en los ámbitos locales, durante las elecciones municipales y regionales, y a nivel nacional. Porque, últimamente durante las elecciones locales se ha proliferado la práctica política basada en las prebendas y dádivas por parte de los candidatos hacia la población electoral, degenerando con ello la cultura cívica y la cultura política de las poblaciones locales; y como consecuencia final se pone en cuestión el funcionamiento de los sistemas políticos democráticos locales y por ende el sistema político democrático nacional.

3.3. Desafíos y perspectivas políticas de la gestión municipal

En todo inicio de gestión gubernamental, ya sea a nivel local, regional o nacional, se generan desafíos y esperanzas para las nuevas autoridades electas que asumen la responsabilidad de gestionar las demandas, necesidades y problemáticas, sobre las que han asumido compromisos ante la población en el proceso de la campaña electoral. Estos desafíos y perspectivas se constituyen, además, en oportunidades para construir cambios y procesos de transformación socioeconómica y política en el territorio.

No obstante, en la medida que no se gestione apropiadamente las demandas, las necesidades y los problemas de la población, planteadas e incorporadas en la agenda política de la nueva gestión política local, se constituirían en factores que originen los nuevos conflictos sociopolíticos. Por ello, es importante tomar en consideración las expectativas y demandas de la población del distrito de Pilcuyo respecto de su Alcalde.

Así, según la tabla 5, el 26,5% de los entrevistados piden que el Alcalde ejecute obras y proyectos, seguido de aquellos quienes piden que el Alcalde trabaje o gobierne bien, referido por el 24,9% de los entrevistados; además, el 10,0% de los entrevistados piden el cumplimiento de los compromisos electorales. Todas estas demandas se constituyen en los desafíos para las autoridades municipales electas.

Frente a lo anterior, de acuerdo con la tabla en mención, sólo el 4,9% de la población tiene esperanza, confianza y la expectativa de que el Alcalde gobernará bien porque cuenta con talento necesario para asumir y desempeñar dicha responsabilidad de gobierno; no obstante, el 7,0% de la población no tiene esperanzas ni expectativas positivas respecto de la gestión del Alcalde electo. Este último dato se convertiría en el cuello de botella y, a su vez, en el desafío político para la gestión municipal en curso y los venideros.

Ahora bien, con la finalidad de afrontar adecuadamente los desafíos y las expectativas de la ciudadanía, la población entrevistada propone y sugiere algunas estrategias para que sean tomadas en cuenta por las autoridades municipales electas y designadas para el proceso de gestión política municipal.

Así, en el gráfico 3, podemos observar que en promedio el 23,2% de los entrevistados sostienen que el Alcalde y su equipo de gobierno deben cumplir con su compromiso electoral; para ello deberán trabajar, en su gestión, coordinadamente con el pueblo y sin conflictos, referido por el 21,6% de los entrevistados en promedio; asimismo, deben brindar apoyo equitativo a todas las comunidades, zonas y familias del distrito, referido por el 11,1% de nuestros entrevistados en promedio; además, el 10,8% de ellos en promedio sostienen que las autoridades municipales deben gestionar proyectos en diferentes sectores, y que trabajen con honestidad, referido por el 7,8% de los entrevistados en promedio.

De lo anterior, podemos sostener que la cultura política de la población del distrito de Pilcuyo está asociada fuertemente al mecanismo democrático de las elecciones, porque a través de ella periódicamente transfieren su soberanía popular a sus representantes políticos locales, legitimando de esa manera, socialmente, el sistema político democrático en los ámbitos locales, al menos de carácter formal.

Sin embargo, en el distrito ámbito de estudio se observa un fenómeno político destacable, y a su vez, alarmante, en el sentido que sectores importantes de la población no se sienten del todo satisfechos con el mencionado sistema político democrático, porque durante el último periodo de gestión municipal han vivido una experiencia negativa, expresado en los conflictos sociopolíticos acaecidos entre las autoridades municipales electas y la población; por ello es que actualmente se mantiene latente el temor a la generación de nuevos conflictos sociopolíticos en la población.

Este panorama de experiencias negativas suscitadas en el distrito de Pilcuyo se presenta como uno de los desafíos más importantes para las autoridades municipales elegidas y designadas para la gestión municipal, porque implica gestionar su cambio y transformación hacia la generación de un escenario de oportunidades y bienestar, mediante la respuesta y superación de las demandas, necesidades y situaciones problemáticas de la población.

La insatisfacción ciudadana respecto de sus autoridades políticas locales electas se ha producido como resultado de una serie de actos de corrupción que tendrían su origen en las elecciones locales, regionales y nacionales que se han mercantilizado durante los últimos 30 años, tras la ruptura del orden institucional y la instauración del autoritarismo de Fujimori. La mercantilización de las elecciones y por ende el vaciamiento de la política se ha expresado en la compra de conciencias y de votos a cambio de dádivas y regalos, problemática que habría estado minando el sistema político democrático en los diferentes ámbitos y niveles del Estado peruano. Fenómeno político y económico que hoy se expresa en los mencionados escándalos de corrupción producidos por la compañía brasileña Odebrecht, y generando como consecuencia la triple crisis sistémica: política, económica y social.

Lo expuesto hasta aquí ya había sido corroborado por Degregori (2004: 50) en el sentido que "los procesos de construcción del Estado de derecho y de ampliación de la ciudadanía son asumidos como un proceso civilizatorio, o más concretamente pedagógico, de educación ciudadana; y no como un proceso de negociación del poder entre diferentes sectores, donde también los pobres, excluidos o étnicos, juegan un rol activo y dejan su huella. En realidad, el modelo de democracia representativa moderna, que se trata de llevar a la práctica en el país, especialmente a partir de la Constitución de 1979, se tiene que construir como por sobre varias capas de tradiciones o culturas políticas, algunas abiertamente autoritarias, otras que corresponderían a lo que Fareed Zakaria llama democracias iliberales ".

Reafirmando estas contradicciones del modelo democrático formal con la realidad sociocultural diversa y excluida del país, Quijano (2004) sostuvo que la experiencia peruana de los últimos años no sólo ilustra la grave contradicción existente entre el anhelo de afirmación democrática y la continuidad del neoliberalismo, en la medida que éste reproduce las desigualdades y exclusiones, así como las fuentes de conflictividad social y de violencia. También permite mirar con más cautela el desarrollo de nuevas formas de protesta y movilización social, en un momento en que el conjunto de América Latina, frente a la evidente bancarrota neoliberal, parece buscar nuevas salidas y alternativas.

Finalmente, todo este estado de cosas producido a niveles macro y micro en el Perú, nos da cuenta de los serios desafíos que enfrenta el sistema democrático formal implantado, con el consiguiente resquebrajamiento de la confianza ciudadana respecto de las diversas instituciones políticas y del propio proceso político; generando a su vez, la apatía respecto del sistema político vigente y la búsqueda de nuevas iniciativas y modelos de mayor proximidad coherentes con las sociedades y culturas locales y regionales.

4. Conclusiones

Primera, las percepciones sociales de la población en torno a los factores que motivaron la situación del conflicto sociopolítico estarían expresados en los diversos actos de corrupción de las autoridades municipales y la incapacidad o la mala gestión de los mismos actores políticos de turno, y el aprovechamiento de la situación por parte de los grupos opositores a la gestión municipal, como estrategia de confrontación política en respuesta a su racionalidad instrumental.

Segunda, los conflictos sociopolíticos, en buena medida, han sido motivados por los grupos de interés y presión, quienes entraron en pugna por el acceso al poder local (el municipio), porque habían perdido en las elecciones municipales anteriores. Este comportamiento de los actores sociopolíticos locales nos da cuenta de que el Municipio como la expresión del poder local se convierte en el botín y en el campo de lucha política entre los diversos grupos de interés y presión, organizados de modo informal, frágil y coyuntural.

Tercera, la arena política electoral en el contexto de la crisis de partidos políticos y del propio sistema de partidos a nivel nacional ha generado la fragmentación sociopolítica generalizada en los ámbitos locales, esto como producto de la proliferación de movimientos políticos independientes y el ascenso de los outsiders y los caudillos. Es decir, el acceso al municipio se convierte en el motor de los conflictos sociopolíticos entre los grupos de interés y la desintegración social en los ámbitos locales. De manera que en estos ámbitos se produce insatisfacción social, sub-representación, ruptura de legitimidad e inestabilidad sociopolítica; constituyéndose todo ello en los desafíos al sistema democrático formal en el país.

Cuarta, al producirse las contradicciones o incoherencias entre el sistema democrático formal y la realidad sociocultural diversa y excluida del país, desde los ámbitos locales y regionales, cuestionando aquel sistema, se busca generar nuevos modelos políticos de mayor proximidad que respondan a las peculiaridades de las culturas locales y regionales. Esta situación problemática sería replicable en los diferentes ámbitos locales a nivel nacional.

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Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú

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INDAGACIONES ANALÍTICAS Y ENCUADRES TEÓRICOS Corrupción, conflictos y crisis de gobernabilidad democrática en Puno, Perú Corruption, conflicts and crisis of democratic governability in Puno, Peru Corrupção, conflitos e crise de governança democrática em Puno, Peru. Posdoctorado por la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

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La estrategia de búsqueda fue fácil ya que utilicé las siguientes palabras clave: "Corrupción en el Perú". El artículo presentado es reciente ya que se publicó en 2022

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Artículos académicos

Representación semántico-cognitiva de la corrupción en el discurso epidíctico de Fernando Olivera

Semantic-cognitive representation of corruption in the epideictic discourse of Fernando Olivera

A representação semântico-cognitiva da corrupção no discurso epidético de Fernando Olivera

Esta investigación propone la descripción y el análisis del discurso político en el Perú a través del enfoque de la semántica cognitiva. Se parte de la elección de expresiones, relacionadas al concepto de corrupción, utilizadas en el discurso del conocido político peruano Luis Fernando Olivera Vega. Metodológicamente las expresiones fueron extraídas del primer y segundo bloque del debate presidencial realizado en abril del año 2016; de la "VI Conferencia Anticorrupción Internacional" organizada por la Contraloría General de la República y de la conferencia de prensa realizada en torno a la presentación de los polémicos audios del condenado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres en el contexto de las elecciones presidenciales en junio del año 2021. El artículo concluye que Luis Fernando Olivera Vega es un caso más que muestra un discurso emergente de protesta contra la corrupción peruana, donde plasma la idea de que el presidente electo debe ser el principal ejemplo de virtud para la comunidad.

Palabras clave: Análisis del discurso; semántica cognitiva; discurso político; corrupción; Fernando Olivera

This research proposes the description and analysis of the Peruvian political discourse through the cognitive semantics approach. It is based on a selection of expressions, related to the concept of corruption, used in the discourse of the well-known Peruvian politician Luis Fernando Olivera Vega. Methodologically, the expressions were extracted from the first and second segments of the presidential debate held in April 2016; from the "VI International Anti-Corruption Conference" organized by the Contraloría General de la República and from the press conference held around the presentation of the controversial audios of the convicted former presidential advisor Vladimiro Montesinos Torres regarding the presidential elections in June 2021. The article concludes that Olivera is yet another case of an emerging discourse of protest against corruption in Peru, where Olivera embodies the idea that the elected president should be the leading example of virtue.

Keywords: Discourse analysis; cognitive semantics; political discourse; corruption; Fernando Olivera

Esta pesquisa propõe a descrição e a análise do discurso político no Peru através da abordagem da semântica cognitiva. Ela se baseia na escolha de expressões, relacionadas ao conceito de corrupção, utilizadas no discurso do conhecido político peruano Luis Fernando Olivera Vega. Metodologicamente, as expressões foram extraídas do primeiro e segundo blocos do debate presidencial realizado em abril de 2016; da "VI Conferência Internacional Anticorrupção" organizada pela Controladoria Geral da República e da coletiva de imprensa realizada em torno da apresentação dos polêmicos áudios do ex-assessor presidencial condenado Vladimiro Montesinos Torres no contexto das eleições presidenciais de junho de 2021. O artigo conclui que Luis Fernando Olivera Vega é mais um ator político que mostra um discurso emergente de protesto contra a corrupção peruana, onde ele encarna a idéia de que o presidente eleito deve ser o principal exemplo de virtude para a comunidade.

Palavras-chave: Análise do discurso; semântica cognitiva; discurso político; corrupção; Fernando Olivera

1. Introducción

La corrupción, según Daly y Navas (2015), es considerada una característica concreta de un sistema político nacional; esta es causada por un déficit democrático entre los poderes de un Estado, el cual sucede cuando se desvirtúa la apropiada fiscalización, a través de la falta de autonomía del Poder Judicial, la completa pérdida de control del Legislativo sobre el Ejecutivo, el accionar de las instituciones públicas que es cuestionada por la pérdida de transparencia, la distorsión de los mecanismos para la rendición de cuentas de la gestión pública y la incapacidad de la sociedad civil para fiscalizar el comportamiento de las entidades estatales. ) señalan que la corrupción se da en los niveles locales y nacionales, por lo que la población busca participar en la fiscalización de las autoridades.

