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1991- Constitución Política de Colombia-hace un claro reconocimiento al multiculturalismo.

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1991- Constitución Política de Colombia-hace un claro reconocimiento al multiculturalismo.

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La reforma constitucional colombiana de 1991, en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (artículos 1, 7, 8, 10, 13, 63, 68, 70, 72, 93, 96, 171, 176, 246, 286, 287, 321, 329, 330, 356, y el Transitorio 55, 56 entre otros),
El multiculturalismo quedó visiblemente plasmado en la Constitución de 1991, mediante tres principios: El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural (Artículo 7). En segundo lugar, el reconocimiento de la igualdad y la dignidad de todas las culturas que conviven en el país (Art. 70). Y en tercer lugar, el principio de la autonomía administrativa y judicial consagrada en los artículos 246 y 330, respectivamente ( Moreno, 2011)

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Ley 70 de 1993- Reconocer a las comunidades Negras

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Ley 70 de 1993- Reconocer a las comunidades Negras

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Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva.

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Ley 115 de 1994- Capítulo 3-Educación para grupos Etnicos

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Ley 115 de 1994- Capítulo 3-Educación para grupos Etnicos

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Se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.  Comprende este capitulo desde el art 55 hasta el art 63 lo que compete a los etnoeducadores.

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Decreto 804 DE 1995- por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.

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Decreto 804 DE 1995- por el cual se reglamenta la atención educativa para grupos étnicos.

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Que la Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes;

Que la Constitución Política de Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural;

Que la Ley 115 de 1994 prevé atención educativa para los grupos que integran la nacionalidad, con estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos, y que se hace necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones,

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Decreto 1397 de 1996-Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas 

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Decreto 1397 de 1996-Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas 

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(Agosto 8) "Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones." EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, En uso de las facultades que le concede el numeral 11 del artículo 189de la Constitución Política, en virtud de lo dispuesto por la Ley 21 de 1991 y el artículo 1. del Decreto - Ley 1050 de 1968 y en cumplimiento del parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política, DECRETA:
ARTÍCULO 1°. COMISION NACIONAL DE TERRITORIOS INDIGENAS. Créase la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, integrada por:

1. El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

2. El Gerente General del INCORA o su delegado.

3. El Subgerente de Planeación del INCORA.

4. El Jefe de la División para la Atención de Comunidades Indígenas y Negras del INCORA.

5. Un delegado del Ministro del Interior.

6. El jefe de la Unidad de Desarrollo Agropecuario del Departamento Administrativo de Planeación Nacional.

7. El Director General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

8. El Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC o un delegado por el Comité Ejecutivo.

9. El Presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC o un delegado por el Comité Ejecutivo.

10. Un delegado por la Confederación Indígena Tairona.

11. Un delegado por cada macrorregión Corpes o las Regiones Administrativas de Planificación que se conformen de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución Política, seleccionados por las organizaciones indígenas de la respectiva región.

PARÁGRAFO. Los Senadores indígenas y los exconstituyentes indígenas serán invitados permanentes a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

1. Acceder a la información consolidada sobre gestión del INCORA respecto de resguardos indígenas durante el período 1980-1996.

2. Acceder a la información y actualizarla, sobre necesidades de las comunidades indígenas para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardo; solicitudes presentadas, expedientes abiertos y estado de los procedimientos adelantados.

3. Concertar la programación para períodos anuales de las acciones de constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de resguardos y saneamiento y conversión de reservas indígenas que se requieran de acuerdo con la información a que se refiere el numeral anterior, para su ejecución a partir de la vigencia presupuestal de 1997; priorizando las siguientes:

a) Saneamiento de resguardos indígenas constituidos en las zonas de reserva forestal de la Amazonia y del Pacífico dentro del plazo establecido en el parágrafo 4o. del artículo 85 de la Ley 160 de 1994;

b) Ampliación, constitución y/o saneamiento de resguardos para pueblos indígenas amenazados: Chimila, Nukak, Yukpas, Kofan, Embera de Risaralda (Caldas), pueblos indígenas de Arauca, la comunidad Kuti del Río Tolo en el Departamento del Chocó y la conversión de reservas en resguardos y su saneamiento;

c) Para las comunidades indígenas del Tolima: Constitución de resguardos en los predios del Fondo Nacional Agrario que hayan sido entregados y los que posean tradicionalmente; y adelantar el programa de adquisición de tierras.

4. Preparar un estimativo de los costos por períodos anuales de las actividades programadas de acuerdo con el numeral anterior, para realizar los estudios socioeconómicos, adquisición de predios y mejoras, adecuación institucional, requerimientos técnicos, inscripción de títulos, etc., y señalar los presupuestos necesarios para cada una de las vigencias fiscales.

5. Presentar al Gobierno Nacional la partida necesaria para la ejecución del cronograma durante el primer año para que éste gestione en el Congreso de la República su inclusión en el proyecto de ley de presupuesto, vigencia fiscal de 1997.

6. Bajo el criterio de la obligación del Estado de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación y del ordenamiento de los territorios indígenas, analizar las normas de la legislación agraria atinentes a resguardos indígenas y recomendar las modificaciones que se requieran para superar los principales obstáculos que se presentan a fin de darle cumplimiento a la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas y el saneamiento y conversión de reservas indígenas.

7. Recomendar las modificaciones que requiera el Acuerdo 13 de 1995 de la Junta Directiva del INCORA y presentarlo para su aprobación.

8. Hacer el seguimiento a la ejecución de la programación del INCORA para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, y saneamiento y conversión de reservas a partir de la fecha de expedición del presente Decreto.

PARÁGRAFO 1°. El cumplimiento de los compromisos adquiridos en desarrollo de los convenios o acuerdos suscritos por el Gobierno o el INCORA, con organizaciones o pueblos indígenas, se hará conforme a los cronogramas y demás contenidos de los acuerdos.

PARÁGRAFO 2°. Para el cumplimiento de las funciones de que tratan los numerales 1o., 2o., 3o., 4o. y 7o. del presente artículo la Comisión Nacional de Territorios Indígenas dispondrá del término de cuatro (4) meses, a partir de la fecha de expedición del presente Decreto.

Cuando el INCORA requiera contratar profesionales, técnicos y promotores para la realización de estudios socio económicos u otras labores relacionadas con comunidades indígenas, concertará con éstas y sus autoridades y organizaciones los términos de referencia y el perfil del personal.

La Comisión gestionará ante las entidades competentes todas las medidas necesarias para la defensa y protección de la integridad de los territorios indígenas.

Cuando de los estudios, o a consideración de la autoridad ambiental o del seguimiento con la participación de las comunidades afectadas, sus autoridades y organizaciones, se desprenda que se puede causar o se está causando desmedro a la integridad económica, social o cultural de los pueblos o comunidades indígenas, se negarán, suspenderán o revocarán las licencias, mediante resolución motivada.

Aparte tachado declarado nulo por el consejo de Estado, Sección Primera, mediante Sentencia de octubre 11 de 1998, Expediente 4374.

ARTICULO 10°. MESA DE CONCERTACION. Modificado por el Artículo 1 del Decreto 1772 de 2007. Créase la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, adscrita al Ministerio del Interior, integrada por los siguientes miembros permanentes:

- El Ministro del Interior o su delegado.

- El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

- El Ministro del Medio Ambiente o su delegado.

- El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

- El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.

- El Ministro de Minas y Energía o su delegado.

- El Ministro de Salud o su delegado.

- El Ministro de Educación Nacional o su delegado.

- El Ministro de Cultura o su delegado. Miembro incluido por el Decreto 1772 de 2007

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

- El Consejero Presidencial de Fronteras o su delegado.

- El Consejero Presidencial de Política Social o su delegado.

- Los Senadores Indígenas.

- Los exconstituyentes indígenas.

- El Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC o un delegado por el Comité Ejecutivo.

- El Presidente de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana OPIAC o un delegado por el Comité Ejecutivo.

- Un delegado por la Confederación Indígena Tairona.

- Un delegado por cada macrorregión CORPES o las Regiones Administrativas de Planificación que se conformen de acuerdo con el artículo 306 de la Constitución Nacional, seleccionados por las organizaciones indígenas de la respectiva región;

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional invitará como integrantes permanentes a la mesa de concertación en calidad de veedores a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Conferencia Episcopal de Colombia para que realice el seguimiento, impulso, vigilancia y divulgación al cumplimiento de las funciones de la Mesa de Concertación y de los acuerdos a que se llegue. Los miembros indígenas de la Mesa de Concertación podrán invitar a participar en sus deliberaciones o en las Comisiones Temáticas a los asesores que designen.

ARTÍCULO 11. OBJETO. La Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá por objeto concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del Estado, y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen.

ARTÍCULO 12. FUNCIONES. Desarrollado por el Artículo 1 del Decreto 2406 de 2007. La Mesa Permanente de Concertación, además de lo dispuesto en el artículo anterior, cumplirá las siguientes funciones:

1. Adoptar principios, criterios y procedimientos en relación con biodiversidad, recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva y derechos culturales asociados a éstos, en el marco de la legislación especial de los pueblos indígenas.

2. Concertar previamente con los pueblos y organizaciones indígenas las posiciones y propuestas oficiales para proteger los derechos indígenas en materia de acceso a recursos genéticos, biodiversidad y protección del conocimiento colectivo, innovaciones y prácticas tradicionales que presente el Gobierno colombiano en instancias internacionales o en el marco de los acuerdos y convenios suscritos y ratificados por Colombia.

3. Concertar el desarrollo de los derechos constitucionales indígenas en relación con biodiversidad, recursos genéticos, propiedad intelectual colectiva y derechos culturales asociados a éstos y la legislación ambiental.

4. Concertar el proyecto de ley que modifica el Código de Minas con el fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas; definir el cronograma, los procedimientos y los presupuestos necesarios para la delimitación de zonas mineras indígenas de acuerdo con las solicitudes de las comunidades y hacerle seguimiento a su ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2655 de 1988. La delimitación de las zonas mineras indígenas se hará concertadamente con las organizaciones nacional, regional y las autoridades indígenas del respectivo territorio.

5. Revisar los permisos y licencias otorgados sobre territorios indígenas y los que estén en trámite y solicitar su suspensión o revocatoria cuando sean violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con la legislación especial.

6. Concertar las partidas presupuestales que se requieran para capacitación, estudios técnicos, asesoría y financiación de proyectos con destino a las comunidades indígenas.

7. Concertar el decreto reglamentario de los artículos 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, y el parágrafo 2. del artículo 7, de la Ley 191 de 1995 con los pueblos y comunidades indígenas de frontera, sus autoridades y organizaciones regionales y nacionales respectivas.

8. Preparar los procedimientos necesarios para acordar entre los pueblos y organizaciones indígenas la propuesta de reglamentación del derecho de participación y concertación de las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas de acuerdo con las particularidades de cada uno, y concertar la expedición del decreto.

9. Concertar el procedimiento transitorio y lo demás que se requiera para la participación, consulta y concertación con pueblos o comunidades indígenas específicos, mientras se expide el decreto reglamentario. La concertación se hará respetando los usos y costumbres de cada pueblo.

10. Abrir un proceso de difusión, análisis y discusión de la Ley número 100 de 1993 con las organizaciones y comunidades indígenas para que se puedan tomar decisiones de interés y protección de los derechos de los pueblos indígenas; concertar las modificaciones y reglamentaciones pertinentes e involucrarlas en su ejecución. El Gobierno garantizará los recursos para adelantar este proceso a través de las organizaciones.

11. Revisar los Decretos 1088 de 1993 y 1407 de 1991 sobre autoridades indígenas y sus asociaciones y las fundaciones y corporaciones que trabajan en territorios indígenas, respectivamente, de acuerdo a la diversidad étnica y cultural y concertar sus modificaciones.

12. Definir los procedimientos y términos de referencia para la evaluación de la estructura estatal para la atención de pueblos indígenas y concertar las decisiones que se requieran de acuerdo con los resultados de la misma.

13. Concertar un proceso de difusión, análisis y discusión de la Ley número 218 de 1995 o Ley Páez con las comunidades indígenas y sus organizaciones para que se puedan tomar decisiones de interés y protección de los derechos de los pueblos indígenas; concertar los proyectos de ley para su modificación en lo que se requiera, y su reglamentación. El Gobierno garantizará los recursos para adelantar este proceso a través de las organizaciones. En la reglamentación de la ley se garantizará que personas externas a la región no abusen de los beneficios de la ley.

14. Hacer seguimiento a la ejecución de la inversión social y ambiental para los pueblos indígenas dispuesta por la ley del Plan Nacional de Desarrollo; acordar las medidas necesarias para garantizar la destinación y ejecución del 2% anual de la inversión social y ambiental para los pueblos indígenas en los términos dispuestos en los artículos 29 y 42 de la Ley 188 de 1995 y para el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional con pueblos, comunidades u organizaciones indígenas. El Gobierno unificará y simplificará los trámites, requisitos y fichas de acceso a los fondos de cofinanciación, previa concertación en la Mesa de que trata este Decreto.

