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Archivar la denuncia contra la presidenta, pese a indicios de corrupción, debilita el Estado de Derecho porque impide que todos sean iguales ante la ley y limita el control del poder.

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Este caso pone en evidencia cómo el respeto o la falta de aplicación del Estado de Derecho y las garantías constitucionales impactan directamente en la calidad de la democracia. Para que exista una verdadera justicia y convivencia pacífica, todos los funcionarios públicos deben ser investigados y sancionados si corresponde, sin privilegios ni blindajes políticos.

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La decisión del Congreso de archivar la acusación contra la presidenta Dina Boluarte por el caso de los regalos ("rolexgate") preocupa mucho. Aunque manifiestan que no hay pruebas suficientes, parece que se está protegiendo a la presidenta. Esto da la impresión de que hay impunidad y falta de transparencia en el gobierno.

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En un momento de polarización política tan aguda como el actual, decisiones como esta podrían alimentar la percepción de que el sistema político está más preocupado por la supervivencia de los actores en el poder que por la justicia y el bienestar del país.

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Archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el escándalo del Rolexgate no solo es una burla a la ciudadanía, sino también una señal clarísima de impunidad. Este tipo de decisiones solo profundizan la desconfianza en las instituciones y nos dejan claro que en el Perú, el poder sigue por encima de la ley.