La corrupción ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, algunas de ellas son la antropología y la sociología, que según Daly y Navas (2015), destacan los orígenes históricos y socioculturales de ciertas conductas que desde una perspectiva tradicional podrían presentarse como corruptas, pero si son examinadas desde otro ángulo, revisando los procesos y direcciones de la burocracia de los Estados, estas acciones pueden ser reconocidas como lógicas y legítimas para la sociedad. Del mismo modo, la política, según Estévez (2005), estudia la corrupción en relación al poder y a los sistemas políticos; también, desde la perspectiva económica se evalúa cómo la corrupción afecta la eficiencia (Estévez, 2005).

Para llevar a cabo esta investigación, se emplea el enfoque semántico-cognitivo que engloba autores con distintos intereses y campos de estudios que comparten una serie de principios sobre el funcionamiento del lenguaje y la cognición (). Para ello, se han tomado en cuenta algunos estudios relacionados con el tema propuesto. En primer lugar, Chávez (2019) plantea un análisis lingüísticocognitivo de las metáforas empleadas en el discurso político peruano, donde determina las funciones e identifica las clases de metáforas que se usaron. De acuerdo con Chávez (2019), en el escenario peruano la construcción del discurso político se caracteriza por procedimientos cognitivos que revelan diferentes tipos de procedimientos, entre los que se pueden encontrar metáforas comprendidas en la Gran Cadena del Ser (procedimientos metafóricos de personificación, animalización, vegetalización y cosificación), metáforas estructurales (que tiene como dominios fuente a la guerra y al viaje, entre otros) y los esquemas de imagen (de espacio, fuerza, contención y unidad). Asimismo, ) realiza un estudio donde analiza el enfrentamiento entre los candidatos Fernando Olivera y Alan García durante el debate electoral del año 2016 bajo el enfoque pragmalingüístico, donde pone en evidencia las estrategias pragmalingüísticas empleadas por ambos candidatos en sus discursos. Pérez (2021) concluye que el discurso de Fernando Olivera tiene una propensión denigratoria recurriendo al uso de la descortesía verbal y la deixis personal. Por último, Moreno (2004) realiza un estudio que se centra en el análisis de la metáfora como proceso conceptual; además, ahonda en aspectos relacionados con las últimas aportaciones en el campo de la metáfora y de otros modelos conceptuales como el de la metonimia y el de esquemas de imagen. Como base teórica, consideró dentro de la lingüística cognitiva a la semántica y a nociones como los modelos cognitivos idealizados, los dominios cognitivos, los esquemas de imagen y la metáfora conceptual. Asimismo, Moreno (2004) menciona que a través del análisis de las metáforas específicas obtuvo una visión particular, en contraposición con las metáforas genéricas tratadas por Lakoff y sus colaboradores; así, mediante este trabajo se encontraron casos de metáforas primarias como ALCANZAR UN OBJETO ES TENER UN OBJETO DESEADO, las cuales posibilitan la creación de otras que tienen como dominio fuente a otra parametrización del dominio fuente de la primaria.

Conforme a lo propuesto por Van Dijk y Mendizábal (1999), "el discurso político es aquello que es dicho por sus actores o autores, los políticos" (p. 12). Los políticos pueden ser profesionales o institucionales como presidentes, primeros ministros y otros miembros del gobierno, del parlamento, de partidos políticos, ya sea en niveles internacionales, nacionales o locales (Van Dijk y Mendizábal, 1999). Acorde a estas ideas, uno de los participantes activos en la política es Fernando Olivera, quien en el año 2016 postuló a la presidencia con el partido político Frente de la Esperanza; en ese mismo año, como parte de su campaña electoral participó en la "VI Conferencia Anticorrupción Internacional". Además, como parte de su actividad política, durante una conferencia de prensa dio a conocer grabaciones que implicaría al exasesor de Alberto Fujimori dialogar en conversaciones telefónicas con un militar en situación de retiro; en estos audios, el convicto intentaba dirigir un presunto fraude en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú del 2021 (Gestión, 2021).

El objetivo de esta investigación es describir, a través de la semántica cognitiva, cómo es representada la corrupción en los discursos políticos de Fernando Olivera. Cabe resaltar que son escasos los trabajos de índole semántico-cognitivo relacionado al análisis del discurso, un ejemplo de ello es la pesquisa realizada por Aguero (2013), en la cual se analizó desde este enfoque el discurso en el humor gráfico. Por esta razón, en este artículo se considera viable a la semántica cognitiva, ya que con ella se puede realizar una interpretación más profunda del discurso político.

La estructura de esta investigación está constituida por un marco teórico que engloba a la corrupción en el Perú y conceptos relacionados al discurso político, discurso y cognición, semántica cognitiva, categorización, metáfora y metonimia. Luego, se expone la metodología, en la que se especifican los instrumentos utilizados para la recolección de datos; seguido a ello, se presenta el análisis de los datos consignados y, finalmente, se ofrecen conclusiones acerca de lo estudiado.

2. Marco teórico

2.1. Discurso político

De acuerdo con Giménez (2008) el discurso político es generado dentro de la esfera del poder, donde el poder del Estado es lo que está en juego. Asimismo, Landowski (1979, como se citó en Giménez, 2008) lo define como "la palabra de los actores habilitados para conservar, o contestar, dentro de los límites de un espacio institucionalmente delimitado, el discurso del Poder" (p. 40). Según Chilton (2004), la elección de un lenguaje señala implícitamente distinciones políticas: el idioma, acento, léxico y pronombres, que pueden asociarse con una clase social e ideología política; incluso, las interrupciones y superposiciones pueden implicar conflicto o cooperación. También, se reconoce que los actores políticos practican la meta-representación, donde la "credibilidad", el reclamo de "lo correcto" y "legitimar" las afirmaciones son parte de sus estrategias; como también las conceptualizaciones binarias y elecciones léxicas antónimas; la anáfora; la continuidad de jugadores junto con sus roles; mapeos metafóricos entre dominios (Chilton, 2004). Por otro lado, Fosmire (2015) clasifica a los discursos políticos, en términos de retórica, en las siguientes clases: legislativo, deliberativo y epidíctico. Este último, se basa en reconectar al público con los valores, la historia y las esperanzas que los vinculan en una comunidad humana (Benkharafa, 2015).

2.2. Corrupción en el Perú

La corrupción forma parte de la llamada criminalidad no convencional (Reátegui, 2004), esta se encuentra fijada a las distintas estructuras sociales (). La corrupción, según Ramón (2014) se define como el abuso de poder del funcionario público que conlleva un beneficio, ya sea para el corrupto o para los grupos a los cuales este pertenece (Villoria y Jiménez, 2012). Ello, abarca las dos dimensiones de corrupción: en primer lugar, actos o manifestaciones concretas y particulares (Hurtado, 1995, como se citó en ) y, en segundo lugar, el clima de mentalidad colectiva histórica corrupta denominada 'fenómeno de la corrupción' que conforma la cultura política de un país (Montoya, 2007). Ahora bien, la corrupción que más se expone en los medios peruanos es la de naturaleza política (Ramón, 2014). Por ello, la palabra corrupción suele tener una connotación política, donde la imputación 'corrupto' asocia a la persona referida con la administración de los poderes del Estado (Ramón, 2014). Sus protagonistas tienen también ciertas características recurrentes. Dinegro (2018) menciona que algunas de las particularidades del político corrupto peruano serían, en primera instancia, el encanto con su actitud y palabra para salvarse de alguna pregunta curiosa sin sentir remordimientos al mentir sobre transgresiones; luego, la trayectoria por algunos partidos políticos, ya que no cuenta con la fidelidad que lo llevaría a asentarse a una bancada; también, la ambición por adquirir enormes cifras de dinero, pues aunque el personaje maneja un buen capital económico, busca enriquecerse más a través de maniobras ilícitas.

2.3. Discurso y cognición

De acuerdo con lo expuesto por McLaughlin (2009), el habla y la producción de discursos son parte de las prácticas sociales. Los discursos, según McLaughlin (2009), se construyen de dos maneras: en primer lugar, se constituyen a partir de las palabras, las analogías, la jerga, los coloquialismos, los aforismos culturales, las narrativas culturales, etcétera y, en segundo lugar, mediante las descripciones que hacen los hablantes acerca del mundo.

Respecto al vínculo que existe entre el discurso y la cognición, Van Dijk (2012) propuso el modelo contextual para explicar la adaptación de las estructuras del discurso, que hacen los hablantes, en una situación social o comunicativa; es decir, el control sobre la producción del discurso y la interacción verbal. Los modelos contextuales explican la variación social, personal, el estilo y otras formas de variación lingüística significativas; asimismo, este modelo dilucida sobre la representación subjetiva de los hablantes respecto a eventos comunicativos y estructuras sociales más amplias como los grupos, las organizaciones y las instituciones (Van Dijk, 2012). En cuanto a la estructuración de los discursos, los modelos contextuales no solo incorporan las experiencias personales de la memoria episódica, sino también las creencias socialmente compartidas, como el conocimiento, las actitudes o las ideologías (Van Dijk, 2012).

2.4. Semántica cognitiva

En la lingüística cognitiva, la estructura semántica es una conceptualización adaptada a las particularidades de la convención lingüística, por lo cual su análisis necesita la caracterización explícita de la estructura conceptual (Langacker, 1987, como se citó en Lemmens, 2015). Desde el punto de vista de ) la semántica cognitiva se centra en el estudio de aspectos de la mente empleando el lenguaje como lente para estudiar temas tales como, por ejemplo, la representación del conocimiento y la construcción de significados. Por otro lado, Lemmens (2015) afirma que la estructura que proporciona el contenido conceptual de las expresiones lingüísticas va desde conceptos sencillos hasta complejos. Para Lemmens (2015), la semántica cognitiva, a pesar de considerar que los significados son conceptos o representaciones conceptuales, al igual que otras teorías, difiere en aspectos importantes como la visión enciclopédica de los significados, la cual indica que los conceptos son extraídos del entorno y que no se limita al sentido literal como aparecen en los diccionarios; también, brinda su opinión acerca de que los significados no están condicionados por la verdad. Para la semántica cognitiva los significados son, hasta cierto punto, creados por el conceptualizador; este sujeto conceptualizador establece las distinciones entre objetos que son relevantes para hablar de ellas, o realizar alguna tarea cognitiva de alto nivel (Valenzuela et al., 2012).

2.4.1. Categorización

La categorización, de acuerdo con Ibarretxe-Antuñano (2013), es uno de los mecanismos fundamentales de la lingüística cognitiva, es la habilidad de juzgar si un elemento pertenece o no a una categoría en especial. Se parte de la suposición de que una categoría lingüística es en realidad un tipo más de categoría cognitiva (Ibarretxe-Antuñano, 2013). En el modelo de categorización, propuesto por Rosch y su equipo (Rosch 1973, 1977, 1978, 1983; Rosch y Mervis 1975; Mervis y Rosch 1981, como se citó en Ibarretxe-Antuñano, 2013), las categorías son entidades graduales con límites difusos.

Se proponen dos principios para explicar la categorización: el principio de la economía cognitiva y el principio de la estructura del mundo percibido. El primero establece que los humanos procuran conseguir la mayor cantidad de información de su entorno con el mínimo esfuerzo posible, esto conlleva a agrupar en categorías elementos parecidos y no almacenarlos individualmente. Este principio explica la dimensión vertical de la categorización, o teoría del nivel básico, que se basa en el nivel de detalle o de inclusión de los miembros que forman una categoría y establece tres niveles fundamentales de categorización: el superordinado, el básico y el subordinado; el básico es el más importante y eficiente en la lingüística cognitiva, ya que de este se consigue más información con el mínimo esfuerzo cognitivo. Por ejemplo, en la Figura 1 se presenta la taxonomía de la palabra "perro" de acuerdo con la categorización del nivel vertical, presente en el texto de Ibarretxe-Antuñano et al. (2012); en este, el nivel superordinado se presenta en la categoría animal, en el nivel básico perro y en el más subordinado, fox terrier.

El segundo principio se refiere a la estructura correlacional del entorno, este sirve para establecer la dimensión horizontal donde la prototipicidad de los elementos que conforman una categoría, se organizan alrededor del miembro más prototípico; esto quiere decir, que a más alejado del centro menos prototípico es el elemento (Ibarretxe Antuñano, 2013). Por ejemplo, en la Tabla 1 se presenta la categorización de la categoría chocolate según Cuenca y Hilferty (1999), donde se colocan el signo (+) para marcar la existencia de los rasgos en los elementos periféricos al chocolate prototípico y el signo (-) para marcar que el elemento no posee el atributo.

