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Censura de los medios de comunicación de prensa durante el gobierno de Fujimori el 5 de abril de 1992

La libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos que viven bajo un régimen democrático. Este solo se limita si restringe la libertad de otros o pone a la población vulnerable. Sin embargo, han habido diversas situaciones en las cuales se han violado leyes que defienden la difusión y recepción de información, tanto para los emisores para juzgar libremente, como para los receptores recibir posturas imparciales.
Para que el sistema democrático funcione debemos contar con representantes, medios de comunicación con diferentes opiniones y una sociedad que participe activamente en las decisiones impuestas por el gobierno para encontrar un equilibrio.
Un claro ejemplo de supresión de libertad de expresión fue lo sucedido en 1992, cuando Alberto Fujimori decidió restringir la difusión de noticias en los medios de comunicación en beneficio propio.

Según la declaración de principios sobre libertad de expresión:

“La libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información”

Entendemos entonces que la unificación de ideas no favorece al orden, si no que obliga a los ciudadanos a pensar de cierta forma determinada e impuesta por poderes. Esto trae como consecuencia, no conocer la verdad en su totalidad y nos convierte en una sociedad manipulable.

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El 10 de Mayo de 1933 por orden de los grupos nazi se organizó en la Bebelplatz (Berlín) una quema masiva de libros que para ellos eran considerados subversivos. Ejemplares de autores como Karl Marx, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, von Ossietzky y Kurt Tucholsky. El partido nazi quería controlar a la población y para esto tenía que controlar primero los ámbitos de la vida, la cultura y el conocimiento era un obstáculo importante para lograr su objetivo. En las hogueras al estar ubicada en la zona estudiantil, estuvieron presentes profesores y estudiantes participando como muestra de apoyo y que no mantenían ninguna posición al nuevo régimen.  Muchos intelectuales alemanes en el exilio consideraron este acto como la confirmación de la degradación de la democracia.

El poeta Heinrich Heine había escrito años antes: "donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente"

Según la declaración de principios de la libertad de expresión, en ese acontecimiento se violó uno de los principios de dicha declaración que fue  se trataba sobre que “Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.”  Además, otro de los principios que no se tomó en consideración fue “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.” Justamente eso fue lo que se hizo al quitarse el acceso a una información escrita de manera permanente a las personas para evitar que desarrollen su conocimiento con nuevas miradas ideológicas.

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Hitler ascendió al poder, iniciándose de esta manera el conocido como Tercer Reich, el el 30 de enero de 1933. Solo unos meses más tarde, en mayo de ese mismo año, ocurriría la conocida quema de libros por parte de los nazis. Exactamente el 10 de mayo de 1933 fueron quemados en las plazas de muchas universidades miles de ejemplares de autores de la talla de Karl Marx, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, Carl, von Ossietzky y Kurt Tucholsky. El partido nazi quería controlar todos los ámbitos de la vida y, evidentemente, la cultura y el conocimiento era un obstáculo importante para lograr dicho objetivo. Desde aquel momento las obras de estos autores se consideraron representativas de la "decadencia moral" y del "bolchevismo cultural".

Las hogueras se encendieron en todas las universidades, fueron organizadas por las ligas estudiantiles y casi todos los profesores participaron en ellas, demostrando así que de la universidad no surgiría ninguna oposición al nuevo régimen. Sin embargo, no se trató, como se quería hacer creer, de un gesto improvisado que demostrara los sentimientos más auténticos de los alemanes, sino de una acción planeada, orquestada y coordinada por Goebbels, que también pronunció en Berlín un discurso violento e injurioso contra los autores condenados. La quema no fue solo un acto de barbarie, sino que demostró la pretensión del gobierno nazi de conquistar la hegemonía cultural.

El poeta Heinrich Heine había escrito años antes: "donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente". Sus libros desaparecieron devorados por las llamas ese aciago 10 de mayo de 1933

Las imágenes de las llamas que reducían a cenizas los libros dieron la vuelta a Europa y suscitaron una enorme indignación. Muchos intelectuales alemanes en el exilio consideraron este acto como la confirmación de la degradación de la democracia y la confirmación de la deriva nacionalsocialista que les había llevado a adoptar la dolorosa decisión de su partida. Por ejemplo Einstein, había dejado Alemania en diciembre de 1932, apenas un mes antes del ascenso al poder de Adolf Hitler.