Igualmente se concertará el seguimiento para agilizar y garantizar la ejecución de los recursos de la vigencia fiscal de 1996.

15. Concertar los proyectos de ley y decretos reglamentarios relativos a las transferencias de ingresos corrientes de la Nación a los resguardos indígenas y hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos.

16. Concertar lo relativo al desarrollo de las competencias otorgadas por el artículo transitorio 56 de la Constitución al Gobierno Nacional y todo lo relacionado con el ordenamiento territorial indígena.

17. Revisar las normas relativas a la educación propia de los pueblos indígenas y concertar sus modificaciones y reglamentación, y vigilar su cumplimiento.

18. Acordar medidas para garantizar y supervisar la aplicación del Decreto 1811 de 1991.

19. Darse su propio reglamento de conformidad con lo regulado por este Decreto.

PARÁGRAFO. Las concertaciones de la Mesa relacionadas con temas objeto de otras comisiones creadas a la fecha de expedición del presente Decreto, serán presentadas a éstas por el Gobierno Nacional.

ARTÍCULO 13. COMISIONES TEMATICAS. Desarrollado por el Artículo 1 del Decreto 2406 de 2007. Los integrantes permanentes de la Mesa de Concertación organizarán por temas y asuntos específicos comisiones de trabajo y concertación con participación de las entidades oficiales de acuerdo con sus competencias constitucionales y legales y con participación de delegados de los miembros indígenas de la Mesa. En las Comisiones Temáticas participarán los delegados de los pueblos, autoridades y organizaciones indígenas directamente interesados o afectados cuando se traten temas específicos de sus comunidades o regiones.

ARTÍCULO 14. AUTONOMIA INDIGENA. Las autoridades no indígenas respetarán la autonomía de los pueblos, autoridades y comunidades indígenas y no intervendrán en la esfera del Gobierno y de la jurisdicción indígenas.

ARTÍCULO 15. SERVICIO MILITAR. El Gobierno garantizará la permanecía y cumplimiento de las normas vigentes que eximen a los indígenas de prestar el servicio militar obligatorio como garantía de la integridad social y cultural, y la exoneración del pago de la tasa de compensación militar.

ARTÍCULO 16. CONSULTA Y CONCERTACION. En los procesos de consulta y concertación de cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectar a comunidades o pueblos indígenas determinados, podrán participar los indígenas integrantes de la Mesa Permanente de Concertación o sus delegados. Los procedimientos que se prevean realizar les serán informados con la suficiente antelación.

ARTÍCULO 17. El funcionamiento de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se regirá por las siguientes reglas:

1. Podrán deliberar con la asistencia comprobada de la mitad más uno de los miembros indígenas, el Viceministro de Desarrollo Rural Campesino del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o el Ministro del Interior o sus delegados, según el caso, y los miembros de las entidades competentes de los temas a tratar.

2. Las decisiones se adoptarán por consenso.

3. Las reuniones ordinarias de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas se harán por lo menos dos veces cada mes durante los primeros cuatro meses mientras se cumplen las funciones a que se refiere el parágrafo 2o. del artículo 2o. del presente Decreto y, posteriormente según lo determine el reglamento. El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino será responsable de las convocatorias.

4. Las reuniones ordinarias de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas se harán por lo menos una vez cada mes durante el año de 1996, y posteriormente según lo determine el reglamento. El Ministro del Interior será responsable de las convocatorias.

5. Sesionarán en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., pero podrán realizar reuniones ordinarias o extraordinarias en cualquier lugar del país.

6. Serán dotadas por las entidades estatales que las conforman, de recursos suficientes para su funcionamiento y el cumplimiento de sus funciones y para el desplazamiento y manutención de los miembros indígenas que residen fuera de Santa Fe de Bogotá, en la medida en que dicho desplazamiento no pueda costearse con recursos provenientes de otros fondos públicos.

ARTÍCULO 18. La Comisión de Territorios Indígenas y la Mesa Concertación dispondrán cada una de una Secretaría Operativa, conformada por tres (3) miembros designados así: uno por el Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o el Ministro del Interior, quienes las coordinarán; uno por las otras entidades gubernamentales que la conforman y uno por los miembros indígenas, respectivamente.

La Secretaría Operativa cumplirá las siguientes funciones:

a) Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias del organismo de que se trate;

b) Recoger y organizar la información que será sometida a la consideración del organismo respectivo;

c) Elaborar las actas de las reuniones;

d) Impulsar la ejecución de las decisiones, y

e) Las demás funciones que les asignen el reglamento o los organismos respectivos.

ARTÍCULO 19. El Gobierno estimará los costos de funcionamiento de la Comisión de Territorios y de la Mesa de Concertación con el fin de incluir en cada proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación las partidas correspondientes de acuerdo con las normas vigentes. El Gobierno gestionará en el Congreso de la República su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuesto, vigencia fiscal de 1997.

ARTÍCULO 20. La selección de los miembros indígenas de las macrorregiones para el período 1996, se hará de común acuerdo por los demás miembros indígenas de cada organismo. A partir de 1997 tendrán un período de dos años y el Gobierno financiará los gastos que demanden las reuniones de las organizaciones por macrorregión, requeridas para su selección, previa concertación de los presupuestos en la Mesa de Concertación.

ARTÍCULO 21. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación, serán instaladas por el Viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por el Ministro del Interior, respectivamente, en el término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de expedición del presente Decreto.

ARTÍCULO 22. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C. a 8 los días del mes de agosto de 1996 ERNESTO SAMPER PIZANO HORACIO SERPA URIBE EL MINISTRO DEL INTERIOR JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LUZ AMPARO FONSECA PRADA LA VICEMINISTRA DE DESARROLLO RURAL CAMPESINO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL JOSE VICENTE MOGOLLON EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE RODRIGO MARIN BERNAL EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO OLGA DUQUE DE OSPINA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL MARIA TERESA FORERO DE SAADE LA MINISTRA DE SALUD NOTA: Publicado en el Diario Oficial 42853 de agosto 12 de 1996

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Decreto 1397 de 1996 - Gestor Normativo - Función Pública

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(Agosto 8) "Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones." EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, En uso de las facultades que le concede el numeral 11 del artículo 189de la Constitución Política, en virtud de lo dispuesto por la Ley 21 de 1991 y el artículo 1.

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Ley 397 de 1997-El derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural

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Ley 397 de 1997-El derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural

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Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.

ARTÍCULO  1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones:

6. El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos.

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Decreto 1320 de 1998-por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio

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Decreto 1320 de 1998-por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio

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La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la definición del artículo 2º del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su integridad.

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Decreto 1122 de Junio de 1998-Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos

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Decreto 1122 de Junio de 1998-Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos

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Todos los establecimientos estatales y privados de educación formal que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media, incluirán en sus respectivos proyectos educativos institucionales la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 70 de 1993 y lo establecido en el presente decreto

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Declaracion universal de la Unesco sobre diversidad cultural- 2001

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Declaracion universal de la Unesco sobre diversidad cultural- 2001

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La Declaración afirma que el respeto de la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, puesto en un clima de confianza y de entendimiento, son uno de los mejores garantes de la paz y de la seguridad internacional.

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Decreto 2500 del 2010- Sistema Educativo propio indígena (SEIP)educación indigena

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Decreto 2500 del 2010- Sistema Educativo propio indígena (SEIP)educación indigena

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Por el cual se reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP

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Leyes que protegen las comunidades LGTBI

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Leyes que protegen las comunidades LGTBI

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En el país existe la Ley Antidiscriminación o Ley 1482 de 2011, con la que se incluye en el Código Penal, en el artículo 134 A, sanciones a:

"El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual"
La pena prevista para el que cometa esta conducta es de 1 año a 3 años y una multa de de 10 a 15 salarios mínimos mensuales vigentes.

Por otro lado, en la Ley 1761 de 2015, que estableció el feminicidio como un delito autónomo, se contempla como agravante punitivo si se comete en una mujer por su orientación sexual.

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Ley 1421 de 2017-Regulación sobre el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Colombia

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Ley 1421 de 2017-Regulación sobre el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad en Colombia

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Pero la educación inclusiva no está solo en un decreto, también está en la Convención de Naciones sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 24 y, en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en su artículo 11, es decir, goza del más alto nivel de protección, no es un derecho de segunda categoría.

La nueva regulación es un esfuerzo por corregir situaciones y defectos en la prestación del servicio educativo para estudiantes con discapacidad producto de la aplicación de la reglamentación anterior, es decir, el Decreto 366 de 2009; pero también es una apuesta por materializar los cambios que a nivel internacional se han dado y de los cuales Colombia es parte

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Sentencia SU 245/2021- Los etnoeducadores deben trabajar en condiciones dignas.

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Sentencia SU 245/2021- Los etnoeducadores deben trabajar en condiciones dignas.

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La Sala Plena amparó los derechos fundamentales de los etnoeducadores y le otorgó efectos inter comunis a su decisión”, añadió la Sala Séptima de Revisión de la Corte, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo.

Por eso el fallo le dio treinta días a esas Secretarías de Educación para que, mientras el Ministerio de Educación elabora en concertación con los pueblos indígenas el sistema transitorio de equivalencias, apliquen a los etnoeducadores el escalafón docente.

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Facultad de fallar extra y ultra petita JUEZ DE TUTELA- /CORTE CONSTITUCIONAL- Facultad para definir qué asuntos abordará o qué problemas jurídicos resolverá, una vez seleccionado un caso
El juez de tutela tiene competencia para interpretar la demanda y establecer el alcance del problema jurídico, en virtud de la informalidad de la acción de tutela y la posibilidad de fallar "más allá" o "por fuera" de lo solicitado en la acción (principios ultra y extra petita). Esta competencia, evidentemente, no faculta al juez para omitir los problemas de relevancia constitucional que presentan los accionantes, sino que le confía la misión de defender los derechos de la manera más amplia posible, permitiéndole superar obstáculos puramente formales o argumentativos. La Corte Constitucional tiene la facultad, más amplia, de pronunciarse con el propósito de esclarecer el alcance de la interpretación de determinados derechos y de unificar la jurisprudencia para una mejor comprensión, uniforme, de los derechos fundamentales. as deficiencias en las que pueda incurrir la parte accionante en la determinación del fundamento jurídico-constitucional en que sustenta sus pretensiones no impiden al juez de tutela interpretar sus argumentos de manera razonable y adecuarlos a las instituciones jurídicas pertinentes, para de esa manera garantizar la protección de los derechos constitucionales en juego. La eventual selección de tutelas por la Corte Constitucional fue prevista en el ordenamiento jurídico como una facultad discrecional. Sin embargo, en armonía con su propia jurisprudencia, que limita al máximo las funciones absolutamente discrecionales, este Tribunal ha desarrollado un conjunto de criterios que orientan su actuación hacia dos finalidades básicas, la unificación de jurisprudencia y la protección de la justicia material. Por las razones expuestas, contra las decisiones adoptadas por las salas de Selección de esta Corporación no procede recurso alguno. La función de revisión de la Corte Constitucional constituye una garantía de unificación en materia de interpretación de las normas constitucionales, de tal manera que permite sentar jurisprudencia sobre cómo deben decidirse determinados casos, esto es, cuál debe ser la respuesta del juez constitucional a los problemas que en materia de derechos fundamentales se le plantean y es el principal fundamento para considerar que la tutela contra tutela es improcedente. (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación. El carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia. Por "sentencia de reemplazo" se hace referencia a la posibilidad de que el juez de tutela, tras dejar sin efectos un fallo, asuma el papel de juez natural y dicte las órdenes correspondientes. Y, en términos generales, el juez de tutela puede dictar la sentencia de remplazo cuando existen razones para considerar que el juez natural no seguirá la orientación de la Corte Constitucional, pues no lo ha hecho en oportunidades previas, o cuando existe especial urgencia para la protección del derecho fundamental. (i) en la solución del caso no se interpretó o aplicó una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) el juez no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y (iv) el fallador omitió aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma a la que se sujetaba el caso era incompatible con la Constitución, incluso si las partes no solicitaron tal aplicación. El precedente judicial es concebido como una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Formas en que puede ser desconocida la jurisprudencia
El desconocimiento del precedente constitucional puede originarse en razón de la inaplicación de las decisiones emitidas por esta Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad o concreto de revisión de tutelas. Dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva (erga ommes tratándose de los fallos de control de constitucionalidad e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias para todas las autoridades públicas "en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior."
Componentes DERECHO A LA EDUCACION- /DERECHO A LA EDUCACION- Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad
La asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse La Corte Constitucional ha reiterado de manera uniforme las siguientes subreglas o estándares sobre los sistemas educativos propios, o el régimen de educación para los pueblos étnicos, tomando como base la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, artículos 55 a 63). Estos son: (i) la concertación tanto en la definición del sistema como en la elección de los docenes; (ii) la preservación de la diversidad lingüística y, específicamente, el carácter bilingüe de la educación en aquellos pueblos que conserven su idioma propio; (iii) los conocimientos sobre etnoeducación; (iv) el conocimiento del pueblo en donde prestará el servicio, incluida su cultura, tradiciones, cosmovisión; (v) la existencia, además, de un mandato específico de dar prevalencia a los miembros de los pueblos y comunidades. acción de cumplimiento es un mecanismo judicial mediante el cual se pretende obtener el acatamiento de mandatos expresos contenidos en normas con fuerza material de ley o actos administrativos. Es una acción subsidiaria respecto de la acción de tutela, de manera que la última prevalece cuando lo que se persigue es la protección directa de derechos constitucionales, amenazados por la omisión de una autoridad. En contraste, cuando se pretende que la administración garantice derechos de jerarquía legal o administrativa, mediante la aplicación de un mandato de igual naturaleza, específico y determinado, procede la acción de cumplimiento.
ACCION DE TUTELA Y ACCION DE CUMPLIMIENTO- Prevalece la acción de tutela cuando lo que se busca es la protección directa de derechos constitucionales fundamentales

