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Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos indirectos son minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos; eso es lo que los economistas denominan "externalidades". Las externalidades son una de las principales razones que llevan a los gobiernos a intervenir en la economía.

Cuando hay externalidades se producen efectos indirectos que repercuten en las oportunidades de consumo y producción de terceros, pero el precio del producto no refleja esas externalidades. Por ende, las rentabilidades y los costes privados son diferentes de los que asume la sociedad en su conjunto.

Externalidades negativas y positivas

El ejemplo típico de externalidad negativa es la contaminación. Cuando un contaminador toma decisiones basadas únicamente en sus costes y beneficios sin tener en cuenta los costes indirectos que recaen en las víctimas de la contaminación se genera una externalidad negativa.

Los costes sociales -es decir, totales- de la producción son superiores a los costes privados. Esos costes indirectos -que no recaen ni en el productor ni en el usuario- incluyen el deterioro de la calidad de vida (p. ej., para los vecinos de una incineradora), el encarecimiento de la atención de la salud y la pérdida de oportunidades de producción (p. ej., cuando la contaminación desalienta el turismo). En otras palabras, cuando las externalidades son negativas, los costes privados son inferiores a los costes sociales.

Existen también externalidades positivas; en este caso, se trata de la diferencia entre beneficios privados y sociales. Por ejemplo, las actividades de investigación y desarrollo están ampliamente consideradas como generadoras de efectos positivos que trascienden al productor (por lo general, la empresa que las financia). La razón es que la investigación y el desarrollo enriquecen el conocimiento general, lo cual contribuye a otros descubrimientos y avances. Sin embargo, la rentabilidad percibida por una empresa que vende productos basados en sus propias actividades de investigación y desarrollo no suele reflejar la rentabilidad percibida por sus beneficiarios indirectos. Cuando las externalidades son positivas, la rentabilidad privada es inferior a la rentabilidad social.

Si hay diferencias entre los costes privados y sociales o entre la rentabilidad privada y la social, el principal problema es que los resultados de mercado quizá no sean eficientes. Para promover el bienestar de todos los miembros de la sociedad, es necesario obtener un máximo de rentabilidad social y reducir los costes sociales al mínimo. A menos que los hogares y las empresas que toman las decisiones de compra y producción internalicen todos los costes y los beneficios, los resultados de mercado pueden conducir a ua situación subóptima desde el punto de vista social.

Retomemos el ejemplo de la contaminación. Los costes sociales aumentan con el nivel de contaminación, que sube a medida que crece la producción, de modo que habrá una sobreproducción de bienes con externalidades negativas únicamente cuando entran en juego los costes privados, no los costes que recaen en terceros. La reducción de los costes sociales al mínimo conduciría a una disminución de los niveles de producción. Análogamente, desde una perspectiva social, con externalidades positivas, desde el sector privado se obtiene una producción de un bien o servicio inferior a la producción social (la que quiere la sociedad).
Los impuestos y las externalidades
Los economistas neoclásicos reconocieron que las ineficiencias asociadas a las externalidades constituyen una forma de "falla de mercado". Desde una perspectiva de bienestar general, la decisión privada basada en el mercado no produce resultados eficientes. Estos economistas recomendaron la intervención del gobierno para corregir los efectos de las externalidades. En la obra The Economics of Welfare, el economista británico Arthur Pigou sugirió en 1920 que los gobiernos sometieran a los contaminadores a un impuesto que compensara el perjuicio causado a terceros. Ese impuesto produciría el resultado de mercado que habría ocurrido si los contaminadores hubieran internalizado debidamente todos los costes. Siguiendo la misma lógica, los gobiernos deberían subsidiar a quienes generan externalidades positivas, en la misma proporción en que otros se benefician.

