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Alberto Gutiérrez: Sobre la Precarización Laboral

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Alberto Gutiérrez: Sobre la Precarización Laboral

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Crisis sanitaria se da en un momento de profundización del modelo neo liberal,  en donde el antecedente político es una reforma fiscal en el año 2018, impulsada por el gobierno de manera autoritaria, la cual viene con proyectos de ley para lesionar derechos laborales de los sectores públicos. La crisis del covid ha profundizado aún más los estragos de este modelo, manteniendo la pérdida del empleo en sus niveles más altos la cual ha recaído en los sectores más empobrecidos.

Fernanda Romero Rico.

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Pandemia; covid-19; derrumbe de la economía; desempleo. Pobreza y necesidad. Son términos a los que el país empieza a acostumbrarse después de casi dos meses desde que la enfermedad respiratoria viral apareció en el radar costarricense.

Puede leer: Estas son las reglas de reapertura de la economía en Costa Rica
Sin embargo, por más cotidianos que sean esos términos en la nueva realidad, las proyecciones sobre la magnitud de los efectos del coronavirus no dejan de provocar escalofríos.
Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), más de 400.000 trabajadores perderían su empleo durante la pandemia y Costa Rica enfrentaría nuevos niveles de pobreza escabrosos, no vistos desde hace muchos años.

Los economistas del IICE expusieron en su investigación "Estimación de los efectos del COVID-19 sobre la economía costarricense" que esos 400.000 puestos de trabajo en peligro de desaparecer, corresponden a un 24% de los trabajadores ocupados.

E identificaron que las ramas del comercio, al por mayor y al por menor, así como la actividad de reparación de vehículos y de motocicletas serían donde más caería el requerimiento laboral, con 110.667 puestos menos, un 32.5% del total en esas ocupaciones, con respecto al IV Trimestre del 2019.
Los servicios de alojamiento y de comida perderían durante la pandemia un 49.8% de los empleos, es decir, 70.035 puestos menos.
Otras actividades, como los servicios domésticos en los hogares y el transporte y almacenamiento, también terminarán esta etapa crítica muy golpeados en términos de empleo. En la primera, los economistas estimaron una pérdida de 49.128 empleos, un 30.9%; mientras que en la segunda la caída sería de 47.824 trabajos, un 41.9% menos en comparación con los últimos tres meses del año pasado.

Pobreza como no se veían hace años

De la mano del desempleo y la caída en el ingreso de los hogares vendría una oleada de pobreza como el país no la veía desde muchos años.

Según las estimaciones del IICE, la pobreza estaría entre un 24% y un 29% de los hogares por culpa de los coletazos de la pandemia en la economía tica.
Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a mediados del año pasado la pobreza alcanzaba a un 21% de los hogares del país.
La diferencia en los cálculos se debe a que los economistas plantearon dos escenarios para calcular la reducción en el ingreso de los hogares.

En el primero, la reducción en los niveles de ocupación y, por lo tanto, en los ingresos que se generan de esas ocupaciones, son iguales a la reducción de requerimientos de mano de obra.

Y en el segundo, la reducción en los niveles de ocupación se distribuye en dos grupos: el A, donde un 50% de la reducción de requerimientos se traduce en desempleo, y el B, donde un 50% de la caída en requerimientos se transforma en reducción de la jornada laboral a la mitad, hasta que se complete la reducción total de requerimientos.

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En el caso de la incidencia de la pobreza, el escenario dos es el menos perjudicial, con un 24% de hogares en pobreza. En este, la pobreza en el área rural sería de un 26,9% y la urbana sería de 22,9%.

El peor de los casos es el que plantea el supuesto uno, en el que la pobreza del país sería de un 29,8%; la rural de un 31.1% y la urbana de un 29,3%.

Golpe al PIB

El IICE estima que el producto interno bruto (PIB) costarricense caerá entre un 4% y el 5,8%. Los expertos preven que habrá dificultades para una recuperación rápida de la economía.

Por ejemplo, en el estudio citaron que si se eliminan las restricciones rápido, las cuales amarran a ciertos sectores de la economía, el país podría quedar expuesto a una nueva ola de contagios.

Y, si se eliminan las restricciones lento, la recuperación, igualmente, será lenta. Además, los hogares regresarán, tras la pandemias, con niveles de consumo menores.

Si se trata de la demanda externa, también observan complicaciones. Para el segundo trimestre, los expertos pronostican una baja de la actividad exportadora, sobre todo hacia Estados Unidos, lo cual influirá en las demás estimaciones.

Por sectores, los que más contribuirían con la caída del PIB serían, en primer lugar, el turismo, que en seis meses perdería -1,50%; en tres meses, la caída de los servicios de comida sería de más un 1% del PIB al cabo de tres meses.

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Costa Rica: Más de 400.000 personas perderían su trabajo durante pandemia

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Pandemia; covid-19; derrumbe de la economía; desempleo. Pobreza y necesidad. Son términos a los que el país empieza a acostumbrarse después de casi dos meses desde que la enfermedad respiratoria viral apareció en el radar costarricense.

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https://www.noticel.com/legislatura/ahora/20200626/proyecto-de-ley-busca-declarar-estado-de-emergencia-por-violencia-de-genero/

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La violencia física, sexual y psicológica en las niñas y jóvenes se han magnificado, ya que debido al confinamiento han estado viviendo bajo el mismo techo con sus agresores, que en la mayoría de los casos son familiares o conocidos cercanos.

Aunque no todos los países cuentan con cifras sobre los casos de maltrato en la cuarentena, lugares como El Salvador, Colombia, Perú, Argentina y México han hecho públicos los porcentajes que evidencian el aumento masivo de la violencia.

De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Mujeres, las denuncias de violencia doméstica han aumentado en un 175 por ciento durante el confinamiento, en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras que, en los meses de enero a abril de este año, se registraron 1.867 casos de violencia intrafamiliar, así lo confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Además, revelaron que el 66,14 por ciento de violencia intrafamiliar es hacia la pareja, el 20,50 por ciento es entre otros familiares, un 10,34 por ciento es violencia contra niños y adolescentes y un 3,03 por ciento hacia adultos mayores.

Colombia tiene la Línea 155, dispuesta por el Gobierno para ofrecer atención y orientación a la mujer. Entre el 25 de marzo y el 7 de mayo, se recibieron 4.385 llamadas que denunciaban algún tipo de violencia en el hogar, lo que triplica las cifras del pasado año. Los registros por violencia intrafamiliar a esta línea de ayuda a la mujer representaron el 71 por ciento, del total de 5.874 llamadas atendidas durante el aislamiento obligatorio.

Por otra parte, informes del Centro de Atención Legal de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), indican que durante el aislamiento obligatorio entre marzo y mayo se registraron 193 denuncias de mujeres. Lo que representa un 70 por ciento más en comparación con el mismo periodo en 2019. Además, se han reportado 21 feminicidios.

En Honduras se han registrado más de 40.000 casos de violencia física hacia mujeres en el periodo de enero a mayo, siendo abril el mes con mayor número en denuncias, casi 10.000, así lo confirmó el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Entre enero y mayo, Honduras ha registrado "+ de 40.000 casos de agresión (física)" contra mujeres, siendo abril el mes con el mayor número de denuncias (casi 10.000)."
Hemos apoyado un plan de respuesta para hacer frente.
Via @eldiarioes https://t.co/GTPkicDnhC
- ONU Mujeres (@ONUMujeres) June 16, 2020

Mientras que, en Perú se registraron 2.463 denuncias por violencia hacia la mujer o algún otro familiar en los primeros seis días de la cuarentena a través de la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. A esto se le suman 12 feminicidios y 226 violaciones, de las cuales 132 eran menores de edad.

La ONU en Argentina ha confirmado que desde el inicio del confinamiento las denuncias de mujeres que son víctimas de violencia doméstica aumentaron a través de la línea 144 que ofrece asesoría y orientación a las víctimas. Según datos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina las llamadas aumentaron un 39 por ciento.

En el último año más de 300 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 🇦🇷.
Esta vez no queremos contar números. Ahí están ellas: Sandra, Silvia, María y tantas otras #BastaDeFemicidios
Sin el compromiso de todas y todos no haremos realidad el grito de #NiUnaMenos pic.twitter.com/Pm5hQwlhSd
- Iniciativa Spotlight (@SpotlightAmLat) June 15, 2020

Mientras que en el Caribe, la isla de Puerto Rico ha presentado un aumento del 83 por ciento en feminicidios durante las fechas del 15 de marzo al 30 de mayo, en comparación con el mismo periodo el pasado año, tal y como reveló un análisis del Observatorio de Equidad de Género.

El informe indica que durante la cuarentena se han presentado 11 muertes violentas de mujeres y niñas, de los cuales cuatro fueron asociados a la violencia doméstica, lo que representa un aumento del 33 por ciento. El análisis indica que Puerto Rico se sitúa en el cuarto lugar con una de las tasas de feminicidios más alta en la zona después de Honduras, el Salvador y México.