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES- Procedencia por violación directa de la Constitución y defecto sustantivo, al no aplicar el artículo 9º de la Ley 393 de 1997
La violación directa de la Constitución se configuró por su negativa a actuar como jueces de tutela teniendo la obligación de hacerlo; y se manifestó con particular claridad en su rechazo a abordar cualquier discusión interpretativa sobre la jurisprudencia de este Tribunal en materia de etnoeducación, evadiendo así la responsabilidad que les correspondía en torno a la materialización y eficacia de los derechos fundamentales. Este era un caso sui géneris, pues el defecto sustantivo encontrado consistía, según se ha explicado, en no haber dado a la acción el trámite de tutela, de manera que el juez natural de este proceso no era el de cumplimiento, sino el de tutela.
SISTEMA EDUCATIVO INDIGENA PROPIO- Carácter progresivo de las obligaciones del Estado para garantía de la etnoeducación

REGIMEN DE CARREA DOCENTE DE ETNOEDUCADORES- Requisitos para vincularse en propiedad
Los requisitos o condiciones esenciales de acceso especiales son el conocimiento de la cultura de la comunidad donde se prestará el servicio, de la lengua o idioma propio y la comprensión de la etnoeducación, al tenor de los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para pueblos étnicos). La Corte Constitucional ha reiterado de manera uniforme las siguientes subreglas o estándares sobre los sistemas educativos propios, o el régimen de educación para los pueblos étnicos, tomando como base la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, artículos 55 a 63). Estos son: (i) la concertación tanto en la definición del sistema como en la elección de los docenes; (ii) la preservación de la diversidad lingüística y, específicamente, el carácter bilingüe de la educación en aquellos pueblos que conserven su idioma propio; (iii) los conocimientos sobre etnoeducación; (iv) el conocimiento del pueblo en donde prestará el servicio, incluida su cultura, tradiciones, cosmovisión; (v) la existencia, además, de un mandato específico de dar prevalencia a los miembros de los pueblos y comunidades. Es importante indicar que el Decreto 1953 de 1994 (sobre territorios indígenas) prevé un amplio conjunto de normas para la implementación del Sistema Educativo Integral Indígena en los territorios de las comunidades étnicas. los procesos de concertación entre las secretarías de educación departamentales y los pueblos indígenas de cada región resulta válido que se acuerde, como mecanismo transitorio, la aplicación del Decreto 2277 de 1979, mediante la integración de las normas pertinentes de la Ley 115 de 1994 y su Decreto 804 de 1995, que establecen la obligación de concertar los nombramientos, así como los principios de integralidad, interculturalidad, flexibilidad de los programas, unidad y participación comunitaria. Una vez se establezca el sistema transitorio de equivalencias, este será el que deberá aplicar para todas las comunidades indígenas del país, por lo cual se deberá realizar el cambio del régimen provisional aplicado en concertación con las secretarías de educación departamentales al sistema transitorio de equivalencias, y de igual forma, al momento en que se expida la ley por parte del Congreso de la República para los etnoeducadores. La comprensión de la etnoeducación involucra la satisfacción de seis grandes principios o finalidades. La participación en el diseño y ejecución de los programas educativos; la autonomía de los pueblos para asumir progresivamente el manejo del sistema educativo indígena; la calidad, en su dimensión de adecuación cultural (principios afines al paradigma actual del DIDH); así como el acceso -y permanencia- de niños, niñas y adolescentes del servicio, su derecho a recibir los contenidos generales que el estado debe garantizar a toda la población (calidad general) y la definición de condiciones dignas para los docentes (componentes del Estado social de derecho).
Referencia: Expedientes T-7.826.882 y T-8.114.575

Acción de tutela presentada por Fidencio Hernando Maingual, en calidad de Gobernador del Resguardo Indígena de Yascual, contra el Tribunal Administrativo de Nariño; y por José Alirio Oviedo Anama, también como Gobernador del Resguardo Indígena de Yascual contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021)

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, y previo cumplimiento de los requisitos, y trámites legales y reglamentarios, profiere la siguiente:

En el proceso de revisión de los siguientes fallos:

1. Diana Fajardo Rivera para su sustanciación.

2. La Sala Plena decidió asumir competencia sobre el expediente T-7.826.882, por relevancia jurídica, en sesión del 11 de marzo de 2021, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte, en razón a la " trascendencia del tema " . El expediente T-8.114.575 fue seleccionado por la Sala Cuarta de Selección de la Corte Constitucional el 16 de abril de 2021 y acumulado al expediente T-7.826.882.

9. El señor Fidencio Hernando Maingual Getial, Gobernador del Resguardo Indígena de Yascual solicitó, mediante escrito dirigido a la Secretaría de Educación de Nariño, el nombramiento de los docentes de su comunidad en propiedad, así como el reconocimiento de beneficios propios del escalafón docente establecido por Decreto 2277 de 1979. La Secretaría le indicó que venía realizando nombramientos en propiedad de los etnoeducadorescon base en el régimen aplicable, contenido en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos).

13. Fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos y razones jurídicas: (i) tanto el Ministerio de Educación como las secretarías de Educación de los distintos niveles territoriales, se han negado a vincular a los etnoeducadores nombrados en propiedad por orden judicial al Estatuto Docente del Decreto 2277 de 1979; (ii) durante el proceso de consulta previa que se llevó a cabo en el año 2015 con la comunidad de Yascual, muchas discusiones giraron en torno a la aplicación del Decreto 2277 de 1979 como forma de dar cumplimiento a la Ley General de Educación; no obstante, los nombramientos "venían habilitados por el Decreto 804 de 1995 [...y,] ante el reclamo de los indígenas, el Sr. SECRETARIO DE EDUCACION DE LA EPOCA (sic) DR. ANGEL CRUZ, tomó la palabra y (...) manifestó que si las comunidades insistían en que los nombramientos en propiedad se hicieran por el DECRETO 2277 de 1979, cancelaría la reunión y no habría decretos de nombramiento en propiedad"; y finalmente, (iii) la respuesta de la Secretaría de Educación ante la solicitud de que fueran realizados los nombramientos por el Decreto 2277 de 1979 se basó en el argumento según el cual la omisión legislativa relativa identificada por la Corte Constitucional en la materia, los obliga a aplicar la legislación vigente, esto es, el Decreto Ley 1278 de 2002.

24. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Nariño,el 9 de abril de 2019,solicitó que se desestimaran las pretensiones de la tutela, en tanto la decisión proferida por este órgano judicial en sede de cumplimiento se ajustó a las garantías del debido proceso y fue motivada adecuadamente, en sus aspectos fácticos y jurídicos.

25. El mismo 09 de abril de 2019, la Secretaría de Educación Departamental de Nariño solicitó declarar improcedente la acción de tutela, por las siguientes razones: (i) la entidad, de manera concertada con la comunidad de Yascual, adelantó las acciones necesarias para nombrar en propiedad a sus etnoeducadores, sin agotar un concurso de méritos; (ii) los profesores pertenecientes al Resguardo Indígena de Yascual fueron beneficiados de dichas medidas; (iii) las acciones desplegadas por la Secretaría siguieron lo previsto en el artículo 62 de la ley 115 de 1994 (Ley general de educación) y el Decreto 1335 de 2015 (remuneración de los etnoeducadores). Por otra parte, (iv) es imposible aplicar el Decreto 2277 de 1979 (normas sobre la profesión docente), pues la Corte expresamente prohibió esta posibilidad en la Sentencia C-208 de 2007. Este decreto, tal como el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , no fue consultado previamente; y, finalmente, (vi) la omisión legislativa que podría atentar contra los derechos de los etnoeducadores no puede ser atribuida a esa entidad.

26. El 03 de mayo de 2019, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó la desvinculación del Presidente de la República y/o al Departamento Administrativo de la Presidencia dado que (i) la solicitud no cumple con el requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el demandante cuenta con la acción de cumplimiento como mecanismo idóneo para la defensa de los derechos que invoca; (ii) la tutela se interpone contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, de modo que no es procedente; (iii) no se probó la vulneración de ningún derecho fundamental. Además, (iv) cuestionó la legitimación en la causa por activa, indicando que el accionante no demostró su calidad de Gobernador del Resguardo Indígena Yascual; y, finalmente, (v) alegó que ni el Presidente ni la Presidencia de la República están legitimados por pasiva, puesto que los actos expedidos por el Gobierno nacional deben analizarse desde la representación legal en cabeza de los ministros o directores de departamentos administrativos.

27. La Sección Primera del Consejo de Estado decidió, en Sentencia del 15 de agosto de 2019, (i) amparar el derecho fundamental a la igualdad; (ii) ordenar al Gobierno nacional que inicie el procedimiento de consulta con las comunidades indígenas para adelantar el trámite pertinente, con el fin de que se expida la reglamentación sobre la forma de vinculación y ascenso de los etnoeducadores, así como las dignidades o cargos que, de conformidad con el resultado de la consulta, se consideren acertadas y asimilables a los directivos docentes, en el término de cuatro meses; (iii) ordenar al Gobierno nacional que presente al Consejo de Estado un informe que señale el esquema diseñado para cumplir el procedimiento de consulta ordenado; (iv) la aplicación transitoria de los artículo 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979 y, "en todo lo demás", la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación).

29. Para la Sección Primera del Consejo de Estado, el caso objeto de estudio exigía analizar la posible vulneración al derecho fundamental a la igualdad de los etnoeducadores, derivada de la omisión de establecer una regulación sobre aquellos en el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , a pesar de que los efectos de dicha omisión se intentaron morigerar por parte de la Corte Constitucional mediante una sentencia integradora en la que ordenó aplicar las disposiciones contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias, las cuales no contemplan mecanismos de estabilidad, promoción y ascenso para los docentes de las comunidades étnicas .

30. En criterio del órgano judicial mencionado, por un lado, la situación de desigualdad y discriminación que sufren los etnoeducadores no se remedió con la decisión adoptada en la Sentencia C-208 de 2007, dado que la medida transitoria de aplicar el artículo 62 de la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) se ha extendido por más de diez años, sin que se haya expedido la regulación especial mencionada por la Corte Constitucional. Por otro lado, consideró necesario ordenar al Gobierno elaborar una normativa que finalice con esta desigualdad dentro del término de cuatro años, y a partir de un proceso consultivo, con informes periódicos sobre el cumplimiento de lo ordenado.

31. Por intermedio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Ministerio de Educación Nacional impugnó el fallo de primera instancia, con base en las siguientes consideraciones: (i) la acción de tutela es improcedente, pues existen otros mecanismos de defensa judicial para el caso concreto, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) el Ministerio carece de legitimación por pasiva, dado que no tiene competencia para expedir leyes; (iii) es imposible aplicar temporalmente el Decreto 2277 de 1979 por prohibición expresa contenida en la Sentencia C-208 de 2007. Añadió que (iv) viene cumpliendo con lo ordenado en dicha providencia.

32. En torno al último punto, se refirió a la labor de concertación desarrollada por el Ministerio de Educación, en 42 mesas de trabajo con autoridades indígenas, en el marco de la consulta previa ordenada por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-208 de 2007.

36. Dicha solicitud se basó en que (i) la sentencia cuestionada no habría realizado un análisis exhaustivo del artículo 125 constitucional en las decisiones tomadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado; (ii) la obligación constitucional del concurso no es aplicable a los etnodocentes; (iii) la sentencia proferida por la Sección Quinta desconoce los derechos de las comunidades indígenas, lo que (iv) pone en riesgo a los pueblos de un genocidio cultural; en la actualidad, (v) la normativa que puede regir a los etnoeducadores es el Decreto 2277 de 1979 y no el Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , declarado inaplicable a los pueblos indígenas por la Corte Constitucional; y, finalmente, y (vi) la sentencia viola la cosa juzgada constitucional de la Sentencia C-208 de 2007.

