# data[].attributes.body
esta es la principal prblematica social de mi comunidad o poblacion.

# data[].attributes.body
recostruccion

identificar factores

marco de referencia

contexto

# data[].attributes.body
corrupcion

drgadiccion

desempleo

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Un repaso a las principales políticas y prácticas que gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil llevan a cabo para prevenir y contrarrestar la corrupción vinculada con los mercados ilícitos de drogas
Hace pocos días, un sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de Brasil era detenido en el aeropuerto de Sevilla por transportar 39 kilos de cocaína, durante una parada técnica en el viaje del presidente Jair Bolsonaro hacia la Cumbre del G20 en Japón. Unos meses antes, un inspector de policía y un agente de Aduanas del puerto de Algeciras fueron detenidos al demostrarse su vinculación con una organización dedicada al tráfico de drogas en el estrecho de Gibraltar: proporcionaban información clave sobre qué contendores iban a ser registrados, y cuándo. El juicio a Joaquín Chapo Guzmán ha revelado la corrupción que envuelve no solo el desarrollo del negocio del tráfico de drogas, sino también la guerra al narco lanzada por las propias autoridades mexicanas, llegando a apuntar a las más altas esferas de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las prácticas de corrupción relacionadas con el tráfico ilícito de drogas no son solo una cuestión de la sección de sucesos de los informativos. Son una preocupación importante de los gobiernos, de las sociedades y de los organismos internacionales, en particular en aquellos contextos donde tiene lugar de manera generalizada o afecta a los niveles más altos de la judicatura, de las fuerzas de seguridad, de la administración o de la política. Y hace ya más de dos décadas que este nexo comenzó a ser un asunto relevante en la agenda internacional.

La corrupción está presente en toda la cadena del tráfico ilegal de drogas, muy especialmente en aquellos momentos donde adquiere una dimensión internacional o transfronteriza, que implica a muchos tipos de intermediarios: militares, policías, funcionarios, agentes de fronteras y aduanas, actores armados ilegales y grupos criminales organizados. Pero para realmente comprender y deconstruir la conexión entre drogas y corrupción es necesario analizarla, no como el fruto de decisiones individuales por parte de desalmados narcotraficantes y de funcionarios con poca ética, sino como la consecuencia de relaciones más profundas entre el Estado y la economía de las drogas ilícitas. La corrupción y el narcotráfico son los síntomas de problemas sociales más profundos y de mayor calado, como la deslegitimación del régimen político y el deterioro de las instituciones y de la confianza en la sociedad. No es posible entender la actividad del narcotráfico sin el papel del Estado en su surgimiento: declarar la producción, el consumo y el comercio de drogas como actividades ilegales es una decisión política que toman los gobiernos. Pero, al igual, no se puede entender el poder y el alcance de esta actividad sin considerar la protección que el Estado le ha dado y el papel que ha jugado en su florecimiento y consolidación, al menos en ciertos contextos y momentos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) se ha ocupado de analizar la conexión entre las drogas ilícitas y la corrupción. Se trata de dos ámbitos en los que los datos disponibles son escasos, no siempre representativos y, en general, poco homogéneos entre los diferentes países y regiones. Consecuentemente, ilustrar la conexión entre ambos resulta especialmente complejo, en particular poder establecer tendencias globales. La UNODC considera que el vínculo entre estos dos fenómenos suele manifestarse de manera dispar en unos países y otros, en función de los niveles de desarrollo socioeconómico y de la solidez de las instituciones democráticas. En los países en desarrollo no es extraño que la corrupción relacionada con los mercados de drogas llegue a las más altas esferas y alcance a altos mandos del gobierno, de la policía, de la judicatura o del ejército. En algunos lugares, el crimen organizado es incluso capaz de influir en los procesos democráticos mediante la financiación de campañas electorales o con la compra de votos. En cambio, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, los casos de corrupción relacionada con el tráfico de drogas suelen ser de menor nivel, en el sentido en el que afectan o bien a personas con un perfil o responsabilidad más bajo en la jerarquía de las instituciones, o bien su alcance es local o más limitado geográficamente. Esto podría deberse a que hay mayor transparencia y control que en otras zonas y que las instituciones son más sólidas y resistentes a la corrupción.

La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 obliga a los Estados parte a tipificar como delito "la promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales" así como la solicitud o aceptación por un funcionario público de dicho beneficio indebido (artículo 8). Esta suerte de definición coincide con lo que la opinión pública tiene en su imaginario colectivo al hablar de corrupción. Sin embargo, cuando introducimos a las drogas ilegales en la ecuación, la corrupción va mucho más allá del beneficio que obtiene la persona que mira hacia otro lado para, por ejemplo, dejar pasar un cargamento de droga. El narcotráfico puede tener un gran impacto en la economía de un país, crear empleos, proveer de bienes y servicios que el Estado no es capaz de suministrar: en definitiva, el narcotráfico puede dejar muchos beneficios a la economía de un país en su conjunto y, por lo tanto, ser una fuente de corrupción de dimensiones que pocos sectores alcanzan.

