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MANRIQUE GUTIERREZ, ALANNIS

0009-0009-5781-2118

LÓPEZ SALAZAR, GABRIEL

0009-0006-8679-8851

ESCUDERO MANCO, ZUSETTE ARIANA

0009-0002-1352-2265

BECERRA BÉCHET, LEONARDO

0009-0009-9826-7910

ANYACO CASTRO, MAURICIO ANTONIO

0009-0003-9842-8995

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1. Sentencia 74/2023:

En esta sentencia, el Tribunal declaró fundada la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial, argumentando que diversas resoluciones judiciales habían menoscabado las atribuciones constitucionales del Congreso. La corte enfatizó la importancia de la separación de poderes y el respeto a las funciones exclusivas del Legislativo, lo que garantiza un equilibrio en el sistema democrático.

2. Sentencia 248/2023:

Esta decisión abordó la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad y reafirmó que las resoluciones judiciales deben respetar el derecho al debido proceso. El Tribunal consideró que la falta de motivación adecuada en las resoluciones judiciales vulneraba derechos fundamentales, lo que resalta la importancia de garantizar un proceso justo y equitativo para todos los ciudadanos.

3. Sentencia 23/2024:

En este caso, se declaró inconstitucional la suspensión del pago de pensiones por parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), argumentando que tal acción carecía de respaldo normativo adecuado. Esta sentencia subraya la protección del derecho a la pensión como un derecho fundamental, asegurando que cualquier suspensión debe estar debidamente regulada por una ley.

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Estamos de acuerdo con los fallos mencionados por diversas razones. En primer lugar, el fallo 74/2023 refuerza el principio clave de la separación de poderes, indispensable para el funcionamiento de la democracia. Si el Poder Judicial interfiere en competencias exclusivas del Congreso, podría erosionarse la democracia y surgir una posible tiranía judicial. En segundo lugar, el fallo 248/2023 es esencial para garantizar que los procesos judiciales sean equitativos y transparentes. La ausencia de justificación en las decisiones judiciales puede dar lugar a abusos y a una pérdida de confianza en el sistema. Finalmente, el fallo 23/2024 protege derechos fundamentales al declarar inconstitucionales ciertas acciones administrativas que carecen de un marco legal definido, lo cual es crucial para asegurar el respeto de los derechos económicos y sociales de los ciudadanos. Estos fallos no solo fortalecen las garantías constitucionales, sino que también promueven un estado de derecho más sólido y equitativo en Perú.

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Tribunal Constitucional (2022). Pleno. Sentencia 74/2023. Gob.pe. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/00003-2022-CC.pdf

Tribunal Constitucional (2023). Pleno. Sentencia 248/2023. Gob.pe. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2023/02322-2021-AA.pdf

Tribunal Constitucional (2024). Pleno. Sentencia 23/2024. Gob.pe. https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/02903-2023-AA.pdf

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La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú de 1993. Su principal función es defender y promover los derechos fundamentales de las personas y la comunidad, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

Además, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos.

Cómo y Cuándo Fue Creada

La Defensoría del Pueblo en el Perú fue creada por la Constitución Política de 1993. Este órgano se inspira en el modelo del Ombudsman, que surgió en Suecia más de 200 años atrás. En el Perú, la Defensoría tiene sede en Lima y cuenta con representación en todo el territorio nacional.

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Artículos constitucionales que tratan sobre la Defensoría del Pueblo

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Artículos constitucionales que tratan sobre la Defensoría del Pueblo

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1. Artículo 161: Establece que la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo. Los órganos públicos están obligados a colaborar con ella cuando esta lo requiera.

2. Artículo 162: Detalla las funciones y atribuciones de la Defensoría del Pueblo, incluyendo la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad.