El hogar no siempre es seguro

Durante la emergencia del coronavirus se han magnificado los casos de violencia hacia la mujer, sin embargo, las niñas y adolecentes también son parte de estas cifras.

Plan International, una organización humanitaria que busca los derechos de la niñez han estado trabajando con comunidades de 13 países de Latinoamérica y el Caribe, para buscar la forma de ayudar a este sector. En el proceso han podido obtener testimonios de niñas y jóvenes quienes a través de su historia expresan lo que han vivido durante el confinamiento.

Lucía, una joven de 17 años oriunda de Paraguay les confesó a Plan International lo siguiente: "En este momento, me siento insegura porque no puedo saber todas las consecuencias que quedarás cuando esto termine, ni lo que muchas niñas sufren en sus hogares, rodeadas de abuso y violencia".

Plan International junto a otras organizaciones busca la forma de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia basada en género. De igual forma, instan a los Gobiernos para que adapten en sus proyectos de prevención ante la violencia de genero un enfoque hacia la niñez y garanticen los servicios y derechos a las niñas, adolescentes y mujeres de Latinoamérica y el Caribe.

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Dramáticos números de la violencia intrafamiliar por el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe: Estos son los datos

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La violencia física, sexual y psicológica en las niñas y jóvenes se han magnificado, ya que debido al confinamiento han estado viviendo bajo el mismo techo con sus agresores, que en la mayoría de los casos son familiares o conocidos cercanos.

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Crisis alimentaria se profundiza en Puerto Rico

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Crisis alimentaria se profundiza en Puerto Rico

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Crisis alimentaria y violencia de género se profundiza en Puerto Rico

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Crisis alimentaria y violencia de género se profundiza en Puerto Rico

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Daniel Pérez de Puerto Rico planteó que a raíz del confinamiento (marzo) hasta mediados de abril, los casos de violencia de género se dispararon hasta 165 casos reportados mostrando parte de la compleja situación social contemporánea que se vive en la isla. Por otro lado, también hizo referencia al caso de Luis Ángel Donato Acosta, ciudadano encarcelado por haber entrado a una residencia privada y sustraer comestibles; es decir, se le acusó de tener hambre.
Daniel refiere ambos casos como dos ejemplos de la adversidad del gobierno neoliberal en crisis.
Isamar Cerón Pacheco

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Crisis alimentaria se profundiza en Puerto Rico

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Crisis alimentaria se profundiza en Puerto Rico

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Crisis orgánica, pobreza y discriminación

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Crisis orgánica, pobreza y discriminación

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Xenofobia en Colombia, discriminación en Venezuela: "Por lo menos allá pasamos hambre sin tener que pagar". Como mencionaron José Becerra y Jorge Forero en el foro,  el colapso político, económico y social del país como parte del conflicto geo-político que se mantiene años atrás con Estados Unidos ha profundizado también un encarecimiento de la reproducción social, provocando grandes flujos migratorios hacia Colombia y Ecuador principalmente. Con el contexto de la pandemia, el gobierno venezolano ha establecido que el incremento del número de casos es debido a la repatriación de estas personas. En su regreso a Venezuela se encuentran con una restricción en la movilidad, corrupción en el paso fronterizo porque deben pagar por reingresar al país, así como con un deficiente sistema de salud, a pesar de su modelo 7x7, instituciones del gobierno venezolano reconocen que no estaban preparadas para el virus. La crisis humanitaria a la que se enfrentan lxs venezolanxs en el interior y  el exterior de su país (debido a la relación de hostilidad con el gobierno de Duque en Colombia, donde las desigualdades y las problemáticas son muy profundas también, p. ej. el pago obligatorio de rentas y la paralización de los trabajos informales durante la pandemia) es parecida a la que se enfrentan muchas personas migrantes en este contexto.

Sandra León Gil

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"Ver un bombillito prendido en medio de la nada, en plena oscuridad, era una gran alegría".

María Laura Aldana, una venezolana de 29 años, hace un recuento de sus últimos 30 días, en los que atravesó Colombia -a pie, en mula, en camión- para llegar a donde está ahora: La Parada, la última población antes de cruzar a Venezuela.

"Apenas veías esa lucecita sabías que no ibas a morir en plena carretera", detalla.

Cientos de venezolanos como ella están allí esperando -durmiendo en el piso, sin dinero, bajo un sol de 38 grados - para volver a su hogar después de una larga travesía por este país montañoso.

"Allá el único problema es la comida": por qué miles de migrantes venezolanos deciden volver a pie a su país pese a la crisis

Venida de Lima, Perú, Aldana decidió regresar porque la pandemia del coronavirus acabó con la razón de su partida de Venezuela: un trabajo como costurera que le permitió durante un año enviar dinero a casa, donde está su hija.

Lleva un mes de camino y ahora se encontró con el obstáculo que por más tiempo la ha mantenido quieta: el puesto migratorio de las autoridades venezolanas.

"Crucé todo un país a pie para nada", sentencia. Desde que comenzó la cuarentena en Colombia, el 25 de marzo, al menos 71.000 venezolanos, según cifras oficiales, han vuelto a su país porque su principal fuente de dinero, la economía informal, está temporalmente fuera de servicio.

A partir de ese momento, Venezuela ha ido reduciendo el número de personas que deja entrar al día.

Y, con eso, se ha ido aglomerando más gente -sin recursos, sin cama, sin fuerzas- en una de las fronteras más peligrosas del mundo. Hoy la fila tiene medio kilómetro.

"Vamos a terminar en la calle y con hambre": cómo cambió la vida de los migrantes venezolanos en Colombia por la pandemia

"Armas biológicas"

Durante la pandemia, el gobierno venezolano ha mantenido que el coronavirus está bajo control y que los contagios son "importados".

El martes, por ejemplo, el canciller, Jorge Arreaza, aseguró que "8 de cada 10 casos de#COVID_19 (en Venezuela) provienen de venezolan@s que por miles huyen de Colombia, Ecuador y Perú. Esto refleja el pésimo manejo sanitario y subregistro en esos países".

Y la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dijo que "Colombia miente en cuanto a sus casos. Reportan en la frontera 256 casos. Pero Venezuela reporta 1.255 casos. ¿Cómo se explica la mentira que se está imponiendo?"

Algunos funcionarios chavistas incluso han llamado " armas biológicas" a los migrantes venezolanos que buscan regresar.

Las cifras oficiales de contagios en Venezuela son, en efecto, mucho menores que las de otros países en la región, pero expertos aseguran que allí también puede haber subregistro y que el aislamiento aeronáutico del país pudo contribuir a contener al virus.

El presidente, Nicolás Maduro, anunció el lunes que las Fuerzas Armadas se desplegarán a la frontera para impedir el ingreso de venezolanos al país a través de pasos informales, conocidos como "trochas".

Y, desde la semana pasada, por los puestos oficiales de migración solo dejan entrar 300 personas al día; tres días a la semana.

El dilema de Colombia para coordinar la crisis del covid-19 con Venezuela sin reconocer al gobierno de Maduro

Una población en una mesa de ping pong

"Pero ni eso se cumple", añade María Laura Aldana, que responde las preguntas de BBC Mundo vía telefónica mientras reacomoda su carpa o " cambuche" después de ser promovida en la fila.

Al fondo suena gente gritando "rodando, rodando", en referencia al avance de la fila.

"Lo que pasa es que no importa si tú avanzas un poco, porque para entrar realmente necesitas pagar, porque si no, te mantienen muy atrás en la fila", explica.

"Y pasar por las trochas -continúa- dicen que está muy riesgoso y yo ni quiero averiguar de ese tema porque no estoy en la situación de pagar".

A 10 kilómetros de La Parada está Cúcuta, la ciudad con mayor informalidad laboral en el país (80%, según cifras oficiales) y constantemente golpeada por los sucesos criminales y comerciales de la frontera.

Su alcalde, Jairo Yáñez, le dijo a BBC Mundo: "Hasta ahora hemos tenido una respuesta muy eficiente a la pandemia, pero ahora eso puede cambiar porque (los venezolanos) están llegando en buses sin permisos, con sobreocupación, de países como Perú y Ecuador, con niveles de desnutrición y sistema inmune muy afectados".

El gobierno colombiano, que no reconoce a Maduro como legítimo presidente, culpa de la situación a las autoridades venezolanas.

"Maduro está bloqueando una posibilidad humanitaria", dijo el presidente, Iván Duque, quien asegura estar garantizando "corredores humanitarios" para"facilitar el paso" de los venezolanos que quieran volver.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá, opina: " Nuestro temor es que esta población quede como en una especie de mesa de ping pong, porque no los dejan entrar a Venezuela y en Colombia empiezan también a rechazarlos, y que por eso tengan que someterse a mayores riesgos, como pasar por trochas en manos de bandas criminales para resolver su situación".

