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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha corregido a la Audiencia Nacional y ha condenado a un año de prisión a César Augusto Montaña Lehmann, conocido por el nombre artístico de César Strawberry, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, por varios comentarios que publicó en la red social Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en los que mencionaba, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, así como a los GRAPO.

La Sala, en sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Manuel Marchena, estima un recurso de la Fiscalía y anula la absolución de Montaña Lehmann dictada en julio de 2016 por la Audiencia Nacional. Considera que fueron mensajes de humillación y burla que "alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano", sin que la provocación, la ironía o el sarcasmo (el 'nihilismo surrealista' en palabras del acusado) que animan sus comentarios hagan viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad.

El tribunal subraya que no puede identificarse con una interpretación del artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento del terrorismo o humillación de sus víctimas) que para su aplicación exija la valoración de un dictamen pericial sobre la etiqueta que el autor reivindica para su propia obra artística, "entre otras razones, porque esos complementos explicativos no se incluyen en el mensaje de burla. Éste llega a la víctima en su integridad, sin matices aclaratorios de la verdadera intención del autor que los suscribe. La memoria de su propia tragedia no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida".

La sentencia impone la pena mínima prevista en el artículo 578 (1 año de cárcel), aunque descarta calificar los hechos como de menor gravedad teniendo en cuenta que son mensajes difundidos en una cuenta de Twitter con más de 8.000 seguidores, cada uno de ellos potenciales redireccionantes de los mismos. También le condena a 6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.

Los tuits de César Montaña citados en los hechos probados de la sentencia son: "el fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO", "a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora", "Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina", "Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado", "Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco", y un último que era una conversación con otro usuario donde Montaña empezaba diciendo "Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Qué emoción¡". El otro usuario le dice: "ya tendrás el regalo preparado no? Qué le vas a regalar?". A lo que contesta: "un roscón-bomba".

Para el alto tribunal, es evidente que las afirmaciones evocadoras de "una mal entendida nostalgia por la actividad terrorista de los GRAPO"; el deseo de un nuevo secuestro de Ortega Lara, víctima de la privación de libertad más duradera en la historia de ETA; la justificación del asesinato de Carrero Blanco aplicado a otros personajes históricos, o la mención a un "roscón-bomba" como un regalo idóneo para el día del cumpleaños del entonces Rey Juan Carlos I, colman la tipicidad descrita en el artículo 578 del Código Penal.

El Tribuna Supremo considera que fueron mensajes de humillación y burla que alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales

Sobre el argumento exoneratorio de la Audiencia Nacional, que consideró no acreditado que el acusado buscase con sus mensajes defender los postulados de una organización terrorista ni tampoco despreciar o humillar a sus víctimas, el Supremo indica que la intención a ese respecto de Montaña Lehman es irrelevante en términos de tipicidad, ya que el artículo 578 del Código Penal no exige acreditar con qué finalidad se ejecutan los actos de enaltecimiento o humillación, y basta con asumir como propia la justificación de una forma violenta de resolver las diferencias políticas y la reiteración consciente de esos mensajes a través de Twitter.

La sentencia considera significativo que para desentrañar la naturaleza de las afirmaciones del acusado e indagar en su perfil artístico, la Audiencia Nacional tuviese que recurrir a una prueba pericial postulada por la defensa, a testimonios de personas que corrobaron la actitud no violenta del acusado, a un artículo de prensa de hace más de 15 años con expresiones críticas al nacionalismo, o al gran lazo azul exhibido por el grupo musical del que es letrista Montaña en un concierto hace 19 años en un pueblo de Lérida en repulsa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El Supremo destaca, sin embargo, que es evidente que el objeto del presente proceso no es la actitud del acusado hace más de una decena de años frente al fenómeno terrorista, sino los mensajes de humillación que difundió valiéndose de su cuenta de Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014.

Los magistrados citan su jurisprudencia sobre el delito de humillación realizado a través de mensajes en las redes sociales, y recuerdan que ya han reputado como delito en otros casos afirmaciones en Twitter o Facebook sobre víctimas como Miguel Ángel Blanco o Irene Villa.

VOTO PARTICULAR A FAVOR DE LA ABSOLUCIÓN

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, Perfecto Andrés Ibáñez, que considera que debió rechazarse el recurso de la Fiscalía y confirmarse la absolución de César Montaña, ya que sus mensajes "no pasan de ser meros exabruptos sin mayor recorrido, que se agotan en sí mismos; desde luego francamente inaceptables, pero esto solo". Carecen de la menor posibilidad de conexión práctica con actores y acciones susceptibles de ser consideradas terroristas, más en el momento de nuestro país en el que fueron escritas y difundidas.

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados, Perfecto Andrés Ibáñez, que considera que debió rechazarse el recurso de la Fiscalía y confirmarse la absolución

El magistrado discrepante no encuentra el más mínimo atisbo de humor o gracia en los exabruptos torpes y groseros de Montaña Lehmann, pero suscribe el voto particular por su convicción de que ningún derecho penal de inspiración constitucional y democrática puede ser potestativamente expansivo.

Añade que las frases del acusado, de su personal responsabilidad, no constituyen como fenómeno un dato aislado, sino que son expresivas de una subcultura de algunos grupos sociales, integrados preferentemente por jóvenes, duramente tratados en sus expectativas de trabajo y de vida en general por las crueles políticas económicas en curso desde hace ya buen número de años. "Forman, pues, parte de una manera difusa de reaccionar, de contestar, aquí exclusivamente en el plano del lenguaje, la cultura de un establishment del que, no sin razón, se consideran excluidos. Es, por decirlo con el vocablo a mi juicio más adecuado, un modo de 'épater'. Esto es, de provocar o de escandalizar (...) No van, ni debe llevárselas, más allá".

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Un año de prisión para el cantante de Def con Dos por enaltecimiento del terrorismo

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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha corregido a la Audiencia Nacional y ha condenado a un año de prisión a César Augusto Montaña Lehmann, conocido por el nombre artístico de César Strawberry, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas, por varios comentarios que publicó en la red social Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en los que mencionaba, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara, así como a los GRAPO.

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Denuncia de Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en España

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Denuncia de Amnistía Internacional sobre la libertad de expresión en España

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El Gobierno está haciendo un "uso abusivo" de las leyes antiterroristas criminalizando "un abanico tan grande de expresiones" que el resultado puede ser una sociedad en la que los ciudadanos "teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos". Es la conclusión a la que llega Amnistía Internacional tras analizar las últimas causas penales por enaltecimiento del terrorismo, en un informe en el que pide a España que elimine la reforma que facilita esa persecución y reduce el espacio para expresar opiniones críticas.

Esta ONG ha elaborado un documento de 16 páginas en respuesta al aumento de casos de enaltecimiento del terrorismo que se ha producido tras la reforma del Código Penal en 2015. Ese año se modificó el artículo 578 para ampliar los supuestos de enaltecimiento del terrorismo "convirtiendo en factor agravante la comisión de este delito a través de Internet y aumentando la pena máxima de dos a tres años de prisión", explica Amnistía.

El informe conecta esa reforma con la aprobación ese mismo año de la Ley Mordaza en un contexto "en el que el espacio para expresar la discrepancia en España se reduce con rapidez". La ONG recuerda que esas leyes se promulgan en medio de una intensa oleada de protestas en las calles y en un momento en el que Europa vive varios atentados yihadistas.

Según los datos de Amnistía Internacional, en 2016 de produjeron 35 condenas por delitos de enaltecimiento y humillación a las víctimas, mientras que en 2017 fueron 31. Entre 2013 y 2014, los años anteriores a la reforma, hubo 17 condena en total, una menos que en 2015.

Criminaliza "un amplio abanico de expresiones"

El análisis que ha realizado Amnistía carga contra la reforma del Código Penal por haberse usado "para reprimir las expresiones de índole política, sobre todo en las redes sociales, y a la comunidad artística del país". "Este es un aspecto especialmente preocupante de las restricciones de la libertad de expresión en aplicación de esta ley", añade la ONG.

Amnistía Internacional denuncia que las disposiciones del Código Penal sobre enaltecimiento o justificación del terrorismo son "imprecisas" y "dan a los Estados el poder de criminalizar un gran abanico de expresiones que no alcanzan el grado necesario para constituir incitación". Como resultado se producen investigaciones y condenas que, aunque en ocasiones no supongan la entrada en prisión, sí que conllevan largas penas de inhabilitación.

"Excluir a personas de cargos políticos porque han expresado opiniones políticas alternativas que se considera que 'enaltecen' el terrorismo es especialmente preocupante", sostiene el informe, que recuerda también que esas personas quedan estigmatizadas con "efectos devastadores y duraderos".

Autocensura de los investigados

Amnistía Internacional ha hablado con algunos de los acusados en estos procesos y de esas conversaciones extrae la conclusión de que se produce "un efecto disuasorio" que ha provocado que internet sea un espacio más reducido para "que las personas expresen sus opiniones críticas".

Algunos de esos investigados, como el abogado Arkaitz Terrón o Cassandra Vera, explicaron a eldiario.es que tras las su procesamiento habían tenido mucho cuidado a la hora de tuitear. "El Estado quiere que cuando un chaval vaya a tuitear se lo piense dos veces", resumió Terrón.

Ambos fueron detenidos en una de las fases de la Operación Araña, lanzadas por la Guardia Civil y que acabaron con la detención de numerosas personas bajo la acusación de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. Hubo cuatro fases de la operación entre 2014 y 2016 con un total de 73 detenidos.

La Audiencia Nacional coordinó esas cuatro etapas, en las que no solo fueron detenidos tuiteros. Las salas de vistas de ese tribunal especial también escucharon la defensa de algunos raperos o cineastas, que se vieron un día sentados frente a jueces normalmente encargados de juzgar grandes casos de corrupción o a terroristas, ya sean de ETA o yihadistas.

El informe recoge algunos de los casos más mediáticos, como el del grupo La Insurgencia, con condenas a dos años y un día de prisión para cada uno de sus integrantes, así como a nueve años de inhabilitación y a una multa de 4.800 euros; el de César Strawberry, absuelto por la Audiencia Nacional pero condenado por el Tribunal Supremo; o Álex García, un joven de 23 años que grabó y colgó en su canal de Youtube un documental en el que entrevistaba a algunos condenados por enaltecimiento. Este último aún está pendiente de que se fije la fecha del juicio en el que se enfrenta a dos años de prisión.

Procesos civiles, no penales

Amnistía Internacional no descarta que algunos de estos investigados hayan cometidos delitos, pero rechaza que merezcan un castigo penal, en línea de lo que ha defendido en diferentes sentencias el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tendrá que pronunciarse tarde o temprano sobre estos procesos.

Para la ONG, conductas que humillen a las víctimas del terrorismo o inciten al odio no deben ser "prohibidas". "Estas formas de expresión podrían dar lugar a una demanda civil, pero no deben penalizarse", añade el informe, que enmarca el caso de España en un contexto europeo en el que se está produciendo una restricción "de diversas formas de expresión en internet, so pretexto de la seguridad nacional".

Amnistía Internacional concluye que la reforma del Código Penal provoca "un impacto devastador" para quienes han sido encausadas: "desde cuantiosas multas hasta largos periodos de exclusión del sector público, pasando por las penas de prisión".

Además de esas sanciones, el informe denuncia que los procesos penales extienden la autocensura: "Tiene un efecto paralizante y puede crear un entorno en el que las personas teman expresar opiniones poco populares o incluso de hacer chistes polémicos". La ONG cree que ese ambiente puede desembocar en que no se pueda garantizar el derecho a la libertad de expresión y pone en peligro la defensa de "toda una serie de derechos humanos fundamentales".

Para revertir esta situación, Amnistía Internacional reclama que se acabe con la actual redacción del artículo 578 del Código Penal y que se garantice que su aplicación no acabará con detenciones, procesamientos o condenas de cárcel. Además, pide al Gobierno que retiren todos los cargos formulados por la aplicación de esa disposición.

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Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno hace un "uso abusivo" de la ley que atenta contra la libertad de expresión

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La ONG recoge en un informe que esos procedimientos tienen graves consecuencias para quienes los sufren: multas, inhabilitación y hasta cárcelReprochan al Gobierno que haya "criminalizado" un "gran abanico" de opiniones y que haya hecho un "uso abusivo" de las leyes antiterroristasAnaliza casos como el de César Strawberry o Cassandra Vera para concluir que provocan autocensura y limitan la libertad de expresión

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Casos problemáticos en torno a la libertad de expresión en España a comienzos de 2018

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Casos problemáticos en torno a la libertad de expresión en España a comienzos de 2018

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La condena de cárcel al rapero Valtònyc; el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, y el controvertido gesto de retirar de la feria Arco la obra de arte Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, ante decenas de galeristas y comisarios extranjeros -todo en la misma semana- han puesto el foco sobre el posible retroceso de algunas libertades fundamentales en nuestro país. O, cuando menos, del aumento de la intolerancia hacia lo que se detesta. Entre 1995 y 2007 solo hubo tres condenas por delitos de odio. Hoy, las sucesivas reformas legislativas, su aplicación judicial, las demandas de víctimas y colectivos discriminados y la amplificación de mensajes a través de las redes han multiplicado las condenas. ¿Dónde debería estar el límite a la libertad de expresión? ¿Debe existir?

"Es un periodo de regresión, casi como de vuelta a la oscuridad", opina Vicent Todolí, exdirector de la Tate Modern de Londres. "Y hay que actuar, porque si no se produce el efecto acumulación, el efecto anestesia: al principio pincha un poco, luego menos, y al final ni lo sientes. Habría que plantarse. El arte es libertad. Por lo tanto, no debería participar en espacios donde está cercenada".

En los últimos años ha habido múltiples ejemplos de esa vuelta a la oscuridad de la que habla Todolí. Si revisamos la hemeroteca de la última década, recordaremos la famosa retirada en 2010 en Valencia de una exposición de imágenes sobre el caso Gürtel; la ceremonia de la confusión censora de una controvertida obra que representaba al rey Juan Carlos I sodomizado que llevó a la dimisión de Bartomeu Marí como director del MACBA en 2015; la reciente condena de cárcel al rapero catalán Pablo Hasel por ensalzar a ETA y a los extinguidos GRAPO o la amenaza de dos años y un día que pende ahora sobre el grupo de rap La insurgencia, también por las letras de sus canciones.

En una época en la que Francia pelea con Facebook en los tribunales por censurar El origen del mundo, de Courbet, y la National Gallery de Washington ha pospuesto una muestra de Chuck Close, acusado de abusos, en una época en la que la corrección política recorre Occidente y las redes sociales han amplificado el impacto del insulto y multiplicado el número de ofendidos, España acusa los problemas de todos y otros muy específicos suyos que retrasan en décadas su reloj artístico y social, como apuntan algunos observadores neutrales.

"Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso "gracias" a las reformas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información". Amnistía Internacional daba así la puntilla a la marca España apenas unas horas después de que The New York Times -que también aludía al encarcelamiento preventivo en 2016 de los famosos titiriteros por mostrar en el cartel Gora-alkaEta durante una actuación-, The Guardian y varias revistas especializadas, se hicieran eco de la censura a Sierra por la obra que retrata como presos políticos, entre otros, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva acusados de rebelión y sedición.

¿Estamos renunciando a la libertad de expresión, que el Tribunal Constitucional califica como una de las bases del principio de legitimidad democrática?

Piensen en los 80 y 90. La joven democracia lo permitía casi todo. Loquillo se ha hartado de cantar de 1987, sin sobresaltos pese a que la canción se cierra con un "por favor, solo quiero matarla, a punta de navaja, besándola una vez más". Se puede pensar, con razón, que la violencia de género no estaba entonces en la agenda, pero también se permitían letras que de manera evidente apoyaban a ETA.