2.4.2. Metáfora y metonimia

La metáfora es un proceso cognitivo en el lenguaje y el pensamiento habitual. Este mecanismo permite comprender y expresar situaciones complejas a partir de conceptos básicos y conocidos; asimismo, pueden ser clasificadas, principalmente, en metáforas de imagen y metáforas conceptuales (Cuenca y Hilferty, 1999). Las metáforas conceptuales presentan un dominio origen y un dominio destino, el primero proyecta su concepto sobre el segundo (Lakoff y Johnson, 1980, como se citó en Cuenca y Hilferty, 1999). Según Buenafuentes (2017), Lakoff y Johnson (1980) establecen que la metáfora conceptual presenta tres tipos. El primer tipo de metáfora conceptual es denominada "metáfora estructural", ya que estructura conceptos en términos de otros, por ejemplo, en la oración "(...) en nombre de Coalición Popular, que nosotros no vinimos a ninguna pelea de gallos" se manifiesta la metáfora estructuras la política es una batalla (Chávez, 2019). En segundo lugar, está la "metáfora orientacional", la cual proporciona a un concepto una orientación espacial teniendo como base la experiencia física y cultural, ejemplificada en la expresión "el dólar está bajo" que se refiere a la devaluación de la moneda, donde abajo significa menos (Lakoff y Johnson, 1980). El tercer tipo es la "metáfora ontológica", la cual permite entender la experiencia en función de los objetos físicos, es decir, que se eligen partes de la experiencia de carácter abstracto y se las considera entidades discretas, como se ejemplifica en la expresión "La corrupción es el cáncer", utilizada por el expresidente Kuczynski, donde la corrupción es percibida como una persona (Chávez, 2019). Buenafuentes (2017) categoriza a la metáfora ontológica en personificación, animalización y cosificación; separándose de Lakoff y Johnson (1980), quienes proponen a la metonimia y a la personificación como parte de la metáfora ontológica. Con respecto a las metáforas de imagen, conforme a Cuenca y Hilferty (1999), estas proyectan la estructura esquemática de una imagen sobre otra, como es presentada en la frase, del expresidente Kuczynski, "Nuestra raíz cultural ha sido despreciada...", aquí, el órgano de la planta representa abolengo cultural (Chávez, 2019).

La metonimia, según Cuenca y Hilferty (1999), se define, cognitivamente, como una referencia indirecta mediante la cual se alude a un ente implícito a través de otro explícito. Aunque podría confundirse con la metáfora, de acuerdo con Lemmens (2015), el concepto de metonimia se diferencia de la metáfora al emplear un mecanismo distinto de conceptualización. Este proceso se define en términos de referencia; es decir, una entidad es usada para referirse a otra porque existe una contigüidad conceptual. La segunda diferencia radica en que la metáfora se proyecta de un dominio cognitivo a otro, mientras que la metonimia se desarrolla dentro un mismo dominio cognitivo (Buenafuentes, 2017). Ruiz (1999) y Ruiz y Otal (2002) (como se citó en Buenafuentes, 2017) clasifican a la metonimia en "LA PARTE POR EL TODO", donde el dominio origen se expande debido a que el dominio meta es más amplio y "EL TODO POR LA PARTE", donde la meta está en la fuente y se produce una reducción conceptual. Desde otro punto de vista, Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela (2012) proponen un tercer tipo de metonimia denominado "PARTE POR PARTE", este se ejemplifica en la frase "A La Moncloa no le gustaron las declaraciones del jefe de la oposición", en la que Moncloa se refiere al gobierno español, pues en el Palacio de la Moncloa reside la presidencia del gobierno de España.

3. Metodología

Siguiendo las disposiciones de Hernández-Sampieri (2014), esta es una investigación de tipo cualitativa, debido a que se fundamenta en las perspectivas y puntos de vista del discurso particular de Olivera. De igual manera, en esta investigación se examina el desarrollo natural de los hechos, que, de acuerdo con Corbetta (2003, como se citó en Hernández-Sampieri, 2014) es característico de una investigación cualitativa.

El objetivo de esta investigación es analizar mediante la semántica cognitiva las expresiones sobre el concepto de corrupción utilizadas por Olivera. Las expresiones seleccionadas proceden de tres discursos:

1. Debate presidencial 2016 (Video A) (Canal RPP Noticias, 2016)

2. Fernando Olivera propone reorganizar la Contraloría (Video B) (Canal TVPerú Noticias, 2016)

3. Popy Olivera presenta audios de Vladimiro Montesinos (Video C) (Canal TRIBUTA y CONSULTA, 2021)

Primeramente, se toma el discurso de Olivera del video A, realizado el domingo 4 de abril del año 2016, específicamente del primer y segundo bloque del debate presidencial; el primero relacionado a "Visión del país, acciones prioritarias" y, el segundo, a "Economía, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción"; en este segundo bloque en particular, Olivera hace una crítica a los gobiernos del expresidente Alan García Pérez recapitulando los casos de corrupción y crímenes a los que el expresidente está vinculado. En segundo lugar, se extrae del video B el discurso de Olivera donde participó como ponente en la "Agenda Política contra la Corrupción al 2021", evento que fue organizado por la Contraloría General de la República el 2 de febrero del año 2016 (Contraloría General de la República [CGR], 2017). Del tercer discurso se toman las declaraciones de Olivera extraídas del video C, que es una conferencia de prensa organizada el 24 de junio del año 2021, momento en el que se presentan grabaciones que involucran a Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial sentenciado por corrupción y delitos de lesa humanidad; esto, en el contexto de la segunda vuelta presidencial 2021.

A partir de la transcripción de los discursos ya mencionados, se seleccionaron veinte expresiones que se relacionan a la corrupción en el Perú; estas aparecen enumeradas, con número de letra 10 y con 1,27 cm de sangría a la izquierda. Las veinte expresiones se distribuyeron de la siguiente manera: primero, se eligieron nueve expresiones que demuestran que el tipo de discurso que emite Olivera es epidíctico; luego, se escogieron siete expresiones en las que se apreciaron metáforas de la corrupción y, cuatro, que sirvieron para el análisis de la metonimia. Respecto a las metáforas y a las metonimias, estas serán descritas en VERSALITAS y analizadas bajo la clasificación propuesta en Buenafuentes (2017). Posteriormente, se ha realizado la categorización del concepto de corrupción bajo el nivel vertical y el nivel horizontal. Por último, es pertinente señalar que los materiales audiovisuales de los cuales se extraen las expresiones son de libre acceso, debido a que se encuentran almacenados en la plataforma web, dedicada al contenido audiovisual, YouTube.

4. Análisis

En esta sección se describe la representación semántica-cognitiva que conlleva el término "corrupción". En un primer momento, se analiza a la corrupción como parte del discurso epidíctico de Fernando Olivera; en un segundo momento, se analiza a la corrupción como una estructura mental manifiesta en la metáfora y, luego, en la metonimia; por último, se realiza el análisis de la corrupción mediante el proceso mental de categorización.

4.1. La corrupción como discurso epidíctico

Como lo mencionó Fosmire (2015), existen tres tipos de discursos políticos, los cuales son el legislativo, el deliberativo y el epidíctico; no obstante, se identificó que el tipo de discurso producido por Fernando Olivera es del tipo epidíctico. De acuerdo con Perelman (1997), el discurso epidíctico tiene la función de intensificar la adhesión a los valores; es decir, que refuerza normas sociales y morales con intención de conmover y mover a la acción al público de forma inmediata. Esto se aprecia de la siguiente manera:

(1) Con una nueva justicia acabaré con la corrupción y la impunidad y, gobernando con el ejemplo, rescataré los valores ancestrales y nuestros recursos naturales para los peruanos.

En (1) Olivera, durante el "Debate presidencial 2016", video A, intenta influenciar al elector a votar por él, anunciando que en su mandato se acabará la corrupción.

(2) Pero nosotros vamos a gobernar para acabar y al declararle la guerra total a la corrupción, con esta escoba, la guerra total.

Luego, en (2), durante la "VI Conferencia Anticorrupción Internacional", video B, en el año 2016, Olivera una vez más insta al votante a elegirlo presidente para que junto a su partido político puedan erradicar la corrupción.

(3) son doscientos años de corrupción, en estos doscientos años de vida republicana, acabemos con ello y hagamos las cosas como se debe y además con un pueblo vigilante

(4) averigüen a quién está vinculado Macroconsult, averigüen a qué candidato está financiando la corrupción de la refinería de Talara.

Asimismo, en (3) y (4), durante una conferencia de prensa en donde presentó los audios de Montesinos, video C, intenta persuadir a las autoridades encargadas de las elecciones del año 2021 en la segunda vuelta, a trabajar con transparencia y, a los medios de comunicación y al pueblo peruano a reflexionar sobre lo ocurrido.

También, el discurso epidíctico de Olivera guarda relación con la filosofía práctica, en donde, según Perelman (1997), no se pretende promover una acción inmediata y crear una disposición a la acción en los oyentes, sino que a través del discurso, se puede elogiar o criticar narrando hechos. Prueba de ello, es lo manifestado por el político en las siguientes expresiones:

(5) ¡Ya! Simplemente no sea viable, porque de nuevo estamos repitiendo el libreto de la corrupción que compra conciencias y autoridades dirigido nada menos que por el cerebro del fraude que ya lo ha ejecutado una y otra vez, la última el año 2000, Vladimiro Montesinos y sus operadores.

(6) Sí, señores, que no cargan mochilas, como dice la primera dama de la corrupción, sino que caigas, cargas su propia mochila, la mochila de la que no se entera la Contraloría.

(7) Ese, ese, Acuña ¿No? El que tiene al asesor de la corrupción que cobra 5 millones de dólares y que es el hombre de Odebrecht.

(8) El costo de la corrupción va creciendo. Primero era 200, 800. Nos dice 10 mil millones de soles. Yo le digo que se queda muy corto en el caso del Gasoducto del Sur. En ese caso no más de 1400 millones de dólares, que era el presupuesto inicial. ¿En cuánto ha terminado? En 7200 millones de dólares. 5 veces su valor, cinco veces a postor único.

(9) Con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción, vino el menú de la corrupción, se ofrecía corrupción desde elaborar el expediente técnico hasta la supervisión, desde pagar la coima en el origen por adelantado o pagarla en cómodas cuotas.

De los fragmentos (5), (6), (7), (8) y (9) presentados, se entiende que Olivera, como orador, busca "reforzar una comunión alrededor de ciertos valores que tratan de hacer prevalecer y que deberán orientar la acción en el porvenir" (Perelman, 1997, p. 42); es decir, que en sus discursos, al hacer críticas a la corrupción y a los políticos corruptos, está generando en el oyente una disposición a actuar, en un momento apropiado pero no inmediato, en contra del abuso de poder que ejercen los funcionarios públicos que actúan acorde a su propio beneficio ().

Para avalar lo analizado, se buscaron otros discursos de este político donde se aprecia su retórica epidíctica de lucha contra la corrupción. Primero, se toma en cuenta una conferencia de prensa del año 2002, año en el que Olivera fue ministro de Justicia, donde declara ante la prensa que remitió un proyecto de ley con carácter de urgencia para eliminar los beneficios penitenciarios de los condenados por actos de colusión, cohecho propio, malversación agravada, corrupción de funcionarios y corrupción pasiva y activa (Canal Centro de Documentación e Investigación LUM, 2016). Luego, se considera la entrevista que realizó Radio Nacional en el año 2015, en la cual el político señala que los peruanos están indignados porque la corrupción que se creía derrotada, gobierna y quiere seguir gobernando el país (Nacional, 2015). También, está la entrevista que se realizó en el programa televisivo Boca a Boca en el año 2016, en el que Olivera menciona que la estrategia de la corrupción "es generalizar la corrupción y querer meter a todos en el mismo saco, de manera que si todos son corruptos ya no hay corruptos" (Canal RBC Perú, 2016).

Valorando el estudio realizado por ), donde se explica que "el candidato Fernando Olivera muestra una tendencia al ataque dirigido tanto a la personalidad como a hechos políticos pasados del oponente" (p. 401), y considerando los tres discursos mencionados para el contraste, se puede deducir de las expresiones analizadas, que como parte de su práctica discursiva, Fernando Olivera viene articulando desde hace varios años discursos del tipo epidíctico; por lo tanto, se estima en el discurso epidíctico de este político, según Chilton (2004), que en su práctica de meta-representación, el reclamo de lo correcto forma parte de su estrategia retórica que sirve para confrontar a la corrupción en el escenario en el que participa.