De los cinco millones de venezolanos que han salido de su país durante la última década por la crisis económica, un tercio de ellos está en Colombia. Y el 90% de ellos, según el Observatorio, vive de la economía informal.

Duque dice que el país los ha recibido con "fraternidad", pero que la respuesta a la crisis de refugiados no puede depender únicamente de Colombia, que de por sí enfrenta problemas de desplazamiento interno, informalidad laboral y pobreza.

"Necesitamos más compromiso y más recursos de la comunidad internacional", ha reclamado reiteradamente.

"Pasar hambre sin tener que pagar"

De vuelta a La Parada, donde una autopista fue habilitada para que esperen y duerman los cientos de venezolanos que quieren volver, Yofran Bracho, un albañil de 34 años, se queja de estar "sufriendo de todo".

"Tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos cansancio, tenemos desesperación, hay niños pasando trabajo, hay gente con problemas en las piernas", le dice a BBC Mundo.

Los últimos 10.000 pesos (US$2,4) que tenía, asegura, se los gastó en idas al baño para su esposa. Las cobran a 1.000 pesos (US$0,25) en La Parada.

Están durmiendo sobre un cartón "con una simple sabanita y sin poder profundizar mucho (en el sueño) porque si no, me roban el bolsito".

Como tantos otros venezolanos, Bracho estaba en Medellín, Colombia, trabajando en la economía informal para enviar remesas a sus tres hijos, que están con su madre en Puerto Cabello.

"Pero cuando empezó esto (la pandemia) nos sacaron del trabajo y ya nos estaban amenazando con echarnos de la casa si no pagábamos arriendo, y es que yo ahora no tengo ni un peso, padre, nada", indica.

Cientos de venezolanos, y muchos colombianos, han sido desalojados de residencias informales durante la pandemia porque ya no tienen cómo pagar.

La solución: volver a su país, que enfrenta la peor crisis económica de la historia reciente de América Latina, donde se va la luz, los hospitales no tienen insumos y el agua y la gasolina escasean.

La mayoría de los venezolanos que han regresado durante la pandemia han tenido que pasar 14 días en albergues a manera de cuarentena donde, según la oposición venezolana, se presentan "situaciones infrahumanas".

Pero para Bracho, eso es menos grave que quedarse en Colombia: "Por lo menos allá (en Venezuela) no tengo que pagar arriendo ni servicios ni nada".

"Por lo menos allá pasamos hambre sin tener que pagar".

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"Crucé todo un país a pie para nada": los venezolanos que intentan regresar a su país y cuyo gobierno ahora les restringe la entrada

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"Ver un bombillito prendido en medio de la nada, en plena oscuridad, era una gran alegría". María Laura Aldana, una venezolana de 29 años, hace un recuento de sus últimos 30 días, en los que atravesó Colombia -a pie, en mula, en camión- para llegar a donde está ahora: La Parada, la última población antes de cruzar a Venezuela.

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Organizaciones no gubernamentales y especialistas lanzaron recientemente un informe en el que señalan que mineras de diversas partes del mundo, incluyendo México, han aprovechado la emergencia sanitaria del coronavirus para continuar sus operaciones, evadir la justicia y promover modificaciones a las leyes -de por sí laxas- para que les reditúen ganancias a futuro. Se trata de una voracidad que cuenta en varias ocasiones con apoyo directo o indirecto de algunos gobiernos.
MONTREAL, Can. (Proceso).- Los problemas causados por las compañías mineras en una larga lista de países han sido tema frecuente en investigaciones periodísticas, textos académicos y audiencias judiciales desde hace décadas... y los tiempos del covid-19 no están siendo una excepción, según el informe Voces desde el territorio, publicado el martes 2.

Elaborado por MiningWatch (Canadá), The Institute for Policy Studies (IPS, Estados Unidos) y London Mining Network (Reino Unido), entre otras organizaciones, el documento se enfoca en cómo numerosas mineras aprovechan "la pandemia por el covid-19, continúan operando, pese a los riesgos para trabajadores y comunidades, y buscan avanzar en proyectos que van contra la voluntad de las personas afectadas, mientras presionan por cambios regulatorios que mejoren sus ganancias a largo plazo". Dichas acciones, en gran parte de los casos, han contado con el apoyo gubernamental.

En las páginas del informe aparecen ejemplos de más de una veintena de países. "Recibimos mensajes de organizaciones comunitarias desde muchos sitios, contándonos todos estos problemas cuando se suponía que imperaba la cuarentena. Por eso decidimos poner en marcha un amplio monitoreo entre distintos grupos y revisar los reportes de prensa, entre otros documentos. No han sido eventos aislados", comenta a Proceso Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch.

Riesgos sanitarios

La minería fue considerada en varios países una actividad esencial; se permitieron sus operaciones pese a la amenaza que representa el coronavirus. "Fue vista como prioritaria por encima de la salud pública y la seguridad alimentaria, entre otros temas. Es difícil comprenderlo", dice en entrevista Jennifer Moore, investigadora asociada del IPS. El informe recaba casos de contagio y decesos por estas disposiciones.

En la provincia canadiense de Alberta, el proyecto Kearl Lake (de Imperial Oil) formó parte de los servicios esenciales dictaminados por el gobierno provincial. En total, 45 trabajadores dieron positivo a la prueba del covid-19. Varios de estos mineros volvieron a sus hogares en cuatro provincias distintas de Canadá. Sólo en dos de ellas, Saskatchewan y Nueva Escocia, se han notificado 152 contagios relacionados y dos muertes.

En la mina rusa Olimpiada (propiedad de Polyus), 866 trabajadores contrajeron el virus. Pocas semanas atrás, el número de infectados era de 89. Esta veta de oro ha seguido funcionando bajo resguardo militar.

El informe destaca escenarios parecidos en América Latina. La mina Antamina, en Perú, fue autorizada para continuar sus operaciones, aunque no a su máxima capacidad. El 31 de marzo la empresa anunció los primeros casos positivos de covid-19. Sin embargo, los trabajos siguieron hasta el 13 de abril. El 30 de ese mes se dio a conocer que habían sido 210 los mineros afectados; uno de ellos falleció.

En suelo panameño las autoridades eximieron el 20 de marzo a la mina Cobre Panamá de las medidas de cuarentena. A principios de abril se conocieron varios casos positivos y un deceso por coronavirus. El Ministerio de Salud pidió a First Quantum (dueña del proyecto) que suspendiera operaciones. Al final, 106 trabajadores tuvieron el virus; cinco de ellos murieron.

Son numerosos los estudios científicos que han abordado las enfermedades ocupacionales. En el caso de la minería se subraya con insistencia el riesgo para los sistemas respiratorio y circulatorio. La Administración de Salud y Seguridad Minera de Estados Unidos publicó que los mineros son "particularmente vulnerables al coronavirus" debido a que buena parte de ellos sufre de algún tipo de daño pulmonar.

"Hay trabajadores con condiciones preexistentes que han sido expuestos al coronavirus. Pensemos también en las comunidades cercanas. La salud de muchas de ellas se ha visto afectada por la minería, por ejemplo, por el agua y el polvo. Los servicios de salud no son de buena calidad. Esto empeora aún más la situación", menciona Francescone.

El informe de las organizaciones precisa que la minería no se consideró una actividad esencial en México hasta el pasado 18 de mayo. Sin embargo, se hace hincapié en que Grupo Frisco, Fresnillo e Industrias Peñoles nunca suspendieron sus operaciones.

El documento también menciona que ambientalistas en Argentina señalaron a la empresa Yamana Gold por servirse de los días de cuarentena para avanzar en el proyecto de exploración Suyai, en Chubut, aunque la actividad minera está prohibida desde 2003 en esta provincia.

Un caso parecido ocurrió en Ecuador, donde Codelco y Enami aprovecharon el bloqueo gubernamental para adelantar actividades de exploración en el noroeste del país, trabajos a los que se oponen distintas comunidades indígenas.

Madruguete regulatorio

Distintos esfuerzos para modificar normativas en favor del sector en tiempos de covid-19 también son señalados en el informe. La Corte Suprema de Brasil difundió el 22 de mayo pasado el video de una reunión entre el presidente Jair Bolsonaro y varios de sus ministros.

En la grabación, Ricardo Salles, responsable de la cartera de Medio Ambiente, comentó que la pandemia es una oportunidad para impulsar una desregulación en materia de política medioambiental, ya que los medios estarían concentrados en la contingencia sanitaria.

Nara Baré, coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, declaró: "Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo, nuestras tierras indígenas están cada vez más amenazadas por actividades económicas depredadoras que ponen en peligro la integridad de nuestros territorios ancestrales y los recursos naturales esenciales para nuestra supervivencia.

" Con la crisis del covid-19 las actividades ilegales de mineros, madereros, narcotraficantes y otros invasores representan una amenaza aún mayor, porque pueden llevar el virus a nuestros territorios y comunidades."

