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Frente al caso del pequeño Tomas Bravo y otros crimines contra niños, niñas y adolescentes que producen un total rechazo social es que sale a reflote la idea de la pena de muerte por parte de la sociedad como parte de la opinión publica.  ¿Qué demuestra esta opinión publica? Podríamos decir que demuestra un desconocimiento en materia de derechos humanos por parte de las personas, pero también podríamos decir que presenta un desconocimiento en materia del derecho a la vida, independiente de quien. Este debate también nos trae una duda ¿Cómo vemos la muerte?  ¿Es la muerte una especie de castigo? En lo personal creo que no, la muerte no es un castigo al igual que tampoco es una bendición, es lo que es. Nosotros le estamos dando un valor, al igual que la vida que muchos la ven como una bendición por eso ven a la muerte como algo preocupante u otros que ven la vida como un castigo por lo tanto ven la muerte como una salvación.
Este debate sobre la pena de muerte y la gente que la pide también nos hace dudar ¿Con tanta tranquilidad y seguridad se habla sobre quitar una vida? ¿Las personas que piden este castigo son capaces ellos mismos de quitar una vida? Hay distintos motivos por el que la pena de muerte no se aplica hoy en día sobre todo en Chile como la tasa de error donde a veces varios culpables de ciertos crímenes resultan inocentes o también que esta pena no asegura una reducción de delitos y también esta el motivo moral ¿Quiénes somos nosotros para decidir quien vive o quien muere? Puede ser que hoy en día el concepto de la muerte se haya vuelto superficial o también puede representar una sociedad en la cual ya no se estén preguntando a si mismos ciertas dudas existenciales, éticas y morales.

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El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.

Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.

"Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla", explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.

Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.

La autora del libro "Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos" aclaró que si bien la solicitud de esta pena "refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia", es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.

Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.

"Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es 'bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad'. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos", expresó Fernández.

En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas "pasionales" ante un hecho socialmente repudiado se deben a la "ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso".

"Hay peligros en este debate (...) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza", agregó.

Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.

"Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad ", indicó el sociólogo.

Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.

El rol de las autoridades y la educación

En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.

Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que "si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos". "Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente", agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.

Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan "una enorme irresponsabilidad". "Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica".

Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender "que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte".

Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.

"De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (...) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema", dijo la abogada Catalina Fernández.

Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.

"La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile".

El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.

"La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas", dijo.

A esto Mallea agregó: "La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia".

Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.

El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.

Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.

"Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla", explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.

Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.

La autora del libro "Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos" aclaró que si bien la solicitud de esta pena "refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia", es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.

Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.

"Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es 'bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad'. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos", expresó Fernández.

En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas "pasionales" ante un hecho socialmente repudiado se deben a la "ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso".

"Hay peligros en este debate (...) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza", agregó.

Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.

"Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad ", indicó el sociólogo.

Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.

El rol de las autoridades y la educación

En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.

Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que "si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos". "Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente", agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.

Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan "una enorme irresponsabilidad". "Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica".

Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender "que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte".

Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.

"De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (...) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema", dijo la abogada Catalina Fernández.

Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.

"La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile".

El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.

"La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas", dijo.

A esto Mallea agregó: "La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia".

Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.

El caso de Tomás Bravo remeció al país durante las últimas semanas. Su desaparición, y hoy la posible culpabilidad de su tío en su homicidio ha generado una ola de repudio a nivel nacional.

Sin embargo, al igual que ha ocurrido previamente en otros crímenes contra niños, niñas y adolescentes, el rechazo social y la petición de justicia han avanzado un paso más allá de lo común, desatando la petición social de la pena de muerte.

Dicha condena fue abolida en Chile en 2001, y a eso se suma que tratados internacionales a los que el país adhiere impiden reponerla.

"Desde el punto de vista de los derechos humanos, Chile ya asumió la obligación internacional de no restablecer la pena de muerte, y lo ha hecho en una serie de tratados internacionales. Lo hizo, por ejemplo, en un protocolo adicional a la Convención Americana de DD.HH, expresamente comprometiéndose a no restablecer la pena de muerte y lo hizo también en un protocolo adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entonces tenemos claramente una obligación de no reactivarla", explicó la abogada de la Universidad de Chile, Catalina Fernández.

Ante tal panorama, la discusión sobre restablecer la pena de muerte para delitos graves como el infanticidio no podría ser más que un debate simbólico, pero que, sin embargo, revela el descontento generalizado que hay con la aplicación de la justicia en el país, así como también un desconocimiento respecto de los derechos humanos, como el derecho a la vida, y su respeto en toda persona, indiferente cual sea su crimen.