Por otro lado, de acuerdo con McLaughlin (2009), Olivera construye sus discursos mediante narrativas culturales; es decir, produce sus mensajes teniendo en cuenta el contexto en el que está presente la corrupción. Con todo ello, teniendo en consideración el análisis de ), donde señalan que Vizcarra construye una identidad política con la que se opone a la corrupción y contrarresta las acusaciones de delito durante sus gestiones, se percibe que Olivera cumple el rol de actor político que promueve la lucha contra la corrupción, al proferir un discurso del tipo epidíctico en el cual hay representación subjetiva respecto a eventos comunicativos y estructuras sociales, donde incorpora su experiencia personal y creencias sociales compartidas como el conocimiento, así como también, la actitud que se tiene respecto a la corrupción (Van Dijk, 2012).

4.2. Representación metafórica de la corrupción

En el discurso de Olivera se logró identificar metáforas conceptuales de la corrupción y siguiendo la tipología de la metáfora conceptual, expuesta en Buenafuentes (2017), las metáforas halladas son del tipo estructural y ontológica.

Las metáforas estructurales forman conceptos en términos de otro (Buenafuentes, 2017). La primera metáfora hallada es LA CORRUPCIÓN ES MERCANCÍA, la cual aparece en las expresiones (8) y (9), expuestas en el apartado anterior, dentro de las cuales, en ambas expresiones se concibe a la corrupción como un bien con el que se puede lucrar. Olivera a través de esta metáfora habla sobre los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, cometidos desde el segundo gobierno de Alan García hasta el mandato de Ollanta Humala, en la que está involucrada la empresa Odebrecht (Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú [IDEHPUCP], 2020); asimismo, alude a los sobornos relacionados a la elaboración y supervisión de expedientes técnicos que permiten la ejecución de obras. La segunda metáfora, que se deslinda de la expresión (10), es LA CORRUPCIÓN ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA. En esta metáfora Olivera le da a la corrupción las características que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y su función de administrar con justicia en materia electoral (Jurado Nacional de Elecciones [JNE] y Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana [DNEF], 2017); esto quiere decir, que la corrupción rige el proceso electoral.

(10) sin embargo, sigue expresando Keiko Fujimori que confía que ganará, como que los argumentos jurídicos valieran en ese jurado de la corrupción

Una tercera metáfora, que se observa en la expresión (11), sería LA CORRUPCIÓN ES UNA CARGA. Con ello, el político explica que la corrupción provoca un daño en la sociedad y que esto es culpa de los corruptos y los corruptores.

(11) Bajo qué principios, que se gobierna con el ejemplo, que en una democracia o se negocia o se gobierna, que en una democracia no hay intocables, que la corrupción es responsabilidad de corruptos y corruptores.

Tanto en la expresión (8), (9), (10) y (11), la corrupción aparece como dominio destino al cual se le otorga característica tomadas de otro término (Buenafuentes, 2017); sin embargo, en (6) y (7), presentados en el apartado anterior y en la expresión (12) y (13), la metáfora encontrada es LOS POLÍTICOS SON COMISIONADOS DE LA CORRUPCIÓN. Aquí, la corrupción aparece como dominio

origen para conceptualizar a Keiko Fujimori como "la dama de la corrupción", al asesor de Acuña como "el asesor de la corrupción", a los postulantes a la presidencia como "políticos de la corrupción" y, al posible ganador de las elecciones, como "presidente de la corrupción"; por lo tanto, se entiende que estos políticos son los encargados de atender asuntos específicos, con acciones disolutas, relacionados a la gobernabilidad del país.

(12) Para que la Contraloría retroceda en su propósito de promocionar a los candidatos de la corrupción (13) pensemos que son cinco años los que están en juego en Perú, por delante, que no debemos entregarlo más a ningún candidato, ni mucho menos presidente de la corrupción, del sistema de corrupción

En cuanto a la metáfora ontológica, según Buenafuentes (2017), es el tipo de metáfora conceptual más compleja; de acuerdo con el punto de vista de esta autora, "las metáforas ontológicas pueden sistematizarse en tres tipos: personificación, animalización y cosificación" (Buenafuentes, 2017, p. 210). Las metáforas ontológicas encontradas son de personificación.

En la expresión (5) aparece LA CORRUPCIÓN ES GUIONISTA, pues Olivera le otorga a la corrupción la característica de ser responsable de elaborar guiones para obras teatrales al decir "de nuevo estamos repitiendo el libreto de la corrupción", de ello se desprende que la corrupción ya tiene prescrito lo que debe y va a hacer para "comprar conciencias"; es decir, sobornar teniendo a Montesinos como el director de escena. Luego, en (14) aparece LA CORRUPCIÓN ES UN MONSTRUO, pues personifica a la corrupción como una criatura cruel.

(14) Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente.

Igualmente, en (15) aparece LA CORRUPCIÓN ES UN ALIADO donde a la corrupción se le otorga características de una persona que apoya a Alan García a controlar jueces y fiscales.

(15) Como siempre, como siempre el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales.

Por último, en (16) se encuentra la metáfora LA CORRUPCIÓN ES SER HUMANO, donde se le asigna a la corrupción una característica física que posee una persona: el tener espalda.

(16) Yo no soy político, solo soy el hombre de confianza de la pareja presidencial en el Consejo de Ministros, y eso no es político. ¿Por qué lo niega? Porque está allí para cubrirle las espaldas a la corrupción de este régimen corrupto que hoy nos gobierna.

4.3. Representación metonímica de la corrupción

Tomando en cuenta la clasificación postulada en Buenafuentes (2017), las metonimias halladas aparecen en las siguientes expresiones:

(17) lo que pasa es que ahí muchos están vinculados a la corrupción también, pero yo creo que independiente de lo que vaya a terminar siendo el resultado de este proceso electoral tiene que conocerse a fondo la verdad

(18) es una empresa que se llama Inversiones Palo Alto que tiene su presidente en una empresa de la corrupción que es Graña Montero y Digital, que tiene los mismos funcionarios y que ha trabajado en la primera vuelta y en la segunda vuelta

(19) Cuando a ti te obligan a elegir a un candidato del cártel de partidos de la corrupción y luego te obligan a elegir entre ellos el mal menor, eso no es democracia.

(20)Nosotros creemos que esto es un plan B que sigue teniendo vigencia al margen de todos los que están haciendo protestas en la calle, a través de sus voceros, gallalleros, ¿no? De abogados contratados del sistema de corrupción.

En (17), (18) y (20) aparece la metonimia LA PARTE POR EL TODO, donde la fuente está en la meta "mediante la cual se realiza una expansión del dominio fuente por ser el dominio meta mucho más amplio" (Buenafuentes, 2017, p. 212). En estas expresiones, la parte corresponde en (17) a las personas vinculadas, en (18) a un presidente y en (20) a los abogados contratados; el todo corresponde en (17) a la corrupción, en (18) a la empresa de la corrupción y en (20) al sistema de corrupción. En cambio, en la expresión (19) está presente la metonimia EL TODO POR LA PARTE, donde la meta está en la fuente, aquí el todo es el cártel y la parte vendrían a ser los partidos de la corrupción.

4.4. Categorización de la corrupción

Previo a la categorización es pertinente proponer un concepto prototípico de la corrupción y corrupción política. Según Vannucci (2015, como se citó en Vannucci y Rios, 2020) existen tres paradigmas para definir el concepto de corrupción: económico, cultural y neoinstitucional. Según Vannucci (2015, como se citó en Vannucci y Rios, 2020) existen tres paradigmas, en primer lugar, el paradigma económico que está centrado en las elecciones individuales basadas en cálculos de costo y beneficio; en segundo lugar, el paradigma cultural que enfatiza cómo la cultura política afecta a las preferencias morales de los individuos y a las restricciones normativas, partiendo de los procesos de construcción social e internalización de las normas sociales, así como, los valores éticos que enmarcan las acciones de los actores sociales; por último, el paradigma neoinstitucional centrado en los mecanismos que regulan las interacciones en las redes de intercambio corruptas y en el papel que desempeñan las instituciones formales e informales, con la finalidad de conformar las expectativas y creencias de los actores sociales.

Por otro lado, de acuerdo con Begovic (2005) para la gran mayoría de las personas la corrupción es algo moralmente inaceptable, además, la describe como un contrato informal, pues es ilegal. Adicionalmente, Begovic (2005) destaca tres elementos, extraídos de la definición de la corrupción de Tanzi (1995, como se citó en Begovic, 2005): el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad, la preferencia debe ser intencional y la existencia de una ventaja para quien comete la violación. Con base en los conceptos de los diferentes autores, se puede inferir que entre los rasgos más notables de la corrupción es que es ventajosa, parcializada, ilegal, inmoral e intencional.

Respecto al concepto de corrupción política, según Casanova (2009), esta puede ser comprendida de dos formas: como la corrupción del sistema político o como la corrupción de las personas que ejercen la actividad política, es decir, los políticos. La primera acepción que propone Casanova (2009) se enfoca en el daño al sistema político, que se caracteriza por la degradación de los fundamentos de los sistemas políticos legítimos y la relegación del elemento personal, dentro del cual bajo esta perspectiva no se determina quién o quiénes pueden llevar a cabo estas conductas. El segundo sentido que Casanova (2009) plantea sobre la corrupción política sostiene que esta se debe a los políticos; en este sentido, la corrupción política es equiparable "a la violación del político del ejercicio de las obligaciones que le son propias, con la finalidad de alcanzar una ganancia extraposicional en beneficio propio o de terceros" (p.117).

En relación con el nivel vertical, Cuenca y Hilferty (1999) lo definen como la organización interna de una categoría que va desde la abstracción hasta la especificación. Aquí, la corrupción se manifiesta mediante tres niveles, los cuales son el nivel superordinado, el nivel básico y el nivel subordinado (Rosch et al. 1976 como se citó en Ibarretxe-Antuñano, 2013). Los tres niveles están representados de la siguiente manera:

Nota. Esta figura muestra la representación del nivel vertical de la categorización de las connotaciones de la palabra corrupción en el discurso epidíctico de Fernando Olivera.

En el nivel superordinado, que es el más general, se encuentra "actos ilegales"; en el nivel básico, que es el nivel más eficiente y más rápido de identificar, está "corrupción" y, en el nivel subordinado, que es el más específico y el que ofrece más atributos al nivel básico, "corrupción política". La taxonomía de la corrupción, según el nivel vertical, se rige bajo el principio de la "economía cognitiva", que consiste en que los seres humanos consigan la mayor cantidad de información de su entorno empleando un mínimo esfuerzo (Ibarretxe-Antuñano, 2013). Con ello, de los discursos articulados por Olivera, se puede apreciar el uso del nivel básico, ya que para entender sus expresiones no se hace tanto esfuerzo para procesar la poca información que podría brindar al hablar de "actos ilegales", a causa de que es muy amplio y no solo la corrupción está englobada dentro de esta categoría; tampoco se hace tanto esfuerzo en comprender el exceso de información que se brinda en el nivel subordinado al hablar de "corrupción política". En cambio, en el nivel básico, al referirse solo a la corrupción, rápidamente se puede relacionar este término con la criminalidad; por ende, su discurso se hace más entendible al público receptor.

Con respecto al nivel horizontal, o principio de la estructura del mundo percibido (Ibarretxe-Antuñano, 2013), de acuerdo con Cuenca y Hilferty (1999), en este se distribuyen entidades en diferentes categorías y cada categoría se establece en grados de prototipicidad. En la siguiente tabla se presenta la clasificación de metáforas encontradas en los discursos de Olivera vinculadas al vocablo corrupción:

Nota. Esta tabla muestra las metáforas encontradas en el discurso epidíctico de Fernando Olivera organizadas según su clase.

El primer tipo de metáfora encontrada en el discurso epidíctico de Olivera caracteriza a la corrupción como un objeto; en primer lugar, la presenta como una carga mostrando los rasgos de inmoralidad e ilegalidad, y, en segundo lugar, como una mercancía, tomando el rasgo de objeto de valor, pero al ser el producto de actos ilícitos arrastra los rasgos de ilegalidad e inmoralidad, aunque también carga la cualidad de ser ventajosa, debido a que beneficia a las personas que realizan los actos de corrupción. El segundo tipo utiliza el término para convertir a las personas en corrupción. En este caso los seres humanos absorben los rasgos negativos de la corrupción, es decir encarnan la inmoralidad, la ilegalidad, la intencionalidad, la inmoralidad, la falta de imparcialidad y presentan una ventaja frente a otros. El tercer tipo convierte a la corrupción en una institución estatal, un organismo fundamental en el Estado que también absorbe todos los rasgos de la corrupción. Por último, el cuarto tipo personifica a la corrupción concediéndole tres diferentes rostros a través de metáforas ontológicas. El discurso de Olivera presenta, en primer lugar, a la corrupción como un compañero del político corrompido, obtiene la cualidad de ser un ser humano, pero conservando todos los rasgos de la corrupción prototípica; en segundo lugar, la corrupción es presentada como un monstruo, cargando los rasgos negativos de la palabra, como anomalía en los valores de los políticos o desviaciones en sus comportamientos, en otras palabras la inmoralidad, así como rasgos típicos de término monstruo, como son la crueldad y la perversión; en la tercera metáfora ontológica, LA CORRUPCIÓN ES UN GUIONISTA, la corrupción toma la forma de un operario que maneja el guion al que se deben ceñir los políticos, en este se presenta el rasgo de la intencionalidad y la falta de imparcialidad en sus acciones. La característica común que presentan las siete distintas metáforas es el carácter inmoral que arrastra el término. En el siguiente cuadro se caracterizan los rasgos de la categoría corrupción.