En Honduras, el gobierno informó el 27 de marzo reciente que los permisos para proyectos extractivos se tramitarían por medio de una plataforma digital, en razón del covid-19. Diversas organizaciones ya habían criticado anteriormente el magro nivel de transparencia para la atribución de estos permisos.

Unos días después se anunció que la aprobación de actividades mineras -como transporte y exportación- pasaría a ser responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco de una ley especial. Líderes comunitarios han declarado que esta disposición guarda muchas semejanzas con la normativa minera en el país que fue aprobada en 1998, tras el paso del huracán Mitch.

En Indonesia, una nueva ley de minería fue aprobada en medio de la pandemia, proyecto que el año pasado había provocado protestas ciudadanas por favorecer ampliamente a las empresas. "De por sí las regulaciones son débiles en muchos países y no se caracterizan por su transparencia. Las acciones que aparecen en el informe muestran que durante la crisis del covid-19 el escenario no está mejorando, al contrario", apunta Francescone.

Otro asunto es que ciertas compañías han hecho donaciones en el marco de la pandemia, pero sin estándares de transparencia, aumentando con ello las sospechas de realizar una estrategia de relaciones públicas. Tal ha sido el caso de Barrick Gold en distintas zonas de África.

En Guatemala, Pan American Silver distribuyó material sanitario y alimentos. El pueblo Xinka teme que estas donaciones tengan impacto en el proceso de consulta respecto de la mina de plata de Escobal. En 2017 el Tribunal Constitucional decretó el cierre de la misma hasta que se realice el proceso de consulta.

Sin protestas

El informe de las organizaciones también expone que algunos gobiernos "han impuesto restricciones a la libertad de asociación y movimiento de las personas con el fin de proteger la salud pública. Pero estas medidas severas e incluso militarizadas comprometen la capacidad de las personas para defender sus territorios y sus vidas".

En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha arrestado a una decena de defensores del medio ambiente desde que se declaró la pandemia; asimismo, un activista perdió la vida por disparos de desconocidos. A principios de abril los campamentos de los opositores a la mina Didipio fueron desalojados con violencia.

En Turquía varias personas fueron desalojadas de las cercanías de la mina Kirazli y obligadas a pagar el equivalente a 7 mil dólares de multa, con el argumento de que desobedecían las medidas sanitarias. Los activistas señalaron que la empresa dueña del proyecto aún contaba con personal en el lugar, pese a que el gobierno turco decidió no renovar la concesión por razones medioambientales.

En Perú se aprobó -en plena crisis por covid-19- una ley que exime de responsabilidad penal a cualquier policía o miembro del ejército que lesione o mate a una persona, siempre que esté en cumplimiento de sus funciones. Durante la pandemia, en Colombia y México no ha disminuido la violencia contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente. La organización Indepaz informó que, desde que se dio el primer caso de covid-19 en suelo colombiano, 36 activistas han muerto... En México cuatro defensores fueron asesinados durante los dos primeros meses de la crisis.

"Las comunidades merecen ser escuchadas en estos momentos por las dificultades que atraviesan y las luchas que realizan. Es necesario que se dé una organización más fuerte frente al extractivismo que no dejamos de constatar", dice Jennifer Moore.

En la mayoría de los casos descritos en Voces desde el territorio aparecen citadas las mineras canadienses. De hecho, la Bolsa de Toronto es la más importante para las firmas de minería a nivel mundial. Pierre Gratton, presidente y director ejecutivo de la Asociación Minera de Canadá, hizo algunas declaraciones al Financial Post a raíz de la publicación del informe.

Rechazó las acusaciones respecto de que su sector se ha conducido de manera irresponsable, precisando que sus miembros convocaron a un grupo de trabajo desde el inicio de la crisis por covid-19 a modo de diseñar una estrategia. "Creo que nuestra industria se lo ha tomado muy en serio", dijo Gratton.
Este reportaje forma parte del número 2276 de la edición impresa de Proceso, publicado el 14 de junio de 2020 y cuya versión digitalizada puedes adquirir aquí
Comentarios

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Mineras, depredadoras en tiempos de la pandemia - Proceso Portal de Noticias

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Organizaciones no gubernamentales y especialistas lanzaron recientemente un informe en el que señalan que mineras de diversas partes del mundo, incluyendo México, han aprovechado la emergencia sanitaria del coronavirus para continuar sus operaciones, evadir la justicia y promover modificaciones a las leyes -de por sí laxas- para que les reditúen ganancias a futuro.

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Al igual que en otros países de Latinoamérica, la minería está catalogada como "actividad esencial" en medio de la crisis sanitaria actual, lo cual no sólo abre brechas y dudas respecto a las consecuencias territoriales que esto traerá sino de lo que también representa para el escenario de reestructuración económica que envuelve a Argentina.
Gabriela Rodríguez

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La industria minera global está aprovechando la crisis del coronavirus para profundizar el extractivismo, promover la "desregulación" de la actividad y la "represión" de los movimientos sociales que la combaten, según un informe difundido por siete organizaciones ambientalistas que actúan a nivel internacional.

"Voces desde el suelo: cómo se beneficia la industria minera mundial de la pandemia COVID-19", se llama el relevamiento que para Argentina menciona el caso de "la empresa canadiense Yamana Gold", a quien acusa de "aprovechar la cuarentena impuesta en todo el país, para avanzar en su proyecto" de extraer oro y plata en la localidad de Esquel, a pesar de que "la minería (a cielo abierto) ha sido prohibida desde 2003, debido a la oposición generalizada".

En líneas generales, el informe denuncia que "la industria minera ha sido declarada 'esencial' en muchos países, permitiéndole seguir operando con resultados devastadores".

El estudio fue elaborado en conjunto por las organizaciones Earthworks, Institute for Policy Studies-Global Economy Program, London Mining Network, MiningWatch Canada, TerraJust, War on Want and Yes to Life No to Mining; a partir de "reportes desde los territorios afectados, y en una revisión de casi 500 artículos de prensa, e informes de las empresas y la sociedad civil".

"Es la primera vez que producimos un informe de estas características", dijo a Télam Kirsten Francescone, coordinadora para América Latina de MiningWatch Canadá.

La activista enfatizó que la "preservación de la salud y la supervivencia planetaria no pueden depender de las empresas mineras" que actúan guiadas por una "despiadada búsqueda de ganancias".

"Las mineras están avanzando aprovechando que la actividad se considera esencial y la gente no puede salir a protestar. El extractivismo que nos llevó a esta pandemia, en lugar de plantear otra forma de vida, está más voraz que nunca", dijo a Télam Viviana Moreno, integrante de la asamblea de vecinos autoconvocados "No a la Mina de Esquel".

Una actividad muy cuestionada

Después de multitudinarias marchas y el histórico plebiscito no vinculante a través del cual el 81% de esta localidad chubutense le dijo "No" al proyecto de extraer oro y plata del Cerro Tres Torres -distante 6 kilómetros de Esquel-, la legislatura provincial aprobó la Ley 5.001 que prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción.

Desde entonces, los asambleístas y ambientalistas vienen resistiendo diferentes intentos de flexibilizar esta ley -aún vigente- o de eludirla.

"Después de más de 6 años de no saber nada de Yamana Gold, la minera se asoció con dos empresarios argentinos para explotar estos metales en el mismo cordón Esquel, pero en modalidad subterránea con método de flotación", dijo esta bioquímica nacida hace 62 años en Rosario que hace más de 17 vive en Esquel.

La modalidad "está como bordeando la 50.01", pero confió en que no podrán implementarlo porque "no tienen la licencia social ni la tendrán".

Moreno afirmó que la estrategia de las mineras es tratar de convencer a la opinión pública de que "la salida es la mega minería"; mientras que "el slogan de todos los movimientos sociales y gremios es 'esta crisis no se resuelve con mega minería'".

La primera de las cuatro conclusiones principales del estudio global señala que "las empresas mineras ignoran la pandemia y continúan operando", con el resultado de que los yacimientos "se han vuelto puntos de contagio, poniendo en grave riesgo a los trabajadores y a las comunidades aledañas, muchas de las cuales ya sufren impactos en la salud por la minería".

La segunda conclusión es que "las empresas mineras y los gobiernos están utilizando la crisis para asegurar cambios regulatorios que favorecen a la industria a costo de las personas y el planeta".

En tercer lugar, el informe concluye que "los gobiernos de todo el mundo están callando protestas legítimas" contra el sector minero, con el resultado de que los manifestantes "están enfrentando mayores riesgos a su seguridad".

La cuarta conclusión es que las mineras "están utilizando la pandemia como una oportunidad para lavar su imagen".

El informe cita los casos de Barrick Gold, que "realizó importantes donaciones en efectivo a gobiernos africanos"; del gigante minero Vale, que "compró millones de tests para sus operarios"; o de Newcrest Mining que "donó millones para la investigación de vacunas".