43. Mediante oficio de contestación de tutela, el 25 de febrero de 2020, el Ministerio de Educación Nacional reiteró que si bien no existe un estatuto docente para los etnoeducadores, tampoco es posible aplicarles el Estatuto Docente del Decreto 2277 de 1979 ni el estatuto de Profesionalización Docente establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , en razón a que ninguna de estas dos normativas contiene una regulación específica para la situación de los docentes de comunidades indígenas; además, planteó que, al ordenar la aplicación del Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , el Consejo de Estado desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional. Por lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia del 14 de noviembre de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

44. El 03 de abril de 2020, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió (i) amparar los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso; (ii) dejar sin efecto la sentencia del 14 de noviembre de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado; y (iii) ordenar a la Sección Quinta del Consejo de Estado dictar una nueva sentencia que observe los precedentes constitucionales establecidos en las sentencias C-208 de 2017 y C-666 de 2016. En su decisión, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que, frente a la omisión legislativa relativa existente en el Estatuto de Profesionalización Docente, y en razón al precedente constitucional, no era viable ordenar la aplicación transitoria del Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , toda vez que los efectos diferidos de la decisión adoptada en la Sentencia C-666 de 2016 ya habían cesado.

dentro del Expediente T-7.826.882

50. El Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio solicitó la selección del presente proceso de tutela ante la Corte Constitucional. Indicó que la decisión dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado actuando como juez constitucional de segunda instancia dentro del proceso de tutela contra las providencias dictadas en sede de cumplimiento ( Ver, supra, párrafo 34) desconoció la cosa juzgada constitucional, en relación con la Sentencia C-208 de 2007, en la que se declaró la exequibilidad condicionada del Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente), en el entendido de que el decreto citado no es aplicable a docentes y directivos docentes de establecimientos educativos ubicados en territorios indígenas, y que, mientras el legislador dicta una regulación integral, deben aplicarse la Ley General de Educación y sus normas complementarias.

51. A pesar de ello, la Sección Quinta del Consejo de Estado ordenó aplicar provisionalmente el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) a los docentes de la etnia de Yascual, lo que obligaría al Gobierno nacional a adelantar un proceso de concertación con una única comunidad. La postura de la Sección Quinta contradice la cosa juzgada constitucional y expone al Gobierno a aplicar una alternativa contraria al artículo 243 de la Constitución. La orden mencionada contraviene además la jurisprudencia constitucional establecida en las sentencias de revisión de tutela T-907 de 2011, T-801 de 2012 y T-049 de 2013, en las que se ha ordenado la vinculación en propiedad de etnoeducadores sin que les resulte exigible la superación del concurso de méritos establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente).

52. El Rector del centro educativo San Sebastián de Yascual de Túquerres manifestó que se acordó con todos los docentes de la institución "enviar un oficio en físico y por correo reiterando lo manifestado por el entonces Sr. Gobernador del Cabildo Indígena de Yascual de lo cual estamos en espera se nos atienda esa justa reivindicación de nuestros derechos", es decir, un escrito en el que coadyuva las solicitudes presentadas en la acción de tutela.

53. El Director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela debido a que, en su criterio, no se configura ninguna violación al debido proceso. Afirmó que "el Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir la sentencia objeto de censura", se basó en juicios de ponderación de derechos, garantizó el debido proceso y valoró las pruebas aportadas.

54. Posteriormente, la entidadintervino para solicitar su desvinculación e insistió en la improcedencia del amparo. Señaló que, de un lado, deben ser los jueces de lo contencioso administrativo quienes, al conocer de las "acciones anulatorias", decidan lo planteado por el accionante y, de otro, que los actos administrativos que dispusieron los nombramientos de los 45 etnoeducadores de la comunidad de Yascual se expidieron en el año 2005, de manera que los accionantes dejaron pasar más de 15 años para cuestionar su validez.

57. ( Estatuto de Profesionalización Docente) es inaplicable a los docentes indígenas, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-208 de 2007, debe darse aplicación al Decreto 2277 de 1979 (Estatuto Docente), el cual no ha sido derogado. Añadieron que negar su aplicación constituye una discriminación negativa en su contra; y añaden que el argumento según el cual el Decreto 2277 de 1979 no menciona a los docentes indígenas no es aceptable, pues este fue modificado por el Decreto Ley 85 de 1980, según el cual, "para las comunidades indígenas podrá nombrarse personal bilingüe que no reúna los requisitos académicos antes previstos."

59. En respuesta a un cuestionario remitido por esta Corporación, la Secretaría de Educación de Nariño advirtió que viene empleando el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos) como régimen jurídico aplicable a los 45 etnoeducadores del Resguardo Indígena de Yascual, dado que "por medio del mencionado decreto se reglamentó la atención educativa para grupos étnicos, para lo cual se hace necesario articular los procesos educativos de los grupos étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones."

61. En segundo lugar, señaló que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) es la normatividad aplicable para efectos de vinculación, traslados, evaluación de desempeño, ascensos, escalafón docente y todo lo relacionado con las condiciones laborales de los etnoeducadores del Resguardo Indígena de Yascual. Esta normativa establece, en sus artículos 58 a 62 que, para ser designado como etnoeducador, se requiere (i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos;(ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas;(iii) acreditación de formación en etnoeducación y(iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, especialmente, de la lengua o idioma materno, además de castellano.

Aclaró la Secretaría que "una vez se presente y acredite el cumplimiento de estos requisitos, la comunidad indígena y los docentes tienen derecho a que se proceda al nombramiento en propiedad, previa concertación con el ente territorial competente y el Ministerio del Interior (...)." Destacó que la Ley 909 de 2004 (empleo público, carrera administrativa y gerencia pública) se aplica ante los vacíos normativos mencionados, de conformidad con lo establecido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto No. 2176 del 21 de mayo de 2014.

64. A partir de un requerimiento de información ulterior remitido por esta Corporación, la Secretaría de Educación de Nariño advirtió, en primer lugar, que la docente Lucy del Carmen Delgado Pérez se encuentra activa y vinculada en propiedad en el cargo de etnoeducadora en el área de primaria en la Institución Educativa San Sebastián de Yascual del municipio de Tuquerres, mediante Resolución No. 1010 del 28 de agosto de 2017 y Acta de posesión No. 636 del 15 de septiembre de 2017. Lo anterior, con fundamento en el Decreto 981 de 2017 y conforme a la designación que realizó la comunidad del Resguardo Indígena de Yascual.

67. En cuarto lugar, reiteró que a los etnoeducadores de la comunidad de Yascual actualmente se les está aplicando la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos), así como sus respectivas reglamentaciones; normas que fueron proferidas, previa consulta y concertación con los pueblos indígenas, e informó que la aplicación del Decreto 804 de 1995 es de "carácter imperativo y no un beneficio que está a potestad de los entes territoriales", debido a que se trata de una norma reglamentaria de la Ley General de Educación, que se ocupa de regular el tema de la atención educativa para los pueblos étnicos.

69. Reiteró que, mientras se expide el estatuto docente para etnoeducadores, los requisitos para su nombramiento en propiedad son los establecidos en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), esto es, (i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos;(ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas;(iii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, especialmente de la lengua materna, además de castellano. Una vez se acredite el cumplimiento de estos presupuestos, la comunidad indígena y los docentes tendrán derecho al nombramiento en propiedad, previa concertación con el ente territorial competente y el Ministerio del Interior.

70. Al ser indagado por esta Corporación sobre las razones por las cuales aseguró que no había sido debidamente notificado del trámite de tutela, señaló que "[u]na vez revisados los correos electrónicos, así como el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (SIGOB) [...] no se evidenció recepción del auto admisorio y el escrito de tutela del proceso con Rad 2019-01291 (Radicado T-7.826.882). " En esa medida, al no practicarse adecuadamente la notificación dice que le fue imposible pronunciarse oportunamente sobre el asunto. Esta circunstancia configura una nulidad por indebida notificación, violatoria de los derechos al debido proceso, la defensa y el ejercicio de la contradicción.

71. , el cual, según la página web de la entidad, corresponde al correo oficial previsto para el efecto. Dicha remisión se confirmó cegral@notificacionesrj.gov.co , se notificó tal determinación al Ministerio del Interior, mediante Oficio No. 102668, dirigido al correo notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co "con el acuse de recibo generado por el correo emisor", de acuerdo con el literal segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece que "[s]e presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje."

73. De manera preliminar, aclaró que es la persona que actualmente ejerce el cargo de Gobernador principal del Resguardo Indígena de Yascual para el año 2021. Recordó que las disposiciones aplicables a los grupos indígenas son las contenidas en la Ley General de Educación, cuyo artículo 62 establece expresamente que la "vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos." Especialmente, el Decreto 2277 de 1979 que, en su concepto, "no tiene problemas de aplicabilidad"y que, además, es la única normativa que permite "escalafonar los etnodocentes indígenas para ingresar a la carrera administrativa hasta que algún día el H. Congreso tenga voluntad y tiempo para asumir la creación de un Estatuto Docente Especial."

75. Además,no se les han reconocido los derechos de carrera, tales como la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, el derecho al ascenso y a la inscripción de sus títulos académicos; el derecho a la remuneración inherente al cargo y el derecho a otras remuneraciones, como las vacaciones anuales que les asisten a los funcionarios públicos en razón al tiempo de servicio prestado, todo lo anterior como consecuencia de impedir la aplicación del escalafón docente incluido en el Decreto 2277 de 1979 (estatuto docente).

76. En segundo lugar, advirtió que con la solicitud de aplicación del Decreto 2277 de 1979 (estatuto docente) se pretende que los etnoeducadores puedan ingresar a la carrera administrativa, formar parte del escalafón docente "con retroactividad a la fecha del ingreso en provisionalidad", ser ascendidos a partir del reconocimiento de sus títulos académicos y obtener la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su vinculación en provisionalidad. Reiteró que, en todo caso, es necesaria la expedición por parte del Congreso de la República del estatuto docente para los etnoeducadores indígenas "debidamente consultado con todas las comunidades de las 146 etnias indígenas del país."

77. En tercer lugar, informó que, en cuanto a las diferencias entre los beneficios en calidad de docentes que actualmente están recibiendo los etnoeducadores de la comunidad actora y los que pretenden recibir con la aplicación del Decreto 2277 de 1979, se encuentra que los etnoeducadores (i) no hacen parte de la carrera administrativa,(ii) no están nombrados en propiedad, dado que la Secretaría de Educación Departamental de Nariño alega que tal vinculación "no opera hasta que la autoridad indígena no lo solicite", pese a ser un derecho de aplicación inmediata,(iii) no son remunerados debidamente, actuación que se origina desde hace 18 años, dado que "los salarios de los etnodocentes indígenas fueron dictados cada año por Decreto del Ejecutivo y siempre tuvieron una cuantía inferior a los emolumentos de los docentes de igual categoría queno eran indígenas" y(iv) no se encuentran escalafonados, de manera que no han logrado obtener el derecho a ser ascendidos por cada tres años de servicios.

78. En cuarto lugar, precisó que en ningún momento los docentes o las autoridades del Resguardo han estado en desacuerdo con la aplicación del Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos), pues dicha normativa es vital para la escogencia de los maestros, sobre todo, a raíz de las estipulaciones contempladas en su artículo 11; no obstante, "cosa muy distinta, es la maroma jurídica de que se utilice el 804 como norma habilitante para evitar la utilización ordenada por la Ley General de Educación en el 2° inciso de su Art. 62 para evitar [la] utilización del Decreto especial 2277 de 1979 con la sola finalidad de cerrar a la Etnodocencia indígena el acceso al Estatuto Docente de este Decreto especial, e impedir por lo tanto a los Etnodocentes la inscripción en el Escalafón Docente."

88. Señala que, a raíz de la Minga Indígena de octubre de 2013, se concertó y se tramitó el Decreto Ley 1953 del 7 de octubre de 2014 (sobre territorios indígenas), y que entre abril de 2016 y abril de 2017, el Ministerio financió una subcomisión redactora del Proyecto de Norma SEIP, que incluyó varias sesiones autónomas en las que participaron solamente los delegados de los pueblos indígenas ante la CONTCEPI. En octubre de 2017, en la sesión No. 28 del proceso consultivo se inició la concertación de la norma SEIP. Sin embargo, los delegados de los pueblos indígenas no contaban con una propuesta articulada para concertarla con el Gobierno nacional, razón por la cual estos delegados están trabajando en sesiones autónomas para terminar el proyecto.

