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Derechos fundamentales para el pueblo indígena- Cesiah

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Derechos fundamentales para el pueblo indígena- Cesiah

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Instituciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas. -Daniel

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Instituciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas. -Daniel

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Autoridad Indígena de Tecpán

La Autoridad Indígena de Tecpán es una organización campesina apolítica cuyo objetivo es la mediación entre la población de Tecpán y el Estado y la resolución de conflictos territoriales (Siglo XXI, 2014)

Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, Mayas, Xincas y Garífunas

El Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales, Mayas, Xincas y Garífunas es la máxima representación de los pueblos indígenas y afrodescendientes guatemaltecos, coordinadora de las autoridades ancestrales de estos para defender sus derechos (IBIS, s.f.).

Defensoría de los Pueblos Indígenas

La Defensoría de los Pueblos Indígenas es una de las nueve Defensorías con las que cuenta la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Fue creada el 15 de julio de 1998 y su función es la tutela de los derechos específicos de los pueblos indígenas, y por tanto el respeto irrestricto a su cultura, forma de vida, procedimientos y características propias (Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 2008).

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En búsqueda de la igualdad en los pueblos indígenas. - Allan

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En búsqueda de la igualdad en los pueblos indígenas. - Allan

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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

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Luchadores de los derechos indígenas. -Daniel

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Luchadores de los derechos indígenas. -Daniel

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1. Rosalina Tuyuc
2. Jorge Juc Cucul
3. Paulina Cruz Ruiz
4. Saturnino Ramírez Interiano

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Derechos de los pueblos indigenas - Amelia

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Derechos de los pueblos indigenas - Amelia

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derechos de los pueblos indígenas n Guatemala

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Derechos de los pueblos indígenas - Sebastián

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Derechos de los pueblos indígenas - Sebastián

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Entre los derechos que tienen los pueblos indígenas se encuentran los siguientes:

• El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, en una doble dimensión: como personas individuales y como pueblos.
• El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
• La obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación o menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, con un énfasis importante en la reparación, incluyendo casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.
• El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación de los Estados de no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta.
• La obligatoriedad de los Estados de consultar a los pueblos indígenas al tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.
• La protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas: “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.

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Derecho Consuetudinario Indigena - Guatemala

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¿Qué contiene el artículo 66 de nuestra Constitución? - Allan

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¿Qué contiene el artículo 66 de nuestra Constitución? - Allan

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ARTICULO 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradición es, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.

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Guatemala: comunidades indígenas llevan sus demandas por derechos a la tierra hasta la corte internacional - Amelia

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Guatemala: comunidades indígenas llevan sus demandas por derechos a la tierra hasta la corte internacional - Amelia

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos trató, en la audiencia del 9 de febrero, el caso por derechos a la tierra de la comunidad maya Q’eqchi’ Agua Caliente, Lote 9 contra el Estado de Guatemala.

El futuro fallo podría establecer un precedente internacional en derechos colectivos indígenas sobre recursos naturales.

Una comunidad indígena que por décadas reclama sus derechos territoriales ha llevado sus demandas a un tribunal internacional. El caso podría tener implicaciones de gran alcance para los derechos indígenas y la actividad minera.

La comunidad maya Q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 presentó su caso contra el Estado de Guatemala en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado miércoles 9 de febrero. Se espera un fallo en menos de un año aproximadamente.

El tema principal son los derechos colectivos de la tierra en Agua Caliente Lote 9, ubicado a unos 300 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala. El caso también tiene que ver con un proyecto de minería de níquel, un conflicto que desde hace más de 60 años ha acarreado violencia.

Operación en curso en la planta de procesamiento de ferroníquel. Imagen cortesía de James A. Rodríguez.

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Según Leonardo Crippa, abogado sénior del Indian Law Resource Center, con sede en Estados Unidos, el caso de Agua Caliente Lote 9 le dará al tribunal la oportunidad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas y fallar a favor de su soberanía sobre sus recursos naturales.

“Esperamos que el tribunal ordene al Estado establecer medidas legislativas y de otra índole para reconocer el derecho de las comunidades a la propiedad colectiva sobre las tierras que poseen, utilizan y que les brindan beneficios a través de los recursos naturales”, informó Crippa, quien ha estado trabajando durante años en casos sobre derechos colectivos de los indígenas a la tierra, incluido el de Agua Caliente Lote 9.

El proyecto Fénix en la región Q’eqchi’, propiedad del Solway Investment Group (un conglomerado minero con sede en Suiza), incluye la explotación del mineral en la cima de la montaña e instalaciones para procesar ferroníquel cerca de la costa del lago de Izabal.

El lago y otras vías fluviales asociadas alimentan importantes ecosistemas y áreas protegidas que albergan diversas especies de peces, aves, reptiles y mamíferos, incluido el mono aullador negro guatemalteco (Alouatta pigra), en peligro de extinción. La contaminación es una preocupación para muchos residentes locales, cuyo sustento depende de la agricultura y de la pesca de subsistencia.

“Necesitamos legalizar nuestras tierras”

Según Victoria Sanford, profesora de Antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, la minería ha sido durante los últimos 150 años una manera más de expropiación por parte de terratenientes y empresas que tienen una cosmovisión opuesta a la de los Q’eqchi’.

“Los Q’eqchi’ son los administradores (de la tierra)», señaló Sanford, quien fue designada como perito por el tribunal en el caso de Agua Caliente Lote 9”.

Hace 20 años, los residentes de Agua Caliente Lote 9 pagaron al gobierno guatemalteco para recuperar su tierra, pero nunca se les otorgó el título de propiedad definitivo. Desde entonces, han estado exigiendo la titularidad del territorio, primero a nivel nacional y ahora a nivel internacional.

Dos mujeres Q’eqchi’ observan un camión con soldados pasar por la calle principal en El Estor durante el estado de sitio. Imagen cortesía de Sandra Cuffe.

Rodrigo Tot ha estado al frente de la pelea durante años. En 2017 recibió el Premio Goldman, que reconoce a los defensores comunitarios del medioambiente, por su rol de liderazgo en la cruzada por el título de propiedad.

“Yo lo sufrí en carne propia», expresó Tot el martes durante una conferencia de prensa, al referirse al asesinato de su hijo, Edin Leonel Tot Sub, de 10 años, en lo que pareció ser un ataque deliberado. «Hay otras comunidades en la misma situación. Necesitamos legalizar nuestras tierras”, dijo.

El Gobierno guatemalteco fue notificado en septiembre de 2020 de que el caso había sido remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según informó la Procuraduría de la Nación (PGN) a Mongabay en un comunicado por escrito.

Según la PGN, que representa los intereses legales del Estado de Guatemala en procesos tanto nacionales como internacionales, el país ha cumplido con sus obligaciones conforme a la ley nacional para asegurarse de que se respeten los derechos humanos de los miembros de la comunidad Agua Caliente.

Mapa de la extracción minera Fénix en El Estor, Guatemala. Imagen cortesía del Indian Law Resource Center.