El Teorema de Coase

Esta idea de que las externalidades técnicas requieren regulación estatal y tributación para evitar resultados de mercado subóptimos fue objeto de vivas polémicas. Algunos economistas argumentaron que los mecanismos de mercado pueden corregir las externalidades y generar resultados eficientes. La gente puede resolver los problemas a través de transacciones mutuamente beneficiosas. Por ejemplo, un municipio y una empresa contaminadora pueden realizar un contrato que obliga al ayuntamiento a pagar a la empresa contaminadora una cantidad determinada a cambio de una reducción del nivel de contaminación. Esa negociación contractual puede ser mutuamente beneficiosa. Una vez que el municipio está menos expuesto a la contaminación puede mejorar el bienestar de los vecinos, recibir más turistas y reducir los gastos de sanidad. Siempre que el aumento de los beneficios sea superior a los pagos al contaminador, el resultado beneficia al ayuntamiento. Análogamente, siempre que el pago realizado supere la pérdida de beneficios causada por el nivel más bajo de contaminación (gracias al nivel más bajo de producción), la empresa contaminadora también se beneficia.

La posibilidad de superar las ineficiencias causadas por las externalidades a través de la negociación entre las partes afectadas fue mencionada por primera vez en 1960 por Ronald Coase en "El problema del coste social" (una de las obras que lo hicieron merecedor del Premio Nobel de Economía en 1991). Para que la negociación produzca soluciones viables, los derechos de propiedad deben estar bien definidos, los costes de la negociación deben ser bajos y no puede haber incertidumbre ni información asimétrica (es decir, ningún participante en la transacción puede tener más información que otro).Ver el artículo: " Negociación y coste de la descontaminación ambiental. Confrontación del teorema de Coase con un caso real " de Pampillón Olmedo, Rafael y Ruiz Bravo, Gumersindo publicado en Hacienda Pública Española. Nº 92. 1985.

Con este telón de fondo, la intervención óptima del gobierno podría consistir en el establecimiento de marcos institucionales que hagan posible una negociación adecuada entre las partes involucradas en las externalidades. Los derechos de propiedad -concretamente, los derechos de propiedad intelectual, como las patentes- le permiten a una empresa percibir el grueso o la totalidad de la rentabilidad generada por sus actividades de investigación y desarrollo. Pero es más fácil atribuir derechos de propiedad por innovaciones e invenciones. En el caso de la investigación básica o general, los derechos de propiedad son más difíciles de definir, y por lo general se necesitan subsidios estatales para garantizar un nivel suficiente de investigación básica.

Bienes públicos

La dificultad de definir los derechos de propiedad suele ser un obstáculo fundamental a la hora de encontrar soluciones autocorrectivas basadas en el mercado, porque los efectos indirectos de la actividad de producción o consumo pueden afectar a los bienes públicos, que son un tipo especial de externalidad. Estos bienes se ciñen a dos principios: la imposibilidad de exclusión (quien produce o mantiene un bien público, aun a título oneroso, no puede impedir que otros se beneficien de él) y la no rivalidad (el consumo que hace uno no reduce la oportunidad de consumo de otros). Si los beneficios privados son pequeños en relación con el beneficio social, pero los costes privados de suministrar el bien público son grandes, es posible que nadie lo suministre. La importancia del problema del bien público está reconocida desde hace tiempo en el campo de á Hacienda Pública. Los impuestos muchas veces financian el suministro de bienes públicos por parte del Estado, tal como el ejército, la policía y el cuerpo diplomático.

El problema del bien público es especialmente notable en el campo de la economía ambiental, que trata en gran medida del análisis y la solución de cuestiones vinculadas a externalidades. El aire puro, el agua potable, la biodiversidad y la existencia de poblaciones sostenibles de peces en altamar son bienes que se ciñen mayormente a los principios de imposibilidad de exclusión y no rivalidad. Son bienes gratuitos, producto de la Naturaleza y a disposición de todos. No están sujetos a ningún derecho de propiedad bien definido. Por lo tanto, ni los hogares ni las empresas les atribuyen suficiente valor, y no es factible llegar a un resultado de mercado eficiente a través de la negociación. En otras palabras, las cuestiones ambientales suelen enfrentar un problema de acción colectiva.

Los costes de transacción elevados y los problemas relacionados con la incertidumbre son otros obstáculos que les impiden a las partes involucradas en externalidad técnicas internalizar los costes y los beneficios a través de la negociación. Los problemas de incertidumbre tienen un amplio alcance. De hecho, el famoso riesgo moral es un tipo de externalidad en el cual una parte toma una decisión que le aporta un beneficio máximo y que al mismo tiempo perjudica a otros pero sin acarrearle ninguna consecuencia, ya que, por ejemplo, hay incertidumbre o información incompleta sobre quién es responsable de los daños, o existen restricciones contractuales. Un ejemplo común ocurre cuando una entidad asegurada puede influir en las obligaciones de su asegurador, pero este no está en condiciones de determinar si el asegurado es responsable del siniestro que dio lugar al pago. Análogamente, si la falta de información impide verificar las medidas preventivas que prometió un contaminador, es poco probable que la negociación sea una solución viable.