Conforme con lo que se observa en la tabla se puede discernir que las metáforas que toman todos los rasgos prototípicos del concepto de corrupción son las siguientes: LOS POLÍTICOS SON COMISIONADOS DE LA CORRUPCIÓN, LA CORRUPCIÓN ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, LA CORRUPCIÓN ES UN SER HUMANO y LA CORRUPCIÓN ES UN MONSTRUO. Estas cuatro metáforas tienen la cualidad de absorber el concepto de corrupción en su totalidad. En la metáfora LOS POLÍTICOS SON COMISIONADOS DE LA CORRUPCIÓN, la corrupción es el dominio origen, de este modo, de acuerdo con Lakoff y Johnson (1980, como se citó en Cuenca y Hilferty, 1999) la corrupción le presta su concepto a los "comisionados", que son el dominio destino, así, estos entes absorben el concepto de corrupción sin perder ningún rasgo, pues sus propios rasgos específicos no condicionan la pérdida de los otros. En la segunda metáfora, LA CORRUPCIÓN ES UN INSTITUCIÓN PÚBLICA, es la corrupción el dominio destino que absorbe las características de la institución y de la misma forma conserva todos rasgos de ambos dominios. En la metáfora ontológica, LA CORRUPCIÓN ES UN SER HUMANO, la corrupción toma forma de ser humano, de un aliado que sin tener más características que ser acompañante del político, absorbe todos los rasgos del término corrupción. Finalmente, LA CORRUPCIÓN ES UN MONSTRUO, que también es una metáfora ontológica, presenta a la corrupción personificada como un monstruo. De este modo, la corrupción toma la forma de un ser gigante y fuerte que se aprovecha de los inocentes, pues en palabras de Olivera "es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente". Entonces, la corrupción conserva los rasgos de ser ventajosa, pues tiene la capacidad de manipular a las personas, así como la inmoralidad y la intencionalidad, puesto que sus acciones son crueles y perversas, asimismo, es un ente parcializado porque sus acciones se centran en perjudicar inocentes, y, en definitiva, sus actos también deben ser ilegales.

Nota. Esta tabla presenta los rasgos prototípicos de la palabra corrupción presentes en las metáforas encontradas en el discurso epidíctico de Fernando Olivera.

Por otro lado, las metáforas menos prototípicas son las siguientes: LA CORRUPCIÓN ES MERCANCÍA, LA CORRUPCIÓN ES UNA CARGA y LA CORRUPCIÓN ES GUIONISTA. En las dos metáforas estructurales, la corrupción absorbe los rasgos del dominio origen, mercancía y carga, al ser un objeto pierde los rasgos de imparcialidad e intención, ya que estas no son cualidades de un objeto inanimado. Por último, en la metáfora ontológica LA CORRUPCIÓN ES GUIONISTA, la corrupción es personificada como un guionista, debido a esto pierde el rasgo prototípico de ilegalidad, dado que ser un escritor no está indefectiblemente relacionado a la corrupción; asimismo, también pierde el rasgo de ser una ventaja sobre los demás, pues tener un guion no es necesariamente una ventaja.

5. Conclusiones

El artículo concluye que Luis Fernando Olivera Vega es un actor político que muestra un discurso emergente de protesta contra la corrupción peruana; como estrategia retórica, su discurso político tiene un lineamiento epidíctico pues en él incita al oyente a actuar. Es evidente que este político tiene como ideología que los valores que sustentan a una comunidad deberían renovarse, siendo el presidente electo el principal ejemplo de virtud.

En líneas generales, a través de la semántica cognitiva se pudo describir las representaciones conceptuales de la corrupción mediante metáforas, metonimias y categorización prototípica. En cuanto al discurso epidíctico de Olivera, la representación de la corrupción a través de las metáforas y las metonimias, como lo indicó Chávez (2019), permiten expresar el pensamiento político de este personaje. Siguiendo lo planteado por Lemmens (2015), Olivera -como el sujeto conceptualizador- es el encargado de crear conceptos estableciendo distinciones significativas entre objetos que sirven para realizar alguna tarea cognitiva de alto nivel, como la expresión oral del lenguaje (). Por esta razón, se infiere que este político tiene el control sobre la producción del discurso y la interacción verbal en la que se manifiesta su representación subjetiva incorporando su experiencia personal arraigada en la memoria episódica y considerando las creencias compartidas en la sociedad (Van Dijk, 2012).

El modelo de categorización planteado por Rosch y su equipo (Rosch 1973, 1977, 1978, 1983; Rosch y Mervis 1975; Mervis y Rosch 1981, como se citó en Ibarretxe-Antuñano, 2013) permitió analizar las siete metáforas encontradas en el discurso epidíctico de Olivera mediante el nivel vertical y el nivel horizontal. De acuerdo con lo propuesto por Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, (2012), a través del nivel vertical se develó que la corrupción se encuentra en el nivel básico, siendo este el más eficiente. Por medio del nivel básico, Olivera fue capaz de expresarse sobre la corrupción sin tener que utilizar términos muy específicos. En cuanto al nivel horizontal, después de contrastar los rasgos prototípicos del concepto de corrupción, planteados luego de la revisión de los conceptos de autores como Begovic (2005), Tanzi (1995) y Vannucci (2015); es claro que las connotaciones de corrupción en las metáforas de Olivera no suelen distanciarse de la prototipicidad. En sí, cuatro de las siete metáforas absorben en su totalidad los cinco rasgos, mientras que solo tres metáforas aparecen como miembros más periféricos del grupo, siendo estas las metáforas más específicas que toman a la corrupción como un tipo de objeto o la personifica con una ocupación especial.

Agradecimientos

Las autoras agradecen al lingüista Marco Antonio Lovón Cueva, profesor del curso de Tópicos en Lingüística Cognitiva en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por sus observaciones y revisiones para la confección del presente manuscrito. También es oportuno señalar un agradecimiento a Mirella Alexandra Robles Muñoz por los alcances brindados a la confección y lectura del manuscrito.

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Representación semántico-cognitiva de la corrupción en el discurso epidíctico de Fernando Olivera

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Artículos académicos Representación semántico-cognitiva de la corrupción en el discurso epidíctico de Fernando Olivera Semantic-cognitive representation of corruption in the epideictic discourse of Fernando Olivera A representação semântico-cognitiva da corrupção no discurso epidético de Fernando Olivera Esta investigación propone la descripción y el análisis del discurso político en el Perú a través del enfoque de la semántica cognitiva.

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La publicación de esta noticia es falsa, por el simple hecho que castillo si sigue vivo.

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La noticia es falsa por que se sabe que Pedro castillo esta vivo y también que no se muestran pruebas 

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La noticia es falsa por que se sabe que Pedro castillo esta vivo y también que no se muestran pruebas 

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Para encontrar esta información lo único que hice fue buscar" La corrupción en el Perú"  

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Artículos

Perú 2019: crisis política y salida institucional

Perú 2019: Political Crisis and Institutional Outcome

¹ Pontificia Universidad Católica del Perú

² Northwestern University, USA

El presente artículo da cuenta de los acontecimientos del año 2019 centrándose en la grave crisis política que se desató entre el gobierno y el congreso, y su salida institucional. El artículo explica cómo esta crisis escaló en el 2019 de la mano de las escandalosas revelaciones de corrupción que implican gravemente a la mayor parte de la clase política del país. Esta crisis llegó a un punto de inflexión cuando el Presidente Martín Vizcarra disolvió el congreso en setiembre contando con un apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, la constitucionalidad no se rompió, el gobierno y el país exhibieron una sorprendente continuidad institucional y se celebraron elecciones para reemplazar a los congresistas disueltos sin mayores sobresaltos. Por un lado, el artículo argumenta que la salida institucional a la crisis política está relacionada al progresivo desprestigio de la clase política peruana debido a las crecientes revelaciones de corrupción que redujeron un potencial conflicto social con la disolución del congreso. Por otro lado, la debilidad y flexibilidad del sistema peruano permitió la aparición de un político independiente, pero afortunadamente, esta vez, con un liderazgo institucionalista en lugar de uno autoritario para ocupar el liderazgo del gobierno. El artículo concluye que este es un resultado contingente y por lo tanto no resuelve problemas estructurales que siguen siendo una fuente de inestabilidad para la democracia en el Perú.

Palabras claves: crisis institucional; democracia; corrupción; liderazgo

The present article accounts for the events of the year 2019, focusing on the serious political crisis between the government and the Congress and its institutional outcome. The article explains how this crisis escalated in 2019 due to the corruption scandals seriously involving the country's political class. This crisis reached a turning point when President Martín Vizcarra dissolved the Congress in September with high public support. Yet the constitutional order was not broken and both the government and the country exhibited a surprising institutional continuity. Moreover, elections to replace the dissolved Congress were held without major incidents. On the one hand, the article argues that the institutional solution to the political crisis is related to the continuing loss of prestige of the Peruvian political class due to the corruption scandals. The possibility of social unrest linked to the dissolution of the congress, therefore, decreased. On the other hand, the weakness and flexibility of the Peruvian system made possible the rise of an independent politician to the top of the government, who, fortunately, was an institutionalist rather than an authoritarian leader. The article concludes that the overall outcome was contingent - it does not solve the structural problems of the Peruvian democracy as continuous sources of instability.

Keywords: Institutional crisis; Democracy; Corruption; Leadership

I.INTRODUCCIÓN

El Perú en el 2019 estuvo marcado por un punto de inflexión política: el cierre constitucional del Congreso. Por un lado, esta inflexión representó el debilitamiento del fujimorismo y el aprismo quienes fueron las agrupaciones políticas que se fortalecieron en la escena nacional desde el regreso a la democracia en el 2001. Por otro lado, la inflexión tuvo una salida a favor del Ejecutivo y permitió la continuidad institucional del país y del gobierno de Martín Vizcarra, el vicepresidente de origen provinciano invitado a la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como político independiente y que lo sucedió después de su obligada renuncia en marzo del 2018.

Este punto de inflexión, hoy parece un episodio lejano frente al drama que sufre el país a causa de la pandemia global del Covid-19. Hasta el mes de junio del 2020, el Perú es el segundo país con más casos en América Latina, a pesar de las tempranas medidas tomadas por el gobierno (). A ello se suma el colapso económico, que ha llevado a la reducción de la población económicamente activa a casi la mitad en Lima, la capital del país (). Sin embargo, la coyuntura del 2019 no es para nada una etapa intrascendente en la configuración del nuevo escenario nacional. Por un lado, presenta la caída y la emergencia de los nuevos actores políticos, quienes enfrentaran la crisis del 2020. Por otro lado, refleja los problemas estructurales del país a pesar de la continuidad democrática y el crecimiento económico de los últimos 20 años.

Sin duda, en el 2019 ocurrió la mayor tormenta política del Perú desde su regreso a la democracia en el 2001. El gobierno y la oposición se involucraron en un tipo de constitutional hardball, como se le denomina en inglés, que pudo resquebrajar seriamente la democracia (Tushnet 2004; Levitsky y Ziblatt 2018). El camino hacia este punto de inflexión política se inició con la elección del gobierno de PPK en el 2016. Como señalaron Arce e Incio (2018) y Ponce de León y García (2019), el gobierno que llegó con las elecciones generales en 2016 era sumamente débil y dividido. Este derivó pronto en una crisis institucional. El Congreso de la República controlado por el fujimorismo cobró un protagonismo que no tenía precedentes desde la transición democrática. El despliegue de todos sus poderes constitucionales fue volviéndose cada vez más intransigente y obstruccionista con el gobierno, usando la amenaza y la censura de ministros e incluso invocando dos veces la vacancia del presidente Kuczynski. La última de ellas acabó en su renuncia y la sucesión de Vizcarra.

El escalamiento de la crisis entre el Ejecutivo y el Congreso no se detuvo con el nuevo gobierno de Vizcarra. Esta crisis llegó a su punto más crítico en septiembre del 2019 cuando el presidente disolvió el Congreso sobre la base de una interpretación, si bien no abiertamente inconstitucional, en el límite de la Constitución. En respuesta, el Congreso resolvió suspender al presidente por incapacidad temporal y, en un confuso episodio, hizo juramentar como máxima mandataria a la vicepresidenta del gobierno, Mercedes Aráoz. Pronto se hizo evidente que la decisión del presidente prevalecía. Finalmente, el Tribunal Constitucional (TC) favoreció el acto de disolución el 5 de noviembre y el 26 de enero de 2020 se celebraron elecciones para conformar un nuevo parlamento que cumplieron con estándares democráticos.