Además, asegura que la tierra fue registrada a nombre de los miembros de la comunidad en 2019, que se concluyó un proceso de consulta relacionado con la mina Fénix en diciembre de 2021 y que las investigaciones por actos de violencia continúan.

“El Estado enfatiza su compromiso de asegurar los derechos humanos de toda su población, que será demostrado en la audiencia [del miércoles]”, según se lee en el comunicado de la PGN.

Un conflicto por la consulta

En los años 50 y en 60, bajo régimen militar, Guatemala otorgó derechos de superficie y de subsuelo a una serie de empresas mineras multinacionales. Los sucesivos dueños de la mina Fénix, que operó durante unos años a fines de los setenta y volvió a operar en 2014, se dedicaron a explorar los terrenos del Lote 9.

“La concesión de Fénix no incluye las tierras del Lote 9. La tierra es propiedad de los representantes de la comunidad Agua Caliente. […]. La empresa no opera en terrenos del Lote 9”, explicó a Mongabay la oficina de prensa de Solway Investment Group en un comunicado por escrito.

En 2020 la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ratificó un fallo previo que ordenaba al Gobierno suspender la licencia de explotación de la mina Fénix hasta que se llevase a cabo una consulta con las comunidades indígenas de la región potencialmente afectadas. Este requisito legal, sin embargo, no se ha cumplido.

A raíz de esto, en octubre de 2021, pescadores y líderes de la comunidad Q’eqchi’ participaron de protestas en el pueblo de El Estor. Bloquearon el paso de camiones que transportan el carbón que es utilizado como combustible en la planta de procesamiento de la empresa minera.

Infantes de marina guatemaltecos desplegados a lo largo del acceso a un muelle durante el estado de sitio en El Estor. Imagen cortesía de Sandra Cuffe.

Las protestas terminaron en una violenta represión y en un estado de sitio que duró un mes, durante el cual las fuerzas de seguridad allanaron las casas de varios indígenas que se oponían abiertamente a la mina, así como de periodistas locales.

Si bien los derechos constitucionales fueron suspendidos a nivel local, el gobierno realizó reuniones para avanzar en el proceso de consulta, el que concluyó con acuerdo el 9 de diciembre. El Ministro de Energía y Minas firmó una resolución el 6 de enero para restablecer la licencia de explotación de la mina Fénix y la oficina de prensa de Solway le dijo a Mongabay que su subsidiaria “ha reiniciado sus operaciones de extracción”.

Muchos residentes de la comunidad Q’eqchi’, incluido Rodrigo Tot, no consideran válido el proceso de consulta del gobierno. Según Tot, las convenciones internacionales ratificadas por Guatemala son claras en cuanto a que la consulta debe ser previa.

“Hablar de consulta es lo primero que se hace”, dijo Tot. Sin embargo, “en este momento hablar de consulta ya es demasiado tarde”, agregó.

* Imagen principal: Rodrigo Tot comenzó a visitar casas en Agua Caliente y a recolectar pruebas de la titularidad de los Q’eqchi’ sobre la tierra. Imagen cortesía de Goldman Environmental Prize.

Artículo original: https://news.mongabay.com/2022/02/indigenous-community-takes-guatemalan-land-rights-fight-to-international-court/

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Guatemala: comunidades indígenas llevan sus demandas por derechos a la tierra hasta la corte internacional

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos trató, en la audiencia del pasado 9 de febrero, el caso por derechos a la tierra de la comunidad maya Q’eqchi’ Agua Caliente, Lote 9 contra el Estado de Guatemala.

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Importancia del respeto por los derechos indígenas- Amarilys

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Importancia del respeto por los derechos indígenas- Amarilys

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El conocimiento tradicional ha guiado a los Pueblos Indígenas a través del tiempo, y constituye sistemas de conocimiento que existen hasta el presente. Estos sistemas son vitales para garantizar que dichos pueblos puedan mantener sus propios ecosistemas y continuar beneficiándose de ellos. El conocimiento tradicional también está muy arraigado en nuestras culturas e identidades. Por lo tanto, la traducción y revitalización de estos sistemas son importantes, pues ayudarán a combatir algunas de las crisis que enfrentamos hoy, ya sea el cambio climático o la erosión de la biodiversidad.

El 80% de la biodiversidad del mundo se encuentra en los territorios de los Pueblos Indígenas y, el conocimiento tradicional de estos pueblos sobre el mantenimiento y uso sostenible de la biodiversidad, ha garantizado que se mantenga su vitalidad. El respeto de los derechos a las tierras y territorios de los Pueblos Aborígenes, así como la necesidad de obtener su Consentimiento Libre, Previo e Informado antes que cualquier proyecto de desarrollo sea realizado a sus territorios, es crucial para proteger la biodiversidad que ahora se encuentra en un estado muy grave de crisis.

En cuanto a los idiomas, debe haber una manera de monitorear la forma en que se revitalizan y la forma en que se traducen. Esto se puede medir en términos de cómo se usan estos idiomas en los sistemas escolares, así como la publicación de materiales como documentos o videos de los idiomas. Esto requiere la acción del gobierno, pero también requiere la acción de los propios Pueblos Indígenas. Un año es poco tiempo y, por ello, hay un llamado para una Década Internacional de las Lenguas Indígenas, para que haya un período más largo en el que se desarrollarán los programas de revitalización.

Victoria Tauli-Corpuz on Traditional Knowledge

The 18th session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues was held from April 22nd to May 3rd 2019. The theme for this year was Traditional Knowledge: Generation, Transmission and Protection.

We got a chance to speak via Skype to the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Victoria Tauli-Corpuz, on the meaning behind this particular theme and why it was chosen.
Photo by Broddi Sigurdarson.

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EL RESPETO POR LOS DERECHOS INDÍGENAS ES CRUCIAL PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD

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El conocimiento tradicional ha guiado a los Pueblos Indígenas a través del tiempo, y constituye sistemas de conocimiento que existen hasta el presente. Estos sistemas son vitales para garantizar que dichos pueblos puedan mantener sus propios ecosistemas y continuar beneficiándose de ellos. El conocimiento tradicional también está muy arraigado en nuestras culturas e identidades.

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¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas?

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¿Cuáles son los derechos de los pueblos indígenas?

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Cesiah

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Derechos de los pueblos indígenas en Guatemala

14/07/2015 - Por: Cecilia Aracely Marcos Raymundo

“Guatemala tiene la capacidad así como la obligación de implementar una política efectiva de derechos humanos, en compañía de otras organizaciones con el fin de erradicar la discriminación a los pueblos indígenas”

Introducción

Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos Maya, Garífuna y Xinca constituyen más del 75% de la población.

Las estimaciones sobre la población indígena varían, ya que no hay cifras exactas. Sin embargo el Estado guatemalteco confirmo que es de un 60%. Los Mayas, a su vez, están subdivididos en 21 grupos lingüísticos y los Garífunas son esencialmente de ascendencia africana. El resto de la nación guatemalteca, desde el punto de vista étnico, está constituida por los ladinos o mestizos y la población eurodescendiente o “blanca”.