El cambio climático

Hoy, la externalidad más apremiante y compleja es la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Su acumulación en la atmósfera como consecuencia de la actividad humana ha sido identificada como una causa importante del calentamiento global. A menos que se tomen medidas para limitar estas emisiones, los científicos prevén que el problema empeorará y terminará alterando el clima, con sus consecuentes costes como el daño a la actividad económica producido por la destrucción de capital (por ejemplo, en los litorales) y la disminución de la productividad agrícola. Las externalidades entran en juego porque los costes y los riesgos del cambio climático recaen en el mundo en general, pero existen pocos mecanismos para obligar a los beneficiarios de las emisiones de GEI a internalizarlos.

La atmósfera es, de hecho, un bien público mundial que beneficia a todos, por lo cual la negociación no es factible como solución privada. Identificar y acordar políticas para la internalización de los costes sociales de estas emisiones a escala internacional es sumamente difícil, en vista del coste para algunos individuos y empresas y de las dificultades de velar por su cumplimiento a nivel mundial.

Las externalidades plantean problemas fundamentales de política económica cuando los individuos, los hogares y las empresas no internalizan los costes o los beneficios indirectos de sus transacciones económicas.

Fuente: Thomas Helbling What Are Externalities?". Finance & Development, December 2010, Vol. 47, No. 4

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Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos indirectos son minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos;

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Tres personas en España acumulan lo mismo que el 30% más pobre de la población del país, es decir, tienen lo mismo que 14,2 millones de habitantes.

Los tres más ricos de España tienen lo mismo que el 30% de los más pobres del país, según se extrae del Informe sobre la desigualdad en España 2016 de Oxfam Intermón que se presenta hoy en Madrid con motivo de la celebración esta semana del Foro Económico Mundial de Davos, que reúne a la elite política y empresarial.

Se trata del fundador de Inditex, Amancio Ortega; su hija, Sandra Ortega Mera, y el presidente y principal accionista de Mercadona, Joan Roig, que en conjunto poseen la misma riqueza que todos los habitantes de Cataluña y la Comunidad de Madrid juntos, señala el informe. Los dos gigantes empresariales, Inditex y Mercadona, emplean respectivamente a 150.000 y 75.000 personas.

Según este trabajo, que pone de manifiesto el aumento de la desigualdad durante la crisis, el 10% de los españoles más ricos poseían el 56,2% de la riqueza total del país en 2016 (es decir, 4,2 millones de personas en España acumulaban lo mismo que más de 42,6 millones).

El informe también señala que en el último año, a pesar de las enormes carencias que aún persisten en la economía nacional, 7.000 nuevas personas han pasado a engrosar la lista de millonarios (unas 20 al día), informa Servimedia.

En ese mismo período, el 30% más pobre de la población vio reducida su riqueza en más de un tercio, al caer sus rentas un 33,41%. Sin embargo, las ya mencionadas tres personas más ricas vieron mejorar su economía levemente (3%).

"Esta realidad pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de un tercio de la población española y la importancia de los mecanismos de redistribución para evitar que queden fuera del sistema", indica Oxfam.

El trabajo recuerda asimismo que el 25% de la población española se halla en situación de pobreza y que el 10% más vulnerable vio incrementar sus deudas durante el último año.

España, el país con más desigualdad de la UE tras Chipre

Desde el inicio de la crisis, la desigualdad de renta en España ha crecido 20 veces más que el promedio europeo, lo que convierte al país en el segundo más desigual de la UE, solo por detrás de Chipre.

Mientras que en 2013 el 10% más pobre de los españoles concentraban el 1,9% de la renta nacional, en 2015 su participación en la economía había caído un 10,5%, hasta representar solo el 1,7%.