Si la continuidad de la democracia peruana era ya sorprendente dada su fragilidad (Barrenechea y Sosa 2014; Arce e Incio 2018), en el 2019 esta continuidad y la salida institucional volvieron a sorprender, en particular en el contexto de un año que ha sido de explosión social y política para la región. Si bien era poco plausible un golpe militar, luego de la disolución del Congreso se abrió un escenario incierto que otorgó una alta discrecionalidad al Ejecutivo que podría haber debilitado el ejercicio democrático en el país. Dargent, por ejemplo, señaló que la facilidad con que se dio la disolución del Congreso, nos hace olvidar que otro pudo ser el resultado (2019b), refiriéndose a una salida no institucional.

El argumento que se plantea respecto a la crisis y salida institucional del 2019 en este artículo destaca la importancia de un factor externo en el proceso de escalamiento de la crisis y su salida a favor del Ejecutivo. Este es el creciente avance del equipo especial de fiscales anticorrupción en mostrar evidencia de la vinculación de varios políticos con el caso Lava Jato y la alta indignación de la población respecto a estos casos de corrupción que involucran a casi toda la clase política del país. Además, frente al escenario de vulnerabilidad democrática que emergió, se resalta cómo el débil sistema político peruano paradójicamente permitió la aparición contingente de un político independiente como Martín Vizcarra con un liderazgo que no se caracterizó por la concentración de poder o el autoritarismo, sino por un estilo mayoritariamente negociador e institucionalista pese a ciertos signos de alerta.

El artículo busca dar cuenta del 2019, centrando el análisis en esta crisis política, aunque se menciona otros eventos importantes que ocurrieron también durante el año. Para el análisis usamos información secundaria, datos de las encuestas de opinión, artículos de opinión y entrevistas que describen la coyuntura política del 2019. El texto se organiza en cinco partes. Luego de esta introducción, la segunda sección presenta el panorama económico y social del año 2019. La tercera sección explica la llegada al momento de inflexión política y la salida de la crisis a favor del Ejecutivo con el cierre del Congreso junto con el debilitamiento de grupos políticos como el fujimorismo y el aprismo que dominaron las dos últimas décadas. La cuarta sección, explica la continuidad del mandato presidencial de Vizcarra sin mayor detrimento de la democracia, a pesar de la debilidad de su gobierno para dar solución a problemas que se manifestaron con notoriedad en el 2019.

II. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL 2019

El gobierno de Kuczynski no logró mantener un crecimiento económico estable y esto se reflejó en el 2019 con una desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. El inicio de su gobierno coincidió con lo que Muñoz y Guibert llamaron "el fin del optimismo" (2016) para referirse a los claros desafíos del modelo basado en la exportación de minerales, en un contexto de caída de los precios de los metales. En el 2019 la economía siguió desacelerándose y puede verse en el gráfico 1 claramente el fin del boom que se inició en los 2000s. El PBI creció sólo un 2.3%, una cifra menor al crecimiento del año anterior (4%) y menor a la esperada (entre 3.8% y 4%) (El Peruano 2019). La reducción del PBI es expresión fundamentalmente de la volatilidad y caída del precio del cobre a nivel internacional, que representa el 40% de las exportaciones peruanas (Parodi 2019). El precio de este metal pasó de US$ 296 por libra en el 2018 a US$ 272 en el 2019 ().

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRP

Si bien la inversión pública siguió una tendencia de pobre desempeño, las inversiones privadas experimentaron una expansión en el 2019 en base a proyectos de inversión minera y en el sector de la construcción, que representaron el 13% del PIB (). Asimismo, en el 2019 se logró contener el déficit fiscal que venía en bajada desde el 2014, y que alcanzó su peor momento durante el gobierno de Kuczynski. En el año 2017 el déficit llegó a representar el 3.1% del PBI, valor más alto de la década (). A finales del 2018, el déficit se recupera (2.3%) y para el 2019 representa el 1.6% del PBI (). En cuanto a la recaudación fiscal en el 2019 esta se incrementó en un 3.7% con respecto al año anterior (), consolidándose la recuperación tras la caída experimentada entre el 2015 y 2017 (América Económica 2020).

La población ciertamente percibe que la situación económica no es muy alentadora. Una encuesta de julio de 2019 revela que el 48% reconoce la desaceleración de la economía, mientras que 54% no cree que la economía pueda volverse a impulsar bajo el gobierno de Vizcarra. Aparentemente, una alta percepción (50%) sobre el crecimiento del desempleo estaría detrás de este pesimismo (). Sin embargo, estas preocupaciones no necesariamente corresponden a la realidad oficial. En el 2019, la población ocupada a nivel nacional aumentó en un 2.1% respecto al año anterior, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 3.9% (). Asimismo, la tasa de desempleo en Lima (6.6%) y su alta incidencia en jóvenes menores de 25 años (10.3%) no mostró mayor variación con respecto a años anteriores (). Este escenario va a cambiar radicalmente en el 2020 con la crisis del COVID-19; en junio la tasa de desempleo en Lima alcanzó 13.1% ().

La percepción negativa de la población sobre el desempleo en el 2019, sin embargo, podría haber estado relacionada con la reciente tendencia a atribuir consecuencias negativas para la situación laboral y el nivel de ingresos a la inmigración venezolana (Koechlin et al. 2019: 48). Precisamente, este fenómeno alcanzó su punto más alto en el 2019: el Perú se convirtió en el segundo país receptor después de Colombia y antes de Chile, con 768,000 migrantes (). Los resultados de las encuestas evidencian un aumento en la percepción negativa hacia la inmigración venezolana que pasó de 43% en el 2018 a 67% en el 2019 (). En reacción, el 2019, el gobierno empezó a tomar medidas significativas para reducir el impacto de la migración, a través del requerimiento de pasaporte y visa humanitaria para el ingreso al país, así como nuevas restricciones laborales. El ministerio de trabajo decidió establecer el límite de la planilla extranjera en las empresas a un 20% (SUNAFIL 2019).

En relación a la situación de pobreza, medida monetariamente, su disminución se ha desacelerado en los últimos años con la caída del crecimiento económico. Esta tendencia ha continuado en el año 2019, con una reducción de apenas 0.3% de la pobreza monetaria (); y definitivamente con la pérdida de empleo en el 2020 debido al COVID-19, esta tendencia se reforzará (o se revertirá) dramáticamente para el 2020 (Prialé 2020).

III. INICIO Y SALIDA DEL PUNTO DE INFLEXIÓN INSTITUCIONAL

La crisis entre el Congreso y el Ejecutivo en el Perú no es excepcional en América Latina. Entre 1985 y 2008, América Latina experimentó 89 crisis institucionales de la cuales 45 corresponden a enfrentamientos entre el gobierno y el Congreso (Helmke 2017). Las crisis institucionales se refieren a "episodios caracterizados por niveles extremos de conflicto y por la decisión de un poder electo de disolver otro con el objetivo de remodelar su composición" (Pérez-Liñan 2007: 44) o, al menos, desafiarla (Helmke 2017: 17).

Desde la transición democrática, ningún presidente electo en Perú tuvo un respaldo tan débil en el Poder Legislativo como Kuczynski (Ponce de León y García 2019). El gobierno que llegó en el 2016 tuvo que enfrentar la mayoría absoluta de Fuerza Popular (el fujimorismo) en el Congreso, con 73 de 130 escaños. En alianza principalmente con el aprismo, el fujimorismo fue volviéndose cada vez más intransigente y obstruccionista con el gobierno. En particular, destacó su oposición a las políticas educativas con equidad de género que el gobierno buscaba realizar (El Comercio 2017). Entre diciembre de 2016 y agosto del 2017, el Congreso provocó la caída de tres ministros a través de la censura o amenaza de censura, y la renuncia y recomposición de todo un gabinete de ministros al negar la "cuestión de confianza" planteada por el gobierno para evitar la censura de la ministra de educación. Adicionalmente, en diciembre del 2017 buscaron la vacancia del presidente tras revelarse su vinculación al caso Lava Jato (Ponce de León y García 2019). El gobierno se salvó por escasos votos y aparentemente por la negociación del indulto al expresidente Alberto Fujimori que se concretó tres días después, en la víspera de navidad. Finalmente, el segundo proceso de vacancia (marzo del 2018) obligó al presidente a renunciar ante la inminencia de la vacancia. Con matices, el Perú del 2018 se acercó a los casos de crisis presidenciales que combinan escándalos de corrupción, ausencia de apoyo legislativo y rechazo de la población (Pérez-Liñan 2007).

Lucha anticorrupción y el desprestigio de la clase política

En el 2019, se reanudó el conflicto del Congreso con el Ejecutivo, pero con una mayor iniciativa de este último. Vizcarra inició una lucha contra la corrupción que fue respaldada por la población, pero que lo enfrentó al Congreso. Al inicio del 2019, el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry destituyó sorpresivamente a Rafael Vela y José Domingo Pérez, los fiscales del equipo especial a cargo del caso Lava Jato. Estos apelaron ante la junta de fiscales supremos señalando que se buscaba sabotear la firma final del acuerdo de colaboración con Odebrecht, que había sido programada para esos días. En una reacción rápida, el presidente Vizcarra inmediatamente se solidarizó con los fiscales y anunció tanto su regreso de un viaje protocolar en Brasil como su decisión de plantear una reforma del Ministerio Público con la cual el Congreso no estaba de acuerdo.

El fiscal Chávarry se vio finalmente obligado a reincorporar a los fiscales y a renunciar días después. El apoyo de la población a Vela y Domínguez se expresó en una masiva movilización nacional el 3 de enero provocando además la renuncia de los fiscales designados para reemplazar a los fiscales. El gráfico 2 muestra la creciente aprobación popular de los fiscales especiales de la comisión Lava Jato entre febrero y mayo del 2019, y cómo contrasta con la baja aprobación de la Fiscalía, en general.

Esta fiscalía especial anticorrupción venía ganando un mayor nivel de legitimación desde su creación en el 2016, y la unificación de las diferentes investigaciones vinculadas al caso conocido como 'Lava Jato' bajo su liderazgo en el 2018. Asimismo, el establecimiento de mecanismos como los acuerdos de colaboración eficaz lograron fortalecer las capacidades de esta unidad para avanzar eficientemente con las investigaciones, protegiéndolas de entrampamientos políticos (Gonzalez-Ocantos y Baraybar 2019: 65). Del mismo modo, la mediatización del caso y el apoyo de la opinión pública permitió a los fiscales "contrarrestar cierta precariedad institucional" (Ponce de León y García 2019: 357). No obstante, existen críticas a atender sobre el uso recurrente de los fiscales del mecanismo de la prisión preventiva y su demora en presentar acusaciones formales (). El rol de equipos periodísticos de investigación en difundir los nexos entre corrupción y política, como IDL-Reporteros, también debe destacarse. En 2019, una encuesta identificó a Gustavo Gorriti, director del mencionado medio, como una de las personas más poderosas del país (IPSOS 2019a). Las amenazas e intentos de obstrucción de algunas organizaciones políticas al IDL también demuestran la importancia de este sector de la prensa (Gorriti 2019).

La reforma política y el escalamiento de la crisis

En la segunda parte del año, en un contexto de mucha indignación por las revelaciones de corrupción, siguió el escalamiento de la crisis institucional entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, en este periodo, el constitutional hardball estuvo en el lado del presidente. El gobierno presentó dos cuestiones de confianza en el 2019. En junio del 2019, una cuestión de confianza fue planteada para respaldar la reforma política que su gobierno venía impulsando. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma política que venía trabajando desde diciembre de 2018 presentó su propuesta en marzo del 2019 con medidas concretas para fortalecer las instituciones, del sistema democrático y del Estado Constitucional de Derecho. La propuesta incluía 12 proyectos de ley que debían ser revisados en el Congreso. Si bien el Congreso elaboró un cronograma para discutir los proyectos, no se priorizaron aquellos señalados como más urgentes por el Ejecutivo. Por ejemplo, el 16 de mayo la Comisión de Constitución del Congreso decidió archivar el proyecto de ley que buscaba hacer cambios sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que esto sea tarea de la Corte Suprema. Esta inmunidad era rechazada por el 78% de la población (La Rosa 2019), porque era vista como una forma de los políticos de ser percibidos por sus actos de corrupción, entre otros delitos.