No existen fronteras rígidas entre estas categorías. En los 21 departamentos del país, y entre la mitad y las tres cuartas partes de otros 6 departamentos existen zonas de alta densidad indígena y otras de mayoría ladina. Uno de los temas de mayor preocupación en la actualidad, es la estrecha relación entre el origen étnico y la pobreza; los departamentos de mayor densidad indígena son también lo que muestran mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza.

Ser pobre e indígena en Guatemala significa también vivir predominantemente en el medio rural, dedicarse principalmente a las actividades agrícolas; ser en gran medida analfabeto, tener índices de escolaridad inferiores a la media nacional, no tener acceso a los servicios básicos, y sufrir diferentes grados de marginación y exclusión social. Las mujeres indígenas son las que acusan los índices más bajos de bienestar económico y social, en gran medida son las que se ven más afectadas por esta situación .

Derechos de los pueblos indígenas

Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, alrededor de la mitad de la población de 12 millones de habitantes son pueblos indígenas Mayas, Xincas y Garífunas. En varias regiones del país, especialmente en las zonas rurales, los pueblos indígenas constituyen la mayoría de la población. La identidad nacional guatemalteca está basada en gran medida en las culturas vivas de sus pueblos indígenas; con sus tradiciones, valores comunitarios, lenguas y espiritualidad.

Pero lejos de ser socios plenos e iguales con el resto de los habitantes, los indígenas han sido excluidos políticamente, discriminados culturalmente y marginados económicamente en la sociedad nacional. Además de los indicadores de desarrollo humano y social que hablan de la situación extremadamente difícil encarada por los Mayas, Xincas y Garífunas, éstos se enfrentan a la discriminación racial y étnica cotidiana, que se manifiesta con actitudes de desprecio y rechazo hacia los indígenas.

No es extraño que los medios de comunicación promuevan prejuicios en contra de diversos aspectos de la cultura indígena, contra su espiritualidad y el uso de su lengua. Existe un panorama generalizado de desventajas en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación política y social.

La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala tiene que ser considerada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin a un conflicto armado interno de más de 30 años de duración. Para implementarlos, el Gobierno ha tomado diversas medidas que pese a constituir pasos significativos, resultan ser poco efectivas e insuficientes; debido a la ausencia de recursos que les son asignados y de débil voluntad política para llevarlas a cabo.

Uno de los problemas fundamentales que aquejan a los pueblos indígenas es el relativo derecho a la tierra. La falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de demandas agrarias, la falta de respeto a los territorios tradicionales, tales como: los bosques comunales, los desplazamientos forzados de pueblos indígenas resultado de proyectos de desarrollo económico, y problemas derivados de la pérdida de sus tierras a raíz del conflicto armado, configuran un panorama de crecientes tensiones sociales.

Particularmente precaria es la situación de las mujeres indígenas. La situación de los pueblos indígenas en relación con el acceso a la justicia es otro tema preocupante. Si bien el Gobierno ha tomado distintas medidas para extender el sistema de administración de justicia en todo el país, especialmente en las zonas indígenas, la cobertura es aún insuficiente.

Los pueblos indígenas se quejan de las dificultades de acceso a los juzgados y tribunales, de discriminación contra su derecho consuetudinario y de la falta de intérpretes en lenguas indígenas en los tribunales, así como de defensores de oficio.

En el campo de la educación, cuestión prioritaria para los pueblos indígenas, a pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno para proporcionar educación bilingüe e intercultural, no hay aún suficientes maestros capacitados y los demás recursos educativos son inadecuados. Las escuelas carecen de textos y otros materiales pedagógicos, especialmente en las zonas rurales, en las cuales viven los indígenas.

Las cifras de escolarización, sobre todo de las niñas indígenas, siguen siendo bajas en comparación con el resto de la población infantil, un hecho preocupante que prolonga en el futuro los patrones de exclusión y discriminación.

Es recomendable que el Gobierno amplíe sus actividades y mejore la calidad de las políticas dirigidas a los pueblos indígenas y renueve su compromiso para implementar los Acuerdos de Paz. También se considera importante en la etapa posterior a la salida de las Naciones Unidas establecer una misión enfocada especialmente a los pueblos indígenas en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además es trascendental que las organizaciones de los pueblos indígenas y otras organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo la comunidad académica, tomen medidas para desarrollar un programa común de acción para promover, verificar y alentar la implementación del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), que es parte de los Acuerdos de Paz.

Los pueblos indígenas, la comunidad internacional y los demás actores de la sociedad civil pueden contribuir al proceso de construcción de una sociedad más justa en Guatemala para sus grupos más excluidos.

Algunos de los derechos de los pueblos indígenas

• El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales, en una doble dimensión: como personas individuales y como pueblos.
• El derecho de los pueblos indígenas a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
• La obligación del Estado de mantener mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que constituya una violación o menoscabo a los derechos de los pueblos indígenas, con un énfasis importante en la reparación, incluyendo casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas.
• El reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. Esto incluye la obligación de los Estados de no desarrollar actividades militares en tierras o territorios indígenas sin previa consulta.
• La obligatoriedad de los Estados de consultar a los pueblos indígenas al tomar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles.
• La protección especial a mujeres, ancianos, jóvenes, niños, niñas y personas indígenas con discapacidad. Estas normas, según el artículo 43 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los Pueblos Indígenas: “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo”.

Los pueblos indígenas siempre han sufrido la discriminación y marginación social, es un problema constante en Guatemala, todas estas situaciones hacen que la sociedad guatemalteca se estanque y no pueda avanzar.

Guatemala siempre ha vivido de los recuerdos y la mentalidad que los cambios son solo sueños inalcanzables, debido a las secuelas que dejo el conflicto armado, y la división social que produjo.

Acceso a la justicia

La Constitución Política de la República, establece en su artículo 66 que Guatemala esta conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia Maya. El estado reconoce , respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos que son respetados como forma del derecho consuetudinario.

En 1996 Guatemala ratificó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, que de acuerdo al artículo 46 de la Constitución prevalece sobre el derecho interno en la materia y así debería ser aplicado y considerado por los operadores de justicia.

En los Acuerdos sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército y sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que forman parte de los Acuerdos de Paz, los centros de administración de justicia y varios sistemas de conciliación y arbitraje. La Procuraduría de Derechos Humanos cuenta con una Defensoría Indígena, un proyecto aún pequeño de atención a los pueblos indígenas, al igual que el despacho del Fiscal General de la Nación.

Pese a las medidas antes indicadas, persisten situaciones y problemas que dificultan el acceso a la justicia por parte de los indígenas. Los juzgados se encuentran con frecuencia distantes de sus comunidades, de tal manera que acudir a ellos resulta difícil y costoso. Los operadores de justicia denominación que incluye jueces, auxiliares, fiscales, y miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil no han modificado sus criterios y comportamientos, que en general son percibidos y señalados como contrarios a los intereses de los indígenas, cargados de prejuicios, frecuentemente autoritarios, que desembocan en malos tratos e irrespeto y que no son exentos de corrupción.