Las personas incluidas entre el 10% y el 1% de población con mayor nivel de renta vieron crecer su peso en la economía nacional un 1,2% y un 2,3%, respectivamente. Por eso, Oxfam concluye que la desigualdad en España no es el resultado de la crisis económica, aunque a lo largo de este período se haya acentuado.

La recuperación de los dos últimos años no ha servido para reducirla, sino que continúa aumentando como resultado de una economía que promueve una distribución injusta de las rentas y las oportunidades.

La razón, según los autores, se debe a que en España entran en juego dos dinámicas que se retroalimentan para fomentar la inequidad: un sistema impositivo regresivo centrado sobre todo en las rentas del trabajo y una redistribución de recursos ineficaz.

Tanto en el periodo de crecimiento como en la crisis, la economía española primó los beneficios y las rentas de capital frente a las rentas salariales y el empleo.

Los sueldos más bajos, lo que más pierden

Además, la factura de la crisis sobre los salarios ha sido muy diferente, pues los sueldos más bajos son los que más se han reducido. El 10% peor pagado de los trabajadores vieron caer su retribución un 28% entre 2008 y 2014, mientras que los que percibían un sueldo medio perdieron un 8%.

El 10% que más gana apenas vio variar su retribución, prosigue el estudio, para señalar que un 13% de trabajadores están en riesgo de pobreza.

Oxfam critica además que el modelo tributario se asienta en figuras impositivas esencialmente regresivas, que casi obvian las rentas de capital, por lo que apenas contribuye a frenar la acumulación de la riqueza y tiene muy poco que redistribuir. A ello hay que añadir la caída en la recaudación, que conllevó un recorte de los servicios públicos.

"Si las políticas sociales no fueron capaces de acabar con la pobreza estructural cuando no había estrecheces económicas, ahora, con los recortes, muchas personas han quedado fuera del sistema. Es la doble trampa de la desigualdad, que castiga sobre todo a las personas más vulnerables", concluye.

@manuelalgora No estoy en contra de la gente que tiene riqueza,, para nada. Estoy en contra de que mucha gente en este mundo pase hambre... y si al que pasa hambre no se le puede dar un trabajo o formación para que pueda vivir correctamente... no me gusta. Ya está. Según Cáritas hay mucha gente que lo pasa mal e incluso trabajando la gente es pobre. ( Pensar que ninguna de esas personas tienen esfuerzo suficiente.... y no desean prepararse para tener un mejor trabajo... es mucho decir ). Es mi opinión y respeto vuestras opiniones. La gente debe esforzarse ... pero las oportunidades no son iguales para todos. Siempre estará mejor preparado uno en ESADE que otro con menos estudios.. ( y es un ejemplo para decir que todo se paga. )

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Las tres principales fortunas de España equivalen a la riqueza de todos los habitantes de Cataluña y Madrid juntos

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Tres personas en España acumulan lo mismo que el 30% más pobre de la población del país, es decir, tienen lo mismo que 14,2 millones de habitantes.

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Entre las medidas de ahorro de costes en la Administración, el Gobierno ha decidido unificar las actividades de los distintos supervisores en un 'superregulador', bajo el nombre de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De momento, la creación de este organismo ha recibido las críticas de uno de los reguladores que aglutinará. Bernardo Lorenzo, presidente de la ya extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), y que no formará parte del organismo, considera que el nuevo organismo se limitará a supervisar, en detrimento de la labor de regulación de conflictos.

¿Qué funciones asume?

Unifica la labor de varios supervisores: la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).

¿Cuál será su organización?

Tendrá cuatro direcciones generales: de Competencia, Telecomunicaciones y Sector Audiovisual, Energía y Transporte y Servicios Postales. A su vez, cada uno de los departamentos tendrá sus correspondientes subdirecciones generales.

¿Y su estructura?

Estará formada por dos salas de cinco miembros cada una que irán rotando según la periodicidad que se determine: la Sala de Competencia y la Sala de Regulación Sectorial.

La primera estará presidida por el responsable del Consejo, que no rotará, y cuatro consejeros, mientras que la presidencia de la segunda será ocupada por el número dos, que tampoco rotará, y por cuatro consejeros más.

Ambas salas se mantendrán mutuamente informadas.

¿Es un organismo independiente?