"Antes de 2000 había barra libre en materia de canciones", explica Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. "Solo hay que recordar Sarri, sarri de Kortatu ("a menudo la gente empieza a bailar, tendrá algo que ver con que faltan dos en el "recuento general") o No hay tregua de Barricada ("estás asustado, tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo"). Pero en ese momento habría sido marciano que alguien imaginase que la policía y los jueces pudieran entrar a analizar y juzgar estas letras. Simplemente, no cabía en la cabeza de nadie".

Tip y Coll hacían chistes en público con el asesinato por ETA del presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco. "Era algo que formaba parte del poso popular de ironía, sarcasmo y humor negro que siempre ha caracterizado a España desde Quevedo o mucho antes", afirma César Strawberry, cantante de Def Con Dos, condenado en 2017 a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo por tuitear que añoraba a los GRAPO y bromear con mandar un roscón-bomba al Rey. "A mí me dicen entonces que iban a pasar estas cosas en España y habría creído que no era posible ni en la peor distopía", concluye. "Hay que pensar cómo hemos llegado hasta aquí a base de ceder pequeñas parcelas de libertad", añade Todolí.

Las reformas legislativas han tenido mucho que ver en ese retroceso, pero no solo. El Código Penal de la democracia, en 1995, ya incluía los delitos de odio -aunque de forma más restringida- y los castigaba con cárcel de uno a tres años. Sin embargo, apenas llegaban a los tribunales, como muestra el recuento de casos realizado por la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaime I de Castellón, Marisa Cuerda: solo tres condenas hasta 2007.

Desde entonces, la demanda de ciertos sectores sociales, en especial asociaciones de víctimas o colectivos discriminados, y el endurecimiento de las leyes, han ido de la mano, de manera que ahora llegan a los tribunales muchos más casos de este tipo y los jueces los resuelven con normas cada vez más severas.

En 2000 se incluyó en el Código Penal el enaltecimiento del terrorismo como parte de la ofensiva contra ETA y su entorno. Pero en un primer momento fue aplicado con cautela. Explota zerdo, de Soziedad Alkoholika, por ejemplo, llegó a los tribunales en 2006. "Algún día reventarás, ¡explota zerdo! Tus tripas se esparcirán. Huele a esclavo de la ley, zipaio, siervo del rey (...) Sucia rata morirás". El fiscal pidió un año y medio de prisión por esta y otras dos canciones -lo que suponía que en principio no entrarían en prisión- y no hubo condena.

"A partir de mediados de esa década empezaron a llegar cada vez más casos de delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo a los tribunales", explica la penalista Cuerda. "Y, paradójicamente, el legislador, en vez de pensar que estas infracciones ya se estaban sancionando, modificó ambos delitos para agravar las penas e incluir en ellos más conductas".

Las reformas han llevado a situaciones peculiares, como que haya muchas más condenas ahora que ETA no mata que antes. Entre 2005 y 2011, el año del cese de la violencia, la Audiencia Nacional dictó 13 sentencias condenatorias por enaltecimiento; de 2015 a mediados de 2017 fueron 54 (49 de ellas ligadas a ETA).

Esta intensa actividad judicial ha llevado al desconcierto a creadores y ciudadanos. El nuevo artículo 510 que persigue los delitos de odio, por ejemplo, es tan amplio -y tan enorme la capacidad del ser humano de sentirse ofendido-, que permite interpretaciones muy distintas por parte de los jueces. Y lo mismo ocurre con el enaltecimiento del terrorismo.

"La jurisprudencia debería ser más uniforme, argumenta Cancio. "El Tribunal Supremo, por ejemplo, tiene dos tesis incompatibles. Por un lado está la doctrina que se aplicó al caso de Strawberry. Fue la primera vez que se dijo que la voluntad del acusado -en este caso, la de humillar o no a las víctimas del terrorismo- daba igual. Que lo único importante era difundir algo y saber qué efectos podía tener. Pero en otros fallos se exige para condenar que esa conducta suponga un riesgo concreto para alguien".

¿Cuál sería una barrera razonable? ¿Dónde exactamente debería estar el límite a la libertad de expresión, si es que debe haberlo?

"Esta es la pregunta del millón", señala Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces y de tendencia conservadora. "No se puede establecer un límite matemático y debemos resolver caso a caso según el contexto. Ahora bien, entiendo el debate social que se abre con este tipo de condenas. ¿Estos tipos penales son excesivamente amplios? ¿Las penas son desproporcionadas? Pero son cuestiones que han de dirigirse sobre todo al legislador. Nosotros resolvemos los asuntos que nos llegan, que ahora son mucho más numerosos que hace unos años, y de acuerdo con las leyes vigentes. No es que los jueces de repente nos hayan entrado unas ganas locas de sancionar estas conductas. El debate debe ser político y social".

"La tolerancia es una virtud pero no una obligación (las virtudes nunca lo son)", plantea el filósofo Fernando Savater. "En una sociedad plural hay que acostumbrarse a no dar demasiada importancia a las faltas de respeto a lo que nos parece respetable... pero hasta cierto punto", matiza. "La apología del crimen, de la violación, de los abusos de género o a menores, de la xenofobia, etc... no son tolerados en la mayoría de los países civilizados, salvo que tengan la excusa relativa del humor o de un arte excelso. Y aún así no están los tiempos como para hacer ciertas bromas... Hay que ver cada caso en su contexto".

El debate lleva toda la semana en boca del mundo de la creación. "Los límites al arte los debe poner el propio artista y el público al que está destinado la obra que produce", opina la cineasta Isabel Coixet. "La obra puede asquear, turbar, incomodar, pero aquellos que se sientan asqueados o turbados deben simplemente ignorarla". "Es el público el que tiene que censurar una obra llevándola al olvido", coincide Amelie Aranguren, directora artística de la galería Max Estrella.

A esas reflexiones, cargadas de malestar, se han sumado también la clase política, la calle y las propias instituciones. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no acudió a la sesión inaugural de ARCO -presidida por los Reyes- para protestar por la decisión de retirar la obra de Sierra, un artista que siempre juega a provocar, y que ha vendido por 80.000 euros una propuesta que se ha revelado como una auténtica obra de arte, si al arte se le supone la capacidad de reflejar las tensiones que vive la sociedad. "El artista ha conseguido todos los objetivos posibles", zanja Miguel Zugaza, director del Museo Bellas Artes de Bilbao, que censura la "decisión paternalista", aunque la cree "anecdótica y coyuntural". "Episodios como la presentación de la Olympia de Manet en el Salón de 1895", defiende, "forman parte de la recepción pública del arte moderno en la edad contemporánea".

La mayoría de los expertos consultados, sin embargo, creen que a esa controversia inherente al arte se suman otros factores. "Hay una serie de indicadores de que la sociedad está cada vez más atemorizada o menos preparada para recibir ideas que no les gustan", opina María Dolores Jiménez Blanco, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. "Y hay también un ambiente social muy dirigido desde los círculos políticos que dificulta hablar con normalidad de los problemas reales que tiene el país".

¿Hay solución a este retroceso? ¿Hacia dónde deberíamos ir?

"Desde mi punto de vista, jurídicamente habría que reducir la sanción penal de estas conductas", opina la penalista Cuerda. "En primer lugar, son delitos de opinión y en ellos no debería caber el ingreso en prisión. El discurso se combate con discurso. Por otro lado está la cuestión central. ¿Se puede decir todo? No. Pero el límite debería estar en que la expresión o la obra de arte inciten directa o indirectamente a la violencia. Solo en este caso se debería recurrir a la sanción penal. Si no es así, ahí queda la vía civil para quien desee acudir a ella. Hay que buscar el equilibrio y la proporcionalidad y no seguir en un acoso y derribo a libertad de expresión".

Eso sí, la izquierda y la derecha, defiende Strawberry, "tienen que ser coherentes y no aplaudir cuando la restricción de libertades es para el contrario y solo llevarse las manos a la cabeza cuando se identifican con la ideología del acusado. A mí me parecen repugnantes los mensajes machistas, pero no creo que deban castigarse con dos años y medio de cárcel. Es una desproporción. La libertad de expresión es un derecho de todos".

La polémica es congénita al arte en todo el mundo y evoluciona, para bien o para mal, con la sociedad de la que ha nacido y su mayor o menor grado de tolerancia. Ahí está La Maja desnuda de Goya, en su tiempo denostada. O Lolita, de Vladimir Navokov, convertida en peligro público por la sociedad anglosajona de la posguerra y todavía hoy polémico clásico de la literatura universal. Lo que se admite en un país, además, puede ser ofensivo y desatar la ira en otro.

"Yo vengo del franquismo", dice Carmen Calvo, Premio Nacional de Artes Plásticas en 2013. "Conquistamos una libertad y tenemos que mantenerla a costa de perder lo que sea".

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una conocida frase que debería tenerse en cuenta ante cualquier tentación de censura: "La libertad de expresión es una garantía para que las demás libertades puedan respirar".

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Las muestras de intolerancia crecen en España

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La condena de cárcel al rapero Valtònyc; el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero, y el controvertido gesto de retirar de la feria Arco la obra de arte Presos políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, ante decenas de galeristas y comisarios extranjeros -todo en la misma semana- han puesto el foco sobre el posible retroceso de algunas libertades fundamentales en nuestro país.

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Obra artística sobre algunos políticos catalanes presos censurada en Arco 

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Obra artística sobre algunos políticos catalanes presos censurada en Arco 

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Todo en apenas 40 horas. El martes se colgó, el miércoles se descolgó, y hoy, jueves, la dirección de Ifema se ha disculpado por pedir que se retirara la obra Presos políticos en la España contemporánea,de Santiago Sierra. Ifema acaba de emitir un comunicado en el que pide disculpas a toda la comunidad artística, pero no solicita a la galerista Helga de Alvear que reponga la obra, como había trascendido a primera hora de la mañana. La pieza consiste en un panel de 24 fotografías, que incluía al exvicepresidente de la Generalitat catalana Oriol Junqueras y a Jordi Cuixart y a Jordi Sànchez, todos en prisión preventiva acusados de sedición en el llamado procés que persigue la independencia unilateral de Cataluña.

El texto íntegro de la nota dice lo siguiente:

"El objetivo de IFEMA es configurar, de la mano del estamento galerístico, una plataforma comercial y de conocimiento del más alto nivel internacional, capaz de representar la vitalidad y el dinamismo del arte contemporáneo, así como de favorecer el impulso del coleccionismo público y privado.

Con estos fines siempre presentes, queremos comprometer nuestra voluntad de seguir construyendo una Feria del Arte Contemporáneo de Madrid que responda al espíritu de quienes la constituyen: galeristas, artistas, instituciones del mundo del arte, coleccionistas, y en definitiva, todos los actores que conforman el universo de la creación cultural.

Por ello, ante el malestar que haya podido generarse en esta edición de la feria, es del máximo interés de IFEMA señalar que, de acuerdo con las normas que rigen en el desarrollo de la feria ARCO, el único órgano competente en la evaluación de los contenidos es su Comité Organizador, una potestad en la cual nos reafirmamos.

En este sentido, lamentamos y pedimos sinceras disculpas ante la controversia que se ha producido consecuencia de la petición a una galería para la retirada de una obra, que en ningún caso perseguía ejercer ninguna censura a la creación, aun cuando la percepción pública haya sido ésta. No hubo mala fe en esta acción, y aceptamos las críticas recibidas, comprendiendo que debemos evitar en el futuro cualquier circunstancia de esta naturaleza".

Esta nota se produce después de que la comunidad artística y la mayor parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos, denunciaron ayer la petición de Ifema como un acto de censura. La polémica decisión tuvo ayer un gran eco en todos los medios de comunicación nacionales y también internacionales. El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido esta mañana la libertad de expresión (si bien el PP de la Comunidad de Madrid apoyó la actuación de Ifema).

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declinado esta mañana participar en la inauguración oficial de Arco, por parte de los Reyes, como protesta por la decisión de ayer de Ifema.

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Ifema se disculpa pero evita pedir la reposición de la obra censurada en Arco

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Todo en apenas 40 horas. El martes se colgó, el miércoles se descolgó, y hoy, jueves, la dirección de Ifema se ha disculpado por pedir que se retirara la obra Presos políticos en la España contemporánea,de Santiago Sierra.

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"Fariña": un libro secuestrado sobre los narcos gallegos 

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"Fariña": un libro secuestrado sobre los narcos gallegos 

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Fariña, el ensayo periodístico del reportero de EL PAÍS Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego en la década de los 80 y 90, se ha disparado de precio en el mercado de segunda mano. Desde que una juez instrucción de Collado Villalba (Madrid) ordenase el secuestro del libro el pasado 14 de febrero como medida cautelar, la obra está a la venta en plataformas y aplicaciones digitales dedicadas de segunda mano a precios que alcanzan los 300 euros. La medida cautelar se pidió después de que en enero de 2016 José Alfredo Bea, exalcalde de O Grove (Pontevedra), demandase a Carretero y a su editorial, Libros del KO, por un delito de "injurias y calumnias" al relatar su participación en una descarga de cocaína. Como medidas cautelares, la magistrada también estimó parcialmente la prohibición de imprimir y distribuir más ejemplares de la obra. Para que el secuestro se aplique, Bea Gondar debía depositar 10.000 euros, una medida que ya ha ejecutado y que será recurrida por la editorial.

Fariña se vende en estas plataformas a precios superiores de media a los 50 euros, aunque "aún sigue habiendo ejemplares en las librerías al precio habitual", según han confirmado fuentes de Libros del K.O. Estas fuentes han asegurado que este viernes aún no había llegado la orden de secuestro, por lo que el libro se puede seguir adquiriendo en formato físico y en formato digital. Respecto a esta última opción, han recordado que se trata de un formato que "no se agota" y que está disponible en las distintas plataformas digitales.

Desde la editorial han señalado que a raíz del auto del juzgado han registrado un "repunte muy importante en las ventas" de libro, que se encuentra en su décima edición. Además, han explicado que desde que se puso a la venta la primera edición, se han vendido más de 30.000 ejemplares, contabilizados hasta hace aproximadamente un mes. La primera edición de Fariña se publicó en septiembre de 2015.

En el libro, Carretero explica que Bea Gondar, a finales de los 80, formó parte de una operación de descarga de cocaína. Unos hechos probados por la Audiencia Nacional, aunque finalmente resultara absuelto por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. Posteriormente Bea, un habitual de las crónicas del narco que también aparece en las memorias de Baltasar Garzón, fue condenado por un delito de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

Este viernes, además, Antena 3 ha aprovechado que el libro Fariña está en boca de todos para adelantar el estreno de la serie que prepara, en colaboración con la productora Bambú, basada en la obra de Nacho Carretero.

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'Fariña', el libro sobre los 'narcos' gallegos, se dispara en el mercado de segunda mano

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Fariña, el ensayo periodístico del reportero de EL PAÍS Nacho Carretero sobre el narcotráfico gallego en la década de los 80 y 90, se ha disparado de precio en el mercado de segunda mano.

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La libertad de expresión en el ámbito de la Defensa nacional

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La libertad de expresión en el ámbito de la Defensa nacional

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La justicia ha archivado la denuncia iniciada por la ministra de Defensa contra el exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura por un artículo de opinión titulado Los homicidios de Morenés y la cúpula militar que apareció en Público sobre la muerte de cuatro militares en un accidente aéreo. Cospedal emitió un escrito al fiscal general del Estado al considerar que la tesis defendida por el denunciado podría "revestir caracteres de un delito contra el honor" de su antecesor, Pedro Morenés, y diversas autoridades militares.

La magistrada del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones al considerar que "la conducta del autor estaría justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de información y expresión", recoge el auto al que ha accedido eldiario.es.