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Acusan a las mineras de aprovechar la pandemia para profundizar el extractivismo a nivel global

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La industria minera global está aprovechando la crisis del coronavirus para profundizar el extractivismo, promover la "desregulación" de la actividad y la "represión" de los movimientos sociales que la combaten, según un informe difundido por siete organizaciones ambientalistas que actúan a nivel internacional.

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Pablo Mancilla menciona que en Chile se ha denunciado el modelo de privatización de agua surgido en el contexto neoliberal, el cual ha provocado que en zonas rurales ya no exista la cantidad de agua suficiente para acceder a condiciones sanitarias necesarias para enfrentar a la pandemia, es así que se han articulado procesos de movimientos sociales para poder disputar el acceso al agua y al mismo tiempo denunciar la situación que están viviendo muchas personas que no pueden acceder a este recurso.
Marco A. Zavala

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Cristian Flores Fernández

Lunes 22 de junio 2020 19:04 hrs.

Cada cierto tiempo se suceden momentos de tensión que permiten cuestionar los paradigmas y lógicas existentes, develando sus falencias y miserias, y abriendo la puerta a la posibilidad de reformarlas; pero también, de caer en la trampa de consolidar, reproducir y profundizar modelos cada vez más obsoletos e insostenibles. La crisis sanitaria detonada por la actual pandemia es un ejemplo de lo anterior, al dejar en evidencia la profunda injusticia social y ambiental, y la falta de condiciones mínimas para solventar una vida digna que afecta a los sectores más vulnerables de la población.

En áreas rurales, la falta de agua impide adoptar medidas mínimas de higiene para prevenir la propagación del virus, como es lavarse las manos, mientras que las acciones judiciales interpuestas por las comunidades, han sido declaradas inadmisibles o rechazadas por la justicia, argumentando que el abastecimiento de agua en zonas de catástrofe obedece a una política pública de competencia del ejecutivo, o bien que los usos productivos que acaparan el uso del agua, como la agroindustria o minería, se encuentran amparados por derechos de agua debidamente constituidos e inscritos. La gestión del agua como bien económico de consumo, apropiable y transable como cualquier otro, sin priorización de su uso y consumo humano ni mayor consideración de su importancia social y ambiental, presenta hoy sus efectos más críticos y contingentes en el sector rural, pero también rige para el sector urbano. Este sector concentra cerca del 90% de la población del país, cuyo suministro de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es proveído en un 96,4% por sociedades anónimas, concesionarias controladas mayormente por capitales extranjeros. En las áreas urbanas existe entonces una doble faz de privatización en razón del régimen de propiedad privada del Código de Aguas y el de la prestación privada del suministro de agua potable y alcantarillado.

Tanto la actual crisis sanitaria como aquellas provocadas por los masivos cortes de agua potable ocurridos en años recientes en ciudades como Osorno, Santiago, La Serena y Ovalle, permiten mantener vigente la pregunta de si es posible avanzar hacia un sistema de gestión pública de los servicios básicos de agua potable centrada en reconocer el agua como un bien común, y su acceso en cantidad y calidad suficiente como un derecho humano esencial. En este contexto, y a objeto de revisar el proceso de privatización de los servicios sanitarios urbanos en Chile y evaluar los resultados actuales de la gestión por parte de las empresas concesionarias, es que se presenta la publicación "Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Revisión crítica de su gestión privatizada a partir de la crisis sanitaria de Osorno", el cual toma como punto de partida los cortes de suministros de agua potable y alcantarillado que, entre los días 11 a 21 de junio de 2019, afectó a más de 140.000 habitantes de la ciudad de Osorno motivando el inicio de un proceso sancionatorio administrativo en contra de la empresa concesionaria ESSAL S.A., filial de Aguas Andinas y controlado por el Grupo Suez, de capitales franceses.

En la publicación se plantea que la falta de una regulación que proteja y priorice el uso del agua para consumo y funciones básicas, los constantes casos de incumplimiento de las empresas sanitarias y la incertidumbre y presión sobre la disponibilidad de agua asociada al cambio climático y sus múltiples usos, hace necesaria una discusión y eventual re-enfoque del actual modelo de gestión. La eventual instancia constitucional que esperemos de materialice, constituye una oportunidad propicia para plantear este debate, a partir de, por ejemplo, un reconocimiento expreso del derecho humano al agua como derecho constitucionalmente garantizado y el otorgamiento al Estado de un rol activo en cuanto a su promoción y protección.

Existen diversas alternativas para transformar el actual sistema de gestión de servicios de agua potable urbano que deben ser analizados y debatidos, pero la experiencia expuesta indica que, sea cual sea la solución que finalmente se prefiera, ésta debe partir desde la concepción del agua como un bien común y su acceso como derecho humano básico, mayor transparencia, participación ciudadana y una re-definición del rol del Estado en relación a la prestación de estos servicios públicos. Este cuestionamiento toma mayor sentido en el marco de la pandemia actual, donde se ha evidenciado que, en momentos de crisis, las lógicas basadas en el mercado, privatización y co modificación de la naturaleza y servicios básicos suelen ser incapaces de entregar una respuesta satisfactoria a los requerimientos de acción en ayuda de la población. Ante ello, los Estados han debido intervenir directamente asumiendo la dirección y control de la gestión de la crisis, aun cuando no siempre de la mejor manera, como se ha empeñado en demostrar el actual gobierno.

Actualmente, las prioridades de la clase política chilena parecen estar lejos de querer aprovechar la disyuntiva para reflexionar o re-pensar el modelo de desarrollo imperante y la manera en que nos relacionamos como sociedad y con el medio ambiente. Contrariamente, no han dejado pasar la oportunidad para incluir nuevos subterfugios pro inversión y empresa como ha quedado demostrado con ocasión del acuerdo económico suscrito el 14 de junio de 2020 que contempla la reducción de plazos y procedimientos regulatorios y de evaluación ambiental de nuevos proyectos y aceleración de proyectos de concesión y licitaciones. De manera adicional, el día lunes se conoció la solicitud del Grupo Suez de suspender y anular el procedimiento sancionatorio administrativo en que se discute la caducidad de la concesión de ESSAL S.A., aludiendo que el actuar de los organismos reguladores "pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile" y planteando someter la controversia a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial (CIADI)[1].

Así, en estos momentos de profunda tensión, vale la pena preguntarnos si podemos seguir actuando pasivamente como meros testigos y destinatarios de las decisiones de los grupos que han gestionado y mantenido el status quo, o bien comenzar a trabajar mancomunadamente en la reflexión, estructuración y posicionamiento de estrategias y alianzas conducentes a sustentar alternativas referidas al amplio espectro de problemáticas socio ambientales, dentro de las cuales estimamos los servicios de agua potable y saneamiento urbanos constituyen una relevante expresión.

[1] https://www.t13.cl/noticia/negocios/grupo-suez-essal-amenaza-internacional-15-06-2020

Cada cierto tiempo se suceden momentos de tensión que permiten cuestionar los paradigmas y lógicas existentes, develando sus falencias y miserias, y abriendo la puerta a la posibilidad de reformarlas; pero también, de caer en la trampa de consolidar, reproducir y profundizar modelos cada vez más obsoletos e insostenibles. La crisis sanitaria detonada por la actual pandemia es un ejemplo de lo anterior, al dejar en evidencia la profunda injusticia social y ambiental, y la falta de condiciones mínimas para solventar una vida digna que afecta a los sectores más vulnerables de la población.

En áreas rurales, la falta de agua impide adoptar medidas mínimas de higiene para prevenir la propagación del virus, como es lavarse las manos, mientras que las acciones judiciales interpuestas por las comunidades, han sido declaradas inadmisibles o rechazadas por la justicia, argumentando que el abastecimiento de agua en zonas de catástrofe obedece a una política pública de competencia del ejecutivo, o bien que los usos productivos que acaparan el uso del agua, como la agroindustria o minería, se encuentran amparados por derechos de agua debidamente constituidos e inscritos. La gestión del agua como bien económico de consumo, apropiable y transable como cualquier otro, sin priorización de su uso y consumo humano ni mayor consideración de su importancia social y ambiental, presenta hoy sus efectos más críticos y contingentes en el sector rural, pero también rige para el sector urbano. Este sector concentra cerca del 90% de la población del país, cuyo suministro de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es proveído en un 96,4% por sociedades anónimas, concesionarias controladas mayormente por capitales extranjeros. En las áreas urbanas existe entonces una doble faz de privatización en razón del régimen de propiedad privada del Código de Aguas y el de la prestación privada del suministro de agua potable y alcantarillado.