Los jueces y otros operadores de justicia (con muy contadas excepciones) no son hablantes de la lengua indígena de la región en la que ejercen sus cargos, no tienen conocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, ni guardan el debido respeto a las autoridades indígenas. Así mismo, se señala que no se ha respetado la independencia comunitaria en el nombramiento y ejercicio de los jueces de paz comunitarios, y que algunas soluciones a nivel local, como los centros de administración de justicia, no cuentan con el apoyo presupuestario indispensable.

Una gran limitación que afecta reiteradamente a los pueblos indígenas se refiere al uso de las lenguas indígenas en procesos judiciales y otros procedimientos colaterales. No se permite litigar en idioma indígena, aun cuando las partes sean hablantes del mismo. No se da cumplimiento a las disposiciones que ordenan contar con un intérprete debidamente calificado y en la práctica no se capacitan ni contratan suficientes intérpretes.

De lo anterior se derivan hechos que violan las normas del debido proceso en perjuicio de los indígenas, quienes además no cuentan con una defensa adecuada, ante todo porque los pocos defensores públicos que existen en las zonas indígenas carecen de capacitación.

Los dirigentes de las organizaciones entrevistadas atribuyen especial importancia al reconocimiento y respeto de un sistema jurídico propio de los pueblos indígenas, que forma parte de la cosmovisión Maya y está arraigado en la cultura de las comunidades.

Este derecho consetudiniario es sustancialmente distinto al derecho oficial. Ya que cuenta con un conjunto de procedimientos culturalmente adecuados, es eficaz para resolver los conflictos y restaurar el equilibrio social con el menor costo para las partes (víctimas y acusados) y tiene sus propios operadores claramente identificados en el sistema de autoridades tradicionales indígenas. Aunque este derecho consuetudinario es mencionado en la Constitución, el Convenio Nº 169 de la OIT y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

No es claramente reconocido ni respaldado en la legislación y en las instituciones; los jueces y magistrados no lo conocen ni lo aplican y el ejercicio de esta función jurisdiccional por parte de las autoridades tradicionales indígenas es frecuentemente penalizado como suplantación de autoridad o desacato.

En conclusión, se ha informado a cerca del incumplimiento sistemático de los compromisos de resarcimiento establecidos en los Acuerdos de Paz y señalados como parte del proceso de esclarecimiento histórico; de la permanencia en la impunidad de una gran parte de las violaciones de los derechos fundamentales ocurridas durante el conflicto armado interno y que afectaron a numerosas personas y comunidades indígenas; y de la persistencia de hechos violentos que afectan a los indígenas y sus comunidades, que estarían claramente asociados a un conflicto no resuelto y a la permanencia de estructuras no formales de control y represión que no fueron debidamente erradicadas.

El acceso a la justicia en nuestro país es una situación muy penosa y preocupante porque no existen tribunales de justicia suficientes para otorgarle atención a toda la población indígena, otro de los problemas que a diario se vive es la falta de personal capacitado para darle a las personas indígenas una atención cordial. En los diferentes órganos jurisdiccionales se carece de interpretes capacitados que tengan conocimiento profundo sobre los diferentes idiomas indígenas que existen en nuestro país. Actualmente cada órgano jurusdiccional solo cuenta con un interprete que habla el idioma indígena de determinado lugar, sin tomar en cuenta de que existen infinidad de personas que llegan de todas partes para ser atendidos y que hablan idiomas diferentes.

Esto provoca problemas en cuanto a la atención adecuada que se le brinda a una persona indigena y que vulnera sus derechos a ser escuchado.

Participación política de los indígenas

La estructura política de Guatemala desde la colonia y a lo largo de la vida republicana se caracterizó por la exclusión de los pueblos indígenas de la participación en la vida ciudadana. Este fenómeno implicó tradicionalmente la subordinación de las formas tradicionales de organización y de ejercicio de la autoridad propias de las comunidades y pueblos (las alcaldías y cofradías indígenas, por ejemplo); la tardía incorporación del derecho al sufragio; altas tasas de abstención del electorado indígena que continúan hasta la actualidad; la baja participación de personas indígenas en cargos de elección o en funciones públicas de responsabilidad, incluyendo los mandos militares; y en general una baja incidencia de estos pueblos en la toma de decisiones sobre la vida nacional.

Es preciso mencionar las altas tasas de personas en edad electoral no inscritas en el censo electoral, la indocumentación de mujeres, refugiados y desplazados internos, lo que contribuye a la baja participación electoral en el área rural. Estas condiciones se agravaron durante los años de conflicto armado interno, entre otras razones por la aplicación de una estrategia de destrucción del tejido social rural, la persecución de las autoridades tradicionales, la inducción de enfrentamientos intercomunales e interétnicos, la formación y mantenimiento de grupos de control paramilitar (PAC y Comisionados Militares); y otros efectos asociados al desplazamiento y posterior reasentamiento de la población indígena.

Otros Acuerdos de Paz se comprometieron adicionalmente a reformar el régimen electoral, disolver las PAC y reducir y replegar al ejército a sus funciones militares específicas. Lo mismo que para otros asuntos contemplados en los Acuerdos de Paz, para el desarrollo de estos temas se creó la Comisión bipartita sobre Reforma y Participación en Todos los Niveles, la cual trabajó en la preparación de una amplia reforma constitucional. Sin embargo, las reformas electorales primero y las reformas constitucionales en 1999 se resolvieron como una negociación entre los partidos políticos, relativamente al margen de las propuestas de la Comisión bipartita y del movimiento Maya en ellas representado.

La reforma constitucional no fue ratificada en la consulta popular. Las leyes de descentralización y de (re)establecimiento de los comités de desarrollo que de alguna manera apuntan al fortalecimiento de las estructuras de organización y ejercicio de autoridad en el nivel local, solo tomaron en cuenta algunas de las propuestas de la Comisión bipartita.

Existen varios casos y conflictos que enfrentan a las autoridades tradicionales indígenas, alcaldías indígenas, asambleas comunitarias con las autoridades nacionales o departamentales por varios motivos, entre los que deben destacarse los relacionados con el control del acceso a los bienes comunales (bosques y aguas principalmente), y la atención y resolución de conflictos locales. De hecho, en ocasiones las autoridades del Estado actúan con el fin de hacer desaparecer o cooptar a las autoridades indígenas.

Si bien el establecimiento de los comités de desarrollo es visto por algunos dirigentes
indígenas como una oportunidad para mejorar su incidencia en la toma de decisiones sobre asuntos que les atañen directamente, en varios casos esta participación se ve reducida para los indígenas por la falta de medios para hacerla efectiva (transporte, asistencia técnica, por ejemplo).

Algunas instituciones creadas con el propósito de facilitar la participación indígena, como la Defensoría de la Mujer Indígena, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA) y la Academia de las Lenguas Mayas no gozan, de hecho, de la autonomía que les otorga la Ley ni cuentan con recursos suficientes, entre otras cosas.