El 29 de mayo, Vizcarra da un mensaje a la nación anunciando que se planteará una cuestión de confianza ante el Congreso sobre el tema de la reforma política. Señaló que había una sensación de que el Congreso estaba demorando la reforma política al haber archivado el proyecto de inmunidad parlamentaria y varias de las denuncias en contra del ex fiscal de la Nación Chávarry. La cuestión de confianza consistiría en la aprobación de seis proyectos de ley de reforma política sin vulnerar su esencia (Calderón 2019). Este momento generó tensión, pues de ser denegada la confianza, el presidente podría constitucionalmente disolver el Congreso, al ser la segunda negativa en el periodo. El Congreso dio la confianza el 5 de junio, comprometiéndose a la revisión y aprobación de los proyectos antes de que acabe la legislatura, que se extendió hasta la tercera semana de julio.

El 27 de julio se inició un nuevo ciclo en el Congreso, bajo la presidencia de Pedro Oleachea, que fue una oportunidad para que se estableciera una nueva reconfiguración de partidos y alianzas en el Legislativo. Sin embargo, la crisis entre el gobierno y el Congreso solo escalaría. Por un lado, Fuerza Popular continuaba manteniendo dominio y mayoría. Por otro lado, el Ejecutivo consideraba que la esencia de la reforma referida a la inmunidad parlamentaria se vio vulnerada, puesto que los mecanismos dispuestos para su levantamiento se alejaban a lo propuesto por el Ejecutivo: el Congreso mantenía la facultad de decidir sobre el levantamiento.

El 28 de julio en el mensaje presidencial que causó mucha sorpresa, Vizcarra propuso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales que estaba programadas para el 2021 al año 2020 en las que él no participaría. Bajo una lógica de "nos vamos todos", el gobierno quiso demostrar su desprendimiento del poder a cambio de la renovación de la clase política envuelta en controversias de corrupción y una salida a la crisis que ambos poderes enfrentaban afectando la gobernabilidad del país. Esta era una estrategia insólita para una región donde los cambios constitucionales de este tipo suelen orientarse en aumentar el poder y asegurar la permanencia del presidente. El 70% de la opinión estuvo de acuerdo con la propuesta de adelanto de elecciones de Vizcarra, lo cual inmediatamente se reflejó en un aumento de la aprobación del presidente de 44% en julio de 2019 a 57% en agosto y una disminución de la aprobación del Congreso en los mismos meses de 19% a 17% como se observa en el gráfico 3.

El Congreso, sin embargo, no se mostró a favor de este proyecto. Más bien, en agosto del 2019 aprovecharon el manejo que tuvo el gobierno del conflicto minero Tía María para buscar la interpelación, e incluso algunos congresistas, como Mauricio Mulder de la bancada aprista, amenazaron con la vacancia (El Comercio 2019c). Durante las semanas que siguieron escalaría la crisis. Luego de meses de negociación, el 26 de setiembre, la Comisión de Constitución del Congreso archivó el proyecto de ley de anticipo de elecciones cerrando la posibilidad de una salida constitucional en que ambos poderes del Estado se renovaran. Al día siguiente (27 de septiembre), el presidente anunció que se presentaría una nueva cuestión de confianza por otro tema: la elección de miembros del TC que, según el gobierno, el Congreso venía haciendo de forma inusualmente acelerada y poco transparente. Por lo cual, el gobierno proponía una reforma en el procedimiento de elección.

El escalamiento de la crisis institucional alcanzó un punto de inflexión el 30 de septiembre. En uno de los días más agitados de la política peruana en las últimas dos décadas, el presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar presentó la cuestión de confianza. A pesar de estar facultado constitucionalmente para participar en las sesiones del Legislativo, fue inicialmente impedido de ingresar al hemiciclo y de tomar la palabra. Luego de presentar la cuestión de confianza, el Congreso no discutió la medida y continuó con la elección de miembros del TC (eligiendo a uno de ellos). Como consecuencia, el gobierno interpretó que había ocurrido una denegación "fáctica" de la confianza. De la misma forma, siguiendo el artículo de la Constitución que lo faculta a tomar esa decisión en caso dos cuestiones de confianza fuesen denegadas, el presidente anunció la disolución del Congreso de la República y la convocatoria a elecciones para reemplazar al Congreso disuelto.

Posteriormente, el Congreso votó y aprobó la cuestión de confianza y, al tomar noticia de la disolución, decidió suspender en el cargo al presidente y juramentar en su reemplazo a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien aceptó hacerlo. Hacia la medianoche, Vizcarra reapareció en una foto junto a los jefes de las fuerzas armadas y policiales en una muestra simbólica de su respaldo. Un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea reafirmó que "el Señor Presidente Constitucional de la República, Ing. Martín Vizcarra Cornejo, es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú" ().

¿Qué decisión prevalecía? ¿Quién gobernaba el Perú? ¿Había el presidente disuelto el Congreso o el Congreso suspendido al presidente? Pese a la confusión de las primeras horas, pronto se hizo evidente que la salida de la crisis se resolvía de manera favorable al Ejecutivo. El Congreso no solo carecía del apoyo de los militares, sino de la comunidad internacional y la ciudadanía. Por una parte, no hubo organismos internacionales que se pronunciaran contra la medida y ningún gobierno latinoamericano insinuó un quiebre constitucional. Por el contrario, la Secretaría General del Organismo de Estados Americanos (OEA) se manifestó al día siguiente de la disolución a través de un comunicado que señalaba que competía al TC pronunciarse sobre el desacuerdo entre los poderes y que era "un paso constructivo" el llamado a elecciones.

Asimismo, la ciudadanía apoyó mayoritariamente al Ejecutivo. De acuerdo con IPSOS, el 85% respaldó la disolución del Congreso y la popularidad del presidente subió a 79% (ver gráfico 3) - un aumento de 31 puntos porcentuales respecto al mes anterior (2019b). Este apoyo se enmarca en el aumento de la tolerancia que expresa la población hacia los llamados golpes Ejecutivos en los últimos años en el Perú (LAPOP 2019). Como muestra el gráfico 4, si bien esta medida tiene un aumento sostenido desde el 2010, la tendencia se acelera del 2017 al 2019: de 37.8% a 58.9%. En perspectiva comparada, como señala el gráfico 5, Perú es de lejos el país sudamericano donde existe más tolerancia al cierre del Congreso. En América Latina, el país más cercano es México con 28.1%. De acuerdo con el análisis de Ramírez y Zechmeister (2019), la tolerancia a los golpes Ejecutivos en Perú en el 2019 no se predice por el apoyo a la democracia, la satisfacción a la democracia, ni la aprobación al presidente. Los mejores predictores son los bajos niveles de confianza hacia el Congreso y la alta percepción de corrupción.

IV. CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA SIN ESTABILIDAD

Esta sección busca explicar la salida institucional a la crisis y la continuidad democrática, pero al mismo tiempo resaltar la frágil estabilidad de esta continuidad. Siguiendo a autores como Grzymala-Busse (2011) nos parece importante hacer la distinción entre la duración en términos de longitud temporal (continuidad) y la capacidad para proveer un resultado constante (estabilidad). Grzymala-Busse señala, además, que "más tiempo transcurrido, por sí solo, no disminuye las percepciones de riesgos" (2011: 1279). Precisamente, esto es lo que la presente sección también quiere enfatizar como evaluación de un año que no acabó tan mal, pero que no garantiza un futuro en la misma dirección.

La primera parte de la sección se enfoca en la continuidad. Señalamos que la continuidad democrática se explica principalmente por el liderazgo institucionalista del presidente y su resistencia a concentrar poder. Este es un resultado contingente y paradójico de la debilidad partidaria en el Perú, una característica del país usualmente asociada con peligros para la democracia. La segunda parte, busca explicar los graves desafíos que resaltan en el 2019 y suponen un riesgo para la estabilidad de la democracia en el Perú; el desgaste del modelo económico y su consecuente conflictividad; la expansión de economías ilegales en diferentes flancos del territorio y la creciente politización de la lucha por la equidad de género.

Continuidad democrática en el 2019

Este análisis se enmarca en la literatura sobre la relación entre crisis institucionales y régimen político democrático. Antes de la tercera ola de democratiza-ción, las crisis institucionales tenían la tendencia a resolverse con el quiebre de la democracia (), frecuentemente a través de un golpe de estado y el establecimiento de una dictadura (O'Donnell 1992). Luego de la tercera ola de democratización, las intervenciones militares son menos comunes y prevalecen las crisis sin quiebres (Mainwaring y Hagopian 2005; Pérez-Liñan 2007). En la mayoría de casos, las soluciones "legales" se han convertido en sustitutos funcionales del golpe militar (Pérez-Liñan y Polga-Hecimovich 2017). Pero los peligros para la democracia no han desaparecido por completo, e incluso se han desarrollado regímenes híbridos como los autoritarismos competitivos en los países de la región (Levitsky y Loxton 2012).

En Perú, el escalamiento de la crisis institucional entre el Ejecutivo y el Congreso hizo posible algunos de estos escenarios en el 2019. Sobre todo, la resolución de la crisis a favor del Ejecutivo podría haber acercado al Perú al tercer escenario (muerte lenta de la democracia). Primero, hace algunos años, la posibilidad de un Congreso intransigente e impopular había sido planteado como un contexto que aumentaría los incentivos de los presidentes peruanos para asaltar las instituciones democráticas (Levistky 2013: 459). Segundo, algunos estudios habían resaltado ciertas estratégicas de Vizcarra como populistas y con el consecuente riesgo de inclinarse a propuestas autoritarias (Ponce de León y García 2019).

Sin embargo, el gobierno de Vizcarra continuó sin mayor detrimento de la democracia. ¿Qué explica esta continuidad? En primer lugar, el crecimiento económico como sospechoso común de la supervivencia de la democracia (Przeworski y Limongi 1997) no fue aparentemente el responsable. La ilusión del rápido crecimiento económico llegó a su fin y, como se ha señalado anteriormente, la actuación del gobierno de Vizcarra respecto a la economía fue tan pobre como la de su predecesor. En segundo lugar, como hemos mostrado, la población parecía dispuesta a apoyar el cierre del Congreso sin importar la legalidad de la medida (Ramírez y Zechmeister 2019), a esto contribuyó el desprestigio de la clase política involucrada en graves delitos de corrupción. Este era el escenario perfecto para el debilitamiento e incluso suspensión del régimen democrático. Sin embargo, esto no ocurrió.

Este artículo sostiene que el resultado fue de contingencia y paradójico a la debilidad partidaria en el Perú, una característica usualmente asociada con peligros para la democracia por su proclividad para la elección de líderes que confrontan y asaltan las instituciones que los limitan (Levitsky y Loxton 2012). Los políticos como "agentes libres" es una característica fundamental de la política peruana. Es ampliamente estudiando que, a diferencia de otros países, la temporalidad de los políticos en el Perú es bastante corta, su aparición y desaparición ocurre frecuentemente y la distribución de poder entre éstos políticos es bastante fragmentada e inestable (Levitsky 2013). Una de las razones más importantes de esta volatilidad es la debilidad de los partidos políticos. El sistema de partidos políticos colapsó a finales de los ochenta e inicios de los noventa (Cameron 1994; Tanaka 1998) y, desde ahí, no existen prospectos para la re-construcción partidaria (Levitsky et al. 2016). Los partidos que participan en las elecciones suelen ser vehículos personalistas o meros cascarones que presentan su inscripción legal para las candidaturas individuales de turno. Como consecuencia, presidentes, congresistas y autoridades subnacionales tienen una tendencia a ser outsiders, tránsfugas y novatos (Levitsky y Zavaleta 2019). Asimismo, las alianzas electorales y la conformación de listas (incluyendo las planchas presidenciales y bancadas parlamentarias) obedecen a decisiones de corto plazo que resultan en fragmentación y nuevos reacomodos una vez en el poder.

La solución que tomó la crisis institucional del 2019 es en parte producto de esa realidad. Vizcarra es uno de estos de políticos libres que, aun siendo pre-sidente, es descrito en libros dedicados a su biografía como "un personaje aún desconocido" (). Ingeniero Civil de profesión, ingresó a la política luego de trabajar como servidor público en su natal Moquegua y en Arequipa y de fundar la empresa "CyM" con su hermano. En 2006, tentó la Presidencia Regional de Moquegua como invitado por el APRA, obteniendo el segundo lugar. En 2008, fue una figura crucial en resolver las movilizaciones sociales conocidas como el "Moqueguazo" y, con esa popularidad, ganó la presidencia regional en 2010 por el movimiento regional "Integración Regional por Ti" que presidía. En ese puesto "hizo de su pequeña región un ejemplo de desarrollo" (). Finalmente, se convirtió en candidato a la vicepresidencia como parte de una estrategia de "marketing electoral" para evitar la imagen de un club de "limeñitos" () y "blancos" que la dupla de Kuczynski y Aráoz (inicialmente considerada para la primera vicepresidencia) proyectaba (). Vizcarra tenía el perfil "provinciano" y de líder subnacional exitoso que requerían ().