Tanto la actual crisis sanitaria como aquellas provocadas por los masivos cortes de agua potable ocurridos en años recientes en ciudades como Osorno, Santiago, La Serena y Ovalle, permiten mantener vigente la pregunta de si es posible avanzar hacia un sistema de gestión pública de los servicios básicos de agua potable centrada en reconocer el agua como un bien común, y su acceso en cantidad y calidad suficiente como un derecho humano esencial. En este contexto, y a objeto de revisar el proceso de privatización de los servicios sanitarios urbanos en Chile y evaluar los resultados actuales de la gestión por parte de las empresas concesionarias, es que se presenta la publicación "Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Revisión crítica de su gestión privatizada a partir de la crisis sanitaria de Osorno", el cual toma como punto de partida los cortes de suministros de agua potable y alcantarillado que, entre los días 11 a 21 de junio de 2019, afectó a más de 140.000 habitantes de la ciudad de Osorno motivando el inicio de un proceso sancionatorio administrativo en contra de la empresa concesionaria ESSAL S.A., filial de Aguas Andinas y controlado por el Grupo Suez, de capitales franceses.

En la publicación se plantea que la falta de una regulación que proteja y priorice el uso del agua para consumo y funciones básicas, los constantes casos de incumplimiento de las empresas sanitarias y la incertidumbre y presión sobre la disponibilidad de agua asociada al cambio climático y sus múltiples usos, hace necesaria una discusión y eventual re-enfoque del actual modelo de gestión. La eventual instancia constitucional que esperemos de materialice, constituye una oportunidad propicia para plantear este debate, a partir de, por ejemplo, un reconocimiento expreso del derecho humano al agua como derecho constitucionalmente garantizado y el otorgamiento al Estado de un rol activo en cuanto a su promoción y protección.

Existen diversas alternativas para transformar el actual sistema de gestión de servicios de agua potable urbano que deben ser analizados y debatidos, pero la experiencia expuesta indica que, sea cual sea la solución que finalmente se prefiera, ésta debe partir desde la concepción del agua como un bien común y su acceso como derecho humano básico, mayor transparencia, participación ciudadana y una re-definición del rol del Estado en relación a la prestación de estos servicios públicos. Este cuestionamiento toma mayor sentido en el marco de la pandemia actual, donde se ha evidenciado que, en momentos de crisis, las lógicas basadas en el mercado, privatización y co modificación de la naturaleza y servicios básicos suelen ser incapaces de entregar una respuesta satisfactoria a los requerimientos de acción en ayuda de la población. Ante ello, los Estados han debido intervenir directamente asumiendo la dirección y control de la gestión de la crisis, aun cuando no siempre de la mejor manera, como se ha empeñado en demostrar el actual gobierno.

Actualmente, las prioridades de la clase política chilena parecen estar lejos de querer aprovechar la disyuntiva para reflexionar o re-pensar el modelo de desarrollo imperante y la manera en que nos relacionamos como sociedad y con el medio ambiente. Contrariamente, no han dejado pasar la oportunidad para incluir nuevos subterfugios pro inversión y empresa como ha quedado demostrado con ocasión del acuerdo económico suscrito el 14 de junio de 2020 que contempla la reducción de plazos y procedimientos regulatorios y de evaluación ambiental de nuevos proyectos y aceleración de proyectos de concesión y licitaciones. De manera adicional, el día lunes se conoció la solicitud del Grupo Suez de suspender y anular el procedimiento sancionatorio administrativo en que se discute la caducidad de la concesión de ESSAL S.A., aludiendo que el actuar de los organismos reguladores "pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile" y planteando someter la controversia a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial (CIADI)[1].

Así, en estos momentos de profunda tensión, vale la pena preguntarnos si podemos seguir actuando pasivamente como meros testigos y destinatarios de las decisiones de los grupos que han gestionado y mantenido el status quo, o bien comenzar a trabajar mancomunadamente en la reflexión, estructuración y posicionamiento de estrategias y alianzas conducentes a sustentar alternativas referidas al amplio espectro de problemáticas socio ambientales, dentro de las cuales estimamos los servicios de agua potable y saneamiento urbanos constituyen una relevante expresión.

[1] https://www.t13.cl/noticia/negocios/grupo-suez-essal-amenaza-internacional-15-06-2020

Cada cierto tiempo se suceden momentos de tensión que permiten cuestionar los paradigmas y lógicas existentes, develando sus falencias y miserias, y abriendo la puerta a la posibilidad de reformarlas; pero también, de caer en la trampa de consolidar, reproducir y profundizar modelos cada vez más obsoletos e insostenibles. La crisis sanitaria detonada por la actual pandemia es un ejemplo de lo anterior, al dejar en evidencia la profunda injusticia social y ambiental, y la falta de condiciones mínimas para solventar una vida digna que afecta a los sectores más vulnerables de la población.

En áreas rurales, la falta de agua impide adoptar medidas mínimas de higiene para prevenir la propagación del virus, como es lavarse las manos, mientras que las acciones judiciales interpuestas por las comunidades, han sido declaradas inadmisibles o rechazadas por la justicia, argumentando que el abastecimiento de agua en zonas de catástrofe obedece a una política pública de competencia del ejecutivo, o bien que los usos productivos que acaparan el uso del agua, como la agroindustria o minería, se encuentran amparados por derechos de agua debidamente constituidos e inscritos. La gestión del agua como bien económico de consumo, apropiable y transable como cualquier otro, sin priorización de su uso y consumo humano ni mayor consideración de su importancia social y ambiental, presenta hoy sus efectos más críticos y contingentes en el sector rural, pero también rige para el sector urbano. Este sector concentra cerca del 90% de la población del país, cuyo suministro de servicios básicos de agua potable y alcantarillado es proveído en un 96,4% por sociedades anónimas, concesionarias controladas mayormente por capitales extranjeros. En las áreas urbanas existe entonces una doble faz de privatización en razón del régimen de propiedad privada del Código de Aguas y el de la prestación privada del suministro de agua potable y alcantarillado.

Tanto la actual crisis sanitaria como aquellas provocadas por los masivos cortes de agua potable ocurridos en años recientes en ciudades como Osorno, Santiago, La Serena y Ovalle, permiten mantener vigente la pregunta de si es posible avanzar hacia un sistema de gestión pública de los servicios básicos de agua potable centrada en reconocer el agua como un bien común, y su acceso en cantidad y calidad suficiente como un derecho humano esencial. En este contexto, y a objeto de revisar el proceso de privatización de los servicios sanitarios urbanos en Chile y evaluar los resultados actuales de la gestión por parte de las empresas concesionarias, es que se presenta la publicación "Servicios Sanitarios Urbanos en Chile. Revisión crítica de su gestión privatizada a partir de la crisis sanitaria de Osorno", el cual toma como punto de partida los cortes de suministros de agua potable y alcantarillado que, entre los días 11 a 21 de junio de 2019, afectó a más de 140.000 habitantes de la ciudad de Osorno motivando el inicio de un proceso sancionatorio administrativo en contra de la empresa concesionaria ESSAL S.A., filial de Aguas Andinas y controlado por el Grupo Suez, de capitales franceses.

En la publicación se plantea que la falta de una regulación que proteja y priorice el uso del agua para consumo y funciones básicas, los constantes casos de incumplimiento de las empresas sanitarias y la incertidumbre y presión sobre la disponibilidad de agua asociada al cambio climático y sus múltiples usos, hace necesaria una discusión y eventual re-enfoque del actual modelo de gestión. La eventual instancia constitucional que esperemos de materialice, constituye una oportunidad propicia para plantear este debate, a partir de, por ejemplo, un reconocimiento expreso del derecho humano al agua como derecho constitucionalmente garantizado y el otorgamiento al Estado de un rol activo en cuanto a su promoción y protección.

Existen diversas alternativas para transformar el actual sistema de gestión de servicios de agua potable urbano que deben ser analizados y debatidos, pero la experiencia expuesta indica que, sea cual sea la solución que finalmente se prefiera, ésta debe partir desde la concepción del agua como un bien común y su acceso como derecho humano básico, mayor transparencia, participación ciudadana y una re-definición del rol del Estado en relación a la prestación de estos servicios públicos. Este cuestionamiento toma mayor sentido en el marco de la pandemia actual, donde se ha evidenciado que, en momentos de crisis, las lógicas basadas en el mercado, privatización y co modificación de la naturaleza y servicios básicos suelen ser incapaces de entregar una respuesta satisfactoria a los requerimientos de acción en ayuda de la población. Ante ello, los Estados han debido intervenir directamente asumiendo la dirección y control de la gestión de la crisis, aun cuando no siempre de la mejor manera, como se ha empeñado en demostrar el actual gobierno.

Actualmente, las prioridades de la clase política chilena parecen estar lejos de querer aprovechar la disyuntiva para reflexionar o re-pensar el modelo de desarrollo imperante y la manera en que nos relacionamos como sociedad y con el medio ambiente. Contrariamente, no han dejado pasar la oportunidad para incluir nuevos subterfugios pro inversión y empresa como ha quedado demostrado con ocasión del acuerdo económico suscrito el 14 de junio de 2020 que contempla la reducción de plazos y procedimientos regulatorios y de evaluación ambiental de nuevos proyectos y aceleración de proyectos de concesión y licitaciones. De manera adicional, el día lunes se conoció la solicitud del Grupo Suez de suspender y anular el procedimiento sancionatorio administrativo en que se discute la caducidad de la concesión de ESSAL S.A., aludiendo que el actuar de los organismos reguladores "pone en duda la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Chile" y planteando someter la controversia a un arbitraje internacional ante el Banco Mundial (CIADI)[1].