"Si bien pueden ser consideradas un exceso verbal, sin embargo no revisten la condición de gravedad", incide la magistrada, que considera que estas argumentaciones "se vierten en un contexto de crítica a la actuación del ministro en relación con las investigaciones de los accidentes de los helicópteros ocurridos". La jueza también contempla en el auto que esta decisión pueda ser recurrida.

El artículo de opinión fue publicado en marzo del año pasado. En él, Segura decía que Pedro Morenés, la cúpula militar, la CITAAM (Comisión que investiga los accidentes), la Fiscalía Militar y el Juzgado Togado nº52 de Las Palmas "deberían ser juzgados por homicidio múltiple". En alusión al accidente de 2014 en el que fallecieron cuatro tripulantes del helicóptero de servicio aéreo de rescate al precipitarse la aeronave al mar entre Gran Canaria y Fuerteventura.

Sobre este suceso, asegura que estos militares pudieron haber muerto "por una evidente negligencia, por el estado cochambroso de los helicópteros, por la canalibalización (sic) de piezas, por la negligencia e incompetencia de la cúpula militar", continuaba. "Tienen sangre en sus manos, como mínimo, porque esta organización lleva años operando de la misma manera", incidía sobre las autoridades castrenses, a las que llega a definir como "organización mafiosa".

La magistrada defiende en el auto de archivo, emitido el 23 de febrero, que la jurisprudencia del Supremo declara que la libertad de expresión "tiene la garantía esencial de un Estado en el que se reconoce a la libertad y al pluralismo político", y que "no puede excluir el derecho a expresar las ideas y convicciones cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, particularmente cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales y sociales".

Días después de la publicación del artículo, la ministra de Defensa emitió una denuncia por un presunto delito de injurias y calumnias a funcionarios públicos al fiscal general del Estado. En el escrito, firmado por la propia Cospedal el pasado 31 de marzo, asegura que en el artículo "se vierten expresiones de carácter objetivamente insultantes y denigratorias hacia el anterior ministro de Defensa y diversas autoridades militares, las cuales pudieran revestir caracteres de un delito contra el honor, perseguible de oficio". Acompañó este documento de una copia del artículo y un informe de la asesoría jurídica del Ministerio.

Estos letrados hicieron un recorrido por la carrera del exteniente, recordando que fue sancionado con una falta muy grave y posteriormente expulsado por "realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores". En este análisis, recuerdan que en 2016 ya se refirió a Morenés como "cobarde", "infame" y "miserable". Y reseñan que en ese caso el Ministerio Fiscal consideró que esa conducta "estaría justificada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de información y de expresión".

En relación a la causa iniciada por la ministra, la Fiscalía Provincial de Madrid acordó en mayo remitir la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal al juzgado decano de Madrid. En septiembre, la magistrada del juzgado de instrucción citó a declarar al exteniente y acordó la admisión a trámite y la incoación de diligencias previas. También determinó en el mismo auto que se pusiese en "conocimiento del diario Público la existencia de la presente querella". Finalmente, la magistrada ha decretado el archivo de las actuaciones. Aunque esta decisión puede ser recurrida.

"Me siento acosado por el sistema, es una situación que demuestra hasta qué punto se persigue y se maltrata los denunciantes de corrupción", incide Segura sobre la causa iniciada por Cospedal. El exteniente llegó a hacer una huelga de hambre en 2014 tras ser detenido, y en los últimos meses se había convertido en una de las caras visibles de la Plataforma por la Honestidad, una organización que promueve la aprobación de una ley que proteja a los denunciantes de casos de corrupción, y que les blinde ante las posibles consecuencias por sus revelaciones.

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La justicia tumba la denuncia de Cospedal contra un articulista reconociendo su "libertad de expresión"

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La ministra de Defensa denunció ante la Fiscalía al exteniente Luis Gonzalo Segura por lanzar expresiones "insultantes y denigratorias" al exministro Morenés y la cúpula militarSegura escribió Los homicidios de Morenés y la cúpula militar, una tribuna sobre presuntas irregularidades en la muerte de cuatro militares en un accidente aéreoLa justicia ampara en la libertad de expresión y de información los comentarios del exmilitar en su columna de opinión

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Libertad de expresión en Twitter IV: encausados tres tuiteros por desear la muerte a un niño enfermo

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Libertad de expresión en Twitter IV: encausados tres tuiteros por desear la muerte a un niño enfermo

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Una juez de Alzira (Valencia) ha decidido encausar a tres tuiteros (Manuel Ollero Cordero, Eizpea Etxezarraga y Bryan Eduardo Salinas Luna) por un delito de incitación al odio en el caso del niño valenciano Adrián Hinojosa, de ocho años, aquejado de cáncer terminal y aficionado taurino, que recibió un homenaje en la plaza de Toros de Valencia el 8 de octubre de 2016. La prensa se hizo eco del evento, destinado a recaudar fondos para los cuidados oncológicos del niño, quien explicó que su sueño era ser torero. El menor recibió miles de muestras de apoyo y solidaridad a través de las redes sociales, pero también se registraron tuits denigratorios de antitaurinos deseándole la muerte. El niño murió meses después del espectáculo taurino. Algunos medios de comunicación difundieron imágenes suyas rodeado de subalternos y dando la vuelta al ruedo ataviado con una montera de torero.

"¿Que qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. Qué va. Que se muera, que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa. Adrián, vas a morir", soltó al día siguiente del evento la ahora encausada Eizpea Etxezarraga, de 35 años y vecina de Eibar, Gipuzkoa. Eizpea dio de baja su cuenta de Twitter y logró borrar su comentario ante el alud de críticas que le llegaron de otros usuarios de la red. Tras un costoso proceso para identificar su cuenta, fue detenida semanas después por la Guardia Civil de San Sebastián. Entonces se negó a declarar, pero luego, ante el juzgado, defendió que ese comentario lo había hecho únicamente para un grupo reducido de personas y que alguna de ellas lo hizo circular en la red. La Guardia Civil duda de su versión.

A través de su cuenta, Bryan Eduardo Salinas, de 21 años y nacido en Ecuador, soltó, por su lado: "Patético es que defendéis a un niño que prefiere matar a un animal, ojalá el Adrián mate a vuestra madre y se muera". Fueron los padres del menor, al leer estos y otros comentarios deseando la muerte de su hijo, los que presentaron una denuncia ante la Guardia Civil. Toreros famosos se solidarizaron con el niño al conocer que estaba siendo denigrado en las redes.

Según la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías (Anfitec), es la primera vez que un juzgado actúa contra tuiteros por delitos, como en este caso, "ajenos al enaltecimiento del terrorismo y la humillación de víctimas y colectivos vulnerables", señala el abogado Manuel Merino, portavoz de la citada asociación. Anfitec pide tres años de prisión y multa de diez meses, a razón de diez euros de cuota al día, para dos de los tres encausados. Para el investigado Ollero Cordero, vecino de Huelva, demanda que se le exculpe por entender que su tuit se enmarca en la esfera de la libertad de expresión y no fue especialmente denigrante para el niño. Ollero pidió disculpas a la familia.

Ha habido causas que han acabado en absolución, como los de la tuitera Cassandra, por sus comentarios contra el expresidente del Gobierno del régimen franquista Luis Carrero Blanco, calificados por los jueces como "humor negro", o los vertidos por el concejal de Madrid Guillermo Zapata acusado de humillar en tuits a víctimas del terrorismo. También el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla archivó una causa por comentarios contra la familia de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, entre ellos el de @Paquitoparties: "El padre de Marta del Castillo se podría indignar menos por los chistes y más porque su hija fuese una puta".

Falta de colaboración

Aparte de los citados mensajes contra el llamado niño torero, se sucedieron otros muchos en la red con comentarios altamente vejatorios para el menor, pero la Guardia Civil no ha podido identificar a sus autores. "Existe una falta de colaboración de las compañías tecnológicas (Facebook o Twitter) para identificar a usuarios de redes sociales que se ocultan tras su ID (identificador invariable y único asignado por las redes sociales y que distingue a unos usuarios de otros)", explica Merino. "Estas compañías", añade, "no se consideran sujetas a las obligaciones previstas para los proveedores de servicios de Internet de acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información por no tener su domicilio en España, lo que impide, en la mayoría de ocasiones, identificar a autores de mensajes delictivos", zanja Merino.

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Encausados tres tuiteros por desear la muerte a un niño enfermo de cáncer porque le gustaban los toros

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Una juez de Alzira (Valencia) ha decidido encausar a tres tuiteros (Manuel Ollero Cordero, Eizpea Etxezarraga y Bryan Eduardo Salinas Luna) por un delito de incitación al odio en el caso del niño valenciano Adrián Hinojosa, de ocho años, aquejado de cáncer terminal y aficionado taurino, que recibió un homenaje en la plaza de Toros de Valencia el 8 de octubre de 2016.

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Libertad de expresión en Twitter I: la condena de la Audiencia Nacional a la tuitera española Cassandra Vera

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Libertad de expresión en Twitter I: la condena de la Audiencia Nacional a la tuitera española Cassandra Vera

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La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por humillación a las víctimas del terrorismo a Cassandra Vera, la tuitera murciana que escribió 13 comentarios de burla entre 2013 y 2016 sobre el asesinato a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco. Para la Sección Cuarta de la Audiencia, tuits como "Película: A Tres metros sobre el Cielo; Producción: ETA Films. Director: Argala; Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial", y otros de semejante tenor "constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta" a "personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares".

Tras conocer la sentencia, la joven estudiante ha contado a través de Twitter que la condena no solo implica tener antecedentes penales, sino que también ha perdido el derecho a beca y a presentarse a unas oposiciones para ser profesora. "Me han arruinado la vida", ha añadido.

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia considera que los tuits suponen "una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas". La condena coincide con la petición de pena solicitada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La nieta del expresidente del Gobierno franquista solicitó, en una carta en EL PAÍS, la absolución de la joven, de 21 años y estudiante de Historia.

Para el tribunal, la declaración de Cassandra en el juicio no resulta convincente. La tuitera trató de enmarcar sus publicaciones en la ironía y el humor y dentro del contexto de protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza. Los magistrados consideran que el hecho de que hayan transcurrido más de 40 años desde que la banda terrorista voló con explosivos el coche oficial del almirante Carrero Blanco, no quitan gravedad a la conducta de la acusada.

El tribunal recuerda que "la lacra del terrorismo persiste, aunque con menor intensidad, y las víctimas del terrorismo constituyen una realidad incuestionable, que merecen respeto y consideración, con independencia del momento en que se perpetró el sangriento atentado". También subrayan los magistrados el hecho de que el atentado de Carrero "cegó la vida de otras dos personas, no tan relevantes pero también merecedoras de la misma deferencia".

La sentencia llega apenas días después de que otra sección de la misma Sala de lo Penal de la Audiencia, la Primera, absolviera a otro tuitero, Arkaitz Terrón, un bilbaíno de 30 años que entre 2011 y 2015, escribió una serie de mensajes en Twitter en los que, entre otras manifestaciones, alababa el asesinato de Carrero Blanco.

Aquella sentencia absolutoria supone un distanciamiento claro de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, que condenó el pasado enero por enaltecimiento al cantante César Strawberry al no tener en cuenta el contexto humorístico en que este publicó una serie de tuits sobre el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por ETA, o sobre los GRAPO.

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La Audiencia Nacional condena a Cassandra Vera, la tuitera que hizo chistes de la muerte de Carrero Blanco

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La Audiencia Nacional ha condenado este miércoles a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por humillación a las víctimas del terrorismo a Cassandra Vera, la tuitera murciana que escribió 13 comentarios de burla entre 2013 y 2016 sobre el asesinato a manos de ETA del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco.

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Libertad de expresión en Twitter II: absolución por el Tribunal Supremo de la tuitera española Cassandra Vera

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Libertad de expresión en Twitter II: absolución por el Tribunal Supremo de la tuitera española Cassandra Vera

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El Tribunal Supremo ha absuelto a Cassandra Vera Paz, la tuitera murciana que entre 2013 y 2016 publicó en su cuenta 13 comentarios de burla sobre el asesinato a manos de ETA en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco. El alto tribunal revoca la sentencia de marzo de 2017 de la Audiencia Nacional por la que fue condenada a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas. La Sala de lo Penal considera que la repetición que hizo en Twitter de chistes fáciles y de mal gusto sobre un atentado ocurrido hace ya 44 años, sin ningún comentario ultrajante hacia la víctima, "es reprochable social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana", pero "no resulta proporcionada una sanción penal".

Vera ha reaccionado inmediatamente a la noticia en su cuenta de Twitter: "Muy contenta a nivel personal por el fin de un calvario judicial por el que nadie debería pasar. Pero muy preocupada por otras condenas como la de Valtonyc y otros raperos y tuiteros. Sigamos luchando por la libertad de expresión para todos". El tuit llevaba adjunto un GIF (imagen dinámica) de un coche volador por un campo.

Entre los 13 tuits que publicó Cassandra en su cuenta de Twitter, figuraban los siguientes: "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Kissinger le regaló a Carrero un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella", "Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco. Interesante", y "Película: 'A tres metros sobre el cielo'. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, resalta que eran mensajes centrados en repetir chistes ya conocidos en los que se juega en clave de humor con la forma singular, mediante la voladura del vehículo de Carrero, en la que se perpetró el atentado. La Sala recuerda que desde el atentado, perpetrado en 1973, y ya desde las fechas próximas a su comisión, "se han inventado innumerables chistes, y en casi todos ellos la clave de humor recaía en el hecho de que el vehículo surcara el espacio y acabara cayendo dentro de un edificio".

"Tales circunstancias han servido para que la dinámica del atentado y la identidad de la víctima se parodiaran en publicaciones escritas y sobre todo en la comunicación del 'boca a boca', y últimamente a través de las redes sociales en Internet", recuerdan los magistrados.

El Supremo destaca que los tuits de Cassandra "no contienen ningún comentario ácido contra la víctima del atentado ni expresan frases o comentarios hirientes, lacerantes o ultrajantes contra su persona o cualquier aspecto concreto de su vida pública o privada". El tribunal explica que era objeto de mofa o sarcasmo el dato "muy trillado y agotado" de que el coche alcanzó una gran altura. El tribunal añade que "se aprovecha el humor negro para cuestionar al personaje víctima del atentado, en una reacción muy propia de nuestro entorno social de criticar u hostigar sarcásticamente a cualquier personaje público en cuanto sale al paso cualquier contigencia que permita improvisar un chiste idóneo para ridiculizar o parodiar un defecto o una desgracia personal".

No obstante, el tribunal considera relevante el contexto de que el atentado con coche bomba contra Carrero se produjo hace 44 años, "tiempo más que suficiente para considerarlo como un suceso histórico cuyo comentario en clave de humor no puede tener la misma trascendencia que un acontecimiento reciente". A la hora de levantar la pena, el tribunal también tiene en cuenta la edad de la acusada, que tenía 18 años cuando comenzó a publicar los tuits.

La sentencia destaca que es necesario sopesar y aquilatar con exquisito tino y cautela en relación a estos casos cuando debe producirse una respuesta penal. En ese sentido, recuerda que, respecto a otros acusados, la Sala II del Supremo ha examinado chistes o comentarios en clave de humor más o menos ácido también sobre Carrero Blanco, pero que en prácticamente todos esos asuntos las referencias a esta persona se entremezclaban con otras conductas de enaltecimiento del terrorismo que presentaban una relevancia muy diferente a la que alberga el 'chiste fácil' sobre el atentado al expresidente del Gobierno. Hasta el punto -recuerda el Supremo-que solían ser esos otros actos los que justificaron en esos supuestos la apliación del artículo 578 del Código Penal -delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas-que se descarta aplicar a Cassandra.