En esta línea, los meses que siguieron a la disolución del Congreso no mostraron una tendencia del presidente a acumular poder. Primero, se confirmó que la foto junto a los jefes militares y policiales fue, básicamente, protocolar y simbólica. A diferencia del autogolpe del 05 de abril de 1992, los militares no han tenido rol protagónico. Segundo, la Comisión Permanente, órgano del Congreso que se mantiene en funcionamiento pese a la disolución de acuerdo con la constitución, () siguió operando. Tercero, desde el momento del acto de disolución del Congreso, Vizcarra convocó a elecciones congresales extraordinarias de acuerdo a ley. A diferencia de las elecciones semi-competitivas del 2016, marcadas por la exclusión de candidaturas (Encinas 2016), las elecciones congresales extraordinarias 2020 fueron plenamente competitivas. Más aún, el presidente Vizcarra no postuló lista oficialista a las elecciones congresales. Cuarto, los resultados electorales también parecen reflejar la ausencia de abusos de poder por parte del gobierno.

Por un lado, la mayoría del Congreso disuelto fue ampliamente sancionada por el voto de la población. Fuerza Popular disminuyó sustancialmente su número de escaños de 73 en el 2016 a 15 en el 2020, convirtiéndose en la tercera fuerza política del parlamento. Algunos de sus aliados en el Congreso como el Partido Aprista Peruano y Contigo (ex Peruanos por el Kambio y opositores a Vizcarra durante el último año) no pasaron la valla, así como tampoco Solidaridad Nacional que incluyó en su lista a ex congresistas fujimoristas. Por otro lado, aunque muy lejos de una mayoría absoluta, Acción Popular (25 escaños) y Alianza por el Progreso (22 escaños) obtuvieron la mayor cantidad de votos pese a su cercanía al fujimorismo y su oposición al gobierno en el periodo 2016-2019. El resto de partidos difícilmente podrían ser señalados como pro-gobierno, sobre todo en los casos de FREPAP, UP y PP que consiguieron una representación en el Congreso no prevista hasta poco antes de la elección (Dargent 2020). En conclusión, este fue un resultado mixto para el gobierno que se asemeja al tipo de composición congresal fragmentada de los presidentes anteriores a Kuczynski (Levitsky 2013), con la salvedad de que no existe bancada oficialista.

Más allá del comportamiento de Vizcarra, resulta destacable que se confirmara la constitucionalidad de la disolución del Congreso. El 14 de enero del 2020, el TC declaró infundada la demanda competencial interpuesta por Olaechea como presidente de la Comisión Permanente y respaldó los argumentos jurídicos del gobierno en el acto de disolución. En particular, el TC planteó que el gobierno "contaba con competencia para plantear una cuestión de confianza" sobre el asunto de fondo que lo motivó y que "en la medida en que el Congreso de la República decidió no suspender dicho acto, es evidente que decidió denegar la confianza al Poder Ejecutivo" (TC 2020). Otras acciones judiciales de amparo impuestas por congresistas disueltos también fueron desestimadas (Perú21 2019b). En todas ellas, no se advierte una manipulación judicial por parte del gobierno como en otros casos en América Latina (Helmke 2017).

Las amenazas de la estabilidad democrática

Hemos señalado que el Perú ha conseguido una continuidad democrática, pero sin estabilidad o, en todo caso, una sumamente frágil. Sin negar la sorpresa en términos comparados e históricos de una continuidad democrática sin precedentes, los factores que desencadenaron estas crisis siguen presentes y no se han mitigado, y la salida institucional ha sido fundamentalmente contingente. Esto hace imposible prever el resultado de futuros episodios que desafíen la democracia.

Los desafíos son estructurales y por ello graves. Acá destacamos tres que sobresalen en el 2019: la gestión del crecimiento basado en el modelo exportador de metales, la expansión de las economías ilegales en la Amazonía, y la creciente politización de las políticas de equidad de género.

, los conflictos mineros siguieron siendo la otra cara del crecimiento económico basado en un modelo económico exportador de metales, y la tendencia de estos ha tenido un ligero repunte desde el 2017 como muestra el gráfico 6. En el 2019, dos conflictos fueron emblemáticos, el conflicto de las Bambas y el conflicto de Tía María. El primero es el proyecto de cobre más importante del país, ubicado en la región de Apurímac, de propiedad de Minerals and Metals Group (MMG), filial externa de China Minmetals. Está ubicado en Cotabambas en la región de Apurímac, la cuarta más pobre del país y produce el 15% de cobre a nivel nacional (). Las sostenidas protestas de los pobladores que bloquearon el tránsito de minerales en el corredor minero por un tiempo significativo pusieron en "jaque" al gobierno en el 2019 y el primer ministro tuvo que atender las negociaciones personalmente (Energiminas 2019). Esta larga movilización expresó bien los problemas estructurales del modelo de exportación de metales y su gobernanza, aún no superadas. Por un lado, se expresó la dificultad de la minería de ofrecer una distribución efectiva de beneficios, y como consecuencia, el desarrollo de una dinámica perversa para todas las partes. Esta es la de la movilización a cambio de beneficios o compensaciones. Por otro lado, se expresó el fracaso del Estado Peruano, después de casi dos décadas de boom de metales, de construir una institucionalidad ambiental y social que prevea estos conflictos de manera efectiva (Orihuela y Paredes 2017).

Segundo, el año 2019 ha sido muy dinámico en operativos de erradicación de actividades económicas ilegales en el país, en especial en la Amazonía. En el caso de la minería ilegal se inició un gran operativo en la La Pampa en Madre de Dios, la zona con mayor intensidad y concentración de minería ilegal en el país (). Sin embargo, estas actividades ilegales se desplazan a otras zonas aledañas y a otras partes del país como en la Cordillera del Cóndor en la frontera con el Ecuador donde el gobierno también tuvo que intervenir (Perú21 2019a). De igual manera en septiembre del 2019, el ministerio del interior y DEVIDA (la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) anunciaron un operativo para la erradicación de la hoja de coca ilegal programado en la zona del VRAEM en noviembre. Sin embargo, el intento fue puntual y frenado por la oposición de los agricultores. Al igual que en el caso de la minería ilegal, los cultivos ilegales de coca se siguen expandiendo a zonas contiguas como en Puno que se reportaron 8000 hectáreas de cultivos ilegales de coca (), y a otras regiones como Aguaytía en la región de Ucayali donde emerge un nuevo foco significativo cultivo de coca ilegal en el Perú (Sierra 2019).

En general el crecimiento de estas economías ilegales está significando una preocupación para los pueblos indígenas por la invasión de mineros ilegales (Cantanoso 2019), pero también porque estas actividades se vuelven atractivas para algunos miembros de sus comunidades creando conflictos en su interior. Los operativos del Estado son muy puntuales y los pueblos indígenas temen que estas economías probablemente volverán de acuerdo a los incentivos del mercado internacional y el bajo nivel de capacidad del Estado.

se registraron más de 150 mil casos de violencia contra la mujer, tanto físicos como psicológicos, lo cual representa un aumento del 36% con respecto al año anterior (). Asimismo, las denuncias de violencia sexual aumentaron en un 41% en comparación con cifras del 2018, registrándose más de 16 mil casos, dentro de los cuales el 67.8% de las víctimas eran menores de edad (). En relación al número de casos de feminicidio, el gráfico 7 muestra que en el año 2019 se registró la mayor cantidad de feminicidios en los últimos 10 años. Aún más alarmante es el crecimiento de denuncias de tentativas de feminicidio en el país, ya que las cifras en los últimos 5 años demuestran un rápido crecimiento. Estas cifras pueden estar expresando un avance de la política pública en identificar y atender el problema de violencia de género. Sin embargo, estos resultados están acompañados por una politización "anti-género" de grupos conservadores que no ha tenido precedentes en el Perú (Rousseau 2020). La acción de estos grupos afecta las políticas y la política en general como lo demuestran las primeras disputas entre el Legislativo y el Ejecutivo, con tres ministros de educación interpelados en parte por la incorporación de una política de equidad de género en el currículum educativo.

Finalmente, el COVID-19 reveló en el 2020, la mala gestión del crecimiento basado en el modelo primario exportador que tuvo el Perú en los últimos 20 años. Detrás de las cifras que mostraba una sostenida caída de la pobreza de 33.5% en el 2009 a 20.2% en 2019 (), causada fundamentalmente por transferencias condicionales a los más pobres rurales (Céspedes 2017), la bonanza minera no se tradujo en el desarrollo institucional, infraestructural y social que el país necesitaba. El gasto fiscal en salud pública del Perú se encuentra por debajo del promedio en la región (García 2019). Los recursos existentes para contener la crisis del sistema de salud y económica no contaron con la estructura estatal adecuada para hacer una adecuada redistribución, creando no solo aglutinamiento de la población en espacios públicos, sino la reproducción de prácticas de corrupción (Medrano 2020). El COVID-19 reveló un espacio urbano que creció en este periodo en condiciones de hacinamiento sin planificación de la vivienda, ni del comercio, ni del transporte (Dammert 2020) y una emergente población urbana que cuyos ingresos dependían del acceso a empleos precarios e informales (), sobre todo en el sector de servicios, abundantes debido al consumo masivo producido por la bonanza económica.

V. CONCLUSIONES

En este artículo hemos hecho un recuento del año 2019 centrándonos en la crisis política que llegó a un punto de inflexión: la disolución constitucional del Congreso. Sostenemos que esta crisis representó la mayor tormenta política del Perú desde su regreso a la democracia en el 2001. Por un lado, esta inflexión representó un grave golpe para actores políticos como el fujimorismo y el aprismo que se fortalecieron y ganaron poder a partir de esta transición democrática. Por otro lado, la inflexión tuvo una salida a favor del Ejecutivo que no era necesariamente esperada, pero permitió la continuidad de la democracia y del gobierno. Si bien la literatura señala que es poco plausible un golpe militar, luego de la disolución del Congreso se abrió un escenario incierto en el Perú que otorgó una alta discrecionalidad al Ejecutivo que pudo haber resultado en el debilitamiento del ejercicio democrático en el país, pero esto no pasó.

Primero, hemos mostrado que el apoyo de la ciudadanía al Ejecutivo fue clave y, como señala el análisis de Ramírez y Zechmeister (2019), hemos sostenido que este apoyo estuvo basado en un sostenido rechazo al Legislativo cada vez con más bajos niveles de confianza y la alta percepción de corrupción que se fue volviendo evidente con el desarrollo de la investigación de los fiscales especiales del caso Lava Jato. Segundo, hemos señalamos que la continuidad democrática se explica principalmente por el liderazgo institucionalista del presidente y su resistencia a concentrar poder, siendo este es un resultado contingente y paradójico de la debilidad partidaria en el Perú. Meses antes del ascenso de Vizcarra, Vergara (2018) señaló: "la maldita paradoja del país puede que se resuma en que necesitamos un caudillo institucionalista." Aunque de forma parcial, Vizcarra parece personificar la combinación de ambas características.

El reconocimiento de esta salida contingente es importante para prevenir falsos optimismos sobre la fortaleza de la democracia en el Perú como conclusión de la salida de esta crisis. En realidad, es inviable saber si podrá salir de una crisis similar en otro momento. Los problemas de fondo no mejoran y el panorama del 2019 más bien ha presentado de forma visible el desgaste del modelo económico y su consecuente conflictividad, la expansión de economías ilegales en diferentes flancos del territorio que el Estado no puede contener y la creciente politización de la lucha por la equidad de género generando posiciones conservadoras y progresistas en oposición con importantes consecuencias políticas. Los primeros meses del 2020, sobre todo a partir de los efectos de la pandemia generada por el COVID-19, han vuelto a desnudar dramáticamente estos problemas no resueltos y el peligro de conclusiones demasiado optimistas a partir de un resultado positivo (salida institucional y continuidad democrática) pero contingente. La democracia se salvó el 2019, en el futuro no sabemos.

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Perú 2019: crisis política y salida institucional

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Artículos Perú 2019: crisis política y salida institucional Perú 2019: Political Crisis and Institutional Outcome 1 Pontificia Universidad Católica del Perú 2 Northwestern University, USA El presente artículo da cuenta de los acontecimientos del año 2019 centrándose en la grave crisis política que se desató entre el gobierno y el congreso, y su salida institucional.

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La noticia presentada es FALSA, porque hasta el presente año el ex presidente Pedro Castillo sigue con vida, si bien no se muestra fallas en la ortografía, no se presenta las respectivas pruebas del lugar y del cuerpo. 

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Para encontrar esta información, busque en Google CORRUPCIÓN ES PRINCIPAL PROBLEMA DE PERÚ

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Causas, efectos y costos de la corrupción en el Perú | Lumen

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La presente noticia es falsa ya que Pedro Castillo aun sigue con vida y las imaginas son falsas 

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Para ubicar este articulo en el buscador Scielo puse "La corrupción en el Perú!"

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Cambios en corteza pre-frontal y cognición social relacionados con corrupción