Así, en estos momentos de profunda tensión, vale la pena preguntarnos si podemos seguir actuando pasivamente como meros testigos y destinatarios de las decisiones de los grupos que han gestionado y mantenido el status quo, o bien comenzar a trabajar mancomunadamente en la reflexión, estructuración y posicionamiento de estrategias y alianzas conducentes a sustentar alternativas referidas al amplio espectro de problemáticas socio ambientales, dentro de las cuales estimamos los servicios de agua potable y saneamiento urbanos constituyen una relevante expresión.

[1] https://www.t13.cl/noticia/negocios/grupo-suez-essal-amenaza-internacional-15-06-2020

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Cada cierto tiempo se suceden momentos de tensión que permiten cuestionar los paradigmas y lógicas existentes, develando sus falencias y miserias, y abriendo la puerta a la posibilidad de reformarlas; pero también, de caer en la trampa de consolidar, reproducir y profundizar modelos cada vez más obsoletos e insostenibles.

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Miguel Espinosa  habló del contexto político colombiano para comprender así las agudizaciones y problemáticas concretas de la pandemia. Declaró una crisis de derechos humanos por 1) la marginación, 2) la educación desigual (que pretende implementarse vía remota con el 56% de los municipios colombianos sin acceso a internet), 3) la crisis sanitaria y la salud como negocio (con su privatización), 4) el aislamiento social y su paralelo provecho por las élites para la implementación de agendas extractivistas, de deforestación, renta de la tierra y el asesinato de líderes sociales, y 5) los problemas laborales, la flexibilización, entre otros puntos. Concluyó esta parte con la propuesta de posicionarse y discutir no sólo como países, sino como una región del mundo, ya que la escala de los problemas que él presenta rebasan fronteras.

Comparto un mapa de lxs líderes sociales asesinadxs en Colombia. Cuando pasamos el puntero sobre los puntos, podemos ver más información de cada persona asesinada.

Ana Karen Benítez Beltrán

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Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país.

De acuerdo con el informe, en 2018 hubo un incremento respecto a los últimos dos años, pues en el 2016 se registraron 97 casos y en 2017 hubo 159. El punto álgido de esta situación se registró en 2003 con 1.912 homicidios.

Los meses que registraron más casos fueron enero, mayo, julio, agosto y octubre. Además, el 80 por ciento de los homicidios cometidos se deben a disputas por tierras y la protección de recursos naturales.

De las 226 víctimas, 70 pertenecían a organizaciones nacionales campesinas, indígenas, comunidades afrodescendientes y otros movimientos.

"En la mayoría de casos, la modalidad de asesinatos se presentaron por sicariato en los mismos hogares de las víctimas", afirmó Leonardo González, coordinador de proyectos de Indepaz.

El informe señala que durante los primeros 100 días de mandato del presidente Iván Duque se han registrado 120 asesinatos de líderes.

Los departamentos más afectados durante este año han sido Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander y Putumayo (18), Nariño (13) y Córdoba, Meta y Caquetá (11).

"Tenemos que recordar que en estos departamentos no hay presencia de las mal llamadas disidencias de las Farc, sino que los presuntos autores son el Eln y aliados del narcotráfico", reiteró González.

El último caso se registró en Corinto, en el norte del Cauca, cuando dos personas, un defensor de derechos y un líder indígena, fueron asesinadas. Aún se desconocen los autores de este hecho.

"Dentro del estudio también se pudo determinar que las amenazas a estas personas eran dirigidas de manera directa e indirecta por medio de panfletos y mensajes de texto", manifestó el coordinador.

Según el informe establecido, algunas organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos plantearon como solución consolidar una presencia integral y efectiva dentro de las zonas rurales, fortalecimiento de la autoprotección de indígenas y campesinos, acabar con la estigmatización establecida hacía líderes sociales y retomar los diálogos bilaterales con el Eln.

Por otro lado, este año han sido asesinados 92 exguerrilleros de las Farc
Nación.

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En tres meses, 120 líderes sociales han sido asesinados en Colombia

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Según el último reporte presentado por Indepaz, en coordinación con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año han sido asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios del país.

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-Existe una normalización de coacción militar y policial desde 2019, al llegar la pandemia la población ya se encontraba polarizada.
-Las decisiones tomadas por el gobierno se basan en ganar confianza en la nueva mandataria y no en el freno del contagio.
- La popularidad de Jeanine Áñez se ha visto afectada por eventos de corrupción, y ante el enojo se ha desatado la desobediencia civil, lo cual ha provocado un aumento en los casos de Bolivia.

Alejandra Galván

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La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó este viernes que su Gobierno trabaja para frenar la "violencia de los violentos", en clara alusión a los movimientos sociales, sobre todo, el liderado por el expresidente Evo Morales.

LEA TAMBIÉN: Gobierno ecuatoriano prioriza deuda externa en medio de Covid-19

"Trabajando para frenar la violencia de los violentos y trabajando para frenar la delincuencia", expresó la jefa de Estado, mientras daba instrucciones a la policía sobre estar alerta para reprimir las posibles manifestaciones que exigen convocatoria a elecciones.

El Tribunal Electoral estipuló efectuar las elecciones presidenciales el próximo 6 de septiembre. No obstante, la mandataria de facto se niega a promulgar esa decisión, por lo que se le acusa de querer prolongar su interinato en el poder y esquivar sus responsabilidades ante la pandemia de la Covid-19.

No es la primera vez que la presidenta de facto tilda a los movimientos sociales como "violentos". Durante la clausura del primer Congreso Internacional de Agencias de Seguridad usó ese calificativo y aseveró que estos eran una amenaza contra la democracia.

"Les hablo como presidenta que enfrentó y venció a la más violenta y temeraria ofensiva de los grupos violentos que se autodenominan erróneamente 'movimientos sociales' y ellos no volverán porque pretendieron robar la democracia", dijo en aquella ocasión.

Durante esta jornada, volvió a arremeter contra los movimientos sociales al manifestar que "muchos violentos" están aprovechando la cuarentena para dividir con violencia, aludiendo también al Movimiento al Socialismo, liderado por el expresidente Evo Morales.

"... Y lo que está ocurriendo es que muchos violentos aprovechando la cuarentena se están reorganizando políticamente y vuelven con el palo en la mano. Por ejemplo el "evismo" vuelve para dividir con violencia", expresó Áñez.

De acuerdo con analistas, el Movimiento al Socialismo lidera las encuestas de tendencia de voto en Bolivia.

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Presidenta de facto boliviana llama a reprimir movimientos

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La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó este viernes que su Gobierno trabaja para frenar la "violencia de los violentos", en clara alusión a los movimientos sociales, sobre todo, el liderado por el expresidente Evo Morales.

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Incremento de casos de Covid-19; Mora, J.

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Incremento de casos de Covid-19; Mora, J.

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En marzo se debilitaron las  medidas sanitarias y se subestimaron los contagios. En las ultimas semanas hubo un gran aumento de casos de coronavirus en fronteras y zonas agrícolas.
Rebeca García

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San José. El gobierno de Costa Rica revertió las medidas de reapertura que habían empezado a implementar recientemente, tras un inesperado aumento de casos de coronavirus en la nación centroamericana, dijo el viernes el ministro de Salud, Daniel Salas.

De esta manera, no se reabrirán centros comerciales ni iglesias, se mantendrá sólo la entrega a domicilio en restaurantes y se aplicará una restricción al tráfico vehicular, además de que se suspenderá la final del torneo de fútbol local, programada para el domingo, cuando se celebra el Día del Padre, dijo Salas.

La decisión se tomó tras contabilizarse un máximo de 119 nuevos casos de coronavirus en un sólo día, para un total de dos mil 58 contagios y 12 decesos relacionados al nuevo virus surgido en China a finales del año pasado.

"Este no es un número para pensar que no pasa nada y que podemos seguir con la apertura", dijo el ministro de Salud.

"Las tiendas y los centros comerciales, actividad en playas, iglesias y el resto de actividades tendrán que esperar a que tengamos una disminución sostenida de casos", añadió, sin dar una expectativa de cuándo podría darse esta reducción.

Las medidas de reapertura, anunciadas hace sólo unos días, buscaban regresar al país, cuya economía recae en buena medida en el turismo, a cierta normalidad de manera escalonada.

Si bien Costa Rica tiene uno de los niveles de contagios más bajos de la región, el continente americano se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo y acumula casi la mitad de infectados y fallecidos relacionados con el virus en todo el planeta, según un recuento de Reuters.