Las iniciativas para tratar de prevenir y de paliar estas conexiones entre mercados ilícitos de drogas y corrupción han sido numerosas y con resultados diversos. Han surgido de los gobiernos, pero también de la sociedad civil organizada y de las organizaciones internacionales. A continuación, se proponen algunas ideas para avanzar hacia una mejor comprensión de este nexo, de sus consecuencias y de cómo revertirlas, ilustrándolo con ejemplos de iniciativas existentes.

Generar más y mejores datos sobre corrupción, en particular sobre el nexo entre corrupción y mercados ilícitos de drogas. Si bien no se dispone de datos globales exhaustivos sobre corrupción, la organización Transparencia Internacional publica cada año el Índice de Percepción contra la Corrupción, el cual mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países y permite observar la evolución en los diferentes países y establecer algunas tendencias. Varios de los países que se ubican dentro de las rutas de tráfico internacional de cocaína y heroína están entre los más corruptos de dicho índice. Por ejemplo, México obtiene una puntuación de 138 (a modo de contexto, la posición 1 la ocupa Dinamarca y la posición 180 Somalia). Afganistán obtiene un 172, al igual que Guinea Bissau. Colombia un 99, Marruecos un 73 y España un 41. No es posible saber qué parte de dicha corrupción es directamente atribuible a los mercados ilícitos de drogas. No obstante, la organización ha realizado estudios de caso sobre Guinea Bissau (importante nudo de tráfico en África) y sobre Afganistán (principal productor mundial de opio y de heroína), en los que se pone de manifiesto la conexión entre ambos fenómenos y en cómo ésta dificulta avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de estos países. También existen experiencias positivas, como las iniciativas anticorrupción en Georgia, Croacia y Sierra Leona señaladas en la Guía sobre Políticas de Drogas del Consorcio Internacional de Políticas de Drogas. Dicha guía también señala que no solo existe la corrupción en las esferas del tráfico internacional, sino que las prácticas corruptas ocurren también a pequeña escala en las relaciones de las autoridades policiales con las personas usuarias, que frecuentemente sufren el hostigamiento y el abuso, por ejemplo, por parte de aquellas autoridades responsables de determinar el umbral entre uso personal y tráfico.

Vincular en la agenda internacional y en el trabajo de los organismos internacionales las cuestiones de drogas ilícitas con aquellas centradas en la corrupción, incluyendo la cooperación internacional efectiva y la adopción de tratados internacionales que pongan el foco en la gravedad del fenómeno y el fomento del Estado de derecho. Además de la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 sugiere múltiples estrategias para prevenir o combatir la corrupción. El abanico es muy diverso e incluye desde la sensibilización de la opinión pública sobre las causas y gravedad de la existencia de la corrupción, la introducción de códigos de ética y de resolución de conflicto de intereses en los sectores particularmente afectados, la rotación de oficiales en posiciones vulnerables, la cooperación entre agencias gubernamentales y entre éstas y el sector privado, la introducción de sistemas para alentar la denuncia por parte de los funcionarios públicos y la protección de testigos, o la promoción de la transparencia en la financiación de elecciones y partidos políticos. También el documento final del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas celebrado en 2016, uno de los documentos de soft-law más importantes producidos por los organismos de Naciones Unidas en materia de drogas en los últimos años, se hace eco de la importancia de combatir los vínculos existentes entre el tráfico de drogas, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada. En este documento, los Estados recomiendan una serie de medidas que apuntan mucho más allá de los casos concretos, como el fomento del desarrollo y la inclusión sociales, y la vinculación de la lucha contra la corrupción vinculada con el tráfico de drogas con los esfuerzos más amplios para la mejora de la aplicación de la ley y la promoción de una cultura de la legalidad.

Vincular el nexo corrupción-drogas ilegales con los problemas sociales de mayor calado de los que son síntoma. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas constituyen un marco idóneo en el que situar las medidas contra la corrupción vinculada a los mercados ilícitos de drogas. En concreto, el Objetivo 16 está centrado en "Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas" e incluye, en sus metas 16.4 y 16.5, reducir significativamente de aquí a 2030 "las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada", así como reducir de forma considerable "la corrupción y el soborno en todas sus formas". En este sentido, también Transparencia Internacional ha venido desarrollando una metodología para evaluar el desempeño de los países en relación a las metas de los ODS centradas en la lucha contra la corrupción. Si bien el narcotráfico no es un tema central en estos informes de progreso, sí que aparece como un elemento importante para los casos de Perú, Argentina y Costa Rica, así como en las recomendaciones del informe sobre España. Conforme más países sean evaluados, es de esperar que el nexo entre drogas ilícitas y corrupción vaya siendo más desentrañado, estudiado y comprendido. Y la comprensión de un fenómeno es el primer paso para prevenirlo y combatirlo.