Uno de los temas más importantes e invisibles es la participación de la mujer indígena. La mujer es una ciudadana de segundo orden. El acceso a la justicia se ve doblemente agravado para la mujer indígena. La mujer se encuentra ante una doble discriminación y una total indefensión sin que el sistema de justicia haya facilitado herramientas. Al margen de la estructura gubernamental se han desarrollado numerosas organizaciones mayas que actúan e impulsan programas y proyectos en esferas como la educación intercultural, la espiritualidad, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

Gracias a su propio esfuerzo, estas organizaciones civiles han conquistado importantes niveles de participación e incidencia en la vida social guatemalteca. Muchas de ellas reciben apoyo de agencias de cooperación internacional y algunas son tomadas en cuenta por oficinas gubernamentales como fuentes de opinión.

Al margen de las comisiones creadas en virtud de los Acuerdos de Paz, cuya dinámica actual es muy limitada, no se ha establecido ningún mecanismo de consulta informada tal como lo prevé el Convenio Nº 169 de la OIT, ratificado por el Estado guatemalteco.

El Encuentro de Lideresas y Líderes Indígenas, con amplia participación y representación nacional de todos los grupos etnolingüísticos indígenas,decidió promover la creación de un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Algunos partidos políticos vienen incorporando, de modo creciente, a personas de origen indígena en las listas de candidatos para cargos de elección popular. En los últimos períodos democráticos, el número de legisladores de origen indígena se ha incrementado pero aún sigue siendo poco importante ante el peso demográfico y cultural de los pueblos indígenas en la nación y sin llegar a representar de ninguna manera el grado de diversidad étnica del país. Este hecho ha facilitado la formación de una Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso Nacional cuya actividad debería incrementarse en el futuro.

La participación de los pueblos indígenas en los actos políticos ha evolucionado de una manera significativa, si se observa que en el pasado no se existía por falta de educación y de información; en tanto la sociedad siempre ha visto a las comunidades indígenas con menores capacidades que los demás. Sin darse cuenta que gracias a las personas indígenas y a sus esfuerzos, Guatemala ha salido adelante, gracias a su contribución en temas agrícolas y ganaderos.

También podemos destacar que han existido diversos ejemplos de personas indígenas que han salido adelante y que han podido llegar en el Congreso de la República de Guatemala, gracias a sus estudios y sus ganas de salir adelante.

Educación intercultural y bilingüe

La Constitución Política de la República reconoce el valor de las lenguas indígenas (art. 58) habla sobre la identidad cultural, se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres (art. 76). Sistema educativo y enseñanza bilingüe. La administración del sistema educativo sera descentralizado y regionalizado.

Lo anterior compromete un amplio conjunto de medidas para recuperar y proteger los idiomas indígenas y promover el desarrollo y la práctica de los mismos; así como la puesta en marcha de una importante reforma del sistema educativo para consolidar la educación bilingüe e intercultural y para garantizar el acceso de los indígenas a la educación. Una comisión paritaria, integrada por representantes gubernamentales y de las organizaciones indígenas fue establecida en 1997 y trabajó sistemáticamente en el diseño de esta reforma hasta el 2000. Aun cuando los aspectos de la reforma educativa que debieron ser asegurados constitucionalmente quedaron pendientes al no aprobarse la reforma constitucional en su conjunto, el poder ejecutivo adoptó las conclusiones del trabajo de la Comisión paritaria a partir de 2001 y una parte de las medidas consideradas vienen siendo puestas en vigencia apenas como “programas piloto”.

Una comisión consultiva, como señalan diversos observadores, sugiere que los cambios propuestos en los Acuerdos de Paz no han sido acatados y que sigue existiendo el modelo excluyente y mono-cultural. Los Acuerdos de Paz previeron la realización de una reforma constitucional para varios asuntos, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Tales reformas, que fueron en parte preparadas y aprobadas por el Congreso Nacional, fueron consultadas en referéndum popular en 1999, tal como quedo previsto en los Acuerdos. Sin embargo la propuesta no fue aprobada por una ligera diferencia a nivel nacional.

Según diversos observadores, las preguntas del referéndum fueron diseñadas y manipuladas de tal manera para que el voto indígena favorable no lograra la mayoría. Se pudo apreciar el sentimiento de decepción y frustración de las organizaciones indígenas del país al respecto. La discriminación contra los pueblos indígenas permea a la sociedad guatemalteca y caracteriza al régimen político y económico.

El AIDPI establece como una de las tareas más urgentes eliminar la discriminación legal y de facto mediante diversas medidas jurídicas e institucionales. El Congreso Nacional adoptó una enmienda al Código Penal en la cual se tipifica como delito la discriminación, incluyendo la étnica.

En lo que respecta a la discriminación interpersonal, ésta ha sido documentada ampliamente y se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión hacia los indígenas por parte de la población ladina y blanca. Afecta principalmente a las mujeres, sobre todo cuando usan el traje indígena tradicional, así como a las niñas y los niños en las escuelas, en los lugares públicos y en las calles.

El derecho indígena tienen como fin proteger a los niños, jóvenes y adolescentes en los diferentes centros educativos en donde sufran de discriminación y en donde se les prohiba hacer el uso de sus derechos.

Vemos a nuestros niños y jóvenes en una lucha constante defendiendo sus raíces y sus costumbres en contra de la sociedad y sus perjuicios. Existe una enorme cantidad de estudiantes que no hablan ya su idioma materno y que se han olvidado de usar sus trajes porque en algunos centros educativos se les ha prohibido y se les ha exigido los uniformes escolares, negándoles el derecho de vestir sus trajes.

Otra de las problemáticas que se observa en varios departamentos de Guatemala es la pérdida de los diferentes idiomas, La comunidad esta olvidando inculcar a sus hijos el idioma materno debido a la gran discriminación del que son víctimas. La discriminación y el racismo esta logrando que los pueblos indígenas olviden sus raíces; por eso el Gobierno debe redoblar esfuerzos y hacer conciencia a los guatemaltecos de no olvidar sus raíces y lugar del que provienen.

Existen varias organizaciones que apoyan a los pueblos indígenas para que puedan rescatar y reconstruir lo que los perjuicios sociales se han encargado de eliminar poco a poco.

Asuntos prioritarios de derechos humanos de los pueblos indígenas

La cuestión de la tierra

En Guatemala prevalece una distribución altamente desigual de los recursos agrícolas ,caracterizada por una fuerte concentración de las tierras cultivables en pocas propiedades. El 94% de las explotaciones menores (microfincas y fincas subfamiliares) suma el 18,6% de la tierra; mientras que el 1,5% de las explotaciones mayores (con más de una caballería) suma el 62,5% de la superficie en fincas. Se refuerza de esta manera la polarización socioeconómica de la sociedad guatemalteca.