La sentencia repasa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a los delitos de enaltecimiento o justificación de actos terroristas, que limitan la sanción penal a los casos en que se produzca una "manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar, aunque sea de manera indirecta, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades".

Y para el Supremo, "en el caso enjuiciado (...) no se da ninguna de las circunstancias referidas en los criterios señalados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", dado que Cassandra "ni dio muestras con su conducta de que estaba pretendiendo incitar a la violencia abusando de un ejercicio ilícito de la libertad de expresión, ni provocaba al odio hacia grupos determinados, ni tampoco se valía de mofarse del atentado contra un expresidente del Gobierno ocurrido hace más de cuarenta años con intención de justificarlo o de incitar a nuevos atentados".

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El Supremo absuelve a Cassandra Vera por sus tuits con chistes sobre Carrero Blanco

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El Tribunal Supremo ha absuelto a Cassandra Vera Paz, la tuitera murciana que entre 2013 y 2016 publicó en su cuenta 13 comentarios de burla sobre el asesinato a manos de ETA en 1973 del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno con el dictador Francisco Franco.

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Libertad de expresión en Twitter III: la advertencia del Tribunal Supremo

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Libertad de expresión en Twitter III: la advertencia del Tribunal Supremo

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El Tribunal Supremo durante la revisión de una sentencia. Mariscal EFE

El Tribunal Supremo considera que para cometer delito de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales no hace falta ser el autor del mensaje o la imagen que ensalce a los terroistas. También puede cometerlo quien retuitee (replique) esos mensajes. Así lo ha acordado la Sala de lo Penal en una sentencia en la que confirma la condena de un año y medio de prisión a un tuitero que colgó en su cuenta un vídeo de Youtube y retuiteó imágenes de homenajes a ETA.

El primer tuitero condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo a partir de retuits es Andeka Jurado García, preso de ETA que cumplió tres años de cárcel tras ser condenado por pertenencia a la banda en 2005. Nueve años después, en 2014, Jurado García se abrió una cuenta de Twitter a la que llamó @berrirohemen y en la que él se identifica como "atiketeimporta". Los tuits por los que ha sido condenado los publicó entre ese año y el siguiente: un vídeo sacado de Youtube compuesto por 12 imágenes en la mayoría de las cuales aparecen las siglas de ETA, en algunas acompañando a miembros de la banda encapuchados y armados o accionando un detonador; un retuit de una foto del terrorista fallecido Josu Uribetxeberría Bolinaga junto al lema "Adiós y honor" en vasco; y dos mensajes sobre Bolinaga, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Jurado García no es el autor ni del vídeo ni de las fotografías, pero el Supremo considera que retuitearlos también es delito. Según la sentencia dictada por el alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Soriano, el enaltecimiento del terrorismo no exige "que el acusado asuma como propio, razone o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el que lo haya creado; basta que de un modo u otro acceda a él, y le dé publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas".

La resolución del Supremo confirma la condena de un año y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a Jurado García en enero de este año.

El acusado recurrió al Supremo y alegó que las imágenes y vídeos que replicó en Twitter no eran "un mensaje, razonamiento o argumentación propia", sino que existían previamente; además, argumentó que no era delito mostrar una foto tomada por un tercero, ni tampoco reproducir un vídeo en el que aparece alguien bailando durante el funeral de Bolinaga, porque no era él quien bailaba, ni quien grabó el vídeo, ni quien lo incorporó a Internet.

El Supremo rechaza ambos argumentos y advierte que no importa que la foto sea tomada por un tercero. "Mostrar determinadas fotos, y más con mensaje añadido, constituye un realce de la conducta y persona y constituye una incitación a la imitación, si al terrorista se le presenta, como un prohombre, modelo a imitar o dechado de virtudes, cuando su fama procede únicamente de ser terrorista", agrega la Sala.

En otro de los mensajes por los que se le ha condenado, Jurado García retuiteó un vídeo con un aurresku (danza tradicional vasca) bailado en homenaje a Bolinaga y otras alabanzas al terrorista muerto. El Supremo, como en los casos anteriores, afirma que el Código Penal no precisa que tenga que ser el acusado el que baile o grabe el vídeo. "Este aspecto no lo impone la tipicidad, bastando con publicitar lo grabado con posibilidad de que terceras personas se percaten de que están enalteciendo la trayectoria personal y los méritos de alguien cuya fama procede de los actos terroristas ejecutados".

Respecto al lema "Adiós y Honor", impreso junto a una fotografía del féretro de Bolinaga, los magistrados admiten que aisladamente considerado podría ser insuficiente para ser enaltecimiento del terrorismo, pero en este caso el lema fue acompañado de la reproducción del homenaje póstumo al terrorista, al que se pone como modelo ("Tu dignidad nuestro modelo") y "reproduciendo incluso la mención de que el mejor homenaje es seguir luchando".

El Supremo tampoco considera que, como alegó el acusado, estos retuits fueran un ejercicio de la libertad de expresión. Como ya ha sostenido el alto tribunal en sentencias anteriores por enaltecimiento del terrorismo, los magistrados afirman que las conductas de apología o enaltecimiento de los actos de terrorismo o de sus autores no se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión. "El límite en la libertad de expresión, castigando a través de una ley orgánica la apología del terrorismo, está protegiendo los riesgos de propagación de esta ideología patógena, ensalzando a los terroristas y a sus acciones criminales", afirma el tribunal, que ampara esta doctrina en su propia jurisprudencia, en sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Convenio para la prevención del terrorismo del Consejo de Europa.

La cuenta de Twitter de Jurado García sigue activa y cuenta con 2.457 seguidores (cuando le denunciaron tenía 121). Ayer, tras conocer la sentencia, escribió varios tuits en lo que califica el fallo de "aberración" y reprocha que se le condene por colgar un vídeo sacado de Youtube e imágenes de un "homenaje público y legal" a Bolinaga. "Nos encontramos ante un delito de opinión, no se persigue lo k se dice sino kien lo dice", escribió literalmente.

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El Supremo advierte de que retuitear mensajes de enaltecimiento del terrorismo también puede ser delito

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El Tribunal Supremo considera que para cometer delito de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales no hace falta ser el autor del mensaje o la imagen que ensalce a los terroistas. También puede cometerlo quien retuitee (replique) esos mensajes.

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Libertad de expresión en las redes sociales

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Libertad de expresión en las redes sociales

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Fotomontaje sobre la imagen del Cristo de la Amargura.

La frontera que separa la libertad de expresión de la ofensa, el insulto, la incitación a la violencia o el odio es a veces nítida y a veces opaca. Depende del cristal con que se mire. Polonia ha optado por la lente más rancia, la de la intolerancia, al modificar su legislación para castigar con pena de cárcel a todo aquel que vincule los crímenes del Holocausto con el pueblo polaco. Una patada a la historia y una puñalada a la libertad de expresión que puede tener efectos indeseados para el Gobierno ultraconservador del país centroeuropeo.

Entre castigar con hasta tres años de cárcel a todo aquel que utilice la expresión "campos de concentración polacos" y multar a quien cuelga en una red social un fotomontaje realizado sobre la imagen del Cristo de la Amargura hay diferencias, pero en la tramoya de ambos comportamientos habitan actitudes muy similares: zafios intentos de socavar la libertad de expresión.

Juristas, periodistas y actores se han solidarizado con el joven jienense que subió a Instagram una estampa del rostro de Jesucristo a la que le superpuso su propia fotografía. La cofradía sacramental que venera a esta representación de Cristo puso el grito en el cielo y acudió a los tribunales. La fiscalía avaló la demanda de la devota hermandad de penitencia y en su escrito de calificación provisional consideró el fotomontaje como una "vergonzosa manipulación del rostro de la imagen", algo que evidenciaba un "manifiesto desprecio y mofa" hacia la cofradía del Cristo de la Amargura, "con propósito de ofender". Finalmente, un juzgado de Jaén impuso 489 euros de multa al joven, que reconoció su culpabilidad con el único propósito de que se le rebajara la sanción inicial de 2.160 euros.

La reforma del Código Penal de 2015 abrió la espita a lo que algunos juristas han denominado los "delitos Twitter". Ya no solo se castiga aquellos actos que inciten a la violencia, la discriminación y el odio. Ahora es delito la mera incitación incluso indirecta al odio. Delinquir a través de Internet o de las redes sociales es, además, un agravante, aunque muchos usuarios crean que todo lo que discurre por la Red goza de inmunidad y que al ciberespacio se pueden subir todo tipo de barbaridades.

Ninguna democracia puede sobrevivir sin libertad de expresión. Y ninguna democracia tiene futuro si vapulea el pensamiento crítico. La maquinaria de la justicia española persigue a tuiteros que hacen chistes sobre la muerte de Carrero Blanco y Polonia aplica medidas para que todos los medios estatales sean dirigidos por el Gobierno mientras a los privados se les imponen multas astronómicas que ponen en peligro su supervivencia. Multar a un tuitero por una sátira (poco edificante, por cierto) no es lo mismo que asfixiar económicamente a un periódico disidente, pero son maneras de coartar la libertad de expresión. Ya lo advirtió Thomas Jefferson: "Es preferible una prensa sin gobierno que un Gobierno sin prensa".

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El Acento | Libertad de expresión también en Instagram

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La frontera que separa la libertad de expresión de la ofensa, el insulto, la incitación a la violencia o el odio es a veces nítida y a veces opaca. Depende del cristal con que se mire.

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Arte y sexualización del cuerpo de la mujer

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Arte y sexualización del cuerpo de la mujer

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"Mi responsabilidad es defender la libertad del arte", decía Egon Schiele (1890-1918). Lo que no imaginaba el joven pintor es que aquella loable intención seguiría estando amenazada cien años después de su muerte. El aprendiz de Gustav Klimt mostró una predilección por el erotismo desde sus primeras pinceladas, algo que partió en dos a la burguesía decimonónica europea.

Le amaban en secreto o le consideraban un depravado sexual. E incluso ambas. Pero parece que aquel pudor ante la representación artística de los genitales no entiende de siglos. Este año, el del centenario del siècle vienés, más conocido como Sezession, la capital austriaca se inundará de exposiciones con los desnudos de Egon Schiele a la cabeza. La campaña ha sido tan exitosa que varios países de Europa han accedido a publicitarla en sus ciudades. Varios, menos dos: Alemania y Reino Unido.

Ambos territorios se han negado a llenar sus muros y vallas con enormes imágenes de las piezas más sexuales del artista. Su argumento es que se tratan de "pinturas pornográficas" y que no consideran "ético mostrar genitales públicamente". De todas formas, la oficina de Turismo de Viena se ha salido con la suya.

Los carteles de Egon Schiele ya cubren los andenes del metro de Londres o Berlín, eso sí, con una banda de la vergüenza en la que se lee: "Lo siento, tiene 100 años pero sigue siendo demasiado atrevido para hoy", junto al hashtag #ToArtItsFreedom (para el arte, es libertad).

How do you feel about nude paintings in public spaces? What do you think? #ToArtItsFreedom © WienTourismus/Christian Lendl pic.twitter.com/vRqRna77AK
- ViennaTouristBoard (@ViennaInfoB2B) 8 de noviembre de 2017

Con esta censura, la línea que separa el rechazo ante la cosificación del cuerpo femenino y el puritanismo se desvanece. Algunos consideran la prohibición a Schiele como una metáfora de lo molesto que aún resulta en la actualidad el sexo de la mujer. Sin embargo, usar como baluarte feminista a un hombre que llegó a estar en la cárcel por escándalos sexuales puede tener sus riesgos, sobre todo cuando la historia y las biografías cumplen su labor.

Previo apretón de manos en contra de cualquier forma de censura, nos batimos en duelo otra vez para analizar la figura del artista dentro del contexto feminista.

Las obras de arte no deben ser censuradas. Si una pintura es polémica, lo que hay que hacer es explicarla, contextualizarla, para que su lectura en el presente y en el futuro no reproduzca estereotipos o ideas que puedan incitar al odio, al machismo o a la xenofobia. Vetar a Schiele es vetar la representación de los genitales femeninos, porque la realidad es que las vulvas siguen siendo incómodas para el grueso de la sociedad.

Es imposible defender de manera tajante que Schiele fuese un baluarte del feminismo. En todo caso lo fue del naturalismo, del cuerpo humano en su máxima expresión y de la libertad sexual. Prohibirlo a él o al cuadro de unas ninfas desnudas (que en realidad era un experimento de una galería de Manchester para la instalación de otra artista) es de mojigatos. Aunque Schiele no representase el cuerpo de las mujeres como un acto reivindicativo, todo lo que sea acercarnos al mundo de las vulvas bienvenido sea.

Durante siglos, la mujeres han convivido con el pudor que les ha producido hablar de sus genitales, mirarlos o llegar a comprenderlos. Probablemente, Schiele no sea un teórico y no pintase para liberar a la mujer de ningún yugo, pero sí que pudo dar una gran primera lección a la sociedad oprimida de comienzos del XX: hay coños de diferentes formas, tamaños y colores.

El valor para las mujeres de la obra de Schiele tiene más que ver con un primer acercamiento de la pintura popular al coño que con una obra que se defina como feminista. Schiele no fue un 'Despentes' ni tampoco trató de serlo. Schiele se zafó del discurso dominante y pintó a mujeres abiertas de piernas. Postura inaguantable, para muchas y para muchos, entonces y ahora.

Schiele representa una realidad sin idealización ni dramatización. La mujer tiene genitales, tiene pelo y, agarrada a su libertad, se abre de piernas. Las vulvas de sus cuadros no son una oda a la fertilidad ni a la pureza. Schiele les grita a sus contemporáneos que a las mujeres también les gusta el placer. Aquí cabe mencionar que este autor también pinta con la misma crudeza penes colgantes.

Alemania y Reino Unido se han negado a festejar los cien años de fin del siglo vienés con cartelería de los desnudos de Schiele. Para esquivar esta forma de censura hacia el cuerpo de la mujer, los organizadores de este centenario han añadido un lema sobre las partes del cuerpo que molestan a las autoridades. Una jugada magistral contra la tiranía de la opresión y del ideal de belleza.

Nadie duda de la belleza y el rupturismo del arte de Egon Schiele. Su concepción de la sexualidad sin mojigaterías, con la mujer gozando de su cuerpo y sus genitales casi siempre a solas, demostró al público de manera explícita que el placer no era un coto privado masculino. Pero de igual forma que Schiele no seguía los tratados morales y éticos de la época en su pintura, tampoco lo hacía en su vida privada.

Su muy corta biografía no estuvo exenta de escándalos sexuales. Para empezar, la relación casi incestuosa que decían que mantuvo con su hermana pequeña Gerty Schiele. Aunque nadie demostró que aquella unión fuese más allá de lo espiritual, lo que de verdad menoscabó su imagen fue la acusación de pedofilia y perversión sexual por las que llegó a estar tres semanas en prisión preventiva y tres días en la cárcel.

Suele ser peliagudo tomar como baluarte de una causa feminista a un hombre que vivió hace un siglo y nunca se consideró como tal. Más aún si gustaba de invitar a menores a su casa para retratarlos en posturas controvertidas (aunque retirasen los cargos de rapto y abuso sexual a niños, siempre quedarán los dibujos) y fue famoso por manipular a las mujeres que posaban para él.

En cierta parte, hay empoderamiento femenino en su obra, sobre todo en cuadros explícitos e incómodos como Vista en un sueño (1911). Pero este admirador de Freud no pintaba a las mujeres así para liberar su nervio pudendo. Puede ser metafórico si se obvia el contexto, y eso, como demostraron las ninfas desnudas de Manchester, es poco recomendable.