La autora del libro "Los límites de la fuerza: mitos y verdades sobre los derechos humanos" aclaró que si bien la solicitud de esta pena "refleja es una tremenda frustración con la forma en que funciona nuestro sistema de justicia", es importante ante tal sensación avanzar en educar y explicar a la sociedad que la solución del problema radica en otro tipo de mecanismos, como pueden ser mejorar el sistema judicial, la aplicación efectiva de las penas o mejores herramientas de investigación para la policías.

Asimismo, Fernández dijo que ante la resurrección de un debate de este tipo se debe aprovechar la ocasión para explicar y aclarar a la sociedad por qué Chile no adhiere a la pena de muerte. La abogada explicó que la abolición de la pena de muerte se fundamenta principalmente en tres motivos: la moral, entendiendo que ningún ser humano es superior para quitar la vida a otro, también la tasa de error que mantiene el sistema judicial, que podría llevar a declarar la pena de muerte a personas inocentes y, por último, que dicha pena no tiene una real efectividad en reducir delitos.

"Este tipo de sanciones no reducen los delitos. Al final lo que la gente dice es 'bueno, tenemos un sistema de justicia que no funciona, tenemos estas personas que cometen delitos y luego salen en libertad'. Pero la pena de muerte no va resolver esos problemas, porque efectivamente países que tienen pena de muerte como algunos estados de EE.UU no tienen menores tasas de estos crímenes especialmente violentos", expresó Fernández.

En tanto, el sociólogo Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile, expresó que este tipo de respuestas "pasionales" ante un hecho socialmente repudiado se deben a la "ausencia de una reflexión mucho más crítica del problema de la niñez y, por otro lado, del problema de las penas respecto de quienes comentan algún tipo de abuso".

"Hay peligros en este debate (...) Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, jurídico o del cumplimiento de tratados internacionales no se sostiene plantear algo de esta naturaleza", agregó.

Según explicó el académico, si este tipo de temas y penalizaciones se pondrán sobre la mesa deben ser con altura de miras y con una fundamentación correcta y clara que permita abordar el tema con una amplia responsabilidad.

"Hay que tener bastante cuidado si vamos a plantear un debate como este. Aprovechar un hecho como el que ocurre estos días para plantear la pena de muerte me parece de una suma irresponsabilidad, entre otras cosas porque el debate no puede ser planteado en caliente, tiene que ser racional, resultado de una reflexión racional, resultado de estudios que evidencian una posible efectividad de una pena tan drástica como esa a nivel internacional y nacional. Plantearlo así como lo hemos visto durante estos días a través de los medios o de ciertos representantes del mundo político me parece de una enorme irresponsabilidad ", indicó el sociólogo.

Asimismo, aclaró que el análisis social no puede quedar centrado solo en la penalización, sino que debe existir de forma previa una análisis acucioso de las causales sociales que llevan a este tipo de delitos, para lograr entenderlos, lo que no significa llegar a justificarlos, sino más bien permite desde ahí comenzar a tomar acciones en la medida que la jurisdicción y la institucionalidad lo permitan.

El rol de las autoridades y la educación

En medio del repudio que generó la muerte de Tomás Bravo, figuras públicas no quedaron ausentes de las condenas al crimen, incluso entregando cuestionadas declaraciones.

Tal fue el caso del candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, quien declaró que "si fuera mi hijo, a mí lo que me nace es hacer justicia por mis manos". "Si eso le pasara a mi hija, la verdad es que me entrego al tiro, yo lo mato personalmente", agregó el ex diputado, que si bien luego explicó sus dichos y dijo ser contrario a la pena de muerte, de todas formas desató un amplio debate.

Sobre la gravedad de este tipo de declaraciones públicas, el sociólogo Octavio Avendaño expresó que reflejan "una enorme irresponsabilidad". "Habla muy mal de un sujeto que aparentaba ser una persona moderada, lo que hay ahí es una reacción lo menos moderada y mesurada, viniendo además de alguien que supuestamente tiene formación jurídica".

Pero Desbordes no ha sido la única figura pública en generar discusión ante hechos de connotación pública. En meses anteriores la entonces subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, a propósito del crimen de Ámbar Cornejo dijo entender "que se haya levantado el debate sobre la pena de muerte".

Asimismo la ex legisladora Lily Pérez en ese entonces también dijo estar de acuerdo establecer dicha pena para delitos de mayor gravedad como el parricidio.

"De parte de ellos uno tiene que exigir un mensaje claro de que la pena de muerte está prohibida, que no se puede restaurar y que por eso es super problemático que tengamos este tipo de declaraciones (...) En la sociedad en general debemos tener autoridades y personas de influencia que utilicen su posición para enseñar sobre estos temas, y no para desinformar o acudir a reclamos populistas de un porcentaje de la población que quiere una solución inmediata y radical que no va a resolver ningún problema", dijo la abogada Catalina Fernández.

Por su parte, el abogado Rodrigo Mallea, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló sobre el rol de las autoridades en este tipo de discusiones que es preciso aclarar posiciones para desde la transparencia generar diálogos y, en especial, medidas que permitan contener los delitos en Chile pero siempre desde el respeto de los derechos humanos.

"La primera postura o acción debe ser tomar posición, desde dónde nos posicionamos ante la pena de muerte, porque hay algunas personas que por ganar adhesión social coquetean con esta idea de aumentar las penalidades o bien personas populistas que promueven el aumento de penas para responder a estas situaciones. Entonces yo creo que tienen que transparentarse las posturas para que se dé un debate fundamental, pero ese debate nunca va a poder sopesar los avances en derechos humanos que ha tenido Chile".

El hoy candidato a constituyente por el distrito 9 en representación del Frente Amplio agregó que dado que debates como la búsqueda de la pena de muerte responden, en su opinión, a la desconfianza que hay hacia las autoridades y su resolución de los problemas, es necesario avanzar en el establecimiento de políticas más efectivas y preventivas.

"La gente responde a esto como una solución inmediata a una cuestión que hemos ignorado profundamente como sociedad, que es el mejoramiento de cómo comprendemos las penas en nuestra sociedad, y también el sistema penal en su conjunto. La delincuencia claramente tiene que acabarse pero no a costa de un asesinato masivo de personas", dijo.

A esto Mallea agregó: "La política que tiene que adoptar el Ejecutivo y Legislativo para fomentar soluciones estructurales dice relación con una política preventiva del delito, una cuestión que no sea solo llegar tarde, llegar a los medios de comunicación sino hacer el trabajo que muchas veces requiere poner en establecimientos educativos un parte curricular respecto a los temas de prevención del delito por ejemplo, fomentar oportunidades laborales para personas que lamentablemente delinquen. Y finalmente una política preventiva que también entregue herramientas educativas a las personas para buscar otras alternativas que no sea la delincuencia".

Dado que la reforma constitucional que permitió el proceso constituyente estableció que la convención tiene como límite los tratados internacionales, ni siquiera una nueva Constitución podría restablecer la pena de muerte. Esto solo podría ocurrir si es que los constituyentes decidieran romper dicho límite, acción que no solo requeriría un amplio acuerdo, sino también podría exponer a Chile a juicios internacionales en el futuro.

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Pena de muerte en Chile, un debate sin futuro resucitado desde el descontento social

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Durante los últimos días en la opinión pública ha reflotado la idea de aplicar pena de muerte para delitos graves, sin embargo, convenios internacionales impiden a Chile volver a imponer esta condena.

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"Porque Dios en su naturaleza también es relación, según nos enseña la fe en la Trinidad. Así pues, la relación de la persona es, en primer lugar, interpersonal, pero también ha sido configurada como una relación hacia lo Infinito, hacia la Verdad, hacia el Amor”.

Las palabras de Ratzinger hacen referencia a la forma que  existe hoy en día de profesar el sentimiento hacia Dios. En resumidas cuentas, para Ratzinger Dios es la muestra fiel y clara de que existe el Amor para los seres humanos, comprendido como un amor que trasciende los límites de lo temporal o de lo físico.

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".. la vida constituye también un problema fundamental en sí misma. Tanto así, que una vida sin muerte podría constituir para muchos -o quizás para todos- un problema mayor que el que plantea la perspectiva de morir."

Esta frase de Antonio Bentué la podemos entender fácilmente como la eterna pregunta del sentido de la vida. Pero además plantea que la vida misma puede ser un problema en si, se puede convertir en algo indeseado para algunos. Incluso una vida sin muerte, que lo entendemos como una vida eterna, puede ser algo peor o mas problemático que la misma muerte en si. La vida nos hace preguntarnos ¿para que vivimos?, ¿vivimos para ser libres o vivimos para cumplir las responsabilidades que conlleva por ejemplo pertenecer a una sociedad?. Una persona con una vida monótona o repetitiva hasta su muerte, ¿esta viviendo o malgasta su vida? Aquí nos encontramos frente a una problemática, la cual es la vida en si, con el ejemplo que dimos anteriormente de una vida monótona y repetitiva, ¿la muerte seria una salvación o algo que rompa el ciclo?. Una vida sin muerte nos permitiría hacer todo lo que queramos, pero cuando eso pase, ¿Qué haremos después?
Puede ser incluso que si la vida constituye un problema en si mismo, nos ayudaría a darle un sentido nosotros mismos y crear en nosotros la duda, ¿Qué es lo que hago con mi vida? Así darle nosotros un significado. Ya que personalmente creo que hay una belleza en la vida, que si bien tiene un final, eso la hace mas valiosa; pensar que es única.

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"Soy, soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que se robaron"

Esta canción invita a reflexionar sobre la historia de la América Latina sometida siempre al poder hegemónico de los países más poderosos. Se puede ver retratada la sociedad latinoamericana visto como un "algo" que se puede explotar, robar recursos naturales, vulnerar la vida, y no como un "Alguien", dotado con derechos humanos básicos, libertades; simplemente visto como un ser social. "Obra de tal modo que tomes la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio.” Kant, I. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, II. (1785) Latinoamérica, y su población, no debe ser nunca el medio -en este caso de riqueza-, pero lo sigue siendo.

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La creación de Adán, Miguel Angel (1511).
Es curioso pensar que durante siglos el Ser Humano ha buscado representar a Dios de una u otra forma. Miguel Ángel, en una época que buscaba el análisis a fondo del Ser Humano,  logró representar una visión personal en torno a la figura de Dios, siendo no menor la postura corporal tanto de Dios como de Adán, quienes por más que se alejen, siempre estarán atentos uno del otro.

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Para referirme al tema de "El ser humano y su relación con los demás", he querido hacerlo reflexionando sobre la frase "El fin justifica los medios". Esta se le suele atribuir a Nicolás Maquiavelo en su  tratado político  "El príncipe" de 1513, más nunca lo dijo textualmente, sino que él menciona en el capitulo XVIII: "En las acciones de los hombres, y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos."
Esta frase me parece muy importante, ya que es un medio de justificación que suele usar la sociedad, para evadir responsabilidades éticas y morales frente a los demás, con respecto a nuestras propias acciones en busca del logro de nuestros objetivos. La corrupción por parte de políticos, vulnerando derechos de la sociedad común, en busca de intereses particulares, es algo que vemos todos los días, en todos los países y variadas sociedades.
Si recordamos lo que decía Aristóteles, sobre que "la palabra (lógos) es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto" -pensando esto dentro de una comunidad social- y que el hombre es un ser social por naturaleza, esta frase nos demuestra como se rompe este patrón de "sana convivencia" entre iguales, y los niveles sociales, jerárquicos, son suficientes para ejercer poder sobre un otro, siendo justificables las acciones dependiendo de quien venga; en el caso de Maquiavelo, desde una autoridad.

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"El fin no puede justificar los medios, por la sencilla y clara razón de que los medios empleados determinan la naturaleza de los fines obtenidos"

Aldous Huxley

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Creo que esta situación, la forma en como se expresa José Piñera con respecto a un sistema de pensiones, donde hablamos de la jubilación y vejez a donde todos vamos a llegar, me parece que ejemplifica la frase "El fin justifica los medios", todo esto en relación con la idea de que el ser humano no es algo, sino que es alguien. El comparar un sistema que lucra con el sustento de vida de miles de personas, con un auto de lujo, donde los ahorros de la gente pasan a ser la "bencina" de ese auto, me parece realmente una falta gravísima en nuestra relación como seres humanos y nuestra obligación moral con un otro.

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Quedaban poco segundos para que se terminara la nota introductoria de la edición de El Informante y el ex ministro José Piñera amenazó al conductor del programa, Juan Manuel Astorga, con pararse e irse.

El tenso momento -provocado por el sesgo, que según Piñera, tenía la nota de apertura contra el sistema de pensiones- es un buen reflejo de cómo fue el redebut en los medios de comunicación del ex secretario de Estado luego de su anunciado retorno al país para defender el modelo de jubilaciones.

En los cerca de casi 45 minutos que duró la entrevista, varias veces Piñera y Astorga se enfrascaron en fuertes discusiones, tanto que el creador del sistema de pensiones, pese a que así lo había anunciado, no hizo públicas sus propuestas para perfeccionarlo, argumentando que "el sesgo que tenía el programa", le obligaba a defender el sistema.

A tal punto llegaron las fricciones, que ni siquiera varias horas después de la grabación de la entrevista -la que fue emitida cerca de la medianoche- Piñera, sus asesores y los miembros del equipo del programa lograron ponerse de acuerdo.