Según otra fuente, el 96% de los productores explotan el 20% de la tierra agrícola en tanto que el 4% de los productores explotan el 80% restante. El 9 de octubre de 2002 fue creada la Comisión que tiene a su cargo la formulación de políticas públicas que buscan erradicar la discriminación racial. Algunas de las funciones son asesorar y acompañar a las distintas instituciones del Estado, así como a las instituciones privadas, para desarrollar mecanismos efectivos en el combate de la discriminación y el racismo que se da contra los pueblos indígenas.

Información reciente apunta al hecho que durante más de tres décadas de conflicto armado aumentó el minifundio en las parcelas campesinas, lo cual genera una creciente conflictividad, principalmente debido a los desplazamientos y reasentamientos de población indígena y a la apropiación indebida de tierras comunales y fiscales en varias regiones del país.

Este fenómeno se reporta como particularmente grave en la denominada Franja Transversal del Norte, uno de los principales teatros de confrontación durante el conflicto armado. Donde fueron desplazadas numerosas comunidades indígenas y en donde se han conformado extensas propiedades que actualmente son de propiedad de ex-efectivos de las fuerzas armadas. Las instituciones encargadas de la titulación de la tenencia, el registro de propiedades y el catastro agrícola. Esto último ha generado alta inseguridad jurídica y numerosos conflictos en torno a los linderos y la tenencia de la tierra.

El AIDPI menciona la necesidad de asegurar los derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas, incluyendo: la regularización de la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas; el reconocimiento y garantía de los derechos de uso y administración de los indígenas sobre sus tierras y recursos; la restitución de tierras comunales y compensación por los despojos de que fueron víctimas; la adquisición de tierras para el desarrollo de las comunidades indígenas; y la protección jurídica a los derechos de las comunidades indígenas.

Es especialmente crítica la situación de las tierras y los bosques de las comunidades indígenas que no han sido oportunamente regularizados. Estos territorios se vieron afectados durante el conflicto armado, entre otros factores, por la desestructuración de las formas de organización social indígena y la pérdida de capacidad de sus autoridades tradicionales para conservarlas, regular el uso de las mismas y resolver conflictos entre los comuneros. Todo esto se hace para rescatar el acceso a las tierras y poder erradicar con la discriminación y el racismo que ataca a los pueblos indígenas.

¿Por qué el acceso la tierra no es mas que un Derecho?

Art. 67 de la Constitución Política de Guatemala habla sobre la protección especial que el Estado le brinda a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, así como también el patrimonio familiar y la vivienda popular.

Art. 68 de la Constitución Politica de Guatemala tierras para comunidades indígenas estable: mediante programas especiales y legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesite para su desarrollo.

Espiritualidad indígena y lugares sagrados

El pueblo Maya asigna una alta prioridad al ejercicio de su propia espiritualidad y al derecho a practicarla en público y en privado mediante la enseñanza, el culto y la observancia de sus preceptos. El AIDPI demanda el respeto debido a los guías espirituales y el acceso a los lugares sagrados en que tienen lugar sus ceremonias, ya se trate de aquellos que forman parte del patrimonio arqueológico del Estado, como de otros tradicionalmente utilizados para tales fines.

Una Comisión integrada por representantes del gobierno, de las organizaciones indígenas y de guías espirituales trabajó esporádicamente entre los años 1997 y 2000 en la discusión de una propuesta de reforma al artículo 66 de la Constitución y de un reglamento para la protección de los centros ceremoniales en zonas arqueológicas, así como en la definición de los demás lugares sagrados y el régimen de su preservación.

La Comisión no consiguió llegar a consensos respecto de varios puntos de esta materia y no ha continuado sus labores. Recientemente fue adoptado un acuerdo ministerial para facilitar el acceso de los guías espirituales a sus lugares sagrados, algunos de los cuales se encuentran en zonas arqueológicas reglamentadas. Si bien se han experimentado progresos en el nivel de tolerancia de la sociedad en su conjunto frente a los rituales indígenas; lo cual ha posibilitado que estas prácticas dejen de ser clandestinas, permanece una serie de obstáculos y amenazas que dificultan el goce de este derecho.

En particular se señaló reiteradamente que algunos miembros de la jerarquía eclesiástica (católica y evangélica) impiden el uso de los lugares ceremoniales tradicionales que se localizan en las inmediaciones de las iglesias y templos; que propietarios privados de tierras agrícolas dificultan el paso hacia lugares sagrados ubicados dentro de sus linderos; que la fuerza pública persigue y decomisa la recolección de productos naturales utilizados en las ceremonias indígenas (como resinas forestales y plantas medicinales); y que algunas obras de captación y distribución de agua en el medio rural afectan a las nacientes y manantiales que son considerados lugares de especial relevancia espiritual por los indígenas.

Los conflictos que se derivan de estas tensiones son tratados por los operadores judiciales como cuestiones de carácter penal y conducen con frecuencia a enfrentamientos violentos entre los involucrados.

Estos asuntos están relacionados también con la práctica de la medicina tradicional indígena, garantizada en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, El uso del traje tradicional indígena principalmente entre las mujeres está íntimamente relacionado con el ejercicio de la espiritualidad y constituye un elemento muy importante de la identidad social y étnica. La Constitución (art. 66) habla sobre la protección de los grupos étnicos.

Conclusiones

Han pasado ya varios años desde la firma de los Acuerdos de Paz; sin embargo, la paz, la estabilidad y la integridad física para todos los ciudadanos del país aún están lejos de haberse alcanzado.

El mensaje claro que los pueblos indígenas trasmiten es que los indígenas siguen marginalizados, excluidos y discriminados en la Guatemala de hoy. Mejorar la situación de los pueblos indígenas implica respetar los Acuerdos de Paz y las Leyes que protegen los derechos y la integridad de los pueblos indígenas.

Los compromisos con la efectiva aplicación de las Leyes de Guatemala que protegen a los indígenas y evitar así la violación de sus derechos. Han sido adoptadas diversas Leyes, como la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal (en donde se reconoce personalidad jurídica de las comunidades indígenas, las alcaldías indígenas, la consulta a las comunidades o autoridades indígenas, y las tierras comunitarias), que tienen el potencial de involucrar en mayor medida a los pueblos indígenas en la vida política del país. Sin embargo, a pesar de estos progresos, existe ausencia de voluntad política para implementarlos, estos cambios tan necesarios y que fueron acordados formalmente en los Acuerdos de Paz.

El genocidio de los pueblos indígenas durante el conflicto armado constituye memoria viva y una herida abierta en la sociedad guatemalteca. Esto sigue afectando a la sociedad en Guatemala; a pesar de los años estos factores siguen afectando nuestra actualidad.

Guatemala tiene la capacidad así como la obligación de implementar una política efectiva de derechos humanos, en compañía de otras organizaciones con el fin de erradicar la discriminación a los pueblos indígenas.

Recomendaciones

La grave situación actual de los pueblos indígenas en Guatemala requiere de la atención urgente del Gobierno de Guatemala y la continua cooperación de la comunidad internacional. A pesar de haberse alcanzado la paz, Guatemala sigue siendo una sociedad profundamente desigual y dividida. Es importante promover una campaña pública y nacional en torno al respeto de la diversidad cultural, con el único objetivo de lograr justicia y plena participación de los pueblos indígenas.