La otra alternativa pasa por la apropiación. Pero, como decía Mary Beard, la gracia consiste en tomar el ejemplo de hombres que no lo hicieron con buena intención y convertirlo con nuestras propias manos en acciones feministas. Y eso ya está pasando. Artistas como Liv Strömquist y su cómic El fruto prohibido, festivales como Coño's Project y procesiones como la del "coño insumiso" están rompiendo el tabú sobre la vagina. Sobre su variedad, su simbolismo, su invisibilización, su placer y su libertad.

Ellas lo manifiestan junto a una intención política que debe ser nuestro verdadero baluarte. También sufren censura y están siendo multadas hoy en día. Si ese es el rasgo principal de un estandarte de la sexualidad femenina, no necesitamos a un señor decimonónico para defenderla.

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A favor y en contra de Egon Schiele como un baluarte de la sexualidad femenina

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Alemania y Reino Unido se han negado a promocionar el centenario del artista vienés por "pornográfico", lo que ha despertado una reacción a nivel mundial¿Debemos tomar a Schiele como estandarte de la representación del sexo de la mujer obviando su pasado y su contexto? Lo sometemos al duelo

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Valtonyc: Las letras de canciones por las que el rapero va a la cárcel

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Valtonyc: Las letras de canciones por las que el rapero va a la cárcel

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El rapero mallorquín Valtònyc ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona por las letras de algunas de sus canciones.

Estos temas del cantante de Sa Pobla Josep Miquel Arenas Beltrán se publicaron entre el 2012 y el 2013 en Youtube, así como en otras webs, y formaban parte de sus discos 'Residus de un poeta' y 'Mallorca es Ca nostras'. 'Dolores de Amonal', 'Marca España', 'Circo balear' y 'El rei Borbó' son algunas de las más de 10 canciones por cuyas letras Valtònyc irá a prisión.

Cuatro meses después de que la última de las citadas sonara en el programa de televisión 'La Tuerka' de Pablo Iglesias, quien le había encargado una canción sobre el rey, Valtònyc fue detenido acusado de injurias a la Corona e incitación a la violencia. También había sido denunciado por el presidente de Actúa Balear, Jorge Campos, por amenazas hacia su persona.

A continuación, las letras de las canciones por las que ha sido condenado Valtònyc:

El rei Borbó

Compuesta para el programa de TV 'La Tuerka' de Pablo Iglesias e incluida en el disco 'Mallorca es Ca Nostra' (2012). La canción empieza así: "El rey Borbón y sus movidas, no sé si cazaba elefantes o iba de putas. Son cosas que no se pueden explicar, como que para hacer de diana empleaba a su hermano. Ahora sus hermanastros son los árabes, y les pide dineritos para comprar armas. Le hacen hacer la cama, y fregar los platos, y de mientras Doña Sofia en un yate follando".

Otras de las otras estrofas destacadas son: "No podemos elegir, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov" o "Froilán se da cuenta y se quiere morir, que a su abuelo un dictador lo eligió. Que pertenecía a los GAL... y que no es democrático sino un dictador enmascarado".

Circo balear

Esta fue la canción por la que el presidente de Actúa Balear, Jorge Campos, denunció al rapero mallorquín por amenazas. En su letra dice: "Jorge Campos merce una bomba de destrucción nuclear".

'Dolores de Amonal'

Algunas de las rimas de este tema publicado en el 2013: "Elijo el camino que me lleva a las cadenas, porque antes como trena que vender a la clase obrera. A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito 'gora ETA'. Nena, no apoyo la violencia gratuita, pero justicia sería pasarlos por la guillotina". "De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados. Porque condenáis la puta lucha armada, contra la clase que tiene a la nuestra esclavizada. No sois izquierda, lo de que cambiáis el sistema desde dentro del sistema es una excusa de mierda".

'Marca España'

Su letra incluye frases como la siguiente: "Kale borroka, al ministerio de Educación, esto es amor, goma 2 y kalashnikovs. Quiero a Gallardón en silla de ruedas, así podría chupármela a todas horas".

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Las letras de canciones por las que el rapero Valtònyc irá a la cárcel

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El rapero mallorquín Valtònyc ha sido condenado a tres años y seis meses de cárcel por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona por las letras de algunas de sus canciones.

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Monográfico del diario.es sobre la condena a prisión del rapero Valtonyc

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Nuevo intento de investidura en Catalunya: la hora de Quim Torra

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La condena a prisión del rapero Valtonyc

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La condena a prisión del rapero Valtonyc

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La condena a tres años y medio de prisión al rapero José Miguel Arenas Beltrán Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas por las letras de 16 de sus canciones divide a las asociaciones de magistrados. El Tribunal Supremo confirmó el martes la sentencia que impuso al cantante la Audiencia Nacional hace exactamente un año por frases como "quiero transmitir a los españoles un mensaje, ETA es una gran nación" o "un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado, o siempre queda esperar a que le secuestre algún Grupo".

También le condena por "reiteradas amenazas de muerte" al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, y a los miembros de esta asociación de carácter españolista. "Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear"; "queremos la muerte para estos cerdos"; "llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el palacio del Borbón, kalashnikov"; "le arrancaré la arteria y todo lo que haga falta", escribió sobre ellos.

La Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, considera que la doctrina del Tribunal Supremo en el caso de Valtonyc "no resulta digna de crítica" desde el punto de vista jurídico, aunque entiende que pueda generar discrepancia social. Tras examinar la sentencia, su portavoz, Celso Rodríguez Padrón, recuerda que los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no hacen sino "aplicar el Código Penal vigente". El magistrado afirma que los delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo tienen un cauce de comisión que no es otro que "la expresión de ideas o mensajes", y recuerda que la libertad de expresión "no es un derecho absoluto e ilimitado".

"No es una aberración jurídica que las transgresiones más intolerables y extremas de la libertad de expresión, aquellas que atentan contra la dignidad de personas y colectivos, o contra las víctimas del terrorismo, constituyan una figura penal", afirma Rodríguez Padrón. El portavoz de la APM afirma que "hablar con carácter general de límites a la libertad de expresión resulta siempre difuso y confuso, hay que individualizar el conjunto de circunstancias que rodean la expresión, el contexto, las circunstancias personales, sociales e incluso históricas".

Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, afirma que el delito de enaltecimiento del terrorismo "debería reformarse para que no sea tan abierto y dé lugar a interpretaciones contradictorias". Para este magistrado, su aplicación debería limitarse a aquellos supuestos en los que se produce "una incitación directa a la violencia". Además, González Vega considera que este tipo penal se encuentra "excesivamente castigado", con penas de hasta tres años de prisión, y aboga por sustituir en la ley la privación de libertad por sanciones de tipo económico.

El representante de la asociación progresista afirma que la aplicación de delitos de enaltecimiento a manifestaciones como las canciones de Valtonyc o los tuits con expresiones de odio está actuando como "una lluvia fina que está calando" y que está acarreando una importante restricción a la libertad de expresión. González Vega defiende un modelo de juez que interprete los artículos del Código Penal siempre en clave constitucional. "La libertad de expresión es un derecho fundamental y debe prevalecer sobre otros bienes jurídicos", subraya.

González Vega defiende la conveniencia de despenalizar las injurias graves a la Corona, delito por el que también ha sido condenado Valtonyc a un año de prisión. "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el jefe del Estado no debe ser merecedor de especial protección, el Rey ya es inviolable por la Constitución, en lo demás debe tener una protección como el resto de los ciudadanos, y la fórmula actual da lugar a interpretaciones muy variadas y contradictorias" afirma.

La asociación progresista sostiene además que la competencia sobre los delitos de enaltecimiento del terrorismo no debería ser de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados de cada territorio. Al estar incorporado en el capítulo de delitos de terrorismo, su aplicación supone una "estigmatización añadida" del acusado al "equiparar su conducta a delitos tan graves como el asesinato o el secuestro", señala.

El PSOE: "Retroceso en derechos y libertades"

La portavoz del grupo parlamentario socialista, Margarita Robles, ha lamentado que el país viva una época de "retroceso de libertades" debido a la aplicación de la "ley mordaza" en el anterior gobierno del PP y que el PSOE espera "derogar pronto": "Con carácter general, en estos tiempos de gobierno del PP está habiendo un retroceso en materia de derechos y libertades", ha dicho Robles. La portavoz ha defendido sin embargo la labor de los tribunales en la sentencia de Valtonyc: "Es legítimo el derecho a criticarlos", ha dicho Robles, pero sin olvidar que "son ellos los que tienen todos los elementos de juicio correspondientes", informa Jordi Pérez Colomé.

Para Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, la condena al rapero "es una vergüenza" y demuestra que "hay una regresión en lo que respecta a las libertades civiles". "Parece que el derecho penal se aplica para perseguir a al disidente y los corruptos se van de rositas (...) El PP está sentado en el banquillo de los acusados por financiación ilegal, hay ministros reprobados por utilizar su cargo para proteger a los corruptos... ¿y sin embargo quien va a la cárcel en este país? Van a la cárcel raperos, tuiteros y los titiriteros", ha afirmado. "Es una tomadura de pelo que esa impunidad contraste con que un señor por hacer una canción que puede gustar más o pueda gustar menos acabe en la cárcel", ha insistido Iglesias, informa José Marcos.

La portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, considera que la Unión Europea debería actuar contra España "como ya ha hecho con otros Estados miembros" por vulneración de derechos fundamentales. "Bruselas no puede sancionar a unos países por sus legislaciones regresivas y luego escudarse en su supuesta falta de competencias para hacer la vista gorda con otros Estados miembros", señala la eurodiputada.

Ciudadanos defiende la actual tipificación del delito de enaltecimiento, informa J. J. Gálvez. "Este tipo [penal] es un instrumento para la lucha antiterrorista, que ha demostrado su utilidad en un país muy castigado por el terrorismo como el nuestro y que también es útil para enfrentarse a las actuales amenazas terroristas internacionales", apunta la formación liderada por Albert Rivera. Tras la sentencia contra el rapero, el partido insiste en que el Supremo ha considerado que los comentarios del músico son amenazas de muerte: "Y las amenazas de muerte son amenazas de muerte, se hagan en digital o en analógico".

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La condena a prisión de Valtonyc divide a las asociaciones judiciales

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La condena a tres años y medio de prisión al rapero José Miguel Arenas Beltrán Valtonyc por enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas por las letras de 16 de sus canciones divide a las asociaciones de magistrados.

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El rapero Valtonyc habría huido de España para no entrar en prisión

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El rapero Valtonyc habría huido de España para no entrar en prisión

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La Audiencia Nacional ordena la búsqueda y captura de Valtónyc para que ingrese en prisión

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Valtónyc publicó ayer un mensaje en Twitter en el que advertía de que no lo iba a "poner tan fácil" y que "desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista"

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Reivindicaciones a favor de la libertad de expresión en España

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Reivindicaciones a favor de la libertad de expresión en España

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Siete años después de aquella explosión de libertades que fue el 15M, de sus marchas multitudinarias, las acampadas y el despertar de una generación que amplificó el descontento social en lo peor de la crisis, lo que queda de aquel movimiento conmemora este martes el aniversario en un acto en Madrid que subirá al atril al rapero Valtonyc, condenado a tres años y seis meses de cárcel por injurias a la Corona en las letras de sus canciones.

Pocos podían imaginar que aquellas protestas frente al Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero y la clase política en general que la juventud española internacionalizó desde las plazas a las portadas de la prensa extranjera hubiesen desembocado en un presidente del Gobierno del PP, que tras agravar los recortes diseñó una serie de cambios en el Código Penal para criminalizar las protestas.

Un lustro largo después, se han encarcelado titiriteros, se han multiplicado por cuatro las condenas por enaltecimiento del terrorismo en España justo cuando ETA ha dejado de matar, y se ha secuestrado por orden judicial un libro, Fariña, de Nacho Carretero, que narraba los manejos del narcotráfico y cómo los capos se han mezclado con la clase política en Galicia durante décadas, tras la reclamación de un alcalde condenado por blanquear dinero de los clanes colombianos.

En 2018 los derechos civiles han retrocedido en España con respecto a siete años antes. La conmemoración de la fecha coincide con el ultimátum que la Audiencia Nacional ha dado al rapero Valtonyc para que entre en prisión, este lunes le han confirmado que tiene un plazo de 10 días. Los colectivos sociales van a aprovechar este aniversario para convocar una nueva protesta en la Puerta del Sol con la que pretenden reivindicar el deterioro de la libertad de expresión en nuestro país.

Amnistía Internacional (AI) ya advirtió en su informe anual de los retrocesos que ha experimentado la libertad de expresión en España. La ONG alertó en su balance de 2017 que se "restringió desproporcionadamente" este derecho y el de reunión pacífica, tanto en el ámbito de las leyes como a través de algunas prácticas policiales.

Aprobación de la ley mordaza

Desde esta organización identifican dos puntos claves en los que esta libertad ha comenzado a estar "amenazada": la modificación del Código Penal y la aprobación de la Ley Mordaza. "Esto produce autocensura. La gente tiene miedo a salir a la calle y protestar. Animamos a la sociedad a que se siga movilizando", responde Beatriz Perales, responsable de Campañas e Investigación de AI, sobre las consecuencias que tiene la aplicación de esta normativa.

"Nos hemos encontrado ante un giro alarmante y muy rápido en la respuesta de los poderes públicos en relación con la represión penal y administrativa de actos de libertad de expresión en muy diversos campos", incide Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal, y alerta sobre los casos como la represión de algunas manifestaciones, los procesos penales contra quienes queman fotos del rey o las condenas a creadores.

Lo preocupante, dice, es que no son casos puntuales: "Se ha ido superando el plano de lo anecdótico, nos hemos encontrado con una auténtica tendencia en la respuesta policial, en los escritos de algunas fiscalías y en distintos órganos jurisdiccionales". La tendencia "se ha ido encauzando con una serie de figuras que no estaban pensadas para esto, como los delitos de enaltecimiento del terrorismo, el delito de odio o el delito contra los sentimientos religiosos".

Raperos y tuiteros condenados por enaltecimiento

Este profesor no quita responsabilidad al Gobierno. Recuerda que en 2012 el Ministerio del Interior ya respondió a algunas movilizaciones pidiendo un endurecimiento del Código Penal para castigar ciertas conductas que ya estaban castigadas por la ley. Ahí es cuando se avanzó que se iban a utilizar ciertos instrumentos legislativos propios de la represión del crimen organizado para reprimir conductas como la convocatoria por internet de manifestaciones que causasen desórdenes.

Para revertir plantea, en primer lugar, que "en el ámbito judicial se haga una interpretación de estas figuras que sea especialmente vigilante para proteger libertad de expresión". Señala que cierta jurisprudencia ya está en ese camino. "En algunos ámbitos estamos asistiendo a cierta 'recogida de cable', como por ejemplo en las rectificaciones que el Tribunal Supremo ha realizado a la que podríamos llamar 'la doctrina Strawberry'. Es fundamental seguir ahondando en esa línea". En esta tarea está incidiendo, en su opinión, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la quema de banderas.

En los últimos años las sentencias por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cuatro desde que ETA dejó de matar. Desde el cese de la violencia, en 2011, hasta 2018 se produjeron 121 sentencias por apología de ETA, cuatro veces más que en los siete años anteriores.

AI denunció en su informe anual este aumento. En él recogían, entre otros, el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada por la Audiencia Nacional a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco y absuelta posteriormente por el Tribunal Supremo.
El experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios Joan Barata considera que el aumento de estas sentencias está relacionado con la "explosión del uso de redes sociales". "Ha provocado que determinados mensajes que eran marginales sean más visibles y algunos han pensado que había que reaccionar a este cambio", apunta.