Para saber más

Homenaje desde el extranjero

En el primer aniversario de este episodio, el 10 de mayo de 1934, un grupo de intelectuales dirigidos por Heinrich Mann inauguró en París la Deutsche Freiheitbibliothek, la Biblioteca Alemana de la libertad, que pretendía ser una demostración concreta de que el espíritu alemán más auténtico no había sido quemado en las hogueras sino solo silenciado en su propio país. El poeta Heinrich Heine, cuyas obras también ardieron en 1933, había escrito años antes: "donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente". Un oscuro presagio que se haría realidad años más tarde en los campos de concentración y exterminio nazi.

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El poeta Heinrich Heine había escrito años antes: "donde se queman libros, al final también se acaba quemando gente"

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Probablemente hayas visto alguna vez la imagen de una pila enorme de libros quemados mientras decenas de personas realizan el saludo nazi. Ocurrió en mayo de 1933 y fue una acción planeada por el propio Goebbels, ministro de Propaganda del régimen.

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México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el oficio periodístico. Desde el año 2000 hasta el 2017, se registraron más de 106 asesinatos a periodistas que hasta la fecha, dichos casos han  permanecido impune. A pesar de las especulaciones de que el gobierno mexicano utilizaba un software llamado Pegasus, inicialmente destinada al combate de bandas criminales, ahora para espiar e intimidar a defensores de los derechos humanos y los críticos de las medidas del gobierno, tales como líderes anticorrupción y periodistas.

Por otro lado, una investigación de The New York Times evidenció distintos casos de periodistas atacados y sin alguna defensa del gobierno. Uno de los casos más destacados es el de Carmen Aristegui, una periodista que junto a su equipo publicaron una investigación de un caso de corrupción y financiamientos turbios de la primera dama. Al poco tiempo ella y su equipo fueron despedidos e incluso fue víctima del robo de su computadora en donde almacenaba toda la información. A pesar de las pruebas del delito, nunca se encarceló a nadie. Sin embargo, es un patrón repetitivo gubernamental que evidencia el sistema autoritario pues no solo no se investiga sobre los atentados, sino que descartan en primera instancia que estos asesinatos tengan que ver con sus labores como periodistas.

“Cabe preguntarse qué se puede hacer si el gobierno es al mismo tiempo juez y parte del problema.”

En este caso, se violan diversos artículos de la declaración de los principios de libertad de expresión, específicamente en el artículo número nueve en cual constata que: “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.”

Por lo tanto, si bien no el único artículo que se viola, es el más cuestionable pues no solo se restringe la libertad de expresión, sino también se cometen delitos contra la vida tales como los asesinatos. De modo que, al presentarse homicidios irresueltos y relacionados con información del gobierno mexicano, promueve el temor entre los especialistas del rubro y la población.

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Comentario

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Una manifestante expresa su repudio contra los recientes ataques a periodistas en México, durante una protesta el 15 de junio en Ciudad de México. Credit... Sashenka Gutierrez/European Pressphoto Agency

CIUDAD DE MÉXICO - La noticia de que el gobierno mexicano podría estar usando el software Pegasus, una tecnología especial destinada al combate de grupos criminales, para espiar e intimidar a defensores de derechos humanos, líderes anticorrupción y periodistas es un ejemplo de cómo el régimen autoritario nunca se fue de este país.

El asunto es particularmente grave en el contexto de violencia contra la prensa. México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el oficio periodístico. Solo en este año han asesinado a seis periodistas. Casi la totalidad de los 106 asesinatos de periodistas desde el año 2000 a la fecha ha permanecido impune.

El asesinato hace poco más de un mes de Javier Valdez, un periodista conocido y valiente, fundador del semanario Riodoce, ha vulnerado como nunca antes al gremio y ha levantado enormes cuestionamientos sobre la capacidad, pero sobre todo la voluntad del Estado mexicano de ofrecer alguna protección efectiva. Las revelaciones de espionaje a periodistas solo abonan a la idea de que, más que proteger a la prensa, el gobierno mexicano la mira como un grupo disidente o, de plano, como un enemigo.

De acuerdo con la investigación de The New York Times, dos periodistas de alto perfil han sido víctimas de ataques cibernéticos; uno de ellos es Carlos Loret de Mola, que tiene un noticiero televisivo en las mañanas y una influyente columna en el periódico El Universal; la otra es la popular conductora de radio Carmen Aristegui. Ella y su equipo publicaron a finales de 2014 una investigación que señalaba cómo la elegante casa de la primera dama había sido financiada por uno de los principales constructores de obra pública de México.