Demandar al gobierno de Guatemala tomar las medidas apropiadas para asegurar que los indígenas participen en la administración pública, y que se facilite la participación indígena en los Consejos de Desarrollo.

También es importante apoyar a la mujer indígena; ya que es tres veces discriminada, como mujer, indígena y pobre.

Solicitar al gobierno de Guatemala tener presente la importancia que tiene los organismos judiciales de administración de justicia. De una u otra forma es la esperanza que tienen muchos pueblos indígenas para hacer valer sus derechos colectivos e individuales.

Promover el respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales que en la Ley se establecen para cada uno de los habitantes de Guatemala.

El deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y el bien común. No importa el idioma raza o ascendencia.

Bibliografía

1. ACUERDOS DE PAZ
2. RELATO DE ALCALDE INDÍGENA
3. CÓDIGO PENAL
4. CÓDIGO PROCESAL PENAL
5. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
6. CONVENIO 169 DE LA OIT
7. MATERIAL DISTRIBUIDO POR LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas?-Luis Angel

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¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas?-Luis Angel

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¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas?

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Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI

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¿Qué son los derechos territoriales de los pueblos indígenas?

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¿Cuando se puso en vigencia  los derechos indígenas?-Daniel

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¿Cuando se puso en vigencia  los derechos indígenas?-Daniel

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Desde la subscripción del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el 29 de diciembre de 1996, fecha desde la cual tiene vigencia el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas.

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Artículos que amparan a la población indígena en la Constitución-Luis Angel

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Artículos que amparan a la población indígena en la Constitución-Luis Angel

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Artículo 66. Protección a grupos étnicos.
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas.
Artículo 68. Tierras para comunidades indígenas.
Artículo 69. Traslación de trabajadores y su protección.
Artículo 70. Ley específica.

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Sin derechos de los pueblos indígenas, hay desigualdad- Cesiah

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Buscando derechos de los pueblos indígenas 

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Cesiah

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Sin derechos de los pueblos indígenas, hay desigualdad

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¿Se debería permitir a los pueblos indígenas aplicar el derecho consuetudinario? - Sebastián

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¿Se debería permitir a los pueblos indígenas aplicar el derecho consuetudinario? - Sebastián

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Consideramos que sí, especialmente debido a que tanto los dialectos indígenas como sus culturas se están desvaneciendo con el tiempo y el derecho consuetudinario ayuda a mantener sus derechos, culturas y estilo de vida intactos.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_7.pdf

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¿Qué argumentos hay en contra y a favor del derecho indígena?

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¿Qué argumentos hay en contra y a favor del derecho indígena?

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Enfrentan problemas como la discriminación y exclusión, el escaso ejercicio de sus deberes y derechos, la poca participación en la toma de decisiones, la falta de servicios básicos como la salud, educación, vías de acceso, en suma: falta de atención por parte del Estado.
Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

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Situación actual de los departamentos de Totonicapán, Sololá y Quiché- Amarilys

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Situación actual de los departamentos de Totonicapán, Sololá y Quiché- Amarilys

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Por Leonardo Ixim

Nuevamente la violencia entre los municipios de mayoría Maya-Quiche de Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan del departamento de Sololá, en el altiplano occidental del país, generan zozobra en la población de ambos municipios, imponiendo de parte del gobierno de Alejandro Giammatei, un nuevo Estado de Sitio en ambos municipios

Ahora el conflicto escalo tras el asesinato de una familia de comerciantes de Santa Catalina Ixtahuacan en diciembre pasado, por miembros de un grupo armado al parecer de la vecina Nahuala. Ante esta situación con el aval legislativo se aprobó un nuevo Estado de Sitio, siendo esta un arma recurrente del ministro de gobernación Gendri Reyes Mazariegos conocido por sus afinidades militaristas.

De tal forma la mayoría oficialista voto a favor de la medida, votando también la bancada Semilla que maneja un discurso a favor del Estado de Derecho y dos diputados de la bancada de URNG, Walter Félix y Pedro Saloj (oriundo del departamento) que adujo supuestas presiones de vecinos de Nahuala, tan solo el diputado Osmundo Ponce de ese partido voto en contra; a los diputados de ese partido, se les olvida los años de represión en ese departamento durante al guerra interna. Las bancadas de Winak y el MLP votaron en contra y el sector anti Sandra Torres de la UNE estuvo ausente.
Orígenes del conflicto
Se puede rastrear el origen de este conflicto desde la colonia, cuando en 1565 la la corona española reconoce a ciertos linajes quichés de la aldea de Nahuala los derechos a manejar ejidos y tierras comunales, desmembrándose de tal forma de Santa Catalina Ixtahuacan, pese a esto el primero se mantuvo como la población principal y al segundo como dependiente de este en la estructura de Pueblo de Indios.

Previo a la invasión española, el altiplano de lo que hoy es Guatemala, existían distintas entidades siendo la más fuerte la Confederación Quiche, ejerciendo hegemonía sobre otras entidades, a partir de constantes guerras por control territorial; los linajes dominantes de estas confederaciones distribuían la tierra entre otros linajes y estos a su vez entre diversos chinamit dirigido por cabezas de familias. Estas confederaciones eran entidades estatales dirigidos por distintos linajes de carácter clánico, uno de estos linajes era el Ilocab, que gobernaba lo que se llamara Santa Catalina Ixtahuacan en la colonia, y con la separación de Nahuala, se fragmentara.

La colonización hispana provoco una reconfiguración social que, si bien destruyo a estas entidades y convirtió a los pueblos originarios en siervos de las encomiendas primero y de las reducciones para el trabajo en la hacienda enfeudada, después le convino a la corona mantener la forma organizativa básica vinculada a la tierra, por medio de la creación de los Pueblos de Indios, estructuras organizativas que tributaban a la monarquía española. Esta creo una serie de ordenamientos jurídicos y marcos ideológicos-filosóficos a partir de las llamadas repúblicas, siendo estas, la de españoles e indios.

La república de indios eran un reconocimiento formal de los derechos de los pueblos originarios y hasta cierto punto de las autoridades ancestrales de estos, quienes actuaron como mediadores con el poder colonial y que en algunos casos, evolucionaron en formas caudillistas, las cuales tenían legitimidad a partir de asumir la representación de las comunidades. De esa forma la corona reconoce a Nahuala como una entidad separada de Santa Catalina Ixtahuacan, pero este reconocimiento no estuvo acompañado de una delimitación clara de los límites de esta nueva organización territorial, situación que los gobiernos republicanos tampoco subsanaron.

Tanto Ixtahuacan como la aldea Nahuala, durante la colonia formaron parte de la Alcaldía Mayor de Totonicapán y tras la independencia en la época de la Federación Centroamericana y el periodo conservador se mantuvo así. Esto se modificó tras la muerte de Rafael Carrera, la entrada de la reforma liberal y asunción de Justo Rufino Barrios, con la creación de los departamentos de Sololá, Totonicapán, Suchitepéquez y Retalhuleu, agudizándose los conflictos en y entre las poblaciones.