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Defender los derechos fundamentales: Protege los derechos constitucionales y fundamentales de las personas y la comunidad

Supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal: Asegura que las autoridades públicas cumplan con sus obligaciones

Supervisar la prestación de los servicios públicos: Garantiza que los servicios públicos se proporcionen de manera adecuada y eficiente

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Nuestra institución. (s. f.). Defensoria del Pueblo - Perú. https://www.defensoria.gob.pe/quienes-somos/

Defensor del pueblo: ¿qué funciones tiene y cómo se elige? (16 de octubre de 2021). La República.pe. https://larepublica.pe/politica/2021/10/15/defensor-del-pueblo-que-funciones-tiene-y-como-se-elige-congreso-de-la-republica-maria-del-carmen-alva-ministerio-publico-defensoria-del-pueblo

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Ley Nº 26520 (s.f.). https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Ley-Organica.pdf

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Artículos constitucionales sobre la Acción de Cumplimiento:

Artículo 200, inciso 6 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece la acción de cumplimiento como uno de los mecanismos de defensa de los derechos constitucionales. Permite a cualquier persona exigir ante el Poder Judicial el cumplimiento de una norma o acto administrativo de cumplimiento obligatorio, siempre que una autoridad o funcionario se niegue a cumplirlo o lo incumpla sin justificación. La acción de cumplimiento es clave para reforzar el principio de legalidad en el país.

Artículo 139, inciso 3 de la Constitución: Aquí se menciona el principio de la independencia de los poderes y se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que incluye la posibilidad de recurrir a la acción de cumplimiento. El artículo resalta que ningún poder del Estado puede desconocer las decisiones judiciales, lo que está directamente relacionado con la eficacia de la acción de cumplimiento.

Ejemplos de la acción de cumplimiento en los medios de comunicación digitales:

Ejemplo 1: Implementación de políticas ambientales en una municipalidad. Un reciente caso involucró a un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción de cumplimiento contra una municipalidad que había aprobado un plan de ordenamiento territorial con medidas ambientales, pero no había ejecutado dichas políticas. El caso fue cubierto en medios locales como La República y culminó con la obligación del municipio de cumplir con el plan aprobado.

Ejemplo 2: Falta de entrega de material educativo por parte del Ministerio de Educación. En El Comercio, se publicó un informe sobre una acción de cumplimiento presentada por asociaciones de padres de familia contra el Ministerio de Educación, exigiendo la entrega oportuna de material escolar en zonas rurales. El fallo del Poder Judicial ordenó al Ministerio cumplir con la entrega, respetando los plazos establecidos.

La acción de cumplimiento es importante porque fortalece el Estado de Derecho, garantiza la efectividad de las decisiones administrativas y protege a los ciudadanos de la inacción o negligencia de las autoridades públicas.

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Noticias y funciones constiucionales de la Defensoría del Pueblo

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Noticias y funciones constiucionales de la Defensoría del Pueblo

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Supervisión de condiciones de hospitales y defensa de los derechos a la salud: La Defensoría del Pueblo en Perú ha realizado visitas a varios hospitales en regiones como Ica y Lima para verificar las condiciones de atención médica. Esta acción responde a la función de supervisar y garantizar el respeto de los derechos a servicios públicos esenciales, como la salud, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Se emitieron recomendaciones para mejorar los servicios y asegurar un trato adecuado a los pacientes​.

Acción contra la vulneración de derechos laborales: La Defensoría del Pueblo también ha intervenido en casos de violación de derechos laborales en el sector público, como la precariedad en contratos de trabajadores en la administración pública. Este tipo de intervenciones busca garantizar el respeto a los derechos laborales y condiciones de trabajo dignas para los servidores públicos​.

Protección de derechos de comunidades indígenas y medio ambiente: La Defensoría del Pueblo ha participado activamente en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, especialmente en la Amazonía peruana. Un caso reciente incluye la intervención en conflictos entre comunidades indígenas y empresas mineras o petroleras para garantizar la consulta previa y proteger el medio ambiente​.