Sin embargo, Barata considera que en casos como el de Valtonyc, la justicia ha conseguido lo contrario, ya que la condena de tres años y medio de cárcel le ha hecho "más popular" entre la sociedad. "Mucha gente no le conocía y tras la decisión de la Audiencia Nacional, sus letras han sido publicadas, republicadas y escuchadas", incide.

En marzo la Audiencia Nacional condenó también a otro rapero, a Pablo Hasel, por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona por ensalzar a figuras de miembros de las bandas terroristas ETA y Grapo en su perfil de Twitter. A esta pena, que conlleva dos años y un día de cárcel y multa de 24.300 euros, se une una condena previa de dos años por otro delito de enaltecimiento del terrorismo en 2015. Actualmente, está a la espera de que el Supremo confirme el fallo más reciente para saber si tendrá que ir a la cárcel por la suma de esta nueva sentencia a la anterior.

Al líder de Def con Dos, César Strawberry, también le condenaron en 2017 por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA, y sobre la muerte de Luis Carrero Blanco. "El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta a los GRAPO" o "cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco" son algunos de los mensajes por los que la Sala de lo Penal le consideró culpable de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Para el experto Barata estos casos demuestran cómo los jueces están realizando un "uso abusivo" del delito de apología del terrorismo. Este abogado considera que los magistrados españoles no interpretan estas penas en "coherencia con la jurisprudencia del tribunal de Derechos Humanos".

Varapalo de Estrasburgo

Estrasburgo ya ha advertido al Estado español del recorte de libertades. Hace un par de meses ese tribunal dio un varapalo a la justicia española al determinar que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión. La justicia europea admitió a trámite el recurso de dos jóvenes que fueron condenados en 2008 por la Audiencia Nacional a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros, por quemar una foto de los reyes en en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía.

Más allá de las redes sociales, la libertad de expresión también está siendo cuestionada. Una jueza de Collado Villalba (Madrid) acordó secuestrar el libro Fariña, obra en la que se profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Tomó esta decisión a petición del exalcalde de O Grove (Pontevedra) que demandó al autor y a la editorial por supuesta vulneración de su derecho al honor. Así consiguió no solo el secuestro, también se prohibió la impresión y comercialización de nuevos ejemplares.

Esta decisión fue una de las escogidas por el periódico estadounidense The New Tork Times para reseñar que en España los riesgos para la libertad de expresión se han incrementado "discretamente" en los últimos años. En el repaso que hacían también incluyeron la retirada en ARCO de la obra de Santiago Sierra que retrataba a Junqueras y los Jordis como presos políticos y la condena al rapero Valtonyc por las letras de sus canciones.

Este medio internacional destacó que IFEMA no citó ninguna ley para pedir la retirada de la obra Presos políticos en la España contemporánea, desde este pabellón de congresos argumentaron que la "polémica" provocada en los medios de comunicación por la exhibición de las piezas "perjudicaba la visibilidad del conjunto de los contenidos de ARCO".

En este contexto el 15M vuelve a la calle para celebrar su aniversario. En Madrid, los convocantes han organizado una concentración bajo el lema 'Confluyamos por los derechos y las libertades' en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de la movilización que implicó a la ciudadanía en la actividad política. Esta fecha no solo se celebrará en la capital, en Valencia, Las Palmas, Barcelona y Almería también han organizado actividades.

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El 15M clama en su séptimo aniversario contra el retroceso en la libertad de expresión

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Este movimiento social vuelve a salir a la calle convocando una concentración bajo el lema 'Confluyamos por los derechos y las libertades'El rapero Valtonyc participará en esta protesta días antes de entrar en la cárcel acusado de cometer varios delitos por la letra de sus cancionesLas sentencias contra Pablo Hasel, el secuestro del libro de Fariña o la retirada en ARCO de una obra también cuestionan la situación actual de estos derechos

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Es un conflicto tan viejo como el oficio periodístico. La colisión del derecho a la información con el honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Por el medio, Internet y su capacidad para multiplicar a través de los buscadores la difusión de una noticia protagonizada por ciudadanos anónimos hace 30 años que tuvo un indudable interés público cuando se publicó por primera vez pero que tal vez con el paso del tiempo ya no lo tenga. Y sobre todo, una demanda que reivindica el derecho al olvido de dos personas condenadas por contrabando que entonces, hace tres décadas, sufrían graves adicciones, de las que también se informaba en el reportaje original difundido por el diario El País, que fue digitalizado -como toda la hemeroteca de ese diario- a partir de 2007, lo que significó la universalización del acceso a esa noticia antigua que amarilleaba en los vetustos archivos de papel.

El asunto ha agotado ya todas las instancias judiciales en España tras siete años de procedimientos. El primero en pronunciarse en 2011 fue el juzgado de primera instancia número 21 de Barcelona, que estimó íntegramente la demanda y concluyó que desvelar la drogadicción y los antecedentes penales afectaban a la intimidad, el honor y a su derecho a la protección de los datos personales de las demandantes y que no estaba justificada por la libertad de información del editor. Esa primera sentencia dijo algo más: concluyó que en el momento en que se publicó en Internet la noticia, más de 20 años después de salir en papel, esta ya no resultaba veraz, puesto que esas personas ya tenían cancelados sus antecedentes penales y habían superado sus adicciones. El juez condenó al periódico a pagar una indemnización, a paralizar la difusión de la noticia y a implantar medidas para evitar que la información fuera hallada cuando se insertaban en Google los nombres y apellidos de las personas afectadas.

El País presentó un recurso ante la Sección Catorce de la Audiencia Provincial de Barcelona que el 11 de octubre de 2013 dio la razón a las protagonistas de la información y destacó "el pernicioso efecto del antecedente penal sobre la reputación y la reinserción en la sociedad del ciudadano que ha llevado a consagrar en el Código Penal el derecho a su cancelación una vez transcurrido el paso de tiempo determinado en la norma a fin de extinguir de modo definitivo todo los efectos de la pena".

El caso llegó, tras la siguiente reclamación del periódico, al Supremo que en su sentencia del 15 de octubre de 2015 tumbó los argumentos de los tribunales anteriores: consideró improcedente modificar la información que aparecía en la hemeroteca porque el llamado derecho al olvido digital "no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día". Los magistrados, que rechazaron también la indemnización y la supresión de la información, dejaron en aquella sentencia una frase para los manuales de Derecho: "No corresponde a las autoridades judiciales participar en reescribir la historia". El fallo del tribunal decretó que "las hemerotecas digitales gozan de la protección de la libertad de información al satisfacer un interés público en el acceso a la información" y subrayó que "las noticias pasadas no pueden ser objeto de cancelación o alteración".

El Supremo acudió a resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que determinaron que la protección de las hemerotecas digitales implica que las noticias pasadas contenidas en ellas, a pesar de que su contenido pueda afectar a los derechos de las personas, no pueden ser eliminadas".

La sentencia, no obstante, consideró "la multiplicación de la publicidad que generan los motores de búsqueda de Internet y la posibilidad de que mediante una simple consulta utilizando datos personales, cualquier internauta pueda obtener un perfil completo de la persona afectada en la que aparezcan informaciones obsoletas sobre hechos ya remotos con un grave potencial dañoso para su honor y su intimidad que tengan un efecto distorsionador de la percepción de que de esta persona tengan los demás conciudanos y le estigmatice". "Es por eso que esa información", concluyó el Supremo, "debe resultar invisible para la audiencia general de los usuarios de los motores de búsqueda, pero no para la audiencia más activa en la búsqueda de la información, que debe tener la posibilidad de acceder a las noticias en su integridad a través del sitio web de la hemeroteca digital".

Así habían quedado las cosas hasta hace unas semanas. El Supremo había prohibido que la información de esas dos personas condenadas hace treinta años se pudiera consultar metiendo sus nombres y apellidos en Google y en otros buscadores de Internet pero permitía que pudieran rastrearse usando los mismos datos a través de la página web de El País.

Los demandantes no se conformaron y acudieron al Tribunal Constitucional por considerar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Los protagonistas de la información alegaron que cuando "un dato es irrelevante en la noticia, a quien se satisface es al curioso con los detalles de la vida ajena", algo de lo que se había manifestado en contra ese órgano judicial en sucesivas sentencias. El tribunal admitió a trámite el recurso de amparo "por la especial trascendencia constitucional" de un problema que afecta a derechos fundamentales y sobre el que no había doctrina. La Fiscalía se alineó entonces con el criterio del Supremo y considero suficiente la eliminación de las búsquedas en Google, Yahoo o motores similares.

A lo largo de 39 folios, la Sala del Constitucional se detiene a analizar todas las circunstancias del caso, dado que aún no había tenido "ocasión de pronunciarse sobre el derecho al olvido como posible proyección del derecho al honor, a la intimidad o a la protección de datos de carácter personal en relación con las hemerotecas digitales y su eventual consideración como uno de los ámbitos a través de los cuales se puede manifestar el ejercicio de las libertades informativas". El tribunal explica en primer lugar por qué los nombres de los demandantes no van a figurar en toda su argumentación: "Las personas demandantes de amparo no tienen relevancia pública alguna, ni por sus profesiones, ni por su presencia en el espacio público ni por ninguna otra circunstancia considera prevalente su derecho a la intimidad sobre la exigencia constitucional de publicidad de las resoluciones del tribunal, y por tanto, entiende justificada la exclusión de sus datos de identidad en la sentencia".

En los fundamentos jurídicos los magistrados del TC llaman la atención sobre los cambios en las formas de comunicación que se han dado en las últimas décadas: "Hoy la información periodística ya no es solo la actualidad publicada en la prensa escrita o audiovisual, sino un flujo de datos sobre hechos y personas que circula por cauces no siempre sujetos al control de los propios medios de comunicación y que nos permite ir hacia atrás en el tiempo haciendo noticiables sucesos que no son actuales. Las anteriores circunstancias exigen ajustar nuestra jurisprudencia sobre la ponderación de los derechos en conflicto".

Tras una larguísima disquisición sobre el papel de la prensa de perro guardián en las sociedades y después de subrayar que la información objeto de la disputa es una noticia veraz cuyo interés noticiable guarda relación con la actualidad de los hechos que afectan a personas que no tienen relevancia pública, el Constitucional defiende que "la noticia relata hechos pasados sin ninguna incidencia en el presente y que su difusión actual en poco contribuye al debate público transcurridos más de treinta años desde que ocurrieron los hechos y carece de toda relevancia para la formación de la opinión pública libre, más allá de la derivada de la publicación en la hemeroteca digital".

El veredicto del Constitucional mantiene el rechazo del Supremo al borrado de la noticia original e incluso su modificación o el cambio de los nombres y apellidos por iniciales, y se opone también a cualquier indemnización a las recurrentes, pero va un paso más allá en las restricciones a las búsquedas puesto que ordena al diario El País que impida localizar desde su página web la noticia utilizando las identidades de sus protagonistas.

El Constitucional lo razona así: "La prohibición de indexar los nombres y los apellidos de los recurrentes para su uso por el motor de búsqueda interno en El País debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados". "La medida requerida es necesaria porque su adopción y solo ella limitará la búsqueda y localización de la noticia sobre la base de datos personales inequívocamente identificativos de las personas recurrentes".

Según el tribunal que cierra el caso, "si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de la información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, siempre será posible localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo". El criterio es novedoso y polémico porque el Constitucional establece una diferenciación entre quienes se mueven "por el interés público de una información en un contexto determinado" y aquellos que buscan "satisfacer la curiosidad individual y focalizada". A estos últimos no les protege la sentencia que intenta impedir "que se pueda realizar un seguimiento ad personam del pasado de un determinado individuo sin ninguna proyección pública a través de una herramienta cuya finalidad es otra y va dirigida a garantizar la formación de una opinión pública plural".

La sentencia fechada el pasado 4 de junio ha cerrado el caso pero no el debate. Expertos y activistas consideran excesivo que se prohíba a un periódico establecer sus propios criterios de búsqueda en sus webs. Por ejemplo, Joan Barata, un jurista especializado en derecho a la información que h a sido asesor principal sobre Libertad de Medios en la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, además de colaborar habitualmente con el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos.

Barata, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, defiende que El País debería llevar el asunto al Tribunal de Derechos Humanos: "El Constitucional ha ido demasiado lejos, metiéndose en cómo se un medio organiza su propia hemeroteca. Entiendo que se le pueda pedir a Google pero en cuanto entras en un terreno de un servicio especializado como es la hemeroteca estás haciendo una interpretación extensiva. El derecho al olvido tiene sentido, cuando hablamos de personas que no son públicas y de hechos que se sitúan claramente en el pasado. Pero somos muchos los que criticamos la forma en que está construidos ese derecho porque hay un margen de ambigüedad grande. La construcción del derecho y sus excepciones está redactado de una forma que deja todo muy abierto. Y está todavía sin fundamentar su relación con el derecho a la información. No hay una doctrina clara a nivel europeo sobre cómo deben operar las interpretaciones. En Francia se ha permitido a políticos borrar condenas judiciales del pasado".

Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de emitir sentencia sobre la reclamación de dos asesinos alemanes que mataron a un personaje público en 1993 y que reclamaban que se borrasen las informaciones de dos medios de comunicación, la web de una radio pública y un pequeño diario local. En primera instancia un juzgado alemán les dio la razón, pero la Corte Federal se posicionó en contra. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avala que los buscadores de los dos medios de comunicación, ambos de pago, puedan acceder a esa información y establece que convertir los archivos en anónimos "viola el derecho del público a hacer una investigación sobre los hechos pasados" y también "la libertad de prensa" y concluye que "mantener o no un nombre en un artículo es una prerrogativa periodística completa".

Ese derecho al olvido que algunos reclamaban desde mucho antes se generalizó en mayo de 2014 por el empeño de un abogado gallego, Mario Costeja, que llegó a Luxemburgo pleiteando contra Google para que se borrase el rastro en Internet de la subasta de una de sus propiedades por deudas con la Seguridad Social del año 1998. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puso de parte del abogado gallego y decretó que buscadores como Google, Yahoo o Bing están obligados a retirar enlaces a informaciones publicadas en el pasado, aunque sean veraces, si son lesivas para el interesado, carecen de relevancia y no afectan a un personaje público. Desde su bufete en A Coruña, Costeja recibe ahora unos 40 o 50 clientes al año para seguir su mismo camino. Por teléfono explica su historia: "Yo he sido consultor de empresas y, hombre, siempre podían ver lo de mis deudas en Internet y pensar que si uno no sabe arreglar lo suyo... Me perjudicó hasta cierto punto. Mi lucha era por las personas que venían detrás, que deben tener una puerta abierta para defender sus derechos. Y ahora no defendemos a todos. Si viene un político a reclamar, les decimos que este no es el sitio. Si creemos que es razonable, nos dirigimos a los buscadores o al BOE o a los periódicos. Muchas veces se soluciona con sentido común".

Desde el 28 de mayo de 2014 en que Google decidió reaccionar a la sentencia europea sobre Costeja el buscador ha recibido en toda Europa 696.102 peticiones para retirar 2.605.536 enlaces de los cuales ha suprimido el 44%, 978.798 links. España es el cuarto país que más solicitudes ha recibido por detrás de Francia, Alemania y Reino Unido. En los últimos cuatro años Google España ha recibido 68.718 para que se retiren 215.809 enlaces de Internet, de los que ha eliminado 70.963, el 38%.