En 1865 las poblaciones de Santa Catalina se amotina contra el jefe municipal Manuel Tzoc, por la carga de tributos que pretende imponer, la población de este municipio aprovecho la muerte del caudillo Rafael Carrera para amotinarse, Nahuala por su parte apoyó a Tzoc. Esto pese a que Carrera había conseguido el apoyo de estas poblaciones para neutralizar el intento separatista de Los Altos de Quetzaltenango dirigido por ladinos, situación que generaba repudio de las poblaciones indígenas

Tal situación acelero los hechos, la división se formalizo en 1873 y la separación legal se dio hasta 1880 con la conformación del régimen político liberal y el gobierno de Justo Rufino Barrios, creando dos municipio diferentes; siendo el municipio la figura que configura la división administrativa desde ese momento en todo el territorio.

Según el historiador Rodolfo Galeotti citado para este artículo, pese a la separación, el conflicto no escaló en enfrentamientos entre pobladores durante 100 años. Al grado de luchar conjuntamente por la finca Parasche, terreno ubicado el departamento de Suchitepéquez en la costa sur y que era un complemento ecológico para suplir las necesidades alimenticias desde tiempos pre-hispánicos, que se mantuvo durante la colonia y que fue expropiada en 1905 por parte del gobierno de Estrada Cabrera, para entregárselo a finqueros cafetaleros de origen alemán

Sin embargo, la falta de delimitación de un terreno llamado Chipata el cual actúa como colchón entre los dos municipios y que además contiene varios nacimientos de agua, cuyas cabeceras municipales está muy cerca fue un tema latente que provocaría el aumento de la conflictividad. En 1985 se dan los primeros conatos de confrontación, ante el hecho de el crecimiento poblacional, la falta de terrenos de cultivo y las pocas oportunidades laborales. Esta situación se agrava con los efectos del huracán Mitch, cuando el gobierno de Álvaro Arzú declaro inhabitable, la cabecera municipal de Santa Catalina, fundándose la Nueva Santa Catalina y donde tal poblado se encuentra colindando con el terreno de Chipata.
Conflictividad actual
Tras la firma de los Acuerdos de Paz uno de los compromisos, fue la creación de un Registro de Información Catastral (RIC), para medir en todo el país las limitaciones territoriales y de predios, debido a la concentración de la tierra apropiada en forma anómala por parte de los finqueros. La concentración se generó a partir del control de otra instancia, que data de la reforma liberal, el Registro de la Propiedad, donde los grandes terratenientes la han manipulado a su favor. Pero el bloqueo constante de parte de la Cámara Agro hacia el RIC y otras instancias de la llamada institucionalidad de la paz, hace que conflictos como este se agraven.

En junio del año pasado, el gobierno con aprobación del Congreso aprobó un Estado de Sitio en varios municipios del departamento de Sololá, por la conflictividad que se genera entre Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan, alegando la nebulosa presencia del crimen organizado, sin dar pruebas de que y quienes. Ahora nuevamente desde los medios informativos corporativos se alega lo mismo, con informes cruzados, de parte de funcionarios del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil (PNC), en citaciones recientes en el Congreso; pues mientras los primeros dicen no tener evidencia real de presencia del crimen organizado, los segundos hacen referencia a cadenas delictivas dedicados al trasiego de drogas y de migrantes.

Pero lo cierto es la presencia de grupos con armas de grueso calibre -de uso propio del ejercito- en ambas poblaciones, situación aumenta los niveles de violencia afectando a poblaciones de trabajadores y labriegos, con un origen común étnico y con mismas problemáticas La pregunta es, como adquieren estas armas de uso prohibitivo del ejército, no está allí la presencia de delitos de criminalidad organizada desde el mismo Estado.

Además que tan representativos son estos grupos o será que representaran a elites locales vinculados a intereses con las grandes empresas, por ejemplo la empresa TRECSA propietaria de la red de distribución eléctrica, que ha querido construir a la fuerza una sub-estación en Santa Catalina y varias torres de transmisión, a lo cual la población de ese municipio sobre todo se ha opuesto.

Los hechos de confrontación contra elementos de la PNC protagonizados recién por pobladores de Nahuala, muestran que el Ministerio de Gobernación y el ministro Reyes actúa alevosamente porque sabiendo el rechazo de la población a la presencia policial, mandó agentes sin un informe real de inteligencia sobre el terreno, teniendo como resultados la muerte de seis policías, a lo cual en un primer momento se quiso tapar, aduciendo solo una muerte. Tras esos hecho la narco diputado Patricia Sandoval del partido FCN-Nación, que recién contrajo nupcias con Reyes, presento una iniciativa de ley para "fortalecer el actuar de la PNC" que implica más capacidad de responder ante agresiones armadas, pero cuyo objetivo es reprimir más a la población que se organice para defender sus derechos.

Al cierre de esta nota, el gobernante Giammattei instauró una mesa de dialogo con lideres locales de ambos municipios, en el vecino municipio de Santa Lucia Utatlán. Estas mesas de dialogo han sido recurrente en todos los gobiernos y han sido utilizadas para convencer a las comunidades a aceptar empresas de carácter extractivista en sus territorios. Muy posible este el interés de TRECSA filial de la semi-estatal Grupo de Energía de Bogotá, de usar esta mesa para avanzar en sus objetivos.

Nosotros consideramos, que la vía sería una consulta real a ambos municipios para resolver sus diferencias, sobre todo en el manejo de las formas de uso de la tierra que pese a ser municipal, estas se han ido privatizando ante la presión del mercado capitalista; implicando avanzar en el catastro y delimitación de límites y lograr mantener si se pudiera, un espacio compartido para usos comunes, entre ambos municipios.

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GUATEMALA.- Conflicto entre Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan: no se resuelve con estado de sitio

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Por Leonardo Ixim Nuevamente la violencia entre los municipios de mayoría Maya-Quiche de Nahuala y Santa Catalina Ixtahuacan del departamento de Sololá, en el altiplano occidental del país, generan zozobra en la población de ambos municipios, imponiendo de parte del gobierno de Alejandro Giammatei, un nuevo Estado de Sitio en ambos municipios Ahora el conflicto escalo tras el asesinato de una familia de comerciantes de Santa Catalina Ixtahuacan en diciembre pasado, por miembros de un grupo armado al parecer de la vecina Nahuala.

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¿En qué consiste el derecho indígena? - Allan

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¿En qué consiste el derecho indígena? - Allan

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Consiste en conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, en ejercicio del derecho a la libre determinación, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

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¿Está el derecho consuetudinario o indígena contemplado en los Acuerdos de Paz, si o no y en qué acuerdo? - Amelia

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¿Está el derecho consuetudinario o indígena contemplado en los Acuerdos de Paz, si o no y en qué acuerdo? - Amelia

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Si, en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI)