# data[].attributes.body
Es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Perú en 1978.

# data[].attributes.body
Proteger y garantizar los derechos fundamentales del ser humano, promoviendo el respeto a la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, sin distinción alguna.

# data[].attributes.body
Tiene valor constitucional según el artículo 55° de la Constitución peruana.

Las normas del PIDCP pueden ser invocadas ante tribunales peruanos.

Refuerza la protección de los derechos humanos en casos de abuso estatal o impunidad.

# data[].attributes.body
ART. 1: Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, es decir, a elegir libremente su estatus político y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural.

# data[].attributes.headline
PARTE II: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTE

# data[].attributes.subject
PARTE II: OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS PARTE

# data[].attributes.body
ART. 2:

Los Estados deben garantizar los derechos del Pacto a todas las personas en su territorio y bajo su jurisdicción sin discriminación por motivos como raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, situación económica u otra condición.

Cada Estado debe crear leyes u otras medidas necesarias para garantizar los derechos del Pacto, si aún no están protegidos por su legislación.

a) Toda persona cuyos derechos sean violados debe poder acceder a un recurso efectivo, incluso si la violación proviene de un funcionario del Estado.
b) Debe haber una autoridad competente (judicial u otra) que resuelva ese recurso.
c) El Estado debe cumplir las decisiones tomadas a favor de la persona afectada.

ART. 3:

Los Estados deben garantizar a hombres y mujeres el igual goce de todos los derechos civiles y políticos reconocidos en el Pacto.

ART. 4:

En emergencias extremas (que amenacen a la nación y hayan sido oficialmente declaradas), los Estados pueden suspender ciertos derechos, pero solo en la medida estrictamente necesaria, y sin discriminar por motivos como raza, sexo o religión.

ART. 5:

Nadie puede usar este Pacto para justificar la destrucción o restricción excesiva de los derechos reconocidos en él.

# data[].attributes.body
Artículos 28 al 45:

Se crea un Comité de Derechos Humanos para vigilar que los países cumplan con lo que dice el pacto.

Los países deben enviar informes regularmente contando qué están haciendo para proteger los derechos.

Se permite que un país denuncie a otro si no cumple el pacto, y si el país acepta un protocolo adicional, las personas también pueden presentar quejas si sienten que se violaron sus derechos.

# data[].attributes.headline
PARTE III : DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

# data[].attributes.subject
PARTE III : DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

# data[].attributes.body
a. Derecho a la vida

Artículo 6: El derecho a la vida es inherente al ser humano y debe estar protegido por la ley.

b. Prohibición de la tortura

Artículo 7: Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

c. Libertad y seguridad personal

Artículos 9 y 10:

Prohíben la detención arbitraria.

Las personas detenidas deben ser tratadas con humanidad y respeto a su dignidad.

d. Derechos procesales

Artículos 14 y 15:

Derecho a un juicio justo y público.

Presunción de inocencia.

No se puede condenar a una persona por actos que no eran delito al momento de cometerse.

e. Libertades fundamentales

Libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 18).

Libertad de expresión (Art. 19).

Libertad de reunión pacífica (Art. 21).

Libertad de asociación (Art. 22).

f. Derechos políticos

Artículo 25:

Derecho a votar y ser elegido en elecciones libres.

Derecho a participar en los asuntos públicos.

g. Protección de las minorías

Artículo 27:

Las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas tienen derecho a disfrutar de su cultura, religión y lengua.

# data[].attributes.body
Nadie puede usar este Pacto para justificar la destrucción o restricción excesiva de los derechos reconocidos en él.

Ningún Estado puede restringir derechos que ya existían (por leyes u otras normas) usando como excusa que el Pacto no los reconoce o los reconoce en menor medida.