Mejorar la aplicación de la ley y promocionar la cultura de la legalidad. Las organizaciones de la sociedad civil, dada su condición de actores no gubernamentales, cuentan con una posición aventajada para este cometido, que, de hecho, ha sido una preocupación fundamental entre las organizaciones civiles dedicadas a la reforma de las políticas de drogas y la defensa de los derechos humanos. La organización México Unido contra la Delincuencia, un referente en la lucha contra la impunidad, la inseguridad y para la promoción de políticas de drogas más justas y eficaces en el país, dedica gran parte de sus esfuerzos a la promoción de la cultura de la legalidad tanto en las agencias del Ministerio Público como en las audiencias orales del Sistema de Justicia Penal. En Colombia, organizaciones como DeJusticia promueven el fomento de la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia como "prevención" de (entre otros fenómenos) la corrupción. Para ello, trabajan en el fortalecimiento y la promoción de los mecanismos de justicia transicional y de la reparación transformadora. El proyecto Justice in Mexico, radicado en la Universidad de San Diego y muy centrado en el apoyo a la reforma del Sistema de Justicia Penal mexicano, ha puesto de manifiesto las dificultades del actual presidente Andrés Manuel López Obrador para desentrañar los vínculos entre el narcotráfico y las autoridades públicas, y para luchar contra la corrupción. Los esfuerzos han puesto sobre la mesa el profundo calado que el problema reviste en el seno de la sociedad mexicana.

La lucha contra la corrupción precisa de alianzas público-privadas, así como de la implicación de las agencias internacionales. Dichas alianzas aportan oportunidades privilegiadas de combinar el conocimiento y la experiencia sobre el terreno de las organizaciones de la sociedad civil, la capacidad financiera de algunos organismos internacionales y la capacidad de ejecución de los gobiernos nacionales. El proyecto CRIMJUST, centrado en el fortalecimiento de la investigación penal y de la cooperación en materia de justicia penal en la "Ruta de la cocaína" en América Latina, el Caribe y África Occidental, es implementado conjuntamente por la UNODC en asociación con la INTERPOL y la organización Transparencia Internacional. Se trata de un proyecto financiado por el programa Cocaine Route de la Unión Europea y es un ejemplo de cooperación entre actores relevantes en varios niveles, si bien su impacto sobre el nexo entre corrupción y drogas ilícitas es difícil de evaluar y de medir.

La regulación de los mercados de drogas. Sin embargo, mientras el uso, la producción y el comercio de drogas sigan siendo ilegales, y por tanto permanezca en manos de las organizaciones criminales y continúen siendo uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la economía mundial, es difícil vislumbrar que estas estrategias anteriormente mencionadas produzcan cambios de gran calado en el nexo entre corrupción y drogas ilícitas. En este sentido se expresaba Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza y actual presidenta de la Comisión Global de Política de Drogas, en un reciente informe publicado por la Comisión: "las consecuencias de la prohibición, [entre ellas] el aumento del poder de las organizaciones delictivas y la violencia y la corrupción asociadas a ellas, ponen de relieve la necesidad apremiante de cambiar de rumbo y aplicar unas políticas que sean más eficaces y más respetuosas con los derechos humanos". La prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933, y la crisis de violencia y corrupción que trajo consigo, es muy ilustrativa en este sentido. En la actualidad, el alcohol continúa siendo la sustancia que más daño causa tanto a los individuos que lo consumen como a las comunidades y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la violencia y la corrupción asociada a su comercio y uso es prácticamente inexistente desde que se despojó al crimen organizado de este negocio.

Aprender de la experiencia siempre ha sido un buen punto de partida en la búsqueda de soluciones a los problemas globales. Mientras los mercados de drogas sigan estando controlados por el crimen organizado, la lucha contra la corrupción en este terreno no podrá tener más que un efecto limitado.

# data[].attributes.attachment_link.title
Corrupción y drogas ilegales: deconstruir los vínculos, revertir las causas

# data[].attributes.attachment_link.description
Un repaso a las principales políticas y prácticas que gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil llevan a cabo para prevenir y contrarrestar la corrupción vinculada con los mercados ilícitos de drogas. Hace pocos días, un sargento de la Fuerza Aérea del Ejército de Brasil era detenido en el aeropuerto de Sevilla por transportar 39 kilos [...]

# data[].attributes.headline
valores de la drogadiccion el problema escojido de la problematica

# data[].attributes.subject
valores de la drogadiccion el problema escojido de la problematica

# data[].attributes.attachment_link.title
¿Qué papel desempeñan los valores en la prevención del consumo de drogas?