92. Destacaron que este derecho no está sujeto a más condiciones que el cumplimiento de los requisitos de acceso existentes al momento en que el ciudadano aspira a ingresar al respectivo cargo. De manera que "no resulta constitucionalmente admisible restringir el derecho a acceder a cargos públicos de docentes, a la población indígena, mientras se lleva a cabo la consulta previa para la determinación de la normatividad especial que regule el estatuto docente para etnoeducadores (13 años que el Ministerio lleva negociando con la CONTCEPI) pues ello vulnera los derechos fundamentales no solo de los etnoeducadores, sino de las comunidades indígenas y de sus miembros individualmente considerados." Una actuación de esta naturaleza perpetúa indefinidamente su situación de vulnerabilidad, la cual se acentúa con la omisión por parte del Congreso de la República que, en estos trece años "no ha tenido tiempo para estudiar la expedición del Estatuto Docente Indígena."

97. El juez de tutela tiene competencia para interpretar la demanda y establecer el alcance del problema jurídico, en virtud de la informalidad de la acción de tutela y la posibilidad de fallar "más allá" o "por fuera" de lo solicitado en la acción ( principios ultra y extra petita). Esta competencia, evidentemente, no faculta al juez para omitir los problemas de relevancia constitucional que presentan los accionantes, sino que le confía la misión de defender los derechos de la manera más amplia posible, permitiéndole superar obstáculos puramente formales o argumentativos. La Corte Constitucional tiene la facultad, más amplia, de pronunciarse con el propósito de esclarecer el alcance de la interpretación de determinados derechos y de unificar la jurisprudencia para una mejor comprensión, uniforme, de los derechos fundamentales.

107. El Ministerio de Educación Nacional impugnó esta decisión. En la sentencia de tutela contra providencia judicial de segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo del Estado confirmó la decisión de conceder el amparo, pero modificó la orden de protección. Ordenó aplicar a los etnoeducadores de la comunidad de Yascual el Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) que, en su criterio, es la única norma vigente para acceder al escalafón docente. Sin embargo, modificó las órdenes complementarias: reiteró el exhorto al Congreso de la República para que dicte una regulación integral en la materia, y ordenó iniciar planes de formación especiales para los etnoeducadores, que les permitan participar en igualdad de condiciones en los concursos generales de méritos.

108. Las sentencias dictadas en sede de tutela contra providencia judicial fueron remitidas a la Corte Constitucional para su eventual selección y, entretanto, el nuevo Gobernador del Resguardo Yascual, José Alirio Oviedo, presentó un escrito de tutela extraordinaria (o tutela contra tutela) ante la Corte Suprema de Justicia. Esta solicitud fue inicialmente rechazada por la autoridad citada, y, finalmente, admitida por la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, es decir, eljuez de tutela contra tutela de primera instancia.

109. El Estatuto de Profesionalización Docente) no es aplicable a los pueblos indígenas y la Sección Quinta, actuando como juez de primera instancia de la tutela contra tutela concedió el amparo invocado. En su concepto, en la sentencia de tutela contra providencia judicial de segunda instancia se habría producido un fraude, no porque se perciba una conducta ilegal en esa decisión por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sino por el abierto desconocimiento al precedente dictado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-208 de 2007, con efectos para todos ojuez de tutela contra providencia judicial de segunda instancia, ordenó aplicarlo a la situación de los docentes del Resguardo Yascual. erga omnes. Ese precedente establece que el Decreto 1278 de 2002 (

112. La Secretaría de Educación de Nariño dice que ha intentado la concertación con los pueblos; y sostiene que ha nombrado en propiedad a los etnoeducadores del resguardo de Yascual, mediante la aplicación de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para pueblos étnicos), el cual fue consultado previamente con las comunidades y contiene normas especiales para el nombramiento de los docentes indígenas. Según la comunidad accionante, el proceso de concertación al que hace referencia la Secretaría de Educación de Nariño culminó con una decisión impuesta por la administración en el año 2015, cuando el entonces Secretario afirmó que "o se hacían los nombramientos en propiedad con base en el Decreto Reglamentario 804 de 1995 o no se hacían nombramientos en propiedad."

117. En este contexto, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar (i) si la negativa de la Secretaría de Educación de Nariño, en el sentido de aplicar el Decreto 2279 de 1979 a los etnoeducadores de la comunidad indígena de Yascual desconoce sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral, así como los demás beneficios derivados de la inclusión en el escalafón docente;(ii) si las sentencias de cumplimiento dictadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Nariño y el Tribunal administrativo de Nariño incurrieron en desconocimiento del precedente, al no acceder a la pretensión de la comunidad de Yascual sobre la aplicación del Decreto 2279 de 1979 o al no haber adecuado el trámite de cumplimiento al de tutela para así amparar sus derechos fundamentales;(iii) si la Subsección Tercera, Subsección A, desconoció la jurisprudencia constitucional al admitir la procedencia de la tutela contra la providencia de tutela de segunda instancia dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del trámite del expediente T-7.826.882; y(iv) si las subsecciones Primera y Quinta del Consejo de Estado aplicaron correctamente el precedente constitucional sobre la situación de los etnoeducadores en el trámite del expediente T-7.826.882.

121. La Corte Constitucional ha establecido, en jurisprudencia pacífica y uniforme, basada los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que las decisiones de los jueces de la República, en ejercicio de la función jurisdiccional, pueden ser excepcionalmente cuestionadas a través de la acción de tutela. Después de algunos debates en la jurisprudencia temprana de la Corporación, la Sentencia C-590 de 2005 sistematizó los supuestos explorados por la jurisprudencia bajo las denominadas condiciones genéricas de procedencia y causales específicas de procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales.

125. La Constitución Política le asigna a la Corte Constitucional la función de revisión de las decisiones judiciales adoptadas en materia de tutela, la cual ejerce mediante la selección eventual de determinados pronunciamientos, actividad que se describe a continuación.

126. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Constitución, todas las acciones de tutela dictadas por los jueces de la República deben ser remitidas a la Corte Constitucional, autoridad que tiene la facultad de seleccionar algunas providencias para su revisión, con miras a unificar la interpretación de los derechos fundamentales. El alto volumen de sentencias de tutela que cada día se profieren en el país hace que el proceso de selección sea particularmente complejo y, en ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que la selección de un asunto de tutela por parte de la Corte no es un derecho de las partes ni de los jueces de instancia, por lo que no es procedente demandar o exigir a la Corporación la revisión obligatoria de sus respectivos casos.

131. En consideración a la naturaleza de la eventual selección y el alcance de la función de revisión, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, por regla general, es improcedente la presentación de una acción de tutela contra sentencias de tutela. Desde la Sentencia SU-1219 de 2001 -una de las más relevantes en esta materia- enfatizó en que " la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos fundamentales,[...] radica en la necesidad de brindar una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados."

132. En dicha providencia se explicó que el mecanismo mediante el cual se controlan las sentencias de tutela, además de la impugnación, es la eventual revisión que ejerce la Corte Constitucional, la cual " no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Además, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acción de tutela [...] porque la Constitución definió directamente las etapas básicas del procedimiento de tutela y previó que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un órgano creado por él -la Corte Constitucional- y por un medio establecido también por él -la revisión-." En dirección semejante, en la Sentencia T-322 de 2019, se precisó que la solicitud de revisión ante la Corte es un mecanismo idóneo para evitar que una decisión judicial opuesta a la Constitución Política haga tránsito a cosa juzgada.

133. A pesar de que esta regla sigue siendo la pauta dominante en materia de tutela contra tutela, en decisiones posteriores se establecieron algunos matices relevantes a lo recién planteado. Así, en la Sentencia T-218 de 2012 se reconoció que la regla de la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela no es absoluta, ya que en ciertas circunstancias es posible que se configure el fenómeno de la esto es, la existencia de providencias de tutela que no fueron seleccionadas para revisión, ni revisadas, por parte de la Corte , cosa juzgada fraudulenta, pero que surgieron en "un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales [, pero] que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad."

"Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

En virtud de este equilibrio, por regla general el juez de tutela que comprueba la existencia de un defecto en una decisión judicial, que además tiene la entidad suficiente para amenazar o desconocer derechos fundamentales, después de declarar la violación y dejar sin efectos la sentencia debe remitirla al juez natural para que este dicte una nueva providencia acorde con los mandatos constitucionales. Sin embargo, de forma excepcional, la Corte Constitucional considera que el juez de tutela puede dictar una sentencia de reemplazo, asumiendo entonces la competencia del juez natural.

140. A partir del principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 4º de la Constitución, el " actual modelo de ordenamiento constitucional " reconoce valor normativo superior a los preceptos constitucionales, y ellos contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. "

143. La jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto sustantivo se puede configurar, entre otros casos, cuando: (i) la decisión que se cuestiona tiene como fundamento una norma que no es aplicable;(ii) al margen de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma que efectúa el juez ordinario, no es, prima facie, razonable, o es una interpretación contraevidente o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes, se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada;(iii) el juez no tuvo en cuenta sentencias que han definido el alcance de la decisión con efectos erga omnes; (iv) la norma aplicada se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; (v) un poder concedido al juez por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición;(vi) no se realiza una interpretación sistemática de la norma, es decir, se omite el análisis de otras disposiciones aplicables al caso; y(vii) se desconoce la norma aplicable al caso concreto.

145. El precedente judicial es concebido como una sentencia previa relevante para la solución de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior.

146. Sin embargo, no todo el contenido de una sentencia posee fuerza normativa de precedente. En las providencias judiciales es posible distinguir tres componentes: (i) la parte resolutiva o decisum, en la que se dictan las normas particulares que vinculan a las partes del proceso, y constituyen la solución al problema analizado; (ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones (razones) necesarias para sostener la decisión adoptada, y (iii) los obiter dicta, argumentos de contexto y complementarios, que no son lógicamente imprescindibles para soportar la conclusión normativa de la sentencia. Solo el segundo componente, es decir, la ratio decidendi posee fuerza de precedente.

147. En el sistema jurídico colombiano los precedentes judiciales proyectan un valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos.

148. Así las cosas, la vinculación a los precedentes no solo constituye una concreción del principio de igualdad sino también del principio de legalidad que ordena a los jueces fallar con base en normas previamente establecidas. Desde un punto de vista más amplio, es también una exigencia del principio argumentativo de universalidad y de la racionalidad ética que ordena dar el mismo trato a situaciones idénticas; y, para terminar, el respeto por el precedente es un mecanismo indispensable para la consecución de fines de relevancia constitucional como la confianza legítima, la seguridad jurídica y la unificación de jurisprudencia.

150. En ese sentido, el juez por regla general debe seguir el mismo principio de decisión previamente establecido; aplicar la misma regla de conducta a situaciones de hecho similares en lo relevante; o puede optar por adoptar un nuevo rumbo de decisión si, a pesar de existir elementos comunes entre el caso previamente decidido y el actual también se evidencian aspectos que los diferencian de forma relevante (siempre desde un punto de vista jurídicamente relevante), o si existen razones de especial fuerza constitucional para modificar el rumbo normativo trazado, es válido que se aparte del principio o regla de decisión contenida en la sentencia previa. Por eso, la doctrina autorizada explica que el respeto por el precedente comprende tanto su seguimiento como su abandono justificado.

151. En el ejercicio de estudiar los casos previos, sus semejanzas con el caso actual y su adecuación al orden jurídico (siguiendo doctrina especializada), el Juez debe en ocasiones resolver la tensión que se presenta entre seguir el precedente, logrando consistencia o ausencia de contradicciones en la adjudicación; o abandonarlo, sacrificando la consistencia para obtener mayor coherencia o conformidad con los principios constitucionales en su conjunto y así lograr su adecuación a la integridad del ordenamiento.

152. Por la íntima relación entre el precedente y el principio de igualdad (ya explicada) la adecuada aplicación e interpretación de los precedentes va ligada también al principio de razonabilidad. En esa dirección, el abandono de los precedentes puede concebirse como un trato diferenciado legítimo si cuenta con fundamentos suficientes, o como una discriminación prohibida por el artículo 13 de la Carta Política, si ocurre sin motivación adecuada y suficiente. Así pues, el manejo de los precedentes depende de la satisfacción de distintas cargas argumentativas; de las razones para actuar conforme las decisiones previas (su existencia es en sí misma una razón) y de las razones para alejarse de ellas, o adecuarlas a nuevos contextos sociales y normativos. Estas razones tienen que ver con profundos cambios sociales que tornan inadecuada la respuesta jurisprudencial; una nueva comprensión de los valores, objetivos y principios y derechos en que se funda el ordenamiento jurídico, o con cambios en el ordenamiento positivo. Por último, si el juez observa que, a pesar de encontrar similitudes relevantes, las diferencias son mayores, el juez puede distinguir su jurisprudencia previa y adoptar un nuevo rumbo decisional.