De "independiente" lo ha tildado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, aunque estará adscrito al Ministerio de Economía. Si bien, el que será su presidente ha generado ciertas dudas por su trayectoria.

¿Quién es su presidente?

José María Marín, vocal del Banco de España, ha sido el elegido para presidir este organismo. Su paso durante 25 años en Cepsa genera cierta incertidumbre, en tanto que una de sus actuaciones será la de resolver el expediente incoado por la ahora antigua CNE contra las petroleras por un supuesto pacto de precios. Marín, catedrático, tiene también una extensa experiencia como docente.

¿Con qué otros miembros contará

Habrá una vicepresidencia, asumida por María Fernández Pérez, y ocho consejeros: Eduardo García Matilla, Benigno Valdés, Fernando Torremocha, Diego Rodríguez y Josep María Guinart Solá, María Ortiz Aguilar, Idoia Zenarruzabeitia y Clotilde de la Higuera González.

De este modo ser reducirá de 50 a 10 el número de consejeros.

¿Habrá despidos?

El Gobierno cifra entre un 35% y un 40% el recorte de cargos directivos.

¿Supondrá algún ahorro para la Administración?

Sí, de unos 28 millones de euros anuales.

¿Cuánto durará el mandato?

Seis años, sin posibilidad de reelección.

¿Dónde estará la sede?

En Madrid, pero la dirección de telecomunicaciones tiene su sede en Barcelona, donde actualmente está el cuartel general de la ya desaparecida CMT. Se mantiene abierta la posibilidad de establecer más subsedes en otras ciudades.

¿Cuándo estará operativa?

En octubre.

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Entre las medidas de ahorro de costes en la Administración, el Gobierno ha decidido unificar las actividades de los distintos supervisores en un 'superregulador', bajo el nombre de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De momento, la creación de este organismo ha recibido las críticas de uno de los reguladores que aglutinará.

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Seguit de idees o reformes que l'estat emplea per afavorir el desenvolupament de l'economía

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Un error és una conseguència negativa del funcionament del mercat.

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A causa del sistema capitalista, es creen diferents classes dins la societat: la classe obrera, la classe rica, la mitjana, la pobre... Així, augmenta la diferència entre classes. Per a millorar aquesta situació, l'estat posa enmarxa una serie de reformes anomenades polítiques fiscals. Aquestes poden ser, per exèmple, els imposts progresius. Aquests consisteixen en que, com més diners tens, més pagues.

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Aquesta competència imperfecta es dona quan dins un mercat, hi ha sols una empresa que ofereix un producte, com un monopoli. Aquest, ja que no te competiors, pot controlar els preus, quantitat de productes, etc., i això es dolent per als consumidors. A partir d'això, la Comisió Nacional de la Competència (CNC) imposa unes quantes mesures per tal d'ajudar els consumidors.

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Les externalitats son els efectes que tenen damunt un lloc de l'economia, en aquest cas, i que s'originen a un altre, tenguin una relació propera o llunyana. Aquestes externalitats poden ser positives o negatives, depenguent del que provoquin. Com a exemple, els residusde les febriques contaminen l'aire, aigua, etc. i fan que la qualitat de vida dels ciutadans sigui menor. L'estat pot posar lleis o imposts per reduir la contaminació.

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Hi ha bens que les empreses no estan disposades a oferir, ja que no n'obtendrien cap benefici. Com exemple podem posar un banc per seure, un parc infantil, la policia, etc. Aquest bens no donarien cap benefici econòmic, així que l'estat és el que s'ha d'encarregar d'aquests bens no rentables. Aquests son accesibles per a tothom i gratuits, tot i que es paguen amb els imposts. També pot ser mixte si és el resultat d'una unió de l'estat amb una empresa.

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La inestabilitat dels cicles econòmics és el nom que reb el seguit d'èpoques que es viu dins l'economia de mercat capitalista. En aquestes, es viu una època de creixement i una posterior de deceixement. La funció que te l'estat dins aquests cicles es la de crear polítiques econòmiques amb l'objectiu d'intentar que les variacions es notin el menys possible.

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El mercat es imperfecte, i això es demostra amb els inconvenients que té utilitzar-lo, com per exèmple les crisis cicliques, la desigualtat, la contaminació, etc. Acontinuació, s'expliquen els seus errors.