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Los delitos de orden común son:
1. Revelación de secretos
2. Falsificación de o en documento público
3. Fraude por simulación en un contrato o un acto jurídico
4. Abuso de confianza

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La aplicación de las sanciones penales es independiente de las que administrativamente procedan. En cuanto a los delitos susceptibles de cometes en el ejercicio de orden común y 2. Delitos fiscales

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El notario se encuentra sujeto a las penas económicas y corporales establecidas en el Código Penal para el Distrito Federal, pues en virtud de su cargo no goza ningún fuero ni tratamiento distinto a común de los ciudadanos.

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No obstante que en México el notario no es un empleado del fisco y no recibe ninguna remuneración de éste, le es un eficaz colaborador en la aplicación de las leyes.
Por lo que se refiere a la responsabilidad fiscal, este no es un retenedor ni recaudador de impuestos, sino única y exclusivamente liquidador.

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Este es el medio de defensa administrativa que el notario tiene contra la resolución impuesta por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por las autoridades competentes que le hayan impuesto una sanción. El notario para interponer su inconformidad, tiene un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que le hayan notificado la resolución sancionadora. De no hacerlo en este plazo, precluye su derecho ya la resolución queda firme.

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Determinada la responsabilidad del notario, se produce a imponer la sanción, la cual, según la gravedad del caso, compete al Jefe de Gobierno del Distrito Federal o al Director General Jurídico y de Estudios Legislativos del Distrito Federal (229 y 224)
Las sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley del Notariado son:
1. Amonestación por escrito.
2. Multa de 1 a 12 meses del salario mínimo.
3 Suspensión temporal del cargo hasta por un año.
4. Cesación del ejercicio de la función.

Éstas se aplicarán de forma gradual, deberían motivarse y, asimismo, se tomará en cuenta "las circunstancias y la gravedad del caso, los prejuicios y daños que directamente se hayan ocasionado, si los hubo, el grado de diligencia, la antigüedad, sus antecedentes y los servicios prestados"

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El notariado incurre en responsabilidad administrativa siempre y cuando cause daños y prejuicios al solicitante de sus servicios o bien, por violación de la Ley del Notariado, sus reglamentos o a otras leyes (223).
Sin embargo, no habrá responsabilidad administrativa "cuando el resultado de sus actuaciones se por error de opinión jurídica fundada o sea, consecuencia de las manifestaciones, declaraciones o instrucciones de los prestatarios, de los concurrentes o partes, o éstos hayan expresado su consentimiento.
Por ultimo, la fianza que otorga el notario sirve en primer lugar para garantizar el pago derivado de la responsabilidad administrativa.

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Responsabilidad del notario frente al gobierno del distrito federal

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Responsabilidad del notario frente al gobierno del distrito federal

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El gobierno del Distrito Federal tiene la facultad de vigilar y disciplinar el desarrollo de la unción notarial. Asimismo, es obligación del Colegio de Notarios coadyuvar con las autoridades competentes en la mencionada vigilancia.

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La responsabilidad civil en que incurre un notario

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La responsabilidad civil en que incurre un notario

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Ésta nace de la abstención o actuación ilícita, culposa o dolosa que dé lugar a uno de los siguientes supuestos:
1. Por causar daños y prejuicios al abstenerse, sin causa justa de autenticar por medio de un instrumento público un hecho o un acto jurídico.
2. Por provocar daños y prejuicios en virtud de una actuación notarial morosa, negligente o falta de técnica notarial.
3. Por causar daños y prejuicios por la declaración judicial de nulidad o inexistencia de un acta o escritura pública.
4. Por originar daños y prejuicios al no inscribir o inscribir tardíamente por su culpa en el Registro Público de la Propiedad o de Comercio, una escritura pública o acta que sean inscribibles, cuando haya recibido de su cliente para tal efecto, los gastos y honorarios.
5. Por el daño material y moral causando a la víctima o a su familia en la comisión de un delito.

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Cuando el notario genera un daño culposo o doloso, el notario incurre en responsabilidad y debe pagar los daños.
Se entiende por daño, el "daño emergente" y por perjuicio, el "lucro cesante". El primero es el restablecimiento patrimonial al estado anterior a la realización de la conducta. El segundo, es el pago de las cantidades que dejó de percibir la victima.

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I. Civil
II. Administrativa (Ley del Notariado y Leyes Administrativas)
III. Fiscal
IV . Penal (Orden común y Fiscal)
V. Colegial