153. Para demostrar que se cumplen esos presupuestos el operador jurídico debe asumir exigentes cargas argumentativas. Primero, tiene la carga de identificar de las decisiones previas que podrían ser relevantes para la definición del caso objeto de estudio ( transparencia); segundo, si pretende establecer una distinción entre el caso previo y el actual debe identificar las diferencias y similitudes jurídicamente relevantes entre ambos casos y explicar por qué unas pesan más que otras, tal como lo exige el principio de igualdad siempre que se pretenda dar un trato diferente a dos situaciones, en principio, semejantes. Finalmente, el juez debe exponer las razones por las cuales la nueva orientación no solo es " mejor" que la decisión anterior, desde algún punto de vista interpretativo, sino explicar de qué manera esa propuesta normativa justifica una intervención negativa en los principios de confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad, de la parte que esperaba una decisión ajustada a las decisiones previas(suficiencia).

154. Es importante recordar que, tanto los precedentes de constitucionalidad como los de revisión de tutela son vinculantes, aunque por razones distintas. Así, se produce un desconocimiento del precedente vinculante de sentencias de constitucionalidad cuando (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles; (ii) se aplican disposiciones de orden legal cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada o (iv) cuando para la resolución de casos concretos se contraria la los efectos ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad que expide la Corte fijando el alcance de un derecho fundamental. La fuerza absoluta de los precedentes contenidos en sentencias de constitucionalidad obedece a (i) erga omnes y sufuerza de cosa juzgada constitucional, que vincula hacia el futuro (Art. 243 de la CP); y, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta involucra también el respeto por la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto " para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución."

155. En torno a las cuando las autoridades judiciales desatienden el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la sentencias de revisión de tutela, se produce el desconocimiento del precedente ratio decidendi de sus sentencias de control concreto proferidas por la Sala Plena (SU) o por las distintas Salas de Revisión (T), siempre que no existan decisiones contradictorias en la línea jurisprudencial.

156. En este orden de ideas, el desconocimiento del precedente constitucional puede originarse en razón de la inaplicación de las decisiones emitidas por esta Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad o concreto de revisión de tutelas. Dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su parte resolutiva ( erga ommes tratándose de los fallos de control de constitucionalidad e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias para todas las autoridades públicas "en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior."

§ Aclaración preliminar. Esta providencia se referirá al derecho a la etnoeducación primordialmente en relación con los pueblos indígenas

165. El artículo 13 de la Carta Política plantea un concepto amplio de igualdad, el cual incorpora la igualdad ante la ley y el mandato de no discriminación, así como la obligación estatal de adoptar medidas a favor de grupos o personas vulnerables o en condición de debilidad manifiesta, es decir, sus dimensiones material y promocional. El citado artículo 70 constitucional, al establecer el igual respeto entre las culturas, expande el alcance de la igualdad a su respeto en la diferencia. Esta concepción amplia es fundamental para analizar el caso objeto de estudio.

170. En 2007, la Corte Constitucional estudió una acción pública de inconstitucionalidad dirigida contra el Decreto Ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) por violar la consulta previa y los artículos 7, 8, 10, 13, 44, 68 y 70 de la Constitución Política, que, en su conjunto, definen el derecho fundamental a la etnoeducación. Este Tribunal declaró que esta norma se ajusta a la Constitución Política, pero precisó también que no es aplicable a los pueblos indígenas, razón por la cual exhortó al Congreso de la República a dictar una regulación integral, con jerarquía de ley ordinaria, y basada en los principios constitucionales que establecen los derechos de los pueblos étnicos, previa consulta con los pueblos indígenas. Entretanto, explicó que "debería aplicarse la Ley 115 de 1994 y las demás normas complementarias."

171. En esta decisión, la Sala Plena recordó que tanto los pueblos indígenas como sus integrantes tienen un derecho fundamental a la educación étnicamente adecuada y puntualizó que este sistema debe establecerse en consulta y concertación con sus representantes y autoridades legítimas. Añadió que el Decreto ley 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) no resultaba inconstitucional por prever un concurso para el acceso a la carrera de docentes, sino que su invalidez derivaba de una omisión legislativa relativa que se cifra en el silencio que guardó el Legislador acerca de la situación de los docentes que prestan sus servicios a los pueblos indígenas.

172. La Sala recordó que la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en sus artículos 55 a 62, prevé un conjunto de normas que desarrollan el derecho a la etnoeducación, y que su Decreto 804 de 1995 (atención educativa para pueblos étnicos), en especial su artículo 12, establece disposiciones especiales para la selección de los docentes de los pueblos indígenas (como la posibilidad de eximirlos de acreditar determinados títulos educativos). Sin embargo, precisó que una regulación integral sobre la etnoeducación no podría desarrollarse a través de normas de esta jerarquía, sino que debería estar contenida en una ley formal, expedida por el Congreso de la República.

La ausencia de la regulación integral y concertada hizo que, con el tiempo, el remedio temporal definido por la Corporación se mostrara insuficiente y que los espacios que quedaron abiertos en espera de la regulación del Congreso de la República generaran cada vez más preguntas en torno a los derechos de docentes, educandos, y pueblos indígenas. Estas surgieron principalmente mediante el ejercicio del derecho de petición y acciones constitucionales que llevaron a la posterior consolidación de una línea jurisprudencial en la materia. Estos son algunos de los vacíos mencionados.

176. Así, la Corporación indicó que, transitoriamente, deberían aplicarse la Ley General de Educación y sus normas complementarias a la situación de los etnoeducadores. Así, en los fundamentos normativos de la providencia se refirió al Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos), razón por la cual podría inferirse que esta es una de las normas aplicables. Sin embargo, en los fundamentos de la providencia también se planteó que la regulación integral no podría estar contenida en normas de rango reglamentario. En consecuencia, existe un nivel de incertidumbre en torno al alcance de la expresión " demás normas complementarias". Y, por otra parte, en la sentencia citada no se hizo alusión a la situación de derechos de los etnoeducadores y específicamente en lo que tiene que ver con el tipo de nombramiento (en propiedad, en provisionalidad, de libre nombramiento y remoción), el régimen salarial y prestacional, las condiciones de acceso y retiro del servicio.

179. Tiempo después, en la Sentencia C-666 de 2016, la Corte Constitucional resolvió una demanda análoga a la estudiada en la Sentencia C-208 de 2007, aunque, en esta ocasión, se cuestionaba si la normativa desconocía los derechos de los pueblos y comunidades negras y afrocolombianas y el pueblo raizal. La Corporación, en los fundamentos normativos de la providencia, efectuó una reiteración amplia de lo establecido en el precedente C-208 de 2007, pero consideró que, como el remedio judicial establecido en esta última providencia había resultado ineficaz, era necesario adoptar una decisión distinta.

180. Por esta razón, advirtió que, en lugar de una decisión de exequibilidad condicionada inmediata, como la adoptada en la Sentencia C-208 de 2007, resultaba más adecuada una decisión condicionada de carácter diferido. En consecuencia, dispuso que el Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) no sería aplicable a los pueblos y comunidades negra, afrocolombiana y raizal, pero, de conformidad con el carácter diferido de la sentencia, permitió la aplicación de este último durante un año más, con el fin de que el Congreso de la República finalmente cumpliera su misión de expedir una regulación integral en la materia, previa consulta.

181. Infortunadamente, las órdenes dictadas en la Sentencia C-666 de 2016 tampoco llevaron a una definición legal del derecho a la etnoeducación, aunque sí permitieron avanzar en los concursos para proveer los cargos en el caso de los pueblos negro, afrocolombiano y raizal. Ello explica que, la tercera decisión de la Sala Plena, es decir, la Sentencia SU-011 de 2018, en la que se analizó la acción de tutela presentada por docentes que obtuvieron los primeros lugares en los concursos de méritos respectivos y no fueron nombrados por los correspondientes consejos comunitarios de comunidades afrocolombianas, girara precisamente en torno a una figura diseñada especialmente por los pueblos y comunidades negras y afrocolombianas, en concertación con el Gobierno nacional: el aval cultural.

186. En la Sentencia T-507 de 2010,la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por una docente, perteneciente al Resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento contra la Alcaldía de Sincelejo. La docente alegaba que la negativa de la entidad de nombrarla como etnodocente, en propiedad, desconocía sus derechos fundamentales a la igualdad frente a otros docentes que habían alcanzado esa condición; al trabajo y al mínimo vital, y la ponía en riesgo de desarraigo, pues no podría conseguir una ocupación distinta en la comunidad.

188. Dijo, en tal sentido, que "esta circunstancia afectaría la premisa en virtud de la cual los docentes de estas comunidades deben ser, en lo posible, miembros de las mismas y, sobre todo, conocedores de sus lenguas, dialectos, culturas, cosmogonías, cosmovisiones, usos, costumbres y creencias propias, conforme lo exigen la Constitución Política, la Convención 169 de la O.I.T., incorporada al derecho interno mediante la Ley 21 de 1991, e incluso la propia Ley General de Educación." A pesar de estas consideraciones, concluyó que en el caso concreto no existía prueba sobre la afectación de los derechos enunciados por la peticionaria, razón por la cual confirmó la decisión de negarle el amparo invocado.

189. Posteriormente, en la

190. La Sala Octava consideró que, si bien de la Sentencia C-208 de 2007 se desprendía con claridad la regla de no abrir concurso para cargos de docentes que ejercieran sus funciones en territorios indígenas o atendieran población indígena, no existía en cambio una regla clara acerca de cómo se dispondrían las plazas para docentes en escuelas encargadas de atender ambas poblaciones, sin perjuicio de la discusión que existía en torno a si la escuela El Encano se encontraba en territorio de resguardo o no.

192. En la Sentencia T-907 de 2011,la Sala Séptima de Revisión estudió un conjunto de acciones de tutela presentadas por docentes que prestaban sus servicios en distintos establecimientos, ubicados en resguardos en los departamentos del Cauca, Córdoba y Sucre.

193. La Corte Constitucional efectuó una reiteración de la Sentencia. Sin embargo, la Sala Séptima señaló que la decisión se había concentrado en la ausencia de una regulación integral sobre la situación de los etnoeducadores en el estatuto de profesionalización citado. En el caso concreto, en contraste, se trataba de determinar cómo debían ser vinculados los docentes, y, ante este problema jurídico específico puntualizó que los docentes C-208 de 2007. En este marco, recordó que en esa sentencia se ordenó específicamente no aplicar el Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) sí tenían el derecho a un nombramiento en propiedad, pues de otra manera se perpetuaría la violación a sus derechos, derivada de una omisión legislativa relativa.

194. A partir de esta consideración, consideró que la manera de concretar lo dispuesto en la Sentencia C-208 de 2007, consistía en adelantar el nombramiento en propiedad mediante la aplicación del artículo 62 de la Ley 114 de 1995 (General de Educación), que establece algunas reglas especiales en torno a la etnoeducación, en concordancia con el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos) , que introduce estándares muy relevantes para la eficacia de los derechos de los pueblos.

Es decir, hasta tanto no se expida tal normatividad, el nombramiento en propiedad se hará con base en los criterios consagrados en el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, por ello, deberá realizarse (i) una selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (ii) una preferencia de los miembros de las comunidades que se encuentran radicados en ellas, (ii) acreditación de formación en etnoeducación y (iv) conocimientos básicos del respectivo grupo étnico.

Una vez se presenta el cumplimiento de estos requisitos, la comunidad indígena y los docentes tienen el derecho a que se proceda al nombramiento en propiedad. Ello como una manifestación de la obligación constitucional de reconocer y proteger la diversidad étnica y en respeto al derecho a la autonomía de las comunidades indígenas. En efecto, tal y como lo dispone la Ley 115 de 1994, el hecho de que dicha decisión se realice de forma concertada con los miembros de las comunidades impone que la decisión sea respetada.

196. LaSentencia la T-557 de 2012 estudió una acción de tutela presentada por un conjunto de pueblos indígenas del Departamento del Guaviare en la que plantearon que el Gobierno nacional había incumplido quince compromisos alcanzados en el espacio consultivo nacional establecido entre el Gobierno nacional y la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Política Educativa para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI). Estos compromisos estarían relacionados con "creación de la Mesa Departamental Permanente de Políticas y Acciones Educativas Indígenas de Guaviare; creación de Direcciones Educativas Indígenas con docentes indígenas; construcción, adecuación, mantenimiento o dotación de centros Educativos Indígenas; gestión de acuerdos o convenios con centros de educación superior; designación de un comité de etnoeducación; reubicación de docentes indígenas amenazados; vivienda para docentes indígenas; mantener y/o designar docentes indígenas de la respectiva etnia; inclusión del programa CERES y del Programa de Fondo de Excelencia Académica; consolidación de la educación indígena de la etnia Guayabero en Barrancón; concertación y ejecución de los ciclos de nivelación; dotación de motores fuera de borda, embarcaciones y respectivo mantenimiento, a varias comunidades."

199. En ese orden de ideas, si bien consideró que la Gobernación del Tolima había respondido de fondo las peticiones elevadas por los accionantes, en su respuesta había sostenido que no era posible proceder a vincularlos o nombrarlos en propiedad . Por esa razón, la Sala de Revisión recordó que el precedente aplicable se encuentra en la SentenciaT-907 de 2011, que ordenó el nombramiento en propiedad de etnoeducadores con base en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos). Por ello, ordenó a la Gobernación del Tolima adecuar sus respuestas al precedente constitucional y proceder al nombramiento en propiedad de los docentes afectados.