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Lr, P., & Lr, P. (2021, 16 octubre). Defensor del pueblo: ¿qué funciones tiene y cómo se elige? La República.pe. https://larepublica.pe/politica/2021/10/15/defensor-del-pueblo-que-funciones-tiene-y-como-se-elige-congreso-de-la-republica-maria-del-carmen-alva-ministerio-publico-defensoria-del-pueblo

Vasquez, L., & Vasquez, L. (2023, 18 mayo). Defensor del Pueblo: Pleno del Congreso elige a Josué Gutiérrez con 88 votos. La República.pe. https://larepublica.pe/politica/congreso/2023/05/16/pleno-del-congreso-en-vivo-votacion-y-resultado-eleccion-nuevo-defensor-del-pueblo-entre-josue-gutierrez-y-jorge-rioja-defensoria-del-pueblo-peru-892800

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La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control constitucional que permite impugnar las normas con rango de ley que vulneren la Constitución. Su finalidad es salvaguardar la supremacía constitucional, garantizando que las leyes y normas emitidas por el poder legislativo y otras autoridades respeten los principios y derechos establecidos en la Constitución. En el Perú, la Constitución Política de 1993, en su artículo 200, inciso 4, establece la acción de inconstitucionalidad como un recurso dirigido al Tribunal Constitucional, facultando a diversas entidades, como el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, y un porcentaje de congresistas, entre otros, a interponer esta acción. Además, el artículo 202 atribuye al Tribunal Constitucional la competencia exclusiva para resolver estos casos.

La acción de inconstitucionalidad es vital para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado y proteger los derechos fundamentales, evitando que leyes contrarias a la Constitución afecten a la sociedad. Un ejemplo destacado en los medios ocurrió en 2021, cuando el Tribunal Constitucional del Perú declaró inconstitucional una ley que permitía la devolución de los aportes a las

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), argumentando que afectaba la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Otro caso relevante fue la acción de inconstitucionalidad presentada en 2022 contra una norma que intentaba restringir la libertad de prensa, la cual fue anulada por el Tribunal, garantizando así el derecho a la libertad de expresión. Estos ejemplos muestran cómo este recurso defiende principios constitucionales claves frente a normas que pueden ser perjudiciales para los derechos fundamentales o el orden constitucional.

Fuentes en formato APA:

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Tribunal Constitucional del Perú. (2015). El control de constitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad en el sistema jurídico peruano. Recuperado de https://www.tc.gob.pe

Constitución Política del Perú. (1993). Constitución del Perú. Congreso de la República del Perú. Recuperado de https://www.congreso.gob.pe

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La acción popular es un mecanismo constitucional que permite a cualquier ciudadano impugnar normas de carácter general, como reglamentos, resoluciones administrativas, o decretos, que sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Esta acción, regulada en el artículo 200, inciso 5, de la Constitución Política del Perú de 1993, es esencial para proteger la legalidad y garantizar que los actos normativos emitidos por las autoridades no vulneren el marco constitucional ni las leyes vigentes. A diferencia de otras acciones, como la de amparo o inconstitucionalidad, la acción popular se concentra en el control de la legalidad de las normas de menor rango, como las ordenanzas municipales o los decretos supremos.

La acción popular es importante porque permite a la ciudadanía ejercer un control directo sobre la legalidad de las normas que rigen su vida cotidiana, sin necesidad de demostrar un perjuicio directo. Esto fortalece la participación democrática y asegura que las autoridades públicas respeten el principio de legalidad en la emisión de sus normas. Un ejemplo reciente en los medios fue la presentación de una acción popular en 2022 contra una ordenanza municipal que restringía el uso de bicicletas en determinadas áreas de Lima, la cual fue declarada inválida por los tribunales al contravenir derechos relacionados con el transporte sostenible. Otro caso fue la acción popular que anuló un reglamento emitido por el Ministerio de Salud que limitaba el acceso a medicamentos genéricos, lo que permitió salvaguardar el derecho a la salud. Estos ejemplos muestran cómo esta acción es un instrumento fundamental para la defensa de los derechos y la legalidad.

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Tribunal Constitucional del Perú. (2015). La acción popular como mecanismo de control de la legalidad en el sistema jurídico peruano. Recuperado de https://www.tc.gob.pe

Constitución Política del Perú. (1993). Constitución del Perú. Congreso de la República del Perú. Recuperado de https://www.congreso.gob.pe