La inmensa mayoría de las solicitudes se tramitan sin llegar a los tribunales. eldiario.es ha preguntado a Google cuál es el protocolo que sigue para estimar unas solicitudes y desatender otras. Responde a través de un correo electrónico Anais Pérez Figueras, su directora de comunicación para España y Portugal, que evita aclarar cual es el criterio general, si es que lo hubiese, de la compañía: "El personal de Google Inc. toma las decisiones pertinentes; disponemos de un equipo de revisores formados específicamente para ello. Este equipo trabaja principalmente desde la sede de Dublín (Irlanda). Nuestro equipo también cuenta con un protocolo para derivar los casos más complicados y adjudicarlos a personal con más experiencia o abogados de Google. Desde el 1 de noviembre del 2015, más de un 30 % de las solicitudes se han derivado para recibir una segunda opinión".

En España el derecho al olvido está regulado en el reglamento de la protección de datos. Y son legión los abogados que ofrecen la posibilidad de borrar pasados incómodos a clientes que pueden pagarlos.

El periódico El País recibe cada mes unas 15 reclamaciones de ese tipo. Según su director de Comunicación, Pedro Zuazua, "se analizan todas y se acepten o no el periódico comunica por carta su decisión a los afectados". La última edición de su libro de estilo regula cómo actuar en caso de peticiones basadas en el derecho al olvido: "Nunca se producirá el borrado de los archivos digitales de El País pero se puede considerar la posibilidad de ocultar esa información a los buscadores de Internet. La información debe haber sido publicada más de 15 años atrás. La información ha de perjudicar a la persona reclamante en su vida familiar o profesional. No se considerarán las relclamaciones que afecten a hechos que figuren en sentencias firmes de los tribunales de justicia y se refieran a actos de violencia".

A eldiario.es llegan también periódicamente peticiones de personas mencionadas en las informaciones que piden desaparecer de ellas. Se trata de hechos recientes, puesto que el medio todavía no ha cumplido los seis años de antigüedad. Gumersindo Lafuente, subdirector, explica cual es el protocolo del medio: "Ante una reclamación de este tipo valoramos dos cuestiones. Por un lado la jurídica. En ese ámbito siempre consultamos con nuestro equipo de abogados sobre si desde ese punto de vista es necesario atender una posible solicitud. Pero no queremos dejar este asunto solo en manos de los límites del ordenamiento jurídico. Pensamos que los periodistas y los medios tenemos una responsabilidad y un compromiso con el rigor y con las consecuencias de nuestro trabajo. Y en ese ámbito se abre un debate interesante que no podemos obviar. Por eso creemos que si hemos cometido un error en una información, debemos corregirlo. Y si ese error afecta a una persona en particular, debemos utilizar las herramientas necesarias para que esa afección no permanezca. En estos momentos, además, contamos con las posibilidades tecnológicas que nos permiten que nuestro archivo esté vivo y sea actualizable. Por lo tanto, las mismas obligaciones de rigor y respeto que tenemos los periodistas de eldiario.es cuando trabajamos en una información de hoy, deben aplicarse también a las que están en nuestro archivo".

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¿Deben los jueces decretar el olvido de una información veraz por antigua? Intimidad vs libertad de información

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La última sentencia del Constitucional ordena a El País impedir en su buscador las consultas por los apellidos de dos condenados por contrabando hace 30 añosEl Constitucional persigue evitar un "seguimiento ad personam de individuos sin proyección pública" y diferencia entre noticias que forman opinión pública y las que satisfacen "curiosidades individuales"El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima la petición de dos condenados por asesinato en 1993 para que dos diarios de pago restringiesen las búsquedasEspaña es el cuarto país europeo con más reclamaciones por derecho al olvido: 215.616 de las que Google ha aceptado 68.642 desde mayo de 2014

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la libertad de expresión en España

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la libertad de expresión en España

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Quemar una foto de los reyes de España es libertad de expresión. Así lo ha sentenciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha estimado el recurso de los dos jóvenes condenados por injurias a la Corona por quemar una foto de los reyes en 2007 en Girona en protesta por la visita a la ciudad de Juan Carlos I y Sofía. Los magistrados europeos creen que el castigo penal impuesto a los jóvenes por la Justicia española "constituye una interferencia con la libertad de expresión".

La Audiencia Nacional condenó en 2008 a los dos jóvenes a una pena de quince meses de prisión, sustituida por una multa de 2.700 euros. El Constitucional negó en 2015 el amparo solicitado por los condenados, una decisión que provocó cuatro votos discrepantes en el seno del tribunal. Los jóvenes recurrieron finalmente ante Europa la "injerencia injustificada" que, a su juicio, supuso la condena en su derecho a la libertad de expresión, protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).

Más de diez años después de los hechos, el TEDH da la razón, por unanimidad, a los dos jóvenes y concluye que la quema de la foto de Juan Carlos I y Sofía por la que fueron condenados Enric Stern y Jaume Roura "no fue un ataque personal contra el rey de España destinado a despreciar y vilipendiar" a la institución, sino "la expresión simbólica del rechazo y crítica política" a la monarquía, según recoge la sentencia publicada este martes ( consultable en francés).

En consecuencia, los magistrados creen que la Justicia española vulneró el artículo 10 de la CEDH al castigar penalmente a los jóvenes por la quema de fotos, y condenan a España a devolver los 2.700 euros de multa a los que fueron sancionados, así como a indemnizarles con 9.000 euros. La sentencia es vinculante para el Estado.

"La puesta en escena orquestada, aunque dio lugar a la quema de imagen de los monarcas, es una forma de expresión de una opinión en el contexto de un debate
sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la monarquía", sostienen los magistrados de Estrasburgo, que recuerdan que la libertad de expresión ampara no sólo los actos o ideas consideradas "inofensivas", sino también las que generan "conmoción" o "preocupación".

Los jueces europeos enmarcan la protesta en "una crítica a lo que el rey representa, como jefe y símbolo del aparato del Estado" que los dos militantes independentistas realizaron prendiendo fuego a una fotografía colocada boca abajo de Juan Carlos I y Sofía. Concluyen los magistrados que la quema de la fotos "entra dentro del ámbito de la crítica política o la disidencia y corresponde a la expresión de un rechazo de la monarquía como institución".

El TEDH da un revolcón a la argumentación esgrimida por siete de los once jueces del Tribunal Constitucional (TC) para negar el amparo solicitado por los jóvenes. Los magistrado del TC consideraron que quemar públicamente el retrato de los monarcas no era solo un acto "ofensivo" sino también incitador al odio y a la violencia. Interpretó el Constitucional que la protesta "trasladó la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados".

Los magistrados europeos niegan por completo que la quema de fotos de los monarcas puedan ser consideradas como incitadoras al odio, y recuerdan que este tipo de delitos protegen a minorías discriminadas por su raza o su condición sexual. De hecho, los magistrados de Estrasburgo creen que vincular la quema de fotos de los monarcas con el discurso de odio y la violencia, tal y como hizo el TC, "sería perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de sin el cual no hay una sociedad democrática".

Así, el TEDH se sitúa en línea con los votos particulares de magistrados progresistas del TC, que, en contra del criterio mayoritario del pleno, consideraron que el tribunal sí debía dar amparo a los dos jóvenes. "La crítica malsonante, la manifestación políticamente incorrecta, los gestos o actos desabridos, de mal gusto o de impactante exageración no quedan expulsados del campo legítimo de la libertad de expresión", recordó la magistrada Adela Asua en su voto particular, al que se adhirió su colega Fernando Valdés Dal-Ré.

AFFAIRE STERN TAULATS ET ROURA CAPELLERA C ESPAGNE (PDF)
AFFAIRE STERN TAULATS ET ROURA CAPELLERA C ESPAGNE (Text)

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La Justicia europea sentencia que quemar fotos de los reyes es libertad de expresión

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condena a España a devolver la multa de 2.700 euros a la que fueron sancionados dos jóvenes por el delito de injurias a la coronaLos magistrados europeos definen la quema de fotos de los monarcas como "la expresión simbólica del rechazo y crítica política" a la monarquía, negando la vinculación con el discurso del odio y la violencia que hizo el ConstitucionalEsta es la resolución del TEDH sobre el caso

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Controversia en Francia por el velo de la portavoz de un sindicato

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Controversia en Francia por el velo de la portavoz de un sindicato

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El velo islámico sigue dividiendo profundamente a un país que tiene en la ley sobre el laicismo de 1905 uno de los pilares fundamentales del Estado. Periódicamente, Francia se ve envuelta en una polémica en la que se mezclan las creencias personales con los valores republicanos y traduce el debate pendiente sobre el encaje del islam en una sociedad que cuenta casi seis millones de musulmanes. El último episodio de este controvertido asunto lo ha protagonizado, a su pesar, una joven estudiante de Letras de 19 años.

En su calidad de presidenta en la Universidad de la Sorbona del principal sindicato estudiantil del país, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF, Maryiam Pougetoux ha hablado en la cadena de televisión M6 de los bloqueos en los centros de enseñanza superior con los que numerosos alumnos se oponen a las nuevas normas de acceso a la universidad.

Pero lo que ha revolucionado las redes sociales no han sido sus palabras sino el hecho de que apareciera con velo. Defendida por unos y criticada por otros, el debate se ha traslaado del mundo virtual al político, y la controversia se ha avivado con los comentarios del Ministro del Interior, Gérard Collomb, peso pesado del Ejecutivo. Se trata de una " marca de identidad" ajena a la sociedad francesa e incluso de " proselitismo", ha expuesto Collomb sin paños calientes, tras mencionar el combate cultural que, a su juicio, libran los jóvenes musulmanes.

El papel del islam

Cuando este viernes le preguntaron en la cadena BFMTV si el islam quiere converger con la cultura francesa, el ministro dejó entrever sus dudas. "Hay gente que se siente atraída por la ideología del Estado Islámico y un gran debate cultural para que haya un islam moderno opuesto a uno represivo", agregó entrando en un terreno resbaladizo.

Aunque se ha mostrado más moderada, la secretaria de Estado de Igualdad, Marlène Schiappa, ha cuestionado el hecho de que un sindicato estudiantil de izquierdas, laico, progresista y feminista tenga a una portavoz que porta un velo. "¿Qué valores quiere promover? ¿Quiere defender el laicismo? ¿Quiere defender la emancipación de las mujeres o quiere defender otras cosas?", se ha preguntado. "Es una forma de promoción del islam político", ha señalado Shiappa en la emisora France Info.

Visión anglosajona

La aludida alega que su velo no tiene función política alguna y ha considerado "patético" que el ministro del Interior haya hecho unas declaraciones "tan violentas". "Es mi fe. Es verdad que es visible, pero no por ello es proselitismo. Tengo que justificar una decisión que no debería justificar", ha indicado este domingo Pougetoux en una entrevista con la web BuzzFeed. La estudiante ha sostenido que habría que "desmitificar" el asunto.

"Le dan un significado que yo no le doy", ha insistido. Asimismo, ha querido dejar claro que defiende a todas las mujeres "lleven o no velo, sean o no musulmanas" porque "no hay solo un feminismo sino feminismos diferentes&rdquor;

Desde el sindicato, apoyan a su portavoz y se han mostrado orgullosos de contar con una militante "comprometida por defender al conjunto de los estudiantes". La UNEF, vinculada en sus orígenes al Partido Socialista, ha variado en los últimos años su postura sobre el laicismo acercándose más al modelo anglosajón.

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Controversia en Francia por el velo de la portavoz de un sindicato de estudiantes

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El velo islámico sigue dividiendo profundamente a un país que tiene en la ley sobre el laicismo de 1905 uno de los pilares fundamentales del Estado. Periódicamente, Francia se ve envuelta en una polémica en la que se mezclan las creencias personales con los valores republicanos y traduce el debate pendiente sobre el encaje del islam en una sociedad que cuenta casi seis millones de musulmanes.

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La libertad de expresión versus la instrumentalización del cuerpo de la mujer

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La libertad de expresión versus la instrumentalización del cuerpo de la mujer

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Asistentes al desfile #MeToo Fashion en Nueva York. ANGELA WEISS AFP

La revolución de las mujeres, dentro de la cual se enmarca el movimiento #MeToo, es también una revolución de la mirada. Implica ponerse unas gafas nuevas y mirar el mundo, incluido el arte, de otra manera. Muchos son los que se han escandalizado de que el Museo de Manchester retirara temporalmente la obra Hilas y las ninfas, de John William Waterhouse, de su colección permanente. Algunos consideran que implica censurar el pasado, otros alegan que se trata de un gesto publicitario que banaliza el movimiento #MeToo. De acuerdo con la directora del museo, el objetivo de la retirada temporal era abrir una conversación sobre cómo se presentan e interpretan las obras de arte en los museos. Desde luego, si el fin era abrir una conversación, el museo lo ha conseguido. También existe una controvertida petición para retirar la obra Teresa soñando, del artista franco-polaco Balthus, del Metropolitan Museum de Nueva York. La petición plantea que la obra es una incitación a la pedofilia, dada la postura marcadamente erotizada de la joven preadolescente representada en el cuadro.

Las revoluciones siempre producen excesos, si no, no serían revoluciones. En el caso de la revolución de las mujeres, nos hallamos en un momento de gran efervescencia en el que cada vez más mujeres (y algunos hombres) expresan y visibilizan la ira y la indignación acumuladas durante generaciones ante el abuso sistemático de poder por parte de muchos varones, frecuentemente en el plano sexual; incluso, tras la supuesta liberación y la incorporación femenina al mundo laboral y público hace ya más de medio siglo. Lo hacen a través de enunciados y actos que para una parte de la sociedad pueden parecer excesivos. Pero son precisamente estos excesos los que llaman la atención y obligan a la sociedad en su conjunto a cuestionarse realidades que antes veía normales. La vanguardia de la revolución feminista nos presta unas gafas nuevas con las que mirar el mundo y ver cosas que antes no veíamos.

Hoy nos parece aceptable que se censure, por ejemplo, una campaña publicitaria con menores semidesnudas o en posturas de connotación sexual. Desde esta perspectiva, es legítimo preguntarse ¿por qué se iba a ser más tolerante con el arte que se expone públicamente en los museos? Se podría argumentar que ni la intención (seducir y vender) ni el impacto de la publicidad son comparables a los del arte, especialmente aquel que se halla recluido en los museos. Pero, ¿justifica ello que no hagamos nada respecto de obras como la de Waterhouse o Balthus? Tras el revuelo ocasionado por el Museo de Manchester es probable que no las veamos de la misma manera y que nos resulte difícil plantarnos frente a ellas en compañía de nuestra hija, sobrina o nieta como si nada. ¿Quiere esto decir que hay que retirarlas de los museos de manera permanente? Probablemente, no. La censura y la iconoclasia son difíciles de defender en sociedades abiertas y plurales. Quizá la mejor respuesta ante una expresión artística de connotaciones que la sociedad en un determinado momento considera inaceptables es contextualizarla críticamente. La obra permanece, pero su interpretación se enriquece y sirve, en este caso, para cuestionar el predominio de una determinada mirada que tiende a sexualizar a las mujeres y a las niñas. Una mirada que tiene, y ha tenido, consecuencias sociales indeseables.

Las revoluciones siempre producen una reacción social. Si nadie reaccionara a sus supuestos excesos, querría decir que no está logrando aquello que toda revolución pretende: remover los cimientos de la sociedad. En este caso, removerlos con el fin de reconstruir un paradigma social, político y cultural basado en la igualdad de género en un sentido más profundo. Esto implica abrir múltiples conversaciones sobre lo que significa ser mujer y ser hombre en cuanto sujetos sexuados y objeto de nuestras respectivas miradas. Conversaciones complejas, a menudo, incómodas, punzantes. En este sentido, las reacciones críticas a iniciativas como la del Museo de Manchester -por no decir las que se producen en reacción al #MeToo-, incluso las más viscerales, forman parte del proceso de cambio y deben ser bienvenidas. Al mismo tiempo, el objetivo de la revolución de las mujeres debería ser ir afinando el debate -ir graduando esas gafas que nos presta el feminismo para mirar el mundo- sin dejarse aplastar, en ningún caso y nuevamente, por la fuerza y la virulencia de las reacciones que suscita.