203. En la Sentencia T-390 de 2013 Gobernador del Resguardo indígena de Yascual contra la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Nariño.

204. El accionante, en representación de los derechos colectivos de su comunidad, aducía que la entidad se había negado a nombrar a 19 docentes en propiedad, a quienes la misma comunidad les había confiado la labor de desarrollar la identidad cultural de los educandos indígenas Pastos. Sostenía que el Ministerio de Educación se mostraba renuente a realizar tal designación, a pesar de que no existía personal docente distinto que contara con capacitación para impartir una educación por medio de la cual se respetara su cultura, lengua, tradiciones, usos y costumbres, circunstancia que representaba un riesgo para la "continuidad en la trasmisión de sus cosmovisiones" y propiciaba el "desarraigo cultural."

205. (reiterada) y las tutelas posteriores que se habían pronunciado sobre los nombramientos de etnoeducadores, especialmente, la Sentencia T-907 de 2011,en la que se advirtió que los docentes indígenas podían ser nombrados en propiedad, no solo como una garantía a su derecho a la autonomía y autodeterminación y añadió que esta es una forma de proteger el derecho de los etnoeducadores a la estabilidad laboral propia de un nombramiento en propiedad, el cual "es un derecho de aplicación inmediata."

206. El citado fallo concluyó que los etnoedocentes podían ser designados en tal calidad si cumplían con los requisitos de (a) selección concertada entre las autoridades competentes y los grupos étnicos, (b) la preferencia de los miembros de la comunidad en ella radicados y (c) acreditaban formación etnoeducativa, así como conocimientos básicos frente al grupo étnico, con el fin de proteger su diversidad e identidad cultural. La Sala recalcó

207. Por medio de la Sentencia T-871 de 2013,la Sala Séptima de Revisión examinó la acción de amparo promovida por David Guillermo Zafra Calderón, actuando como representante judicial del señor Dimas Alape Yara y otros educadores indígenas de la etnia Pijao (51 personas), contra la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima.

209. Para dirimir el debate, la Sala retomó algunas consideraciones sobre (i) la garantía de los miembros de las comunidades indígenas a recibir una educación especial que salvaguardara su identidad étnica y cultural;(ii) el régimen legal aplicable a la etnoeducación y(iii) la jurisprudencia constitucional posterior a la emisión de la Sentencia C-208 de 2007. Sobre estas premisas, aclaró que en la medida en que en la citada providencia se señaló que "las disposiciones aplicables a los grupos indígenas serán las contenidas en la Ley General de Educación y demás normas complementarias" hasta tanto no se emitiera la normativa especial y diferenciada, debía entenderse que las normas aplicables eran los artículos dispuestos en el Capítulo III de la Ley 115 de 1994 (55 al 63) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos).

210. Consecuentemente, la elección de los etnodocentes en propiedad sí resultaba procedente y debía realizarse en concertación con los pueblos indígenas dando preferencia a los miembros de las comunidades en ellas radicados, y verificando que los educadores acrediten formación en etnoeducación y conocimientos básicos del respectivo pueblo o comunidad étnica, en especial, de su lengua o idioma propio. En ese sentido, la Sala puntualizó que las razones esgrimidas por la Secretaría de Educación de la Gobernación del Tolima desconocían abiertamente los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional en casos similares como lo eran los de las sentencias T-907 de 2011, T-801 de 2012 y T-049 de 2013.

211. En otras sentencias las distintas salas de Revisión de la Corte Constitucional han tocado aspectos adicionales del derecho a la etnoeducación, como la afectación del derecho de acceso al servicio por parte de niños, niñas y adolescentes a raíz de la omisión en el giro de recursos; la suspensión del programa de cero a siempre para la atención de la primera infancia, las madres gestantes y lactantes del Resguardo Awá, el Sande, en Ricaurte y Santacruz de Guachavez (Nariño); el impacto que podría tener una cátedra obligatoria sobre el vallenato en un escenario pluriétnico; o la existencia de un ambiente de discriminación en el ámbito educativo, derivado del uso de expresiones discriminatorias por parte de docentes que atendían población indígena en el Departamento del Meta; y normas sobre el adecuado manejo de recursos destinados al sistema educativo de los pueblos.

212. Por último, resulta relevante mencionar la Sentencia T-514 de 2012,en la que la Sala Octava de Revisión conoció la tutela presentada por la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca -Orivac- contra la Secretaría del Valle del Cauca, por el nombramiento de unos empleados de carrera, incluidos algunos de carácter técnico en la institución educativa departamental indígena " Kwe'sx Nasa Ksxa Wnxi " -IDEBIC-. Este problema jurídico permitió a la Corte precisar que también los cargos de carácter técnico y administrativo inciden en la concepción integral del derecho a la educación y en la autonomía de las comunidades para que este sea un mecanismo adecuado para la protección de los derechos a la identidad cultural y a la autonomía de los pueblos indígenas. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional destacó que la dimensión administrativa de la etnoeducación también hace parte de la configuración del derecho, e incide en la eficacia de la autonomía de los pueblos étnicos. Por este motivo, también es exigible la participación, vía consulta previa, cuando se trata del nombramiento de funcionarios técnicos o administrativos.

213. En ese orden de ideas se observa que existe una línea jurisprudencial consolidada, o jurisprudencia en vigor, pues, a pesar de que la primera decisión reseñada en la línea negó el amparo, a partir de la Sentencia T-907 de 2011, la Corte Constitucional ha reiterado de manera uniforme las siguientes subreglas o estándares sobre los sistemas educativos propios, o el régimen de educación para los pueblos étnicos, tomando como base la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación, artículos 55 a 63). Estos son: (i) la concertación tanto en la definición del sistema como en la elección de los docenes; (ii) la preservación de la diversidad lingüística y, específicamente, el carácter bilingüe de la educación en aquellos pueblos que conserven su idioma propio; (iii) los conocimientos sobre etnoeducación; (iv) el conocimiento del pueblo en donde prestará el servicio, incluida su cultura, tradiciones, cosmovisión; (v) la existencia, además, de un mandato específico de dar prevalencia a los miembros de los pueblos y comunidades. Es importante indicar que el Decreto 1953 de 1994 (sobre territorios indígenas) prevé un amplio conjunto de normas para la implementación del Sistema Educativo Integral Indígena en los territorios de las comunidades étnicas .

214. Es oportuno volver ahora sobre los principios constitucionales que inspiran la carrera administrativa y considerarlos en armonía con las normas especiales de derechos de los pueblos indígenas. En este ejercicio es indispensable señalar que la igualdad en el acceso a los cargos públicos debe respetar y satisfacer la diversidad de culturas, todas, merecedoras de igual respeto, sin olvidar que según el artículo 70 de la Constitución el acceso debe asegurar no la igualdad absoluta sino la igualdad en la diferencia; el mérito, por su parte, debe garantizar que la persona tenga las capacidades generales para la transmisión de mínimos para todos, pero especialmente, debe tener la capacidad para prestar un servicio que permita la transmisión de la cultura, el idioma propio, la cosmovisión; defender la unidad de cada cultura; reflejar la autonomía de los pueblos y asegurar su supervivencia física y cultural. Finalmente, paralelos a los principios de la función pública deben asegurarse los principios de interculturalidad y participación que orientan una relación horizontal y respetuosa entre el Estado y las distintas culturas, etnias, pueblos y comunidades que conforman la identidad de la Nación.

215. En esta línea, es necesario destacar que la Sentencia C-208 de 2007 tuvo como fundamentos centrales, por una parte, la ausencia de consulta del Estatuto de Profesionalización Docente y, por otra, la inexistencia de norma alguna sobre la situación de los docentes que presten sus servicios a las comunidades y pueblos indígenas; en consecuencia, las afirmaciones sobre el concurso y la carrera no constituyen el soporte de la decisión adoptada y reflejan más bien comentarios al pasar u obiter dicta, antes que un estándar jurisprudencial o un precedente vinculante.

233. El asunto sometido a conocimiento de la Corte Constitucional es de relevancia constitucional, pues atañe a la eficacia del derecho fundamental a la etnoeducación y a la situación de los etnodocentes en el resguardo Yascual. Este problema jurídico (i) incide en la autonomía e identidad de los pueblos indígenas; (ii) se proyecta en el derecho de niñas, niños y adolescentes al acceso a un servicio de educación de calidad, y étnicamente apropiado; y (iii) alude a las condiciones dignas y justas del derecho al trabajo para los etnoeducadores. En este orden de ideas, demuestra la necesidad de mantener un equilibrio adecuado entre un amplio conjunto de principios constitucionales, algunos de los cuales constituyen derechos fundamentales de sujetos individuales y colectivos de especial protección constitucional.

234. El accionante acudió a la acción de tutela después de agotar los recursos judiciales del proceso de cumplimiento y, en particular, la apelación de la decisión de primera instancia, que es, en principio, el medio judicial adecuado para controvertirla. En este escenario no proceden recursos extraordinarios. Además,planteó dentro del proceso ordinario el problema de fondo que eleva al juez de tutela: la presunta afectación a las condiciones de acceso y permanencia en el servicio docente de los etnoeducadores que prestan sus servicios al Resguardo Yascual.

235. La acción fue presentada en un plazo razonable, de conformidad con el principio de inmediatez, pues la última decisión judicial que se cuestiona fue proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 12 de febrero de 2019 y la acción de tutela fue presentada el 28 de marzo de 2019. Sin que sea necesario considerar aspectos como los tiempos de notificación de la sentencia cuestionada, para la Sala Plena es claro que el lapso de un mes y medio, en el marco de una discusión tan compleja como la que se ha descrito en esta providencia, cumple de manera evidente con este requisito.

244. Como puede verse, al no cumplir lo ordenado por el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 y dejar de aplicar los principios citados, los jueces accionados incurrieron en una violación directade la Constitución Política, en particular, del Artículo 4º superior, que establece la supremacía de la Constitución; del Artículo 86, ibídem, que prevé la acción de tutela para la protección de los derechos; y del artículo 229 que establece el derecho de acceso a la justicia, en armonía con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ordena a los Estados contar con un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos.

258. Así mismo, la Sección Primera ordenó aplicar los artículos 8 al 11 del Decreto 2279 de 1979 y la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) en lo pertinente, en tanto que la Sección Quinta ordenó aplicar el Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) , previo proceso de concertación por seis meses con la comunidad accionante.

263. De esta forma, el predominio de los valores europeos ya venía acompañado de la imposición mediante el uso del idioma castellano.

264. Con posterioridad, el derecho internacional se desarrolló en una vertiente que reconocía dos sujetos como titulares de derechos, las personas y los Estados. Los estados-nación se consideraban libres e iguales entre sí, pero no admitían sujetos colectivos con identidad propia en los países que habitaban. El destino de los pueblos indígenas resultaba ajeno a este modelo de pensamiento. El silencio resultaba instrumental también a la imposición de los valores del colonizador, y los asuntos de los pueblos indígenas no se consideraban trascendentes para el derecho.

266. En este contexto, la OIT dictó el Convenio 107 de 1957, el cual marcaría el fin de ese silencio, pero también la defensa de un enfoque basado en la Este instrumento defendía el propósito central de asimilación e integración de los pueblos indígenas a las sociedades mayoritarias. elevar la calidad de vida de los pueblos al de las sociedades mayoritarias de los países en que se encontraban.

267. Varias décadas después, y a partir de discusiones en las que participaron los estados, los pueblos destinatarios de estos derechos, organizaciones no gubernamentales y académicos de diversas orientaciones, este enfoque fue abandonado. Se comprendió entonces que la integración promete la elevación de la calidad de vida de los pueblos desde indicadores propios del concepto de desarrollo y crecimiento económico de la sociedad hegemónica, a cambio de la supresión de la diferencia y de la extinción de las culturas.

268. ambas construidas con la participación y concurso de los pueblos interesados.

273. Unas décadas más tarde, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en 2006 hizo más profundo el rechazo a toda medida o enfoque asimilacionista e integracionista en la relación entre Estados y pueblos étnicos y, como consecuencia, propuso una formulación del derecho a la educación étnica y culturalmente adecuada, más amplia y contundente en su artículo 14, numeral 1: "Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. 2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación. 3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos indígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma." (Se destaca).

274. El constitucionalismo colombiano, en un período de siglo y medio, reprodujo en el ámbito nacional algunos de los momentos centrales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en un camino que va de la propuesta de civilizar a los pueblos salvajes al respeto y promoción de la etnoeducación, concebida como derecho fundamental.