Hasta el viernes​, 8.54​ millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo y 454 mil 152 personas murieron, según el recuento.

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Costa Rica da reversa a reapertura por incremento de casos de Covid-19

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San José. El gobierno de Costa Rica revertió las medidas de reapertura que habían empezado a implementar recientemente, tras un inesperado aumento de casos de coronavirus en la nación centroamericana, dijo el viernes el ministro de Salud, Daniel Salas.

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* Desigualdad durante la pandemia; De Estrada, M. Debido al estado economico que acarrea Argentina desde hace unos años, ha generado que haya bastantes desigualdades entre los territorios argentinos.  lo que con la pandemia se ha exacerbado. 

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* Desigualdad durante la pandemia; De Estrada, M. Debido al estado economico que acarrea Argentina desde hace unos años, ha generado que haya bastantes desigualdades entre los territorios argentinos.  lo que con la pandemia se ha exacerbado. 

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Gary calzada

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Disparidad. La estructura de ingresos es muy diferente en las distintas regiones del país.

Es una de las discusiones históricas de la cátedra económica. ¿Qué es primero? ¿Oferta o demanda? La discusión tiene la misma lógica y el mismo nivel de respuesta que intentar saber si es primero el huevo o la gallina.
Por lo pronto, más allá del orden de importancia o prioridad, tanto la escuela clásica como el pensamiento heterodoxo han dedicado largos desarrollos al estudio de la oferta y la demanda, a los mecanismos que sirven para incentivarlas, y a los factores que las deprimen.
El debate volvió a escena ante el impacto que ha generado la pandemia. En este caso parece no haber dudas de que el golpe que el coronavirus está propinando, llegó primero a la oferta. La cuarentena sanitaria obligó a infinidad de sectores a reducir drásticamente su nivel de operatividad, y en muchos rubros la parálisis llegó a ser prácticamente total. Por traslación, el derrumbe de la oferta significa un cuello de botella en cuanto a las remuneraciones, que se convierte en crisis de ingresos, impactando luego en el consumo, y por ende en la demanda.
En efecto, uno de los mayores interrogantes de cara a la pos cuarentena es la capacidad que tendrá la demanda para reaccionar una vez que la actividad económica comience a ponerse de pie. Precisamente allí han apuntado las medidas adoptadas por el gobierno. Tanto el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asume el pago del 50% de los salarios de las empresas privadas, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), como los créditos subsidiados a monotributistas, tienen por objetivo sostener un piso mínimo de ingresos que garantice la contención de la demanda.
No obstante, la lógica indica que la intención oficial de morigerar la caída con fondos públicos, chocará de frente con la falta de financiamiento, y con la dinámica propia de la recesión argentina, nacida dos años antes del arribo del Covid-19 al país.
Una de las primeras premisas que se creyeron ciertas allá por el mes de marzo, cuando la mayoría de los análisis se basaba en proyecciones sobre lo desconocido, fue que el coronavirus golpeaba a todos por igual, y que no había diferencias entre razas, credos o niveles de ingreso. Resultó tan falso como la necesidad de elegir entre salud y economía. El transcurrir de las semanas demostró que la pandemia golpea fuerte en todo el mundo, sin importar cuál sea la estrategia sanitaria de cada país. De la misma forma quedó claro que existen marcadas diferencias en el grado de impacto, en base al sector económico, y en base a la fortaleza económica y financiera de cada caso. Al mirar del lado de la demanda, y especialmente en el consumo, el impacto es muy distinto en los diferentes sectores en base a la estructura previa que presentaban los ingresos.
El Indec publicó esta semana un estudio titulado "Informe de Ingresos", que da cuenta de la dispar estructura de ingresos que existe en Argentina, tanto entre las distintas regiones del país, así como entre las diferentes actividades, y también entre géneros.
El derrumbe de ingresos que dejará la pandemia no será el mismo en todas las regiones, no será el mismo en las distintas capas de ingreso, no será igual entre trabajadores registrados e informales, y no será el mismo para todas las actividades.
De ello se ocupa el informe oficial publicado esta semana, e base a una encuesta nacional realizada a más de 45.000 hogares en todo el territorio nacional, durante los años 2017 y 2018. Los valores dados a conocer están expresados en términos reales a precios de diciembre de 2018. No obstante, el estudio arroja una panorámica acabada acerca de la enorme desigualdad en torno a la estructura de ingresos.

El primer desglose que realiza el informe, es por regiones. Algunos de los resultados pueden apreciarse en los gráficos que acompañan la nota. Las diferencias son notables entre el norte y el sur del país. A precios de 2018, el ingreso familiar promedio a nivel nacional era de $32.131. Solo el GBA ($35.194) y la Patagonia ($40.071), superan la media. En el primero caso, se trata de la zona de mayor densidad demográfica y el núcleo de la mayor cantidad de empresas, en el segundo, de la zona hidrocarburífera. El NEA ($21.762) y el NOA ($26.852), se encuentran en el otro extremo, con los ingresos medios más bajos del país. El mapa adjunto muestra le pone número a la brecha. Se observa que los ingresos del NEA son un 40,5% más bajos que los del promedio a nivel país. El NOA en tanto está un 32,1% por debajo y Cuyo un 18,9%.

El mapa arroja otro dato que resulta más que significativo para comprender la desigualdad y las diferencias de impacto potencial que puede tener la pandemia en las diferentes regiones del país. Se trata del porcentaje promedio de gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas en cada región, en relación a al ingreso. Se verifica así que mientras en NOE y NOA el gasto en alimentos insume una tercera parte de los ingresos, en GBA y la Patagonia, solo se lleva un quinto.
Un segundo matiz de la desigualdad, surge al dividir la población por quintiles en base al nivel de ingresos. Resulta así que el 20% de los hogares que más ganan, reciben 10,4 veces más que los hogares que menos ganan. Asimismo, el informe da cuenta de que los hogares de menor nivel de ingresos tienen en promedio una composición con más cantidad de integrantes, lo que a su vez, reduce el ingreso familiar per cápita. Así, el 20% de los hogares de menores ingresos tiene 4,5 integrantes, mientras que el 20% de mayores ingresos tiene 2,15 integrantes en promedio.
Un tercer aspecto que sirve para comprender la desigualdad, es la distancia que existe entre los trabajadores registrados y los informales. El estudio de Indec registra que los trabajadores en blanco reciben 2,6 veces más ingreso que los trabajadores en negro. El último registro oficial indica además, que en Argentina cuatro de cada diez trabajadores activos se desempeñan en la informalidad. No hace falta ningún modelo econométrico para afirmar con un alto grado de certeza que esa proporción será todavía mayor una vez que termine la pandemia.

Alta pobreza. En el NEA supera ampliamente el 40%.

El cuarto aspecto que considera el informe es la desigualdad de ingresos que existe entre mujeres y varones. La brecha de género existe cuando ante la misma tarea, la misma calificación y la misma cantidad de horas de trabajo, los ingresos de los varones son más altos que los de las mujeres. Según el informe de Indec, esa brecha llega en general y en todo el país al 26%, pero se mantiene en todos los rangos etarios.
Los datos ofrecen un panorama todavía más crudo acerca del problema enorme que habrá que gestionar. No se trata solo de la cuarentena, y del efecto devastador que tuvo y tiene sobre los diferentes rubros de la economía. Se trata además de la desigualdad pre existente en relación a los ingresos.
No cabe duda que el impacto que generará la pandemia será mucho más gravoso en los hogares de las personas de menores ingresos, que además de contar con menores recursos, tienen una composición familiar más grande. La expulsión de mano de obra que inevitablemente llegará tarde o temprano en sector formal, derivará en mayor desempleo e informalidad.
Sin embargo, lo que permite comprender el estudio oficial presentado esta semana, es que tampoco alcanza con una política de contención lineal en relación a los ingresos. El efecto marginal que generan los $10.000 pesos del IFE, es muy diferente si se aplican en el NEA que si se lo hace en la Patagonia. El desafío de quienes toman decisiones no es únicamente recomponer ingresos, sino considerar desigualdades. Se impone más que nunca la necesidad de comenzar a planificar el día después.

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La desigualdad de ingresos en medio de la pandemia

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Es una de las discusiones históricas de la cátedra económica. ¿Qué es primero? ¿Oferta o demanda? La discusión tiene la misma lógica y el mismo nivel de respuesta que intentar saber si es primero el huevo o la gallina.Por lo pronto, más allá del orden de importancia o prioridad, tanto la escuela clásica como el [...]

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Fulanitx GG.

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* Falta de infraestructura médica; Azamar, A.
Argumento: pobreza alimenta aumento de pandemia, de acuerdo al índice de vulnerabilidad elaborado por el IG-UNAM existe índice Alto en municipios urbanos con población hablante de lengua indígena.
Iracema Gavilán

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Vista de Índice de vulnerabilidad ante el COVID-19 en México

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