Olivia Muñoz-Rojas es doctora en Sociología por la London School of Economics e investigadora independiente. Su blog es www.oliviamunozrojasblog.com

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La revolución de las mujeres, dentro de la cual se enmarca el movimiento #MeToo, es también una revolución de la mirada. Implica ponerse unas gafas nuevas y mirar el mundo, incluido el arte, de otra manera.

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Imaginemos que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps quiere que todas las noticias sobre el caso de sus trajes desaparezcan de Google porque acabó siendo absuelto -fue procesado por supuestamente haber recibido ropa como cohecho dentro de la trama Gürtel-. Las empresas con motores de búsqueda, ¿deberían analizar si las informaciones previas sobre la investigación policial y judicial fueron precisas y eliminarlas si no lo fueron? El Tribunal Supremo ha admitido recientemente a trámite un recurso de casación interpuesto por Google para fijar doctrina sobre el llamado derecho al olvido que podría responder a algunas de estas preguntas.

La cuestión de fondo asusta un poco: ¿llegará el día en el que la tecnológica tenga que valorar si las noticias de los medios son veraces o no para indexarlas? El tema no es menor, porque lo que no existe para Google prácticamente no existe. "Las hemerotecas de los medios antes estaban cogiendo polvo, y ahora la tecnología nos ha dado una realidad diferente: podemos investigar a cualquiera en cualquier momento a través de un buscador que saca todo a la luz", explica Natalia Martos, abogada experta en nuevas tecnologías del despacho Pérez-Llorca. Por eso los particulares afectados por noticias acuden cada vez más a Google a quejarse: lo importante no es ya que la información se haya escrito, sino que le gente pueda encontrarla. Y esto fundamentalmente sucede a través de los motores de búsqueda.
Un cazador furtivo
El caso que da origen a todo esto se publicó en este periódico el 4 de julio de 2010: "Un jefe forestal de la Xunta en Ourense fue sancionado por cazador furtivo. El cargo de Medio Rural encañonó en 2007 a los agentes que lo multaron". La noticia contaba que dos agentes forestales habían sorprendido a un técnico forestal cazando en una zona prohibida junto a dos personas más y que el técnico y sus colegas les habían amenazado y arrinconado con sus escopetas. Una patrulla del Seprona se acercó también por allí y denunció a los cazadores, que fueron además expulsados de la sociedad de caza. La noticia, basada en los documentos de denuncia, era absolutamente rigurosa sobre lo que allí constaba.

Después, el Tribunal Superior de Galicia anuló las sanciones por una cuestión formal, de plazos de notificación. En los hechos probados, muy escuetos, dice que los cazadores estaban autorizados para cazar y habla de ciertos altercados. La resolución no llega a profundizar en lo que sucedió ni especifica las razones de las sanciones impuestas.

Con esta sentencia en la mano, el jefe forestal no pidió a EL PAÍS que modificara la noticia o añadiera en la misma la absolución. Lo que hizo fue solicitar a Google que dejara de indexarla. Al no conseguirlo, acudió a la Agencia Española de Protección de Datos y el caso acabó finalmente en la Audiencia Nacional. Ambas consideraron que la información no era veraz (a pesar de que contaba con precisión lo que constaba en una denuncia) y resolvieron que Google la retirara de sus buscadores.

La Audiencia Nacional reconoce que la noticia tiene un evidente interés público y que los internautas tienen derecho a acceder a ella dado que se trata de un funcionario sancionado por irregularidades relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas, pero añade que el contenido no es "exacto" porque no coincide con la sentencia dictada con posterioridad, por lo que no debe ser indexada. Sería una especie de falta de veracidad sobrevenida. Google, por su parte, defiende que la información se elaboró con diligencia y que nadie puede fabricarse un pasado a la medida.

La tecnológica recurrió, y ahora la Sala Tercera del Tribunal Supremo va a decidir si el derecho al olvido incluye también que se valore la exactitud de los hechos que se pretenden borrar -resolución que adelantó la informacion.com-, algo que sería muy complicado de llevar a la práctica y que constituiría un evidente problema para Google.
Decidir la verdad
"Creo que es imposible que una empresa de este tipo pueda entrar a determinar la veracidad de las noticias", opina la abogada Martos. "La única posibilidad sería que el Supremo estableciera unos requisitos muy claros que se puedan aplicar de forma totalmente objetiva, y esto es difícil. Creo que lo lógico sería que la persona acudiera al medio de comunicación, no a Google, que es un mero intermediario técnico y ni tiene sentido ni es viable que tenga que tomar estas decisiones sobre lo que es verdad y lo que no".

El reconocimiento jurídico del derecho al olvido en Europa tiene su origen en 2011, cuando Google defendió ante la Audiencia Nacional su negativa a cancelar datos privados de personas que consideraban que las referencias que el buscador arrojaba sobre ellas lesionaban su dignidad. La multinacional sostenía que eliminar o alterar los contenidos supondría la pérdida de "objetividad" de Internet para caer en la "censura".

Tres años después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que cualquier persona tiene derecho a solicitar a los motores de búsqueda la retirada de ciertos resultados de las consultas que hagan referencia a ella, aunque siempre ponderando las circunstancias para ver si prevalece la protección de los datos personales o el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Ahora lo que decidirá la justicia española es si, Google, además, debe verificar si la información es exacta. "Es un tema complicado, porque es cierto que en este momento la memoria de lo acontecido la fijan los buscadores y unos hechos por los que alguien ha sido absuelto pueden quedar fijados en Internet para siempre", opina Juan Antonio Orgaz, abogado experto en nuevas tecnologías y privacidad y socio director de Loop un data. "Pero si Google tuviera que valorar la veracidad de las noticias que indexan sus motores de búsqueda le estaríamos trasladando una responsabilidad increíble: la de determinar la verdad. El Estado estaría haciendo una dejación de funciones".

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¿Decidirá Google lo que es verdad y lo que no?

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Imaginemos que el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps quiere que todas las noticias sobre el caso de sus trajes desaparezcan de Google porque acabó siendo absuelto -fue procesado por supuestamente haber recibido ropa como cohecho dentro de la trama Gürtel-.

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Message aux professeurs et personnels après l'assassinat d'un professeur, vendredi 16 octobre 2020

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Message aux professeurs et personnels après l'assassinat d'un professeur, vendredi 16 octobre 2020

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Message aux professeurs et personnels après l'assassinat d'un professeur, vendredi 16 octobre 2020

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La prisión y sus alternativas para los delitos de expresión

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La prisión y sus alternativas para los delitos de expresión

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La Fiscalía General del Estado propone reformar el Código Penal para rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos a través de las redes sociales. La propuesta está incluida en la Memoria de año 2017 de la institución que ha presentado este lunes la fiscal general, María José Segarra, y pasa por modificar el artículo 510 del Código Penal por el que en los últimos años se ha condenado a penas de cárcel a tuiteros que habían publicado mensajes de contenido racista, homófobo o antisemita. El ministerio público aboga por rebajar las penas de prisión previstas o contemplar medidas alternativas a la cárcel en los casos en los que "por su contexto contenido, ausencia de reiteración o características o circunstancias personales del autor" no merezcan un reproche penal tan elevado.

El artículo 510 del Código Penal contempla penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes inciten públicamente al odio por razón de género, raza, religión u otra circunstancia. En los casos en los que el delito se cometa a través de un medio de comunicación social o por Internet, la pena mínima posible es de dos años y medio. La Fiscalía cree que este régimen punitivo es demasiado "severo" y desproporcionado. "La experiencia demuestra que muchos de estos casos son cometidos por personas no pertenecientes a grupos u organizaciones criminales, y que insertan en las redes sociales comentarios profundamente ofensivos o humillantes para ciertos colectivos de personas por motivos racistas, xenófobos, religiosos, homófobos o de otro tipo, y que han podido actuar de forma impulsiva e irreflexiva", señala el ministerio público en su memoria. La Fiscalía advierte de que muchos de los autores de estos delitos están dispuestos a reconocer los hechos cuando se les identifica, pero la ley impide alcanzar con ellos un acuerdo de conformidad que implique la admisión del delito y evite el juicio debido a la gravedad de las penas previstas

La posibilidad de contemplar penas alternativas a la cárcel se sugirió en una directiva de la Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa. El ministerio público explica que estas alternativas podrían ser multas, pérdida de derechos políticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitan "su reinserción social mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas". La Fiscalía cita como ejemplo la obligación de visitar uno o más memoriales del Holocausto o desempeñar actividades en entidades y colectivos que representan a las víctimas.

La reforma de las penas para los delitos de odio se encuentra recogida en la memoria de la Fiscalía del año 2017. El documento aboga por otros cambios legales y resume la actividad de la institución el año pasado. Estos son algunos de sus apartados más destacados.

Actuaciones contra el proceso secesionista de Cataluña. El informe de la Fiscalía pasa de puntillas sobre la causa por rebelión abierta en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional a los líderes independentistas, ya que la querella del anterior fiscal general (José Manuel Maza, fallecido en noviembre pasado) se presentó el 30 de octubre y el grueso de las actuaciones se ha llevado a cabo en 2018. No obstante, el texto recoge un apartado específico sobre el conflicto catalán en el que el ministerio público resume su trabajo en la Fiscalía Superior de Cataluña, la Audiencia Nacional y el Supremo.

Las sentencias por terrorismo yihadista se disparan. La fiscalía de la Audiencia Nacional detalla que este tipo de causas representan ya más del 46% del trabajo de investigación del este organismo judicial. "La razón no es otra que el incremento de la actividad desde 2013, ante la irrupción del denominado terrorismo yihadista, cuya amenaza está siendo percibida como la más grave y preocupante de estos últimos años", resalta la memoria, donde se recoge que en 2017 se emitieron 20 sentencias por terrorismo islámico. Son las mismas que las dictadas durante los cinco años anteriores juntos.

"Descoordinación" policial en los atentados de Cataluña. El documento también resalta que, durante los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils del verano de 2017, se produjeron "algunas situaciones rayanas en la descoordinación entre cuerpos policiales". "En la gestión de la información y en la resolución del caso", sostiene la memoria, que incide en que "es necesario evitar en el futuro que se produzcan disfunciones de esta naturaleza".

Medidas de protección para los denunciantes de delitos de corrupción. La Fiscalía aboga por una medida de la que también se ha mostrado partidaria la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de carrera. La memoria de la institución recuerda que, en España, quienes no han participado en el delito de corrupción, pero han tenido conocimiento de su preparación o comisión por su proximidad al delincuente, no suelen denunciar. Las razones son varias: por desconfianza en la justicia, porque aspira a que el soborno que le han ofrecido a un competidor un día se lo ofrezcan a él o por evitar quedar estigmatizado "al romper ciertos códigos de silencio" que amparan estas conductas. "En otras ocasiones, cuando el delito se ha cometido en el ámbito empresarial en el que trabaja el posible denunciante, la inexistencia de una regulación protectora específica hace muy difícil confiar en una denuncia por parte de quien probablemente va a sufrir algún tipo de represalia por su conducta", recoge el texto.

La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 33 establece que cada Estado considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico medidas para proporcionar protección a las personas que denuncien hechos relacionados con estos delitos. España no ha atendido esta recomendación que también hace Transparencia Internacional y la Fiscalía considera que esta medida no puede demorarse más. El ministerio público pide "una regulación adecuada" de protección del denunciante, aproximándonos a otros países como Gran Bretaña o EE UU, país donde en materias relacionadas con la delincuencia económica o financiera existe la oficina del whistleblower en la Securities and Exchange Commission (SEC) o en el Department of Justice (DOJ) que incluso paga una cantidad al ciudadano que denuncia y facilita información relevante, como también hace la Internal Revenue Service (IRS) a quien identifica a un defraudador de impuestos, manteniéndose en todo caso su anonimato.

Incentivos a los arrepentidos. La Fiscalía Anticorrupción también propone que se establezca "algún tipo de ventaja o incentivo para conseguir que personas que han intervenido en el delito, a veces con un papel secundario, lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes". "De otro modo, resulta difícil que se produzca una denuncia que necesariamente implica el reconocimiento de la comisión de un delito por parte del propio denunciante", subraya la memoria, que califica de "insuficiente" la regulación española existente en ese sentido. Según detalla el ministerio público, pese a que el artículo 426 del Código Penal prevé cierta exención de pena para favorecer la colaboración de los arrepentidos, apenas se ha aplicado este precepto: "Quizá, en parte, por los problemas interpretativos que generan algunos de sus términos, pero, sobre todo, por el escaso plazo previsto para la denuncia -dos meses-".

59.594 billetes falsos. Los datos incluidos en el documento revelan que en España se retiraron de la circulación 59.594 billetes falsos en 2017, un 24% menos que durante el ejercicio anterior. El más falsificado es el de 50 euros, que suma el 48% de las incautaciones. "La media de España ha sido de 1,7 billetes falsos por cada mil habitantes, similar a la media europea", apostilla la memoria, donde se señala que también se interceptaron 32.806 monedas presuntamente falsas.

Anticorrupción denuncia la escasez de personal. La Fiscalía especializada en esta área resalta en su informe la "escasez" de la plantilla y la "necesidad" de que se incremente. Alerta de que la situación se encuentra "próxima a la saturación". "Con el riesgo cierto de caer en la ineficacia", subraya la memoria.

Crítica a la ley de plazos de Rajoy. Otro de los puntos que aborda la memoria es la reforma del artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), cuando gozaba de mayoría absoluta y se multiplicaban las causas de corrupción. Esta modificación fijaba límites máximos de 6 o 18 meses para la instrucción de sumarios, que solo puede ampliar el magistrado a instancia del ministerio público. Según subraya la Fiscalía Anticorrupción, este cambio legislativo no ha mejorado la investigación de estos macroprocesos. Además, María José Segarra, fiscal general del Estado, ya anunció que promoverá la derogación desde la institución que encabeza.

Aumento de las agresiones de menores a padres y hermanos. Las investigaciones abiertas contra menores se han reducido un 1,2% pero el ministerio público resta valor a este dato y lo considera "un simple ajuste de parámetros de registro". Sí cree "particularmente inquietante" el mantenimiento de la tendencia al alza de los asuntos de violencia doméstica contra los padres y hermanos, que ha experimentado una subida del 7,11 % (4.665 casos abiertos en 2017 frente a los 4.355 del año 2016). "No parece haber indicadores que permitan aventurar, a corto plazo, una solución a este problema, consecuencia de una crisis profunda en las pautas educativas y en los roles paterno filiales", señala el ministerio público.

La memoria de 2017 recoge un ligero descenso de las agresiones sexuales cometidas por menores (451 en 2017 frente a las 476 en 2016). Sin embargo, los abusos sexuales aumentan significativamente (935 en 2017 frente a los 795 de 2016), un dato que el ministerio público atribuye a la modificación legal que incrementó de 13 a 16 años la edad para prestar el libre consentimiento en las relaciones sexuales. "En todo caso, llama la atención la incidencia en el número de delitos de naturaleza sexual unida al uso inadecuado de las redes sociales, fenómenos que a veces van de la mano y que, en otras ocasiones, denotan la pervivencia de estereotipos machistas que debieran haberse superado. Es necesario que los recursos públicos estén orientados hacia la transmisión de una cultura sobre la conciencia de la intimidad, de la libre sexualidad y de la dignidad de la otra persona", advierte la Fiscalía.

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La Fiscalía propone penas alternativas a la cárcel para los tuiteros condenados por delito de odio

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La Fiscalía General del Estado propone reformar el Código Penal para rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos a través de las redes sociales.