275. En este escenario, entre los años 1886 y 1890, mediante la promulgación de la Constitución Nacional de 1886, el Código Civil de 1887 y la Ley 89 de 1890 se consolidó el proceso político conocido como la regeneración, cuyas notas centrales se encontraban en la defensa de una nación unitaria, con una sola cultura y un solo centro de poder. Un esquema, en síntesis, ajeno a la diferencia cultural y el reconocimiento de derechos para los pueblos étnicos.

276. En este orden constitucional, el artículo 86 de la Constitución Nacional de 1886, acorde con el reconocimiento de la religión católica como oficial, establecía, en su Artículo 41 que "La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica (...)." No existía allí un reconocimiento a sistemas especiales de educación para poblaciones con identidad y cultura diversas; situación que se replicó, aunque con más fuerza, en la Ley 89 de 1890, un ordenamiento con una historia centenaria atravesada de paradojas.

277. La Ley 89 de 1890 pretendía reducir a los salvajes a la civilización, bajo el entendido de que los salvajes eran los pueblos indígenas y la civilización era la sociedad mayoritaria; y, en su Artículo 1º -declarado inexequible mediante la Sentencia C-139 de 1996- disponía que "La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas." De este modo, la educación se constituyó en un dispositivo diseñado para la eliminación de la identidad indígena, en pro de una República única y unitaria, a través de las misiones religiosas.

278. En ese contexto histórico, uno de los líderes más representativos del movimiento indígena, Manuel Quintín Lame Chantre, cuya memoria fue recordada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-463 de 2014, refleja en buena medida estas circunstancias históricas, en la propia historia de su vida. Hijo de un terrazguero, aprendió a leer y escribir en castellano en la Guerra de los Mil Días, donde fue reclutado por el Ejército Conservador y conjugó el estudio de la naturaleza y el entorno en el que creció con lecturas de la Biblia, el Código Civil y literatura en Español. En su libro más conocido, los pensamientos del indio que aprendió de la naturaleza, de 1939, habla del conocimiento que adquirió de la naturaleza y lo reivindica y contrasta con el conocimiento de los libros, siempre incompleto, por tratarse de una fuente indirecta. Quintín Lame defendía entonces la posibilidad de una educación respetuosa de la naturaleza y las culturas ancestrales.

280. En ese sentido, el etnoeducador Aldemar Ruano Arias, del pueblo de los Pastos, propone que " la etnoeducación constituye un proceso de recuperación, valoración, generación, apropiación de principios de vida; hunde sus raíces en la cultura de cada pueblo, de acuerdo con los patrones y mecanismos de socialización, propiciando una articulación entre lo propio y lo ajeno en la dimensión de la interculturalidad" ; y puntualiza que "la educación propia dentro de un Proyecto Etnoeducativo Comunitario debe de poseer la visión del hombre y sociedad a partir de su propia cosmovisión en articulación con la dinámica de la interculturalidad (...) La educación formal ofrecida hasta el momento en las comunidades indígenas ha sido la misma que se ofrece en todas las instituciones del país sin tener en cuenta que Colombia cuenta con una población pluriétnica y multicultural con una gran diversidad de comunidades que, a través de estos 527 años, han permanecido. Las normas que se han establecido en muchos de los casos se han quedado únicamente en el papel y no se han emprendido reales políticas, programas y proyectos que sirvan para dinamizar la educación, incluyendo en ello la lengua, en la perspectiva de la búsqueda y afianzamiento de una identidad regional desde la contextualización de la realidad cultural de las comunidades indígenas (...)."

285. La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) establece un régimen general de educación, y en sus artículos 55 a 63 define normas especiales sobre los pueblos étnico, pero no prevé una regulación exhaustiva de la etnoeducación; en tanto que su Decreto 804 de 1995 (atención educativa para grupos étnicos) reproduce principios importantes para la construcción del estado multicultural en materia educativa (autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, flexibilidad, progresividad y solidaridad); y añade algunas normas en torno a las condiciones mínimas para la selección de docentes, construcción de los currículos, materiales didácticos, etc., las cuales son respetuosas de la diferencia y recuperan el principio de participación contenido en el Convenio 169 y las declaraciones relevantes, ya mencionadas. Sin embargo, en su conjunto, estas normas no señalan las condiciones de ejercicio de la profesión docente para los etnoeducadores.

286. El Decreto 1278 de 2002 ( Estatuto de Profesionalización Docente) creó la Un silencio que se proyecta en la omisión legislativa relativa evidenciada por la Corporación desde la sentencia de constitucionalidad citada. carrera específica de los educadores en Colombia, así como las etapas del concurso de méritos para el acceso y las escalas de remuneración y otras prestaciones sociales. Este, sin embargo, mantiene silencio sobre los pueblos indígenas y, por esta razón, la Corte Constitucional ordenó su inaplicación en la Sentencia C-208 de 2007.

Este gráfico permite comprender la finalidad de la consulta previa destinada a alcanzar una regulación integral, al igual que el trabajo legislativo pendiente. Un estatuto que maximice a la vez los seis principios mencionados, o los dos hemisferios de la etnoeducación, en una visión comprensiva del derecho. A la vez explica por qué las respuestas alcanzadas hasta el momento no son óptimas y brinda una orientación para avanzar hacia la eficacia del derecho. Con estas ideas en mente se abordará el caso concreto, inicialmente planteado por el Gobernador del Resguardo de Yascual ante los jueces de cumplimiento y después controvertido en las sentencias objeto de revisión.

En estos intentos de avanzar en remedios más amplios y adecuados, es imprescindible leer las decisiones de control abstracto no solo en torno al problema jurídico que estudiaron, sino también en el marco de la jurisprudencia en vigor dictada en sede de tutela.

298. Desde la Sentenciala Corte Constitucional consideró que existe una omisión legislativa relativa en el Estatuto de Profesionalización Docente contenido en el Decreto 1278 de 2002, debido a que este no prevé norma alguna sobre el acceso, vinculación al servicio, y otros aspectos de la carrera docente. En consecuencia, dictó una sentencia condicionada, en la que señaló que C-208 de 2007, este no es aplicable a los pueblos indígenas, y exhortó al Congreso de la República para que profiera tal regulación integral, previa consulta. Este exhorto se ha repetido insistentemente en las distintas sentencias de la Corte Constitucional y la regulación no se ha concretado aún.

310. En este ámbito, por otra parte, además de la consulta previa rige el deber de concertación previo nombramiento de los etnoeducadores, como lo establece el artículo 62 de la Ley 115 de 1994, en armonía con el Decreto 804 de 1995, y como lo ha señalado la Corte Constitucional en una serie de sentencias de revisión de tutela (principalmente, T-907 de 2011, T-801 de 2012, T-049 de 2013, T-871 de 2013, y T-390 de 2013). Para la Sala es claro que en el año 2015 no se alcanzó un acuerdo definitivo, debido a la gestión que desde entonces los gobernadores del Resguardo Yascual vienen adelantando para defender los derechos de sus etnoeducadores.

314. En cambio, en la línea jurisprudencial en vigor, recordada en los fundamentos normativos de esta providencia, diversas salas han llegado a esta conclusión y, a partir de la Sentencia T-907 de 2011,

315. Estas decisiones han puntualizado que los requisitos o condiciones esenciales de acceso especiales son el conocimiento de la cultura de la comunidad donde se prestará el servicio, de la lengua o idioma propio y la comprensión de la etnoeducación, al tenor de los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 804 de 1995 (atención educativa para pueblos étnicos). ²
(iii) Los etnoeducadores indígenas deben gozar de condiciones dignas y justas, equivalentes a las de los demás docentes
El proceso de consulta previa de la ley, realizado actualmente en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) ha tenido avances en 42 meses de trabajo, pero aún no culmina. A pesar de ello, en el marco de la minga indígena de 2013, este escenario sirvió para la discusión del que posteriormente sería el Decreto 1953 de 2014, que desarrolla el artículo 56 transitorio de la Carta Política y se dirige a la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas o entidades territoriales indígenas previstas en el artículo 329 de la Constitución Política.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,

la decisión dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 2 de diciembre de 2019, actuando como juez de primera instancia, dentro del expediente T-8.114.575 y PRIMERO.- REVOCAR declarar la improcedencia de la acción. En consecuencia, se ordenará DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de remplazo dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, el 16 de julio de 2020, en cumplimiento de las órdenes dictadas por la Subsección A de la Sección Tercera de la misma Corporación.

SEGUNDO. CONFIRMAR parcialmente las sentencias proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 15 de agosto de 2019,

las demás órdenes adoptadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la Sentencia del 14 de noviembre de 2019, y TERCERO. DEJAR SIN EFECTO ordenar a la Secretaría de Educación de Nariño que aplique a los etnoeducadores del Resguardo Yascual las normas contenidas en los artículos 8 al 11 del Decreto 2277 de 1979, modificado por el Decreto 85 de 1980; así como los artículos 55 a 56 de la Ley 115 de 1994 y los artículos pertinentes del Decreto 804 de 1995 y las disposiciones que eventualmente pueda adoptar el Gobierno con fundamento en el artículo 56 transitorio de la Constitución, con el fin de que accedan a los derechos y prestaciones propios del escalafón docente definido en la normativa citada.

La Secretaría de Educación de Nariño deberá dar cumplimiento a esta orden de manera oficiosa, de modo que le corresponde verificar que los etnoeducadores nombrados ya se encuentren en propiedad, así como las demás consecuencias normativas de la aplicación de las normas citadas en este ordinal.

al Ministerio de Educación Nacional que, en diálogo y consulta con los pueblos indígenas, bien sea en el marco de la CONTCEPI o mediante un espacio específico para este efecto, defina un CUARTO. ORDENAR sistema transitorio de equivalencias, que permita a los etnoeducadores que han sido nombrados en propiedad, gozar de los derechos propios del escalafón docente en lo que tiene que ver con emolumentos, prestaciones sociales, vacaciones y otros aspectos similares, a partir de su experiencia y de una valoración del conocimiento respetuosa de la diferencia cultural. Como este es un remedio de carácter transitorio, la Sala instará al Ministerio de Educación a que este diálogo se lleve a cabo en un término máximo de seis meses contados a partir de la notificación de esta providencia, salvo por necesidades propias del diálogo intercultural, lo cual debe quedar debidamente acreditado y aprobado por ambas partes.

QUINTO. EXHORTAR al Congreso de la República y al Gobierno nacionalpara que, previo el agotamiento de la consulta previa ordenada desde la Sentencia C-208 de 2007, adopten la normativa que respete los estándares y principios logrados, y además, avance en torno al Sistema Educativo Indígena Propio, en el marco del principio de progresividad de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales.

La presente decisión tiene efectos inter comunis y, por tal razón, sus efectos se extienden a todos los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en las mismas circunstancias amparadas en la presente providencia.

Comuníquese y cúmplase,

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

Anexo I

Línea de tiempo - hechos procesales relevantes

Anexo 2. Etnoeducadores del Resguardo Yascual

d. "Tutela extraordinaria" (o tutela contra tutela) presentada por el gobernador de la Comunidad de Yascual
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA DIANA FAJARDO RIVERA A LA SENTENCIA SU245/21 Nada impide considerar que la etnoeducación podría estar excluida de la carrera, tener un régimen específico, o acoger el sistema general con adecuaciones para su pertinencia étnica
Referencia: expedientes T-7.826.862 y T-8.141.575 (acumulados)

Acciones de tutela presentadas por Fidencio Maingual Getial y José Alirio Oviedo Anama, como gobernadores del Resguardo Yascual contra la Secretaría de Educación Distrital de Nariño y otros.

Magistrada ponente:

Diana Fajardo Rivera
"Qué pasaría si la escuela..."
VII. Algunos elementos relevantes de la Sentencia SU-245 de 2021. La necesidad de re pensar los remedios judiciales y la meta de máxima autonomía

7. En ese marco, sostuvo la Sala, la comprensión de la etnoeducación involucra la satisfacción de seis grandes principios o finalidades. La participación en el diseño y ejecución de los programas educativos; laautonomía de los pueblos para asumir progresivamente el manejo del sistema educativo indígena; lacalidad, en su dimensión de adecuación cultural (principios afines al paradigma actual del DIDH); así como elacceso -y permanencia- de niños, niñas y adolescentes del servicio, su derecho a recibir los contenidos generales que el estado debe garantizar a toda la población (calidad general) y la definición de condiciones dignas para los docentes (componentes del Estado social de derecho).

VIII. Razones de este voto particular. El encuentro entre la carrera administrativa y la etnoeducación debe considerarse solamente como una posibilidad contingente
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

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Facultad de fallar extra y ultra petita JUEZ DE TUTELA- /CORTE CONSTITUCIONAL- Facultad para definir qué asuntos abordará o qué problemas jurídicos resolverá, una vez seleccionado un caso El juez de tutela tiene competencia para interpretar la demanda y establecer el alcance del problema jurídico, en virtud de la informalidad de la acción de tutela y la posibilidad de fallar "más allá" o "por fuera" de lo solicitado en la acción (principios ultra y extra petita).