El ex ministro y sus colaboradores se contactaron con Astorga y con integrantes del Informante para explorar la posibilidad de repetir la grabación para, ahora sí, "dar a conocer sus propuestas", lo que fue rechazado por el conductor -que además es el productor ejecutivo- y los otros miembros el espacio. Ante esto, Piñera optó por asistir en horario prime a Mega, donde sí entregó sus iniciativas (ver recuadro), por lo que TVN decidió adelantar parte de la entrevista y difundirla en su noticiario central, 24 Horas, pocos minutos después de las 21.00.
El Mercedes Benz
En medio de las discusiones con Astorga, que incluyeron un debate por la denominación de Augusto Pinochet como "Presidente" o "dictador", Piñera igual planteó algunas ideas.

Así lo hizo, por ejemplo, cuando fue interpelado por los bajos montos de las pensiones. El ex ministro echó mano a una suerte de metáfora, comparando el sistema de pensiones con un auto de lujo. "El sistema de pensiones es un Mercedes Benz, es un auto extraordinario, bien hecho, sofisticado, perfectible, pero sofisticado, extraordinario, por eso dura 36 años, por eso se exporta a 30 países". Y siguió: "Los Mercedes Benz necesitan bencina para manejar, para funcionar. Entonces si me estás diciendo, si alguien parte a Arica en el Mercedes Benz y si no hecha bencina y llega a La Serena, tú me dices el Mercedes está malo, no. Obviamente que si una persona no ha ahorrado, como esas mujeres que han ahorrado un mes, tiene una pensión baja", dijo.

El argumento más repetido a lo largo de la entrevista apuntó a que pese a los cuestionamientos que se hacen al sistema de pensiones, este gobierno ni los anteriores han presentado propuestas para cambiarlo.

"Si se dice que el sistema es malo y toda la prensa repite que el sistema es malo, cómo la gente en la calle no va a decir que el sistema es malo, qué quieres que diga. Entonces estamos viviendo una mentira, Juan Manuel, y esa mentira está llevando al descontento y la frustración y a las marchas. Esto es muy peligroso. Tú no puedes tener un país en el que por 26 años digas A y hagas Z, cuál es Z, que no has cambiado el sistema en 26 años. Ahora que tengo que ver yo si yo dejé Chile hace 35 años. Este es un sistema que ya es de la Presidenta Bachelet, ya es del Presidente Lagos, ya es del Presidente Frei", dijo.

"Por supuesto que el sistema es perfectible, si yo lo he dicho mil veces. Todo es perfectible. Pero ¿quién tiene que tomar el liderazgo de ese cambio? El gobierno de Chile, para eso elegimos gobierno, para eso pagamos congresistas. Aquí llevamos 26 años con este sistema ¿por qué no han cambiado el sistema Juan Manuel?, ¿por qué no cambia la Presidenta el sistema?", agregó.

De paso, aprovechó de descartar una posible segunda candidatura por La Moneda. "Yo jamás voy a ser candidato. Una vez fui candidato testimonial. Lo hice para defender el modelo económico social, las modernizaciones y la Constitución", aseveró.

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José Piñera: "El sistema de pensiones es un Mercedes Benz, es un auto extraordinario" - La Tercera

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Quedaban poco segundos para que se terminara la nota introductoria de la edición de El Informante y el ex ministro José Piñera amenazó al conductor del programa, Juan Manuel Astorga, con pararse e irse.

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"Dios no habla, pero todo habla de Dios"
-Julien Green

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Recordando esta frase de Kant vista en clase, “Ley fundamental de la razón práctica pura: Obra de modo tal que la máxima de tu voluntad pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal.” (Kant, I. Crítica de la razón práctica, I. 1.)(1788)  me parece que este documental muestra como el ser humano es el responsable de obrar bajo principios que no vulneren los derechos de un otro, y que tiene el control de hacer lo bueno y lo malo por medio de su propia voluntad.
Este documental muestra como los derechos de los trabajadores del cacao están siendo vulnerados en todos los sentidos básicos de la sana convivencia entre pares, y a su vez podemos evidenciar como las grandes empresas chocolateras justifican esto, haciendo alusión a que se ha invertido en fiscalización laboral, cuando no es cierto. Lo importante es notar que las grandes corporaciones no tienen la voluntad moral de obrar correctamente, porque a casi nadie le importan estas personas. La sociedad sigue viendo el producto que desean consumir en las estanterías de supermercados. O sea, "el fin justifica los medios".

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El chocolate - Un negocio amargo | DW Documental