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Aunque a lo largo de los años la legislación colombiana ha propendido por fortalecer el sistema tributario, lo cierto es que se han dinamizado las normas jurídicas a tal punto que tenemos uno de los sistemas tributarios más complejos del mundo, en perjuicio de lo anterior, el recaudo no ha ido en aumento y pese a la reducción progresiva de beneficios tributarios aún el monto obtenido sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales.

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El sistema de protección a la vejez no cumple con los objetivos de cobertura, equidad y sostenibilidad por la rigidez en el sistema de cotización, el cual únicamente permite la cotización mínima sobre el salario mínimo mensual legal vigente. Ahora bien, la jurisprudencia ha generado inseguridad jurídica frente a este tema, pues no toma en consideración el alto impacto fiscal que tienen las pensiones en un país como el nuestro.

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Frente a la economía internacional y la integración en el mercado externo Colombia se encuentra rezagada, hay poca inserción y supervivencia de empresas extranjeras, barreras en las importaciones e incremento en el contrabando técnico, como consecuencia de ello, no existe buena visibilización e interés por invertir en nuestro país, máxime, cuando enfrentamos una crisis migratoria que no se ha manejado de la mejor manera y resquebrajado las relaciones con nuestros países vecinos.

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Este factor se mide por la salud y la educación, los cuales son considerados esenciales para aumentar el bienestar y generar prosperidad a largo plazo en un país. Sobre la educación en Colombia existe una desigualdad latente en los ingresos y las oportunidades, generando problemas de acceso a la educación y altos niveles de deserción académica, con el fin de evitar esta situación se debería implementar estrategias de alerta tempranas para atender a los jóvenes en riesgo de deserción en la educación básica, media y superior.

Aunado a lo anterior, respecto a la educación no existe una política pública- educativa que promueva innovación, por ende, se ha generado escasez y obsolescencia en los sistemas de educativos y, brechas en la infraestructura educativa y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ahora bien, sobre la salud persisten barreras que impiden el acceso efectivo y oportuno a servicios de salud de calidad, aunado a los problemas de sostenibilidad financiera. El sistema de salud colombiano sigue generando obstáculos que impiden el goce efectivo del sistema de salud, particularmente por los trámites de acceso a los servicios.

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En el país hay una baja capacidad para generar y acceder a empleos de calidad, esto es fruto de los altos costos asociados al empleo formal y los pocos incentivos para invertir y acumular capital humano, salario mínimo alto respecto a la distribución salarial, impuestos sobre las nóminas, arbitrariedad en el uso de la estabilidad laboral reforzada por salud, altos costos de despido, entre otros.

Por lo anterior, es necesario crear estrategias que dinamicen el mercado laboral y se centren en la solución de problemas estructurales como la calidad de los empleos y la informalidad, para así lograr el cumplimiento de los objetivos trazados en términos de reducción de pobreza y desigualdad.

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Colombia no cuenta con una economía digitalizada y se encuentra rezagado en el comercio electrónico, aunque es de reconocer que el uso de las tecnologías digitales ha crecido, sin embargo, Colombia es hoy el país de la OCDE –Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico- con menor acceso a internet banda ancha, generando déficit de capital humano con habilidades digitales que puedan ayudar a avanzar e impulsar la competitividad económica y empresarial.

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En Colombia no se cuenta con un sistema de energía que genere cobertura de calidad suficiente, además de ofrecer unos precios elevados y poco competitivos, los cuales afectan de forma negativa los costos de las empresas.

En el país aún existen muchos hogares sin acceso al servicio de energía y diferencias en la prestación del servicio público entre regiones, limitando la llegada de inversión productiva a varias partes del territorio nacional.

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El país no cuenta con suficiente productividad agrícola y los campesinos cada día se ven mayormente empobrecidos. Además de ello, para poder trasladar los productos del campo a la ciudad y ofertarlos, necesitan de infraestructura vial, transporte y una cadena de logística, con lo cual no se cuenta, pues el sistema de transporte y de servicios logístico actual es incapaz de generar costos y tiempos eficientes para la productividad empresarial.

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Para que el Estado sea eficiente, debe tener alineado el presupuesto y la planeación de objetivos. En Colombia el presupuesto para los años 2022-2023 debería ser ajustado de forma que favorezca la planeación a largo plazo, para ello, se debe reformar el diseño presupuestal y dar lugar a una mejor vinculación entre las decisiones del gasto y la ejecución presupuestal.

Ahora bien, aunado a lo ya dicho, el presupuesto del país para el límite temporal 2022-2023 es muy rígido y como consecuencia de ello, inflexible en el gasto, especialmente del Sistema General de Participaciones, las pensiones, los gastos de personal y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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Indicadores de Competitividad e Innovación

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Indicadores de Competitividad e Innovación

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Informe Nacional de Competitividad 22-23

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Informe Nacional de Competitividad 22-23

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Este informe lo realiza el Consejo Privado de Competitividad, el cual fue creado en el 2006 y es quien articula el sector privado, público y la academia con el fin de crear competitividad para el impacto positivo del país. Este documento es el fruto del seguimiento que realiza el Sistema Nacional de Innovación y Competitividad a la agenda planteada por el Gobierno Nacional.

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Como primera medida, es de tener en cuenta que el país está aún enfrentándose a los golpes que dejó la pandemia fruto del COVID-19, lo cual dejó entrever las falencias en cuanto a los recursos tecnológicos, humanos y de presupuesto en el acceso al sistema judicial.

Como segunda medida, los empleados que hacen parte del sistema judicial, en gran medida se encuentran en provisionalidad, es decir, no son empleados de carrera y la razón de ello es que el Estado no se ha preocupado en a) realizar los concursos de mérito para que quienes cumplan los requisitos participen en ellos y b) en crear nuevos cargos que puedan suplir las necesidades que tiene el país en el acceso a la justicia.

Ahora bien, la legitimidad y credibilidad del Estado está en declive, pues la inseguridad jurídica, sensación de injusticia y reincidencia del crimen así lo permiten concluir.