En cualquier otro país, Carmen Aristegui habría recibido premios por su investigación. En México, los periodistas de su equipo fueron cesados por supuestas violaciones del contrato laboral. Ella amenazó con renunciar si no reinstalaban a sus colegas y luego fue despedida. Más tarde fue objeto de demandas judiciales.

A partir de 2015, Carmen Aristegui comenzó a recibir mensajes de texto desde números desconocidos pidiendo que hiciera clic en un vínculo que, por ejemplo, le advertía que podía ser encarcelada. Los mensajes comenzaron a llegar también al número de teléfono de su hijo. Si el receptor de estos mensajes hace clic, el sistema de espionaje se infiltra en el teléfono y permite monitorear todas las actividades del celular.

Carmen Aristegui, la cara más conocida del caso de espionaje a los periodistas mexicanos, habla durante una rueda de prensa con activistas y defensores de derechos humanos, el 19 de junio en Ciudad de México. Credit... Henry Romero/Reuters

Pero además, la página web de Aristegui Noticias ha sido intervenida un par de veces y a finales del año pasado unos asaltantes entraron a su oficina para robar una computadora. A pesar de que las cámaras captaron sus caras y ellos dejaron huellas por todos lados nadie ha sido detenido.

Unas horas después de la publicación del reportaje de The New York Times, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, junto con las organizaciones Artículo 19 y Social TIC, presentaron un informe que documentaba 76 casos más de intento de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos: según el informe, Loret de Mola fue objeto de estas acciones cuando investigaba sobre la ejecución arbitraria de 22 personas en Tanhuato, Michoacán; otros periodistas del equipo de Aristegui también habrían sido espiados, y dos periodistas más de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibieron mensajes de texto luego de la publicación de una investigación que revelaba la corrupción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Este hostigamiento a la prensa pertenece al mismo patrón de lo que sucede cotidianamente a cientos de periodistas en el país. De acuerdo con los datos, además de los grupos criminales, los propios representantes del gobierno son la principal fuente de amenaza al gremio. La intimidación viene sobre todo de alcaldes y policías.

Hay otras formas de amago gubernamental más sutiles: las autoridades no solo no investigan los asesinatos de los periodistas, sino que normalmente niegan que el asesinato haya tenido que ver con el ejercicio periodístico, incluso antes de que comience la investigación. También sucede que los periodistas asesinados son objeto de campañas de difamación que se gestionan por medio de filtraciones de su vida privada en las páginas de la prensa cercana al régimen.

El espionaje, pues, es solo una forma nueva y sofisticada de algo que sucede desde hace varios años. Tiene un efecto igualmente silenciador, pues el periodista no solo se da cuenta de que ha sido atacado, sino que la información que se obtiene por esta vía ilegal es privada y puede ser usada como chantaje, además de que pone en riesgo a las fuentes involucradas.

Cabe preguntarse qué se puede hacer si el gobierno es al mismo tiempo juez y parte del problema. Luego de su débil respuesta a los cuestionamientos sobre corrupción y complicidad con el crimen organizado que provocaron los casos de la Casa Blanca de Peña Nieto y la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, existe la impresión de que no hay verdaderos mecanismos de verdad y justicia en México.

Algo parecido sucede con los casos de periodistas asesinados. Ante la incapacidad del gobierno de ofrecer protección efectiva, más de 350 periodistas de todo el país se reunieron recientemente en el Palacio Postal de Ciudad de México a discutir una agenda de medidas urgentes para combatir la violencia. Por su parte, hace un mes, dueños de los medios que normalmente no se pronuncian sobre estos temas publicaron un desplegado condenando la violencia y llamando también a una reflexión colectiva que aún no se celebra.

Luego de tres días de discusión e intercambio, quedó clara la necesidad de que los periodistas se procuren una organización por medio de redes de solidaridad estatales y nacionales que establezca al mismo tiempo vínculos internacionales, una organización que pueda explicar mejor a la sociedad que cuando se amenaza, espía o mata a un periodista se atenta contra el derecho de libertad de expresión en México. En fin, es lo mejor que se puede hacer por ahora que la institucionalidad del Estado está socavada y que el gobierno mira al periodismo como su adversario.

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El gobierno atenta contra los periodistas y la libertad de expresión de los mexicanos (Published 2017)

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El espionaje contra los periodistas en México es la evolución más reciente de formas de intimidación que llevan décadas. Ante la falta de protección efectiva, los periodistas mexicanos han decidido organizarse para informar a los ciudadanos sobre los ataques contra su derecho a la libertad de expresión.